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Consejo de Estado · Sección Segunda

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 11001-03-15-000-2018-03875-01

Acción de tutela contra providencia judicial: sentencia de segunda instancia que niega pretensiones de la demanda

Fecha
4 de marzo de 2019
Consejero ponente
César Palomino Cortés

01Lo que resolvió

Ficha de la providencia

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 11001-03-15-000-2018-03875-01

Consejo de Estado · Sección Segunda

Parte resolutiva

FALLA PRIMERO. REVOCAR la sentencia de 13 de diciembre de 2018, proferida por el Consejo de Estado – Sección Quinta, que accedió a la protección de los derechos fundamentales invocados por el accionante, por las razones expuestas en la parte motiva de esta providencia. SEGUNDO. NEGAR el amparo de tutela interpuesto por el señor José Gabriel Orozco Betancur, a través de apoderado, contra el Tribunal Administrativo de Risaralda, por los motivos señalados en esta decisión.

02Texto de la providencia

República de Colombia

Consejo de Estado

Sección Segunda

Radicado 11001-03-15-000-2018-03875-01

Consejero ponente: César Palomino Cortés

4 de marzo de 2019

ACCIÓN DE TUTELA CONTRA PROVIDENCIA JUDICIAL - Sentencia de segunda instancia que niega pretensiones de la demanda / MEDIO DE CONTROL DE NULIDAD Y RESTABLECIMIENTO DEL DERECHO - Reliquidación de pensión de jubilación de docente oficial / DESCONOCIMIENTO DEL PRECEDENTE JUDICIAL - Inexistencia / APLICACIÓN DEL PRECEDENTE JUDICIAL - Establecido en la Sentencia SU-395 de 2017 proferida por la Corte Constitucional / RÉGIMEN PENSIONAL DEL DOCENTE - Ley 33 de 1985 y Ley 91 de 1989 para vinculados antes de la Ley 812 de 2003 / RÉGIMEN DEL FONDO NACIONAL DE PRESTACIONES SOCIALES DEL MAGISTERIO - Exceptuado de la Ley 100 de 1993 / FACTORES A TENER EN CUENTA PARA RELIQUIDAR LA PENSIÓN DE JUBILACIÓN DE DOCENTE - Aquellos objeto de cotización / PRINCIPIO DE AUTONOMÍA JUDICIAL - Aplicación / AUSENCIA DE VULNERACIÓN DE DERECHOS FUNDAMENTALES

[S]e debe señalar que para el caso objeto de estudio no es posible aplicar las reglas jurisprudenciales establecidas por la Sala Plena de esta Corporación, pues la sentencia de segunda instancia dictada por el Tribunal Administrativo de Risaralda y que se cuestiona en sede de tutela, fue proferida con anterioridad a la expedición de la referida sentencia de unificación. Sin embargo, es necesario aclarar que el nuevo criterio asumido por el Consejo de Estado en la referida sentencia de unificación, no es ajeno al análisis jurídico desarrollado por el Tribunal Administrativo de Risaralda en la sentencia acusada y obedece a un estudio juicioso de la normativa y la jurisprudencia que regula el tema de los factores salariales que se deben incluir en el IBL. No obstante, no se puede desconocer que (…) en el caso el sub examine, la autoridad judicial desató la controversia con base en los criterios existentes al tiempo de dictar la respectiva decisión y en ejercicio de los principios de independencia y autonomía funcional explicó de manera suficiente y razonada los motivos de hecho y derecho por los cuales se acogió la postura de la Corte Constitucional y se apartó de la tesis que existía en el Consejo de Estado (Sentencia de 4 de agosto de 2010). Lo anterior no quiere decir que la posición de la Corte Constitucional debe prevalecer sobre la del máximo Tribunal de lo Contencioso Administrativo, pero la tutela no es el mecanismo idóneo para dictar pautas de hermenéutica jurídica y fijar criterios jurisprudenciales únicos, en asuntos respecto de los cuales existen diversas posturas, para el momento de su resolución. Así las cosas, esta Sala considera que no le asiste razón al a quo en su argumentación, pues se observa que el Tribunal Administrativo de Risaralda en ejercicio de su autonomía acogió el criterio jurisprudencial de la Corte Constitucional sobre la determinación de los factores salariales al momento de liquidar pensiones y, argumentó suficientemente las razones para “recoger” las tesis que venía desarrollando en aplicación de lo dispuesto por esta Corporación. En conclusión, como la autoridad judicial accionada expuso las razones por las cuales acogía los criterios indicados por la Corte Constitucional en la sentencia SU-395 de 2017, para la Sala no se configura una vía de hecho por desconocimiento del precedente, en atención a que, en virtud de la autonomía e independencia para adoptar las decisiones judiciales, podía acoger una de las posiciones válidas expuestas por las Altas Corporaciones.

CONSEJO DE ESTADO

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCIÓN SEGUNDA

SUBSECCIÓN B

Consejero ponente: CÉSAR PALOMINO CORTÉS

Bogotá, D.C., cuatro (4) de marzo de dos mil diecinueve (2019)

Radicación número: 11001-03-15-000-2018-03875-01(AC)

Actor: JOSE GABRIEL OROZCO BETANCUR

Demandado: TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DE RISARALDA

La Sala decide la impugnación presentada por la parte accionada contra el fallo del 13 de diciembre de 2018 proferido por el Consejo de Estado – Sección Quinta, por medio del cual se accedió al amparo de tutela solicitado por el señor José Gabriel Orozco Betancur.

ANTECEDENTES

La solicitud y las pretensiones

El señor José Gabriel Orozco Betancur, por intermedio de apoderado en ejercicio de la acción de tutela, solicitó la protección de sus derechos fundamentales a la igualdad, seguridad social y debido proceso, que estimó lesionados por el Tribunal Administrativo de Risaralda, al proferir la sentencia de 18 de abril de 2018, dentro del proceso de nulidad y restablecimiento del derecho promovido por el actor en tutela contra la Nación – Ministerio de Educación – Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio.

En amparo de los derechos fundamentales invocados la parte actora solicitó:

“(…) Respetuosamente le solicito a su Honorable despacho, se sirva amparar los Derechos Fundamentales a la “IGUALDAD (Art. 13 C. Pol) A LA SEGURIDAD SOCIAL (Art. 48 C. Pol)”; y cualquier otro derecho que se considere vulnerado, y que en la actualidad están siendo vulnerados por parte del TRIBUNAL DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO DE RISARALDA SALA TERCERA DE DECISIÓN, en el seno del proceso de Nulidad y Restablecimiento del Derecho con radicación Nº 66001-33-33-003-2015-003300-1 (P-0116-2017), que se emitió sentencia el 18 de abril de 2018, y notificada por correo electrónico el mismo día.

Como consecuencia de lo anterior, se ordene al TRIBUNAL DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO DE RISARALDA SALA TERCERA DE DECISIÓN, REVOCAR LA SENTENCIA EMITIDA EL DÍA 18 de abril del 2018 y en lugar profiera nueva sentencia que garantice los derechos afectados, esto es accediendo a las pretensiones de la demanda. (…)”.

Los hechos y las consideraciones del accionante

El apoderado de la parte actora expuso como fundamento de su solicitud los hechos que se resumen a continuación:

Señaló que el señor José Gabriel Orozco Betancur prestó sus servicios a la Secretaría de Educación del Departamento de Risaralda, desde el 10 de agosto de 1977.

Expresó que el Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio a través de la Secretaría de Educación del Departamento de Risaralda, mediante Resolución Nº 004 de 7 de enero de 2014 le reconoció una pensión de jubilación, en cuantía de $788.239.

Indicó que mediante escrito radicado el 9 de marzo de 2015, le solicitó al Fondo de Prestaciones Sociales del Magisterio, por intermedio de la Secretaría de Educación del Departamento de Risaralda la reliquidación de su pensión de jubilación, con la inclusión de la totalidad de los factores salariales devengados al momento de obtener el estatus pensional, es decir, a partir del 16 de marzo de 2013, pero la Entidad, a través de Resolución Nº 238 de 17 de marzo de 2015, negó su pretensión.

