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Consejo de Estado · Sección Primera

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Primera, radicado 11001-03-15-000-2018-03946-01

Acción de tutela contra providencia judicial

Fecha
25 de abril de 2019
Consejero ponente
Roberto Augusto Serrato Valdés

01Lo que resolvió

Ficha de la providencia

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Primera, radicado 11001-03-15-000-2018-03946-01

Consejo de Estado · Sección Primera

Parte resolutiva

F A L L A PRIMERO: CONFIRMAR la sentencia de 8 de marzo de 2019, proferida por la Sección Cuarta del Consejo de Estado, que denegó las pretensiones de la acción de tutela impetrada por la Nación – Superintendencia Nacional de Salud, por las razones expuestas en la parte motiva de esta providencia. SEGUNDO: NOTIFICAR esta providencia por el medio más expedito, en los términos del Artículo 16 del Decreto 2591 del 19 de noviembre de 1991. TERCERO: REMITIR el expediente a la H. Corte Constitucional para su eventual revisión, dentro de los diez (10) días siguientes a la ejecutoria de esta providencia, de conformidad con el artículo 31 del Decreto Ley No. 2591 de 1991. CUARTO: DEVOLVER el expediente ordinario de reparación directa, con radicación No. 25000-23-26-000-2009-01043-01, allegado en calidad de préstamo a la Subsección B de la Sección Tercera del Consejo de Estado, para lo pertinente.

02Texto de la providencia

República de Colombia

Consejo de Estado

Sección Primera

Radicado 11001-03-15-000-2018-03946-01

Consejero ponente: Roberto Augusto Serrato Valdés

25 de abril de 2019

ACCIÓN DE TUTELA CONTRA PROVIDENCIA JUDICIAL / DEFECTO FÁCTICO Y DEFECTO SUSTANTIVO – No se configuran / SUPERINTENDENCIA DE SALUD - Función de inspección y vigilancia en monopolio de juegos de suerte y azar / FUNCIÓN DE INSPECCIÓN, VIGILANCIA Y CONTROL SOBRE LOS MONOPOLIOS DE LOTERÍAS, APUESTAS PERMANENTES Y DEMÁS JUEGOS DE SUERTE Y AZAR - No se cumplió en debida forma por parte de la Superintendencia de salud / RESPONSABILIDAD SOLIDARIA DE LA SUPERINTENDENCIA DE SALUD - Al no intervenir a tiempo teniendo conocimiento de la falta de liquidez de la sociedad y no evitar la defraudación del público / MEDIO DE CONTROL DE REPARACIÓN DIRECTA - Solicitud de perjuicios causados por el incumplimiento en el pago de premios ganados con la Lotería La Nueve Millonaria de la Nueva Colombia Ltda

[L]a Sala puede constatar que la autoridad judicial censurada, en definitiva, si tuvo en cuenta las pruebas que dan fe del conjunto de actuaciones efectuadas por la entidad actora, de cara a la verificación de los índices de liquidez y solvencia, y de los recursos para la salud, así como las multas que se impusieron a la sociedad “La Nueva Millonaria de la Nueva Colombia LTDA”; sin embargo, esto no era suficiente para efectos de exonerar de responsabilidad a la entidad accionante, pues al ser los juegos de suerte y azar un monopolio manejado por el Estado, la citada superintendencia debió garantizar al público el cumplimiento con el pago de los premios. (…) el presunto defecto factico no se encuentra llamado a prosperar, a la postre. (…), se puede colegir por parte de éste juez de tutela que Ia Subsección B de la Sección Tercera del Consejo de Estado, actuó con apego al ordenamiento jurídico al declarar fundadamente la responsabilidad patrimonial extracontractual solidaria de la entidad accionante y, también, al no decretar Ia caducidad de la acción en el proceso con radicación 2010-0904-01. Por consiguiente, se puede ultimar que el cargo concerniente al supuesto defecto material o sustantivo, tampoco está llamado a prosperar (…) Por ello, se confirmará en su integridad el fallo de tutela (…) mediante el cual se denegaron las pretensiones de la acción constitucional elevada.

FUENTE FORMAL: CONSTITUCIÓN POLÍTICA - ARTÍCULO 86 / LEY 643 DE 2001 - ARTÍCULO 45 / LEY 643 DE 2001 - ARTÍCULO 53 / DECRETO 2591 DE 1991

CONSEJO DE ESTADO

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCIÓN PRIMERA

Consejero ponente: ROBERTO AUGUSTO SERRATO VALDÉS

Bogotá, D.C., veinticinco (25) de abril de dos mil diecinueve (2019)

Radicación número: 11001-03-15-000-2018-03946-01(AC)

Actor: NACIÓN – SUPERINTENDENCIA NACIONAL DE SALUD

Demandado: CONSEJO DE ESTADO – SECCIÓN TERCERA – SUBSECCIÓN B

Sentencia de Segunda Instancia.

La Sala decide la impugnación presentada por la apoderada judicial de la parte actora, en contra de la sentencia de 8 de marzo de 2019, proferida por la Sección Cuarta del Consejo de Estado, que denegó las pretensiones de la acción de tutela de la referencia.

LA SOLICITUD DE TUTELA

La Nación – Superintendencia Nacional de Salud, por intermedio de apoderada judicial, presentó acción de tutela en contra de la Subsección B de la Sección Tercera del Consejo de Estado, con el fin de obtener el amparo de sus derechos constitucionales fundamentales al debido proceso, a la defensa y al acceso a la administración de justicia, cuya vulneración le atribuye a la sentencia de 1º de agosto de 2018, proferida por ésta Alta Corporación Judicial, dentro del medio de control de reparación directa con radicado 25000-23-26-000-2009-01043-01 acumulado 25000-23-26-000-2010-00904-01.

HECHOS

De conformidad con lo planteado por la entidad accionante, los hechos que motivan la solicitud de amparo se contraen, en síntesis, a lo siguiente:

Refirió que los departamentos de Arauca, Guainía, Amazonas Vaupés, Archipiélago de San Andrés, Providencia y Santa Catalina, Vichada, Casanare y Putumayo, constituyeron la sociedad “Lotería la Nueve Millonaria de la Nueva Colombia LTDA”, con el objeto de explotar, administrar y gestionar el ejercicio del monopolio de loterías y apuestas permanentes, de lo que se generaban unas rentas que estaban destinadas a la prestación de los servicios de salud, en cumplimiento del artículo 336 de la Carta Superior de 1991.

Indicó que el señor Serafín Antonio Arenas Flórez ganó el sorteo fechado el 29 de mayo de 2007 (con el billete No. 94019 de la serie 150), por lo cual llegó a un acuerdo de pago con la lotería.

Narró que el señor Francisco José Turizo Jiménez (por medio de la fracción del billete No. 1524 de la serie 120), ganó el segundo premio seco del sorteo del 18 de agosto de 2007 y, con anterioridad a él, el señor Gustavo Alonso Pérez Mesa (con la fracción del billete No. 7859 de la serie 127) se hizo acreedor del premio mayor en el sorteo llevado a cabo el día 23 de marzo de 2007.

Advirtió que la lotería presentaba pérdidas desde el año 2001, pues tenía un pasivo de doce millones de pesos ($12.000.000,00) y no había efectuado las transferencias al sector salud; por lo que, al incurrir en una causal de disolución y liquidación, se designó a la Fiduprevisora S.A. como agente liquidador.

Adujo que, en Resolución No. 1468 del 4 de septiembre de 2007, la Superintendencia de Salud ordenó la liquidación y cesación de la ejecución del objeto social de la sociedad.

Relató que, por lo anterior, se incurrió en incumplimiento en el pago de los premios a los señores Serafín Antonio Arenas Flórez, Francisco José Turizo Jiménez y Gustavo Alonso Pérez Mesa; razón por la cual, presentaron de manera separada, demandas de reparación directa, como a continuación se enseña:

Los señores Serafín Antonio Arenas Flórez y Francisco José Turizo Jiménez contra los departamentos de Arauca, Guainía, Amazonas, Vaupés, Archipiélago de San Andrés, Providencia y Santa Catalina, Vichada, Casanare y Putumayo y, la Superintendencia de Salud, a la cual le correspondió el radicado No. 2009-01043-00. Allí, las pretensiones se encaminaron a solicitar el pago de los perjuicios causados por el incumplimiento en el pago de los premios que ganaron con la lotería “La Nueve Millonaria de la Nueva Colombia LTDA.”

