Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Tercera, radicado 11001-03-15-000-2018-03981-01
Consejo de Estado · Sección Tercera
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Consejo de Estado · Sección Tercera
Acción de tutela contra providencia judicial: sentencia de segunda instancia que niega pretensiones de la demanda
Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Tercera, radicado 11001-03-15-000-2018-03981-01
Consejo de Estado · Sección Tercera
República de Colombia
Consejo de Estado
Sección Tercera
Radicado 11001-03-15-000-2018-03981-01
Consejero ponente: Jaime Enrique Rodríguez Navas
22 de abril de 2019
ACCIÓN DE TUTELA CONTRA PROVIDENCIA JUDICIAL - Sentencia de segunda instancia que niega pretensiones de la demanda / MEDIO DE CONTROL DE NULIDAD Y RESTABLECIMIENTO DEL DERECHO - Reliquidación de pensión de jubilación de docente oficial / AUSENCIA DE DEFECTO SUSTANTIVO - Adecuada aplicación normativa / DESCONOCIMIENTO DEL PRECEDENTE - Inexistencia / RÉGIMEN PENSIONAL DEL DOCENTE - Ley 33 y 62 de 1985 para vinculados antes de la Ley 812 de 2003 / AFILIADOS AL FONDO NACIONAL DE PRESTACIONES SOCIALES DEL MAGISTERIO - Régimen exceptuado de la Ley 100 de 1993 / FACTORES A TENER EN CUENTA PARA LIQUIDAR LA PENSIÓN DE JUBILACIÓN - Aquellos objeto de cotización / AUSENCIA DE VULNERACIÓN DE DERECHOS FUNDAMENTALES
[R]evisada la sentencia [cuestionada], la Sala observa que el Tribunal Administrativo de Risaralda: i) hizo un análisis de las normas y la jurisprudencia que regulan el asunto; ii) de forma razonada y en ejercicio de la autonomía judicial, justificó su cambio de postura frente al tema; iii) manifestó que viene recogiendo el criterio aplicado en anteriores ocasiones, de ordenar la reliquidación pensional con la inclusión de todos los factores salariales, y iv) indicó que está dando aplicación al criterio al que ha llegado la Corte Constitucional, relativo al régimen pensional y las reglas de transición sobre los factores salariales a incluir en el ingreso base al liquidar la pensión de jubilación, y en especial, a lo dispuesto en el acto legislativo 01 de 2005 (…) Es decir que el fallo acusado, por el cual se puso fin al medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho, se encuentra debidamente sustentado de manera razonable, y se ajusta a uno de los criterios fijados por los Tribunales de cierre, en concreto al de la Corte Constitucional, en concordancia a lo dispuesto en el acto legislativo 01 de 2005, que deriva en que las pensiones, incluidos los docentes, deben liquidarse conforme a los factores salariales frente a los cuales se realizaron efectivamente los aportes a cotización, en concordancia con las Leyes 33 y 62 de 1985. En ese orden de ideas, se evidencia que el Tribunal Administrativo de Risaralda adoptó su decisión con sujeción al régimen pensional que consideró aplicable, con sustento suficiente, con base en su sana crítica, en las reglas de la lógica y de la experiencia y en ejercicio de su autonomía judicial. En consecuencia, la Sala revocará la decisión adoptada por el juez a quo, que amparó los derechos fundamentales al debido proceso y a la igualdad de [la actora], dejó sin efectos la sentencia del 30 de abril del 2018 del Tribunal Administrativo del Risaralda y le ordenó proferir nueva providencia, para en su lugar, negar las pretensiones de la demanda de tutela, de conformidad con lo consignado en la parte motiva.
FUENTE FORMAL: LEY 100 DE 1993 - ARTÍCULO 36 / LEY 100 DE 1993 - ARTÍCULO 279 / LEY 812 DE 2003 - ARTÍCULO 81
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SUBSECCIÓN C
SECCIÓN TERCERA
Consejero ponente: JAIME ENRIQUE RODRÍGUEZ NAVAS
Bogotá, D.C., veintidós (22) de abril de dos mil diecinueve (2019)
Radicación número: 11001-03-15-000-2018-03981-01(AC)
Actor: TERESITA DE JESÚS BAHENA DE LÓPEZ
Demandado: TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DE RISARALDA
Acción de Tutela– Sentencia de Segunda Instancia
La Sala decide la impugnación que presentó la parte accionada contra la sentencia del 21 de febrero de 2019, proferida por la Sección Cuarta del Consejo de Estado, que amparó los derechos fundamentales invocados, dejó sin efectos la sentencia del 30 de abril de 2018 y ordenó al Tribunal Administrativo del Risaralda proferir una nueva providencia.
ANTECEDENTES
Teresita de Jesús Bahena de López, a través de apoderado judicial, presentó solicitud de amparo de los derechos fundamentales a la igualdad y a la seguridad social, que consideró vulnerados por la Sección Tercera del Tribunal Administrativo de Risaralda, con ocasión de la sentencia proferida el 30 de abril del 2018, dentro del proceso de nulidad y restablecimiento del derecho con radicado núm. 66001-33-33-002-2013-00170-01.
1. Hechos probados
1.1. La Secretaría de Educación, Cultura, Deporte y Recreación de Dosquebradas, en nombre y representación de la Nación – Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio, mediante Resolución 309 del 11 de agosto de 2006, reconoció a Teresita de Jesús Bahena de López pensión vitalicia de jubilación, por haber laborado como docente, desde el 19 de agosto de 1971 hasta el 28 de febrero de 2006, fecha ultima en que adquirió su estatus pensional. Para el ingreso base de cotización solo tuvo en cuenta el sueldo básico mensual.
1.2. La actora radicó escrito el 8 de abril del 2011 ante el Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio Regional Risaralda, para solicitar el reajuste de su pensión con base en el IPC a la fecha de adquisición del estatus pensional, así como la reliquidación de la misma, con la inclusión de todos los factores salariales devengados, dentro de otros, prima de alimentación, auxilio de transporte, prima de vacaciones, prima de navidad .
1.3. La Secretaría de Educación, Cultura, Deporte y Recreación de Dosquebradas -Oficina de Recursos Humanos-, mediante Resolución 797 del 20 de septiembre del 2011, resolvió de forma negativa la solicitud del 8 de abril del 2011, al tener en cuenta que una vez revisado el acto administrativo 309, encontró que la pensión está bien liquidada, conforme a las normas aplicables a los docentes.
Por lo anterior, la tutelante presentó demanda en ejercicio del medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho el 28 de junio de 2013, en contra de la Nación – Ministerio de Educación Nacional, Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio, Secretaría de Educación de Dosquebradas (Risaralda), con las pretensiones de que se declarara la nulidad de la Resolución 797 de 2011 y de que su pensión fuera reliquidada con la inclusión de todos los factores salariales percibidos en el último año de servicios, y la indexación de la primera mesada pensional.
1.5. El asunto correspondió por competencia al Juzgado Segundo Administrativo del Circuito Judicial de Pereira, autoridad que negó las pretensiones en sentencia del 23 de enero de 2015. Esta decisión fue recurrida en apelación por la parte actora.
1.6. El Tribunal Administrativo del Risaralda, mediante fallo de segunda instancia del 30 de abril del 2018, confirmó la sentencia del a quo. Expuso como sustento de su decisión, que a los docentes vinculados antes del 27 de junio de 2003 les aplica en pensiones las disposiciones de la Ley 33 de 1985, por remisión expresa de la Ley 812 de 2003 y no por el régimen de transición de la Ley 100 de 1993, la cual previó como requisitos cumplir con mínimo 20 años de servicio y tener 55 años de edad.
