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Consejo de Estado · Sección Primera

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Primera, radicado 11001-03-15-000-2018-03892-01

Acción de tutela contra providencia judicial

Fecha
21 de febrero de 2019
Consejero ponente
Hernando Sánchez Sánchez (e)

01Lo que resolvió

Ficha de la providencia

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Primera, radicado 11001-03-15-000-2018-03892-01

Consejo de Estado · Sección Primera

Parte resolutiva

RESUELVE PRIMERO: REVOCAR la sentencia de 21 de noviembre de 2018, proferida por la Sección Quinta del Consejo de Estado y, en su lugar, se dispone: AMPARAR los derechos fundamentales invocados por el señor JUAN MANUEL NARVÁEZ NARVÁEZ, de conformidad con lo expuesto en la parte motiva de esta providencia; en consecuencia, se ordena DEJAR SIN EFECTO la sentencia de 12 de julio de 2018, proferida dentro del proceso de nulidad y restablecimiento del derecho identificado con el número único de radicación 2015-00106-01 y se ordena a la Sección Segunda -Subsección “E”- del Tribunal Administrativo de Cundinamarca que, dentro del término máximo de diez (10) días, contados a partir de la ejecutoria de esta providencia, profiera una nueva decisión teniendo en cuenta los lineamientos señalados en la parte motiva de esta providencia. SEGUNDO: Notificar a las partes por el medio más expedito y eficaz. TERCERO: REMITIR el expediente a la Corte Constitucional para su eventual revisión.

02Texto de la providencia

República de Colombia

Consejo de Estado

Sección Primera

Radicado 11001-03-15-000-2018-03892-01

Consejero ponente: Hernando Sánchez Sánchez (e)

21 de febrero de 2019

ACCIÓN DE TUTELA CONTRA PROVIDENCIA JUDICIAL / MEDIO DE CONTROL DE NULIDAD Y RESTABLECIMIENTO DEL DERECHO / SOLICITUD DE REINTEGRO AL CARGO / DESCONOCIMIENTO DEL PRECEDENTE - Indebida aplicación del precedente jurisprudencial contenido en la sentencia SU- 556 de 2014 proferida por la Corte Constitucional / VULNERACIÓN DE LOS DERECHOS FUNDAMENTALES AL DEBIDO PROCESO, A LA IGUALDAD Y A LA DIGNIDAD HUMANA

En el caso objeto de análisis, la Sala observa que no resultaba razonable exigir la aplicación de los límites indemnizatorios previstos en la sentencia SU-556 de 2014, pues se trataba de un uniformado que fue retirado del servicio por causa de la disminución en su capacidad física. Para la Sala, en el presente caso, a diferencia de lo sostenido por el a quo, la regla jurisprudencial establecida en la sentencia SU-556 de 2014, con respecto a los descuentos de lo percibido por la parte actora por concepto de salarios recibidos en otras entidades privadas o públicas, independiente o dependiente, no es aplicable al caso concreto, toda vez que sobre la materia la Sala Plena del Consejo de Estado ha señalándola improcedencia de los realizar los citados descuentos y en ese orden es vinculante para esta Sección. Con base en lo anteriormente expuesto, para la Sala el Tribunal Administrativo del Meta vulneró los derechos fundamentales a la igualdad y al debido proceso de la parte actora, al haber ordenado descontar al monto de la indemnización las sumas que por cualquier concepto laboral, público o privado, independiente o dependiente, haya recibido el actor, teniendo en cuenta, que la ratio decidendi establecida en las sentencias proferidas por la Sala Plena del Consejo de Estado del Consejo de Estado expuestas sobre el tema en la consideración jurídica núm. 94 del presente fallo, señalaron la improcedencia de realizar los descuentos, toda vez que: El restablecimiento del derecho se traduce en la indemnización de perjuicios derivados del acto administrativo de retiro del servicio, indemnización que corresponde a título de daño. Por último, con respecto al segundo problema jurídico resuelto por esta Sala, existió una indebida aplicación del precedente jurisprudencial contenido en la sentencia SU- 556 de 2014 proferida por la Corte Constitucional, respecto a los montos ordenados a descontar en virtud, de las sumas que por cualquier concepto laboral, público o privado, independiente o dependiente, se hayan recibido, toda vez que para el caso concreto existían precedentes vinculantes como lo son las sentencia proferidas por la Sala Plena de lo Contencioso Administrativo del Consejo de Estado, los cuales fueron desconocidos por el Tribunal accionado. Como quiera que en este caso se trata de supuestos similares, y en aras de salvaguardar los derechos alegados por el actor que, como quedó visto, se encuentra en condiciones idénticas a la estudiada en párrafos anteriores, la Sala prohíja las consideraciones antes transcritas para reiterarlas, por resultar enteramente aplicables al caso sub lite, y en ese orden de ideas, revocará la decisión de 21 de noviembre de 2018, proferida por la Sección Quinta, que negó el amparo solicitado y, en su lugar, se dispondrá su protección, en el sentido de dejar sin efecto la sentencia de 12 de julio de 2018, proferida dentro del proceso de nulidad y restablecimiento del derecho identificado con el número único de radicación 2015-00106-01 y ordenar a la Sección Segunda -Subsección E- del Tribunal Administrativo de Cundinamarca que, dentro del término máximo de diez (10) días, contados a partir de la ejecutoria de esta providencia, profiera una nueva decisión teniendo en cuenta los lineamientos señalados en la parte motiva de esta providencia.

CONSEJO DE ESTADO

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCIÓN PRIMERA

Consejero ponente (e): HERNANDO SÁNCHEZ SÁNCHEZ

Bogotá, D. C., veintiuno (21) de febrero de dos mil diecinueve (2019)

Radicación número: 11001-0315-000-2018-03892-01(AC)

Actor: JUAN MANUEL NARVÁEZ NARVÁEZ

Demandado: CONSEJO DE ESTADO, SECCIÓN QUINTA

ACCIÓN DE TUTELA

TESIS: SE REVOCA LA PROVIDENCIA IMPUGNADA. LA AUTORIDAD JUDICIAL ACCIONADA NO HA DEBIDO EMPLEAR LOS LÍMITES INDEMNIZATORIOS ESTABLECIDOS POR LA CORTE CONSTITUCIONAL EN LAS SENTENCIAS SU-556 DE 2014 Y SU-053 DE 2015, POR CUANTO SE TRATABA DE UN UNIFORMADO QUE FUE RETIRADO DEL SERVICIO POR DISMINUCIÓN EN SU CAPACIDAD FÍSICA, ASÍ COMO TAMPOCO LOS DESCUENTOS PRESTACIONALES.

DERECHOS FUNDAMENTALES: EL DEBIDO PROCESO, A LA IGUALDAD Y A LA DIGNIDAD HUMANA.

La Sala procede a decidir la impugnación interpuesta por el actor, contra la sentencia de 21 de noviembre de 2018, proferida por la Sección Quinta del Consejo de Estado, que denegó el amparo solicitado.

ANTECEDENTES

I.1 La Solicitud

El señor JUAN MANUEL NARVÁEZ NARVÁEZ, obrando mediante apoderado especial, instauró acción de tutela para obtener el amparo de sus derechos fundamentales al debido proceso, a la igualdad y a la dignidad humana, los que considera vulnerados por la Sección Segunda -Subsección “E”- del Tribunal Administrativo de Cundinamarca, con ocasión de la providencia de 12 de julio de 2018, proferida dentro del medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho identificado con el número único de radicación. 2015-00106-01, promovido por el actor contra la NACIÓN - MINISTERIO DE DEFENSA - POLICÍA NACIONAL.

I.2.- Hechos

Señaló que el 14 de enero de 2008, ingresó a la Escuela Nacional de Carabineros de la Policía Nacional. Posteriormente, el 16 de octubre de 2009 en desarrollo de actividades propias del servicio, fue víctima de un accidente de tránsito en el que se le ocasionó una fractura total del fémur derecho, quedando con una platina y ocho tornillos por dentro de la pierna y una cicatriz de 25 cm.

Manifestó que el 22 de julio de 2013 se le practicó la Junta Médico Laboral, en la que fue declarado apto para el servicio y no se le determinó ninguna clase de disminución de su capacidad laboral.

Adujo que el 20 de junio de 2014, el Tribunal Médico Laboral de Revisión Militar y de Policía, modificó dicho resultado y dictaminó el 10% de su capacidad laboral y lo declaró no apto para la actividad policial.

Sostuvo que de conformidad con lo anterior, la Institución Castrense expidió la Resolución 03153 de 6 de agosto de 2014, por medio de la cual se ordenó su retiro del servicio activo por disminución de la capacidad psicofísica.

En desacuerdo con lo anterior, adujo que, por conducto de apoderado judicial, presentó demanda en ejercicio del medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho contra la Policía Nacional, con el fin que se declarara la nulidad de la citada resolución y se ordenara su reintegro al cargo que venía desempeñando junto con el pago de los emolumentos económicos que dejo de percibir.

Indicó que dicha demanda le correspondió por reparto al Juzgado Veinticinco Administrativo del Circuito de Bogotá, que en sentencia de 4 de octubre de 2016, accedió a las pretensiones de la demanda, razón por la que la parte allí accionada interpuso recurso de apelación, el cual fue resuelto por el Tribunal en providencia de 12 de julio de 2018, que confirmó parcialmente lo dispuesto por el a quo.

Aseguró que la autoridad judicial accionada erró al no condenar a la Policía Nacional a cancelar todos los salarios y prestaciones dejadas de percibir desde la fecha de retiro hasta cuando se hiciese efectivo el reintegro, máxime si se tiene en cuenta que su retiro obedeció a una violación a la estabilidad laboral reforzada de la cual era beneficiario. Como sustento de lo anterior, trajo a colación las sentencias de 11 de septiembre y 4 de octubre de 2017, proferidas respectivamente por esta Corporación dentro de las acciones de tutela identificadas con los números únicos de radicación 2017-01166-01 y 2017-02110-00, en las que se trataron asuntos similares al suyo y las decisiones fueron favorables a los intereses de los allí demandantes.