El señor Gustavo Alonso Pérez Mesa, por su parte, instauró contra las mismas entidades y con pretensiones similares, bajo el radicado No. 2010-00904-00.

Esgrimió que el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Tercera, Subsección C en Descongestión, resolvió en primera instancia las mentadas causas ordinarias en los siguientes términos:

Proceso No. 2009-01043-00: Se dictó sentencia el 16 de octubre de 2014, en la que se negaron las pretensiones elevadas, pues se indicó que la acreencia de los demandantes en el marco del proceso de liquidación fue clasificado en la quinta clase, por lo que no gozaba de preferencia y, por consiguiente, no pudo ser pagado con la masa de activos destinada para el pago de las obligaciones.

Proceso No. 2010-00904-00: Se profirió fallo el 13 de febrero de 2014, en el que se declaró probada la excepción de caducidad del medio de control de reparación directa, con el argumento según el cual la parte actora resultó ganadora del sorteo el 23 de marzo de 2007; de manera que, a partir del día siguiente, empezó a correr el término de los dos (2) años para presentar demanda, el cual se completó el día 24 de marzo de 2009 y, por su parte, la demanda se instauró tan solo hasta el 10 de diciembre de 2010.

Señaló que los demandantes interpusieron recurso de apelación, contra los proveídos dictados en primera instancia y le correspondió conocer de esas causas ordinarias a la Subsección B de la Sección Tercera del Consejo de Estado, autoridad judicial que, de manera previa, acumuló los procesos por unidad de materia.

Reseñó que, mediante sentencia de segunda instancia, calendada el 1º de agosto de 2018, la citada autoridad revocó las sentencias del 13 de febrero de 2014 y del 16 de octubre de 2014, respectivamente y, en su lugar, declaró la responsabilidad extracontractual solidaria de la parte accionada, por los perjuicios antijurídicos causados a los señores Serafín Antonio Arenas Flórez, Francisco José Turizo Jiménez y Gustavo Alonso Pérez Mesa.

Sostuvo que, en virtud de la referida declaratoria de responsabilidad extracontractual solidariamente declarada, el monto de la condena a pagar fue del 50%, lo que se concretó y/o materializó en las siguientes sumas, a saber:

Señor Francisco José Turizo Jiménez: $43.273.140,34.
Señor Serafín Antonio Arenas Flórez: $1.211.647.929,64.
Señor Gustavo Alonso Pérez Mesa: $757.279.956,02.

Acusó que, a su juicio, la Subsección B de la Sección Tercera del Consejo de Estado vulneró sus derechos constitucionales fundamentales al debido proceso, a la defensa y al acceso a la administración de justicia, con ocasión de la sentencia de segunda instancia calendada el 1º de agosto de 2018, por cuanto, en su sentir, en ella se incurrió en un presunto defecto fáctico y, además, en un supuesto defecto material o sustantivo.

Con base en los anteriores fundamentos fácticos y jurídicos, solicitó que se tutelen los derechos constitucionales fundamentales arriba enunciados y que, como consecuencia de lo anterior, se deje sin efectos jurídicos el proveído censurado del 1º de agosto de 2018, que revocó las decisiones de primera instancia, que habían sido en principio favorables a sus intereses, en el proceso ordinario de reparación directa No. 25000-23-26-000-2009-01043-01 acumulado 25000-23-26-000-2010-00904-01.

III. PRETENSIONES

La parte accionante, en su demanda de tutela, formuló las siguientes pretensiones:

“[…] Con fundamento en los hechos relacionados, solicito del HONORABLE CONSEJO DE ESTADO, disponer y ordenar en favor de mi PODERDANTE, lo siguiente:

PRIMERO: Tutelar los derechos constitucionales de mi PODERDANTE, al debido proceso y al acceso a la administración de justicia.
SEGUNDO: En consecuencia, MODIFICAR la sentencia proferida por la C.P. Stella Conto Díaz del Castillo, Sección Tercera (Subsección B) de la Sala de lo Contencioso Administrativo del Consejo de Estado, el primero de agosto del presente año, bajo el Radicado No. 25000-23-26-000-2009-01043-01 (53.876) acumulado con el No. 25000-23-26-000-2010-00904-01, declarando probada la excepción de falta de legitimación en la causa por pasiva formulada por la Superintendencia Nacional de Salud […]”.

IV. TRÁMITE DE LA TUTELA

El Magistrado sustanciador del proceso de la Sección Cuarta del Consejo de Estado, mediante auto de 26 de octubre de 2018, admitió la acción de tutela promovida a través de apoderado judicial, por la Nación – Superintendencia Nacional de Salud, en contra de la Subsección B de la Sección Tercera del Consejo de Estado, y vinculó como terceros con interés directo en los resultados del proceso, al Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Tercera, Subsección C en Descongestión, a los departamentos de Arauca, Guainía, Amazonas, Vaupés, Archipiélago de San Andrés, Providencia y Santa Catalina, Vichada, Casanare y Putumayo, a los señores Serafín Antonio Arenas Flórez, Francisco José Turizo Jiménez y Gustavo Alonso Pérez Mesa y, por último, a la Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado.

En la misma providencia, de igual forma, se ofició a la Subsección B de la Sección Tercera del Consejo de Estado para que allegara, en calidad de préstamo y con destino a la presente causa constitucional, el expediente contentivo del proceso ordinario de reparación directa acumulado, con radicación No. 25000-23-26-000-2009-01043-01.

V. INTERVENCIONES

Realizadas las comunicaciones a las autoridades accionadas y a las vinculadas, intervinieron en los siguientes términos:

V.1. La Consejera de Estado de la Subsección B de la Sección Tercera de esta Alta Corte, a cargo de la sustanciación del proceso en mención, mediante escrito fechado el 1º de noviembre de 2018, informó que, con la sentencia enjuiciada, no se vulneró derecho fundamental alguno de la entidad demandante, pues aseguró que la misma fue debidamente argumentada y con apego a la normativa sustancial y procesal.

Indicó que en el asunto bajo estudio, se verificó el marco normativo que le otorga funciones de inspección, vigilancia y control a la Superintendencia de Salud, del cual concluyó que, en efecto, tenía a cargo la vigilancia del funcionamiento de la sociedad “Lotería La Nueve Millonaria de la Nueva Colombia Ltda.” y, además, la intervención en caso tal que de su ejercicio pudiera dar lugar a la defraudación del público, circunstancia que se concretó ante el impago de los premios; con lo que se afectó la confianza de los apostadores en un monopolio manejado por el Estado.

Sostuvo que, estaba a cargo de Ia entidad accionante, impedir que la sociedad recaudara recursos del público, a sabiendas de Ia imposibilidad de pagar los premios que llegaran a causarse; es decir, sin proceder a la verificación del cumplimiento de las obligaciones derivadas de la concreción del alea.

Finalmente, aseguró que aun cuando Ia entidad impuso multas y requirió en repetidas oportunidades a la lotería para que ajustara su plan de premios a las ventas reportadas, lo cierto es que sus determinaciones no fueron atendidas y los premios de los ganadores de los sorteos no se pagaron; de manera que se concluyó que las medidas adoptadas por la citada superintendencia fueron insuficientes, pues no evitó la defraudación del público, en garantía de los principios de transparencia y buena fe, que fueron abiertamente inobservados, en cuanto se permitió la operación de los juegos de azar, a sabiendas de la falta de liquidez de la sociedad.

V.2. El Magistrado del Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Tercera, Subsección C en Descongestión, sustanciador del proceso ordinario en primera instancia, dio contestación oportuna a la accion de amparo el 7 de noviembre de 2018, manifestando que, el expediente del proceso ordinario de reparacion directa, fue remitido al Consejo de Estado para efectos de que se surtiera el trámite respectivo para resolver la alzada que se intrpuso contra los proveídos dictados en primer grado. Agregó que, a la fecha, el expediente no ha sido devuelto a esa Corporación judicial.

V.3. El apoderado judicial del Departamento de Arauca, descorrió traslado de la accion de amparo el 1º de noviembre de 2018, esgrimiendo que, por su parte, se atenía a lo resuelto por el Consejo de Estado en la acción de tutela de la referencia; pues no podía coadyuvar al objeto de la misma por cuanto ello iría en detrimento de los intereses de la entidad territorial.

