Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 11001-03-15-000-2018-03957-00
Consejo de Estado · Sección Segunda
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Consejo de Estado · Sección Segunda
Cosa juzgada: configuración
Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 11001-03-15-000-2018-03957-00
Consejo de Estado · Sección Segunda
República de Colombia
Consejo de Estado
Sección Segunda
Radicado 11001-03-15-000-2018-03957-00
Consejero ponente: Sandra Lisset Ibarra Vélez
17 de enero de 2019
COSA JUZGADA - Configuración / IMPROCEDENCIA DE LA ACCIÓN DE TUTELA CONTRA PROVIDENCIA JUDICIAL POR INCUMPLIMIENTO DEL REQUISITO DE INMEDIATEZ
[L]a Sala observa que en el presente caso no se satisface el requisito de la inmediatez para viabilizar formalmente esta tutela contra providencia judicial, ello, teniendo en cuenta que: i) la decisión cuestionada es 13 de marzo de 2013, notificada mediante edicto de 3 de abril mismo año, y cuya solicitud de aclaración fue resuelta de manera desfavorable a través de providencia de 23 de mayo siguiente; ii) la acción de tutela fue presentada el 23 de octubre de 2018, lo que significa que, iii) el actor acudió al juez constitucional después de haber transcurrido más de 5 años de proferida la sentencia que considera vulneratoria de sus derechos fundamentales. (…) [Además,] en consideración a que las secciones cuarta y quinta del Consejo de Estado profirieron una decisión al respecto, se considera que en el sub examine ha operado el fenómeno de la cosa juzgada, de donde no solamente se predican los efectos procesales de la inmutabilidad y definitividad de la decisión, sino que igualmente se producen efectos sustanciales, consistentes en precisar con certeza la relación jurídica objeto de litigio. De conformidad con todo lo expuesto, la Sala rechazará por improcedente la acción de tutela presentada por el [accionante], en contra de la sección primera del Consejo de Estado y el Tribunal Administrativo de Santander, ante la existencia de cosa juzgada y no haberse superado el requisito general de procedencia de la inmediatez establecido para realizar un análisis de fondo del asunto planteado, de conformidad con en el Decreto 2591 de 1991 y ampliamente desarrollado por la jurisprudencia de esta Corporación, al igual que los pronunciamientos de la Corte Constitucional.
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN SEGUNDA
SUBSECCIÓN B
Consejera ponente: SANDRA LISSET IBARRA VÉLEZ
Bogotá, D.C., diecisiete (17) de enero de dos mil diecinueve (2019)
Radicación número: 11001-03-15-000-2018-03957-00(AC)
Actor: NÉSTOR FERNANDO DÍAZ BARRERA
Demandado: CONSEJO DE ESTADO, SECCIÓN PRIMERA
La Sala decide la acción de tutela interpuesta por el señor Néstor Fernando Díaz Barrera, en nombre propio, contra la sección primera del Consejo de Estado, con ocasión de la sentencia de 13 de marzo de 2013, que confirmó la decisión de 23 de febrero de 2012, por medio de la cual el Tribunal Administrativo de Santander declaró la pérdida de su investidura como diputado de ese departamento; decisión que presuntamente transgrede sus derechos fundamentales a la igualdad, debido proceso y acceso a la administración de justicia.
I. ANTECEDENTES
1.1. El escrito de tutela
Para una mejor comprensión del asunto, la Sala se permite resumir de la siguiente forma los supuestos fácticos y jurídicos planteados por la parte demandante:
Informó que fue elegido diputado a la Asamblea departamental de Santander, periodo constitucional 2008-2011, acto de elección contra el cual el señor Jaime de Jesús Martínez incoó demanda de nulidad electoral, bajo radicado 2007-00682, cuyas pretensiones fueron negadas en segunda instancia por la sección quinta del Consejo de estado, mediante sentencia de 22 de enero de 2009, al considerarse que «se probó que no se encontraba inhabilitado para aspirar y ser elegido en dicho cargo público».
Indicó que con ocasión de una queja presentada en su contra, el 7 de febrero de 2008, se adelantó investigación disciplinaria en su contra, la cual fue archivada mediante auto de 7 de mayo de 2010, por la Procuraduría Regional de Santander,
Manifestó que posterior al ejercicio de su cargo como diputado, se inscribió como candidato del Partido Conservador a la Alcaldía municipal de Floridablanca, resultando electo en los comicios celebrados el 30 de octubre de 2011; sin embargo, el 29 de noviembre siguiente, el señor Eric Roney Chaparro interpuso demanda de pérdida de investidura en su contra en razón a su cargo de diputado, «amparado en la intemporalidad de la acción prevista en el artículo 48 de la Ley 617 de 2000, […], invocando como causal nuevamente la violación al régimen de inhabilidades, por parentesco con funcionario que ejerce autoridad civil, política, administrativa o militar dentro de los doce (12) meses anteriores».
Señaló que el conocimiento del asunto correspondió al Tribunal Administrativo de Santander, bajo radicado 2011-00967, que, mediante sentencia de 23 de febrero de 2012, declaró la pérdida de su investidura como diputado del departamento de Santander; decisión confirmada por la sección primera del Consejo de Estado, a través de sentencia 13 de marzo de 2013.