I.3.- Pretensiones

El actor solicitó el amparo de sus derechos fundamentales invocados como violados y, en consecuencia, que se deje sin efecto la providencia de 12 de julio de 2018, proferida por el Tribunal dentro del proceso de nulidad y restablecimiento del derecho identificado con el número único de radicación 2015-00106-01, en los siguientes términos:

“[…] 1. Tutelar los derechos fundamentales a la igualdad, debido proceso y precedente judicial con fundamento en el artículo 86 de la Constitución Nacional y en consecuencia ordenar a la accionada el TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DE CUNDINAMARCA, deje sin efectos el fallo que profirió en la sentencia de segunda instancia núm. 168 de 12 de julio de 2018, dentro del proceso de nulidad y restablecimiento del derecho radicado 2015-00106-01, en lo referente a limitar el monto de indemnización a máximo 24 meses y en su lugar, profiera una decisión de reemplazo en donde no aplique los límites mínimos y máximos de los montos a reconocer determinados en la sentencia SU-556 de 2014.

2. Que el pago de salarios y prestaciones dejadas de percibir sea desde la fecha de retiro es decir a partir del 6 de agosto de 2014 hasta cuando se haga efectivo su reintegro.

[…]”.

I.4.- Defensa

I.4.1.- El Tribunal solicitó que se niegue el amparo solicitado.

Indicó que en cuanto a la transgresión de los derechos invocados por el actor al ordenarse los descuentos que por cualquier concepto recibió durante el período de desvinculación como retribución por su naturaleza pública o privada, tal decisión se acompasa con los parámetros fijados por la Corte Constitucional en la sentencia de unificación 556 de 24 de julio de 2014.
I.4.2.- La Policía Nacional solicitó que se denieguen las pretensiones de la demanda.

Señaló que lo pretendido por el actor en la acción constitucional de la referencia es desconocer el precedente jurisprudencial establecido en la mencionada sentencia de unificación, respecto de los límites indemnizatorios fijados para reconocer el pago de salarios y prestaciones dejados de percibir desde la fecha de retiro hasta el reintegro.

II. FUNDAMENTOS DEL FALLO IMPUGNADO

La Sección Quinta, mediante sentencia de 21 de noviembre de 2018, denegó el amparo solicitado.

Sostuvo que el Tribunal aplicó de manera acertada los topes indemnizatorios establecidos en la sentencia SU-556 de 2014, extensibles a los miembros de la Policía Nacional de conformidad con lo dispuesto en la providencia SU-053 de 12 de febrero de 2015, proferidas por la Corte Constitucional.

Indicó que las providencias de unificación emanadas de la Alta Corte resultan vinculantes en la labor judicial, dado que tal corporación es la encargada de fijar el alcance de los derechos fundamentales de los administrados.

Sostuvo que, el argumento relacionado con que las reglas fijadas en la sentencia SU-053 de 2015, no aplica para aquellos casos en los que el retiro de la institución fue consecuencia de la disminución laboral, es una mera apreciación del actor, dado que en dicha providencia no se fijaron sub-reglas.

III. FUNDAMENTOS DE LA IMPUGNACIÓN

El actor reiteró los argumentos expuestos en el escrito de tutela y solicitó que se revoque la decisión proferida por la Sección Quinta y, en su lugar, se acceda a las pretensiones de la acción constitucional de la referencia.

Aseguró que las sentencias de unificación traídas a colación por el a quo no son aplicables a su caso en particular, toda vez que la que data del año 2014, se refiere a empleados en provisionalidad que fueron retirados sin motivación alguna, mientras que el cargo que ostentaba era en propiedad.

Respecto de las consideraciones expuestas en la sentencia SU-053 de 2015, sostuvo que aquellas solo son aplicables a los miembros de la Fuerza Pública que fueron reintegrados al servicio por haber sido retirados discrecionalmente y cuyos actos administrativos que disponían el retiro no habían sido motivados, escenario distinto toda vez que su desvinculación obedeció a la disminución de su capacidad laboral, transgrediendo sus derechos al debido proceso y a la estabilidad laboral reforzada.

IV. CONSIDERACIONES DE LA SALA

Un primer aspecto que interesa resaltar, es que la Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, en sentencia de 31 de julio de 2012 (Expediente núm. 2009-01328, Actora: Nery Germania Álvarez Bello, Consejera ponente doctora María Elizabeth García González), en un asunto que fue asumido por importancia jurídica y con miras a unificar la jurisprudencia, consideró que es procedente la acción de tutela contra providencias judiciales, cuando se esté en presencia de la violación de derechos constitucionales fundamentales, debiéndose observar al efecto los parámetros fijados hasta el momento jurisprudencialmente.

En sesión de 23 de agosto de 2012, la Sección Primera adoptó como parámetros jurisprudenciales a seguir, los señalados en la sentencia C-590 de 8 de junio de 2005, proferida por la Corte Constitucional, sin perjuicio de otros pronunciamientos que esta Corporación o aquella elaboren sobre el tema, lo cual fue reiterado en la sentencia de unificación de 5 de agosto de 2014, de la Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, con ponencia del Consejero Jorge Octavio Ramírez Ramírez (Expediente núm. 2012-02201-01).

En la mencionada sentencia la Corte Constitucional señaló los requisitos generales y especiales para la procedencia de la acción de tutela contra providencia judicial, así:

“[…] Los requisitos generales de procedencia de la acción de tutela contra decisiones judiciales son los siguientes:

a. Que la cuestión que se discuta resulte de evidente relevancia constitucional. Como ya se mencionó, el juez constitucional no puede entrar a estudiar cuestiones que no tienen una clara y marcada importancia constitucional so pena de involucrarse en asuntos que corresponde definir a otras jurisdicciones. En consecuencia, el juez de tutela debe indicar con toda claridad y de forma expresa porqué la cuestión que entra a resolver es genuinamente una cuestión de relevancia constitucional que afecta los derechos fundamentales de las partes.

b. Que se hayan agotado todos los medios -ordinarios y extraordinarios- de defensa judicial al alcance de la persona afectada, salvo que se trate de evitar la consumación de un perjuicio iusfundamental irremediable.  De allí que sea un deber del actor desplegar todos los mecanismos judiciales ordinarios que el sistema jurídico le otorga para la defensa de sus derechos.  De no ser así, esto es, de asumirse la acción de tutela como un mecanismo de protección alternativo, se correría el riesgo de vaciar las competencias de las distintas autoridades judiciales, de concentrar en la jurisdicción constitucional todas las decisiones inherentes a ellas y de propiciar un desborde institucional en el cumplimiento de las funciones de esta última.

c. Que se cumpla el requisito de la inmediatez, es decir, que la tutela se hubiere interpuesto en un término razonable y proporcionado a partir del hecho que originó la vulneración. De lo contrario, esto es, de permitir que la acción de tutela proceda meses o aún años después de proferida la decisión, se sacrificarían los principios de cosa juzgada y seguridad jurídica ya que sobre todas las decisiones judiciales se cerniría una absoluta incertidumbre que las desdibujaría como mecanismos institucionales legítimos de resolución de conflictos.

d. Cuando se trate de una irregularidad procesal, debe quedar claro que la misma tiene un efecto decisivo o determinante en la sentencia que se impugna y que afecta los derechos fundamentales de la parte actora.  No obstante, de acuerdo con la doctrina fijada en la Sentencia C-591-05, si la irregularidad comporta una grave lesión de derechos fundamentales, tal como ocurre con los casos de pruebas ilícitas susceptibles de imputarse como crímenes de lesa humanidad, la protección de tales derechos se genera independientemente de la incidencia que tengan en el litigio y por ello hay lugar a la anulación del juicio.

e. Que la parte actora identifique de manera razonable tanto los hechos que generaron la vulneración como los derechos vulnerados y que hubiere alegado tal vulneración en el proceso judicial siempre que esto hubiere sido posible.  Esta exigencia es comprensible pues, sin que la acción de tutela llegue a rodearse de unas exigencias formales contrarias a su naturaleza y no previstas por el constituyente, sí es menester que el actor tenga claridad en cuanto al fundamento de la afectación de derechos que imputa a la decisión judicial, que la haya planteado al interior del proceso y que dé cuenta de todo ello al momento de pretender la protección constitucional de sus derechos.

f. Que no se trate de sentencias de tutela.  Esto por cuanto los debates sobre la protección de los derechos fundamentales no pueden prolongarse de manera indefinida, mucho más si todas las sentencias proferidas son sometidas a un riguroso proceso de selección ante esta Corporación, proceso en virtud del cual las sentencias no seleccionadas para revisión, por decisión de la sala respectiva, se tornan definitivas.