Indicó que, de acuerdo con la sentencia del 4 de agosto del 2010 del Consejo de Estado, los factores salariales de la Ley 33 no son taxativos sino enunciativos, interpretación que fue extendida en fallo de la misma corporación del 26 de noviembre de 2016. Y que en esta última providencia se explicaron las razones por las que la sentencia C-230 del 2015, que asumió una interpretación diferente, no obligaba a las demás Altas Cortes.
Frente a la anterior disparidad de criterios, el juez de segunda instancia tomó como precedente jurisprudencial vinculante, la sentencia de la Corte Constitucional SU-395 de 2017, ratificada en la sentencia T-039 de 2018, en la que se señaló que la liquidación de pensiones de regímenes especiales soló puede tener en cuenta los factores sobre los cuales se cotizó al sistema de seguridad social, contenido aplicable a los docentes. Afirmó que esta posición tiene relación con la reforma constitucional del artículo 48 Superior introducida mediante Acto Legislativo 01 de 2005.
2. Pretensiones de la acción
La actora interpuso escrito de tutela el 25 de octubre de 2018 y solicitó: i) amparar sus derechos fundamentales a la igualdad y a la seguridad social, y a cualquier otro que se considere vulnerado; y ii) ordenar al Tribunal Administrativo de Risaralda que revoque la sentencia del 30 de abril del 2018, y en su lugar profiera una nueva providencia que acceda a las pretensiones de la demanda iniciada el 28 de junio de 2013 en ejercicio del medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho.
3. Fundamentos de la acción
Teresita de Jesús Bahena de López argumentó que el Tribunal accionado vulneró sus derechos fundamentales, al incurrir en los defectos de violación directa de la Constitución y desconocimiento del precedente jurisprudencial vertical y horizontal.
Para sustentar los defectos, afirmó que se debió aplicar la sentencia de unificación del Consejo de Estado del 4 de agosto del 2010 y no el criterio de la Corte Constitucional, en la medida que este es su superior jerárquico y órgano de cierre de la jurisdicción contencioso administrativa.
Mencionó el reciente fallo de unificación de la sección segunda del Consejo de Estado del 28 de agosto del 2018, en el que se dijo por qué en derecho no se debe tener en cuenta la sentencia SU-230 del 2015, y citó algunas providencias que acceden al reconocimiento de la reliquidación pensional con la inclusión de todos los factores salariales.
4. Trámite en primera instancia
Con auto del 6 de noviembre de 2018, la Sección Cuarta del Consejo de Estado admitió la acción de tutela y ordenó su notificación a las partes, así como al Juzgado Segundo Administrativo del Circuito Judicial de Pereira, a la Nación – Ministerio de Educación Nacional – Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio (Fomag) y a la Fiduprevisora S.A., como terceros interesados.
5. Intervenciones
5.1. El Ministerio de Educación Nacional contestó la tutela, alegó falta de legitimación en la causa por pasiva y solicitó su desvinculación del presente trámite, en consideración a que no vulneró derecho fundamental alguno de la actora.
5.2. La Fiduprevisora S.A., en calidad de vocera del Patrimonio Autónomo del Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio, contestó la tutela, afirmó que la misma es improcedente porque las autoridades judiciales actuaron conforme a la norma establecida para el caso, y solicitó su desvinculación por falta de legitimación en la causa por pasiva.
5.3. La parte accionada y el Juzgado Segundo Administrativo del Circuito Judicial de Pereira guardaron silencio.
6. Fallo de primera instancia
La Sección Cuarta del Consejo de Estado, en sentencia dictada el 21 de febrero de 2019, amparó los derechos fundamentales al debido proceso y a la igualdad de Teresita de Jesús Bahena de López, dejó sin efectos la sentencia del 30 de abril del 2018 del Tribunal Administrativo del Risaralda y le ordenó proferir nueva providencia.
Como sustento de la decisión, afirmó que la autoridad accionada aplicó en la providencia cuestionada el IBL previsto en la Ley 100 de 1993, con fundamento en el fallo SU-395 de 2017. Destacó que la actora laboró como docente con vinculación anterior a la Ley 812 de 2003, y que el artículo 279 de la referida Ley 100 exceptuó de su ámbito de aplicación a los docentes afiliados al Fondo de Prestaciones Sociales del Magisterio, en ese orden, que el régimen de transición del artículo 36 ibídem no cubre a los docentes vinculados antes de la Ley 812 referida.
Indicó que esta posición fue ratificada con la sentencia de unificación de la Sección Segunda del Consejo de Estado del 28 de agosto del 2018, por lo que aplicar las subreglas fijadas en las providencias C-258 del 2013 y SU-230 de 2015, en especial en lo relacionado con el IBL, a los docentes vinculados con anterioridad a la Ley 812 de 2003, configura un defecto sustantivo.
7. Impugnación
El Tribunal Administrativo del Risaralda presentó recurso de impugnación en contra la sentencia del 21 de febrero de 2019, por cuanto consideró que el juez de primera instancia constitucional se fundamentó en apreciaciones del fallo cuestionado, que no corresponden a las razones del mismo.
Alegó que en el fallo del 30 de abril del 2018 objeto de tutela hizo un análisis juicioso de las posturas asumidas por el Consejo de Estado y la Corte Constitucional en el tema de los factores salariales que se deben computar en la liquidación pensional, que permite concluir que se cumplió con la carga argumentativa requerida para acogerse al precedente de la Corte Constitucional y, especialmente, dar cumplimiento al acto legislativo 01 de 2005, que limita la posibilidad de incluir en el IBL solo los factores que sirvieron de base a aportes de seguridad social en pensiones.
Explicó que el criterio que permitió el cómputo de emolumentos laborales distintos de los previstos en la Ley, de la sentencia del 4 de agosto de 2010 del Consejo de Estado, fue recogido en el fallo de unificación jurisprudencial de la misma corporación del 28 de agosto del 2018, porque excedió la voluntad de configuración legislativa que enlistó los factores salariales que conformaban la base de liquidación pensional.
Citó un fallo del Máximo Tribunal Administrativo del 10 de octubre del 2018, en el que, en un caso similar, negó la reliquidación de la pensión de una docente con la inclusión de todos los factores devengados por encontrarse por fuera de los enlistados en el artículo 1 de la Ley 62 de 1985 y por no acreditarse que sobre ellos se hicieron cotizaciones.
Finalmente, reiteró los demás argumentos expuestos en la sentencia enjuiciada.
II. CONSIDERACIONES
2.1. Competencia
La Sala tiene competencia para conocer del trámite de la presente acción de tutela, de conformidad con lo establecido en el artículo 86 de la Constitución Política, el artículo 32 del Decreto 2591 de 1991, el artículo 2.2.3.1.2.4 del Decreto 1069 de 2015, modificado por el Decreto 1983 de 2017, y el Acuerdo de Sala Plena del Consejo de Estado No. 377 del 11 de diciembre de 2018.