Afirmó que contra la anterior decisión presentó acción de tutela, la cual fue denegada mediante sentencias de 20 de agosto de 2013 y 26 de mayo de 2016, por las secciones segunda y cuarta del Consejo de Estado, respectivamente, sin que la misma fuere objeto de revisión por la Corte Constitucional.
Adujo que, mediante sentencia SU-424 de 11 de agosto de 2016, el alto Tribunal Constitucional «reconoció de forma nítida la aplicación del principio de culpabilidad en el proceso de pérdida de investidura y el análisis subjetivo de responsabilidad en el proceso sancionatorio, precedente que ha venido siendo aplicado por el Consejo de Estado, más ahora con la expedición de la Ley 1881 de 2018, en el que se consagró categóricamente que el proceso sancionatorio de pérdida de investidura es un juicio de responsabilidad subjetiva, el cual debe garantizar el non bis in ídem, y está sujeto a un término de caducidad de cinco (5) años».
Finalmente, concluyó que «al observar los fundamentos fáticos de mi situación, en especial de las circunstancias que rodearon el proceso que determinó la pérdida de la investidura, nos encontramos que dichas normas cambiaron el rumbo del proceso de forma radical y favorable a mi persona, por cuanto, es claro que existió una doble valoración del aspecto objetivo, esto es, de la configuración de la causal inhabilitante, pues ya la Sección quinta del Consejo de estado en fallo que hizo tránsito a cosa juzgada había determinado que la causal de inhabilidad contenida en el numeral 5° del artículo 33 de la Ley 617 de 2000 no se estructuraba y por ende este aspecto no podía volver a ser analizado en el proceso de pérdida de investidura, pues esta situación en el actual ordenamiento jurídico se ha vedado».
1.2. Pretensiones
Consecuencia de la situación fáctica expuesta, la parte actora solicita, en amparo de sus derechos fundamentales a la igualdad, debido proceso y participación política, se deje sin efecto la sentencia de 13 de marzo de 2013, cuya aclaración fue negada mediante auto de 23 de mayo del mismo año, proferidas por la sección primera del Consejo de estado, y en su lugar, se le ordene emitir una nueva con fundamento en las disposiciones de la sentencia SU-424 de 2016 y la Ley 1881 de 2018.
1.3. Actuación procesal de instancia
Mediante auto de 24 de octubre de 2018, la Magistrada Ponente del asunto admitió la acción de tutela de la referencia, y ordenó notificar en calidad de demandados a los magistrados integrantes de la sección primera del Consejo de Estado y del Tribunal Administrativo de Santander, asimismo, al señor Eric Roney Chaparro, en calidad de terceros interesados, de conformidad con lo previsto en el artículo 13 y concordantes del Decreto 2591 de 1991.
1.4. Informes rendidos en el proceso
1.4.1. Sección primera del Consejo de Estado.
El Consejero titular del entonces despacho ponente de la decisión acusada, mediante escrito de 4 de diciembre de 2018, luego de realizar un recuento de los argumentos expuestos por el accionante en su escrito, señaló que la acción de tutela debe desestimarse.
Adujo que no se satisface el requisito de la inmediatez, toda vez que las decisiones acusadas datan del 13 de marzo y 23 de mayo de 2013, y la solicitud de amparo fue presentada el 24 de octubre de 2018, es decir, 5 años y 5 meses después. Adicionalmente, la expedición de la sentencia SU-424 de 2016 y la Ley 1881 de 2018, no resultan aplicables al presente caso, en tanto las providencias acusadas ya se encontraban ejecutoriadas para ese momento.
Y, sin perjuicio de lo dicho, manifestó que así se tuvieran en cuenta la sentencia y ley referida, también se presenta falta de inmediatez en el asunto, toda vez que estas fueron proferidas el 11 de agosto de 2016 y el 15 de enero de 2018, respectivamente.
Mencionó que el requisito de subsidiariedad no se cumple, en tanto el actor está solicitando la aplicación del principio de favorabilidad, cuando ello no fue alegado en el transcurso del proceso de pérdida de investidura adelantado en su contra.
Recordó que el actor en oportunidad anterior presentó una acción de tutela controvirtiendo las mismas decisiones judiciales que hoy pretende sean revisadas, la cual fue conocida por las secciones segunda y cuarta del Consejo de Estado, siendo resuelta de manera desfavorable mediante sentencias de 20 de agosto de 2013 y 26 de mayo de 2016, respectivamente; siendo ello así, se entiende que lo pretendido por el señor Díaz Barrera es cuestionar decisiones judiciales proferidas por los jueces contencioso y constitucional, configurándose su actuar en temerario a la luz del artículo 38 del Decreto 2591 de 1991.
Dijo que el defecto sustantivo alegado se hace consistir en desconocimiento del contenido de i) la sentencia SU-424 de 11 de agosto de 2016, en la que se «estableció que la pérdida de investidura es un juicio de responsabilidad subjetivo y que, en consecuencia, se debía realizar el examen de culpabilidad» y, ii) la Ley 1881 de 2018, que «estableció la caducidad de la acción de pérdida de investidura y la figura de la cosa juzgada»; argumentos y disposiciones cuya aplicación se pretenden en virtud del principio de favorabilidad, las cuales no es procedente en tanto la decisión de segunda instancia que confirmó la pérdida de investidura del actor como diputado de la asamblea departamental de Santander, data del 23 de mayo de 2013, por lo que a partir de la ejecutoria de ésta se entiende una situación jurídica consolidada.