V.4. El Jefe de la Oficina de defensa Judicial de la Procuraduría General de la Nación, en memorial calendado el 1º de noviembre de 2018, pidió que se despacharan desfavorablemente las pretensiones de la acción constitucional, toda vez que, en su sentir, no se presentó vulneración a los derechos fundamentales concernientes al debido proceso y al acceso a la administración de justicia, invocados por Ia entidad tutelante.

V.5. El apoderado judicial de los señores Serafín Antonio Arenas Flórez, Francisco José Turizo Jiménez y Gustavo Alonso Pérez Mesa, mediante escrito allegado el 31 de octubre de 2018 ante esta Corporación, solicitó que se declarara la improcedencia de la acción de tutela; por no cumplir con los requisitos de procedibilidad y, de manera subsidiaria, que se decretara que Ia autoridad judicial accionada no ha vulnerado los derechos fundamentales que se dicen conculcados.

Advirtió que los argumentos de Ia parte actora son, sin duda alguna, meras inconformidades frente a la interpretación que realizó Ia autoridad judicial accionada de las pruebas; más no un reproche de índole constitucional, que justifique la intervención del juez de amparo, por lo que aseguró que no se cumple con el requisito concerniente a la relevancia constitucional, a la postre.

Relató que, del estudio racional del material probatorio allegado al sub examine, se pudo constatar que las medidas adoptadas por la Superintendencia Nacional de Salud fueron insuficientes; pues era su deber evitar la defraudación del público, a pesar de que tenía pleno conocimiento de la manera en cómo se estaba operando.

Aseguro, por último, que en ninguna parte de la sentencia enjuiciada se indicó que la entidad accionante era una coadministradora, sin embargo, sí se probó que no cumplió con sus funciones de inspección, vigilancia y control.

En ese orden de ideas, y por todo lo anterior, solicitó que se despacharen desfavorablemente las pretensiones ventiladas en sede de tutela.

V.6. Las demás partes accionadas y vinculadas a la presente causa constitucional, no intervinieron y, por su parte, optaron por guardar silencio al interior de las presentes diligencias.

EL FALLO IMPUGNADO

Mediante sentencia de tutela de primer grado del 8 de marzo de 2019, la Sección Cuarta del Consejo de Estado denegó el amparo deprecado por el apoderado judicial de la Nación – Superintendencia Nacional de Salud, por cuanto no se configuraron los defectos señalados en la demanda de tutela y, en adición, no se vulneraron las garantías iusfundamentales que se dicen transgredidas.

Para el efecto, la referida Sección, trajo a colación el marco jurídico que regula la acción de tutela en nuestro sistema, plasmado en el artículo 86 de la Carta Política, así como también en el Decreto Ley 2591 del 19 de noviembre de 1991. Acto seguido, refirió y explicó la procedencia excepcional de la acción de tutela contra providencias judiciales, al tenor de lo plasmado en la sentencia de constitucionalidad C-590 de 2005, de la Corte Constitucional.

Estudió, de igual manera y de forma minuciosa, el cumplimiento de los requisitos generales y/o exigencias adjetivas de procedibilidad de la acción de amparo contra proveídos judiciales, y al constatar su pleno cumplimiento y observancia, descendió al fondo del asunto, centrándose en la supuesta configuración de los presuntos defectos fácticos y material o sustantivo.

En lo que a la presunta configuración del defecto fáctico se refiere, la Sección Cuarta precisó, entre otros aspectos, que:

“[…] En efecto, en la sentencia motivo de tacha constitucional no se desconocieron las actuaciones que realizó Ia actora, por el contrario, de estas se concluyó que Ia Superintendencia accionante debió vigilar de cerca las operaciones para evitar Ia defraudación del público, lo que ocurrió en el asunto bajo estudio; pues los señores Francisco José Turizo Jiménez, Serafín Antonio Arenas Flórez y Gustavo Alfonso Pérez Mesa, compraron los respectivos billetes de lotería y resultaron ganadores, pero no le cancelaron los premios que se ofrecían, valoraciones que a la Sala Ie resultan razonables. Así las cosas, no se observa que en el fallo atacado se omitiera alguna prueba señalada por la demandante o se aplicara una interpretación contraria a derecho. Por consiguiente, se negará el cargo por el defecto fáctico […]”. (Destaca la Sala)

De otra parte, y en cuanto a la presencia del supuesto defecto material o sustantivo, esa Sección adujo:

“[…] Al respecto, se observa que Ia autoridad judicial accionada declaró Ia responsabilidad solidaria de la Superintendencia de Salud, en virtud de los artículos 53 y 45 de la Ley 643 de 2001, en los que se establecen las funciones de intervenir o tomar posesión de Ias empresas que desarrollen juegos de suerte y azar cuando el funcionamiento pueda dar lugar a la defraudación del público, las cuales la Sección Tercera, Subsección “B” del Consejo de Estado consideró que no fueron materializadas en debida forma, pues de las pruebas que obraban en el plenario concluyó que no se realizaron las actuaciones necesarias para que se evitara el incumplimiento en el pago de los premios a las personas ganadoras. En consecuencia, se aclara que la decisión de condenar solidariamente a la entidad demandante fue por no cumplir en debida forma Ias obligaciones de control, inspección y vigilancia establecidas en Ia ley y permitió que el daño se concretara. De hecho, los departamentos de Arauca, Guainía, Guaviare, Amazonas, Vaupés, Archipiélago de San Andrés, Providencia y Santa Catalina, Vichada, Casanare y Putumayo fueron condenados como integrantes de Ia sociedad La Nueve Millonaria de la Nueva Colombia Ltda., porque permitieron la venta de los billetes y fracciones de lotería a pesar de que conocían la difícil situación por la que atravesaba. Por consiguiente, la condena impuesta a la entidad accionante tiene su fundamento en el daño antijurídico causado, el cual es diferente al de los otros demandados, es decir, que a una parte se le condenó por defraudar al público y a la otra por no evitar dicha situación a pesar de tener conocimiento de esta, en tanto omitió Ias obligaciones que Ie imponía el ordenamiento jurídico frente al desarrollo de una actividad propia del monopolio Estatal (…) En ese orden de ideas, se concluye que la Sección Tercera, Subsección “B” del Consejo de estado actuó con apego al ordenamiento jurídico al declarar la responsabilidad solidaria de la entidad accionante y al no declarar la caducidad de la acción en el proceso Nº 2010-0904-01. Por consiguiente, se negará el cargo por el defecto sustantivo alegado […]”. (Negrillas y subrayas de la Sala)

En ese orden de ideas, la Sección Cuarta de esta Alta Corporación, resolvió lo siguiente:

“[…] PRIMERO: NIÉGASE las pretensiones de la solicitud de tutela interpuesta por la Superintendencia de Salud contra la Sección Tercera, Subsección B del Consejo de Estado.

SEGUNDO: NOTIFÍQUESE esta decisión por el medio más eficaz y expedito posible, como lo dispone el artículo 30 del Decreto Ley 2591 de 1991.

TERCERO: En caso de no ser impugnada esta providencia, REMÍTASE el expediente de tutela a la Corte Constitucional para que se surta el trámite de eventual revisión, previsto en el artículo 86 de la Constitución Política. Cópiese, Notifíquese y Cúmplase […]”.

La providencia antes referida, fue notificada vía electrónica el 19 de marzo de 2019, tal y como se observa a folios 199 a 211 de la causa constitucional.

FUNDAMENTOS DE LA IMPUGNACIÓN

La entidad actora, por intermedio de apoderado judicial, impugnó en tiempo la sentencia reiterando, en lineas generales, los argumentos consignados en la demanda de tutela para efectos de señalar que considera que sus derechos constitucionales fundamentales continúan siendo transgredidos y conculcados por la autoridad judicial aquí accionada.