Ahora, además de los requisitos generales mencionados, para que proceda una acción de tutela contra una sentencia judicial es necesario acreditar la existencia de requisitos o causales especiales de procedibilidad, las que deben quedar plenamente demostradas. En este sentido, como lo ha señalado la Corte, para que proceda una tutela contra una sentencia se requiere que se presente, al menos, uno de los vicios o defectos que adelante se explican.

a. Defecto orgánico, que se presenta cuando el funcionario judicial que profirió la providencia impugnada, carece, absolutamente, de competencia para ello.

b. Defecto procedimental absoluto, que se origina cuando el juez actuó completamente al margen del procedimiento establecido.

c. Defecto fáctico, que surge cuando el juez carece del apoyo probatorio que permita la aplicación del supuesto legal en el que se sustenta la decisión.

d. Defecto material o sustantivo, como son los casos en que se decide con base en normas inexistentes o inconstitucionales o que presentan una evidente y grosera contradicción entre los fundamentos y la decisión.

f. Error inducido, que se presenta cuando el juez o tribunal fue víctima de un engaño por parte de terceros y ese engaño lo condujo a la toma de una decisión que afecta derechos fundamentales.

g. Decisión sin motivación, que implica el incumplimiento de los servidores judiciales de dar cuenta de los fundamentos fácticos y jurídicos de sus decisiones en el entendido que precisamente en esa motivación reposa la legitimidad de su órbita funcional.

h. Desconocimiento del precedente, hipótesis que se presenta, por ejemplo, cuando la Corte Constitucional establece el alcance de un derecho fundamental y el juez ordinario aplica una ley limitando sustancialmente dicho alcance. En estos casos la tutela procede como mecanismo para garantizar la eficacia jurídica del contenido constitucionalmente vinculante del derecho fundamental vulnerado.

i. Violación directa de la Constitución […]”. (Resaltado fuera del texto original).

De acuerdo con los parámetros planteados en el acápite anterior, la Sala entrará a examinar el cumplimiento de los requisitos generales de procedencia de la acción de tutela contra providencias judiciales, según la jurisprudencia trazada por la Corte Constitucional, acogida por la Sala Plena de esta Corporación.

En el caso bajo examen, la Sala advierte que la acción de tutela cumple con los requisitos generales que exige la sentencia C-590 del 2005, para la procedencia de la acción de tutela contra providencia judicial, dado que:

i) Es evidente que la cuestión que se discute reviste relevancia constitucional;

ii) Cumplió con el principio de inmediatez - ;

iii) No existen medios ordinarios y/o extraordinarios de defensa judicial eficaces y eficientes con los cuales la accionante pueda lograr la protección de los derechos invocados;
iv) Por no invocar la acción de tutela un defecto procedimental no es necesario hacer un análisis de este requisito;

v) La actora identificó los hechos y los derechos cuya vulneración alega; y

vi) No se trata de una acción de tutela contra sentencia de tutela.

En el presente caso, como ya se indicó, el señor JUAN MANUEL NARVÁEZ NARVÁEZ pretende que se deje sin efecto la sentencia de 12 de julio de 2018, proferida por el Tribunal, dentro del medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho identificado con el número único de radicación. 2015-00106-01, promovido contra la NACIÓN - MINISTERIO DE DEFENSA - POLICÍA NACIONAL.

A la citada providencia se le atribuye la vulneración de los derechos fundamentales al debido proceso, a la igualdad y a la dignidad humana, porque, a juicio del actor, la autoridad judicial accionada incurrió en desconocimiento del precedente jurisprudencial, por cuanto erró al no condenar a la Policía Nacional a cancelar todos los salarios y prestaciones dejadas de percibir desde la fecha de retiro hasta cuando se hiciese efectivo el reintegro, aun cuando su despido obedeció a una violación a la estabilidad laboral reforzada de la cual era beneficiario.

La presente acción de tutela fue resuelta en primera instancia por la Sección Quinta, que mediante sentencia de 21 de noviembre de 2018 denegó el amparo solicitado, debido a que consideró que el Tribunal aplicó de manera acertada los topes indemnizatorios establecidos en la sentencia SU-556 de 2014, extensibles a los miembros de la Policía Nacional de acuerdo con lo dispuesto en la SU-053 de 12 de febrero de 2015, proferidas por la Corte Constitucional.

En tales circunstancias, a la Sala le corresponde determinar si en el caso sub examine la autoridad judicial accionada incurrió en los defectos alegados.

Al revisar el fallo objeto de tutela, la Sala advierte que el Tribunal al comprobar la indebida motivación del acto de retiro del señor JUAN MANUEL NARVÁEZ NARVÁEZ, confirmó la decisión del a quo, que declaró la nulidad de la Resolución 03153 de 2014 y ordenó su reintegro. Sin embargo, modificó y adicionó el fallo de primer grado en lo concerniente al monto indemnizatorio que se le debía reconocer acorde con lo establecido en la sentencia SU-556 de 2014. En efecto, sostuvo lo siguiente:

“[…] Atendiendo dicha situación fáctica, considera la Sala que si bien la decisión de retirar al demandante por la causal de disminución sicofísica, tuvo como fundamento el concepto desfavorable de reubicación emitido por el Tribunal Médico Laboral de Revisión Militar y de Policía, esa motivación resulta insuficiente, en la medida que no se acompasa con las condiciones que la Corte Constitucional ha dispuesto para aceptar que el derecho que tienen esas personas a ser reubicados, desborda la capacidad del empleador […].

Aunado a lo anterior, debe advertirse que atendiendo el anterior pronunciamiento, la declaratoria de la disminución de la capacidad laboral en un porcentaje del 10% que según el acta del Tribunal Médico Laboral de Revisión Militar y de Policía, lo hace el demandante no apto para el servicio, resulta incongruente con la decisión de no reubicación, toda vez que descarta, sin motivación clara y precisa, las capacidades, habilidades y destrezas, que pueden ser aprovechables por la Policía Nacional dentro de sus espectro misional, dada su amplia capacidad laboral residual y a su vez, le impide acceder a la pensión de invalidez.

Bajo estas previsiones, a juicio de la Sala la Nación – Policía Nacional vulneró el derecho a la estabilidad laboral reforzada del cual es beneficiario el demandante, pues estando en la obligación de darle un trato especialmente favorable para mantenerlo en la institución, dejó de analizar sus capacidades aprovechables en actividades de índole administrativo, docente o de instrucción, declarándolo no apto para el servicio, que devino en el retiro por la causal de disminución de la capacidad laboral.
Así las cosas, fuerza concluir que no le asiste razón al apelante, sin embargo, habrá de confirmarse parcialmente la decisión de primera instancia, por las razones que se exponen en esta providencia, esto es, atendiendo lo señalado en las sentencias T-928 de 2014 y 141 de 2016. De igual forma, se precisará que a título de restablecimiento se pagarán las sumas que haya lugar, conforme lo dispone la sentencia SU-556 de 2014.

Luego entonces, se modificará el numeral segundo de la parte resolutiva, en el sentido de ordenar el reintegro del señor Juan Manuel Narváez Narváez “al último cargo que ocupó en la Policía Nacional, o de no ser posible, a otro, cuyas funciones sean acordes con sus condiciones actuales, habilidades y destrezas”, disponiendo a título indemnizatorio, pagar el equivalente a los salarios y prestaciones dejados de percibir hasta el momento de la sentencia, descontando de ese monto las sumas que por cualquier concepto laboral, público o privado, dependiente o independiente, haya recibido la persona, sin que la suma a pagar por indemnización sea inferior a 6 meses ni pueda exceder de 24 meses de salario – Sentencia SU-556 de 2014.

Adicionalmente, será adicionado ese numeral para efectos de ordenar los descuentos de forma indexada sobre los valores reconocidos – salarios y prestaciones.

[…]”.

Sea lo primero advertir que, frente a la misma situación aquí planteada, siendo la actora la Policía Nacional, que demandó en sede de tutela por cuanto la autoridad judicial allí accionada no aplicó los topes referenciados, la Sala ya tuvo oportunidad de pronunciarse, esto es, en providencia de 4 de octubre de 2018 (Expediente identificado con el número único de radicación 2018-01327-01), en la que sostuvo lo siguiente:

“[…] Precedente constitucional relativo al deber de motivación de los actos administrativos por medio de los cuales la Policía Nacional, en ejercicio de su facultad discrecional, dispone del retiro de sus miembros en servicio activo

92. La Corte Constitucional, mediante sentencia de unificación 053 de 12 de febrero de 2015 (M. P: Gloria Stella Ortiz Delgado), revisó un cúmulo de acciones de tutela instauradas contra providencias judiciales que no accedieron a la pretensión de anular actos administrativos por medio de los cuales se retiraron del servicio a servidores públicos, sin exponer motivación al efecto.

93. En esta providencia, la Corte clasificó los expedientes en dos grupos. El primero, concerniente a las tutelas que plantean problemas relacionados con la motivación de los actos administrativos de retiro de empleados públicos, vinculados a cargos de carrera en provisionalidad. Y el segundo, relacionado con las acciones de tutela atinentes a la facultad discrecional de retiro de miembros activos de la Policía Nacional.

94. En tal virtud, la Corte se planteó dos problemas jurídicos a resolver, de la siguiente manera:

“[…] En primer lugar, la Sala Plena de esta Corporación debe establecer si las sentencias objeto de revisión desconocen el precedente constitucional relacionado con la motivación de los actos administrativos de retiro de empleados públicos, vinculados en provisionalidad en cargos de carrera administrativa, y si, en consecuencia, esas providencias vulneran los derechos del primer grupo de demandantes al debido proceso, al acceso a la administración de justicia, a la igualdad y a la estabilidad laboral.

[…].

Por otra parte, debe determinarse si las sentencias objeto de revisión desconocen el precedente relacionado con la motivación de los actos administrativos de retiro discrecional de los miembros de la Fuerza Pública, y si, en consecuencia, esas providencias vulneran los derechos del segundo grupo de peticionarios al debido proceso, al acceso a la administración de justicia, a la igualdad y a la estabilidad laboral […]”.

95. Frente al primer problema jurídico, la Corte reiteró la tesis según la cual los actos de retiro de los funcionarios que ejercen un cargo de carrera en provisionalidad deben ser motivados, toda vez que dicha motivación posibilita el ejercicio del derecho a la defensa, lo cual evita la arbitrariedad por parte de las autoridades administrativas. En esa medida, los jueces que no apliquen dicho precedente y que no cumplan con la carga estricta de argumentación que soporte la decisión de apartarse del mismo, incurrirán en la causal específica de procedencia de la acción de tutela contra providencia judicial de desconocimiento del precedente.

