Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 11001-03-15-000-2018-03972-00
Consejo de Estado · Sección Segunda
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Consejo de Estado · Sección Segunda
Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 11001-03-15-000-2018-03972-00
Consejo de Estado · Sección Segunda
República de Colombia
Consejo de Estado
Sección Segunda
Radicado 11001-03-15-000-2018-03972-00
Consejero ponente: Jorge Edison Portocarrero Banguera
20 de febrero de 2026
CONSEJO DE ESTADO
SALA PLENA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SALA ESPECIAL DE DECISIÓN 24
Consejero Ponente: Jorge Edison Portocarrero Banguera
Bogotá, D. C., veinte (20) de febrero de dos mil veintiséis (2026)
Radicado : 11001-03-15-000-2018-03972-00
Demandante : Unidad Administrativa Especial de Gestión Pensional y
Contribuciones Parafiscales de la Protección Social
(UGPP)
Demandada : Esperanza Rizo Navarro
Trámite : Recurso extraordinario de revisión – artículo 20 Ley 797
de 2003
Tema : Reliquidación pensión de jubilación conforme al Decreto
929 de 1976
Decisión : Sentencia de única instancia – Declara infundado el
Recurso extraordinario de revisión
Procede la Sala a decidir el recurso extraordinario de revisión interpuesto por la
Unidad Administrativa Especial de Gestión Pensional y Contribuciones Parafiscales
de la Protección Social (UGPP) contra la sentencia de 11 de julio de 2013 proferida
por el Consejo de Estado (subsección A de la sección segunda), mediante la cual
confirmó el fallo de 12 de abril de 2012, del Tribunal Administrativo de
Cundinamarca (subsección A de la sección segunda), que accedió parcialmente a
las súplicas de la demanda.
I. ANTECEDENTES
1.1 La acción (ff. 36 a 58 c. ppal. del expediente ordinario). La señora Esperanza
Rizo Navarro, a través de apoderado, presentó ante la jurisdicción de lo
contencioso-administrativo demanda de nulidad y restablecimiento del derecho
conforme al artículo 85 del Código Contencioso Administrativo (CCA), contra la
liquidada Caja Nacional de Previsión Social (Cajanal), con el propósito de obtener
la anulación parcial de la Resolución PAP 5559 de 30 de junio de 2010, por medio
de la cual esa entidad le reliquidó la pensión de jubilación, «en cuanto le fueron
desconocidos la totalidad de los factores salariales devengados durante el último semestre de
servicios» (sic).
Expediente: 11001-03-15-000-2018-03972-00
Expediente: 63001-23-33-000-2015-00123-01 (4355-2016)
Recurso extraordinario de revisión de la UGPP
Medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho
contra Esperanza Rizo Navarro
María Irene Nieto Cárdenas contra la UGPP
Como consecuencia de lo anterior, a título de restablecimiento del derecho, solicitó
que se ordenara a la desaparecida Cajanal (i) reajustar la aludida prestación con
base «en el 75% de la totalidad de los factores devengados durante los últimos 6 meses de servicio,
es decir del 1 de junio […] al 30 de noviembre de 2.008 […], de conformidad con el Art[ículo] 7 del
Decreto 929 de 1.976; Decreto 1045 de 1.978 y Art[ículo] 14 del Decreto 48 de 1.993 […]: Sueldo
Básico, Bonificación por Servicios, Bonificación Especial (Quinquenio), Vacaciones (en dinero),
Prima de Servicios, Prima de Navidad y Prima de Vacaciones, con efectividad a partir del 1 de
diciembre de 2.008»; (ii) pagar «[…] los INCREMENTOS ANUALES correspondientes»; (iii)
pagar las diferencias en las mesadas pensionales a que hubiera lugar, debidamente
indexadas; (iv) sufragar intereses moratorios sobre las sumas adeudadas y (v) dar
cumplimiento al fallo en los términos de los artículos 176 y siguientes del CCA. Por
último, se condenara en costas a la accionada.
1.2 Fundamentos fácticos y consideraciones de la parte actora. Relató la
señora Esperanza Rizo Navarro que nació el 30 de septiembre de 1957 y prestó sus
servicios por más de 25 años (del 8 de agosto de 1983 al 30 de noviembre de 2008)
para la Contraloría General de la República, y al cumplir los respectivos requisitos,
la entonces Cajanal le reconoció pensión de jubilación, a través de Resolución PAP
11996 de 24 de marzo de 2009, «a partir del 1º de septiembre de 2008, condicionada a
demostrar [el] retiro definitivo del servicio».
Agrega que, con Resolución 5559 de 30 de junio de 2010, Cajanal reliquidó la citada
prestación, sin embargo, desconoció que era beneficiaria del régimen de transición
previsto en el artículo 36 de la Ley 100 de 1993 y, en esa medida, aquella debió
computarse «con base en las reglas y orientaciones del régimen anterior, […] el Decreto 929 de
1.976, […] especial para los funcionarios de la Contraloría General de la República […]», es decir,
con el «75% del promedio de los salarios devengados durante el último semestre».
II. PROVIDENCIA IMPUGNADA
El Consejo de Estado (subsección A de la sección segunda), en sentencia de 11 de
julio de 2013 (ff. 146 a 155 c. ppal. del expediente ordinario), confirmó el fallo de 12
de abril de 2012 del Tribunal Administrativo de Cundinamarca (subsección A de la
sección segunda) [ff. 98 a 111 c. ppal. del expediente ordinario], que accedió
parcialmente a las súplicas de la demanda, para lo cual precisó:
«El reconocimiento de la pensión que le fue hecho a la demandante, sin duda debía
estar bajo el amparo de la legislación anterior, cuya aplicación procede en forma
integral porque al 1° de abril de 1994 acreditó más de 35 años de edad, ya que nació
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Expediente: 11001-03-15-000-2018-03972-00
Expediente: 63001-23-33-000-2015-00123-01 (4355-2016)
Recurso extraordinario de revisión de la UGPP
Medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho
contra Esperanza Rizo Navarro
María Irene Nieto Cárdenas contra la UGPP
el 30 de septiembre de 1957 (f1-24). Este precepto consagra para quienes satisfacen
las exigencias allí enunciadas, las condiciones del régimen anterior.
[…]
De esta manera, concluye la Sala que debió la entidad liquidar la pensión de jubilación
de la actora, observando la disposición especial del artículo 7º del Decreto 929 de
1976, que incluye los factores salariales enunciados en el artículo 45 del Decreto 1045
de 1978, aplicable por la remisión que hizo el artículo 17 del primer decreto citado.
Así entonces, lo devengado en el último semestre, como bien lo expuso el a quo,
deberá tomarse para los efectos señalados, incluyendo todos los factores percibidos
y no tiene incidencia alguna el hecho de que no fueron objeto de aportes, porque el
régimen de los empleados de la Contraloría no es el que pretende aplicar la
demandada; además, porque no sería justo que fueran los beneficiarios los llamados
a responder por los errores de la administración, cuando omite su deber de efectuar
los aportes que la ley ordena. De suerte que lo que procede es ordenar que la entidad
demandada haga los descuentos a que haya lugar por este concepto.
[…]
En cuanto a los factores que debieron tenerse en cuenta para la liquidación de la
prestación, la Sala precisa que son los enlistados en el artículo 45 del Decreto 1045
de 1978, disposición que para los empleados de régimen especial de pensiones
permanece vigente y aplicable al caso en estudio, por así autorizarlo el artículo 17 del
Decreto 929 de 1976, que hizo extensivas las disposiciones del Decreto 3135 de 1968
y las normas que lo modifican y adicionan a los empleados de la Contraloría General
de la República, en cuanto no se opongan a dicho decreto ni a su finalidad. Igualmente
aplica al caso el artículo 40 del Decreto 720 de 1978, que establece factores
adicionales de salario, ordenamiento este último destinado a los servidores del ente
fiscal.
[…]
Del anterior recuento normativo se concluye, que los rubros certificados por la entidad
deben ser considerados como factor para el cómputo de la pensión de la actora, con
excepción de las vacaciones, por cuanto ya están incluidas dentro de la asignación,
por corresponder al mismo pago salarial; la diferencia está en que el servidor hace
uso de ellas y sigue devengando el salario, por eso se llama descanso remunerado».
III. EL RECURSO EXTRAORDINARIO DE REVISIÓN
La UGPP, por intermedio de apoderado, interpuso recurso extraordinario de revisión
(ff. 2 a 12 vuelto c. ppal.), el 19 de octubre de 2018 (f. 12 vuelto c. ppal.), contra la
anterior providencia, con fundamento en la causal prevista en la letra b del artículo
20 de la Ley 797 de 20031, esto es, «Cuando la cuantía del derecho reconocido excediere lo
debido de acuerdo con la ley, pacto o convención colectiva que le eran legalmente aplicables», al
estimar que si bien «[…] el régimen especial aplicable a ESPERANZA RIZO NAVARRO es el
contemplado en el Decreto 929 de 1976, de conformidad con el artículo 36 de la [L]ey 100 de 1993,
por estar inmers[a] en el régimen de transición», los fallos proferidos «[…] adopta[ro]n su criterio
respecto del ingreso base de liquidación [IBL] con fundamento en una NORMA INEXISTENTE como
lo es en este caso, habida cuenta que la causante no adquirió su derecho pensional antes del 01 de
1
Cabe advertir que la UGPP fundó su recurso en la causal contenida en la letra b del artículo 20 de la Ley 797 de 2003, no
obstante, aunque en el acápite «CONCEPTO DE VIOLACIÓN - DEMOSTRACIÓN DE LA CAUSAL DE REVISIÓN» también
se refirió a la causal a ibidem («El reconocimiento se haya obtenido con violación al debido proceso»), lo cierto es que de
igual modo la argumentación se circunscribe solo a la primera de ellas.
3
Expediente: 11001-03-15-000-2018-03972-00
Expediente: 63001-23-33-000-2015-00123-01 (4355-2016)
Recurso extraordinario de revisión de la UGPP
Medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho
contra Esperanza Rizo Navarro
María Irene Nieto Cárdenas contra la UGPP
abril de 1994 (fecha de entrada en vigencia el Sistema General de Pensiones), sino con
posterioridad, y por ende, los accionados echaron de menos que las reglas del [IBL] NO HACEN
PARTE DEL RÉGIMEN ANTERIOR, sino de las disposiciones que expresamente señala el inciso 3o
del artículo 36 de la Ley 100 de 1993 […]».
Agrega que «[…] la consagración del régimen de transición, no conservó en su integridad la
normas pensionales que regulaban la causación del derecho pensional; pues sólo conservó la edad,
el tiempo de servicios o la semanas cotizadas y el monto pensional, pero entendido éste último como
la tasa de reemplazo definida en el régimen anterior, para diferenciarla de la tasa fijada por el Sistema
General de pensiones (que va desde el 65% al 85%)» (sic), tal como lo ha precisado la Corte
Constitucional en sentencias C-168 de 1995, C-258 de 2013, SU-230 de 2015, SU-
427 de 2016, SU-210, SU-395 y SU-631 de 2017 y T-39 de 2018, y autos 326 de
2014 y 229 de 2017.
