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Consejo de Estado · Sección Segunda

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 11001-03-15-000-2018-03813-00

Acción de tutela

Fecha
20 de noviembre de 2018
Consejero ponente
Carmelo Darío Perdomo Cuéter

01Lo que resolvió

Ficha de la providencia

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 11001-03-15-000-2018-03813-00

Consejo de Estado · Sección Segunda

Parte resolutiva

FALLA: 1. Niégase en razón a la carencia actual de objeto por hecho superado, el amparo del derecho constitucional fundamental de petición invocado por el señor Ricardo Héctor Concistre Díaz Granados, en los términos indicados en la parte motiva. 2.

02Texto de la providencia

República de Colombia

Consejo de Estado

Sección Segunda

Radicado 11001-03-15-000-2018-03813-00

Consejero ponente: Carmelo Darío Perdomo Cuéter

20 de noviembre de 2018

ACCIÓN DE TUTELA / DERECHO DE PETICIÓN EN SEDE JUDICIAL / CUMPLIMIENTO DE REQUISITOS DE LA RESPUESTA AL DERECHO DE PETICIÓN - Que la respuesta sea desfavorable al peticionario, no conlleva a que se hayan conculcado derechos / CARENCIA ACTUAL DE OBJETO POR HECHO SUPERADO

[L]a Sala considera que en el presente asunto se configura una carencia actual del objeto de la tutela por hecho superado, toda vez que la conducta lesiva que se reprochaba de la autoridad accionada ha cesado, al dar respuesta de fondo a la petición formulada por el actor, por lo que desapareció el motivo que lo obligó a ejercer este mecanismo constitucional. Frente a lo anterior, se concluye que los hechos que han dado lugar al ejercicio de la acción de tutela han desaparecido durante este trámite, motivo por el cual « […] el juez constitucional queda imposibilitado para emitir una orden para la protección de derechos fundamentales, en la medida en que ha dejado de existir el objeto jurídico sobre el cual debía proveer», lo que impone negar el amparo del derecho constitucional fundamental invocado.

CONSEJO DE ESTADO

SALA DE LO CONTENCIOSO-ADMINISTRATIVO

SECCIÓN SEGUNDA

SUBSECCIÓN B

Consejero ponente: CARMELO PERDOMO CUÉTER

Bogotá, D. C., veinte (20) de noviembre de dos mil dieciocho (2018)

Radicación número: 11001-03-15-000-2018-03813-00(AC)

Actor: RICARDO HÉCTOR CONCISTRE DÍAZ GRANADOS

Demandado: MAGISTRADA A CARGO DEL DESPACHO 01 DEL TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DEL MAGDALENA

Tema: Derecho constitucional fundamental de petición

Acción: Tutela

Procede la Sala a dictar la sentencia que en derecho corresponda dentro del trámite relacionado con la acción de tutela incoada por el señor Ricardo Héctor Concistre Díaz Granados contra la señora magistrada a cargo del despacho 01 del Tribunal Administrativo del Magdalena, por la presunta vulneración de su derecho constitucional fundamental de petición.

ANTECEDENTES

1.1 La solicitud de amparo (ff. 1 a 6). El señor Ricardo Héctor Concistre Díaz Granados, quien actúa en nombre propio, presenta acción de tutela con el fin de que se le proteja su derecho constitucional fundamental al que se hizo referencia, presuntamente quebrantado por la señora magistrada a cargo del despacho 01 del Tribunal Administrativo del Magdalena.

Como consecuencia de lo anterior, se ordene a la autoridad accionada contestar de fondo su solicitud de 17 de agosto de 2018, y en subsidio «oficiar al superior inmediato de la funcionaria […] para que le inicien investigación disciplinaria por abstenerse de resolver la petición […]».

1.2 Hechos.

Relata el actor que el 2 de octubre de 2017 formuló ante la gobernación del Magdalena una petición, en la que solicitaba «copia simple del estudio mediante el cual […] estableció en la Vía Troncal del Caribe Km 8 –Municipio de Sitio Nuevo –Magdalena el límite máximo de velocidad para la circulación de vehículos particulares, conforme está plasmado en el [p]arágrafo del [a]rtículo 107 de la Resolución No. 1384 de 2010 emanada por el Ministerio de Transporte».