Finalmente, en cuanto a la aplicación del principio de favorabilidad al medio de control de pérdida de investidura, indicó que «esta Corporación, en sentencias proferidas el 8 de marzo, 9 de abril, 18 de mayo y 26 de julio de 2018, consideró “[…] que el principio de favorabilidad resulta aplicable [,,,] cuando se trata de situaciones jurídicas en curso, que no han generado situaciones consolidadas (por no haberse perfeccionado el derecho), ni derechos adquiridos en el momento de entrar en vigencia la nueva ley, esta tiene efecto inmediato […]”»
II. CONSIDERACIONES
Atendiendo a los argumentos expuestos en el escrito de tutela y a las pruebas que obran en el expediente se decidirá el asunto sometido a consideración en el siguiente orden: i) la competencia para decidir el recurso de amparo; ii) procedencia de la acción de tutela contra providencias judiciales -del requisito de la inmediatez y la cosa juzgada constitucional- y, iii) del caso concreto.
2.1. Competencia.
De conformidad con lo dispuesto en el artículo 86 de la Constitución Política y el numeral 7 del artículo 2.2.3.1.2.1. del Decreto 1069 de 2015, modificado por el artículo 1.° del Decreto 1983 de 2017, en cuanto estipula que « Las acciones de tutela dirigidas contra […] el Consejo de Estado serán repartidas, para su conocimiento en primera instancia, a la misma Corporación y se resolverá por la Sala de Decisión, Sección o Subsección que corresponda […]», esta Sala es competente para conocer de la presente acción constitucional contra la sección primera del Consejo de Estado.
2.2. Procedencia de la acción de tutela contra decisiones judiciales
Sobre el particular, tanto la Corte Constitucional como esta Corporación, inicialmente consideraron que la acción de tutela no procedía contra providencias judiciales. Posición que fue variada por la Corte al aceptar la procedencia excepcional y restringida del referido mecanismo constitucional de comprobarse la existencia de una vía de hecho y de un perjuicio irremediable, y por parte de algunas Secciones del Consejo de Estado, cuando se evidenciara la vulneración de los derechos fundamentales al debido proceso y al acceso a la administración de justicia. Posteriormente, en la Sentencia C-590 de 2005 la Corte Constitucional reiteró la procedencia de la acción de tutela contra decisiones judiciales, pero supeditada ya no a la existencia de una vía de hecho, sino a la verificación de unos requisitos de forma y de procedencia material fijados por la misma Corte. Por su parte, el Consejo de Estado, en sentencia de 31 de julio de 2012, con ponencia de la Consejera María Elizabeth García González, finalmente aceptó que la acción de tutela es procedente contra una providencia judicial, “cuando se ha advertido la vulneración de derechos constitucionales fundamentales”.
Respecto a los requisitos de forma o generales de procedencia, señaló: i) Que la cuestión que se discuta resulte de evidente relevancia constitucional. Como ya se mencionó, el juez constitucional no puede entrar a estudiar cuestiones que no tienen una clara y marcada importancia constitucional so pena de involucrarse en asuntos que corresponde definir a otras jurisdicciones; ii) Que se hayan agotado todos los medios -ordinarios y extraordinarios- de defensa judicial al alcance de la persona afectada, salvo que se trate de evitar la consumación de un perjuicio ius fundamental irremediable; iii) Que se cumpla el requisito de la inmediatez, es decir, que la tutela se hubiere interpuesto en un término razonable y proporcionado a partir del hecho que originó la vulneración; iv) Cuando se trate de una irregularidad procesal, debe quedar claro que la misma tiene un efecto decisivo o determinante en la sentencia que se impugna y que afecta los derechos fundamentales de la parte actora; v) Que la parte actora identifique de manera razonable tanto los hechos que generaron la vulneración como los derechos vulnerados y que hubiere alegado tal vulneración en el proceso judicial siempre que esto hubiere sido posible; y, vi) Que no se trate de sentencias de tutela.
Adicional a lo anterior, debe señalarse que en los términos del artículo 38 del Decreto 2591 de 1992 también constituye causal de improcedencia, no solo de la tutela contra providencia judicial sino de cualquier acción judicial, la existencia de cosa juzgada –en este caso, constitucional-.
2.2.1. Del requisito de la inmediatez.
De conformidad con la jurisprudencia de la Corte Constitucional y de esta Corporación, para que la acción de tutela proceda contra una providencia judicial el actor debe cumplir, entre otras cosas, con la cláusula formal de la inmediatez, es decir, que debe haberla presentado en un término razonable y proporcionado a partir del hecho que originó la supuesta vulneración del derecho fundamental.
Sobre el mencionado requisito, en principio, la Sala determinó que debían tomarse normas positivas que dispusieran plazos máximos para el ejercicio de derechos de naturaleza fundamental; fue así como en virtud del artículo 93 de la Constitución Política, que hace alusión al bloque de constitucionalidad, haciendo uso del artículo 46.1 de la Convención Americana de Derechos Humanos, se tomó el término de 6 meses que ésta estipula para el ejercicio de los recursos de protección ante el Sistema Interamericano de Derechos Humanos como el plazo razonable y proporcionado que la acción de tutela exige cuando de controvertir una decisión judicial se trata.