96. En lo que tiene que ver con el segundo problema jurídico, la Corte estableció un estándar -motivo de la unificación- según el cual los actos administrativos por medio de las cuales la Policía Nacional dispone del retiro de sus miembros, en ejercicio de la facultad discrecional, deben cumplir con una carga mínima de motivación, la cual debe ser entendida, fundamentalmente, en el sentido que la decisión debe estar basada en razones objetivas y hechos ciertos que puedan ser acreditados mediante distintos documentos –tales como las actas o informes de los entes evaluadores o las hojas de vida de los policías- a partir de los cuales se pueda concluir que el acto de retiro tuvo por objetivo la mejoría del servicio y no que se debió a una arbitrariedad.

97. Adicionalmente, se debe destacar que para los dos asuntos resueltos por la Corte, se dispuso que, de acreditarse la vulneración de derechos fundamentales por cuenta del desconocimiento del respectivo precedente constitucional fijado por esa Corporación, se debían acatar los criterios señalados en la sentencia de unificación 556 de 2014, ordenando el reintegro sin solución de continuidad sólo si el cargo desempeñado no ha sido provisto mediante el sistema de concurso de méritos, no ha sido suprimido o el servidor desvinculado no haya llegado a la edad de retiro forzoso; y reconociendo una suma indemnizatoria que en ningún caso sea menor al equivalente de seis meses de salario, ni superar el equivalente a veinticuatro meses de salario.

El deber estatal de protección especial de las personas con funcionalidad diversa o en condición de discapacidad de los miembros de las Fuerzas Militares y de Policía Nacional

98. Acerca de la protección especial que el Estado le debe brindar a las personas con funcionalidad diversa o en condición de discapacidad, en virtud del artículo superior in fine, la Corte Constitucional ha estimado que,

“[…] El Constituyente no fue ajeno a la situación de marginalidad y discriminación a la que históricamente han sido expuestas las personas disminuidas física, sensorial o psíquicamente. Es así como la Carta Política consagra derechos fundamentales y derechos prestacionales en favor de los discapacitados. La igualdad de oportunidades y el trato más favorable (CP art. 13), son derechos fundamentales, de aplicación inmediata (CP art. 85), reconocidos a los grupos discriminados o marginados y a las personas que por su condición económica, física o mental se encuentran en circunstancias de debilidad manifiesta. De otra parte, los discapacitados gozan de un derecho constitucional, de carácter programático (CP art. 47), que se deduce de la obligación estatal de adoptar una política de previsión, rehabilitación e integración social.

9. El derecho a la igualdad de oportunidades trasciende la concepción formal de la igualdad ante la ley. Tiene en cuenta las diferencias naturales o sociales como factores relevantes para determinar el trato a que tienen derecho determinadas personas o grupos. En relación con los discapacitados, la igualdad de oportunidades es un objetivo, y a la vez un medio, para lograr el máximo disfrute de los demás derechos y la plena participación en la vida económica, política, administrativa y cultural de la Nación (CP art. 2). La igualdad de oportunidades es, por consiguiente, un derecho fundamental mediante el que se "equipara" a las personas en inferioridad de condiciones, para garantizarles el pleno goce de sus derechos.

Los derechos específicos de protección especial para grupos o personas, a diferencia del derecho a la igualdad de oportunidades, autorizan una "diferenciación positiva justificada" en favor de sus titulares. Esta supone el trato más favorable para grupos discriminados o marginados y para personas en circunstancias de debilidad manifiesta (CP art. 13)”

99. De igual forma, en otra oportunidad señaló:

“5.- Así mismo, las normas internacionales sobre derechos humanos, concretamente el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, desde su Preámbulo, establece la necesidad de crear condiciones que permitan a cada persona gozar de sus derechos. Adicionalmente, la Convención Interamericana sobre los Discapacitados – Ley 762 de 2002 – determina el alcance de los derechos fundamentales de este grupo de personas, las cuales merecen una protección especial reforzada. […].

[…]

7.- Aunado a lo anterior, el Convenio No. 159 de la Organización Internacional del Trabajo (O. I. T.) “sobre la readaptación profesional y el empleo de personas inválidas” adoptado por Colombia mediante Ley 82 de 1988, (…) dispone que los países elaboren una política nacional sobre la readaptación profesional y el empleo de personas inválidas, basada en el principio de igualdad de oportunidades entre los trabajadores inválidos y los trabajadores en general.

8.- Por su parte, el legislador colombiano ha creado disposiciones especiales sobre esta materia, entre las que se encuentra la Ley 361 de 1997, “por la cual se establecen mecanismos de integración social de las personas con limitación y se dictan otras disposiciones”. A partir de ésta legislación se establecen una serie de políticas destinadas a prevenir las discapacidades; a garantizar el acceso a la educación, facilitar la rehabilitación, promover el bienestar social y favorecer la integración laboral de las personas discapacitadas; así mismo se busca permitir el acceso de este grupo de personas a los medios de transporte, a las comunicaciones y a las instalaciones físicas abiertas al público.
[…]

10.- En este orden de ideas, la Corte Constitucional ha indicado que la protección de los vínculos laborales establecidos por personas que sufran alguna discapacidad frente a actos discriminatorios encaminados a su terminación, constituye un imperativo constitucional derivado no sólo del derecho a la igualdad sino también del derecho a la estabilidad en el empleo (Art. 53 C. N.) del cual son titulares todos los trabajadores, y que adquiere mayor relevancia en relación con aquellos que son destinatarios de una especial protección.

11.- En tal sentido, la jurisprudencia constitucional ha acuñado el término “estabilidad laboral reforzada” para hacer referencia al derecho constitucional con el cual se garantiza “la permanencia en el empleo del discapacitado luego de haber adquirido la respectiva limitación física, sensorial o sicológica, como medida de protección especial y en conformidad con su capacidad laboral”[]. Con el objetivo de dotar de contenido tal prerrogativa, el legislador consagró en el artículo 26 de la Ley 361 de 1997[] la prohibición, dirigida a todo empleador, de despedir o terminar los contratos de trabajo en razón de la limitación que sufra el trabajador, salvo que medie autorización de la oficina del trabajo. Según el tenor de la disposición, quienes procedan en forma contraria a ella, estarán obligados al pago de una indemnización equivalente a ciento ochenta días de salario, sin perjuicio de las demás prestaciones e indemnizaciones a las que hubiere lugar de conformidad con el Código Sustantivo del Trabajo y demás normas que lo modifiquen, adicionen o complementen”. [Resalta la Sala].

100. Asimismo, la Corte Constitucional en la sentencia C- 640 de 16 de septiembre de 2009, respecto a la especial protección constitucional de las personas con discapacidad y, en especial de los miembros de las fuerzas militares señaló:

“[…] La especial protección a las personas que padecen algún tipo de discapacidad es un mandato contemplado en el derecho internacional, en la Constitución Política colombiana y en algunos desarrollos legislativos[21], que a partir de aquellos, propugnan por el tratamiento, la adaptación y la readaptación de las personas discapacitadas.

3.1. En este sentido, la Convención Interamericana para la eliminación de todas las formas de discriminación contra las personas con discapacidad[22], aprobada mediante Ley 762 de 2002, tiene la finalidad de prevenir y eliminar todas las expresiones de discriminación contra las personas con discapacidad, así como la de propiciar su plena integración a la sociedad. De acuerdo con este instrumento, (Art. 1°): “el término ‘discapacidad’ significa una deficiencia física, mental o sensorial, ya sea de naturaleza permanente o temporal, que limita la capacidad de ejercer una o más actividades esenciales de la vida diaria, que puede ser causada o agravada por el entorno económico y social”.

La citada Convención dispone así mismo que constituye discriminación contra las personas discapacitadas “toda distinción, exclusión o restricción basada en una discapacidad, antecedente de discapacidad, consecuencia de discapacidad anterior o percepción de una discapacidad presente o pasada, que tenga el efecto o propósito de impedir o anular el reconocimiento, goce o ejercicio por parte de las personas con discapacidad, de sus derechos humanos y libertades fundamentales” (Art. 2°. a).

También contempla el señalado instrumento que no constituye discriminación “la distinción o preferencia adoptada por un Estado parte a fin de promover la integración social o el desarrollo personal de las personas con discapacidad, siempre que la distinción o preferencia no limite en sí misma el derecho a la igualdad de las personas con discapacidad y que los individuos con discapacidad no se vean obligados a aceptar tal distinción o preferencia” (Art.2°.b).

En virtud de dicho tratado, Colombia, como Estado parte, se comprometió a adoptar las medidas legislativas, sociales, educativas, laborales y de cualquier otra índole necesarias para eliminar la discriminación contra las personas discapacitadas y a propiciar su plena integración en la sociedad [23].

3.2. En otro ámbito, la Organización Internacional del Trabajo (OIT)[24] aprobó el Convenio 159[25] sobre la readaptación profesional y el empleo de personas inválidas, y expidió la recomendación No. 168 sobre la readaptación profesional y el empleo (personas inválidas)[26].

El Convenio 159, aprobado por el Estado colombiano mediante Ley 82 de 1988, formula determinadas obligaciones que deben cumplir los Estados que lo ratifiquen, en materias tales como las relaciones laborales o las condiciones de trabajo que se deben  garantizar a las personas con discapacidad. Para efectos del mencionado convenio se entiende por persona inválida “toda persona cuyas posibilidades de obtener y conservar un empleo adecuado y de progresar en el mismo queden substancialmente reducidas a causa de una deficiencia de carácter físico o mental debidamente reconocida” (Art. 1°).

El Convenio dispone que todo Estado miembro deberá elaborar una política nacional sobre la readaptación profesional y el empleo de personas inválidas. Igualmente, que dicha política se basará en el principio de igualdad de oportunidades entre los trabajadores inválidos y los trabajadores en general y que deberá respetarse la igualdad de oportunidades y de trato.