Que ante el silencio de la Administración, incoó acción de tutela, la cual fue conocida en primera instancia por el Juzgado Primero Administrativo de Santa Marta, que en sentencia de 16 de noviembre de 2017 la declaró improcedente por carencia actual de objeto, revocada por el Tribunal Administrativo del Magdalena, para en su lugar, conceder el amparo del derecho constitucional fundamental de petición y ordenar al señor gobernador del Magdalena dar respuesta al escrito de 2 de octubre de 2017.

Señala que mediante oficio E-2018-805 de 22 de enero de 2018 de la oficina de tránsito y transporte del Magdalena, le fue allegado un CD en el que reposa un «[e]studio [t]écnico con el cual se fundamentó la determinación de los límites de velocidad en las vías del departamento […]».

Refiere que consideró que lo recibido como respuesta era improcedente por no cumplir con las previsiones del parágrafo del artículo 107 de la Resolución 1384 de 2010, por lo que acudió al Juzgado Primero Administrativo de Santa Marta con el fin de que iniciara incidente de desacato, en el cual determinó que no se incurrió en conducta omisiva por parte del jefe de la oficina de tránsito y transporte del Magdalena.

Que con el fin de advertir en el trámite incidental que la contestación ofrecida por el funcionario departamental era improcedente, presentó el 12 de junio de 2018 un oficio donde deprecó copia autenticada del pluricitado estudio técnico.

Ante la ausencia de contestación, instauró una nueva acción de tutela, cuyo conocimiento le correspondió al despacho de la magistrada aquí accionada, quien en fallo de 6 de agosto de 2018 declaró la carencia actual de objeto.

Que en virtud de lo anotado, el 13 de agosto hogaño pidió de la señora magistrada accionada lo siguiente:
1°. Después de todo lo anterior, ¿Es un [e]studio [t]écnico o es un Proyecto?

2°. ¿Cuál es el nombre y apellido de la persona que firmó el PROYECTO DE FISCALIZACIÓN ELECTR[ó]NICA AÑO 2012, el cual consta de 32 folios y me fue entregado a través de un CD por la Jefe de la Oficina de Tránsito y Transporte del Magdalena?

3. ° ¿Qué cargo desempeña y para qué entidad trabaja la persona que firmó el PROYECTO DE FISCALIZACIÓN ELECTR[ó]NICA AÑO 2012?

4. ° ¿Qué artículo de la [l]ey ampara a un [j]uez de la República para admitir un escrito que no está firmado?

Que con oficio Tamsg-2018-203 de 13 de agosto de 2018, el secretario general del Tribunal Administrativo del Magdalena da respuesta a lo solicitado, en el sentido de que «[…] por tratarse de hechos y solicitudes de información que no son de resorte de esta autoridad judicial, sino de una [a]utoridad [a]dministrativa; le informo que de conformidad con los dispuesto en el [a]rtículo 21 de la Ley 1437 de 2011 […] modificado por la Ley 1755 de 2015, doy traslado […] al [j]efe de la [o]ficina de [t]ránsito y [t]ransporte del Magdalena».

En razón al anterior escrito, allegó el 17 de agosto siguiente ante dicha Corporación, petición en la que reitera el punto número dos y le señala la competencia de la magistrada accionada para responder el punto cuarto, sin embargo, no ha sido atendida.

II. TRÁMITE PROCESAL

Por alcanzar a satisfacer los requisitos formales, el Consejo de Estado, a través de auto de 22 de octubre de 2018 (f. 26 y vuelto), admitió la presente acción y ordenó notificar a la señora magistrada a cargo del despacho 01 del Tribunal Administrativo del Magdalena.

2.1 Contestación de la acción

La señora magistrada a cargo del despacho 01 del Tribunal Administrativo del Magdalena (ff. 32 a 38) solicita se declare la carencia actual de objeto por hecho superado y, en consecuencia, se niegue la acción de tutela de la referencia, al estimar que «En efecto, [m]ediante [o]ficio de fecha treinta (30) de octubre de 2018 el Secretario del Tribunal Administrativo del Magdalena emitió pronunciamiento en torno a lo requerido por el peticionario mediante memorial de fecha 17 de agosto de 2018, a través del cual se resolvió la petición instaurada por el señor CONCISTRE DÍAZ GRANADOS, decisión que fue debidamente notificada a la cuenta de correo electrónico samariol24@gmail.com».