Sostiene, además, que en el sub lite, al «[…] aplicar una disposición normativa e interpretarla
en contrariedad a las disposiciones normativas y al precedente constitucional, ordenando
RELIQUIDACION [de] la pensión de vejez por cumplir con los requisitos del régimen de transición
establecidos en el Artículo 36 de Ley 100 de 1993 de ESPERANZA RIZO NAVARRO aplicando en
el Ingreso Base de Liquidación el 75% de salarios devengados en el último semestre con la inclusión
de todos los factores salariales en aplicación a lo dispuesto en Decreto 929 de 1976, desconoce la
normatividad y el precedente constitucional antes referido constituyendo asi una grave afectación a
la sostenibilidad financiera del sistema toda vez que contribuye a aumentar para el caso concreto en
un 50% la mesada pensional de la causante sin que exista justificación legal ni jurisprudencial para
ello» (sic).
En consecuencia, pide (i) revocar la sentencia de 11 de julio de 2013 proferida por
el Consejo de Estado (subsección A de la sección segunda), que confirmó la de 12
de abril de 2012 del Tribunal Administrativo de Cundinamarca (subsección A de la
sección segunda), que accedió parcialmente a las pretensiones de la demanda; (ii)
declarar que la señora Esperanza Rizo Navarro, «en cuanto a la liquidación de su
mesada pensional, no es acreedora de un DERECHO ADQUIRIDO amparable por la Legislación
[…]»; y (iii) ordenar a la UGPP reliquidar y pagar la pensión de jubilación de la
mencionada señora, conforme a los artículos 21 y 36 (inciso 3º) de la Ley 100 de
1993, y sobre los factores establecidos en el Decreto 1158 de 1994.
IV. TRÁMITE PROCESAL
4.1 Admisión del recurso. Mediante auto de 3 de diciembre de 2018 (f. 15 c. ppal.),
se admitió el recurso y se ordenó la notificación a los señores Esperanza Rizo
4
Expediente: 11001-03-15-000-2018-03972-00
Expediente: 63001-23-33-000-2015-00123-01 (4355-2016)
Recurso extraordinario de revisión de la UGPP
Medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho
contra Esperanza Rizo Navarro
María Irene Nieto Cárdenas contra la UGPP
Navarro y procurador delegado ante esta Corporación, oportunidad aprovechada
por la primera.
La señora Esperanza Rizo Navarro (ff. 30 a 48 c. ppal.), por conducto de
apoderado, solicita despachar desfavorablemente las súplicas de la UGPP, puesto
que (i) los fallos de la Corte Constitucional C-258 de 2013 y SU-230 de 2015, entre
otros, que invoca para justificar el presente recurso extraordinario, fueron expedidos
6 años después de que se consolidara su derecho pensional (30 de septiembre de
2007); (ii) no se configuró abuso del derecho ni fraude a la ley, dado que la
providencia objeto de revisión decidió la controversia de acuerdo con la
jurisprudencia vigente, tanto de dicha Corporación como del Consejo de Estado; (iii)
no justificó con claridad las razones por las cuales considera que se configura la
causal de revisión alegada y (iv) carecía de competencia para promover el presente
trámite, pues no hace parte de las entidades y autoridades facultadas para ello por
el artículo 20 de la Ley 797 de 2003.
4.2 Período probatorio. A través de proveído de 16 de septiembre de 2019 (ff. 51
y 51 vuelto c. ppal.), se tuvieron como pruebas los documentos allegados por la
UGPP.
V. CONSIDERACIONES
5.1 Cuestión previa. Antes de decidir si en el asunto se configura la causal de
revisión invocada, resulta necesario precisar el régimen jurídico aplicable, toda vez
que, el recurso extraordinario de revisión fue presentado el 19 de octubre de 2018
(f. 12 vuelto c. ppal.) contra la sentencia de segunda instancia proferida el 11 de
julio de 2013 (ff. 146 a 155 c. ppal.), ejecutoriada el 18 de noviembre siguiente (f.
199 c. ppal. del expediente ordinario).
Sobre la naturaleza del recurso extraordinario de revisión, consideró la sala de lo
contencioso-administrativo de esta Corporación 2 que no comporta una instancia
adicional, sino una «[…] nueva acción con un objeto de impugnación diferente, cual es una
sentencia que ostenta la condición de inmutabilidad en virtud de la cosa juzgada y que por la vía del
Recurso Extraordinario de Revisión busca ser invalidada», es decir, un proceso nuevo,
autónomo e independiente con trámite propio (etapas procesales) y fallo que define
2
Consejo de Estado, sala de lo contencioso-administrativo, auto de 12 de agosto de 2014, expediente 11001-03-15-000-
2013-02110-00.
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Expediente: 11001-03-15-000-2018-03972-00
Expediente: 63001-23-33-000-2015-00123-01 (4355-2016)
Recurso extraordinario de revisión de la UGPP
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contra Esperanza Rizo Navarro
María Irene Nieto Cárdenas contra la UGPP
sobre la legalidad de una providencia ejecutoriada, como medio excepcional de
impugnación.
Al respecto, el Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso
Administrativo (CPACA) se aplica «[…] a los procedimientos y las actuaciones administrativas
que se inicien, así como a las demandas y procesos que se instauren con posterioridad a la entrada
en vigencia»3, esto es, 2 de julio de 2012.
Así las cosas, dado que el recurso extraordinario de revisión no comporta una
instancia adicional, sino un nuevo proceso o mecanismo de control, este se rige bajo
la norma que esté en vigor al momento de su presentación.
En similares términos lo estimó la sala especial de decisión 20 de esta Corporación,
en providencia de 16 de octubre de 20184, al recordar que «[…] pese a su nombre -
recurso extraordinario-, este se inicia con una demanda en contra de la sentencia de segunda
instancia, la cual está sujeta a una serie de requisitos que deben ser observados para su
admisibilidad y procedencia, en este sentido, debe entenderse como una acción más que consagró
el legislador para que fuera incoada ante la jurisdicción contencioso administrativa», de manera
que al ser un trámite «independiente del que originó la sentencia cuya revisión se solicita, el
mismo se rige por la norma procesal vigente al momento en que se ejerce, tal y como lo ha sostenido
reiteradamente la jurisprudencia del Consejo de Estado».
Por lo tanto, como este recurso extraordinario de revisión se presentó el 19 de
octubre de 2018 (f. 12 vuelto c. ppal.), el régimen jurídico aplicable es el contenido
en el CPACA, en armonía con el artículo 20 (inciso 3°) de la Ley 797 de 2003, según
el cual «La revisión se tramitará por el procedimiento señalado para el recurso extraordinario de
revisión por el respectivo código […]».
5.2 Competencia. En relación con la competencia de esta Colegiatura para conocer
del recurso extraordinario de revisión contemplado en el artículo 20 de la Ley 797
de 2003, este dispone que «Las providencias judiciales que en cualquier tiempo hayan
decretado o decreten reconocimiento que impongan al tesoro público o a fondos de naturaleza
pública la obligación de cubrir sumas periódicas de dinero o pensiones de cualquier naturaleza
podrán ser revisadas por el Consejo de Estado o la Corte Suprema de Justicia, de acuerdo con sus
competencias […]» (inciso 1°)5.
3
Artículo 308 del CPACA.
4
Consejero ponente: Roberto Augusto Serrato Valdés, expediente 11001-03-15-000-2014-01658-00 (REV).
5
Los apartes «en cualquier tiempo» fueron declarados inexequibles, a través de sentencia C-835 de 2003 de la Corte
Constitucional.
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Expediente: 11001-03-15-000-2018-03972-00
Expediente: 63001-23-33-000-2015-00123-01 (4355-2016)
Recurso extraordinario de revisión de la UGPP
Medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho
contra Esperanza Rizo Navarro
María Irene Nieto Cárdenas contra la UGPP
Por su parte, el artículo 249 del CPACA preceptúa:
«De los recursos de revisión contra las sentencias dictadas por las secciones o
subsecciones del Consejo de Estado conocerá la Sala Plena de lo Contencioso
Administrativo sin exclusión de la sección que profirió la decisión [6].
De los recursos de revisión contra las sentencias ejecutoriadas proferidas por los
Tribunales Administrativos conocerán las secciones y subsecciones del Consejo de
Estado según la materia.
De los recursos de revisión contra las sentencias ejecutoriadas proferidas por los
jueces administrativos conocerán los Tribunales Administrativos».
De la precitada norma se colige que la competencia para decidir el recurso
extraordinario de revisión interpuesto contra un fallo proferido por una sección o
subsección del Consejo de Estado, corresponde a la sala plena de lo contencioso-
administrativo de la Corporación.
Ahora bien, el artículo 107 (inciso 4º) del CPACA ordenó «Cr[ear] en el Consejo de Estado
las salas especiales de decisión, además de las reguladas en este Código, encargadas de decidir
los procesos sometidos a la Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, que esta les encomiende,
salvo de los procesos de pérdida de investidura y de nulidad por inconstitucionalidad. Estas Salas
estarán integradas por cuatro (4) Magistrados, uno por cada una de las secciones que la conforman,
con exclusión de la que hubiere conocido del asunto, si fuere el caso», cuya «[…] integración y
funcionamiento […] se hará de conformidad con lo que al respecto establezca el reglamento interno»
(inciso 5º).
En cumplimiento de lo anterior, la sala plena del Consejo de Estado expidió el
Acuerdo 321 de 2 de diciembre de 2014, «Por medio del cual se reglamenta la integración
y funcionamiento de las Salas Especiales de Decisión de que trata el artículo 107 de la Ley 1437 de
2011», y en el actual reglamento interno del Consejo de Estado (adoptado por
Acuerdo 80 de 12 de marzo de 2019), en lo pertinente, previó:
«ARTÍCULO 28.- SALAS ESPECIALES DE DECISIÓN. Las Salas Especiales de
Decisión creadas por el artículo 107 de la Ley 1437 de 2011 estarán integradas por un
(1) magistrado de cada una de las Secciones de la Sala Plena de lo Contencioso
Administrativo.
La designación de un nuevo magistrado no modificará la integración de las Salas
Especiales de Decisión. El nuevo Magistrado entrará a formar parte de la Sala a que
pertenecía quien se retiró.
La conformación o modificación de la integración de cada una de estas Salas será
publicada en el sitio web del Consejo de Estado.
La Sala Plena podrá variar la conformación de las Salas Especiales de Decisión, previa
6
El aparte «sin exclusión de la sección que profirió la decisión» fue declarado exequible por la Corte Constitucional, mediante
sentencia C-450 de 16 de julio de 2015.