2.2. Problema jurídico
Para la Sala es necesario, antes de establecer el problema jurídico y analizar el cumplimiento de los requisitos generales, hacer claridad en que, si bien en la presente tutela se invocaron como defectos la “VULNERACIÓN DIRECTA DE LA CONSTITUCIÓN” y “DESCONOCIMIENTO AL PRECEDENTE JURISPRUDENCIAL VERTICAL Y HORIZONTAL”, lo cierto es que, los argumentos expuestos para sustentarlos, se reducen al reproche en contra del Tribunal accionado, de no dar aplicación de la sentencia del 4 de agosto del 2010 del Consejo de Estado en el fallo objeto de tutela, y esto corresponde a lo que sería un defecto sustantivo por desconocimiento del precedente judicial, razón por la cual el análisis de fondo de esta providencia, se abordará desde esta perspectiva.
En ese orden, a la Sala le corresponde establecer si se vulneraron los derechos fundamentales a la igualdad y a la seguridad social de Teresita de Jesús Bahena de López, con la sentencia del 30 de abril del 2018 proferida por la Sala Tercera de Decisión del Tribunal Administrativo de Risaralda.
En lo particular, se determinará si el Tribunal accionado incurrió en un defecto sustantivo por desconocimiento del precedente judicial relativo al alcance e interpretación de la Ley 33 de 1985 frente a los factores salariales que se deben tener en cuenta en el IBL de los docentes vinculados con anterioridad a la Ley 812 de 2003.
La Sala advierte que, antes de entrar a resolver el problema jurídico planteado, es preciso revisar si se encuentran superados todos los requisitos generales de procedibilidad de la acción de tutela contra providencias judiciales.
2.3. La acción de tutela contra decisiones judiciales
La acción de tutela dispuesta en el artículo 86 de la Constitución Política, es un procedimiento preferente y sumario que toda persona tiene a su alcance para reclamar la protección inmediata de los derechos constitucionales vulnerados o amenazados por la acción o la omisión de cualquier autoridad pública o de un particular, en los casos que establece la ley.
En relación con la acción de tutela contra providencias judiciales, la postura reiterada y uniforme de la Corte Constitucional y el Consejo de Estado ha sido admitir su procedencia excepcional, siempre que se cumplan los requisitos generales de procedibilidad (exigencias generales) y cualquiera de las causales específicas de procedencia (defectos).
La posición actual ha evolucionado en la jurisprudencia constitucional, entre otras providencias, empezando por la tesis de la vía de hecho fijada en las sentencias C-543 de 1992 y T-079 de 1993 y su redefinición en la T-949 de 2003, hasta llegar a su sistematización en la sentencia C-590 de 2005 en la cual se modifica la concepción de vía de hecho, a la de vulneración del derecho al debido proceso por la presencia de defectos especiales, previo cumplimiento de unos requisitos generales de procedibilidad.
Por su parte, el Consejo de Estado en sentencia de unificación por importancia jurídica, del 5 de agosto de 2014, concluyó que la acción de tutela procede contra providencias judiciales siempre y cuando se respete el principio de autonomía del juez natural, y se cumplan los requisitos generales y específicos precisados por la Corte Constitucional.
2.3.1. Requisitos generales:
El examen de procedibilidad de la acción de tutela contra providencias judiciales parte de los mismos requisitos que se derivan de su configuración prevista en el artículo 86 de la Constitución, del Decreto 2591 de 1991, y de la concreción que, por la vía interpretativa ha hecho la jurisprudencia constitucional.
Así las cosas, antes que todo es necesario verificar la legitimación en la causa como una exigencia preliminar en cualquier acción de amparo, para, posteriormente, pasar a constatar los demás requisitos generales de procedibilidad, en los siguientes términos: (i) que la cuestión que se discute tenga relevancia constitucional; (ii) que previo a la solicitud de tutela se hayan agotado todos los medios de defensa judicial con los que cuenta la persona afectada; (iii) que se cumpla con el principio de inmediatez; (iv) que en caso de que se alegue una irregularidad procesal, la misma tenga la entidad de afectar la decisión; (v) que en la solicitud de tutela se exprese de manera clara los hechos y los fundamentos de la afectación de derechos que se imputa a la decisión judicial; y de manera general, (vi) no procede elevar una solicitud de amparo contra decisiones proferidas dentro de procesos de tutela.
Cuando no se cumpla con alguno de esos presupuestos, la acción de tutela deviene improcedente. En caso contrario, de acreditarse todos los requisitos generales, corresponde verificar si la providencia objeto de reproche incurrió en alguna de las causales específicas o defectos que se describen a continuación:
2.3.2. Causales específicas:
Las causales específicas de procedencia de la acción de tutela contra providencia judicial se concretan en los defectos o errores en que puede incurrir la decisión cuestionada, de modo que si una decisión judicial incurre en alguna de las causales específicas, podrá ser razón suficiente para el amparo constitucional. A saber:
a) Defecto orgánico, que se presenta cuando el juez carece de competencia; b) defecto procedimental, el cual ocurre cuando la autoridad judicial actuó al margen del procedimiento establecido; c) defecto fáctico, esto es, cuando el juez no tuvo en cuenta el material probatorio obrante en el expediente para proferir decisión; d) defecto material o sustantivo, el cual se origina en el evento en que se decida con fundamento en normas inexistentes o inconstitucionales, en contravía de ellas, o existe una evidente y grosera contradicción entre los fundamentos y la decisión; e) error inducido, cuando la autoridad judicial es víctima de engaño por terceros y el mismo lo condujo a tomar una decisión que afecta derechos fundamentales; f) decisión sin motivación, que implica el incumplimiento de los servidores judiciales de dar cuenta de los fundamentos fácticos y jurídicos de sus decisiones en el entendido que precisamente en esa motivación reposa la legitimidad de su órbita funcional; g) desconocimiento del precedente constitucional, cuando la Corte Constitucional establece el alcance de un derecho fundamental y el juez ordinario aplica una ley limitando sustancialmente dicho alcance y h) violación directa de la Constitución Política, cuando los jueces desconocen la aplicación de la Ley Fundamental, conforme al mandato consagrado en el artículo 4º de la Carta Política que antepone de manera preferente la aplicación de sus postulados.
Corresponde, entonces, pasar a verificar si en el presente asunto la solicitud de tutela cumple con todos los requisitos generales de procedibilidad y, en tal caso, si se presenta el defecto sustantivo por desconocimiento del precedente judicial.
2.4. Verificación de los requisitos generales de procedibilidad en el caso concreto
2.4.1. Legitimación
El artículo 86 de la Carta Política establece que la acción de tutela puede ser ejercida por cualquier persona directamente o “por quien actúe en su nombre”, con el fin de obtener la protección de sus derechos fundamentales. En el presente caso, la acción de tutela fue presentada en nombre propio por Teresita de Jesús Bahena de López, directa afectada con el fallo objeto de controversia constitucional, de manera que se encuentra legitimada en la causa por activa.
Por otro lado, el Tribunal Administrativo de Risaralda, está legitimado en la causa por pasiva, de acuerdo con el artículo 5 del decreto 2591 de 1991, en tanto que es la autoridad judicial que profirió la decisión objeto de reproche constitucional.
2.4.2. Relevancia constitucional
De acuerdo con la jurisprudencia constitucional, el requisito de relevancia constitucional se entiende cumplido, en general, cuando se acredita que el asunto gira en torno al contenido, alcance y goce de algún derecho fundamental y no a asuntos de carácter meramente legal o de contenido económico que corresponde definir exclusivamente a otras jurisdicciones. Por lo que en el caso de acciones de tutela contra providencias judiciales, se verifica cuando, a primera vista, se observa que el reproche de tutela esté dirigido contra una posible afectación o vulneración de las garantías constitucionales relacionadas con el núcleo de los derechos fundamentales y, en especial, el derecho al debido proceso constitucional.