3.3. Por su parte, el Constituyente de 1991 reconoció a las personas con limitaciones físicas, síquicas o sensoriales la condición de sujetos de especial protección (Art. 13 C.P.), exaltó su dignidad como personas, y la intangibilidad de sus derechos fundamentales, a la vez que garantizó su total integración a la sociedad. En ese propósito confió a las autoridades la tarea de adelantar una política de previsión, rehabilitación e integración social y de prestación de la atención especializada que requieran (Art. 47 C.P.). En materia laboral estableció como obligación del Estado la de garantizarles el derecho a un trabajo acorde con sus condiciones de salud (Art. 54 C:P.) y en materia de educación le impuso el deber especial de garantizarles la prestación de ese servicio público (Art. 68 C.P.).

En este orden, las personas discapacitadas gozan, sin discriminación alguna, de los mismos derechos y garantías que las demás. Sin embargo, por hacer parte de un grupo poblacional con condiciones particulares, son beneficiarias de una protección especial por parte del Estado y demandan, de éste, una atención concreta, real y efectiva dirigida a garantizarles el pleno ejercicio de sus derechos, su amplia participación en la vida social y un desarrollo vital de sus intereses[27].

3.4. En interpretación del artículo 13 de la Constitución, esta Corporación ha sostenido que:

“El Constituyente no fue ajeno a la situación de marginalidad y discriminación a la que históricamente han sido expuestas las personas disminuidas física, sensorial o psíquicamente. Es así como la Carta Política consagra derechos fundamentales y derechos prestacionales en favor de los discapacitados. La igualdad de oportunidades y el trato más favorable (CP art. 13), son derechos fundamentales, de aplicación inmediata (CP art. 85), reconocidos a los grupos discriminados o marginados y a las personas que por su condición económica, física o mental se encuentran en circunstancias de debilidad manifiesta. De otra parte, los discapacitados gozan de un derecho constitucional, de carácter programático (CP art. 47), que se deduce de la obligación  estatal de adoptar una política de previsión, rehabilitación e integración social.

9. El derecho a la igualdad de oportunidades trasciende la concepción formal de la igualdad ante la ley. Tiene en cuenta las diferencias naturales o sociales como factores relevantes para determinar el trato a que tienen derecho determinadas personas o grupos. En relación con los discapacitados, la igualdad de oportunidades es un objetivo, y a la vez un medio, para lograr el máximo disfrute de los demás derechos y la plena participación en la vida económica, política, administrativa y cultural de la Nación (CP art. 2). La igualdad de oportunidades es, por consiguiente, un derecho fundamental mediante el que se "equipara" a las personas en inferioridad de condiciones, para garantizarles el pleno goce de sus derechos.

Los derechos específicos de protección especial para grupos o personas, a diferencia del derecho a la igualdad de oportunidades, autorizan una "diferenciación positiva justificada" en favor de sus titulares. Esta supone el trato más favorable para grupos discriminados o marginados y para personas en circunstancias de debilidad manifiesta (CP art. 13)”[28].

En este sentido cuando las autoridades omiten dar ese trato especial que la Constitución ordena a las personas que padecen alguna discapacidad incurren en discriminación “por cuanto la no aplicación de la diferenciación positiva en el caso de las personas discapacitadas permite que la condición natural de desigualdad y desprotección en que se encuentran se perpetúe, situación que les impide, entonces, participar e integrarse en las actividades sociales, para poder así ejercer sus derechos y responder por sus obligaciones”[29].

De manera particular, el principio de igualdad vincula al legislador para que las normas jurídicas que profiera respeten y garanticen el derecho a la igualdad y se abstenga de adoptar medidas discriminatorias o que desconozcan la especial protección que se debe a las personas que por su condición física o mental se encuentren en circunstancias de debilidad manifiesta. Así mismo, para que el Estado les otorgue la especial protección de la cual son titulares y adopte las medidas necesarias para que la igualdad sea real y efectiva.

3.5. La Corte se ha pronunciado también en diversas oportunidades [30] sobre la garantía del derecho de igualdad en relación con las personas que enfrentan algún tipo de discapacidad, y  ha hecho énfasis en la necesidad de brindar un trato especial a ese grupo poblacional. En particular, ha sostenido que puede vulnerarse el derecho a la igualdad de las personas discapacitadas, e incurrir por esa vía en un acto discriminatorio, por lo menos en dos situaciones “por un lado la conducta, actitud o trato, consciente o inconsciente, dirigido a anular o restringir sus derechos, libertades y oportunidades, sin justificación objetiva y razonable. Por otro, el acto discriminatorio consistente en una omisión injustificada en el trato especial a que tienen derecho los discapacitados, la cual trae como efecto directo su exclusión de un beneficio, ventaja u oportunidad”[31].

También ha sostenido que “[e]n principio, las distinciones que introduzca la ley entre las personas basándose en el criterio de discapacidad se tienen como sospechosas de un ánimo de exclusión. La discapacidad, así como el sexo, la raza, la opinión política o filosófica, la religión o el origen nacional, es un criterio de clasificación que tradicionalmente ha conllevado la exclusión y marginación de un grupo de personas”[32].

3.6. La regulación de la capacidad sicofísica de los miembros de la fuerza pública.
El artículo 2° del Decreto 1796 de 2000 “por el cual se regula la evaluación de la capacidad sicofísica y de la disminución de la capacidad laboral, y aspectos sobre incapacidades, indemnizaciones, pensión por invalidez e informes administrativos por lesiones, de los miembros de la Fuerza Pública, Alumnos de las Escuelas de Formación y sus equivalentes en la Policía Nacional, personal civil al servicio del Ministerio de Defensa Nacional y de las Fuerzas Militares y personal no uniformado de la Policía Nacional vinculado con anterioridad a la vigencia de la ley 100 de 1993”, define la capacidad sicofísica como “el conjunto de habilidades, destrezas, aptitudes y potencialidades de orden físico y psicológico que deben reunir las personas a quienes se les aplique el presente decreto, para ingresar y permanecer en el servicio, en consideración a su cargo, empleo o funciones”.

Esa capacidad sicofísica será valorada con criterios laborales y de salud ocupacional, por parte de las autoridades médico laborales de las Fuerzas Armadas y de la Policía Nacional.

La capacidad sicofísica, de acuerdo con el mencionado Decreto[33], para el ingreso y permanencia en el servicio, se califica por parte de los médicos autorizados por la Dirección de Sanidad de la respectiva Fuerza o de la Policía Nacional, con los conceptos de apto, aplazado y no apto. Se entiende por apto “quien presente condiciones sicofísicas que permitan desarrollar normal y eficientemente la actividad militar, policial y civil correspondiente a su cargo, empleo o funciones”, por aplazado “quien presente alguna lesión o enfermedad y que mediante tratamiento, pueda recuperar su capacidad sicofísica para el desempeño de su actividad militar, policial o civil correspondiente a su cargo, empleo o funciones”, y por no apto “quien presente alguna alternación sicofísica que no le permita desarrollar normal y eficientemente la actividad militar, policial o civil correspondiente a su cargo, empleo o funciones”.

Para la calificación de cualquiera de esas situaciones por parte de los organismos y autoridades médico laborales militares y de policía, constituye presupuesto relevante, aunque no conclusivo, el informe administrativo por lesiones emitido por el jefe o comandante respectivo al que se refieren los preceptos acusados por el demandante.

101. En ese sentido indicó que los miembros de la fuerza pública que han sido víctima de un episodio en el que se vea disminuida su capacidad sicofísica, son sin duda un grupo poblacional beneficiario de la especial protección que el derecho internacional, la Constitución y la jurisprudencia, reconocen a las personas ubicadas en situación de debilidad manifiesta, en razón de la delicada misión que les ha sido confiada  por la Constitución, se ven enfrentados a la reducción o pérdida de su capacidad sicofísica para el desempeño de su actividad militar o policial.

102. Ahora bien, esta Sala en asuntos en los cuales con identidad de problema jurídico al presente, ha señalado que la ratio decidendi contenida en la sentencia de unificación 556 de 2014, si bien se efectuó respecto de funcionarios públicos nombrados en provisionalidad en cargos de carrera, tiene un sustento que resulta plenamente aplicable a los miembros de la Policía Nacional retirados, de manera injusta, en uso de la facultad discrecional, en esa medida resulta incompatible con el caso estudiado por la autoridad judicial accionada, por cuanto, como pudo observarse, para su estructuración no se tuvo en cuenta que el servidor público desvinculado se tratase de un sujeto de especial protección constitucional, como lo sería una persona en condición de discapacidad; situación que acreditó el patrullero Leonel Andrés Cárdenas Polo.

103. En efecto, en los estudios invocados por la Corte para sostener que, en promedio, una persona que se encuentre en una situación de desempleo de larga duración se tardaría como mínimo doce meses para volverse a emplear, no se realiza algún tipo de valoración particular frente al sector poblacional en condición de discapacidad, lo que permite concluir que las conclusiones de los mismos no necesariamente les son aplicables a este grupo de personas.

104. Evidentemente, en virtud del derecho a la igualdad material, no es justo prodigar el mismo tratamiento o imponer los mismos deberes u obligaciones a sujetos de derecho que se encuentran en condiciones distintas. En esa medida, no resulta justo limitar el pago de la indemnización causada por una desvinculación desprovista de motivación de un servidor público en condición de discapacidad, de la misma forma como en tratándose de un servidor público que no sufre de algún grado de discapacidad.

105. Finalmente, valga acotar que las consecuencias de la mora de la administración de justicia no se les pueden atribuir a las personas en condición de discapacidad so pretexto de evitar que la Administración pública pague una suma de dinero excesiva o desproporcionada, toda vez que, precisamente, es a la Administración a la que le corresponde proteger y garantizar los derechos y las libertades de los administrados.