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Expediente: 11001-03-15-000-2018-03972-00
Expediente: 63001-23-33-000-2015-00123-01 (4355-2016)
Recurso extraordinario de revisión de la UGPP
Medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho
contra Esperanza Rizo Navarro
María Irene Nieto Cárdenas contra la UGPP
publicación en el sitio web del Consejo de Estado.
PARÁGRAFO TRANSITORIO. Para la integración inicial de las Salas Especiales de
Decisión cada uno de los magistrados de la Sala Plena de lo Contencioso
Administrativo hará Sala Especial de Decisión con los magistrados de las otras
Secciones, en orden alfabético por apellido».
De igual forma, en el artículo 29 del mentado Acuerdo 80 de 2019, la sala plena de
esta Colegiatura les asignó competencia a las salas especiales de decisión para
decidir «Los recursos extraordinarios de revisión interpuestos contra las sentencias de las
Secciones o Subsecciones del Consejo de Estado» (numeral 1).
Analizado el asunto sometido a consideración, a partir de las disposiciones
anotadas, se observa que el fallo objeto del recurso extraordinario de revisión fue
dictado, en segunda instancia, por el Consejo de Estado (subsección A de la sección
segunda), el 11 de julio de 2013.
Dichos presupuestos permiten concluir que esta sala especial de decisión es
competente para conocer del presente recurso, por cuanto se cuestiona una
providencia dictada por una subsección del Consejo de Estado.
Así las cosas, en este caso resulta procedente el recurso extraordinario de revisión
interpuesto por la UGPP contra la sentencia de 11 de julio de 2013 proferida por el
Consejo de Estado (subsección A de la sección segunda), por cuyo conducto
confirmó el fallo de 12 de abril de 2012 del Tribunal Administrativo de Cundinamarca
(subsección A de la sección segunda), que accedió parcialmente a las súplicas de
la demanda.
5.3 Aspectos generales del recurso extraordinario de revisión. Sea lo primero
decir que el artículo 20 de la Ley 797 de 2003, «Por la cual se reforman algunas
disposiciones del sistema general de pensiones previsto en la Ley 100 de 1993 y se adoptan
disposiciones sobre los Regímenes Pensionales exceptuados y especiales», prescribe:
«Revisión de reconocimiento de sumas periódicas a cargo del tesoro público o
de fondos de naturaleza pública. Las providencias judiciales que en cualquier
tiempo hayan decretado o decreten reconocimiento que impongan al tesoro público o
a fondos de naturaleza pública la obligación de cubrir sumas periódicas de dinero o
pensiones de cualquier naturaleza podrán ser revisadas por el Consejo de Estado o la
Corte Suprema de Justicia, de acuerdo con sus competencias, a solicitud del Gobierno
por conducto del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social, del Ministerio de Hacienda
y Crédito Público, del Contralor General de la República o del Procurador General de
la Nación.
La revisión también procede cuando el reconocimiento sea el resultado de una
transacción o conciliación judicial o extrajudicial.
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Expediente: 11001-03-15-000-2018-03972-00
Expediente: 63001-23-33-000-2015-00123-01 (4355-2016)
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La revisión se tramitará por el procedimiento señalado para el recurso extraordinario
de revisión por el respectivo código y podrá solicitarse en cualquier tiempo por las
causales consagradas para este en el mismo código y además:
a) Cuando el reconocimiento se haya obtenido con violación al debido proceso, y
b) Cuando la cuantía del derecho reconocido excediere lo debido de acuerdo con la
ley, pacto o convención colectiva que le eran legalmente aplicables[ 7]».
El recurso extraordinario de revisión, en la hipótesis del artículo 20 de la Ley 797 de
2003, es un medio de impugnación sui generis, por su creación y al prever la revisión
del reconocimiento de sumas periódicas a cargo del tesoro público o de fondos de
naturaleza pública, por causales definidas en forma precisa, lo cual implica que las
facultades del juez que lo conoce se reducen al estudio de los planteamientos
aducidos por el recurrente, que deben estar dirigidos a configurar la causal alegada
como sustento de la pretensión bajo examen.
5.4 Término para su interposición. Conforme al artículo 251 del CPACA, «En los
casos previstos en el artículo 20 de la Ley 797 de 2003, el recurso deberá presentarse dentro de los
cinco (5) años siguientes a la ejecutoria de la providencia judicial o en los casos de que ella no se
requiera, dentro del mismo término contado a partir del perfeccionamiento del acuerdo transaccional
o conciliatorio».
En este orden de ideas, comoquiera que la sentencia objeto del presente recurso
extraordinario de revisión alcanzó su ejecutoria el 18 de noviembre de 2013 (f. 199
c. ppal. del expediente ordinario), el término de 5 años para presentarlo vencía el
día 19 de noviembre de 2018 y, en esa medida, como en el sub lite el el recurso
extraordinario se presentó el 19 de octubre de 2018 (f. 12 c. ppal.), se tendrá como
oportunamente interpuesto.
5.5 Legitimación. La demandada alegó que la UGPP carecía de competencia para
promover el recurso objeto de estudio, por cuanto no es una de las autoridades
autorizadas para tal fin por el artículo 20 de la Ley 797 de 2003.
De acuerdo con el artículo 20 de la Ley 797 de 2003, el recurso extraordinario de
revisión podrá ser promovido por el Gobierno nacional, por intermedio de los
Ministerios de Trabajo y Seguridad Social y de Hacienda y Crédito Público, el
Contralor General de la República o el Procurador General de la Nación.
7
Las frases tachadas fueron declaradas inexequibles, a través de sentencia C-835 de 23 de septiembre de 2003, magistrado
ponente Jaime Araújo Rentería.
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Expediente: 11001-03-15-000-2018-03972-00
Expediente: 63001-23-33-000-2015-00123-01 (4355-2016)
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contra Esperanza Rizo Navarro
María Irene Nieto Cárdenas contra la UGPP
Asimismo, a través del artículo 6 del Decreto 575 de 22 de marzo de 2013 , «Por el
cual se modifica la estructura de la Unidad Administrativa Especial de Gestión Pensional y
Contribuciones Parafiscales de la Protección Social (UGPP) y se determinan las funciones de sus
dependencias», el presidente de la República le asignó a tal entidad, entre otras
funciones, la de «Adelantar o asumir, cuando haya lugar, las acciones previstas en el artículo 20
de la Ley 797 de 2003 o normas que la adicionen o modifiquen» (numeral 6)8.
En este orden de ideas, comoquiera que en el asunto sub judice la UGPP cuestiona
una providencia judicial que impuso el reajuste y pago de una pensión de jubilación
a cargo del Estado, que considera incurre en la causal prevista en la letra b del
artículo 20 de la Ley 797 de 2003, se tiene que está legitimada para interponer el
recurso extraordinario de revisión de que trata esta última norma, motivo por el cual
carece de asidero jurídico la afirmación de la demandada sobre tal aspecto9.
5.6 Problema jurídico. Corresponde en esta oportunidad a la Sala determinar si la
sentencia de 11 de julio de 2013, por medio de la cual el Consejo de Estado
(subsección A de la sección segunda) confirmó el fallo de primera instancia de 12
de abril de 2012 del Tribunal Administrativo de Cundinamarca (subsección A de la
sección segunda), se encuentra inmersa en el supuesto fáctico previsto en la letra
b del artículo 20 de la Ley 797 de 2003, como causal de revisión, invocada por la
UGPP y, en consecuencia, si la señora Esperanza Rizo Navarro, en su condición
de beneficiaria del régimen de transición consagrado en el artículo 36 de la Ley 100
de 1993, le asistía el derecho a la reliquidación de su pensión de jubilación con la
inclusión de todos los factores salariales devengados durante el último semestre de
servicios, o al contrario, debe ser reajustada conforme a las reglas previstas en los
artículos 21 y 36 de la Ley 100 de 1993, en armonía con las providencias C-258 de
2013 y SU-230 de 2015 de la Corte Constitucional.
5.7 Presentación del caso concreto. En el asunto sub judice, la UGPP invocó la
causal contenida en la letra b del artículo 20 de la Ley 797 de 2003, esto es, «Cuando
la cuantía del derecho reconocido excediere lo debido de acuerdo con la ley, pacto o convención
8
Facultad que, con anterioridad y la misma redacción, ya se le había delegado por medio del numeral 6 del artículo 6 del
Decreto 5021 de 2009, «Por el cual se establece la estructura y organización de la Unidad Administrativa Especial de Gestión
Pensional y Contribuciones Parafiscales de la Protección Social –UGPP– y las funciones de sus dependencias».
9
En similares términos concluyó la sala especial de decisión 4, en fallo de 1º de agosto de 2017 (C. P. Lucy Jeannette
Bermúdez Bermúdez, expediente 11001-03-15-000-2016-02022-00), que al desatar, en un asunto análogo, la excepción de
falta de legitimación en causa por activa frente a la UGPP, dijo: «Observa la Sala de Decisión, que el argumento del
excepcionante no es de recibo, por cuanto obedece a una lectura estricta de una única norma [artículo 20 de la Ley 797 de
2003], que omitió integrar el bloque normativo que regula el tema, pues disposiciones como el artículo 2º del Decreto 2051
[sic] de 2009, conforman esa regulación sistemática que regenta el tema sobre la titularidad y habilitación para accionar».
10
Expediente: 11001-03-15-000-2018-03972-00
Expediente: 63001-23-33-000-2015-00123-01 (4355-2016)
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colectiva que le eran legalmente aplicables», al considerar que (i) la reliquidación de la
pensión de jubilación ordenada en el fallo acusado es errada, pues no prestó
mientes en el contenido de los artículos 21 y 36 de la Ley 100 de 1993, en lo
pertinente al IBL y factores a tener en cuenta para tales efectos; y (ii) el Consejo de
Estado «[…] no solo […] malinterpretó el artículo 36 de la Ley 100 de 1993, sino [que desconoció]
los precedentes obligatorios y vinculantes de la Corte Constitucional para todas las jurisdicciones
[…], situaciones que hacen que el presente reconocimiento prestacional sea irregular del cual
ESPERANZA RIZO NAVARRO obtiene unas ventajas irrazonables relacionadas con un incremento
de su prestación en grave detrimento del erario […], siendo lo correcto que ordene aplicar el promedio
de los últimos 10 años o del tiempo que le hiciera falta con los factores salariales enlistados en el
Decreto 1158 de 1994, conforme lo establece el artículo 36 concordante con el artículo 21 de dicha
Ley».
Con referencia a esta causal de revisión, se destaca que esta constituye una
herramienta concebida por el legislador con el objetivo de conjurar las graves
afectaciones al erario y fortalecer el principio de moralidad que rige las actuaciones
administrativas, como consecuencia de los desafortunados actos de corrupción
evidenciados en el sistema pensional, que permite al Gobierno nacional promover
la revisión de decisiones judiciales, conciliaciones o transacciones que pudieran
haber reconocido pensiones irregularmente o por valores que no corresponden a la
ley y, de haber lugar a ello, la posibilidad de revocarlas, por esas precisas causales,
como una excepción al principio de la cosa juzgada10.