Relató que presentó demanda de nulidad y restablecimiento del derecho contra la Nación – Ministerio de Educación – Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio, cuyo conocimiento se le asignó al Juzgado Tercero Administrativo de Pereira, que mediante sentencia de 18 de enero de 2017, negó las pretensiones de la demanda.

Informó que presentó recurso de apelación contra la anterior decisión, ante el Tribunal Administrativo de Risaralda, que a través de providencia de 18 de abril de 2018 confirmó en su integridad el fallo de primera instancia, argumentando que de conformidad con lo dispuesto en la sentencia SU - 395 de 2017 de la Corte Constitucional, la liquidación de las pensiones de los regímenes especiales no puede incluir todos los factores salariales devengados por el interesado, sino que debe tener en cuenta aquellos emolumentos sobre los cuales se hubiesen hecho aportes al Sistema de Seguridad Social.

Manifestó que la sentencia del Tribunal Administrativo de Risaralda incurrió en vía de hecho por desconocimiento del precedente jurisprudencial, por cuanto no tuvo en cuenta la sentencia de unificación del Consejo de Estado de 4 de agosto de 2010, en la cual se estableció que las pensiones de jubilación de los servidores públicos reconocidas con fundamento en la Ley 33 de 1985 deben liquidarse con la inclusión de todos los factores salariales devengados en el año anterior a la adquisición del status pensional, aunque no se hayan efectuado los respectivos aportes, pues la autoridad judicial en todo caso puede ordenar el descuento por dicho concepto, al momento de disponer la reliquidación pensional.

Adujo que en concordancia con lo anterior, la sentencia de unificación del Consejo de Estado de 28 de agosto de 2018, proferida dentro del proceso de nulidad y restablecimiento del derecho con radicado Nº 52001-23-33-00-2012-00143-01, al fijar las reglas sobre la aplicación del artículo 36 de la Ley 100 de 1993, señaló que dicha norma no cobija a los docentes afiliados al Fondo Nacional de Prestaciones sociales del Magisterio, pues fueron exceptuados del Sistema Integral de Seguridad Social por virtud del artículo 279 de la Ley 100 de 1993 y su régimen pensional está previsto en la Ley 91 de 1989, por consiguiente, las pautas jurisprudenciales sobre el régimen de transición de la Ley 100 de 1993, no le eran aplicables.

Agregó que el Consejo de Estado en distintos fallos de tutela ha garantizado los derechos de los docentes de obtener la reliquidación de su pensión con la inclusión de todos los factores salariales devengados en el año anterior al estatus pensional, por ser un régimen especial, al que no se le aplica el régimen de transición previsto en el artículo 36 de la Ley 100 de 1993.

Trámite procesal

El Consejo de Estado – Sección Quinta mediante auto de 31 de octubre de 2018 admitió la demanda y ordenó la notificación a la autoridad accionada, es decir, al Tribunal Administrativo de Risaralda, y puso en conocimiento el escrito de tutela a los terceros interesados en las resultas del proceso, esto es, el Juzgado Tercero Administrativo de Pereira, la Nación – Ministerio de Educación – Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio y la Fiduprevisora S.A..

Informe de las entidades accionadas

4.1 El Tribunal Administrativo de Risaralda solicitó que se niegue el amparo de tutela, con fundamento en lo siguiente:

Señaló que la decisión cuestionada no desconoció el precedente jurisprudencial sobre la materia, pues la misma efectuó un análisis juicioso del acervo probatorio allegado al expediente y realizó una interpretación adecuada del artículo 36 de la Ley 100 de 1933, bajo las directrices y postulados de la Corte Constitucional en las sentencias C-258 de 2013, SU-230 de 2015, SU-427 de 2016 y SU-395 de 2017.

Indicó que los referidos pronunciamientos jurisprudenciales han sido unánimes en concluir que el artículo 36 de la Ley 100 de 1993 mantiene, en virtud del régimen de transición, la edad, el tiempo y la tasa de reemplazo pero no incluye el ingreso base de liquidación.

Expresó que en reciente pronunciamiento de unificación de la Sala Plena de lo Contencioso Administrativo de 28 de agosto de 2018 se indicó que los docentes afiliados al Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio se encuentran exceptuados de la aplicación de la Ley 100 de 1993 y que, por lo mismo, no es en razón del régimen de transición de esta última ley que se les aplica las Leyes 33 y 62 de 1985, sino en razón de su vinculación a la docencia oficial, con anterioridad a la entrada en vigencia de la Ley 812 de 2003.

Explicó que a pesar de lo anterior, el Tribunal ha estimado que tales presupuestos no conducen a afirmar que los afiliados al Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio sean ajenos a la aplicación de la disposición normativa contenida en el Acto Legislativo Nº 01 de 2005 y la sentencia de unificación 395 de 2017 y el fallo de tutela T-039 de 2018, proferidos por la Corte Constitucional, conforme los cuales sólo pueden liquidarse las pensiones con los factores salariales que sirvieron de base a los aportes de seguridad social en pensión, debido a que tal restricción fue prevista para todos los régimen pensionales.

Agregó que la sentencia de unificación de 28 de agosto de 2018 consideró que los factores salariales que se deben incluir en el IBL para la pensión de vejez de los servidores públicos beneficiarios del régimen de transición, son únicamente aquellos sobre los que se hayan efectuado aportes o cotizaciones al sistema de pensiones. Dicho criterio pretende garantizar la debida correspondencia que en un mecanismo de contribución bipartita debe mantener entre lo aportado y los recibido por el afiliado, teniendo en cuenta el aseguramiento de la viabilidad financiera del sistema, por lo que no existe razón alguna para que los docentes sean excluidos del anterior planteamiento, máxime cuando estos no tienen un régimen pensional propio, sino que se rigen por la ley 33 de 1985, que se aplica a todos los servidores públicos, cuando se vincularon con anterioridad al 2003.

Sostuvo que la referida posición tiene relación con lo dispuesto en el Acto Legislativo Nº 01 de 2005, que adicionó el artículo 48 de la Constitución Política y en el cual se estableció un límite en materia de inclusión de factores como ingreso base de liquidación de la mesada pensional, en el sentido de indicar que “para la liquidación de las pensiones solo se tendrán en cuenta los factores sobre los cuales cada persona hubiere efectuado las cotizaciones”, tal y como lo resaltó la Corte Constitucional en la sentencia SU – 395 de 2017, cuya interpretación se aplicó en la providencia acusada, dado que comportaba un efecto útil de la norma constitucional.

Adujo que la sentencia cuestionada no incurrió en alguna arbitrariedad o capricho, toda vez que realizó un análisis razonable y sistemático de la normativa constitucional y legal aplicable, junto con los distintos pronunciamientos jurisprudenciales existentes sobre la materia, por lo que no se evidencia la existencia de vía de hecho por desconocimiento jurisprudencial, que pudiese constituir una vulneración de los derechos fundamentales del accionante.

4.2 El Ministerio de Educación mediante escrito visible a folios 72 - 73, realizó una transcripción de los apartes pertinentes de las sentencias C-590 de 2005, T-125 de 2012, SU – 918 de 2013 y SU – 241 de 2015 de la Corte Constitucional sobre la acción de tutela contra providencias judiciales, destacando los requisitos generales y específicos de procedibilidad, e indicó que en el presente caso no se cumplen a cabalidad los mismos, por esta razón pidió que se negara el amparo de tutela invocado por la parte actora.

Adicionalmente, solicitó su desvinculación del trámite constitucional, porque no intervino en la decisión judicial, que supuestamente desconoció o vulneró los derechos fundamentales de la tutelante.

4.3 La Fiduciaria la Previsora S.A. – Fiduprevisora solicitó que se declare improcedente el amparo de tutela invocado, toda vez que la actuación desplegada por el Tribunal Administrativo de Risaralda, Sala Tercera de Decisión se ajustó a Derecho, teniendo en cuenta la normativa y la jurisprudencia aplicable, sin desconocer los precedentes existentes sobre el tema.

Adicionalmente, pidió que se le desvincule del trámite constitucional, pues carece de legitimación en la causa por pasiva, toda vez que la Fiduprevisora no intervino en el proceso judicial incoado por la actora y por consiguiente, se encuentra imposibilitada para emitir concepto alguno frente al mismo.