No obstante, en asuntos posteriores, se observó que el derecho de acceso a la administración de justicia se consolidaba como un medio para el ejercicio y materialización de otros de igual naturaleza, como por ejemplo el debido proceso, la igualdad frente a decisiones judiciales, el respeto por el precedente vertical, etc., motivo por el cual se dispuso en cuanto al plazo para la presentación de la acción constitucional un término que varía entre 6 meses y 1 año dependiendo del derecho fundamental que razonadamente se haya invocado.
El anterior criterio fue asumido por la Sala sin perjuicio de asuntos excepcionales en los que el amparo se presenta en forma directa por el afectado sin el acompañamiento de un profesional del derecho -por cuanto la norma constitucional así lo permite-, situación que da a colegir que algunos ciudadanos, ajenos al conocimiento sobre las reglas legales y jurisprudenciales que rigieron el litigio ordinario donde obtuvieron una providencia desfavorable a sus pretensiones, desconocerían igualmente que en su caso se cometió una vía de hecho judicial o que en el mismo se incurrió en un defecto constitucional de aquellos que la técnica jurisprudencial durante largos años ha decantado.
En consecuencia, se sostuvo que como la acción de amparo no es una tercera instancia, es viable entender que solo hasta cuando los demandantes logren estructurar los cargos constitucionales que deberán presentar al Juez de revisión constitucional, podrán acudir ante éste. Así, la Sala concluyó que el término de inmediatez, dado que en materia de derechos fundamentales está prohibida la regresividad, debía atender a un plazo que varíe desde 6 meses a 1 año –contado a partir de la notificación de la providencia acusada- supeditado a la valoración que el juzgador realice sobre el caso concreto, teniendo en cuenta su gravedad y complejidad. Se reitera que tal planteamiento solo es aplicable a asuntos excepcionales que reúnan las condiciones señaladas.
Finalmente, la Sala Plena de lo Contencioso Administrativo de esta Corporación, en Sentencia de 5 de agosto de 2014, Exp: 110010315000201202201 01 (IJ), actor: Alpina Productos Alimenticios S.A., M.P. Dr. Jorge Octavio Ramírez Ramírez, advirtió lo siguiente:
“(…) la acción de tutela es un medio excepcional para la protección pronta y eficaz de tales derechos, se requiere que la acción se ejerza en un tiempo razonable, prudencial, requisito que garantiza la realización del principio de seguridad jurídica y, por ende, el de la cosa juzgada, al asegurar que la decisión judicial alcance el grado de certeza material, que la hace definitiva e inmutable.
Anotase que el término o plazo de inmediatez no es único. Eso explica que las diversas secciones del Consejo de Estado hayan fijado pautas diferentes sobre este aspecto.
Por eso, la Sala Plena, como regla general, acoge un plazo de seis meses, contados a partir de la notificación o ejecutoria de la sentencia, según el caso, para determinar si la acción de tutela contra providencias judiciales se ejerce oportunamente.
Se ha estimado como aceptable ese plazo, teniendo en cuenta la naturaleza del acto jurisdiccional, los plazos previstos en la ley para la interposición de los recursos ordinarios y extraordinarios contra las mismas, el derecho a la tutela judicial efectiva y la necesidad de que las situaciones jurídicas resueltas logren certeza y estabilidad.
La regla general del plazo de seis meses se acoge, además, teniendo en cuenta: i) que el plazo ha sido considerado como razonable por la jurisprudencia de la Corte Constitucional y; (ii) se trata de una decisión judicial adoptada en un proceso jurisdiccional. (…)”.
2.2.2. La cosa juzgada constitucional y temeridad en materia de tutela.
La Corte Constitucional mediante Sentencia T-661 de 2013, resaltó que en los eventos en los que una misma persona instaura tutelas de manera sucesiva en las que converge identidad de partes, hechos y pretensiones, más allá de la declaratoria de temeridad, es preciso estudiar si ha operado el fenómeno de la cosa juzgada constitucional sobre la primera de las acciones promovidas, pues cuando ello ocurre, las tutelas subsiguientes en virtud del artículo 38 del Decreto 2591 de 1992, son improcedentes. Al respecto indicó:
«Como regla general, cuando el juez constitucional resuelve un asunto en concreto y posteriormente la Corte decide sobre su selección, la decisión judicial sobre el caso se torna definitiva, inmutable y vinculante. Si la Corte en ejercicio de la facultad discrecional de revisión, decide seleccionar el caso para su estudio, la cosa juzgada constitucional se produce con la ejecutoria del fallo de la propia Corte, y cuando no lo selecciona, la misma opera a partir de la ejecutoria del auto en que se decide la no selección. Luego de ello, la decisión queda ejecutoriada desde el punto de vista formal y material. Por tanto, no es posible que se profiera un nuevo pronunciamiento sobre el mismo asunto HYPERLINK "http://www.corteconstitucional.gov.co/relatoria/2014/T-777-14.htm" \l "_ftn46" \o "" [46], pues ello desconocería la seguridad jurídica que brinda este principio de cierre del sistema jurídico.