Lo anterior tiene su razón de ser en la innegable necesidad de proteger los recursos
destinados a la seguridad social11, cuyos destinatarios principales son las personas
más vulnerables, quienes podrían verse seriamente afectadas en caso de que
aquellos se vean menguados al ser pagados a quienes no tienen ese derecho o,
que pese a tenerlo, se les haya concedido más allá de lo que correspondía.
En el caso concreto, lo primero que ha de recordarse es que las pretensiones de
nulidad y restablecimiento del derecho formuladas por la señora Esperanza Rizo
10
Exposición de motivos de la Ley 797 de 2003: «EXPLICACIÓN DEL ARTICULADO.
A continuación se procede a explicar los artículos del proyecto de ley en los que se contempla el sistema nacional de
protección y seguridad social, así como algunos nuevos proyectos y programas y se proponen modificaciones al Sistema
General de Pensiones y a los regímenes especiales y exceptuados consagrados en la Ley 100 de 1993. El espíritu del
proyecto es mejorar la solidaridad y la equidad, bajo una óptica de responsabilidad fiscal.
[…]
ARTÍCULOS 20 Y 21. REVISIÓN Y REVOCATORIA DE PENSIONES.
Estos artículos contemplan la posibilidad de revisar las decisiones judiciales, las conciliaciones o las transacciones que han
reconocido pensiones irregularmente o por montos que no corresponden a la ley. Así mismo, se contempla la posibilidad de
revocar las pensiones irregularmente otorgadas. De esta manera, se permite afrontar los graves casos de corrupción en esta
materia y evitar los grandes perjuicios que pueda sufrir la Nación»
(https://normativa.colpensiones.gov.co/colpens/docs/xp_exm_l0797003.htm).
11
Como manifestación de los principios de prevalencia del interés general y universalidad consagrados en los artículos 1º de
la Carta Política y 2 (letra b) de la Ley 100 de 1993.
11
Expediente: 11001-03-15-000-2018-03972-00
Expediente: 63001-23-33-000-2015-00123-01 (4355-2016)
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Navarro (expediente 25000-23-25-000-2010-01099-01) estaban orientadas a que
se ordenara a la extinguida Cajanal reliquidar la pensión de jubilación que le fue
concedida mediante Resolución 11996 de 24 de marzo de 2009, reajustada con la
PAP 5559 de 30 de junio de 2010, con la totalidad de los factores devengados
durante los seis (6) meses previos al retiro definitivo del servicio (1º de junio a 30 de
noviembre de 2008), conforme a lo previsto en el artículo 7 del Decreto 929 de
1976 12 , contentivo del «régimen especial de pensiones» de los servidores de la
Contraloría General de la República, ente para el cual prestó sus servicios por más
de 25 años.
Con fundamento en lo anterior, el Tribunal Administrativo de Cundinamarca
(subsección A de la sección segunda) accedió a lo reclamado y, en consecuencia,
ordenó a la accionada reajustar la citada prestación de acuerdo con el «régimen
especial […] establecido por la ley para los servidores de la Contraloría General de la República»,
esto es, sobre el 75% de todos los factores que constituyen salario, recibidos en el
último semestre laborado.
Esa decisión fue confirmada por el Consejo de Estado (subsección A de la sección
segunda), al reiterar que la accionante, al estar cobijada por el régimen de transición
de la Ley 100 de 1993, le asistía el derecho a que su pensión de jubilación fuera
calculada de conformidad con el Decreto 929 de 1976 (artículo 7), norma según la
cual tal prestación debe comprender «lo devengado en el último semestre, […] incluyendo
todos los factores percibidos y no tiene incidencia alguna el hecho de que no fueron objeto de
aportes, porque el régimen de los empleados de la Contraloría no es el que pretende aplicar la
demandada; además, porque no sería justo que fueran los beneficiarios los llamados a responder
por los errores de la administración, cuando omite su deber de efectuar los aportes que la ley
ordena».
En tal sentido, la UGPP afirma que el fallo acusado no solo interpretó de manera
equivocada los artículos 21 y 36 de la Ley 100 de 1993, sino que desconoció el
precedente obligatorio y vinculante sentado por la Corte Constitucional en las
sentencias C-168 de 1995, C-258 de 2013, SU-230 de 2015, SU-427 de 2016, SU-
210, SU-395 y SU-631 de 2017 y T-39 de 2018 y autos 326 de 2014 y 229 de 2017,
que aluden que el concepto «monto» solo hace referencia a la tasa de reemplazo y
no incluye el IBL.
12
«Los funcionarios y empleados de la Contraloría General tendrán derecho, al llegar a los 55 años de edad, si son hombres
y de 50 si son mujeres, y cumplir 20 años de servicio continuo o discontinuo, anteriores o posteriores a la vigencia de este
Decreto, de los cuales por lo menos diez lo hayan sido exclusivamente a la Contraloría General de la República a una pensión
ordinaria vitalicia de jubilación equivalente al 75% del promedio de los salarios devengados durante el último semestre».
12
Expediente: 11001-03-15-000-2018-03972-00
Expediente: 63001-23-33-000-2015-00123-01 (4355-2016)
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Para dilucidar si la causal invocada tiene vocación de prosperidad, se abordará el
tema del régimen de transición y la interpretación que de este han planteado tanto
la Corte Constitucional como el Consejo de Estado.
5.8 Régimen de transición en el sistema general de pensiones13. Cabe recordar
que la Ley 100 de 1993, «Por la cual se crea el sistema de seguridad social integral y se dictan
otras disposiciones», fue expedida por el Congreso de la República con el fin, entre
otros, de unificar la normativa en cuanto a la diversidad de regímenes pensionales
especiales existentes.
No obstante, con el objetivo de evitar menoscabar derechos a personas que se
encontraban próximas a ser pensionadas o tuviesen cierto tiempo de servicio, se
previó el régimen de transición, consagrado en el artículo 36 de la referida Ley 100
de 1993.
En efecto, en dicha norma se dispuso que las personas que al momento de entrar
en vigencia el sistema de seguridad social integral (1° de abril de 1994) contaran
con treinta y cinco (35) o más años de edad si son mujeres o cuarenta (40) o más
años de edad si son hombres, o quince (15) o más años de servicios cotizados, se
les reconocería la pensión de jubilación de conformidad con el régimen anterior al
cual se encontraban afiliados, es decir, la pensión de jubilación respecto de la edad,
tiempo de servicio y «monto de la pensión» se les aplicaría el régimen anterior.
En lo concerniente al concepto monto, es necesario precisar que, ciertamente,
desde la expedición de la Ley 100 de 1993, se plantearon variadas interpretaciones
que, en los años siguientes, dieron lugar a decisiones encontradas entre las altas
corporaciones judiciales.
En un primer momento, la Corte Constitucional, en sentencia C-168 de 1995, al
estudiar la constitucionalidad de los incisos 2º y 3º del artículo 36 de la mencionada
norma, destacó el interés del legislador por salvaguardar las expectativas de
quienes estaban próximos por edad, tiempo de servicios o número de semanas
cotizadas a adquirir el derecho a la pensión de jubilación, «lo que corresponde a una
13
Artículo 10 de la Ley 100 de 1993: «Objeto del sistema general de pensiones. El sistema general de pensiones tiene por
objeto garantizar a la población, el amparo contra las contingencias derivadas de la vejez, la invalidez y la muerte, mediante
el reconocimiento de las pensiones y prestaciones que se determinan en la presente ley, así como propender por la ampliación
progresiva de cobertura a los segmentos de población no cubiertos con un sistema de pensiones».
13
Expediente: 11001-03-15-000-2018-03972-00
Expediente: 63001-23-33-000-2015-00123-01 (4355-2016)
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plausible política social que, en lugar de violar la Constitución, se adecua al artículo 25 que ordena
dar especial protección al trabajo»; además, afirmó que no contenían ninguna disposición
discriminatoria «entre las personas que quedan comprendidas por el precepto demandado frente
a las demás, cobijadas por el régimen anterior», comoquiera que la situación de quienes
están próximos a pensionarse es disímil a la de aquellos que apenas inician su vida
laboral, llevan pocos años de servicio o su edad está bastante lejos de la exigida,
situación que justifica ese trato diferente.
En virtud de lo anterior, declaró exequibles los incisos 2º y 3º del artículo 36 de la
Ley 100 de 1993, a excepción del aparte final del último14, habida cuenta de que
consagró un trato inequitativo, «irrazonable e injustificado» para efectos de la liquidación
de la pensión de jubilación entre los trabajadores de los sectores privado y público,
pues mientras que para los primeros tomaba como base el promedio de lo
devengado durante los dos (2) últimos años de servicios, para los segundos se
calculaba solamente sobre lo recibido en la última anualidad.
Ahora bien, en la parte considerativa la aludida Colegiatura anotó que «Dado que en
la ley 100 de 1993 se modifican algunos de los requisitos para acceder a la pensión de vejez, se
establece en el inciso segundo del artículo 36, materia de acusación, un régimen de transición que
da derecho a obtener ese beneficio mediante el cumplimiento de los requisitos de edad, tiempo de
servicio, o semanas cotizadas estatuídas en la legislación anterior, para las personas que a la fecha
de entrar a regir el nuevo sistema de seguridad social, tengan 35 años o más de edad si son mujeres,
y 40 o más años de edad si son hombres; o a quienes hayan cumplido 15 o más años de servicios
cotizados. Las demás condiciones y requisitos […] para obtener tal derecho son los contenidos en
las disposiciones de la nueva ley». Para algunos, la anterior cita constituye el escenario
primigenio por el cual la Corte Constitucional fijó lo que, en adelante, sería su
postura respecto de la regla de aplicación del IBL, conforme al cual este no hace
parte de los aspectos que conforman la transición15.
Sin embargo, del contexto de la mentada providencia la Sala no encuentra que haya
establecido reglas específicas frente a la interpretación del artículo 36 de la Ley 100
de 1993 o sobre si el monto estaba o no ligado al concepto de base de liquidación,
en tanto (i) la aludida trascripción constituye un obiter dicta del que no puede
14
«Sin embargo, cuando el tiempo que les hiciere falta fuere igual o inferior a dos (2) años a la entrada en vigencia de la
presente Ley. el ingreso base para liquidar la pensión será el promedio de lo devengado en los dos (2) últimos años, para los
trabajadores del sector privado y de un (1) año para los servidores públicos».
15
Por ejemplo, la Corte Constitucional, en auto 229 de 10 de mayo de 2017, M. P. José Antonio Cepeda Amarís; los
magistrados Aquiles Ignacio Arrieta Gómez, Iván Humberto Escrucería Mayolo y Alberto Rojas Ríos salvaron su voto. También
lo entendió así la sala especial de decisión 22 del Consejo de Estado, en providencia de 5 de febrero de 2019, C. P. Alberto
Yepes Barreiro, expediente 11001-03-15-000-2018-01884-00 (REV), con salvamento de voto de los consejeros de Estado
Milton Chaves García y Hernando Sánchez Sánchez.