4.4 El Juzgado Tercero Administrativo de Pereira, mediante oficio Nº 1578 de 7 de noviembre de 2018, remitió en medio magnético copia del expediente contentivo del medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho identificado con el radicado 2015-00330, sin pronunciarse respecto de los argumentos de hecho y de derecho presentados por la parte actora.

La providencia impugnada

El Consejo de Estado – Sección Quinta, mediante sentencia de 13 de diciembre de 2018, amparó los derechos fundamentales a la igualdad y seguridad social, del señor José Gabriel Orozco Betancur; dejó sin efecto la sentencia de 18 de abril de 2018 proferida por el Tribunal Administrativo de Risaralda y le ordenó a la autoridad accionada proferir una nueva sentencia que resuelva el tema de la reliquidación de la pensión de la accionante conforme con los criterios señalados por esta Corporación, argumentando lo siguiente:

Señaló que el accionante es un docente vinculado con anterioridad a la entrada en vigencia de la Ley 812 de 2003, por lo que se regula por la Ley 91 de 1989, la cual a su vez remite a la Ley 33 de 1985, en lo que concierne al reconocimiento de la pensión de jubilación. En tal sentido, no resulta procedente aplicar el régimen de transición pensional previsto en el artículo 36 de la Ley 100 de 1993, toda vez que dicha ley no le es aplicable a los docentes en virtud de las excepciones consagradas en su artículo 279 de la Constitución.

Expresó que los argumentos relacionados con IBL de las pensiones beneficiarias del régimen de transición del artículo 36 de la Ley 100 de 1993, era irrelevante para el caso concreto, dado que en este asunto no se discutía si el IBL forma parte o no de la transición normativa al Sistema General de Seguridad Social en pensiones.

Explicó que en la sentencia de unificación del 4 de agosto de 2010 de esta Corporación se estableció una regla en relación con la forma de liquidación del IBL a la luz de lo dispuesto en la Ley 33 de 1985, según la cual las pensiones de jubilación reguladas por dicha ley deben ser liquidadas con base en todos los factores salariales efectivamente devengados en el año anterior a la adquisición del estatus de pensionado, dado que en aquélla no se indican en forma taxativa los factores salariales que conforman la base de liquidación pensional. En este sentido, la omisión de la administración para efectuar los correspondientes descuentos para aportes al sistema no podía ser un impedimento para que tales emolumentos se incluyeran en la liquidación pensional “(…) toda vez que aquellos pueden ser descontados por la entidad cuando se haga el reconocimiento prestacional”.

Sostuvo que la providencia atacada desconoció la mencionada regla, pues negó la reliquidación de la pensión de jubilación del señor José Gabriel Orozco Betancur, argumentando que solo se podía hacer con los factores salariales efectivamente cotizados en el año anterior al reconocimiento del estatus pensional, sin tener en cuenta que al tutelante le es aplicable la Ley 33 de 1985 en atención a las leyes especiales que cobijan a los docentes (Ley 91 de 1989), y no en virtud del régimen de transición de la Ley 100 de 1993.

Adujo que el argumento invocado por el Tribunal no estaba llamado a prosperar, porque se fundamentó en sentencias de constitucionalidad y unificación, que analizan la liquidación de pensiones (IBL) en el contexto del régimen de transición regulado en el artículo 36 de la Ley 100 de 1993, por ello no podía invocar los aludidos pronunciamientos dictados por la Corte Constitucional para apartarse de la sentencia de unificación de 4 de agosto de 2010 del Consejo de Estado.

Afirmó que la sentencia SU-395 de 2017, no hace referencia al régimen exceptuado que rige la pensión de jubilación de los docentes pues solo se pronunció en relación con el régimen de transición de la Ley 100 de 1993, por lo que no es aplicable al caso del señor José Gabriel Orozco Betancur por cuanto, al haber sido vinculado como docente con anterioridad a la Ley 812 de 2003, le corresponde el régimen consagrado en la Leyes 33 de 1985 y 91 de 1989, no lo establecido en la Ley 100 de 1993, dado que pertenece a un sistema exceptuado de dicha normatividad.

La impugnación

El Tribunal Administrativo de Risaralda impugnó la sentencia del Consejo de Estado – Sección Quinta, solicitando su revocatoria y la prosperidad de sus pretensiones, con fundamento en las siguientes razones:

Indicó que la sentencia cuestionada fue respetuosa del precedente jurisprudencial y contiene un juicioso análisis comparativo de las posturas asumidas por el Consejo de Estado – sentencia de unificación de 4 de agosto de 2010 con la jurisprudencia de la Corte Constitucional, sentencias SU - 395 de 2017 y 230 de 2015, así como la C-258 de 2013, respecto del tema de los factores salariales que se deben computar en la liquidación pensional, en este caso, de los docentes afiliados al Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio, de tal manera que la decisión atacada cumplió con la carga argumentativa para la aplicación del precedente constitucional.

Explicó que la providencia acusada también dio aplicación a la norma constitucional (artículo 48) modificada por el Acto Legislativo Nº 01 de 2005, la cual es el fundamento de la sentencia SU-395 de 2017, pues este precepto normativo limita la inclusión de factores salariales en la liquidación de las pensiones, en cuanto señala que únicamente pueden ser computados los emolumentos que sirvieron de base para hacer los aportes al sistema de seguridad social.

Aseveró que si bien el personal que se vinculó al servicio público docente con anterioridad a la entrada en vigencia de la Ley 812 de 2003, se encuentra exceptuado del régimen que prevé la Ley 100 de 1993, incluida las normas de transición y, por consiguiente se les aplican las Leyes 33 y 62 de 1985, también es cierto que los profesores afiliados al Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio, no son ajenos a la aplicación del Acto Legislativo Nº 01 de 2005 y la Sentencia SU – 395 de 2017, conforme con los cuales sólo pueden liquidarse las pensiones de cualquier régimen con los factores salariales que sirvieron para hacer los aportes a pensión.

Dijo que el Acto Legislativo Nº 01 de 2005, es tajante de disponer que solo pueden liquidarse las pensiones, entendidas las de cualquier régimen, con los factores salariales que sirvieron de base a los aportes de seguridad social en pensión, límite que igualmente es predicable a los docentes oficiales, por cuanto la aludida reforma constitucional no los exceptúa.

Señaló que el demandante solo podía beneficiarse, de los factores que le sirvieron para hacer los aportes al sistema de seguridad social en pensiones, de acuerdo con lo establecido en la Ley 33 de 1985, modificado por el artículo 1º de la Ley 62 de 1985, en donde se enlistan los emolumentos que constituyen base de liquidación pensional, lo cual impide tener en cuenta aquellos que se hayan certificado como devengados.

Relató que la anterior interpretación fue incorporada en la sentencia de unificación de 28 de agosto de 2018, proferida por el Consejo de Estado, la cual señaló que el monto de las pensiones de los servidores públicos debe sujetarse a los factores que indicados por el legislador, y que el criterio de la sentencia de 4 de agosto de 2010, que consideraba la viabilidad de computar emolumentos distintos a los previstos en la ley, excedía la voluntad de configuración legislativa que enlistó los factores que conforman el IBL.

Sostuvo que el criterio consolidado en la sentencia de unificación de 28 de agosto de 2018 dejó claro que los únicos factores que deben ser computados en materia pensional, son los enlistados en la Ley 33 de 1985, lo cual resulta aplicable a los docentes afiliados al Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio, teniendo en cuenta la segunda subregla de la referida providencia, sumado a que el personal docente vinculado con anterioridad a la vigencia de la Ley 812 de 2003 se les aplica la Ley 33 de 1985, como es el caso del actor, que lo incluye en los sujetos beneficiarios de las normas que regulan el sistema prestacional de los servidores públicos.

Resaltó que la sentencia de 18 de abril de 2018 se sustentó en el material probatorio allegado al expediente, la normativa constitucional (acto legislativo Nº 01 de 2005), legal y los pronunciamientos jurisprudenciales de la Corte Constitucional sobre la materia, lo cual permitió confirmar la sentencia de 18 de enero de 2017, proferida por el Juzgado Tercero Administrativo de Pereira, en el sentido de negar la reliquidación de la pensión del demandante con la inclusión de todos los factores salariales devengados en el año anterior al estatus pensional, por cuanto se acreditó haber efectuado cotizaciones al sistema sobre los emolumentos pretendidos.