106. En segundo lugar, la sentencia de unificación 053 de 2015, resulta impertinente en su aplicación para el caso que se analiza por las siguientes razones:

107. En la referida providencia de la Corte Constitucional, se reitera el deber de motivar los actos administrativos en virtud de los cuales la Policía Nacional, en ejercicio de su facultad discrecional, dispone del retiro de sus miembros en servicio activo.

108. Huelga manifestar que en este caso, la razón de la decisión también presupone un fundamento fáctico bien definido que se torna relevante para efectos de establecer una diferencia considerable frente al caso que fue objeto de conocimiento por las autoridades judiciales accionadas.

109. Mientras que en la decisión invocada como precedente se colocan límites a la facultad discrecional, de la que goza la Policía Nacional para efectos de retirar del servicio activo a sus miembros, en el caso del patrullero Leonel Andrés Cárdenas Polo., se acreditó que el fundamento del acto administrativo por el cual se le retiró del servicio activo lo constituyó la disminución de la capacidad sicofísica que le fue diagnosticada por el Tribunal Médico Laboral de Revisión Militar y de Policía, mediante Acta núm. 4254 de 15 de junio de 2010, y que encuentra su causal específica en el numeral tercero del artículo 55 del Decreto Ley 1791 de 14 de septiembre de 2000, el cual dispone:

“[…] ARTÍCULO 55. CAUSALES DE RETIRO. El retiro se produce por las siguientes causales:

[…].

3. Por disminución de la capacidad sicofísica[ ].
[…]”.

110. Es de acotar que con relación a la diferencia de los supuestos enunciados, en virtud de los cuales la Policía Nacional está facultada para mover su personal, esta Sección, en casos similares al que aquí se estudia, ha precisado de manera categórica cuál es el alcance de las providencias de unificación invocadas. Mediante sentencia de 17 de noviembre de 2016 (C. P: Roberto Augusto Serrato Valdés), la Sala indicó que los límites indemnizatorios previstos en la SU-556 de 2014, se extienden a los siguientes dos supuestos:

“[…] En ese contexto, advierte la Sala que el fundamento jurídico para la determinación de los topes indemnizatorios en caso de despido injusto, de que trata la sentencia SU-556 de 2014 de la Corte Constitucional, si bien se efectuó respecto de funcionarios públicos nombrados en provisionalidad en cargos de carrera, tiene un sustento que resulta plenamente aplicable a los miembros de la Policía Nacional retirados, de manera injusta, en uso de la facultad discrecional; por soportarse en los principios de equidad y reparación integral y, en tal virtud, en atención al “principio de igualdad entre los servidores públicos que han sido desvinculados de sus cargos en contravía de la Constitución”, tal y como lo estableció la Corte Constitucional en la sentencia SU-053 de 2015 , deben ampliarse los efectos de la sentencia SU-556 de 2014 a los miembros de la Policía Nacional desvinculados injustificadamente en uso de la facultad discrecional”. [Resalta la Sala].

111. La Sala reitera que no resulta razonable exigir la aplicación de los límites indemnizatorios previstos en la SU-556 de 2014 en aquellos casos, como en el del patrullero Leonel Andrés Cárdenas Polo, en los que se retiró del servicio a un uniformado por causa de una diminución en su capacidad laboral, toda vez que, como pudo observarse, la Sección reiteradamente ha aclarado que los límites mencionados solo se aplican cuando se encuentra demostrado que la Policía Nacional no motivó el acto administrativo por medio del cual i) desvinculó a un servidor público que se desempeñaba en provisionalidad en un cargo de carrera; o ii) retiró del servicio activo a uno de sus miembros, haciendo uso de su facultad discrecional.

112. Una determinación en tal sentido, como se advirtió, representa un tratamiento discriminatorio en el sentido que desconoce las circunstancias de debilidad manifiesta por las que atraviesan las personas en condición de discapacidad, así como la obligación radicada en cabeza de todas las personas y las autoridades, de proveerles una protección especial adoptando medidas diferenciadoras de carácter positivo que les permitan gozar de sus derechos, libertades y oportunidades al mismo nivel que cualquiera otra persona que no se ha visto disminuida en su capacidad sicofísica. La Sala recalca que esta particularidad no hizo parte de los presupuestos facticos que rodearon los asuntos en virtud de los cuales la Corte Constitucional profirió las sentencias de unificación 556 de 2014 y 053 de 2015.

113. En ese orden de ideas, visto el caso concreto, la Sala destaca que la inaplicación de las decisiones invocadas por la entidad actora coadyuva a garantizar de mejor forma la protección del derecho fundamental a la estabilidad laboral reforzada del patrullero Leonel Andrés Cárdenas Polo, por cuanto, en primer lugar, se comprobó que: i) no fue retirado del servicio como consecuencia del ejercicio de la facultad discrecional de la Policía Nacional; y ii) en lo referente al ámbito laboral, se encuentra en una situación de desventaja frente a cualquiera otro funcionario retirado del servicio por la Policía Nacional en ejercicio de su facultad discrecional; en segundo término, la entidad actora no demostró que la naturaleza del vínculo sostenido con el patrullero tuviera vocación momentánea, es decir, que estuviera vinculado en provisionalidad.

En el caso objeto de análisis, la Sala observa que no resultaba razonable exigir la aplicación de los límites indemnizatorios previstos en la sentencia SU-556 de 2014, pues se trataba de un uniformado que fue retirado del servicio por causa de la disminución en su capacidad física.

Aplicación de la sentencia SU 556 de 2014 para establecer los montos ordenados a descontar en virtud, de las sumas que por cualquier concepto laboral, público o privado, independiente o dependiente, se hayan recibido

Frente a los montos ordenados a descontar en virtud de las sumas que por cualquier concepto laboral, público o privado, independiente o dependiente, se hayan recibido, la Sala en sentencia de 19 de julio de 2018, (Expediente identificado con el número único de radicación 2017-02690-01), al analizar un caso de una persona que ostentaba un cargo de libre nombramiento y remoción, lo cual difiere de los empleados públicos que ocupan cargos en provisionalidad analizado en la sentencia SU-556 de 2014, concluyó que -no debía descontarse el salario percibido por otro cargo en ese tiempo, toda vez que el objeto era precisamente reparar el daño causado, considerando que no hubo separación del cargo del cual fue retirado de manera ilegal para efectos salariales y prestacionales-. Sostuvo la sala en esa oportunidad:

“[…] 91. Ahora bien, pasa la Sala a resolver el segundo problema jurídico planteado en el presente caso, consistente en determinar si el Tribunal Administrativo del Meta incurrió en defecto sustantivo al haber aplicado de manera incorrecta al caso concreto el precedente jurisprudencial contenido en la sentencia SU- 556 de 2014 proferida por la Corte Constitucional, respecto a los montos ordenados a descontar en virtud, de las sumas que por cualquier concepto laboral, público o privado, independiente o dependiente, se hayan recibido.

92. Frente al tema en cuestión, la Corte Constitucional en la sentencia SU-556 de 2014, señaló:

“[…] 3.6.3.13.1. En efecto, como ya se señaló, la jurisprudencia constitucional ha venido evolucionando en la dirección de vincular el monto de la indemnización a que tiene derecho el servidor público que ocupa un cargo de carrera en provisionalidad y es retirado sin motivación, con el daño efectivamente sufrido por éste. Dicho daño debe corresponder necesariamente a lo dejado de percibir durante el tiempo en que ha permanecido cesante con motivo de su retiro injustificado, debiéndose considerar también, para efectos de que haya lugar a una verdadera reparación integral y se evite el pago de una indemnización excesiva, la expectativa de permanencia y estabilidad laboral propia del cargo de carrera provisto en provisionalidad, y la carga que le corresponde a la persona de asumir su propio auto-sostenimiento.

3.6.3.13.2. En ese contexto, desarrollando los criterios fijados por la Corte en la SU-691 de 2011, estima la Sala que la fórmula que resulta aplicable al caso de quienes ocupan cargos de carrera en provisionalidad y son desvinculados sin motivación, es la de disponer que su reintegro se realice sin solución de continuidad, con el correspondiente pago de los salarios y prestaciones efectivamente dejados de percibir. Cabe entender que el salario se deja de percibir, cuando, por cualquier circunstancia, una persona se ve privada de la posibilidad de generar un ingreso como retribución por su trabajo, de manera que, cuando quiera que la persona accede a un empleo o a una actividad económica alternativa, deja de estar cesante, y, por consiguiente, ya no “deja de percibir” una retribución por su trabajo.

Siendo ello así, como quiera que sólo cabe indemnizar el daño efectivamente sufrido y tal daño es equivalente a lo dejado de percibir, de la suma indemnizatoria es preciso descontar todo lo que la persona, durante el periodo de desvinculación, haya percibido como retribución por su trabajo, bien sea que provenga de fuente pública o privada, como dependiente o independiente.

3.6.3.13.3. De esta forma, la Corte amplía las reglas de decisión que se han venido adoptado en la materia, particularmente en lo que tiene que ver con la orden relativa al pago de salarios y prestaciones dejados de percibir y la previsión aplicada de descontar de dicho pago lo que la persona desvinculada hubiese percibido del Tesoro Público por concepto del desempeño de otros cargos públicos durante el tiempo que estuvo desvinculada. Así, conforme con la nueva lectura, la regla de decisión se extiende, en esas circunstancias, a descontar la remuneración que recibe la persona desvinculada, no solo del tesoro público sino también del sector privado, ya sea como trabajador dependiente o independiente […]”. (Subrayado por la Sala).