Realizó un breve recuento de los hechos que originaron la presente accion constitucional y anotó que: “[…] En la sentencia de 1º de agosto de 2018, proferida por la Sala de lo Contencioso Administrativo, Seccion Tercera, Subseccion B del Consejo de estado, se incurrió en defectos fácticos y materiales, y en la violación consecuencial al debido proceso y al acceso a la administración de justicia, que debe garantizarse a la Superintendencia Nacional de Salud, toda vez que se abstuvo de realizar un análisis probatorio adecuado de las actuaciones de la Superintendencia, ya que, si bien mencionó las pruebas allegadas al expediente, no tuvo en cuenta su alcance y conducencia, para efectos de proferir la sentencia en el medio de control (…) A ello se agrega que, con el material probatorio que obra en el expediente, se logra acreditar que la Superintendencia Nacional de Salud, al intervenir para liquidar la sociedad Lotería Nueve Millonaria la Nueva Colombia Ltda., evitó una defraudación del público, toda vez que la sociedad de juegos de suerte y azar no contaba con los recursos económicos para pagar los premios de las loterías que ofrecía al público […]”.

Agregó, en su escrito de impugnación, que: “[…] Tenemos entonces que, no existe una conducta omisiva por parte de la Superintendencia Nacional de Salud, y que el daño causado deviene de hechos ajenos a sus funciones, rompiéndose de esa manera cualquier nexo causal existente entre Io alegado por los demandantes como perjuicio, y el ejercicio de las funciones de inspección y vigilancia debidamente acreditadas en el proceso. Adicionalmente, al tratarse de una facultad discrecional deben ser empleadas técnicas de control lo suficientemente sustentadas para controlar el ejercicio de acción con libertad por parte de Ia autoridad administrativa […]”.

Insistió e hizo hincapié, nuevamente, en que la sentencia ordinaria censurada de fecha 1º de agosto de 2018, incurrió en el presunto defecto fáctico y en el supuesto defecto material o sustantivo, por parte de la Subseccion B de la Sección Tercera del Consejo de Estado.

Por los motivos expuestos, solicitó que se concediera la impugnacion presentada y, en consecuencia, que se revoque la decision del juez de tutela de primer grado, acogiéndo las pretensiones deprecadas.

VIII. CONSIDERACIONES DE LA SALA

VIII.1. Competencia de la Sala

Esta Sala de Decisión es competente para conocer de la impugnación presentada por el apoderado judicial de la Nación – Superintendencia Nacional de Salud, en contra de la sentencia de 8 de marzo de 2019, proferida por la Sección Cuarta del Consejo de Estado, de conformidad con lo establecido en el artículo 32 del Decreto Ley 2591 del 19 de noviembre de 1991, en concordancia con el artículo 2.2.3.1.2.1 del Decreto 1069 de 26 de mayo de 2015, modificado por el artículo 1º del Decreto 1983 de 30 de noviembre de 2017.

VIII.2. Problema Jurídico

En éste acápite, a la Sala le corresponde establecer:

i) Si la acción de tutela presentada por la Nación – Superintendencia Nacional de Salud, entidad que actúa por intermedio de apoderado judicial, cumple con los requisitos generales y especiales de procedibilidad. En caso de resolverse favorablemente tal aspecto, se deberá determinar:

ii) Si la Subsección B de la Sección Tercera del Consejo de Estado, en efecto, y en virtud de la sentencia enjuiciada de reparación directa del 1º de agosto de 2018, vulneró los derechos constitucionales fundamentales que se dicen transgredidos en la demanda de tutela, al incurrir en un presunto defecto fáctico y en un supuesto defecto material o sustantivo; caso en el cual, se deberá anular la sentencia ordinaria atacada de segunda instancia, que a su vez revocó el proveído de primer grado dictado por el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Tercera, Subsección C en Descongestión, que había sido favorable a las pretensiones de la entidad actora.

Con el fin de resolver estos problemas jurídicos, se harán previamente algunos planteamientos respecto de: i) los requisitos de procedencia de la acción de tutela contra providencias judiciales; procediendo posteriormente a ii) resolver el caso concreto adentrándose en el fondo del asunto siempre y cuando se satisfagan los requisitos generales.

VIII.3. Procedencia de la acción de tutela contra providencias judiciales. Requisitos generales y especiales de procedibilidad

En sentencia de 31 de julio de 2012, la Sala Plena del Consejo de Estado cambió su postura inicial y decidió asumir el estudio de fondo de las acciones de tutela dirigidas en contra de providencias judiciales violatorias de derechos fundamentales siguiendo los lineamientos dispuestos por la Corte Constitucional y su propia jurisprudencia.

Ahora bien, la sentencia C-590 de 8 de junio de 2005, proferida por la Corte Constitucional, estableció los siguientes presupuestos generales y especiales para que proceda la acción de tutela en contra de decisiones judiciales:

Como requisitos generales de procedibilidad fijó: i) la relevancia constitucional del asunto; ii) el agotamiento de todos los medios de defensa judicial, salvo la existencia de un perjuicio irremediable; iii) el cumplimiento del principio de inmediatez; iv) si se trata de una irregularidad procesal, que ésta tenga efecto decisivo en la providencia objeto de inconformidad; v) la identificación clara de los hechos causantes de vulneración y su alegación en el proceso, y vi) que la acción no se dirija contra un fallo de tutela, salvo las excepciones previstas en la sentencia SU-627 de 2015.

Como requisitos especiales de procedencia del amparo, y que permiten al juez constitucional dejar sin efectos una providencia judicial, la sentencia C-590 de 2005 estableció la existencia de los siguientes defectos: orgánico, procedimental absoluto, fáctico, material o sustantivo, error inducido, decisión sin motivación, desconocimiento del precedente y violación directa de la Constitución.

De lo expuesto, la Sala advierte que, cuando el juez constitucional conoce una demanda impetrada en ejercicio de la acción de tutela y en la que se alega la vulneración de derechos fundamentales con ocasión de la expedición de una providencia judicial, en primer lugar, debe verificar la presencia de los requisitos generales y, en segundo lugar, le corresponde examinar si en el caso objeto de análisis se configura alguno de los defectos especiales ya explicados, permitiéndole de esta manera “dejar sin efecto o modular la decisión” que se encaje en dichos parámetros.

Se trata, entonces, de una rigurosa constatación de los presupuestos de procedibilidad, por cuanto resulta a todas luces necesario evitar que este instrumento excepcional se convierta en una manera de desconocer principios y valores constitucionales tales como los de cosa juzgada, debido proceso, seguridad jurídica e independencia judicial que gobiernan todo proceso jurisdiccional.

El criterio expuesto fue reiterado en pronunciamiento de la Sala Plena de la Corporación, en sentencia de unificación de 5 de agosto de 2014, radicado: 11001-03-15-000-2012-02201-01, Consejero Ponente, Jorge Octavio Ramírez Ramírez.

VIII.3.1. El defecto fáctico.

En la sentencia SU-062 de 7 de junio de 2018, la Corte Constitucional expone que el defecto fáctico tiene una dimensión negativa y otra positiva. La dimensión negativa se configura cuando el juez i) niega una prueba, ii) no se valora una prueba o se valora de manera arbitraria, irracional o caprichosa u iii) omite por completo la valoración de las pruebas determinantes para identificar la veracidad de los hechos analizados o determinante en el desenlace del proceso. La dimensión positiva se configura, al contrario, i) cuando el juez admite pruebas que no ha debido admitir ni valorar, por ejemplo, por tratarse de pruebas ilícitas o ii) cuando el juez decide conforme a elementos probatorios que, por disposición de la ley, no conducen a demostrar el hecho sobre el cual se fundamenta la decisión.

De igual manera, el alto Tribunal Constitucional establece que la dimensión positiva se presenta cuando el juez efectúa una valoración por «completo equivocada», o fundamenta su decisión en una prueba no apta para ello. Dicha dimensión implica la evaluación de errores en la apreciación del hecho o de la prueba que se presentan cuando el juzgador se equivoca: «i) al fijar el contenido de la misma, porque la distorsiona, cercena o adiciona en su expresión fáctica y hace que produzca efectos que objetivamente no se establecen de ella; o ii) porque al momento de otorgarle mérito persuasivo a una prueba, el juez se aparta de los criterios técnico-científicos o los postulados de la lógica, las leyes de la ciencia o las reglas de la experiencia, es decir, no aplica los principios de la sana crítica, como método de valoración probatoria».

La Corte Constitucional indica que las reglas de la sana crítica son, ante todo, las reglas del correcto entendimiento humano, a su vez señala que:

«En ellas interfieren las reglas de la lógica, con las reglas de la experiencia del juez. Unas y otras contribuyen de igual manera a que el magistrado y/o juez puedan analizar la prueba (ya sea de testigos, peritos, de inspección judicial) con arreglo a la sana razón y a un conocimiento experimental de las cosas.