CONSIDERACIONES

Competencia.

La Sala es competente para conocer la impugnación interpuesta contra el fallo de primera instancia en virtud de lo dispuesto en el artículo 32 del Decreto 2591 de 1991, el cual reglamenta la acción de tutela.

Problema jurídico

La Sala debe decidir si se confirma o no, la decisión de primera instancia proferida por el Consejo de Estado - Sección Quinta, que accedió al amparo de los derechos fundamentales a la igualdad y seguridad social, del señor José Gabriel Orozco Betancur y le ordenó al Tribunal Administrativo de Risaralda proferir una nueva decisión en la que tenga en cuenta el precedente del Consejo de Estado – Sección Segunda (Sentencia de 4 de agosto de 2010), sobre la inclusión de los factores salariales que sirven para liquidar la pensión de jubilación de los servidores públicos.

Procedencia de la acción de tutela contra providencias judiciales

Tratándose de la acción de tutela contra providencias judiciales la postura reiterada y uniforme de la Corte Constitucional y el Consejo de Estado ha sido admitir su procedencia excepcional, siempre que se cumplan los requisitos generales de procedibilidad (exigencias generales) y las causales específicas de procedencia (defectos).

Al respecto, la Corte Constitucional en las sentencias C-543 de 1992 y T-079 de 1993, analizó la procedibilidad de la tutela contra providencias judiciales en los eventos que se prueba la configuración de una vía de hecho. Dicha posición fue redefinida por la misma Corporación a través de la sentencia C-590 de 2005, decisión en la cual se fijaron las reglas de procedibilidad de este mecanismo constitucional contra decisiones judiciales como se conocen actualmente.

Por su parte, el Consejo de Estado, en sentencia de unificación por importancia jurídica del 5 de agosto de 2014, con ponencia del Doctor Jorge Octavio Ramírez, precisó que la acción de tutela procede contra providencias judiciales, siempre y cuando se respete el principio de autonomía del juez natural, y se cumplan los requisitos generales y específicos destacados por la Corte Constitucional. Así:

Requisitos generales: Los requisitos generales de procedibilidad son exigibles en su totalidad, porque la ausencia de alguno de ellos impide el estudio de fondo de la acción de tutela. Estos requisitos son los siguientes: (i) La cuestión que se discute tiene relevancia constitucional; (ii) Se agotaron todos los medios de defensa judicial con los que cuenta la persona afectada; (iii) Se cumple el requisito de inmediatez; (iv) No se argumentó una irregularidad procesal; (v) Se expresaron de manera clara los hechos y argumentos que controvierten la providencia bajo estudio; y (vi) La providencia objeto de la presente acción no fue dictada dentro de una acción de tutela.

Causales específicas: Las causales específicas de procedencia de la acción de tutela contra providencia judicial son aquellos defectos o errores en los cuales puede incurrir la decisión cuestionada. Son las siguientes: a) Defecto orgánico, que se presenta cuando el juez carece de competencia; b) Defecto procedimental, el cual ocurre cuando la autoridad judicial actuó al margen del procedimiento establecido; c) Defecto fáctico, esto es, cuando el juez no tuvo en cuenta el material probatorio obrante en el expediente para proferir decisión; d) Defecto material o sustantivo, el cual se origina en el evento en que se decida con fundamento en normas inexistentes o inconstitucionales, en contravía de ellas, o existe una evidente y grosera contradicción entre los fundamentos y la decisión; e) Error inducido, cuando la autoridad judicial es víctima de engaño por terceros y el mismo lo condujo a tomar una decisión que afecta derechos fundamentales; f) Decisión sin motivación; g) Desconocimiento del precedente judicial y h) Violación directa de la Constitución Política.

Es importante advertir que si la decisión judicial cuestionada incurrió en alguna de las causales específicas, podrá ser razón suficiente para conceder el amparo constitucional.

3.1 El desconocimiento del precedente

Para la Corte Constitucional el desconocimiento del precedente consiste en que una autoridad judicial modifique su posición frente a determinado asunto, o se separe del criterio establecido por su superior jerárquico, haciendo caso omiso al precedente en la materia, y aún más, que a pesar de reconocer la existencia de éste, se aparte total o parcialmente del mismo sin cumplir con la carga argumentativa que le corresponde en esos casos, toda vez que con ese proceder se desconocen principios de relevancia constitucional como la igualdad, la seguridad jurídica, la confianza legítima, entre otros, que están directamente relacionados con el respeto del precedente.

Sobre el particular, en la sentencia T-446 de 2013 la Corte Constitucional señaló:

[…] es la ratio decidendi que es la base jurídica directa de la sentencia, el precedente judicial que, en virtud del derecho a la igualdad, tiene efectos vinculantes y debe ser aplicado para resolver casos similares, esto por cuanto ella constituye el conjunto de argumentos jurídicos que permiten solucionar el problema debatido en el caso y explicar la decisión adoptada a la luz de los hechos que lo fundamentan. De manera que la ratio decidendi expresada en el precedente judicial constituye un importante límite a la autonomía judicial que no puede ser desconocido por los jueces.

Ahora bien, es importante resaltar que la jurisprudencia ha distinguido entre precedente horizontal y precedente vertical para explicar, a partir de la estructura orgánica del poder judicial, los efectos vinculantes del precedente y su contundencia en la valoración que debe realizar el fallador en su sentencia. En este sentido, mientras el precedente horizontal supone que, en principio, un juez –individual o colegiado- no puede separarse del precedente fijado en sus propias sentencias; el precedente vertical implica que los jueces no se pueden apartar del precedente establecido por las autoridades judiciales con atribuciones superiores, particularmente por las altas cortes.

En esta óptica, la Corte ha reconocido que es preciso hacer efectivo el derecho a la igualdad, sin perder de vista que el juez goza de autonomía e independencia en su actividad, al punto que si bien está obligado a respetar el precedente fijado por él mismo y por sus superiores funcionales, también es responsable de adaptarse a las nuevas exigencias que la realidad le impone y asumir los desafíos propios de la evolución del derecho.

En consecuencia, un juez puede apartarse válidamente del precedente horizontal o vertical si (i) en su providencia hace una referencia expresa al precedente conforme al cual sus superiores funcionales o su propio despacho han resuelto casos análogos, pues “sólo puede admitirse una revisión de un precedente si se es consciente de su existencia” (requisito de transparencia); y (ii) expone razones suficientes y válidas a la luz del ordenamiento jurídico y los supuestos fácticos del caso nuevo que justifiquen el cambio jurisprudencial, lo que significa que no se trata simplemente de ofrecer argumentos en otro sentido, sino que resulta necesario demostrar que el precedente anterior no resulta válido, correcto o suficiente para resolver el caso nuevo (requisito de suficiencia). Satisfechos estos requisitos por parte del juez, en criterio de la Corte, se entiende protegido el derecho a la igualdad de trato ante las autoridades y garantizada la autonomía e independencia de los operadores judiciales […]”.

Por ello, la Corte Constitucional permite, siempre y cuando se justifique de manera razonada la decisión que en uno y otro sentido toma un juez en virtud del principio de autonomía, que las autoridades judiciales se aparten de un precedente pues la interpretación y aplicación del ordenamiento jurídico no es absoluta. Y en caso de que el cambio de postura no se justifique expresamente, se produce una violación a los derechos fundamentales a la igualdad, al acceso a la administración de justicia y al debido proceso, que puede ser reclamada a través de la tutela.

Caso concreto

4.1 Análisis de los requisitos generales de procedibilidad

La Sala advierte que la cuestión que se discute reviste relevancia constitucional, toda vez que los defectos alegados pueden llevar consigo una violación de los derechos fundamentales a la igualdad, seguridad social y debido proceso, los cuales constituyen bienes jurídicos constitucionalmente amparados.

No existen medios ordinarios y/o extraordinarios de defensa judicial con los cuales la accionante puedan lograr la protección de los derechos invocados, pues se adelantaron las dos instancias dentro del proceso de nulidad y restablecimiento del derecho instaurado por el señor José Gabriel Orozco Betancur contra la Nación – Ministerio de Educación Nacional – Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio y no se configura ninguna de las causales para hacer uso del recurso extraordinario de revisión.