En el presente caso, la controversia de tutela gira en torno al reproche sobre la regla jurisprudencial aplicable para efectos de determinar los criterios normativos que definan la pensión de la accionante. En tal sentido, no cabe duda de la relevancia constitucional de la solicitud en el sentido de que, de esta cuestión, depende definir cuál es el fundamento jurídico de la providencia cuestionada, lo que es un elemento nuclear del derecho al debido proceso constitucional.
Por lo tanto, al tratarse de un asunto que reviste una relevancia constitucional, se encuentra satisfecho este requisito general.
2.4.3. Subsidiariedad
Es evidente que no existen mecanismos de defensa ordinarios o extraordinarios con los que la solicitante pueda intentar la protección de sus derechos fundamentales. En el proceso ordinario se agotaron las dos instancias procesalmente previstas y no se observa la existencia de alguna de las causales que permitan el ejercicio del recurso extraordinario de revisión o el de unificación de jurisprudencia.
2.4.4. Inmediatez
En el sub lite se encuentra superado el requisito de inmediatez, toda vez que la decisión de segunda instancia cuestionada del 30 de abril del 2018 se notificó el 2 de mayo siguiente, y la acción constitucional se radicó el 25 de octubre del mismo año, es decir, dentro del término razonable que la jurisprudencia constitucional ha previsto y que esta Corporación fijó en 6 meses de forma general.
2.4.5. No se argumentó la existencia de irregularidad procesal como sustento de la solicitud de amparo.
2.4.6. Explicación suficiente de los hechos y argumentos de la tutela
Valga la pena reiterar, como se expuso en el acápite de problema jurídico, que a pesar de que los defectos invocados hayan sido “VULNERACIÓN DIRECTA DE LA CONSTITUCIÓN” y “DESCONOCIMIENTO AL PRECEDENTE JURISPRUDENCIAL VERTICAL Y HORIZONTAL”, lo cierto es que, los argumentos expuestos para sustentarlos, configuran lo que en realidad es un defecto sustantivo por desconocimiento del precedente judicial, y este último satisface el requisito de plantear de forma clara los hechos y razones por las cuales consideró que la autoridad judicial tutelada vulneró sus derechos fundamentales.
2.4.7. La providencia cuestionada en la presente acción de tutela no es una sentencia de tutela.
En consecuencia, del estudio de los requisitos generales de procedibilidad de la acción de tutela, se concluye que la Sala solo procede a estudiar de fondo el defecto sustantivo por desconocimiento del precedente judicial.
3. Caso concreto
3.1. Defecto sustantivo por desconocimiento del precedente judicial
La Corte Constitucional, ha explicado que el defecto sustantivo se presenta en aquellos casos en que la autoridad judicial emplea una norma claramente inaplicable al caso o deja de utilizar la que evidentemente lo es, u opta por una interpretación que contraríe los postulados mínimos de la razonabilidad jurídica. De esta manera, ha venido construyendo los distintos supuestos que pueden configurar este defecto conforme a las situaciones fácticas que se exponen:
“(i) La decisión judicial tiene como fundamento una norma que no es aplicable, ya que: (a) no es pertinente, (b) ha perdido su vigencia por haber sido derogada, (c) es inexistente, (d) ha sido declarada contraria a la Constitución, (e) o a pesar de que la norma en cuestión está vigente y es constitucional, su aplicación no resulta adecuada a la situación fáctica objeto de estudio como, por ejemplo, cuando se le reconocen efectos distintos a los señalados por el legislador.
(ii) La interpretación de la norma al caso concreto no se encuentra dentro de un margen razonable o el funcionario judicial hace una aplicación inaceptable de la disposición, al adaptarla de forma contraevidente -interpretación contra legem- o de manera injustificada para los intereses legítimos de una de las partes;también, cuando se aplica una regla de manera manifiestamente errada, sacando la decisión del marco de la juridicidad y de la hermenéutica jurídica aceptable.
(iii) No se tienen en cuenta sentencias con efectos erga omnes.
(iv) La disposición aplicada se muestra injustificadamente regresiva o claramente contraria a la Constitución.
(v) Cuando un poder concedido al juez se utiliza para un fin no previsto en la disposición
(vi) La decisión se funda en una interpretación no sistemática del derecho, omitiendo el análisis de otras disposiciones aplicables al caso.
(vii) El servidor judicial da insuficiente sustentación de una actuación.
(viii) Se desconoce el precedente judicial sin ofrecer un mínimo razonable de argumentación.
(ix) Cuando el juez se abstiene de aplicar la excepción de inconstitucionalidad ante una violación manifiesta de la Constitución siempre que se solicite su declaración por alguna de las partes en el proceso”.
En relación con la manifestación del defecto sustantivo, la Corte Constitucional ha señalado que una providencia judicial adolece de tal cuando la autoridad jurisdiccional se “aparta del precedente judicial – horizontal o vertical – sin justificación suficiente”, pues el precedente es de carácter obligatorio, en atención a que de acuerdo con el artículo 230 de la Constitución Política, los jueces, si bien “tienen una autonomía interpretativa e independencia para fallar” deben “hacerlo dentro de los parámetros que les presenta la ley”.
Con fundamento en lo anterior, esa misma Corporación ha determinado que es posible apartarse del precedente jurisprudencial siempre y cuando se dé cumplimiento a los siguientes requisitos: (i) hacer una referencia expresa, amplia y suficiente del precedente aplicado a casos similares; (ii) exponer las razones suficientes por las que considera que el mismo no resulta ajustado al asunto estudiado.
Por último, esta Corporación ha señalado que cuando un juez se aleja del precedente judicial sin exponer los motivos para hacerlo, tal actuación constituye una vulneración al derecho a la igualdad.
En este contexto, en tanto que el defecto sustantivo alegado por la accionante se refiere al supuesto desconocimiento del precedente vinculante a la hora de aplicar la normatividad sobre liquidación pensional de docentes oficiales, a continuación se pasará a hacer una breve descripción del régimen legal y jurisprudencial, que permita resolver sobre el defecto en cuestión.
3.2. Marco legal y jurisprudencial del régimen pensional de docentes
Por medio de la Ley 91 de 1989 se creó el Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio (FNPSM), entidad encargada de reconocer y cancelar en favor de los docentes afiliados (orden nacional y nacionalizado) las prestaciones de salud, pensiones y cesantías y de administrar los recursos destinados a esos propósitos.
Mediante el artículo 15 de la referida Ley, se dispuso:
“Artículo 15.- A partir de la vigencia de la presente Ley el personal docente nacional y nacionalizado y el que se vincule con posterioridad al 1 de enero de 1990 será regido por las siguientes disposiciones:
1.- Los docentes nacionalizados que figuren vinculados hasta el 31 de diciembre de 1989, para efectos de las prestaciones económicas y sociales, mantendrán el régimen prestacional que han venido gozando en cada entidad territorial de conformidad con las normas vigentes.
Los docentes nacionales y los que se vinculen a partir del 1 de enero de 1990, para efectos de las prestaciones económicas y sociales se regirán por las normas vigentes aplicables a los empleados públicos del orden nacional, Decretos 3135 de 1968, 1848 de 1969 y 1045 de 1978, o que se expidan en el futuro, con las excepciones consagradas en esta Ley.