En la doctrina, se denomina sana crítica al conjunto de reglas que el juez observa para determinar el valor probatorio de la prueba. Estas reglas no son otra cosa que el análisis racional y lógico de la misma. Es racional, por cuanto se ajusta a la razón o el discernimiento humano. Es lógico, por enmarcarse dentro de las leyes del conocimiento. Dicho análisis se efectúa por regla general mediante un silogismo, cuya premisa mayor la constituyen las normas de la experiencia y la menor, la situación en particular, para así obtener una conclusión

En esa medida, el sistema de la libre apreciación o de sana crítica, faculta al juez para valorar de una manera libre y razonada el acervo probatorio, en donde el juez llega a la conclusión de una manera personal sin que deba sujetarse a reglas abstractas preestablecidas. La expresión sana crítica, conlleva la obligación para el juez de analizar en conjunto el material probatorio para obtener, con la aplicación de las reglas de la lógica, la psicología y la experiencia, la certeza que sobre determinados hechos se requiere para efectos de decidir lo que corresponda.

Por su parte, las máximas de la experiencia son aquellas reglas de la vida y de la cultura general formadas por inducción, que constituyen una vocación espontánea o provocada de conocimientos anteriores y que se producen en el pensamiento como nutrientes de consecutivas inferencias lógicas. Una máxima de experiencia por definición es una conclusión empírica fundada sobre la observación de lo que ocurre comúnmente, es decir, un juicio hipotético de contenido general, sacado de la experiencia y tomado de las distintas ramas de la ciencia.

La sentencia que razona en contra de esas máximas, o que se funda en pretendidas máximas de experiencia inexistentes, contiene un vicio indudable en su motivación, que configuraría la causal por defecto fáctico y, por tanto, el juez de tutela podría dejar sin efectos la providencia atacada».

En cuanto a la segunda dimensión del defecto fáctico, la negativa, se produce cuando el juez omite o ignora la valoración de una prueba determinante o no decreta su práctica sin justificación alguna. Esta dimensión comprende las omisiones en la apreciación de pruebas determinantes para identificar la veracidad de los hechos analizados por el juez.

En conclusión, «el defecto fáctico ha sido definido por la jurisprudencia constitucional como aquel que surge o se presenta por omisión en el decreto y la práctica de las pruebas; la no valoración del acervo probatorio y el desconocimiento de las reglas de la sana crítica». Así como los problemas intrínsecos relacionados con los soportes probatorios.

VIII.3.2. El defecto material o sustantivo.

En lo concerniente al defecto sustantivo, la jurisprudencia ha establecido que éste se presenta cuando la decisión que toma el juez desborda el marco de acción que la Constitución y la Ley le reconocen, al apoyarse en una norma evidentemente inaplicable al caso concreto, bien sea, entre otras, «[…] porque, a pesar de estar vigente y ser constitucional, no se adecua a la circunstancia fáctica a la cual se aplicó, porque a la norma empleada, por ejemplo, se le reconocen efectos distintos a los expresamente señalados por el legislador […]», e igualmente puede suceder cuando no se aplica la disposición que regula el asunto sometido a decisión judicial.

Si bien los jueces tienen autonomía para elegir las normas jurídicas pertinentes a un caso concreto y para establecer la manera de interpretar e integrar el ordenamiento jurídico, no les es dable apartarse de las disposiciones de la Constitución o la ley que resultan aplicables al caso concreto.

Cabe destacar, además, que la jurisprudencia ha restringido la configuración del defecto sustantivo cuando éste se estructura a partir de la interpretación que el juez ordinario ha dado a la disposición legal, en razón a que le está vedado al juez constitucional configurar el defecto sustantivo a partir de la elección realizada por el operador judicial, cuando la escogencia se ha efectuado entre interpretaciones constitucionalmente admisibles.

Al respecto, en la sentencia T-1001 de 2001 la Corte Constitucional explicó:

«En materia de interpretación judicial, los criterios para definir la existencia de una vía de hecho son especialmente restrictivos, circunscritos de manera concreta a la actuación abusiva del juez y flagrantemente contraria al derecho. El hecho de que los sujetos procesales, los particulares y las distintas autoridades judiciales no coincidan con la interpretación acogida por el operador jurídico a quien la ley asigna la competencia para fallar el caso concreto, o no la compartan, en ningún caso invalida su actuación ya que se trata, en realidad, de “una vía de derecho distinta” que, en consecuencia, no es posible acomodar dentro de los requisitos de procedibilidad de la acción de tutela contra providencias judiciales. De esta manera, queda a salvo, pues, el respeto por el principio democrático de la autonomía funcional del juez que reserva para éste, tanto la adecuada valoración probatoria como la aplicación razonable del derecho». (Subraya fuera de texto original)

VIII.4. Caso concreto.

VIII.4.1. Análisis de los requisitos generales de procedibilidad de la acción de tutela

La Sala encuentra que, en efecto, se cumplen los requisitos generales de procedibilidad, en razón a que: i) se solicita la protección de unos derechos constitucionales fundamentales como lo son el debido proceso, la defensa y el acceso a la administración de justicia; ii) la entidad accionante no tiene a su disposición otro medio de defensa judicial para procurar el amparo de los derechos fundamentales que estima conculcados, en tanto la sentencia motivo de censura constitucional se profirió en el marco de un recurso de apelación ; iii) la acción de tutela se presentó en un término razonable. Lo anterior, por cuanto la decisión objeto de inconformidad se profirió el 1º de agosto de 2018, se notificó mediante edicto desfijado el 10 de septiembre de 2018 alcanzando su ejecutoria el día 13 de septiembre de la misma anualidad y, por su parte, la acción de tutela se presentó el 19 de octubre de 2018, es decir, transcurrió menos de un (1) mes y ocho (8) días; además, iv) la situación que genera la eventual vulneración de los derechos fundamentales de la entidad actora fue debidamente puntualizada en el escrito de tutela y, por último, v) la providencia cuestionada no se profirió en el trámite de una acción de tutela o proceso de esa misma naturaleza y/o índole.

VIII.4.2. Análisis de los requisitos especiales de procedibilidad de la acción de tutela

Dado que se verificó que la tutela de la referencia cumple los requisitos generales y/o exigencias adjetivas requeridas, a continuación la Sala abordará el fondo de la decisión judicial acusada, para indagar si en ella se configuraron las causales específicas de procedencia material de la acción constitucional invocadas por la Nacion – Superintendencia Nacional de Salud; esto es, el defecto fáctico y el defecto material o sustantivo.

En lo que a la presunta configuración del defecto fáctico se refiere, la Sala observa que la entidad actora señaló en la demanda de tutela que del material probatorio allegado a la presente causa constitucional era dable concluir que esa Superintendencia, en efecto, había desplegado todas las actuaciones necesarias para verificar la liquidez y solvencia de la lotería “La Nueve Millonaria de la Nueva Colombia LTDA“, prevenir los impagos a salud y ordenó la liquidación, medida necesaria para cumplir con la obligación de mitigar el daño. Además, sostuvo que se confundió la función de inspección, vigilancia y control con coadminístración y que no se generó ninguna conducta omisiva, por lo que tampoco se configuró el nexo causal entre las actuaciones de la actora y el daño señalado en el fallo motivo de tacha constitucional.

Ahora, del expediente de tutela y de la causa ordinaria de reparacion directa, se puede constatar que los argumentos frente al presunto defecto están más relacionados con la supuesta inobservancia de las actuaciones relacionadas con la verificación de los índices de liquidez y solvencia, y con la falta de vigilancia de los recursos para la salud.

Pues bien, y descendiendo al caso sub judice, es posible observar que la Subsección B de la Sección Tercera del Consejo de Estado, que funge como autoridad judicial enjuiciada, en su sentencia atacada de segunda instancia del 1º de agosto de 2018, declaró la responsabilidad extracontractual patrimonial solidaria de la mentada Superintendencia como consecuencia del incumplimiento del pago de premios de la lotería “La Nueve Millonaria de la Nueva Colombia LTDA“. Allí, y como justificación para tal declaratoria, dicha Sección argumentó, entre otros aspectos, que:

“[…] Bajo ese entendido, Ia Superintendencia Nacional de Salud tenía dentro de sus funciones vigilar el funcionamiento de la sociedad Lotería La Nueva Millonaria de Ia Nueva Colombia LTDA. y, además, intervenir si en su ejercicio social pudiera dar lugar a la defraudación del público, circunstancia que se concretó ante el impago de los premios, con lo que se afectó la confianza de Ios apostadores en un monopolio manejado por el Estado, de quien no se espera fraude o incumplimiento de sus obligaciones.