Respecto al cumplimiento del requisito de inmediatez, se observa que la providencia proferida en segunda instancia por el Tribunal Administrativo de Risaralda que hoy se cuestiona en tutela, esto es, la sentencia de 18 de abril de 2018 se notificó a las partes por correo electrónico el 19 de abril de 2018 (fol. 103 expediente proceso ordinario) y la demanda de tutela se presentó el 18 de octubre de 2018 (fol. 1), es decir, dentro de un término prudencial.

Adicionalmente, se observa que el accionante plantea de forma clara los hechos por los cuales considera que se vulneran sus derechos fundamentales; y que la providencia que se cuestiona en el asunto de la referencia no fue proferida dentro de una acción de tutela, sino que se dictó dentro de un proceso de nulidad y restablecimiento del derecho.

4.2 Análisis de las causales específicas de procedibilidad

El apoderado del señor José Gabriel Orozco Betancur plantea la vulneración de los derechos a la igualdad, seguridad social y debido proceso, porque considera que el Tribunal Administrativo de Risaralda, al proferir, la sentencia de 18 de abril de 2018 incurrió en vía de hecho por desconocimiento del precedente jurisprudencial, al no tener en cuenta la sentencia de unificación del Consejo de Estado de 4 de agosto de 2010, en la cual se estableció que las pensiones de jubilación de los servidores públicos reconocidas con fundamento en la Ley 33 de 1985 deben liquidarse con la inclusión de todos los factores salariales devengados en el año anterior a la adquisición del status pensional, aunque no se hayan efectuado los respectivos aportes, pues la autoridad judicial en todo caso puede ordenar el descuento por dicho concepto, al momento de disponer la reliquidación pensional.

Agregó que el régimen prestacional de los docentes afiliados al Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio está previsto en la Ley 91 de 1989 y por virtud del artículo 279 de la Ley 100 de 1993 fueron exceptuados del Sistema Integral de Seguridad Social, por consiguiente, las pautas jurisprudenciales sobre el régimen de transición de la Ley 100 de 1993, no le eran aplicables, tal y como lo confirmó la sentencia de unificación del Consejo de Estado de 28 de agosto de 2018, proferida dentro del proceso de nulidad y restablecimiento del derecho con radicado Nº 52001-23-33-00-2012-00143-01, al fijar las reglas sobre la aplicación del artículo 36 de la Ley 100 de 1993.

Añadió que el Tribunal accionado no podía negar la reliquidación pensional con la inclusión de todos los factores salariales devengados en el año anterior a la adquisición de su estatus pensional, con fundamento en las sentencias de unificación de la Corte Constitucional, toda vez que las mismas no le eran aplicables dado que hacen referencia a las personas beneficiarias del régimen de transición de la Ley 100 de 1993.

Con el fin de analizar los motivos de inconformidad de la parte actora, la Sala revisará el análisis normativo y jurisprudencial realizado por el Tribunal Administrativo de Risaralda en la sentencia de 18 de abril de 2018, en el cual consideró lo siguiente (fols. 8 - 17):

“(…) La jurisprudencia del Consejo de Estado, en relación con los factores salariales que integran el ingreso (salario) base de liquidación de la pensión establecido en las leyes 33 y 62 de 1985, ha sentado el sentido que no debe interpretarse (sic) forma taxativa, sino meramente enunciativa; porque se vulnera el principio de progresividad, de igualdad, de primacía de la realidad sobre las formalidades. En efecto ha enseñado:

(…)

Ahora bien, puntualizado lo anterior, la jurisprudencia del máximo órgano de la jurisdicción contencioso administrativa, en asuntos como el que ahora ocupa la atención de la Sala dejó establecida la procedencia de la inclusión de los factores deprecados en la demanda, mediante sentencia de unificación del 4 de agosto de 2010, en el siguiente tenor literal (…).

Discurrido lo anterior, para zanjar la disparidad de posiciones, resulta ineludible referir el precedente jurisprudencial vinculante para este Tribunal expuesto en la Sentencia de unificación SU-395 de 2017 en la que según comunicado No. 36 del 22 de julio de 2017 emitido por la Corte Constitucional, por una parte, se abordó nuevamente el tema del ingreso base de liquidación (IBL) y se ratificó que tal concepto no está incluido en los parámetros aplicables al reconocimiento de las pensiones regidas por las normas anteriores a la Ley 100 de 1993 en virtud del régimen de transición, y por otra parte, se señaló que la liquidación de pensiones de regímenes especiales no puede incluir todos los factores salariales, en tanto solo deben incorporarse aquellos sobre los cuales hayan sido realizados los aportes al sistema de seguridad social. El mentado fallo indica lo que a continuación se transcribe (…).

La referida posición tiene relación con lo dispuesto en la reforma constitucional introducida a través del Acto Legislativo Nº 01 de 2005, que atendió el artículo 48 superior y en el cual se estableció un límite en materia de inclusión de factores como ingreso base de liquidación de la mesada pensional, como quiera que la aludida norma constitucional dispuso en su artículo 1º que: “Para la liquidación de las pensiones sólo se tendrán en cuenta los factores sobre los cuales cada persona hubiere efectuado las cotizaciones. (…)” como igualmente lo resaltó la Corte en la sentencia de unificación 395 de 2017. Respecto de esta norma constitucional debe preferirse aquella interpretación que la haga surtir efectos (efecto útil) y no la que la despoja de tal condición por el carácter normativo de la Constitución (art 4 CP).

Esta postura jurídica fue reiterada por la Corte Constitucional, en la reciente sentencia T-039 del 16 de febrero de 2018, en la cual señaló que la <<reliquidación de las pensiones deberá hacerse teniendo como ingreso base de liquidación el promedio de los ingresos percibidos por el afiliado en los diez último años de servicio, incluyendo los factores salariales sobre los cuales se realizaron efectivamente las cotizaciones>> (subraya fuera de texto).

Por los razonamientos expuestos, esta Sala de Decisión viene recogiendo el criterio que ha sido aplicado a quienes pretenden la reliquidación de la pensión, en el sentido de reconocer a todos los factores salariales devengados por el pensionado, sin impostar que sobre los mismos no se hubiere realizado aportes al sistema se seguridad social en pensiones tal cual lo ha desarrollado el Consejo de Estado en la pluricitada sentencia de unificación del 4 de agosto de 2010, dando así aplicación inmediata al precedente emitido por la Corte Constitucional, como interprete autorizada en este tipo de asuntos.

De acuerdo con lo anterior, concluye el Tribunal que las sentencias de unificación 395 de 2017 y T-039 de 2018, emanadas de la Corte Constitucional constituyen el precedente jurisprudencial que debe acatar esta corporación judicial para resolver el problema jurídico de inclusión de factores en la liquidación de la pensión reconocida en favor del demandante (…).

Ahora bien, descendiendo al caso concreto y tal como fue referido en precedencia, la parte demandante se vinculó como docente al Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio antes del 27 de junio de 2003 y que según dicha fecha de vinculación le son aplicables los presupuestos de la ley 33 de 1985, que en torno a los factores salariales fue modificada por la ley 62 de 1985, enlistados así: (…)

Bajo estos argumentos, y advirtiendo que en lo atinente a los factores salariales que deben ser tenidos en cuenta para el reconocimiento prestacional, debe atenderse aquellos que sean directamente remunerativos del servicio sobre los cuales los beneficiarios hayan realizado los correspondientes aportes o cotizaciones a las pensiones por imperativo legal, no queda más remedio para esta Colegiatura que revocar la decisión de primera instancia, puesto que el análisis elaborado por el a – quo estuvo encaminado ineludiblemente a la inclusión anterior a la adquisición del status de pensionada, empero, según obra a folio 10 en el formato único para la expedición de certificado de salario, en el recuadro de factores salariales, solamente aparece de los enlistados en la normativa arriba transcrita la asignación básica, factor salarial que en la resolución por medio de la cual fue reconocida la pensión de jubilación obrante a folio 9 y ss fue incluida.