93. Para la Sala, en el presente caso, a diferencia de lo sostenido por el a quo, la regla jurisprudencial establecida en la sentencia SU-556 de 2014, con respecto a los descuentos de lo percibido por la parte actora por concepto de salarios recibidos en otras entidades privadas o públicas, independiente o dependiente, no es aplicable al caso concreto, toda vez que sobre la materia la Sala Plena del Consejo de Estado ha señalado la improcedencia de los realizar los citados descuentos y en ese orden es vinculante para esta Sección.

94. En dicho pronunciamiento el Consejo de Estado al estudiar el caso de una funcionaria que ocupaba también un cargo de libre nombramiento y remoción, indicó que:

“[…] De otra parte, la Sala Plena rectifica la tesis que venía siendo mayoritaria en la Sección Segunda en lo que hace con la orden de efectuar descuentos en casos como éste, por las siguientes razones:
a. Las sumas a las que se condena a la parte demandada, para las cuales se toma en cuenta la equivalencia las prestaciones y los salarios dejados de percibir entre las fechas de desvinculación y reintegro no tienen el carácter de otro "empleo público" u otra asignación que provenga del "tesoro público", sino que en verdad vienen a resarcir el perjuicio que el acto ilegal, declarado nulo, le genera a la demandante.
b. Nada impide recibir el sueldo e indemnizaciones al mismo tiempo. En efecto, es lícito devengar ambos conceptos porque tienen causas diferentes y ello no está prohibido por la Constitución Política. En efecto, lo que la Carta prohibe es que una misma persona desempeñe simultáneamente dos o varios empleos públicos, y como consecuencia de ello, perciba dos o más salarios; pero si una erogación proviene de la prestación personal del servicio a través de una relación legal y reglamentaria, y otra del hecho ilegal de la administración, no cabe dentro de esa hipótesis la previsión de los artículos 64 de la Carta de 1886 y 128 de la de 1991.
c. Ciertamente, el pago de salarios y prestaciones dejados de percibir que ordena esta sentencia como consecuencia del reintegro de la actora tiene carácter indemnizatorio; busca reparar el daño o perjuicio que le irrogó el acto nulo que la desvinculó ilegalmente del servicio. En cambio los salarios y prestaciones que se pudiese haber recibido de otra relación laboral de derecho público con el Estado tiene su fuente en la prestación laboral del servicio y constituyen la remuneración por esa actividad personal; en el primer evento se trata de una ficción que se desarrolla a través de una equivalencia, mientras que en el segundo si se cumple una relación de trabajo completa.
d. Fuera de lo anterior, es menester destacar que no existe disposición legal de ninguna clase que le ordene a la jurisdicción contencioso administrativa esa clase de pronunciamientos; y es elemental que en esa materia no cabe la aplicación analógica. De suyo, el juez no puede crear normas y ordenar dichos descuentos en la parte resolutiva significa crear una disposición no prevista en esos términos en la Carta Fundamental ni en la ley.
e. Por el contrario, en incuestionable que en el caso del ejercicio de un empleo sus emolumentos deben estar previstos en el rubro correspondiente al Presupuesto, —el de gastos—, según lo dispuesto por el artículo 122 de la Constitución Política. Mientras que las condenas que se imponen a través de la sentencia judicial constituyen un crédito que se incluye en otro rubro del mismo —el de créditos Judiciales— por mandato del artículo 346 del mismo Estatuto Superior. Es decir, que su naturaleza es diferente, sin la menor duda.
f. En el mismo sentido, obsérvese que el artículo 235 del Decreto 1222 de 1986 —Código de Régimen Departamental— dispone que los departamentos "repetirán contra las personas que hubieren efectuado elecciones, nombramientos o remociones ilegales del funcionarios, el valor de las indemnizaciones que se hubiere pagado por esta causa". Asímismo, los artículos 102 y 297 del Decreto 1333 de 1986, ya traído a colación, contienen una redacción similar y hablan de ‘indemnizaciones". O sea, que el propio legislador ha dejado sentado que estos pagos son indemnizaciones y no una "segunda asignación".
g. De idéntico modo, cabe hacer énfasis en que el artículo 78 del C.C.A., previo la figura de la "responsabilidad conexa", lo que significa que si el funcionario responsable de la remoción legal es obligado al pago de las condenas no podría hablarse tampoco de un empobrecimiento del Estado.

Y de otro lado, el artículo 90 de la Constitución Política de 1991, al disponer que "el Estado responderá patrimonialmente por los daños antijurídicos que le sean imputables, causados por la acción o la omisión de las autoridades públicas", individualmente refuerza el carácter indemnizatorio de las condenas correspondientes, a la par que establece en su inciso segundo la opción de repetir contra el funcionario responsable.
h. Así las cosas, es ostensible que no son procedentes los descuentos por razón de cualquier relación legal y reglamentaria que hubiese tenido la demandante durante el lapso en que permanezca fuera de la entidad demandada, y que haya dado lugar al pago de salarios y prestaciones por su trabajo real y efectivo […]”.

95. Con base en lo anteriormente expuesto, para la Sala el Tribunal Administrativo del Meta vulneró los derechos fundamentales a la igualdad y al debido proceso de la parte actora, al haber ordenado descontar al monto de la indemnización las sumas que por cualquier concepto laboral, público o privado, independiente o dependiente, haya recibido el actor, teniendo en cuenta, que la ratio decidendi establecida en las sentencias proferidas por la Sala Plena del Consejo de Estado del Consejo de Estado expuestas sobre el tema en la consideración jurídica núm. 94 del presente fallo, señalaron la improcedencia de realizar los descuentos, toda vez que:

95.1 El restablecimiento del derecho se traduce en la indemnización de perjuicios derivados del acto administrativo de retiro del servicio, indemnización que corresponde a título de daño.

95.2 El artículo 128 de la Constitución Política tiende a impedir la vinculación simultánea en dos empleos públicos, supuesto fáctico que no se tipifica en estos eventos porque en situaciones como la descrita el afectado sólo ha desempeñado en verdad un empleo, aquel que obtuvo después de la desvinculación ilegal, y lo que ordena el juez es que, como ficción legal, vuelvan las cosas al estado anterior, con el objeto de reparar el daño causado, considerando que no estuvo separado del cargo del cual fue retirado, para efectos salariales y prestacionales.

95.3 No debe descontarse el salario percibido por otro cargo en ese tiempo, porque la causa del pago es la efectiva prestación del servicio, mientras que la causa de la indemnización es el daño causado por el retiro ilegal.

Conclusiones de la Sala
[…]

97. Por último, con respecto al segundo problema jurídico resuelto por esta Sala, existió una indebida aplicación del precedente jurisprudencial contenido en la sentencia SU- 556 de 2014 proferida por la Corte Constitucional, respecto a los montos ordenados a descontar en virtud, de las sumas que por cualquier concepto laboral, público o privado, independiente o dependiente, se hayan recibido, toda vez que para el caso concreto existían precedentes vinculantes como lo son las sentencia proferidas por la Sala Plena de lo Contencioso Administrativo del Consejo de Estado, los cuales fueron desconocidos por el Tribunal accionado.

[…]”.

Como quiera que en este caso se trata de supuestos similares, y en aras de salvaguardar los derechos alegados por el actor que, como quedó visto, se encuentra en condiciones idénticas a la estudiada en párrafos anteriores, la Sala prohíja las consideraciones antes transcritas para reiterarlas, por resultar enteramente aplicables al caso sub lite, y en ese orden de ideas, revocará la decisión de 21 de noviembre de 2018, proferida por la Sección Quinta, que negó el amparo solicitado y, en su lugar, se dispondrá su protección, en el sentido de dejar sin efecto la sentencia de 12 de julio de 2018, proferida dentro del proceso de nulidad y restablecimiento del derecho identificado con el número único de radicación 2015-00106-01 y ordenar a la Sección Segunda -Subsección “E”- del Tribunal Administrativo de Cundinamarca que, dentro del término máximo de diez (10) días, contados a partir de la ejecutoria de esta providencia, profiera una nueva decisión teniendo en cuenta los lineamientos señalados en la parte motiva de esta providencia.

En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la Ley

RESUELVE

PRIMERO: REVOCAR la sentencia de 21 de noviembre de 2018, proferida por la Sección Quinta del Consejo de Estado y, en su lugar, se dispone: AMPARAR los derechos fundamentales invocados por el señor JUAN MANUEL NARVÁEZ NARVÁEZ, de conformidad con lo expuesto en la parte motiva de esta providencia; en consecuencia, se ordena DEJAR SIN EFECTO la sentencia de 12 de julio de 2018, proferida dentro del proceso de nulidad y restablecimiento del derecho identificado con el número único de radicación 2015-00106-01 y se ordena a la Sección Segunda -Subsección “E”- del Tribunal Administrativo de Cundinamarca que, dentro del término máximo de diez (10) días, contados a partir de la ejecutoria de esta providencia, profiera una nueva decisión teniendo en cuenta los lineamientos señalados en la parte motiva de esta providencia.

SEGUNDO: Notificar a las partes por el medio más expedito y eficaz.

TERCERO: REMITIR el expediente a la Corte Constitucional para su eventual revisión.

CÓPIESE, NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE

Se deja constancia de que la anterior providencia fue leída, discutida y aprobada por la Sala, en la sesión del día 21 de febrero de 2019.

OSWALDO GIRALDO LÓPEZ
Presidente

HERNANDO SÁNCHEZ SÁNCHEZ

ROBERTO AUGUSTO SERRATO VALDÉS

En adelante Sección Quinta.
En adelante Tribunal.
En adelante Policía Nacional.
“[…] PRIMERO: Confirmar parcialmente la sentencia proferida en audiencia de 4 de octubre de 2016 por el Juzgado Veinticinco Administrativo del Circuito de Bogotá, comoquiera que se modifica y se adiciona un inciso e el numeral segundo de la parte resolutiva en los siguientes términos.