Sostiene que las circunstancias que dieron origen al presente asunto han desaparecido, por lo tanto « […] el hecho vulnerador desapareció y no existen motivos que justifiquen remedios judiciales distintos a la conducta de la entidad o particular demandada».

III. CONSIDERACIONES DE LA SALA

3.1 Competencia.

Corresponde a esta Colegiatura, en virtud de las reglas de reparto de la acción de tutela, previstas en el Decreto 1382 de 2000, determinar si en el presente caso hay lugar al amparo deprecado por el accionante, quien aduce quebranto de su derecho constitucional fundamental de petición.

3.2 La acción.

Como se sabe, la acción de tutela prevista en el artículo 86 de la Carta Política y reglamentada por los Decretos 2591 de 1991, 306 de 1992 y 1382 de 2000, como mecanismo directo y expedito para la protección de los derechos constitucionales fundamentales, permite a las personas reclamar ante los jueces, en todo momento y lugar, mediante un procedimiento preferente y sumario, la protección inmediata de ellos cuando quiera que resulten amenazados o vulnerados por la acción o la omisión de cualquier autoridad pública o de los particulares, siempre que no se disponga de otro medio de defensa judicial, salvo que se trate de impedir un daño irremediable, en cuyo evento procede como mecanismo transitorio.

3.3 Problema jurídico.

Se contrae a determinar si la autoridad demandada ha vulnerado el derecho constitucional fundamental de petición del tutelante, al no dar respuesta a su solicitud formulada el 17 de agosto de 2018, orientada a dar contestación a algunos interrogantes relacionados con el oficio expedido por la jefe de la oficina de tránsito y transporte del Magdalena.

3.4 Asunto preliminar.

Se ha pregonado con acierto que la acción de tutela se encuentra orientada a garantizar la efectividad de los derechos constitucionales fundamentales de las personas, cuando ellos resulten vulnerados o amenazados por la acción u omisión de una autoridad pública.

Por lo anterior, su prosperidad está condicionada a que al momento del fallo subsistan los motivos que dieron lugar a que se formulara la solicitud de protección, razón por la cual si desaparecen tales supuestos de hecho bien por haber cesado la conducta violatoria ora porque se superó la acción u omisión que comportaba la vulneración del derecho, es claro que en estas hipótesis ningún objeto tendría impartir una orden de tutela, «[…] pues en el evento de adoptarse ésta, caería en el vacío por sustracción de materia».

Al respecto, la Corte Constitucional ha definido este fenómeno jurídico en los siguientes términos:

La Corte entiende por hecho superado cuando durante el trámite de la acción de tutela o de su revisión en esta Corte, sobreviene la ocurrencia de hechos que demuestren que la vulneración de los derechos fundamentales, en principio informada a través de la instauración de la acción de tutela, ha dejado de ocurrir.

En concordancia con lo anterior, la Corte Constitucional ha enumerado algunos requisitos que se deben examinar en cada caso concreto, con el fin de confirmar si efectivamente se está frente a la existencia de un hecho superado, a saber:

1. Que con anterioridad a la interposición de la acción exista un hecho o se carezca de una determinada prestación que viole o amenace violar un derecho fundamental del accionante o de aquél en cuyo favor se actúa.

2. Que durante el trámite de la acción de tutela el hecho que dio origen a la acción que generó la vulneración o amenaza haya cesado.

3. Si lo que se pretende por medio de la acción de tutela es el suministro de una prestación y, dentro del trámite de dicha acción se satisface ésta, también se puede considerar que existe un hecho superado [se destaca].

Conforme a lo anterior, es menester analizar si la presunta vulneración del derecho constitucional fundamental deprecado en el asunto sub examine aún persiste o si por el contrario las pretensiones presentadas para procurar su defensa han sido satisfechas, esto es, si se configuró el fenómeno jurídico del hecho superado por carencia actual de objeto.