Así las cosas, al hacer la revisión conforme a todos los presupuestos normativos y jurisprudenciales se advierte que la pensión de jubilación de la señora (…) se encuentra bien liquidada correctamente y en esas condiciones no se debe modificar con la inclusión de otros factores salariales tal como fueron enunciados por el juez de instancia, puesto que por una parte no se encuentra probado que frente aquellos se hayan realizado las respectivas cotizaciones y por otra no son de los enlistados en el marco del pluricitado artículo 1 de la ley 62 de 1985 modificatoria del artículo 3 de la ley 33 de 1985; (…)”.

Teniendo en cuenta las consideraciones expuestas por el Tribunal Administrativo de Risaralda, la Sala considera necesario destacar, que el objeto de debate en la presente acción no concierne al tiempo a tener en cuenta para efectos de determinar el ingreso base de liquidación, sino que la discusión se circunscribe específicamente a determinar si es dable que se incluyan todos los factores salariales efectivamente devengados durante el año anterior a la adquisición del estatus pensional o solamente aquellos sobre los cuales se cotizó al sistema de seguridad social, para el caso de los docentes vinculados al Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio.

Por ello, para dilucidar el problema jurídico planteado, es necesario realizar un estudio de las diferentes posiciones en torno a la liquidación pensional de los docentes en Colombia.

4.2.1. Las diferentes posturas en relación con la liquidación pensional de los docentes en Colombia

La Ley 100 de 1993, que creó el Sistema General de Seguridad Social en Colombia, y cuya principal finalidad en materia pensional fue unificar los distintos regímenes que existían en Colombia, determinó en su artículo 279, algunas excepciones en cuanto a su aplicación, dentro de las cuales incluyó a todos quienes estuvieren afiliados al Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio, creado y regido por la Ley 91 de 1989, norma ésta que sería aplicable para este sector laboral.

A su turno, la Ley 812 de 2003 en su artículo 81 señaló que quienes estuvieran vinculados en el servicio docente, a partir de la entrada en vigencia de dicha norma, ingresan a hacer parte del régimen de prima media que se encuentra establecido en la Ley 100 de 1993, modificada por la Ley 797 de 2003, cuyo precepto legal indica:

“Artículo 81. Régimen prestacional de los docentes oficiales. El régimen prestacional de los docentes nacionales, nacionalizados y territoriales, que se encuentren vinculados al servicio público educativo oficial, es el establecido para el Magisterio en las disposiciones vigentes con anterioridad a la entrada en vigencia de la presente ley.

Los docentes que se vinculen a partir de la entrada en vigencia de la presente ley, serán afiliados al Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio y tendrán los derechos pensionales del régimen pensional de prima media establecido en las Leyes 100 de 1993 y 797 de 2003, con los requisitos previstos en él, con excepción de la edad de pensión de vejez que será de 57 años para hombres y mujeres.”

De lo anterior, también es posible concluir que quienes estuvieren afiliados al Fondo de Prestaciones Sociales del Magisterio con anterioridad a la entrada en vigor de esta normativa, continuarían siendo regidos por las disposiciones de la Ley 91 de 1989. Este aspecto fue ratificado por el parágrafo transitorio 1 del Acto Legislativo 01 de 2005.

Para el caso sub examine, el actor, como aparece demostrado con los documentos que fueron aportados al momento de presentarse la demanda en ejercicio del medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho, está cobijado por las normas que regulan el Magisterio, es decir la Ley 91 de 1989, que establece:

“A partir de la vigencia de la presente Ley el personal docente nacional y nacionalizado y el que se vincule con posterioridad al 1 de enero de 1990 será regido por las siguientes disposiciones:
1.- Los docentes nacionalizados que figuren vinculados hasta el 31 de diciembre de 1989, para efectos de las prestaciones económicas y sociales, mantendrán el régimen prestacional que han venido gozando en cada entidad territorial de conformidad con las normas vigentes.
Los docentes nacionales y los que se vinculen a partir del 1 de enero de 1990, para efectos de las prestaciones económicas y sociales se regirán por las normas vigentes aplicables a los empleados públicos del orden nacional, Decretos 3135 de 1968, 1848 de 1969 y 1045 de 1978, o que se expidan en el futuro, con las excepciones consagradas en esta Ley”. (Resalta la Sala).

Acorde con lo mencionado esta Corporación ha señalado, que los docentes que se incorporaron con anterioridad a la entrada en vigor de la Ley 812 de 2003, para efectos pensionales están amparados por las Leyes 33 y 63 de 1985, y por el Decreto 1045 de 1987.

Pues bien, bajo esta premisa el Consejo de Estado también ha dejado claro que para el sector docente, la liquidación de la mesada pensional se realiza con inclusión de todos los factores que percibe el trabajador de manera habitual y periódica. Esta posición, fue descrita en los anteriores términos:

“En conclusión, conforme a las normas expuestas el salario base para la liquidación de las pensiones de los servidores públicos se encuentra constituida por todos los factores que constituyen salario, es decir, aquellas sumas que percibe el trabajador de manera habitual y periódica, como contraprestación directa por sus servicios, independientemente de la denominación que se les dé.
La anterior posición es la adoptada por esta Corporación para la solución de casos de docentes oficiales donde la demandada es la misma del presente caso, concluyendo así que tienen derecho a la reliquidación del beneficio pensional que les fuera reconocido incluyendo los factores salariales devengados durante el último año de servicios”.

Esta Sala, también recuerda que en aquellos casos en los que se incluyeron factores para liquidar la pensión sobre los cuales no se realizaron los aportes correspondientes a seguridad social, se ordenaba que, previo a efectuar la reliquidación, se hicieran efectivos los descuentos del caso.

Ahora bien, para sustentar la decisión adoptada en la sentencia cuestionada en sede constitucional, el Tribunal accionado adoptó la tesis que fue expuesta en las sentencias SU- 395 de 2017 y T – 039 de 2018, en cuyo contenido, la Corte Constitucional, además de reiterar su posición según la cual el IBL no fue objeto de transición, señaló que para efectos de liquidar las mesadas pensionales, debía tenerse en cuenta solamente aquellos factores que efectivamente fueron cotizados al sistema de seguridad social, ello en virtud del principio de eficiencia, y en concordancia con lo expuesto en el Acto Legislativo 01 de 2015.
En este orden, se observa que la providencia cuestionada realizó un análisis integral del Acto Legislativo Nº 01 de 2005, las normas que regulan el régimen pensional docente (Ley 91 de 1989, Leyes 33 y 62 de 1985) y la jurisprudencia vigente, para concluir que la liquidación de las pensiones de los servidores públicos debe incluir los factores salariales sobre los cuales se realizaron efectivamente las cotizaciones al sistema de seguridad social en pensiones, independientemente del régimen pensional al que se pertenezca.

Por lo anterior, el Tribunal accionado manifestó que, aunque en anteriores oportunidades había acogido el planteamiento del Consejo de Estado según el cual la pensión debía liquidarse con inclusión de todos los factores salariales devengados en el último año de prestación de servicios, tal y como se expresó en la sentencia de unificación del 4 de agosto de 2010; ha venido “recogiendo” tal tesis, para ahora dar aplicación a la doctrina que había sido fijada por la Corte Constitucional.

4.2.2. Solución al caso concreto

Aunque el precedente jurisprudencial es de obligatoria observancia, ello no obsta para que un operador judicial pueda apartarse del mismo, siempre y cuando lo argumente de forma transparente, razonada y clara, casos en los cuales no puede hablarse de la ocurrencia de una vía de hecho por desconocimiento del precedente.

En ese escenario, cabe reiterar que cuando existen varias interpretaciones constitucionalmente admisibles sobre un mismo tema y el operador jurídico decide aplicar una de ellas no se incurre en un defecto sustantivo o desconocimiento del precedente, por respeto a los principios constitucionales de autonomía e independencia judicial.

Por ello, es posible concluir que el Tribunal accionado, para el momento en que profirió su decisión adoptó la tesis que no había sido propugnada por esta Corporación, lo hizo en el marco de su autonomía, además de haberlo justificado en forma razonada, ya que explicó los motivos que obligaron al cambio de tesis, luego de haber hecho un estudio juicioso y pormenorizado de la jurisprudencia aplicable, que se desarrolla la normativa constitucional y legal prevista para la materia.