2.4 En este sentido, la Corte ha precisado que, en principio, no le es dado a la jurisdicción constitucional estudiar varias acciones de tutela cuando ellas han sido puestas con el objeto de defraudar al Estado, pero tampoco está autorizada para estudiar tutelas relativas a asuntos sobre los cuales pesa ya la cosa juzgada constitucional. En ambos eventos la tutela debe ser declarada temeraria y/o improcedente, pues en ellos la acción pierde su carácter de instrumento preferente y sumario de defensa de derechos fundamentales para convertirse, en una vía de actuación deshonesta frente al Estado, o bien en una acción que socave los mínimos de seguridad exigidos a un ordenamiento que pretende dar fin a los conflictos sociales y a las decisiones sobre los mismos». (Negrilla y subrayado fuera del texto).
En síntesis, la jurisprudencia constitucional ha concluido que «las instituciones de la cosa juzgada y la temeridad pretenden evitar la presentación sucesiva, además de múltiple de las acciones de tutela. Al mismo tiempo, es evidente que estos conceptos cuentan con diferencias claras, que los llevan a configurarse como elementos disímiles. Sin embargo, ello no es impedimento para que en un caso concreto confluyan tanto la cosa juzgada como la temeridad. A partir de esa complejidad, el juez constitucional es el encargado de establecer si ocurre su configuración en cada asunto sometido a su competencia.».
2.3. Caso concreto.
El señor Néstor Fernando Díaz Barrera, en amparo de sus derechos fundamentales, pretende que se deje sin efecto la decisión de 13 de marzo de 2013, a través de la cual la sección primera del Consejo de Estado confirmó la pérdida de su investidura como diputado de la asamblea departamental de Santander y, en su lugar, se emita una nueva decisión con fundamento en las consideraciones y disposiciones que en esa materia se fijaron en la sentencia SU-424 de 2016 y la Ley 1881 de 2018, en aplicación al principio de favorabilidad.
De conformidad con lo expuesto, la Sala observa que en el presente caso no se satisface el requisito de la inmediatez para viabilizar formalmente esta tutela contra providencia judicial, ello, teniendo en cuenta que: i) la decisión cuestionada es 13 de marzo de 2013, notificada mediante edicto de 3 de abril mismo año, y cuya solicitud de aclaración fue resuelta de manera desfavorable a través de providencia de 23 de mayo siguiente; ii) la acción de tutela fue presentada el 23 de octubre de 2018, lo que significa que, iii) el actor acudió al juez constitucional después de haber transcurrido más de 5 años de proferida la sentencia que considera vulneratoria de sus derechos fundamentales.
Asimismo, si bien es cierto que la Corte Constitucional ha sostenido que el juez de tutela debe analizar las circunstancias particulares de cada asunto para determinar la razonabilidad y proporcionalidad del periodo transcurrido para acudir al mecanismo de amparo, también lo es que la parte actora no allegó prueba, ni refirió alguna justificación que permitiera afirmar que la tardanza estuvo supeditada a un hecho de especial consideración que implique una excepción a la regla general fijada por esta corporación judicial.
Al respecto, se recuerda que el fundamento señalado por el actor para acudir al juez de tutela fue la decisión de la Corte Constitucional SU-424 de 2016 y la expedición de la Ley 1881 de 2018, cuyas consideraciones y disposiciones allí plasmadas, según su dicho, resultarían más favorables al momento de decidir su situación particular.
En este punto, la Sala advierte que en respeto al principio de la seguridad jurídica, los cambios normativos o jurisprudenciales acerca de un asunto determinado posterior a la consolidación de la respectiva situación jurídica, como en el presente caso lo es la pérdida de investidura del actor, no da lugar a emitir un nuevo pronunciamiento como de manera equivoca se pretende, pues ello desconocería flagrantemente el derecho al debido proceso en su expresión de la doble instancia, así como el fenómeno procesal de la cosa juzgada. En tal sentido se pronunció la Corte Constitucional desde la sentencia T-502 del 2002, así:
«[…]La existencia de un término para decidir garantiza a los asociados que puedan prever el momento máximo en el cual una decisión será adoptada. Ello apareja, además, la certeza de que cambios normativos que ocurran con posterioridad a dicho término no afectará sus pretensiones. Al considerarse, en el ámbito de la certeza y estabilidad jurídica (seguridad jurídica), la existencia de precisos términos para que la administración o el juez adopten decisiones y el principio de conocimiento de las normas aplicables al caso concreto, se sigue que dichos términos fijan condiciones de estabilización respecto de los cambios normativos. De ahí que, durante el término existente para adoptar una decisión, la persona tiene derecho a que sean aplicadas las normas vigentes durante dicho término. No podría, salvo excepcionales circunstancias en las cuales opera la favorabilidad o por indiscutibles razones de igualdad, solicitar que se le aplicaran aquellas disposiciones que entren en vigencia una vez se ha adoptado la decisión. Es decir, una vez vencido el término fijado normativamente para adoptar una decisión opera una consolidación de las normas jurídicas aplicables al caso concreto. Consolidación que se torna derecho por razón del principio de seguridad jurídica y, además, constituye un elemento del principio de legalidad inscrito en el derecho al debido proceso.
[…]
El principio de seguridad jurídica, que es caro al Estado de derecho, no puede explicarse de manera atemporal. La certeza únicamente puede entenderse respecto de un momento histórico. Únicamente en dicho momento puede una persona tener seguridad sobre las normas que regulan una situación jurídica determinada. La vinculación entre certeza y el tiempo supone la necesidad de delimitar dicho tiempo. La pretensión de una seguridad jurídica sin límite en el tiempo únicamente es posible bajo posturas iusnaturalistas, del todo ajenas a la labor del legislador como productor principal de normas jurídicas. La temporalidad se torna decisivo en entornos cambiantes, como el que caracteriza los sistemas jurídicos contemporáneos.[…]»
Dicho lo anterior, no sobra recordar de manera pedagógica que las disposiciones de la Ley 1881 de 2018, son aplicables a situaciones en trámite o futuras, más no respecto de aquellas ya consolidadas (pérdida de investidura ya decretada) a la fecha de entrada en vigencia de la misma.