No podría pensarse que Ia Superintendencia demandada podía permitir que la sociedad recaudara recursos del público, a sabiendas de la imposibilidad de pagar los premios que llegaran a causarse, es decir, sin proceder a la verificación del cumplimiento de las obligaciones derivadas de la concreción del alea. Ello deslinda, a todas luces, los postulados de la buena fe que rigen las relaciones entre particulares y con el Estado, como se mencionó en precedencia.

Revisado el expediente, se encuentra que Superintendencia Nacional de Salud, en ejercicio de sus funciones de inspección y vigilancia, impuso multas a la sociedad La Nueva Millonaria de la Nueva Colombia LTDA. por falta de giro de los recursos para Ia salud y aunque la requirió en repetidas oportunidades para que ajustara su plan de premios a las ventas reportadas, pasando por alto que su recomendación no fue cumplida al margen de su deber de velar por preservar la confianza del público en el mercado del juego de suerte y azar, sin duda deberá responder, de manera solidaria por el perjuicio causado. Es de anotar que la Superintendencia conocía que la Lotería La Nueve Millonaria de la Nueva Colombia LTDA. ofrecía Ios mejores premios del mercado y que ocupaba uno de los primeros lugares en ventas, lo que obligaba a vigilar de cerca la operación, tanto así que finalmente, determinó la toma de posesión de la sociedad, el 4 de septiembre de 2007, luego de realizadas sendas visitas de inspección (resolución 1468 de 2007); empero, luego de que los demandantes en este asunto fueron defraudados.

La Sala considera que las medidas adoptadas por la Superintendencia Nacional de Salud para conjurar el incumplimiento por parte de la sociedad fueron insuficientes y en especial tardías, pues ocurrieron después de ventas de billetes sin respaldo, siendo que Ia vigilancia de la Superintendencia ha debido garantizarlo […]”. (Destaca la Sala)

Ahora bien, y tal y como lo puso de presente de manera acertada la Sección Cuarta de esta Corporación en su fallo de tutela de primer grado, se evidencia que la sentencia enjuiciada sí reconoció las gestiones que llevó a cabo la entidad tutelante y que, de éstas, se pudo concluir que en efecto debió vigilar de cerca y de manera minuciosa las operaciones para efectos de evitar y/o conjurar la defraudación del público; pues resulta palmario que los acreedores del premio resultaron afectados en su confianza frente al mercado del juego de suerte y azar.

Bajo ese entendido, la Sala puede constatar que la autoridad judicial censurada, en definitiva, si tuvo en cuenta las pruebas que dan fe del conjunto de actuaciones efectuadas por la entidad actora, de cara a la verificación de los índices de liquidez y solvencia, y de los recursos para la salud, así como las multas que se impusieron a la sociedad “La Nueva Millonaria de la Nueva Colombia LTDA”; sin embargo, esto no era suficiente para efectos de exonerar de responsabilidad a la entidad accionante, pues al ser los juegos de suerte y azar un monopolio manejado por el Estado, la citada superintendencia debió garantizar al público el cumplimiento con el pago de los premios.

Con base en esta premisa, este juez constitucional puede colegir que, en definitiva, el fallo atacado del 1º de agosto de 2018 no omitió valorar alguna prueba, que modificara la decisión proferida; y en ese orden de ideas, el cargo formulado por el presunto defecto factico no se encuentra llamado a prosperar, a la postre.

De otra parte, y en cuanto al supuesto defecto material o sustantivo, se tiene que la Superintendencia Nacional de Salud acusó su configuración en la sentencia atacada por cuanto, en su sentir, el daño antijurídico lo generó la sociedad liquidada y, por ende, resultaba a todas luces desproporcionado declarar la responsabilidad patrimonial en su contra, pese a que sí cumplió con sus funciones de inspección y vigilancia. De igual manera, arguyó que en el proceso con radicación 2010-0904-00, había operado el fenómeno jurídico de la caducidad de la acción de reparación directa.

En el sub examine, se vislumbra que en la providencia motivo de inconformidad, se declaró la responsabilidad patrimonial solidaria de Ia entidad accionante con sustento en que ésta no realizó las actuaciones necesarias tendientes a garantizar el pago de los premios de la lotería; a pesar de que fue Ia sociedad “La Nueve Millonaria de la Nueva Colombia LTDA”, la que incumplió con tal obligación.

Al efecto, la Subsección B de la Sección Tercera del Consejo de Estado, en la sentencia atacada esbozó, entre otros argumentos, los siguientes:

“[…] El artículo 53 de la Ley 643 de 2001, dispuso que “… la inspección, vigilancia y control del recaudo y aplicación de los recursos del monopolio de juegos de suerte y azar corresponde a la Superintendencia Nacional de Salud. Estas actividades se ejercerán de conformidad con las normas señaladas en la presente ley y las normas y procedimientos señaladas en las disposiciones que regulan la estructura y funciones de dicha entidad. Lo anterior, sin perjuicio de las funciones de control policivo que es competencia de las autoridades departamentales, distrital y municipales”. El artículo 45 de la misma ley, previa reforma del 2011, indicaba -se resalta-:

ARTÍCULO 45. Funciones de la Superintendencia Nacional de Salud. Derogado por el art. 25, Decreto Nacional 4142 de 2011. Además de las que se señalan en las diferentes normas sobre su creación y funcionamiento, le corresponde al Gobierno Nacional por intermedio de Ia Superintendencia Nacional de Salud, las siguientes funciones:

a) Vigilar el cumplimiento de la presente ley y de los reglamentos de las distintas modalidades de juegos de suerte y azar, así como el mantenimiento del margen de solvencia; b) Vigilar el cumplimiento de los reglamentos relacionados con los tipos o modalidades de juegos de suerte y azar extranjeros que podrán venderse en Colombia, al igual que el régimen de derechos de explotación aplicables a los mismos, derechos que no podrán ser inferiores a los establecidos para juegos nacionales similares; c) Llevar las estadísticas y recopilar la información relacionada con Ia explotación del monopolio de juegos de suerte y azar; d) Intervenir o tomar posesión de las empresas administradoras u operadoras de azar cuando su funcionamiento pueda dar Iugar a la defraudación del público y en los eventos que para preservar el monopolio señale el reglamento; e) Las demás que le asigne la ley y los reglamentos.

Nótese que estas obligaciones de inspección y vigilancia incluyen Ia verificación de cumplimiento de las formalidades del recaudo de los juegos de suerte y azar destinados a la financiación de los servicios de salud; así, la norma otorgó “la función de inspección, vigilancia y control sobre los monopolios de loterías, apuestas permanentes y demás juegos de suerte y azar, es decir, ejercer sus funciones de policía administrativa respecto de Ia empresas encargadas a la administración y operación de dichos juegos”.

Ha señalado esta Corporación que: “en efecto, para cumplir con esa función de policía judicial, se impuso a dicha superintendencia como principales obligaciones: i) vigilar el mantenimiento del margen de solvencia de las empresas operadoras de los juegos de suerte y azar, ii) vigilar el cumplimiento de los reglamentos establecidos por ley, incluidos los relacionados con Ias modalidades de juegos extranjeros que podrían venderse en Colombia, iii) llevar estadísticas y recopilar información relacionada con Ia explotación del monopolio de los juegos de suerte y azar, iv) intervenir Ias empresas operadoras de estos juegos cuando su funcionamiento pueda dar Iugar a defraudación del público v) y Ias demás que le asigne la ley o los reglamentos. Evidentemente estas funciones buscaban la adecuada destinación de los recursos de los monopolios rentísticos de los juegos de suerte y azar, esto es, que los dineros provenientes de la correcta y proporcionada ejecución de esos juegos fueran utilizados para salud” (resaltado fuera del texto original).