14
Expediente: 11001-03-15-000-2018-03972-00
Expediente: 63001-23-33-000-2015-00123-01 (4355-2016)
Recurso extraordinario de revisión de la UGPP
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predicarse obligatoriedad alguna, precisamente porque no incide en la decisión16; y
(ii) como se explicó, solo hubo pronunciamiento frente a la diferenciación que
realizaba la norma original entre trabajadores de los sectores público y privado17.
Sin perjuicio de lo anterior, la Corte Constitucional, en providencias tales como las
T-47218 y T-1122 de 200019; T-23520, T-63121 y T-1000 de 200222; T-169 de 200323;
T-62524, T-65125, C-75426 y T-830 de 200427; C-17728, T-38629 y T-1160 de 200530;
T-14731, T-15832, T-62133, T-91034 y T-1087 de 200635; T-25136, T-52937 y T-711 de
200738; T-14339, T-18040 y T-248 de 200841 y T-1942 y T-610 de 200943, aseveró que
se vulneran derechos pensionales cuando no se aplica en su integridad el régimen
en el que se encuentra amparado el beneficiario de la transición y cuando se
desconoce que el monto y la base de liquidación de la pensión forman una unidad
inescindible y, por tanto, corresponde implementar la totalidad de lo establecido en
aquel y no lo consagrado en el inciso 3º del artículo 36 de la Ley 100 de 199344.
16
Concepto 1948 de 21 de mayo de 2009 de la sala de consulta y servicio civil del Consejo de Estado, C. P. Enrique José
Arboleda Perdomo, expediente 11001-03-06-000-2009-00022-00 (1948): «La parte motiva de una sentencia también incluye
comentarios, observaciones, posiciones, recomendaciones, atinentes al asunto sobre el que versa la decisión o a otros
conexos o similares; tales expresiones constituyen los obiter dicta, que en palabras de la Corte Constitucional, son “… aquellas
afirmaciones que no se relacionan de manera directa o necesaria con la decisión…” […]
De los obiter dicta no puede predicarse obligatoriedad alguna precisamente porque no inciden en la decisión al punto de que
si se suprimieran no se alterarían ni los fundamentos de la resolución ni ésta misma.
Del alcance y las características de los contenidos que integran la parte motiva y la parte resolutiva de una sentencia surge
la necesidad del estudio cuidadoso que permita conocer en cada caso, a partir de la decisión, cuáles son los argumentos que
por sustentarla configuran los ratione decidendi e integran con ella el contenido de obligatoria aplicación, y cuáles son las
afirmaciones o comentarios que constituyen los obiter dicta y como tal, carecen de fuerza vinculante».
17
Así lo precisó la propia Corte Constitucional, en auto 326 de 16 de octubre de 2014, M. P. Mauricio González Cuervo, al
sostener que «[…] no existía un pronunciamiento de constitucionalidad expreso de la Sala Plena antes de la Sentencia C-258
de 2013, sobre la interpretación del monto y el ingreso base de liquidación en el marco del régimen de transición […] En
efecto, en un primer momento, en la Sentencia C-168 de 1995 se declaró inexequible un aparte del inciso tercero del artículo
36 de la Ley 100 de 1993, por el cargo de igualdad frente al tiempo inferior a dos años para los trabajadores del sector privado
y un año para el público, pero no se hizo pronunciamiento alguno sobre si el monto estaba o no ligado al concepto de
base de liquidación».
18
M. P. Álvaro Tafur Galvis.
19
M. P. Alejandro Martínez Caballero.
20
M. P. Marco Gerardo Monroy Cabra.
21
M. P. Marco Gerardo Monroy Cabra.
22
M. P. Jaime Córdoba Triviño.
23
M. P. Jaime Araujo Rentería.
24
M. P. Alfredo Beltrán Sierra.
25
M. P. Marco Gerardo Monroy Cabra.
26
M. P. Álvaro Tafur Galvis.
27
M. P. Rodrigo Uprimny Yepes (E).
28
M. P. Manuel José Cepeda Espinosa
29
M. P. Rodrigo Escobar Gil.
30
M. P. Marco Gerardo Monroy Cabra.
31
M. P. Manuel José Cepeda Espinosa.
32
M. P. Humberto Antonio Sierra Porto.
33
M. P. Jaime Córdoba Triviño.
34
M. P. Manuel José Cepeda Espinosa.
35
M. P. Álvaro Tafur Galvis.
36
M. P. Jaime Córdoba Triviño.
37
M. P. Álvaro Tafur Galvis.
38
M. P. Humberto Antonio Sierra Porto.
39
M. P. Clara Inés Vargas Hernández.
40
M. P. Clara Inés Vargas Hernández.
41
M. P. Rodrigo Escobar Gil.
42
M. P. Rodrigo Escobar Gil.
43
M. P. Humberto Antonio Sierra Porto.
44
Sobre este aspecto se refirieron las sentencias SU-230 de 2015 de la Corte Constitucional y de 28 de agosto de 2018,
expediente: 52001-23-33-000-2012-00143-01, de la sala plena de lo contencioso-administrativo del Consejo de Estado.
15
Expediente: 11001-03-15-000-2018-03972-00
Expediente: 63001-23-33-000-2015-00123-01 (4355-2016)
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María Irene Nieto Cárdenas contra la UGPP
Entretanto, las subsecciones A y B de la sección segunda del Consejo de Estado45,
en relación con el concepto monto, adoptaron el criterio según el cual este estaba
conformado por la tasa de reemplazo y el ingreso base de liquidación, de manera
que la persona beneficiaria de la mencionada transición tenía derecho al
reconocimiento pensional con aplicación íntegra del régimen anterior que regía su
situación jurídica.
Sobre el particular, cabe destacar la sentencia de 21 de septiembre de 2000, C. P.
Nicolás Pájaro Peñaranda, expediente 470-9946, que precisó:
«[…] Ahora bien, según la norma transcrita, el actor tiene derecho a jubilarse con 55
años de edad, con 20 años de servicio y con el monto de la pensión, establecidos en
el régimen anterior a la vigencia de la ley 100.
Monto, según el diccionario de la lengua, significa “Suma de varias partidas, monta.
Y monta es “Suma de varias partidas.” (Diccionario de la Lengua “Española”, Espasa
Calpe S.A., Madrid 1992, tomo II, páginas 1399-1396).
Advierte la Sala, conforme a la acepción de la palabra “monto” que cuando la ley la
empleó no fue para que fuera el tanto por ciento de una cantidad, como decir el 75%
de alguna cifra, pues el porcentaje de la cuantía de una pensión, es solo un número
abstracto, que no se aproxima siquiera a la idea que sugiere la palabra monto, de ser
el resultado de la suma de varias partidas, sino la liquidación aritmética del derecho,
que precisamente se realiza con la suma del respectivo promedio de los factores que
deben tenerse en cuenta y que debe hacerse, según el referido artículo 36, con apoyo
en las normas anteriores a la ley 100.
Por manera que si las personas sometidas al régimen de transición deben jubilarse
con la edad, el tiempo de servicio y el monto de la pensión gobernados por las normas
anteriores a la ley 100, no ve la Sala cuáles son las demás condiciones para acceder
al derecho, que según la última regla del inciso 2º en análisis se rigen por dicha ley.
De otro lado, la Sala también observa que en el inciso 3º del artículo 36, están
previstos un ingreso base y una liquidación aritmética diferente a la que dedujo la Sala
de la interpretación del inciso 2º, puesto que del monto que se rige por las normas
anteriores se infiere un ingreso base regido igualmente conforme al ordenamiento
jurídico anterior, lo cual pone de presente la redacción contradictoria de tales normas,
que conduce necesariamente a la duda en su aplicación y, por ende, por mandato del
artículo 53 de la Constitución Política a tener en cuenta la más favorable, o sea la
primera regla del inciso 2º.» [subraya la Sala]
De acuerdo con lo anotado, el Consejo de Estado sentó su posición en cuanto a
que la expresión monto define la liquidación aritmética que resulte de tomar el
porcentaje definido por la ley correspondiente de manera ultractiva, en virtud de la
transición, sobre los factores salariales devengados por el servidor público.
Porcentaje y factores integran entonces una misma categoría denominada monto,
por lo que no es posible fraccionarlos; en suma, con respaldo en el principio de
inescindibilidad, se debe aplicar la norma anterior de manera integral, sin la
45
Valga recordar, «tribunal supremo de lo contencioso administrativo» en materia administrativa-laboral (artículos 237 de la
Constitución Política y 13 del acuerdo 80 de 12 de marzo de 2019 de la sala plena del Consejo de Estado).
46
Subsección A.
16
Expediente: 11001-03-15-000-2018-03972-00
Expediente: 63001-23-33-000-2015-00123-01 (4355-2016)
Recurso extraordinario de revisión de la UGPP
Medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho
contra Esperanza Rizo Navarro
María Irene Nieto Cárdenas contra la UGPP
posibilidad de liquidar la pensión de conformidad con la edad, tiempo de servicio y
monto del régimen anterior y, paralelamente, el IBL introducido en la referida Ley
100.
Tal postura fue reiterada posteriormente a través de fallos de 30 de noviembre de
200047, 21 de noviembre de 200248, 13 de marzo de 200349, 16 de febrero de 200650,
29 de noviembre de 200751 y 26 de julio de 200852, entre otros, en el sentido de que
«Si se liquida la pensión como lo indica el inciso tercero del artículo 36 de la Ley 100 de 1993,
se afecta el monto de la pensión y de paso también se afecta el beneficio que constituye la
esencia del régimen de transición, pues una es la forma de liquidar la pensión prevista en la
normatividad anterior y otra como lo prevé la nueva ley […] Si se aplica el inciso tercero del
mismo artículo 36 de la citada ley, para establecer la base de liquidación de la pensión, se escinde
la ley, […] se desnaturaliza el régimen, y se dejaría de aplicar el principio de favorabilidad de la ley
en los términos ya indicados»53.
Esta tesis no solo subsistió en el seno de la sección segunda del Consejo de Estado,
sino que se afianzó por su sala plena en la sentencia de unificación de 4 de agosto
de 201054. En efecto, en dicha providencia se analizó una discusión relativa a la
reliquidación de la pensión de un empleado bajo el régimen especial de la Ley 33
de 1985 y cuya situación particular se enmarcaba dentro de la transición consagrada
en el artículo 36 de la Ley 100 de 1993. En ese orden, recordó que la última norma
«[…] creó un régimen de transición, que ha sido entendido como un beneficio consagrado en favor
de las personas que cumplan determinados requisitos, para que al entrar en vigencia la nueva ley,
en lo que atañe a la edad, tiempo de servicio o número de semanas cotizadas y monto de la pensión,
47
Consejo de Estado, sala de lo contencioso-administrativo, sección segunda, subsección B, expediente 2004-2000, C. P.
Alejandro Ordóñez Maldonado.