Ahora, sin perjuicio de lo ya expuesto, del decir del accionante y del informe rendido por la autoridad judicial accionada, se tiene que éste ya había acudido al juez de tutela con el fin de controvertir la misma decisión de pérdida de su investidura como diputado de Santander; razón por la cual, la Sala se permite establecer las particularidades del caso, en aras de establecer la configuración o no de cosa juzgada constitucional en el presente asunto, así:
No. de proceso
2013-01429
2018-03957
PARTES
Actor: Néstor Fernando Díaz Barrera
Accionado: Tribunal Administrativo de Santander y la Sección Primera del Consejo de Estado
Actor: Néstor Fernando Díaz Barrera
Accionado: Tribunal Administrativo de Santander y la Sección Primera del Consejo de Estado
CAUSA PETENDI
Dentro del expediente 2011-00967, mediante sentencias de 23 de febrero de 2012 y 13 de marzo de 2013, las autoridades accionadas decretaron la pérdida de investidura del actor como diputado de la asamblea departamental de Santander.
Dentro del expediente 2011-00967, mediante sentencias de 23 de febrero de 2012 y 13 de marzo de 2013, las autoridades accionadas decretaron la pérdida de investidura del actor como diputado de la asamblea departamental de Santander.
OBJETO
Amparo de los derechos al debido proceso, trabajo, elegir y ser elegido, acceso a cargos públicos y non bis in ídem
Amparo de los derechos a la igualdad, debido proceso y participación política y al non bis in ídem
PRETENSIONES
Dejar sin efecto las decisiones acusadas, por encontrarse incursas en desconocimiento del precedente y violación directa la constitución, al pasar por alto los principios de cosa juzgada y non bis in ídem con ocasión de la decisión favorable emitida dentro de nulidad electoral adelantada en su contra por la misma causal de inhabilidad.
Dejar sin efecto las decisiones acusadas, por encontrarse incursas en defecto sustantivo y violación directa la constitución, al desconocer los principios de cosa juzgada y non bis in ídem en atención a las consideraciones y disposiciones de la sentencia SU-424 de 2016 y la Ley 1881 de 2018, con ocasión de la decisión favorable emitida dentro de nulidad electoral adelantada en su contra por la misma causal de inhabilidad.
Así pues, pese a encontrarse identidad de partes, causa petendi y objeto, no puede hablarse siempre de la existencia de una acción temeraria, pues para que ésta se configure se requiere que haya una actuación dolosa o de mala fe contra la administración de justicia, por parte de quien invoca varios recursos de amparo.
En síntesis, el tutelante instauró la presente acción contra la sección primera del Consejo de Estado y el Tribunal Administrativo de Santander, con el fin de dejarse sin efecto las sentencias de 23 de febrero de 2012 y 13 de marzo de 2013, mediante las cuales se decretó la pérdida de su investidura como diputado de la asamblea departamental de Santander. No obstante, y sin desconocer que el tutelante interpone la presente acción bajo los mismos supuestos fácticos de la antes mencionada, como quedó señalado en líneas anteriores, su actuación no da lugar a interponer una sanción.
Ello, por cuanto del libelo introductorio presentado se deduce que la solicitud amparo de la referencia obedeció a que, aparentemente, tenía el convencimiento errado de que agregar, modificar o ampliar algunos hechos (dar aplicación a la sentencia SU-424 de 2016 y la Ley 1881 de 2018), de los cuales se constató que tienen la misma finalidad, se entendería que se trataba de otra acción diferente a la impetrada en oportunidad anterior; y a que su actuar urgente de defender sus derechos impedía la configuración de la temeridad, de lo que no se puede colegir mala fe o ánimo fraudulento contra la administración de justicia.
Lo anterior, sin perjuicio de que en el asunto bajo examen se haya presentado el fenómeno de cosa juzgada cuyo objeto es efectivizar el derecho constitucional al debido proceso y la seguridad jurídica, pues se erige en garantía de que una determinada controversia decidida en sede judicial no será objeto de un proceso posterior. De este modo, se impide que los debates se tornen indefinidos en el tiempo y se procura la eficiencia en la administración de justicia. Al respecto, la Corte Constitucional señaló:
« […] La cosa juzgada es una institución que torna inmutables, definitivas, vinculantes y coercitivas ciertas providencias, al punto que las partes no pueden ventilar de nuevo el asunto que fue objeto de resolución judicial. Las decisiones proferidas dentro del proceso de amparo tienen la virtualidad de constituir cosa juzgada. (...) Cabe indicar que para la configuración de la cosa juzgada se requiere: a). Que se adelante un nuevo proceso con posterioridad a la ejecutoria de la sentencia; b). Que en el nuevo proceso exista identidad jurídica de partes; c). Que el nuevo proceso verse sobre el mismo objeto, o sea, sobre las mismas pretensiones; d). Que el nuevo proceso se adelante por la misma causa que originó el anterior, es decir, por los mismos hechos”. (…)”.