El material probatorio traído al plenario, en lo pertinente, da cuenta de la situación respecto de los hechos a los cuales se refiere la presente acción de tutela. En tal virtud, se destaca:

a) Copia de petición formulada por el actor ante la magistrada demandada el 17 de agosto de 2018 (f. 19), en la que indica:

En atención a su RESPUESTA emanada a través de [o]ficio Tamsg-2018-203 fechado el 14/08/2018, mediante la cual eludió su responsabilidad amparada de conformidad con lo dispuesto en el [a]rtículo 21 de la Ley 1437 de 2011, PORQUE para emitir un fallo calendado el 6 de agosto de 2018, donde “DECLAR[Ó] la carencia actual de objeto frente al [d]erecho [f]undamental de [p]etición incoado por el suscrito”, es inevitable EVALUAR el acervo documental probatorio obrante en el plenario de la referencia sin necesidad de remitirla a la [j]efe de la [o]ficina de [t]ránsito y [t]ransporte del Magdalena, para que este emita un concepto.

Por cómo se resolvió [la] litis de la referencia, presumo que cotejó lo requerido en la petición incoada por el suscrito contra lo plasmado en el CD que le sirvió a la [f]uncionaria [d]epartamental como respuesta para no vulnerar el derecho fundamental invocado; y es por lo anterior, que respetuosamente le pregunté que si al valorar lo allí plasmado corresponde a un ESTUDIO TÉCNICO o es un PROYECTO.

De acuerdo a sus amplios conocimientos en el tema, […] solo pretendo consolidar su fallo, porque para el actor existe una ambigüedad en lo plasmado en el CD, y por haber estudiado minuciosamente el caso debió identificar si el escrito corresponde a un ESTUDIO TÉCNICO o a un PROYECTO. Interrogante que solo [u]sted puede clarificar.

Con base en lo anterior, le compete informar cual es el nombre y apellido de la persona que firmó el PROYECTO DE FISCALIZACIÓN ELECTR[Ó]NICA AÑO 2012, porque a su [d]espacho le correspondió el desarrollo del problema jurídico planteado en [la] litis de la referencia.

[…]

Es de su competencia la cuarta pregunta por tratarse de un artículo de [l]ey, la cual no incumbe a la [j]efe de la [o]ficina de [t]ránsito y [t]ransporte del Magdalena; siendo su deber constitucional emitir un pronunciamiento, contrario estaría conculcando el [a]rtículo 23 Superior.

b) Copia de oficio de «30 noviembre de 2018» (sic) [ff. 36 a 38], por cuyo conducto el señor secretario del Tribunal Administrativo del Magdalena da respuesta al accionante en los siguientes términos:

[…] los planteamientos hechos no son del resorte de esta Corporación, habida cuenta que están íntimamente ligados con la elaboración y contenido del CD que entregara a la [o]ficina de [t]ránsito y [t]ransporte de la [g]obernación del Magdalena al peticionario.

Dicho documento fue entregado en cumplimiento del fallo de tutela proferido por el Tribunal Administrativo del Magdalena en fecha 15 de enero de 2018 dentro del proceso radicado 47-001-3333-001-2017-00349-00, como puede establecerse a partir del fallo de tutela de fecha 6 de agosto [de la misma anualidad] que emitiera esta Corporación dentro de otra acción de tutela promovida por el interesado, radicado 47-001-2333-00-2018-00247-00.

En ese orden de ideas, se determina que los cuestionamientos que se presentan en el escrito no pueden ser resueltos de fondo por esta Corporación, sino por la entidad que emitió el CD, de ahí que la primera petición se haya remitido a la [o]ficina de [t]ránsito y [t]ransporte de la [g]obernación del Magdalena.

[…]

Finalmente respecto del último punto consistente en que la [m]agistrada [p]onente responda ¿Qué artículo de la [l]ey ampara a un [j]uez de la República para admitir un escrito que no está firmado?, se advierte una aparente inconformidad […] respecto de la valoración que le merecía a la [p]onente de la acción de tutela, algún escrito o documento aportado dentro del proceso radicado 47-001-2333-000-2018-00247-00; frente a lo cual debe aclararse que los medios ordinarios para controvertir las decisiones judiciales del Tribunal corresponde a los recursos de ley […] que para el caso en concreto concierne a la impugnación en contra del fallo de tutela que resolvió sobre el mentado CD, tal como lo establece el artículo 31 del Decreto 2591 de 1991 […].