2. Pensiones:
A. Los docentes vinculados hasta el 31 de diciembre de 1980 que por mandato de las Leyes 114 de 1913, 116 de 1928, 37 de 1933 y demás normas que la hubieran desarrollado o modificado, tuviesen o llegaren a tener derecho a la pensión de gracia, se les reconocerá siempre y cuando cumplan con la totalidad de los requisitos. Esta pensión seguirá reconociéndose por la Caja Nacional de Previsión Social conforme al Decreto 081 de 1976 y será compatible con la pensión ordinaria de jubilación, aún en el evento de estar ésta a cargo total o parcial de la Nación.
B. Para los docentes vinculados a partir del 1º de enero de 1981, nacionales y nacionalizados, y para aquellos que se nombren a partir del 1º de enero de 1990, cuando se cumplan los requisitos de ley, se reconocerá sólo una pensión de jubilación equivalente al 75% del salario mensual promedio del último año. Estos pensionados gozarán del régimen vigente para los pensionados del sector público nacional”.
De esta forma, se entiende que el régimen pensional aplicable a los docentes nacionales y los vinculados desde el 1º de enero de 1990, es el contenido en las normas vigentes a las que se sujetan los empleados públicos de orden nacional (Decretos Nos. 3135 de 1968, 1848 de 1969, 1045 de 1978 y sus modificatorios) y que a los docentes nacionalizados vinculados hasta el 31 de diciembre de 1980, se les seguiría aplicando el régimen pensional del que se beneficiaban a nivel territorial.
Ahora bien, para la fecha en la que entró a regir la referida Ley 91 de 1989, ya se encontraba vigente la Ley 33 del 19 de enero de 1985, que dispuso que los empleados oficiales solo debían tener 55 años de edad y haber prestado 20 años de servicios para acceder al reconocimiento de una pensión de jubilación equivalente al 75% del salario promedio devengado dentro del último año de prestación de servicios y que quienes hubieran cumplido 15 años de prestación de servicios para la fecha en la que entró a regir dicha ley se sujetarían al régimen pensional anterior en lo relacionado con la edad.
Por medio de la Ley 62 de 1985 se modificó la Ley 33 de 1985 al disponer, mediante su artículo 1º, que todos los empleados oficiales debían cancelar sus aportes y que la base de liquidación estaría constituida por los factores salariales de asignación básica, gastos de representación, primas de antigüedad, técnica, ascensional y de capacitación; dominicales y feriados; horas extras; bonificación por servicios prestados; y trabajo suplementario o realizado en jornada nocturna o en día de descanso obligatorio.
De otra parte, el inciso 2º el artículo 279 de Ley 100 de 1993 estableció que a los afiliados al Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio no se les aplicaría el régimen general de seguridad social previsto en dicha norma, por lo que a través del artículo 115 de la Ley 115 del 8 de febrero de 1994 “Ley General de Educación”, se señaló que el régimen prestacional de los educadores estatales, sería el previsto en las Leyes 91 de 1989 y 60 de 1993.
Posteriormente, la Ley 812 de 2003 en su artículo 81 señaló que el régimen pensional aplicable a los docentes que estuvieran vinculados al sector público educativo oficial antes del 27 de junio de 2003, era el consagrado para el magisterio en las disposiciones vigentes con anterioridad a la entrada en vigencia de la citada ley.
En ese mismo sentido, el parágrafo transitorio del Acto Legislativo 01 de 2005 dispuso que el régimen pensional de los docentes, vinculados al sector público oficial antes de la entrada en vigencia de la Ley 812 de 2003, era el señalado en las disposiciones legales vigentes hasta entonces.
De esta forma, se entiende que el régimen pensional aplicable a los docentes nacionalizados se determina en consideración a la fecha de vinculación al servicio educativo estatal y por tal motivo, para aquellos que se vincularon antes de la entrada en vigencia de la Ley 812 de 2003, el régimen corresponde al previsto tanto en la Ley 91 de 1989.
En conclusión, el régimen pensional que cobija a aquellos docentes afiliados al Fondo de Prestaciones Sociales del Magisterio y vinculados al servicio antes del 31 de diciembre de 1989, corresponde al establecido en la Ley 33 de 1985 por remisión expresa de la Ley 91 de 1989.
Sin embargo, se resalta, este régimen resulta aplicable por expresa disposición de la Ley 91 de 1989, sin que se pueda llegar a afirmar que la vigencia de la Ley 33 de 1985 respecto de los docentes oficiales sea consecuencia del régimen de transición previsto en el inciso 2º del artículo 36 de la Ley 100 de 1993, toda vez que, como se dijo, dicha legislación excluyó de forma expresa a los afiliados al Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio.
En ese orden de ideas, teniendo en cuenta que en el asunto que ahora es objeto de la solicitud de amparo constitucional, la señora Teresita de Jesús Bahena de López se vinculó desde el 19 de agosto de 1971, es decir, antes de la entrada en vigencia de la Ley 812 de 2003, le resultaba aplicable el régimen pensional contenido en las leyes 91 de 1989 y 33 de 1985. Por tanto, corresponde pasar a examinar cuál ha sido el tratamiento que la jurisprudencia le ha dado a este régimen con la finalidad de estudiar el defecto alegado.
2.3. Jurisprudencia relativa a los factores salariales que deben tenerse en cuenta para liquidar las pensiones de jubilación de docentes
Mediante las Sentencias C- 258 2013, SU- 230 de 2015 y SU – 395 de 2017, la Corte Constitucional indicó, dentro de otros, que en aras de garantizar el principio de sostenibilidad fiscal, las pensiones de jubilación debían liquidarse incluyendo en el ingreso base de liquidación los factores salariales frente a los cuales el pensionado realizó efectivamente los aportes, con independencia del régimen pensional que le fuera aplicable.
Por su parte, esta Corporación ha adoptado varias posiciones en lo relativo a los factores salariales que deben tenerse en cuenta para liquidar las pensiones de jubilación de docentes y el tiempo de servicios, empezando por sostener que, conforme a lo dispuesto en la Ley 33 de 1985, la liquidación de la pensión de jubilación debía incluir todos los factores salariales percibidos dentro del último año de prestación de servicios.
Dicho análisis partió de la base de que, tal como se señaló en la sentencia de unificación del 4 de agosto de 2010, los factores descritos en la Ley 33 de 1985 al ser enunciativos y no taxativos, no impedía que el juez de la causa reconociera otros que aunque no estuvieran enlistados en esa norma, si habían sido percibidos por el pensionado durante el último año de servicio.
En vista de que los jueces ordinarios venían aplicando el criterio fijado en esa decisión, pese a que la situación fáctica del caso no estaba relacionada con docentes, ello sirvió como derrotero para acoger esa tesis en razón a que los docentes, al estar cobijados por la Ley 91 de 1989, en el cálculo del IBL de su mesada pensional se debía tener en cuenta los factores, además de los enlistados en la Ley 33 de 1985, los contenidos en el artículo 45 del Decreto 1045 de 1978 y sobre el 75% de lo devengado durante el último año de servicio.
Tal tesis fue acogida de manera generalizada a la hora de que los operadores judiciales resolvían las demandas relacionadas con la reliquidación de la mesada pensional de los docentes hasta que se empezaron a proferir los recientes fallos de la Corte Constitucional, en los que se indicó que el IBL no era un elemento incluido en el régimen de transición y, por tanto, debía calcularse sobre los factores con los montos sobre los cuales efectivamente se cotizó al Sistema General de Pensiones durante los últimos 10 años de servicio.