Es importante señalar también que aunque las situaciones fácticas que compusieron los casos estudiados por la Corte Constitucional, en la sentencia SU-395 de 2017, difieren de los planteados en la presente acción constitucional, no es menos cierto que se refieren a una misma temática como lo es la determinación de los factores salariales al momento de liquidar pensiones, además que, para el caso del Tribunal tutelado, en la sentencia que hoy se analiza, se realizó un estudio de la aplicabilidad de dicha providencia, llegando a la conclusión que sí es posible su adopción, decisión que es razonable y está igualmente amparada bajo el principio de autonomía judicial.

A esta conclusión también llegó la Subsección “A” de la Sección Segunda, que en el estudio de una acción de tutela con similares supuestos de hechos a los aquí planteados, indicó:

“(…) Ahora en lo que tiene que ver con la sentencia SU-395 de 2017, se observa que el Tribunal demandado hizo extensiva la interpretación efectuada por la Corte Constitucional en la misma, en la cual se señaló que en la liquidación de pensiones de regímenes especiales no pueden incluirse todos los factores salariales, en tanto sólo deben incorporarse aquellos sobre los cuales hayan sido realizados los aportes al sistema de seguridad social.

Posición que a juicio de la autoridad judicial accionada guarda relación con la reforma constitucional introducida a través del Acto Legislativo 01 de 2005, según la cual únicamente se tendrá en cuenta los factores sobre los cuales cada persona hubiere efectuado cotizaciones.

Así, la Subsección advierte que si bien en la sentencia SU-395 de 2017 se estudió una situación fáctica distinta a la de la referencia, que consistió en determinar si el régimen de transición pensional permitía la aplicación del concepto de monto pensional del régimen especial anterior, con la inclusión de la totalidad de los factores salariales devengados en el último año de servicio, en el ejercicio de su autonomía judicial y conforme a los criterios de la sana crítica, luego de realizar un estudio detallado del asunto puesto en su conocimiento, consideró apropiado aplicar los mismos lineamientos al caso de la accionante, bajo el entendido de que ambos asuntos se rigen por las Leyes 33 y 62 de 1985.

De esta forma, la Subsección encuentra que el Tribunal Administrativo de Risaralda expuso las razones por las cuales no podían incluirse los factores salariales reclamados por la señora Amparo Cardona Londoño al momento de efectuar la reliquidación de su pensión de jubilación. (…)” (Negrilla y subrayado fuera de texto).

Ahora bien, esta Subsección estima pertinente señalar que el Consejo de Estado – Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, mediante sentencia de unificación jurisprudencial del 28 de agosto de 2018, realizó una nueva interpretación sobre la inclusión de los factores salariales dentro del Ingreso Base de Liquidación, con el fin de calcular el monto de la pensión de jubilación. En este sentido, aunque la primera regla no le es aplicable al personal docente, también es cierto que la referida providencia no excluyó a los a los régimen exceptuados de la aplicación de la segunda regla, motivo por el que las autoridades judiciales, dentro de su autonomía judicial, pueden referirse a la posibilidad de extenderse a la totalidad de los servidores públicos; así dicho criterio preceptúa:

“(…)

96. La segunda subregla es que los factores salariales que se deben incluir en el IBL para la pensión de vejez de los servidores públicos beneficiarios de la transición son únicamente aquellos sobre los que se hayan efectuado los aportes o cotizaciones al Sistema de Pensiones.

97. Esta subregla se sustenta en el artículo 1° de la Constitución Política que consagra el principio de solidaridad como uno de los principios fundamentales del Estado Social de Derecho.

98. El artículo 48 constitucional define la Seguridad Social como “un servicio público de carácter obligatorio que se prestará bajo la dirección, coordinación y control del Estado, en sujeción a los principios de eficiencia, universalidad y solidaridad, en los términos que establezca la Ley”. El legislador (artículo 2 de la Ley 100 de 1993) explica este principio como “[…] la práctica de la mutua ayuda entre las personas, las generaciones, los sectores económicos, las regiones y las comunidades bajo el principio del más fuerte hacia el más débil”.

99. La interpretación de la norma que más se ajusta al artículo 48 constitucional es aquella según la cual en el régimen general de pensiones, previsto en la Ley 33 de 1985, solo los factores sobre los que se haya realizado el aporte o cotización pueden incluirse como elemento salarial en la liquidación de la mesada pensional.

100. De conformidad con el Acto Legislativo 01 de 2005 por el cual se adiciona el artículo 48, para adquirir el derecho a la pensión será necesario cumplir con la edad, el tiempo de servicio y las semanas de cotización. Para la liquidación de las pensiones sólo se tendrán en cuenta los factores sobre los cuales cada persona hubiere efectuado las cotizaciones.

101. A juicio de la Sala Plena, la tesis que adoptó la Sección Segunda de la Corporación, en la sentencia de unificación del 4 de agosto de 2010, según la cual el artículo 3 de la Ley 33 de 1985 no señalaba en forma taxativa los factores salariales que conforman la base de liquidación pensional, sino que los mismos estaban simplemente enunciados y no impedían la inclusión de otros conceptos devengados por el trabajador durante el último año de prestación de servicio, va en contravía del principio de solidaridad en materia de seguridad social. La inclusión de todos los factores devengados por el servidor durante el último año de servicios fue una tesis que adoptó la Sección Segunda a partir del sentido y alcance de las expresiones “salario” y “factor salarial”, bajo el entendido que “constituyen salario todas las sumas que habitual y periodicamente recibe el empleado como retribución por sus servicios” con fundamento, además, en los principios de favorabilidad en materia laboral y progresividad; sin embargo, para esta Sala, dicho criterio interpretativo traspasa la voluntad del legislador, el que, por virtud de su libertad de configuración enlistó los factores que conforman la base de liquidación pensional y a ellos es que se debe limitar dicha base.

102. La Sala Plena de lo Contencioso Administrativo considera que el tomar en cuenta solo los factores sobre los que se han efectuado los aportes, no afecta las finanzas del sistema ni pone en riesgo la garantía del derecho irrenunciable a la pensión del resto de habitantes del territorio colombiano, cuya asegurabilidad debe el Estado, en acatamiento de los principios constitucionales de universalidad y eficiencia.

103. Por el contrario, con esta interpretación (i) se garantiza que la pensión de los beneficiarios de la transición se liquide conforme a los factores sobre los cuales se ha cotizado; (ii) se respeta la debida correspondencia que en un sistema de contribución bipartita debe existir entre lo aportado y lo que el sistema retorna al afiliado y (iii) se asegura la viabilidad financiera del sistema (…)”.

Conforme con lo anterior, se debe señalar que para el caso objeto de estudio no es posible aplicar las reglas jurisprudenciales establecidas por la Sala Plena de esta Corporación, pues la sentencia de segunda instancia dictada por el Tribunal Administrativo de Risaralda y que se cuestiona en sede de tutela, fue proferida con anterioridad a la expedición de la referida sentencia de unificación.

Sin embargo, es necesario aclarar que el nuevo criterio asumido por el Consejo de Estado en la referida sentencia de unificación, no es ajeno al análisis jurídico desarrollado por el Tribunal Administrativo de Risaralda en la sentencia acusada y obedece a un estudio juicioso de la normativa y la jurisprudencia que regula el tema de los factores salariales que se deben incluir en el IBL.

No obstante, no se puede desconocer que si bien, para el momento en que el Tribunal expidió su providencia, no se encontraba vigente la sentencia de esta Corporación, también es cierto que en el caso el sub examine, la autoridad judicial desató la controversia con base en los criterios existentes al tiempo de dictar la respectiva decisión y en ejercicio de los principios de independencia y autonomía funcional explicó de manera suficiente y razonada los motivos de hecho y derecho por los cuales se acogió la postura de la Corte Constitucional y se apartó de la tesis que existía en el Consejo de Estado (Sentencia de 4 de agosto de 2010).

Lo anterior no quiere decir que la posición de la Corte Constitucional debe prevalecer sobre la del máximo Tribunal de lo Contencioso Administrativo, pero la tutela no es el mecanismo idóneo para dictar pautas de hermenéutica jurídica y fijar criterios jurisprudenciales únicos, en asuntos respecto de los cuales existen diversas posturas, para el momento de su resolución.