48
Consejo de Estado, sala de lo contencioso-administrativo, sección segunda, subsección B, C. P. Tarsicio Cáceres Toro,
expediente 25000-23-25-000-1998-08045-01 (2147-01): «Se recuerda que los incisos 2° y 3° del art. 36 de la Ley 100 de
1993 no son concordantes; por el contrario, tienen redacción contradictoria, como lo destacó el Consejo de Estado en
providencia ya citada, lo que permite en el caso de duda, aplicar la norma más favorable por mandato del art 53 de la
Constitución Política.
Tampoco resultan aplicables las normas reglamentarias de la Ley 100 de 1993 que determinan las bases que se deben tener
en cuenta en la liquidación pensional, en caso de personal sometido al régimen de “transición” pensional del art. 36-2 de la
Ley 100 de 1993, porque si la prestación periódica se debe liquidar y reconocer bajo ley especial anterior en los aspectos de
edad pensional – tiempo de servicio pensional y monto pensional (que comprende porcentaje y base de la liquidación), que
respecto del personal de la Rama Judicial y Ministerio Público está prevista en el D. L. 546 /71 (en el caso de autos), será
esta normatividad la aplicable en esa materia, más cuando contempla una regulación especial y diferente. Si se aplicaran las
normas ordinarias atinentes al MONTO PENSIONAL previstas en la Ley 100 de 1993 y sus reglamentarios al personal que
reclama su reconocimiento pensional definitivo, cuando está sometido al régimen de transición del art. 36-2 de la Ley 100 de
1993, resultaría desvirtuado e inocuo el régimen preferencial “transitorio”. Se insiste que, en cuanto al MONTO de la pensión
(que comprende el porcentaje y la base pensional) cabe concluir que el citado personal por mandato legal “de la transición”
del inciso 2° del art. 36 quedó sometido al régimen especial anterior, por lo que no se aplica el inciso 3° del mismo artículo
teniendo en cuenta las consideraciones ya hechas».
49
Consejo de Estado, sala de lo contencioso-administrativo, sección segunda, subsección A, C. P. Ana Margarita Olaya
Forero, expediente 17001-23-31-000-1999-0627-01 (4526-01).
50
Consejo de Estado, sala de lo contencioso-administrativo, sección segunda, subsección B, expediente 25000-23-25-000-
2001-01579-01(1579-04), C. P. Alejandro Ordóñez Maldonado.
51
Consejo de Estado, sala de lo contencioso-administrativo, sección segunda, subsección A, C. P. Gustavo Eduardo Gómez
Aranguren, expediente 25000-23-25-000-2005-06662-01 (0212-07).
52
Consejo de Estado, sala de lo contencioso-administrativo, sección segunda, subsección A, C. P. Gustavo Eduardo Gómez
Aranguren, expediente 2374-07.
53
Consejo de Estado, sala de lo contencioso-administrativo, sección segunda, subsección B, expediente 2004-2000, C. P.
Alejandro Ordóñez Maldonado.
54
Consejo de Estado, sala de lo contencioso-administrativo, sección segunda, expediente 25000-23-25-000-2006-07509-01
(112-2009), C. P. Víctor Hernando Alvarado Ardila.
17
Expediente: 11001-03-15-000-2018-03972-00
Expediente: 63001-23-33-000-2015-00123-01 (4355-2016)
Recurso extraordinario de revisión de la UGPP
Medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho
contra Esperanza Rizo Navarro
María Irene Nieto Cárdenas contra la UGPP
se sigan rigiendo por lo establecido en el régimen anterior al cual se encontraban afiliados».
A renglón seguido, agregó que se imponía la integralidad en la aplicación del
régimen de transición de pensiones, lo que significaba que debía aplicarse el
régimen anterior a la Ley 100 de 1993, «[…] sin desconocer ninguno de los aspectos
inherentes al reconocimiento y goce efectivo del derecho como lo es la cuantía de la pensión,
especialmente cuando ello resulta más favorable para el beneficiario de la prestación y así lo solicitó
en la demanda 55 ». Además, sostuvo que los factores que se debían incluir en la
liquidación de la pensión de quienes estaban en la transición correspondían a los
contenidos en el régimen anterior a la Ley 100 de 1993 y que constituyeran
remuneración en estricto sentido, salvo que el legislador les diera ese carácter aun
cuando no lo tuvieran.
Hasta aquí, la posición pacífica del Consejo de Estado apuntaba a que no era
admisible la aplicación fraccionada del artículo 36 de la Ley 100 de 1993, pues al
tener en cuenta su inciso tercero se incurría en violación del principio de
inescindibilidad de la ley, que prohíbe dentro de una sana hermenéutica
desmembrar las normas legales56. Esa perspectiva, entonces, se fortaleció y siguió
vigente en los años subsiguientes.
Por su parte, la Corte Constitucional, en fallo C-258 de 7 de mayo de 201357, al
estudiar la constitucionalidad del artículo 17 de la Ley 4ª de 1992, concerniente al
régimen pensional de los congresistas, declaró inexequibles las expresiones
«durante el último año y por todo concepto», «Y se aumentarán en el mismo porcentaje en que se
reajuste el salario mínimo legal», contenidas en el primer inciso, así como «por todo
concepto», citada en el parágrafo, y concluyó, entre otros aspectos, que (a) «Como
factores de liquidación de la pensión solo podrán tomarse aquellos ingresos que hayan sido recibidos
efectivamente por el beneficiario, tengan carácter remunerativo del servicio y sobre los cuales se
hubieren realizado las cotizaciones respectivas»; y (b) «Las reglas sobre ingreso base de
liquidación (IBL) aplicables a todos los beneficiarios de este régimen especial, son las contenidas en
los artículos 21 y 36, inciso tercero, de la Ley 100 de 1993, según el caso».
55
Al respecto ver la sentencia de 13 de marzo de 2003, proferida por la Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección
Segunda de esta Corporación, Consejera ponente: Dra. Ana Margarita Olaya Forero, Radicación número: 17001-23-31-000-
1999-0627-01(4526-01), Actor: Carlos Enrique Ruiz Restrepo, Demandado: Universidad Nacional de Colombia.
56
Consejo de Estado, sala de lo contencioso-administrativo, sección segunda, subsección A, C. P. Alfonso Vargas Rincón,
fallo de 22 de agosto de 2013, expediente 47001-23-32-000-2011-00221-01 (202-13). Ver también providencia de 10 de
septiembre de 2019, sala especial de decisión 12, consejero ponente: Ramiro Pazos Guerrero, expediente 11001-03-15-000-
2016-01410-00 (REV).
57
Notificado el 14 de junio de 2013 (https://www.corteconstitucional.gov.co/secretaria/consultac/
proceso.php?proceso=1&campo=rad_codigo&date3=1992-01-01&date4=2020-08-11&todos=%25&palabra =9173).
18
Expediente: 11001-03-15-000-2018-03972-00
Expediente: 63001-23-33-000-2015-00123-01 (4355-2016)
Recurso extraordinario de revisión de la UGPP
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contra Esperanza Rizo Navarro
María Irene Nieto Cárdenas contra la UGPP
Ante el vacío generado por la inexequibilidad del aparte «durante el último año», la Corte
fijó el criterio que debía utilizarse respecto del IBL: «[…] (i) no permitir la aplicación
ultractiva de las reglas de IBL de los regímenes pensionales vigentes antes de la Ley 100 fue el
propósito original del Legislador; (ii) por medio del artículo 21 y del inciso 3° del artículo 36 de la Ley
100, el Legislador buscó unificar las reglas de IBL en el régimen de prima media; (iii) ese propósito
de unificación coincide con los objetivos perseguidos por el Acto Legislativo 01 de 2005,
específicamente con los de crear reglas uniformes que eliminen privilegios injustificados y permitan
diseñar mecanismos que aseguren la sostenibilidad del sistema -de ahí que la reforma mencione
expresamente el artículo 36 de la Ley 100 - la Sala considera que en este caso el vacío que dejará
la declaración de inexequibilidad de la expresión “durante el último año” debe ser llenado acudiendo
a las reglas generales previstas en las dos disposiciones de la Ley 100 referidas».
En suma, coligió que el beneficio derivado del régimen de transición fue la aplicación
ultractiva de las reglas de los regímenes a los que se encontraban afiliados,
relacionadas con los requisitos de edad, tiempo de servicios o cotizaciones y tasa
de reemplazo, con exclusión del ingreso base de liquidación.
Luego, con la sentencia SU-230 de 2015, la sala plena de la aludida Colegiatura
«cambió» su jurisprudencia, para lo cual aclaró que si bien las reglas del IBL
establecidas en el fallo C-258 de 2013 se enmarcan en el análisis del régimen
especial consagrado en el artículo 17 de la Ley 4ª de 1992, «ello no excluye la
interpretación en abstracto que se realizó sobre el artículo 36 de la Ley 100 de 1993 en el sentido de
establecer que el IBL no es un aspecto de la transición y, por tanto, son las reglas contenidas en
este las que deben observarse para determinar el monto pensional con independencia del régimen
especial al que se pertenezca». Es decir, precisó que tenía carácter vinculante la postura
efectuada en la mentada providencia C-258 de 2013 respecto del ingreso base de
liquidación pensional de las personas beneficiarias del régimen de transición
previsto en el artículo 36 de la Ley 100 de 1993.
En lo sucesivo, la Corte Constitucional reafirmó su apreciación sobre el alcance de
la sentencia C-258 de 2013, al insistir en que la regla de interpretación frente al IBL
«[…] no solo constituye un precedente para la población objeto de dicho pronunciamiento, sino que
resulta un “precedente interpretativo de acatamiento obligatorio que no puede ser desconocido en
forma alguna”»58 (verbigracia, fallos SU-427 de 201659, SU-21060, SU-39561 y SU-631
58
Fallo SU-395 de 2017, M. P. Luis Guillermo Guerrero Pérez.
59
M. P. Luis Guillermo Guerrero Pérez.
60
M. P. José Antonio Cepeda Amarís (E).
61
M. P. Luis Guillermo Guerrero Pérez.
19
Expediente: 11001-03-15-000-2018-03972-00
Expediente: 63001-23-33-000-2015-00123-01 (4355-2016)
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de 201762 y T-39 de 201863 y auto 326 de 201464, que valga decir, fueron citados
por la UGPP en su recurso).
Paralelo a estos cambios conceptuales del máximo tribunal constitucional, el
Consejo de Estado aún acogía la tesis consistente en que la mesada pensional o
monto incluye el IBL y la tasa de reemplazo previstos en los regímenes anteriores.
Empero, la disparidad de criterios entre una y otra Corporación provocó que varias
decisiones dictadas por la jurisdicción contencioso-administrativa (del Consejo de
Estado, tribunales y juzgados administrativos del país) fueran dejadas sin efectos
por la Corte Constitucional, en sede de tutela, al considerar que pasaban por alto el
derrotero adoptado en los precitados fallos C-258 de 2013 y SU-230 de 2015.