Bajo este contexto, es claro que el primer pronunciamiento con efectos inter partes impide una nueva decisión en relación con aspectos previamente definidos, lo cual ocurre en el asunto bajo análisis, en la medida en que esta corporación ya tuvo oportunidad de pronunciarse respecto a la controversia planteada, de manera que la acción de tutela de la referencia estudio es improcedente ante la existencia del fenómeno de cosa juzgada, máxime, si se tiene en cuenta que, tampoco, cumple con el requisito de inmediatez, en tanto ha transcurrido más de 5 años desde que se profirió la providencia judicial que puso fin al proceso ordinario, como ya se explicó.
Así las cosas, en consideración a que las secciones cuarta y quinta del Consejo de Estado profirieron una decisión al respecto, se considera que en el sub examine ha operado el fenómeno de la cosa juzgada, de donde no solamente se predican los efectos procesales de la inmutabilidad y definitividad de la decisión, sino que igualmente se producen efectos sustanciales, consistentes en precisar con certeza la relación jurídica objeto de litigio.
De conformidad con todo lo expuesto, la Sala rechazará por improcedente la acción de tutela presentada por el señor Néstor Fernando Díaz Barrera, en contra de la sección primera del Consejo de Estado y el Tribunal Administrativo de Santander, ante la existencia de cosa juzgada y no haberse superado el requisito general de procedencia de la inmediatez establecido para realizar un análisis de fondo del asunto planteado, de conformidad con en el Decreto 2591 de 1991 y ampliamente desarrollado por la jurisprudencia de esta Corporación, al igual que los pronunciamientos de la Corte Constitucional, como quedó expuesto.
En mérito de lo expuesto el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Segunda, Subsección B, administrando justicia y por autoridad de la ley,
FALLA
PRIMERO. RECHAZAR POR IMPROCEDENTE la acción de tutela presentada por el señor Néstor Fernando Díaz Barrera en contra de la sección primera del Consejo de Estado, de conformidad con la parte motiva de esta providencia.
SEGUNDO. LIBRAR las comunicaciones de que trata el artículo 30 del Decreto 2591 de 1991, para los fines ahí contemplados.
TERCERO. En acatamiento de las disposiciones del artículo 31 ibídem, DE NO SER IMPUGNADA dentro de los tres (3) días siguientes a la notificación de esta providencia, por Secretaría General de la Corporación, REMITIR el expediente a la Corte Constitucional para su eventual revisión.
La anterior providencia fue estudiada y aprobada por la Sala en sesión de la fecha.
CÓPIESE, NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE.
CÉSAR PALOMINO CORTÉS CARMELO PERDOMO CUÉTER
SANDRA LISSET IBARRA VÉLEZ
El proceso de la referencia paso al Despacho con el informe de la Secretaría General de la Corporación de 11 de enero de 2019. FFf. 1 a 42. F. 45 vto. Ff. 49 a 56, vto. Doctor Hernando Sánchez Sánchez
Expediente: 66001-23-33-000-2017-00474-01(PI), Actor: DANIEL SILVA ORREGO. M.P. MARÍA ELIZABETH GARCÍA GONZÁLEZ. Expediente: 050012333 2017 01693 01, Actor: JAIME ECHEVERRY MARÍN. M.P. ROBERTO AUGUSTO SERRATO VALDÉS. Expediente: 68001-23-33-000-2016-00019-01 (PI) . Actor: ERIC RONEY CHAPARRO QUINTERO. M.P. HERNANDO SÁNCHEZ SÁNCHEZ. Expediente: 68001 23 33 000 2018 00065 01, Actor: Marco Antonio Velásquez. M.P. ROBERTO AUGUSTO SERRATO VÁLDES. Por el cual se modifican los artículos 2.2.3.1.2.1, 2.2.3.1.2.4 y 2.2.3.1.2.5 del Decreto 1069 de 2015, Único Reglamentario del sector Justicia y del Derecho, referente a las reglas de reparto de la acción de tutela
En sentencia C-543 de 1992, proferida con ocasión del análisis de constitucionalidad de los artículos 11, 12, 25 y 40 del Decreto Ley 2591 de 1991, la Corte sostuvo, que atendiendo al querer del Constituyente, a la naturaleza subsidiaria de la acción de tutela y a la preservación de valores supremos como la seguridad jurídica, cosa juzgada y autonomía judicial, la tutela no era procedente cuando tuviera por objeto cuestionar providencias judiciales. La Sala Plena de lo Contencioso Administrativo del Consejo de Estado, mediante decisión de 29 de enero de 1992 (AC-009) con ponencia de la Consejera Dolly Pedraza de Arenas, consideró que la acción de tutela era improcedente contra providencias judiciales, inaplicando para el efecto lo establecido en los artículos 11 y 40 del Decreto 2591 de 1991. Esta tesis fue reiterada por la misma Sala Plena mediante sentencias de 3 de febrero de 1992 con ponencia del Consejero Luis Eduardo Jaramillo Mejía (AC-015), 14 de octubre de 1993 con ponencia del Consejero Libardo Rodríguez (AC-1247) y 29 de junio de 2004 con ponencia del Dr. Nicolás Pájaro Peñaranda (AC-10203). Ver sobre el particular las sentencias T-483 de 1997, T-204 de 1998, T-766 de 1998 y SU-563 de 1999. Al respecto ver, entre otras, las siguientes Sentencias: Sección Primera, de 9 de julio de 2004, Exp. No. 2004-00308; y, Sección Segunda – Subsección A, de 27 de mayo de 2010, Exp. No. 2010-00559. Sentencia en la que se analizó la