En efecto [el accionante] impugnó la decisión contenida en el fallo de tutela de 6 de agosto de 2018 proferido por este Tribunal dentro de la acción de tutela con radicado 2018-00247-00; mediante auto de fecha 16 de agosto de 2018 concedida dicha impugnación, la cual se encuentra en trámite ante el Consejo de Estado [s]ección [c]uarta, M. P. Milton Chaves García, pendiente de decisión.

c) Copia de correo electrónico de 31 octubre de 2018, por el cual el señor secretario general del Tribunal Administrativo del Magdalena envió al demandante (samarioI24@hotmail.com y samario124@hotmail.com) la respuesta a su solicitud de 17 de agosto de la misma anualidad (ff. 36 a 38).

De las pruebas anteriormente enunciadas, se tiene que ciertamente el tutelante formuló la petición relacionada con la acción objeto de estudio, la cual fue atendida (aunque de manera tardía) por el señor secretario general del Tribunal Administrativo del Magdalena con oficio de «30 noviembre de 2018» (sic), acto que posteriormente le fue notificado a través del correo electrónico señalado en la solicitud de 17 de agosto de 2018 (f. 40 y vuelto), por lo que la conducta lesiva reprochada ha cesado al existir respuesta de fondo a la petición formulada por el actor.

Resulta menester recordar que no es dable pregonar el quebranto del derecho constitucional fundamental de petición cuando la autoridad responde al interesado de manera negativa o desfavorable a sus intereses. Ello, siempre y cuando se produzca dentro de los términos que la ley señala, representa en sí mismo, sin perjuicio de su sentido, la satisfacción de ese derecho.

Sobre el particular, la Corte Constitucional, en sentencia T-146 de 2012, precisó:
Sin embargo, se debe aclarar que, el derecho de petición no implica una prerrogativa en virtud de la cual, el agente que recibe la petición se vea obligado a definir favorablemente las pretensiones del solicitante, razón por la cual no se debe entender conculcado este derecho cuando la autoridad responde oportunamente al peticionario, aunque la respuesta sea negativa [resalta la Sala].

En este orden de ideas, la Sala considera que en el presente asunto se configura una carencia actual del objeto de la tutela por hecho superado, toda vez que la conducta lesiva que se reprochaba de la autoridad accionada ha cesado, al dar respuesta de fondo a la petición formulada por el actor, por lo que desapareció el motivo que lo obligó a ejercer este mecanismo constitucional.

Frente a lo anterior, se concluye que los hechos que han dado lugar al ejercicio de la acción de tutela han desaparecido durante este trámite, motivo por el cual « […] el juez constitucional queda imposibilitado para emitir una orden para la protección de derechos fundamentales, en la medida en que ha dejado de existir el objeto jurídico sobre el cual debía proveer», lo que impone negar el amparo del derecho constitucional fundamental invocado.

En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, sala de lo contencioso-administrativo, sección segunda, subsección B, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la Constitución Política,

FALLA:

1. Niégase en razón a la carencia actual de objeto por hecho superado, el amparo del derecho constitucional fundamental de petición invocado por el señor Ricardo Héctor Concistre Díaz Granados, en los términos indicados en la parte motiva.

2. Notifíquese esta providencia a las partes por el medio más expedito, en la forma y término previstos en el Decreto 2591 de 1991.

3. Si el presente fallo no fuere impugnado dentro de los tres (3) días siguientes a su notificación como lo prevé el artículo 31 del Decreto 2591 de 1991, envíese el expediente a la honorable Corte Constitucional para su eventual revisión.

Notifíquese y cúmplase,

Este proyecto fue estudiado y aprobado en sala de la fecha.

CARMELO PERDOMO CUÉTER

SANDRA LISSET IBARRA VÉLEZ

CÉSAR PALOMINO CORTÉS

Artículo 86 de la Carta Política.
Sentencia T-33 de 1994.
Corte Constitucional, Sentencia T – 481 del 16 de junio de 2010, M.P. Juan Carlos Henao Pérez.
Cabe anotar que si bien el oficio mediante el cual el señor secretario del Tribunal Administrativo del Magdalena dice dar respuesta a la petición del actor es de «30 noviembre de 2018», lo cierto es que dicha fecha no se ha cumplido.
Cfr. sentencias T-042, T-044, T-058 y T-304 de 1997, T-419, T-021 y T-118 de 1998, T-1160A de 2001 y T-581 de 2003, entre otras.
Corte Constitucional, sentencia T-304 de 2009, M. P. Mauricio González Cuervo.

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