Así, algunos despachos judiciales optaban por seguir la línea jurisprudencial decantada por la Corte Constitucional, en virtud de la fuerza vinculante de esas decisiones y se ceñían a lo que previamente había determinado la Sección Segunda del Consejo de Estado, o, incluso extendían, por analogía, los criterios que pudiera fijar la Corte Suprema de Justicia dentro de las controversias laborales ordinarias.
Finalmente, y en lo que tiene que ver con la inclusión de factores salariales para el cálculo del IBL de las mesadas pensionales reconocidas a los servidores públicos y trabajadores oficiales en general, sin incluir a los docentes oficiales, esta Corporación en sentencia de unificación del veintiocho (28) de agosto de dos mil dieciocho (2018), asumió el criterio fijado por la Corte Constitucional y fijó unas subreglas frente a la aplicación del artículo 36 de la Ley 100 de 1993, así:
“94. La primera subregla es que para los servidores públicos que se pensionen conforme a las condiciones de la Ley 33 de 1985, el periodo para liquidar la pensión es:
Si faltare menos de diez (10) años para adquirir el derecho a la pensión, el ingreso base de liquidación será (0) el promedio de lo devengado en el tiempo que les hiciere falta para ello, o (ii) el cotizado durante todo el tiempo, el que fuere superior, actualizado anualmente con base en la variación del Índice de Precios al consumidor, según certificación que expida el DANE.
Si faltare más de diez (10) años, el ingreso base de liquidación será el promedio de los salarios o rentas sobre los cuales ha cotizado el afiliado durante los diez (10) años anteriores al reconocimiento de la pensión, actualizados anualmente con base en la variación del índice de precios al consumidor, según certificación que expida el DANE.
(…).
96. La segunda subregla es que los factores salariales que se deben incluir en el IBL para la pensión de vejez de los servidores públicos beneficiarios de la transición son únicamente aquellos sobre los que se hayan efectuado los aportes o cotizaciones al Sistema de Pensiones”.
No obstante lo anterior, la Corporación ha manifestado que en la actualidad no existe una posición unificada sobre los factores salariales que se deben incluir para calcular el IBL a efecto de la liquidación de las pensiones de jubilación de los docentes afiliados al Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio, a diferencia de lo que ocurre con los beneficiarios del régimen de transición previsto en el artículo 36 de la Ley 100 de 1993.
Por ello, la Sección Segunda del Consejo de Estado decidió asumir el conocimiento de un proceso iniciado en ejercicio del medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho, que aún no se ha definido, con el fin de unificar la jurisprudencia sobre los siguientes temas:
“1.- Alcance de la subregla fijada sobre los factores salariales que deben incluirse en la liquidación de la mesada pensional bajo el régimen general de la Ley 33 de 1985, en el sentido que: “solo los factores sobre los que se haya realizado el aporte o cotización pueden incluirse como elemento salarial en la liquidación de la mesada pensional”. La Sección Segunda del Consejo de Estado debe definir si esta subregla aplica para los docentes oficiales nacionales y nacionalizados vinculados al Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio cuyo régimen pensional se rige por la Ley 91 de 1989.
2.- Régimen de pensión ordinaria de jubilación de los docentes vinculados al servicio público educativo oficial afiliados al Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio de acuerdo con las reglas señaladas en el artículo 15, numeral 2, literales A y B de la Ley 91 de 1989.
En este tema se debe abordar la interpretación del régimen previsto en los literales A y B de la norma citada, que comprende, según la fecha de vinculación al servicio:
A.- Una pensión ordinaria de jubilación para los docentes vinculados hasta el 31 de diciembre de 1980 que es compatible con la pensión gracia.
B.- Una única pensión de jubilación equivalente al 75% del salario mensual promedio del último año para los docentes vinculados a partir del 1 de enero de 1981, nacionales y nacionalizados, y para aquellos que se nombren a partir del 1o. de enero de 1990, cuando se cumplan los requisitos de ley.
3.- Régimen pensional de prima media establecido en las leyes del Sistema General de Pensiones, aplicable a los docentes en los términos del artículo 81 de la Ley 812 de 2003, en concordancia con el Acto Legislativo 01 de 2005”.
Así las cosas, la Sala observa que en relación con los factores salariales a tener en cuenta para liquidar las pensiones de jubilación de docentes, no existe un único criterio ante las diferentes posturas aplicables fijadas por la jurisprudencia emitida, tanto por la Corte Constitucional, como por ésta Corporación, generando con ello cierta ambigüedad al momento de aplicar las normas respectivas que conduce a que los jueces en ejercicio de su autonomía judicial apliquen los criterios razonables que más se ajusten a los supuestos fácticos de cada caso con una debida motivación.
5.2.4.- Examen del defecto sustantivo por desconocimiento del precedente judicial aplicable en el caso concreto
Las líneas anteriores ponen de manifiesto que, sobre el salario base de liquidación, se presentan diferentes criterios expuestos por la Corte Constitucional y por el Consejo de Estado, que determinan que no haya un precedente vinculante para los operadores jurídicos, pues en ninguna de las dos posturas se ha definido un criterio específico para efectos de liquidar las pensiones de los docentes. En ambos casos las sentencias de unificación han establecido criterios generales sobre la aplicación de los regímenes de transición sin pasar a definir la regla hermenéutica para entender los componentes de IBL en tal régimen pensional.
Ante la existencia de criterios diferentes, no se puede hablar de un precedente vinculante, sino de posibilidades interpretativas a disposición de los jueces para que, al resolver los casos concretos decidan en ejercicio de su autonomía judicial y bajo su criterio y sustentación.
Así las cosas, no cabe acusar un defecto sustantivo por desconocimiento de precedente cuando, en la materia, no existe tal vinculación que permita elevar un reproche sobre la actuación judicial cuando adoptan cualquiera de las posturas, la sustentan y resuelven el caso concreto. Lo anterior significa que, a priori, cualquier demanda de tutela por este aspecto fuera denegada.
En este contexto, y para el caso concreto, revisada la sentencia del 30 de abril del 2018, la Sala observa que el Tribunal Administrativo de Risaralda: i) hizo un análisis de las normas y la jurisprudencia que regulan el asunto; ii) de forma razonada y en ejercicio de la autonomía judicial, justificó su cambio de postura frente al tema; iii) manifestó que viene recogiendo el criterio aplicado en anteriores ocasiones, de ordenar la reliquidación pensional con la inclusión de todos los factores salariales, y iv) indicó que está dando aplicación al criterio al que ha llegado la Corte Constitucional, relativo al régimen pensional y las reglas de transición sobre los factores salariales a incluir en el ingreso base al liquidar la pensión de jubilación, y en especial, a lo dispuesto en el acto legislativo 01 de 2005.
Luego de ello, la autoridad judicial accionada revisó las pruebas del expediente ordinario y encontró que:
“Bajo estos argumentos, y advirtiendo que en lo atinente a los factores salariales que deben ser tenidos en cuenta para el reconocimiento prestacional, debe atenderse aquellos que sean directamente remuneratorios del servicios sobre los cuales los beneficiarios hayan realizado los correspondientes aportes o cotizaciones a las pensiones por imperativo legal, no queda más remedio para esta Colegiatura que confirmar la decisión de primera instancia, puesto que según obra a folio 13 en el formato único para la expedición de certificado de salarios, en el recuadro de factores salariales, solamente aparecen los enlistados en la normativa arriba transcrita la asignación básica, factor salarial que en la resolución por medio de la cual le fue liquidada la pensión de jubilación obrante a folio 9 y ss. fue incluida.