“SEGUNDO: Como consecuencia de la anterior declaración de nulidad y a título de restablecimiento del derecho, condénese a la NACIÓN – MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL – POLICÍA NACIONAL, a reintegrar al señor JUAN MANUEL NARVÁEZ NARVÁEZ identificado con cédula de ciudadanía núm. 1024489537, al servicio activo de la Policía Nacional a un cargo en el que las funciones que le vayan a ser asignadas sean acordes con sus condiciones actuales y con sus habilidades y destrezas, disponiendo a título indemnizatorio, pagar el equivalente a los salarios y prestaciones dejados de percibir hasta el momento de la sentencia, descontando de ese monto las sumas que por cualquier concepto laboral público o privado, dependiente o independiente haya recibido la persona, sin que la suma a pagar por indemnización sea inferior a 6 meses ni pueda exceder de 24 meses de salario […]”.

M.P. Gabriel Valbuena Hernández “[…] 1º REVÓCASE el fallo de primera instancia proferido el 11 de julio de 2017 por el Tribunal Administrativo de Cundinamarca – Sección Tercera – Subsección B, que ordenó la prestación de los servicios médicos al accionante durante el término de dos meses y negó las demás pretensiones de la tutela. En su lugar:
2º AMPÁRANSE de manera transitoria los derechos fundamentales  la estabilidad laboral reforzada, a la vida en condiciones dignas, a la salud, a la seguridad social, al mínimo vital y al trabajo del señor DANILO ANDRÉS DELGADO BAQUERO. En consecuencia,
3º DÉJANSE SIN EFECTO, el acta Nº 53077 de 27 de febrero de 2017, mediante la cual el Tribunal Médico Laboral de Revisión Militar y de Policía declaró no apto sin reubicación laboral al señor DANILO ANDRÉS DELGADO BAQUERO, así como la Resolución Nº 01822 de 25 de abril de 2017, mediante la cual la Dirección General de la Policía Nacional retiró del servicio activo al accionante.

4º ORDÉNASE al Ministerio de Defensa y a la Policía Nacional, que en el término de cuarenta y ocho (48) horas, disponga lo necesario para que, en un plazo no superior a 15 días, el Tribunal Médico Laboral de Revisión Militar y de Policía analice nuevamente la situación del accionante con estricto acatamiento a los lineamientos a que ha hecho referencia la parte motiva de esta providencia así como los contenidos en la sentencia T-141 de 2016 proferida por la Corte Constitucional, dictamen que sustituirá los que fueron ya rendidos frente a la situación del señor DELGADO BAQUERO. En el evento en que el accionante sea considerado nuevamente no apto para la prestación de sus servicios a la Policía Nacional, deberá rendirse un informe técnico en el que se especifiquen sus habilidades y se determine qué tipo de labores – administrativas, docentes o de instrucción – puede desempeñar y si, en consecuencia, es aconsejable su reubicación. Se advierte que dicha conclusión deberá estar soportada exclusivamente en sus condiciones de salud física y mental.
5º ADVIÉRTASE a la entidad accionada que la determinación del porcentaje de pérdida de capacidad laboral concluida por el Tribunal Laboral de Revisión Militar y de Policía debe ser congruente con su recomendación de reubicación. Por tanto, si se concluye que el accionante no tiene la capacidad suficiente para desempeñar ninguna actividad en la institución, se deberá proceder a recalificar su índice de pérdida de capacidad, con el fin de determinar si puede entonces acceder a la pensión de invalidez.
6º ORDÉNASE a la Policía Nacional, que en el término de 48 horas siguientes a la notificación de esta providencia, reincorpore al señor DANILO ANDRÉS DELGADO BAQUERO, bien sea en el último cargo que ocupó en la Policía Nacional antes de retirarlo de la institución, o, de no ser posible, a otro cuyas funciones sean acordes con sus condiciones actuales y con sus habilidades y destrezas, y lo afilie al sistema de salud respectivo.

M.P. Carlos Enrique Moreno Rubio. “[…] PRIMERO.- Ampárase el derecho fundamental a la igualdad de la señora Sandra Patricia Lozano Cuartas, de conformidad con lo expuesto en la parte motiva de la presente providencia, y, en consecuencia, ordénase al Tribunal Administrativo del Tolima, que en el término de 30 días contados a partir de la notificación de esta providencia, proferir un nuevo fallo en el cual tenga en cuenta lo analizado por esta sentencia en relación con la limitación de las sumas a reconocer por concepto de salarios, prestaciones y demás emolumentos dejados de percibir desde la fecha de desvinculación según la cual no pueden ser inferiores a 6 meses ni superiores a 24 meses. SEGUNDO.- Niégase la solicitud de amparo elevada por la señora Sandra Patricia Lozano Cuartas, en relación con los demás cargos y defectos, por las razones expuestas en la parte motiva de esta providencia […]”. M.P. Luis Guillermo Guerrero Pérez. M.P. Gloria Stella Ortiz Delgado. Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, sentencia de 5 de agosto de 2014, Consejero Ponente: Jorge Octavio Ramírez Ramírez, Radicado Núm. 11001-03-15-000-2012-02201-01. En dicho pronunciamiento, en lo pertinente, se sostuvo: “[…] Anótese que el término o plazo de inmediatez no es único. Eso explica que las diversas secciones del Consejo de Estado hayan fijado pautas diferentes sobre este aspecto. Por eso, la Sala Plena, como regla general, acoge un plazo de seis meses, contados a partir de la notificación o ejecutoria de la sentencia, según el caso, para determinar si la acción de tutela contra providencias judiciales se ejerce oportunamente. Se ha estimado como aceptable ese plazo, teniendo en cuenta la naturaleza del acto jurisdiccional, los plazos previstos en la ley para la interposición de los recursos ordinarios y extraordinarios contra las mismas, el derecho a la tutela judicial efectiva y la necesidad de que las situaciones jurídicas resueltas logren certeza y estabilidad. La regla general del plazo de seis meses se acoge, además, teniendo en cuenta: i) que el plazo ha sido considerado como razonable por la jurisprudencia de la Corte Constitucional y; ii) se trata de una decisión judicial adoptada en un proceso jurisdiccional […]”. Puesto que se interpuso antes de que transcurrieran (6) meses después de notificada la providencia de de 27 de junio de 2018 proferida por el Tribunal. M.P. Gloria Stella Ortiz Delgado. Consejero Ponente Hernando Sánchez Sánchez. Corte Constitucional, sentencia T-228 de 5 de julio de 1995. Corte Constitucional, Sentencia C-531 de 10 de mayo de 2000, M.P. Álvaro Tafúr Galvis.
"por la cual se establecen mecanismos de integración social de las personas con limitación y se dictan otras disposiciones”. Corte Constitucional, sentencia T-228 de 5 de julio de 1995. Corte Constitucional, sentencia C 640 de 16 de septiembre de 2009, M-P. Luis Ernesto Vargas Silva
Para tal efecto, como se indicó anteriormente, la Corte fijó un estándar mínimo de motivación de ese tipo de actos, consistente en que la decisión debe estar basada en razones objetivas y hechos ciertos que puedan ser acreditados mediante distintos documentos –tales como las actas o informes de los entes evaluadores o las hojas de vida de los policías- a partir de los cuales se pueda concluir que el acto de retiro tuvo por objetivo la mejoría del servicio y no que se debió a una arbitrariedad.
“Por el cual se modifican las normas de carrera del Personal de Oficiales, Nivel Ejecutivo, Suboficiales y Agentes de la Policía Nacional. (…).
“Numeral 3. declarado CONDICIONALMENTE exequible, por los cargos analizados, por la Corte Constitucional mediante Sentencia C-381-05 de 12 de abril de 2005, Magistrado Ponente Dr.

Jaime Córdoba Triviño, 'en el entendido que el retiro del servicio por disminución de la capacidad sicofísica sólo procede cuando el concepto de la Junta Médico Laboral sobre reubicación no sea favorable y las capacidades del policial no puedan ser aprovechadas en actividades administrativas, docentes o de instrucción'. Mediante la misma Sentencia la Corte se inhibe de fallar sobre los cargos formulados por la posible violación de los artículos 1 y 25 de la Carta Política, por inepta demanda”. Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, Sentencia de 17 de noviembre de 2016, C.P Roberto Augusto Serrato Valdés, radicación número: 11001-03-15-000-2016-02533-00. En el mismo sentido, confróntese: Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, sentencia de 18 de mayo de 2017, C. P: Roberto Augusto Serrato Valdés, radicación número: 11001-03-15-000-2016-02564-01, y sentencia de 30 de junio de 2017, C. P: María Elizabeth García González, radicación número: 11001-03-15-000-2017-00608-01.
“En relación con lo expuesto, esta Sección en la sentencia proferida el 10 de noviembre de 2016 precisó que si bien la sentencia SU-556 de 2014 analizó casos relativos a servidores públicos nombrados en provisionalidad, la realidad es que la ratio decidendi de esa providencia para establecer los topes indemnizatorios resulta plenamente aplicable a los miembros de la Policía Nacional retirados con base en la facultad discrecional, al tener como sustento los principios de equidad y reparación integral”. [Resalta la Sala]. Consejero Ponente Hernando Sánchez Sánchez. Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, sentencia de 28 de agosto de 1996, C.P. Carlos Arturo Orjuela Góngora, número único de radicación 11001 03 15 000 1996 00638 01 S-638 y ii) Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, sentencia de 29 de enero de 2008, C.P. Jesús María Lemos Bustamante, número único de radicación 76001 23 31 000 2000 02046 01
Dado que en los caso analizados en las sentencias traídas a colación, se trataba de un uniformado que fue retirado del servicio con ocasión de su disminución en la capacidad física, esto es, de manera ilegal y ostentando un cargo que difiere de los de provisionalidad estudiados en la sentencia SU-556 de 2014.

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