A manera de ejemplo, la sección segunda del Consejo de Estado, el 25 de febrero
de 201665, reiteró su concepto frente a la aplicación del monto en el régimen de
transición (que, por demás, tenía aproximadamente 20 años de desarrollo)66. No
obstante, esta providencia fue dejada sin efectos por la sección quinta de la misma
Colegiatura, dentro de la acción de tutela 11001-03-15-000-2016-01334-01
promovida por la UGPP67 (en segunda instancia), al estimar que «[…] desconoció las
reglas que […] fijó la Corte Constitucional en la sentencia SU 230 de 2015; jurisprudencia que
conforme a los argumentos expuestos en párrafos precedentes, era de obligatorio cumplimiento por
el la Sección Segunda del Consejo de Estado y la cual estaba vigente para fecha en que se profirió
el fallo acusado»; decisión confirmada por la Corte Constitucional, en fallo T-494 de
201768.
62
M. P. Gloria Stella Ortiz Delgado.
63
M. P. Gloria Stella Ortiz Delgado.
64
M. P. Mauricio González Cuervo.
65
Sentencia de unificación de 25 de febrero de 2016, sección segunda, C. P. Gerardo Arenas Monsalve, expediente 25000-
23-42-000-2013-01541-01 (4683-13).
66
«Quiere insistir el Consejo de Estado en las razones que sustentan su postura tradicional con respecto al ingreso base de
las pensiones del régimen de transición, y que ahora reitera:
1) La complejidad de los regímenes especiales pensionales, aplicables en virtud del régimen de transición, hace altamente
razonable la interpretación que tradicionalmente ha tenido esta Corporación respecto de la expresión “monto” contenida como
criterio general en el artículo 36 de la Ley 100 de 1993.
2) Esta interpretación ha sido compartida en múltiples sentencia de constitucionalidad y de tutela de la Corte Constitucional,
por lo cual el Consejo de Estado la ha aplicado en forma reiterada y pacífica. La variación interpretativa que pretende introducir
la sentencia SU-230 de 2015, si se acogiera por el Consejo de Estado, afectaría el derecho a la igualdad de los ciudadanos
beneficiarios del régimen de transición que tienen sus pensiones pendientes de decisiones judiciales o administrativas, y que
constituyen un número significativamente menor de quienes se han beneficiado de la forma tradicional de liquidación, dada
la inminente finalización del régimen de transición pensional […]
[…]
4) La Corte Constitucional no ha rechazado la postura del Consejo de Estado en este punto en forma expresa, en acciones
de tutela en las que esta Corporación haya sido accionada, por lo cual la sentencia SU-230 de 2015 no le sería aplicable,
dado que como tribunal supremo de lo contencioso administrativo, debería tener derecho, como mínimo a defender su posición
en tales acciones. Cuando tal cosa suceda, es de esperar que la Corte Constitucional examine los argumentos aquí expuestos
y debata a su interior el alcance de los mismos antes de pronunciarse sobre este importante tema.
[…]».
67
Fallo de 15 de diciembre de 2016, M. P. Lucy Jeannette Bermúdez Bermúdez, demandante UGPP, accionados: magistrados
de la sección segunda del Consejo de Estado y de la subsección C de la sección segunda del Tribunal Administrativo de
Cundinamarca.
68
M. P. Alejandro Linares Cantillo.
20
Expediente: 11001-03-15-000-2018-03972-00
Expediente: 63001-23-33-000-2015-00123-01 (4355-2016)
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María Irene Nieto Cárdenas contra la UGPP
Como se vio, pese a que la sección segunda del Consejo de Estado defendió a
ultranza y con ahínco su tesis en una nueva providencia de unificación, para lo cual
hizo un estudio de la interpretación de la Corte Constitucional en los fallos C-258 de
2013 y SU-230 de 2015, esta estuvo condenada al infortunio, pues, antes de cumplir
un año, fue invalidada, panorama complejo que, por afectar la seguridad jurídica,
exigía adoptar medidas que conjuraran esa situación.
En virtud de lo anterior, la sala contencioso-administrativa del Consejo de Estado
profirió sentencia de unificación el 28 de agosto de 2018, expediente 52001-23-33-
000-2012-00143-01 (4403-2013), consejero ponente César Palomino Cortés, en la
que al estudiar un caso en el que se reclamaba el reajuste de la pensión de
jubilación de conformidad con la Ley 33 de 1985, asumió una nueva posición y
precisó que en el inciso 3° del artículo 36 de la Ley 100 de 1993 el legislador excluyó
del régimen de transición la expectativa de las personas beneficiarias de este de
obtener su pensión con el ingreso base de liquidación que consagraba el régimen
anterior al que se encontraban afiliados al entrar en vigor aquella; por ende, según
el principio de favorabilidad, la correspondiente entidad de previsión social, al
momento de la liquidación pensional, debe determinar el ingreso base de liquidación
que le fuera más benéfico al pensionado, en la medida en que la Ley 100 de 1993
permite optar por el promedio de lo cotizado durante (i) el lapso que le hiciere falta
entre la entrada en vigor de la Ley 100 (1º de abril de 1994) y la adquisición del
estatus pensional, si fuere inferior a 10 años; (ii) todo el tiempo, si el monto es
superior, actualizado anualmente con el índice de precios al consumidor (IPC); o (iii)
los últimos 10 años, conforme al artículo 21 ibidem.
Asimismo, en tal providencia se aclaró que las reglas jurisprudenciales fijadas serían
aplicables a los casos pendientes de solución tanto en sede administrativa como
judicial, al paso que «No puede entenderse, en principio, que por virtud de esta sentencia de
unificación las pensiones que han sido reconocidas o reliquidadas en el régimen de transición, con
fundamento en la tesis que sostenía la Sección Segunda del Consejo de Estado, lo fueron con abuso
del derecho o fraude a la ley; de manera que si se llegare a interponer un recurso extraordinario de
revisión contra una sentencia que haya reconocido una pensión bajo esa tesis, será el juez, en cada
caso, el que defina la prosperidad o no de la causal invocada».
Así las cosas, a partir del 28 de agosto de 2018 el Consejo de Estado modificó su
criterio pacífico y constante de casi 20 años, en cuanto a que el monto de la pensión
para los beneficiarios del régimen de transición del artículo 36 de la Ley 100 de
21
Expediente: 11001-03-15-000-2018-03972-00
Expediente: 63001-23-33-000-2015-00123-01 (4355-2016)
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1993, es el establecido en las normas anteriores a su entrada en vigencia, entendido
como tal no solo el porcentaje de la mesada, sino la base de este (IBL), para
acompasarlo con aquel fijado por la Corte Constitucional, en cuanto a que el
beneficio derivado de dicho régimen fue la aplicación ultractiva de las reglas
prestacionales anteriores a las que tenían derecho, relacionadas con los requisitos
de edad, tiempo de servicios o cotizaciones y tasa de reemplazo, con exclusión del
ingreso base de liquidación.
Por último, la sección segunda de esta Corporación, en fallo de unificación CE-SUJ-
SII-020-2020 de 11 de junio de 202069, se pronunció sobre el alcance de la regla
relacionada con la base de liquidación de las pensiones reconocidas a los
exservidores públicos de la Contraloría General de la República, según el Decreto
929 de 1976, como consecuencia de estar inmersos en el régimen de transición del
artículo 36 de la Ley 100 de 1993, así:
«Reglas jurisprudenciales que se dictan en la sentencia
[…]
107.1 Sentar jurisprudencia en la sección segunda del Consejo de Estado, para
señalar que el ingreso base de liquidación de las pensiones reconocidas con los
requisitos del Decreto 929 de 1976 en virtud del régimen de transición de la Ley 100
de 1993, en cuanto a periodo corresponde a las variables previstas en los artículos
21 y 36 de esta norma; y respecto a los factores, atenderá la regla de cotización
contemplada en el artículo 1º del Decreto 1158 de 1994.
Efectos de la presente decisión
[…]
110. La sección segunda, por regla general, ha dado aplicación al precedente en
forma retrospectiva, efecto que se le dará a esta sentencia, disponiendo que la regla
jurisprudencial fijada es vinculante en los siguientes casos: (i) respecto de los
asuntos similares que actualmente se están tramitando en el seno de la
administración, y los que llegaren a suscitarse; (ii) respecto de los procesos
similares que se están adelantando en juzgados, tribunales administrativos y
Consejo de Estado, y los futuros que se presenten. En consecuencia, no tiene
efectos respecto de aquellos asuntos en los que ya existe sentencia ejecutoriada.
En tal virtud, los conflictos judiciales ya resueltos están amparados por la cosa
juzgada y en consecuencia resultan inmodificables.
[…]
112. No puede entenderse, en principio, que por virtud de esta sentencia de
unificación las pensiones que han sido reconocidas o reliquidadas en el régimen de
transición, con fundamento en tesis anteriores que sostuvo la Sección Segunda del
Consejo de Estado, las cuales replanteó la Sala Plena, lo fueron con abuso del
derecho o fraude a la ley; de manera que si se llegare a interponer recurso
extraordinario de revisión contra sentencia ejecutoriada que haya reconocido la
pensión con fundamento en jurisprudencia diferente a la ratio decidenci aquí
expuesta, prevalecerá el carácter de cosa juzgada. Lo anterior, no enerva el recurso
69
Expediente 05001-23-33-00-2012-00572-01 (1882-14), CE-SUJ-SII-020-20.
22
Expediente: 11001-03-15-000-2018-03972-00
Expediente: 63001-23-33-000-2015-00123-01 (4355-2016)
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por los eventos previstos en los artículos 250 del CPACA, y 20 de la Ley 797 de
2003, según el caso» [subraya la Sala].
En este orden de ideas, la sección segunda no solo ratificó su interpretación sentada
en providencia de 28 de agosto de 2018, sino que advirtió que, en principio, los
asuntos decididos con fundamento en posturas anteriores están amparadas por el
fenómeno de la cosa juzgada, sin que sea dable colegir que se incurrió en fraude a
la ley o abuso del derecho.
5.9 Resolución del caso. En el asunto sub judice, la UGPP asevera que en el fallo
objeto de revisión se desconoció el precedente jurisprudencial de la Corte
Constitucional respecto de la transición prevista en la Ley 100 de 1993,
particularmente en que esta solo permite la aplicación ultractiva de los regímenes a
los que se encontraba afiliado el interesado, pero solo en lo relacionado con los
requisitos de edad, tiempo de servicios o cotizaciones y tasa de reemplazo, mas no
el ingreso base de liquidación.