(…)

La obligación de la Superintendencia, de acuerdo con los artículos 3º, literal b, y 45 de la Ley 643 de 2001, era la de evitar la defraudación del público, en garantía de los principios de transparencia y buena fe, que fueron abiertamente inobservados en cuanto se permitió la operación de los juegos de azar, aun ante la falta de liquidez de la sociedad, pues conocía que el plan de premios era superior a las ventas reportadas y que las obligaciones que pudieran nacer serían incumplidas. Por ello, se concluye que Ia Superintendencia incumplió sus deberes de control, inspección y vigilancia y permitió que el daño se concretara. Por lo anterior y comoquiera que esta circunstancia que contribuyó eficazmente a la ocurrencia del daño, su participación se determina en un 50%. Por todo lo anterior, la sentencia de primera instancia debe revocarse y, en su lugar, habrán de concederse las pretensiones […]”. (Negrillas y subrayas de la Sala)

Con base en lo anterior, observa la Sala que la Sección censurada, en su sentencia cuestionada, declaró la responsabilidad patrimonial extracontractual de la Superintendencia Nacional de Salud de manera fundada y razonada, al tenor de lo normado en los artículos 45 y 53 de la Ley 643 del 16 de enero de 2001; pues tal y como lo puso de presente también la Sección Cuarta de esta Alta Corte, resulta palmario que le correspondía ejercer las funciones de intervenir y tomar posesión de las empresas que desarrollaren juegos de suerte y azar, cuando el funcionamiento pudiera dar lugar a la defraudación del público.

Por otra parte, y frente al argumento tendiente a Ia configuración del fenómeno jurídico de la caducidad de la acción de reparación directa, en el proceso con radicación 2010-0904-00, es necesario advertir que, en la sentencia de 1º de agosto de 2018, Ia autoridad judicial accionada Ia estudió y, concluyó que el mismo no había operado, con apoyo en el siguiente argumento:

“[…] Tal como se desprende de los hechos narrados, tanto en Ia demanda que dio origen al proceso 2009-1043-00 como la del 2010-0904-00 en donde el a quo declaró probada la excepción de caducidad y negó las pretensiones, los sorteos en los que resultaron ganadores los demandantes, datan del 27 de marzo (Gustavo Pérez Mesa), 29 de mayo (Serafín Antonio Arenas Flórez) y 28 de agosto de 2007 (Francisco Turizo); no obstante, Ios mismos conocieron que sus premios no serían pagados el 19 de diciembre de 2008, luego de terminado el proceso de liquidación de la lotería sin recursos para cumplir Ios compromisos adquiridos con los adquirentes de los billetes ganadores, ya que la masa de bienes destinada al pago de las obligaciones resultó insuficiente. Siendo así y dado que mediante la Resolución 140 del 19 de diciembre de 2008 se declaró terminada Ia existencia de la “Lotería la Nueve Millonaria de la Nueva Colombia Ltda.”, las dos demandas se presentaron dentro del término previsto en el artículo 136, numeral 8º, del Código Contencioso Administrativo, si se tiene en cuenta que datan del 15 de diciembre de 2009 y 10 de diciembre de 2010, de manera que se procederá al estudio del fondo de la Litis […]”. (Negrillas y subrayas por fuera de texto original)

De lo antes trascrito, se puede constatar que la autoridad enjuiciada afirmó que el daño antijurídico lo conocieron los demandantes del proceso ordinario el día 19 de diciembre de 2008; cuando terminó el proceso de liquidación de la Lotería sin Ios recursos para cumplir la totalidad de las obligaciones, y fue en ese momento en el que tuvieron conocimiento Ios ciudadanos que no iban a ser cancelados los premios prometidos por Ia mentada Lotería.

Aquí resulta imperativo precisar que el numeral 8º del artículo 136 del Código Contencioso Administrativo (norma aplicable en ese caso) establecía que la caducidad de la acción de reparación directa, era de dos (2) años contados desde el día siguiente del hecho dañino y, por lo tanto, no cambia en nada el hecho de que la última actuación de la Superintendencia de Salud fuese un año antes de Ia terminación del proceso de liquidación de la sociedad; todo lo contrario, para esa época Ios ganadores tenían Ia expectativa válida de que se Ie pagaran los premios, razón por la cual no se había consolidado el daño.

En ese orden de ideas, se puede colegir por parte de éste juez de tutela que Ia Subsección B de la Sección Tercera del Consejo de Estado, actuó con apego al ordenamiento jurídico al declarar fundadamente la responsabilidad patrimonial extracontractual solidaria de la entidad accionante y, también, al no decretar Ia caducidad de la acción en el proceso con radicación 2010-0904-01. Por consiguiente, se puede ultimar que el cargo concerniente al supuesto defecto material o sustantivo, tampoco está llamado a prosperar, a la postre.

En resumen, es dable constatar que, sin lugar a dudas, la autoridad judicial atacada no incurrió en defecto fáctico, toda vez que resolvió el problema jurídico planteado de acuerdo a las pruebas que se aportaron en debida forma al proceso; sin que se demuestre una interpretación caprichosa o errada de éstas o la omisión frente al estudio de algún elemento de convicción en particular. Así mismo, no se encuentra configurado el defecto material o sustantivo, por cuanto la sentencia enjuiciada se ajustó plenamente a las normas procesales y, además, no se presentó una aplicación errada de éstas, que habilitara al juez de amparo para intervenir positivamente frente a alguna posible vulneración y/o transgresión.

Cabe agregar, que no es dable al juez constitucional, cuestionar a las autoridades judiciales en sus actuaciones y determinaciones, pues ello implicaría llegar a una tercera instancia; lo que, sin lugar a dudas, atentaría contra la autonomía de los funcionarios judiciales, la seguridad jurídica y el principio de cosa juzgada, sin más.

En ese entendido, y a partir de las anteriores consideraciones, la Sala concluye que la sentencia enjuiciada del 1º de agosto de 2018, dictada por la Subsección B de la Sección Tercera del Consejo de Estado, no incurrió en los presuntos defectos acusados por la entidad actora y, mucho menos, transgredió los derechos constitucionales fundamentales que se dicen vulnerados; y, en ese orden de ideas, no es posible acceder al amparo tutelar pretendido. Por ello, se confirmará en su integridad el fallo de tutela impugnado del 8 de marzo de 2019, dictado por la Sección Cuarta del Consejo de Estado, mediante el cual se denegaron las pretensiones de la acción constitucional elevada.

En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la Ley,

F A L L A

PRIMERO: CONFIRMAR la sentencia de 8 de marzo de 2019, proferida por la Sección Cuarta del Consejo de Estado, que denegó las pretensiones de la acción de tutela impetrada por la Nación – Superintendencia Nacional de Salud, por las razones expuestas en la parte motiva de esta providencia.

SEGUNDO: NOTIFICAR esta providencia por el medio más expedito, en los términos del Artículo 16 del Decreto 2591 del 19 de noviembre de 1991.

TERCERO: REMITIR el expediente a la H. Corte Constitucional para su eventual revisión, dentro de los diez (10) días siguientes a la ejecutoria de esta providencia, de conformidad con el artículo 31 del Decreto Ley No. 2591 de 1991.

CUARTO: DEVOLVER el expediente ordinario de reparación directa, con radicación No. 25000-23-26-000-2009-01043-01, allegado en calidad de préstamo a la Subsección B de la Sección Tercera del Consejo de Estado, para lo pertinente.

CÓPIESE, NOTIFÍQUESE, COMUNÍQUESE Y CÚMPLASE,

Se deja constancia que la anterior providencia fue leída, discutida y aprobada por la Sala en la sesión de la fecha.

OSWALDO GIRALDO LÓPEZ
Consejero de Estado

NUBIA MARGOTH PEÑA GARZÓN
Consejera de Estado
Presidente

HERNANDO SÁNCHEZ SÁNCHEZ
Consejero de Estado

ROBERTO AUGUSTO SERRATO VALDÉS
Consejero de Estado

Visible a folios 192 a 198 del cuaderno No. 2 del expediente de tutela.
Actor: Serafín Antonio Arenas Flórez y otros. Accionado: Departamento del Vaupés y otros.
“Artículo 336. Ningún monopolio podrá establecerse sino como arbitrio rentístico, con una finalidad de interés público o social y en virtud de la ley. La ley que establezca un monopolio no podrá aplicarse antes de que hayan sido plenamente indemnizados los individuos que en virtud de ella deban quedar privados del ejercicio de una actividad económica lícita. La organización, administración, control y explotación de los monopolios rentísticos estarán sometidos a un régimen propio, fijado por la ley de iniciativa gubernamental. Las rentas obtenidas en el ejercicio de los monopolios de suerte y azar estarán destinadas exclusivamente a los servicios de salud. Las rentas obtenidas en el ejercicio del monopolio de licores, estarán destinadas preferentemente a los servicios de salud y educación. La evasión fiscal en materia de rentas provenientes de monopolios rentísticos será sancionada penalmente en los términos que establezca la ley. El Gobierno enajenará o liquidará las empresas monopolísticas del Estado y otorgará a terceros el desarrollo de su actividad cuando no cumplan los requisitos de eficiencia, en los términos que determine la ley. En cualquier caso se respetarán los derechos adquiridos por los trabajadores”.