legalidad del artículo 185 de la Ley 906 de 2004. Al respecto ver, entre otras, las Sentencias T-1009 de 1999, SU-1031 de 2001, SU-1184 de 2001, SU-159 de 2002, T-774 de 2004. También denominados requisitos generales de procedencia, y que son: i. Que el asunto tenga relevancia constitucional; ii. Que se hayan agotado los medios ordinarios y extraordinarios de defensa; iii. Que se cumpla con el requisito de inmediatez; iv. Que si se trata de una irregularidad procesal tenga efecto decisivo o determinante en la sentencia y afecte los derechos fundamentales; v. Que el interesado exponga los hechos que generan la vulneración o amenaza de sus derechos y que, además y de haber sido posible, hubiera alegado esta situación en el proceso; y, vi. Que no se trate de sentencias de tutela. También llamados requisitos generales de procedibilidad y que hacen referencia a la configuración de uno o varios de los siguientes defectos: i. Sustantivo o material; ii. Fáctico; iii. Orgánico; iv. Procedimental; vi. Desconocimiento del precedente; vii. Error inducido; viii. Ausencia de motivación; o, ix. Violación directa de la Constitución. Sobre la descripción de requisitos de forma y materiales ver la Sentencia T-007 de 2013. Al respecto ver lo sostenido en las Sentencias C-590 de 2005, T-102 de 2006, T-377 de 2009 y T-178 de 2012. También es importante resaltar que ya en la Sentencia SU-014 de 2001 la Corte consideró la necesidad de superar dicho concepto y dar paso a lo que, posteriormente, se denominó error inducido [Sentencia T-462 de 2003]. Emitida en el expediente 110010315000200901328 01. T-173 de 1993
T-504 de 2000.
Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo Sección Segunda, Subsección B. Consejero Ponente: Dr. Víctor Hernando Alvarado Ardila. Bogotá D.C., cinco (5) de marzo de dos mil nueve (2009). REF: Expediente Nº 11001-03-15-000-2008-01075- 01. Acción de Tutela. Actor: Caja de Previsión Social de Comunicaciones, Caprecom. C/. Tribunal Administrativo del Tolima. Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección B. Consejero Ponente: Dr. Víctor Hernando Alvarado Ardila. Bogotá D.C., Sentencia de 19 de mayo de 2010. Expediente Nº 11001-03-15-000-2010-00284-00. Acción de tutela. Actor: Dora Josefina Montoya Carmona. C/. Tribunal Administrativo del Quindío. “Frente a la inmediatez debe además aclararse que, esta Sala la considera requisito de procedibilidad de la acción de tutela contra decisiones judiciales, por cuanto la defensa de los derechos fundamentales no puede ser ajena a la seguridad jurídica y la protección de los intereses de terceros que han obtenido reconocimiento en una providencia judicial ejecutoriada. Ahora bien, en oportunidades anteriores se ha establecido que el término que para estos efectos comporta la satisfacción del mencionado, varía de 6 meses a 1 año, situación que se concreta atendiendo a las circunstancias particulares del asunto en litigio, así como a los derechos invocados como violados. En estos términos y en atención a la jurisprudencia constitucional de esta Corporación, desde la cual se ha entendido el encumbrado valor que para una sociedad organizada como Estado Social y Constitucional de Derecho comporta el acceso a la administración de justicia, es fácil colegir que debe operar el término más lapso de inmediatez posible, cuando se discuta en sede de amparo su presunta violación.”. La sección primera de esta Corporación, en algunas ocasiones ha tomado un término equivalente al previsto para ejercer la acción de nulidad y restablecimiento del derecho, esto es, de cuatro meses y, en otras, ha manifestado que es de seis meses. La Sección Segunda ha sostenido que el término razonable para interponer la acción de tutela contra providencias judiciales no puede exceder de un año. Por su parte, las Secciones Cuarta y Quinta han fijado como razonable para su interposición un plazo de seis meses. MP. Luis Ernesto Vargas Silva
Sentencia SU-1219 de 2001 M.P Manuel José Cepeda Espinoza. Sentencia T-185 de 2013 M.P. Luis Ernesto Vargas Silva. Magistrado Ponente Dr. Eduardo Montealegre Lynett. Por la cual se establece el procedimiento de pérdida de la investidura de los Congresistas, se consagra la doble instancia, el término de caducidad, entre otras disposiciones. ARTÍCULO 23. Los procesos que se encuentren en curso al momento de la entrada en vigencia de esta ley deberán ser enviados a la Secretaría General, en el estado en que se encuentren, siempre que no se haya practicado la audiencia pública. Los procesos en los que se hubiere practicado dicha audiencia quedarán de única instancia. Dejar sin efectos las sentencias de 23 de febrero de 2012 y 13 de marzo de 2013, proferidas dentro del expediente 2011-00967, a través de las cuales se decretó la pérdida de investidura del actor como diputado de la asamblea departamental de Santander. Al respecto, consultar también la sentencia T-218 de 2012 de la Corte Constitucional. Sentencia T-185 de 2013 de la Corte Constitucional.
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