Así las cosas, esta Sala considera que no le asiste razón al a quo en su argumentación, pues se observa que el Tribunal Administrativo de Risaralda en ejercicio de su autonomía acogió el criterio jurisprudencial de la Corte Constitucional sobre la determinación de los factores salariales al momento de liquidar pensiones y, argumento suficientemente las razones para “recoger” las tesis que venía desarrollando en aplicación de lo dispuesto por esta Corporación.

En conclusión, como la autoridad judicial accionada expuso las razones por las cuales acogía los criterios indicados por la Corte Constitucional en la sentencia SU-395 de 2017, para la Sala no se configura una vía de hecho por desconocimiento del precedente, en atención a que, en virtud de la autonomía e independencia para adoptar las decisiones judiciales, podía acoger una de las posiciones válidas expuestas por las Altas Corporaciones.

III. DECISIÓN

En atención a las consideraciones anteriormente expuestas, la Sala revocará la sentencia de 13 de diciembre de 2018 proferida por el Consejo de Estado – Sección Quinta, que accedió al amparo de los derechos fundamentales invocados por el accionante y, en su lugar, se negará la solicitud de tutela formulada por el apoderado del señor José Gabriel Orozco Betancur.

En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Segunda, Subsección B, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la Ley,

FALLA

PRIMERO. REVOCAR la sentencia de 13 de diciembre de 2018, proferida por el Consejo de Estado – Sección Quinta, que accedió a la protección de los derechos fundamentales invocados por el accionante, por las razones expuestas en la parte motiva de esta providencia.

SEGUNDO. NEGAR el amparo de tutela interpuesto por el señor José Gabriel Orozco Betancur, a través de apoderado, contra el Tribunal Administrativo de Risaralda, por los motivos señalados en esta decisión.

CÓPIESE, COMUNÍQUESE, NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE

Remítase a la Corte Constitucional para su eventual revisión. Envíese copia de esta providencia al despacho de origen.

Esta providencia fue discutida y aprobada por la Sala en sesión de la fecha.

CÉSAR PALOMINO CORTÉS

SANDRA LISSET IBARRA VÉLEZ CARMELO PERDOMO CUÉTER
Folios 1 - 6
(asignación básica, auxilio de transporte, subsidio de alimentación, prima de vacaciones y prima de navidad entre otros)
Radicado Nº 0112-2009
El actor menciona las siguientes providencias: “sentencia del 8 de febrero de 2018, C.P: Rocío Araújo Oñate, Sección Quinta Exp. 11001-03-15-000-2017-03146-00; sentencia del 10 de mayo de 2018, C.P. Stella Jeannette Carvajal Basto, Sección Cuarta Exp. 11001-03-15-000-2018-0518-00 confirmada por la Sección Quinta; sentencia del 19 de julio de 2018, C.P: Hernán Sánchez Sánchez, Sección Primera, Exp. 11001-03-15-000-2018-01861-00.”
Folio 20 del expediente.
Folios 20
Folio 21
Folios 22 - 23
Folio 29 - 34
Folios 32 - 35
Folios 39 - 40
Folio 36
Folios 52 - 61
Folio 68 - 70
Al respecto ver, entre otras, sentencias T-573 de 1997, T-567 de 1998, T-001 de 1999, T-377 de 2000, T-1009 de 2000, T-852 de 2002, T-453 de 2005, T-061 de 2007, T-079 de 1993,T-231 de 1994, T-001 de 1999, T-814 de 1999,T-522 de 2001, T-842 de 2001, SU-159 de 2002, T-462 de 2003,T-205 de 2004, T-701 de 2004, T-807 de 2004, T-1244 de 2004, T-056 de 2005, T-189 de 2005, T-800 de 2006, T-061 de 2007, T-018 de 2008, T-051 de 2009, T-060 de 2009, T-066 de 2009, T-889 de 2011, T- 010 de 2012, T- 1090 de 2012, T-074 de 2012, T- 399 de 2013, T-482 de 2013, T- 509 de 2013, , T- 254 de 2014, T- 941 de 2014 y T-059 de 2015.
Sentencia de unificación por importancia jurídica, proferida por la Sala Plena de lo Contencioso Administrativo el 5 de agosto de 2014. M.P: Jorge Octavio Ramírez Ramírez. Exp. n. º 11001-03-15-000-2012-02201-01 (IJ) Demandante: Alpina Productos Alimenticios S.A.
Sentencias T-352 de 2012, T-103 de 2014, T-125 de 2012, entre otras.
Sentencia de 11 de julio de 2013, M.P. Luis Ernesto Vargas Silva.
Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo, artículo 250.
Radicado Nº 0112-2009
“El Sistema Integral de Seguridad Social contenido en la presente Ley no se aplica a los miembros de las Fuerzas Militares y de la Policía Nacional, ni al personal regido por el Decreto ley 1214 de 1990, con excepción de aquel que se vincule a partir de la vigencia de la presente Ley, ni a los miembros no remunerados de las Corporaciones Públicas. Así mismo, se exceptúa a los afiliados al Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio, creado por la Ley 91 de 1989, cuyas prestaciones a cargo serán compatibles con pensiones o cualquier clase de remuneración. Este Fondo será responsable de la expedición y pago de bonos pensionales en favor de educadores que se retiren del servicio, de conformidad con la reglamentación que para el efecto se expida.

“Parágrafo transitorio 1º. El régimen pensional de los docentes nacionales, nacionalizados y territoriales, vinculados al servicio público educativo oficial es el establecido para el Magisterio en las disposiciones legales vigentes con anterioridad a la entrada en vigencia de la Ley 812 de 2003, y lo preceptuado en el artículo 81 de esta. Los docentes que se hayan vinculado o se vinculen a partir de la vigencia de la citada ley, tendrán los derechos de prima media establecidos en las leyes del Sistema General de Pensiones, en los términos del artículo 81 de la Ley 812 de 2003”.
Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Segunda, Subsección “B”, Consejero ponente: Gerardo Arenas Monsalve Bogotá D.C., trece (13) de noviembre de dos mil catorce (2014). Radicación número: 15001-23-33-000-2012-00170-01(3008-13).
Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Segunda, Subsección “B”, Consejera Ponente: Sandra Lisset Ibarra Vélez, Bogotá D. C., 9 de marzo del 2017, Expediente: 680012331000201200148 01
consejo de Estado. Sala de lo Contencioso Administrativo. Sección Segunda. Subsección B. Consejero Ponente: Víctor Hernando Alvarado Ardila. Bogotá, D.C., 7 de abril del 2011. Radicación número: 150012331000200602942 01 (1739-2010). Demandante: Gloria Stella Ulloa Ulloa. Demandado: Caja Nacional de Previsión Social (CAJANAL); y Consejo de Estado. Sala de lo Contencioso Administrativo. Sección Segunda. Subsección A. Consejero Ponente: Gustavo Eduardo Gómez Aranguren. Bogotá, D.C., 25 de noviembre del 2010. Radicación número: 73001-23-31-000-2007-00146-01(0465-09). Actor: Heliodoro Arguelles Ochoa. Demandado: Caja Nacional de Previsión Social – CAJANAL.
Ibídem
M.P. Luis Guillermo Guerrero Pérez
M.P. Gloria Stella Ortíz Delgado
En similares circunstancias fácticas, la Sala arribó a esta conclusión, para tal efecto ver: Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Segunda, Subsección B, Bogotá D.C., 9 de abril de 2018, C.P. César Palomino Cortés, expediente No. 11001-03-15-000-2018-00387-00.
Consejo de Estado,Sala de lo Contencioso Administrativo,Sección Segunda, Subsección A, Consejero Ponente: William Hernández Gómez, Bogotá D.C., quince (15) de marzo de dos mil dieciocho (2018),Radicación: 11001-03-15-000-2018-00385-00
Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, Consejero Ponente: César Palomino Cortés, Bogotá D.C., 28 de agosto de 2018, expediente: 52001-23-33-000-2012-00143-01, Demandante: Gladis del Carmen Guerrero de Montenegro, Demandado: Caja Nacional de Previsión Social E.I.C.E. En Liquidación; Asunto: Sentencia de unificación de jurisprudencia. Criterio de interpretación sobre el artículo 36 de la Ley 100 de 1993.

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