Bajo el radicado No. 25000-23-26-000-2009-01043-01. Folios 12 a 29 del cuaderno No. 1 del expediente de tutela. Quienes habían sido legítimos ganadores de premios de la “Lotería la Nueve Millonaria de la Nueva Colombia Ltda.”, en los sorteos efectuados los días 23 de marzo, 29 de mayo y 28 de agosto de 2007, respectivamente. En tanto de las pruebas se podía concluir que la Superintendencia de Salud adelantó las actuaciones necesarias a fin de verificar la liquidez y solvencia, prevenir los impagos a salud y ordenó la liquidación; medida necesaria para cumplir con la obligación de mitigar el daño. Además, sostuvo que se confundió Ia función de inspección y vigilancia con coadministración, y que no se generó ninguna conducta omisiva; por lo que tampoco se configuró el nexo causal entre Ias actuaciones de la actora y el daño señalado en el fallo motivo de tacha constitucional. Toda vez que el daño lo generó la sociedad liquidada, por lo que era desproporcionado declarar la responsabilidad de Ia entidad a pesar de que cumplió con sus funciones de inspección y vigilancia y, además, en el proceso Nº 2010-0904-00 se había configurado la caducidad de la acción; en razón a que la última actuación de la entidad fue un año antes de la fecha en que se consolidó el daño antijurídico (19 de diciembre de 2008). Fechadas el 13 de febrero y 16 de octubre de 2014. Actor: Serafín Antonio Arenas Flórez y otros. Accionado: Departamento del Vaupés y otros. Folios 6 a 7 del expediente de tutela. Folios 32 a 34 del cuaderno No. 1 del expediente de tutela. Doctora María Adriana Marín
Folios 72 a 74 del cuaderno No. 1 del expediente de tutela. Folios 126 a 127 del cuaderno No. 1 del expediente de tutela. Folios 117 a 121 del cuaderno No. 1 del expediente de amparo. Folios 48 a 65 del cuaderno No. 1 de la causa constitucional. Folios 192 a 198 del cuaderno No. 2 del expediente de tutela.
“Por el cual se reglamenta la acción de tutela consagrada en el artículo 86 de la Constitución Política.”
Folios 196 Vto. a 197 del cuaderno No. 2 del expediente de amparo. Folios 197 Vto. a 198 del cuaderno No. 2 de la causa constitucional. Folio 198 Vto. del cuaderno No. 2 del expediente de tutela. Folios 212 a 237 del cuaderno No. 2 del expediente de amparo. Folios 214 a 217 del cuaderno No. 2 del expediente constitucional. Folio 218 del cuaderno No. 2 de la causa de amparo.
"Por el cual se reglamenta la acción de tutela consagrada en el artículo 86 de la Constitución Política".
"Por medio del cual se expide el decreto único reglamentario del sector justicia y del derecho".
“Por la cual se modifican os artículos  HYPERLINK "http://www.alcaldiabogota.gov.co/sisjur/normas/Norma1.jsp?i=62503" \l "2.2.3.1.2.1" 2.2.3.1.2.1,  HYPERLINK "http://www.alcaldiabogota.gov.co/sisjur/normas/Norma1.jsp?i=62503" \l "2.2.3.1.2.4" 2.2.3.1.2.4 y  HYPERLINK "http://www.alcaldiabogota.gov.co/sisjur/normas/Norma1.jsp?i=62503" \l "2.2.3.1.2.5" 2.2.3.1.2.5 del Decreto 1069 de 2015, Único Reglamentario del sector Justicia y del Derecho, referente a las reglas de reparto de la acción de tutela”. Relacionados con el debido proceso, defensa y acceso a la administración de justicia. Radicación: 2009-01328-01(IJ). Consejera Ponente: Dra. María Elizabeth García González. Sentencia T-619 de 2009, Magistrado Jorge Iván Palacio Palacio. Defecto orgánico, que tiene lugar cuando el funcionario judicial que emite la decisión carece, de manera absoluta, de jurisdicción o competencia para ello. Defecto procedimental absoluto, que tiene lugar cuando el juez actuó al margen del procedimiento establecido. Defecto fáctico, que surge cuando la providencia judicial carece del apoyo probatorio que permita la aplicación del supuesto legal en el que se sustenta la decisión, valora erradamente los elementos de juicio; o da por demostrada una situación fáctica sin existir evidencia probatoria de la misma.

Defecto material o sustantivo, existe cuando las decisiones se fundamentan en normas inexistentes o inconstitucionales, o que presentan una evidente contradicción entre los fundamentos y la decisión. Error inducido, que se presenta cuando la autoridad judicial ha sido engañada por las partes o intervinientes y ese engaño lo llevó a tomar una determinación que afecta derechos fundamentales. Decisión sin motivación, que tiene lugar cuando el funcionario judicial no expone los fundamentos fácticos y jurídicos de la decisión adoptada en la parte resolutiva de la providencia judicial. Desconocimiento del precedente, que se origina cuando el juez ordinario desconoce o limita el alcance dado por esta Corte Constitucional a una disposición constitucional o derecho fundamental, apartándose del contenido constitucionalmente vinculante del derecho fundamental vulnerado. Violación directa de la Constitución, que se presenta cuando la actuación de la autoridad se opone de manera directa a las normas establecidas en la Constitución Política. Corte Constitucional. Sentencia T- 225 del 23 de marzo de 2010, Magistrado Ponente: Dr. Mauricio González Cuervo. Corte Constitucional, sentencia T-041 de 2018. Sentencia C-622 de 1998, M. P. Fabio Morón Díaz. Azula Camacho, Jaime. Manual de Derecho Procesal civil, Teoría General del Proceso, Tomo VI. Editorial Temis, Bogotá, 2015. Página 66. Giacomette Ferrer, Ana. Introducción a la teoría general de la prueba. Señal Editora: Universidad del Rosario, Ediciones Rosaristas, Bogotá, 2009. Página 232. López Blanco, Hernán Fabio. Procedimiento Civil, Tomo III. Segunda Edición. DUPRE Editores. Bogotá, 2008. Página 79. Muñoz Sabaté, Luis. Fundamentos de Pruebas Judicial Civil. J.M. Bosch Editor. Barcelona, 2001. Página 437. Corte Constitucional, T-041 de 2018. Corte Constitucional, T-464 de 2001. Corte Constitucional T-458 de 2007. Corte Constitucional T-436 de 2009. Corte Constitucional, Sentencia T-064 de 2010. M.P. Luis Ernesto Vargas Silva.

Previstos en los artículos 29, 228 y 229 de la Carta Superior.

Proceso ordinario de reparación directa con radicación No. 25000-23-26-000-2009-01043-01.
Proceso ordinario de reparación directa con radicación No. 25000-23-26-000-2009-01043-01.
“Por la cual se fija el régimen propio del monopolio rentístico de juegos de suerte y azar.”
En el fallo de tutela de primer grado del 8 de marzo de 2019.
Proceso ordinario de reparación directa con radicación No. 25000-23-26-000-2009-01043-01.
“(…) 8. La de reparación directa caducará al vencimiento del plazo de dos (2) años, contados a partir del día siguiente del acaecimiento del hecho, omisión u operación administrativa o de ocurrida la ocupación temporal o permanente del inmueble de propiedad ajena por causa de trabajo público o por cualquiera otra causa”.
Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, sentencia del 3 de noviembre de 2016, radicación: 11001-03-15-000-2016-02244-00 (AC), C.P. Guillermo Vargas Ayala.
Folio 143 del cuaderno No. 1 del expediente de tutela.

Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co

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