En tal sentido, se encuentra que, aunque, en efecto, la posición actual del máximo
tribunal de lo contencioso-administrativo coincide con la adoptada en el 2013 por la
Corte Constitucional, lo cierto es que para el 11 de julio de ese año, fecha en que
fue dictada la decisión acusada en sede de revisión, la tesis vigente, imperante y
pacífica era la fijada por la sección segunda del Consejo de Estado desde inicios de
siglo (2000)70, refrendada luego en sentencia de unificación de 4 de agosto de 2010,
fundamentada por los principios de inescindibilidad normativa y favorabilidad
laboral; el primero que impone la aplicación integral al caso concreto del régimen
que corresponda, sin que sea dable acudir a fragmentos de otro en lo favorable (o
desfavorable); el segundo, edificado en el artículo 53 de la Carta Política, que exige
reconocer la «situación más favorable al trabajador en caso de duda en la aplicación e
interpretación de las fuentes formales de derecho».
Entonces, con base en las anteriores consideraciones, el Consejo de Estado
(subsección A de la sección segunda) confirmó la providencia de primera instancia
que ordenó reliquidar la pensión de jubilación de la señora Esperanza Rizo Navarro
con base en el 75% del promedio de «todos los factores percibidos», por estar acreditado
que es beneficiaria del régimen de transición contemplado en el artículo 36 de la
Ley 100 de 1993 y, en esa medida, sujeta en su integridad a las previsiones del
70
Cabe anotar que el fallo objetado citó, como precedente de su decisión, la providencia de 21 de septiembre de 2000 que,
como se explicó en el acápite precedente, fue génesis de la postura pacífica del Consejo de Estado por casi 20 años.
23
Expediente: 11001-03-15-000-2018-03972-00
Expediente: 63001-23-33-000-2015-00123-01 (4355-2016)
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María Irene Nieto Cárdenas contra la UGPP
artículo 17 del Decreto 929 de 1976 (principio de inescindibilidad normativa), norma
que a todas luces le resulta más conveniente, como exservidora de la Contraloría
General de la República (principio de favorabilidad laboral).
Agrégase a lo anotado, que no es dable aceptar la afirmación según la cual en la
decisión revisada se desconocieron los criterios jurisprudenciales originarios de la
Corte Constitucional, puesto que, como se dijo, esta data del 11 de julio de 2013,
fecha para la cual si bien es cierto que esa Colegiatura había emitido la sentencia
C-258 de 2013, cuyo estudio en principio se contrajo al régimen especial de
congresistas, también lo es que tan solo con la providencia SU-230 de 2015
determinó que tenía carácter vinculante la interpretación efectuada en el mentado
fallo C-258 de 2013 respecto del ingreso base de liquidación pensional de las
personas beneficiarias del régimen de transición previsto en el artículo 36 de la Ley
100 de 1993.
Asimismo, cabe recordar que en el fallo de 28 de agosto de 2018, en el que se
acogió la postura plasmada en las sentencias C-258 de 2013 y SU-230 de 2015
sobre el mencionado tema, la sala plena de lo contencioso administrativo precisó
que «No puede entenderse, en principio, que por virtud de esta sentencia de unificación las
pensiones que han sido reconocidas o reliquidadas en el régimen de transición, con fundamento en
la tesis que sostenía la Sección Segunda del Consejo de Estado, lo fueron con abuso del derecho
o fraude a la ley; de manera que si se llegare a interponer un recurso extraordinario de revisión
contra una sentencia que haya reconocido una pensión bajo esa tesis, será el juez, en cada caso,
el que defina la prosperidad o no de la causal invocada»; y, por ende, determinó que «[…] los
casos respecto de los cuales ya ha operado la cosa juzgada, en virtud del principio de seguridad
jurídica, resultan inmodificables».
En similares términos concluyó la sala especial de decisión 12 de esta Corporación,
en providencia de 10 de septiembre de 201971, que al analizar un asunto análogo al
que ahora nos ocupa, sostuvo:
«Esa decisión, en líneas generales, es conteste con la línea jurisprudencial del Pleno
de la Sección Segunda definida en la sentencia del 4 de agosto de 2010 72, tal como
quedó expuesta en renglones precedentes. No resultan extensivos los
pronunciamientos posteriores de la Corte Constitucional (sentencias C-258 de 2013
y SU-230 de 2015), toda vez que no se trataban de decisiones preexistentes para el
momento en que se adoptó la decisión objeto de revisión 73.
71
Sala especial de decisión 12, consejero ponente: Ramiro Pazos Guerrero, expediente 11001-03-15-000-2016-01410-00
(REV).
72
Consejo de Estado, Sección Segunda, sentencia del 4 de agosto de 2010, exp. 25000-23-25-000-2006-07509-01(0112-09),
M.P. Víctor Hernando Alvarado Ardila.
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Ahora bien, para la Corte Constitucional la figura del precedente se ha entendido como “aquel antecedente del conjunto de
sentencias previas al caso que se habrá de resolver, que por su pertinencia para la resolución de un problema jurídico, debe
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Expediente: 11001-03-15-000-2018-03972-00
Expediente: 63001-23-33-000-2015-00123-01 (4355-2016)
Recurso extraordinario de revisión de la UGPP
Medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho
contra Esperanza Rizo Navarro
María Irene Nieto Cárdenas contra la UGPP
[…]
Tampoco podría decirse que es posible la aplicación retrospectiva de la sentencia del
Pleno de esta Corporación de 2018. Vale recordar que la causal en comento fue
promovida en esta oportunidad por la liquidación de la pensión en contravía de lo
dispuesto por la ley. Como quedó expuesto, el artículo 36 de la Ley 100 de 1993 ha
tenido diferentes interpretaciones jurisprudenciales; sin embargo, para cuando se
adoptó la decisión aquí cuestionada, la interpretación mayoritaria y vigente en esta
Corporación era la sostenida en la sentencia de unificación de la Sección Segunda
de 2010, conforme a la cual se decidió el asunto en revisión. De suerte que la causal
en estudio no está llamada a prosperar, toda vez que la sentencia cuestionada
observó las normas y la jurisprudencia vigentes para la fecha en que se profirió».
A partir de los anteriores derroteros, como para la fecha en que se profirió el fallo
revisado no se había emitido la sentencia SU-230 de 2015, que extendió la
interpretación contenida en la C-258 de 2013 acerca del régimen de transición
contemplado en la Ley 100 de 1993, a los pensionados bajo regímenes diferentes
al de los congresistas, en virtud de los principios de seguridad jurídica y prevalencia
de los principios fundamentales de la seguridad social, en el presente caso no es
dable aplicar un precedente que no estaba vigente al momento de la emisión de
aquel.
Con fundamento en los elementos de juicio allegados al expediente y apreciados en
conjunto de acuerdo con las reglas de la sana crítica, sin más disquisiciones sobre
el particular, se declarará impróspero el recurso extraordinario de revisión
interpuesto.
5.8 Condena en costas.
Teniendo en cuenta lo dispuesto por lo previsto en el artículo 255 del CPACA,
modificado por el artículo 69 de la Ley 2080 de 2021, se condenará en costas a la
parte vencida.
Quiere decir que como el sub-judice, el recurso de revisión propuesto salió
desfavorable a los recurrentes, debe condenárseles en costas, incluyendo el
concepto de agencias en derecho, atendiendo el rango contemplado en el Acuerdo
No. PSAA16-1055474, de agosto 5 de 2016:
«[…]
ARTÍCULO 5º. Tarifas. Las tarifas de agencias en derecho son: […]
considerar necesariamente un juez o una autoridad determinada, al momento de dictar sentencia”. Sentencia T-014 del 22 de
enero de 2009, M.P. Nilson Pinilla Pinilla.
74 “Por el cual se establecen las tarifas de agencias en derecho”
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Expediente: 11001-03-15-000-2018-03972-00
Expediente: 63001-23-33-000-2015-00123-01 (4355-2016)
Recurso extraordinario de revisión de la UGPP
Medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho
contra Esperanza Rizo Navarro
María Irene Nieto Cárdenas contra la UGPP
9. RECURSOS EXTRAORDINARIOS.
Entre 1 y 20 S.M.M.L.V.»
Por consiguiente, se limitará la condena por concepto de agencias en derecho a la
suma equivalente de 1 salario mínimo legal mensual vigente a la fecha de esta
providencia y a cargo de la Unidad Administrativa Especial de Gestión Pensional y
Contribuciones Parafiscales de la Protección Social (UGPP), como parte vencida en
el recurso.
Finalmente, por cumplir con los requisitos exigidos en la ley, se reconocerá
personería adjetiva al abogado Jorge Iván Palacio Palacio, como apoderado de la
UGPP, de conformidad con el poder general contenido en la escritura pública 1957
de la Notaría 55 de Bogotá.
En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso-
Administrativo, Sala Especial de Decisión 24, administrando justicia en nombre de
la República y por autoridad de la ley,
FALLA:
PRIMERO. Declárase infundado el recurso extraordinario de revisión interpuesto
por la Unidad Administrativa Especial de Gestión Pensional y Contribuciones
Parafiscales de la Protección Social (UGPP) contra la sentencia de 11 de julio de
2013 proferida por el Consejo de Estado (subsección A de la sección segunda),
dentro de la acción de nulidad y restablecimiento del derecho incoada por la señora
Esperanza Rizo Navarro contra la entonces Caja Nacional de Previsión Social
(Cajanal), conforme a la parte motiva.
SEGUNDO. Condenar en costas a la Unidad Administrativa Especial de Gestión
Pensional y Contribuciones Parafiscales de la Protección Social (UGPP). Por
secretaria liquídense e inclúyase, por concepto de agencias en derecho, la suma
equivalente de 1 salario mínimo legal mensual vigente a la fecha de esta
providencia.
TERCERO. Reconocer personería adjetiva al abogado Jorge Iván Palacio Palacio,
identificado con cédula de ciudadanía No. 8.299.453 de Medellín y portador de la
tarjeta profesional No. 12.100 del C. S. de la J., como apoderado de la Unidad
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Expediente: 11001-03-15-000-2018-03972-00
Expediente: 63001-23-33-000-2015-00123-01 (4355-2016)
Recurso extraordinario de revisión de la UGPP
Medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho
contra Esperanza Rizo Navarro
María Irene Nieto Cárdenas contra la UGPP
Administrativa de Gestión Pensional y Contribuciones Parafiscales de la Protección
Social-UGPP, de conformidad con el poder general contenido en la escritura pública
1957 de la Notaría 55 de Bogotá.
CUARTO. Ejecutoriada esta providencia, devuélvase el expediente ordinario al
Tribunal de origen y archívense las presentes diligencias, previas las anotaciones
que fueren menester.
(Firmado electrónicamente)
JORGE EDISON PORTOCARRERO BANGUERA
(Firmado electrónicamente) (Firmado electrónicamente)
PEDRO PABLO VANEGAS GIL MYRIAM STELLA GUTIÉRREZ ARGUELLO
Salvamento parcial de voto
(Firmado electrónicamente) (Firmado electrónicamente)
WILLIAM BARRERA MUÑOZ GERMÁN EDUARDO OSORIO CIFUENTES
Constancia: La presente providencia fue firmada electrónicamente en la plataforma del Consejo de
Estado denominada Samai. En consecuencia, se garantiza su autenticidad, integridad, conservación
y posterior consulta, de conformidad con el artículo 186 del CPACA.
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