Así las cosas, al hacer la revisión conforme a todos los presupuestos normativos y jurisprudenciales, se advierte que a la pensión de la señora Teresita de Jesús Bahena de López, se encuentra liquidada correctamente y en esas condiciones no se debe modificar con la inclusión de otros factores salariales, tal como lo consideró la juez de instancia, puesto que por una parte no se encuentra probado que frente a aquellos se hayan realizado las respectivas cotizaciones y por otra no son de los enlistados en el marco del prulicitado artículo 1 de la ley 62 de 1985 modificatoria del artículo 3 de la ley 33 de 1985; haciéndose hincapié en que por parte de esta Corporación no es procedente realizar algún pronunciamiento en torno al porcentaje de la asignación básica, reconocida en la citada liquidación de la pensión, ya que a pesar de no encontrar sustento en la resolución analizada ni en la normatividad, la misma no puede ser modificada teniendo en cuenta el principio de favorabilidad”.
Es decir que el fallo acusado, por el cual se puso fin al medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho, se encuentra debidamente sustentado de manera razonable, y se ajusta a uno de los criterios fijados por los Tribunales de cierre, en concreto al de la Corte Constitucional, en concordancia a lo dispuesto en el acto legislativo 01 de 2005, que deriva en que las pensiones, incluidos los docentes, deben liquidarse conforme a los factores salariales frente a los cuales se realizaron efectivamente los aportes a cotización, en concordancia con las Leyes 33 y 62 de 1985.
En ese orden de ideas, se evidencia que el Tribunal Administrativo de Risaralda adoptó su decisión con sujeción al régimen pensional que consideró aplicable, con sustento suficiente, con base en su sana crítica, en las reglas de la lógica y de la experiencia y en ejercicio de su autonomía judicial.
Cabe recalcar que, la Corte Constitucional en sentencia T-328 del 13 de agosto del 2018, asumió una postura que, aunque posterior al fallo reprochado del 30 de abril del mismo año, permite concluir que la autoridad accionada aplicó un criterio que actualmente está vigente. En esa oportunidad se analizó un caso similar al del sub lite, y se dijo:
“(iii) Argumentó que el Consejo de Estado ha entendido que en lo que tiene que ver con los factores salariales para el cómputo de la pensión, aplica el criterio según el cual la lista de factores especificada en la Ley 33 de 1985 no era taxativa sino meramente enunciativa, lo que permitía que se incluyeran todos los emolumentos recibidos por el docente aunque no se hubiesen hecho aportes a pensión sobre ellos.
(iv) No obstante, indicó que se apartaba de dicha línea y se acogía a lo manifestado por la Corte Constitucional en las sentencias C-258 de 2013, SU-230 de 2015 y SU-427 de 2016 (reiteradas recientemente en la SU-395 de 2017) frente a que la liquidación de pensiones de regímenes especiales no puede incluir todos los factores salariales sino solo los que sirvieron de base para efectuar los aportes al sistema pensional. Lo anterior además, en concordancia con el Acto Legislativo 01 de 2005 que introdujo la regla ya consagrada en el artículo 13 de la Ley 100 de 1993 que señala que “[p]ara la liquidación de las pensiones sólo se tendrán en cuenta los factores sobre los cuales cada persona hubiere efectuado las cotizaciones”.
Así las cosas, el Tribunal al encontrar que la señora Fanny Acosta no cumplió “con el imperativo o la obligación de cotizar al sistema los parafiscales sobre la prima de navidad, prima de vacaciones y prima de alimentación, que reclama sean incluidos como factores de liquidación”, sus pretensiones no prosperaron.
En esa medida, esta Sala concluye que la decisión del Tribunal Administrativo de Nariño, Sala de Decisión Oral, se encuentra ajustada a derecho al negar las solicitudes de la accionante fundamentándose en los factores salariales contenidos en la Ley 33 de 1985 y 62 de 1985 y encontrando que sobre ellos no se efectuaron los aportes al sistema de seguridad social en los términos de las mencionadas normas, el Acto Legislativo 01 de 2005 y de las sentencias C-258 de 2013, SU-230 de 2015 y SU-427 de 2016 exponiendo las razones suficientemente sustentadas para apartarse del precedente sentado por el Consejo de Estado y acogerse a lo señalado por la Corte Constitucional, lo cual considera, es de obligatorio cumplimiento, señalando que “dada la norma especial (ley 91 de 1989) no será aplicable el promedio de los factores salariales devengados en los últimos 10 años de servicios tal como se expresa la sentencia SU-230 de 2015 y SU-427 de 2016, sino será procedente el cálculo de la mesada pensional con base en los factores salariales sobre los cuales se cotizó en el último año de servicios anterior a la adquisición del status pensional, por criterios de especialidad de la norma”.
Por lo anterior, habrá de ser revocada la decisión de tutela proferida por el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, en única instancia y se negará la solicitud de amparo propuesta por la señora Fanny Acosta Santacruz por cuanto la sentencia proferida por el Tribunal Administrativo de Nariño, Sala de Decisión Oral se encuentra ajustada a derecho.”
Como corolario de lo anterior, no resulta de recibo la postura del juez de tutela de primera instancia en el sentido que cuestionó la providencia objeto de reproche constitucional por no haber resuelto el caso con base en el criterio definido por el Consejo de Estado. Para ello partió de la base de que éste suponía un precedente vinculante, lo que, como se explicó en este fallo, resulta una conclusión que omite la ambigüedad que hay sobre el tema y que, precisamente, ha justificado que esta Corporación esté preparando un fallo de unificación sobre la materia. Por ello, el a quo dentro del proceso de amparo cercenó la autonomía judicial del tribunal accionado.
En consecuencia, la Sala revocará la decisión adoptada por el juez a quo, que amparó los derechos fundamentales al debido proceso y a la igualdad de Teresita de Jesús Bahena de López, dejó sin efectos la sentencia del 30 de abril del 2018 del Tribunal Administrativo del Risaralda y le ordenó proferir nueva providencia, para en su lugar, negar las pretensiones de la demanda de tutela, de conformidad con lo consignado en la parte motiva.
En mérito de lo expuesto, la Sección Tercera Subsección “C” de la Sala de lo Contencioso Administrativo del Consejo de Estado, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley,
FALLA
PRIMERO: REVOCAR la sentencia proferida el 21 de febrero de 2019 por la Sección Cuarta del Consejo de Estado, que amparó los derechos fundamentales invocados por la parte actora y, en su lugar, NEGAR las pretensiones de tutela, de conformidad con lo expuesto en la parte motiva de esta decisión.
SEGUNDO: NOTIFICAR la presente decisión a los interesados, por el medio más expedito.
TERCERO: ENVÍAR a la Corte Constitucional para su eventual revisión.
NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE
JAIME ENRIQUE RODRÍGUEZ NAVAS
Presidente de la Sala
GUILLERMO SÁNCHEZ LUQUE
Magistrado
Ausente con permiso
NICOLÁS YEPES CORRALES
Magistrado
Fls. 1 a 6 del cuaderno de tutela. Páginas 14 a 16 del documento digital correspondiente al escaneo del proceso de nulidad y restablecimiento del derecho con radicado núm. 66001-33-33-002-2013-00170-01. Páginas 8 al 11 ibídem. Páginas 6 y 7 ibídem. Páginas 19 a 29 ibídem. Páginas 94 a 101 ibídem. Páginas 102 a 107 ibídem. Páginas 128 a 147 ibídem. Expediente 250002232500020060750901. Expediente 11001032500020130134100. Consejo de Estado, Sección Primera, sentencias del 19 de julio del 2018, expediente núm. 11001031500020180186100; Sección Cuarta, sentencia del 10 de mayo del 2018, expediente núm. 11001031500020180051800; Sección Quinta, sentencias del 8 de febrero de 2018, expediente núm. 110010131500020170314600. Fl. 20 del cuaderno de tutela. Fls. 31 a 34 ibídem. Fls. 45 y 46 ibídem. Fls. 51 al 56 ibídem. Fls. 65 al 68 ibídem. Expediente núm. 52001233300020120014301. Expediente núm. 05001233300020150087101. Al respecto ver, entre otras, las sentencias T-573 de 1997, T-567 de 1998, T-001 de 1999, T-377 de 2000, T-1009 de 2000, T-852 de 2002, T-453 de 2005, T-061 de 2007, T-079 de 1993,T-231 de 1994, T-001 de 1999, T-814 de 1999,T-522 de 2001, T-842 de 2001, SU-159 de 2002, T-462 de 2003,T-205 de 2004, T-701 de 2004, T-807 de 2004, T-1244 de 2004, T-056 de 2005, T-189 de 2005, T-800 de 2006, T-061 de 2007, T-018 de 2008, T-051 de 2009, T-060 de 2009, T-066 de 2009, T-889 de 2011, T- 010 de 2012, T- 1090 de 2012, T-074 de 2012, T- 399 de 2013, T-482 de 2013, T- 509 de 2013,T- 254 de 2014, T- 941 de 2014 y T-059 de 2015. Sentencia de unificación por importancia jurídica, proferida por la Sala Plena de lo Contencioso Administrativo el 5 de agosto de 2014. M.P: Jorge Octavio Ramírez Ramírez. Exp. n. º 11001-03-15-000-2012-02201-01 (IJ) Demandante: Alpina Productos Alimenticios S.A. Sentencias T-352 de 2012, T-103 de 2014, T-125 de 2012, entre otras. Artículo 5°. Procedencia de la acción de tutela. La acción de tutela procede contra toda acción u omisión de las autoridades públicas, que haya violado, viole o amenace violar cualquiera de los derechos de que trata el artículo 2 de esta ley (…).”
Corte Constitucional, sentencia C-590 de 8 de junio de 2005, M.P. Jaime Córdoba Triviño. Corte Constitucional, sentencia SU-439 de 13 de julio de 2017, M.P. Alberto Rojas Ríos y T-458 de 29 de agosto de 2016, M.P. Luis Ernesto Vargas Silva. Corte Constitucional, sentencia T-102 de 16 de febrero de 2006, M.P. Humberto Antonio Sierra Porto. En igual sentido ver sentencias T-075-18, T-451-18, T-422-18 y T-248-18. Sentencia T-031 de 2016. Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, sentencia del 5 de agosto del 2014, radicado núm. 11001031500020120220101 (IJ). Corte Constitucional, Sentencia SU-195 del 12 de marzo de 2012. Sentencias T-343 de 2011, T-138 de 2011, T-792 de 2010, T-364 de 2009, T-808 de 2007 y T-086 de 2007. SU-515 del 2013. Sobre el precedente horizontal y vertical, la Corte Constitucional ha señalado: “Esta Corporación ha diferenciado entre dos clases de precedentes, el horizontal y el vertical, de conformidad con quién es el que profiere la providencia previa. El primero hace referencia a aquellas sentencias fijadas por autoridades de la misma jerarquía o el mismo operador judicial, y el segundo se relaciona con los lineamientos sentados por las instancias superiores encargadas de unificar jurisprudencia dentro de la respectiva jurisdicción o a nivel constitucional. Así, para la mayoría de asuntos, el precedente vertical que deben seguir los funcionarios judiciales es determinado por la Corte Suprema de Justicia o por el Consejo de Estado, como órganos de cierre dentro de su respectiva jurisdicción. En los casos en los que no son susceptibles de ser revisados por las autoridades mencionadas, son los tribunales los encargados de establecer criterios hermenéuticos para los operadores judiciales inferiores”. Corte Constitucional. Sentencia T -794 de 2011, T-082 de 2011, T-209 de 2011 y T -102 de 2014.
Corte Constitucional. Sentencia T - 102 de 2014. Corte Constitucional. Sentencia T - 446 de 2013 y T - 328 de 2018. UNIFICAR GUIONES
Consejo de Estado. Sala de lo Contencioso Administrativo. Sección Segunda, Subsección A. Sentencia del 9 de agosto de 2018. Rad. 11001-03-15-000-2018-02377-00(AC).
“ARTÍCULO 81. RÉGIMEN PRESTACIONAL DE LOS DOCENTES OFICIALES. El régimen prestacional de los docentes nacionales, nacionalizados y territoriales, que se encuentren vinculados al servicio público educativo oficial, es el establecido para el Magisterio en las disposiciones vigentes con anterioridad a la entrada en vigencia de la presente ley. Los docentes que se vinculen a partir de la entrada en vigencia de la presente ley, serán afiliados al Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio y tendrán los derechos pensionales del régimen pensional de prima media establecido en las Leyes 100 de 1993 y 797 de 2003, con los requisitos previstos en él, con excepción de la edad de pensión de vejez que será de 57 años para hombres y mujeres. Los servicios de salud para los docentes afiliados al Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio, serán prestados de conformidad con la Ley 91 de 1989, las prestaciones correspondientes a riesgos profesionales serán las que hoy tiene establecido el Fondo para tales efectos”. Fecha de entrada en vigencia de la Ley 812 de 2003”.
“[…] Artículo 1o. Se adicionan los siguientes incisos y parágrafos al artículo 48 de la Constitución Política: […] Parágrafo transitorio 1o. El régimen pensional de los docentes nacionales, nacionalizados y territoriales, vinculados al servicio público educativo oficial es el establecido para el Magisterio en las disposiciones legales vigentes con anterioridad a la entrada en vigencia de la Ley 812 de 2003, y lo preceptuado en el artículo 81 de esta. Los docentes que se hayan vinculado o se vinculen a partir de la vigencia de la citada ley, tendrán los derechos de prima media establecidos en las leyes del Sistema General de Pensiones […]". Corte Constitucional. Sentencia C – 258 del 7 de mayo de 2013. Corte Constitucional. Sentencia SU – 230 del 29 de abril de 2015. Corte Constitucional. Sentencia SU – 395 del 22 de junio de 2017. Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, Sección Segunda, Sentencia del 4 de agosto de 2010, Expediente: 25000-23-25-000-2006-07509-01, Sentencia del 25 de febrero de 2016, Expediente: 25000-23-42-000-2013-01541-01. De acuerdo a la respectiva constancia emitida por la entidad pública que le reconoció esa prestación económica. Actualmente en sede de tutela, las Secciones Primera y Segunda, no amparan los derechos deprecados en este tipo de asuntos. Ver entre otros, radicados número 11001-03-15-000-2018-02109-01, noviembre 19 de 2018, y 11001-03-15-000-2018-03531-00 del 21 de noviembre de 2018. Corte Constitucional. Sentencia T – 328 de 2018. “Existe un precedente constitucional consolidado según el cual quienes son beneficiarios del régimen de transición previsto en el artículo 36 de la Ley 100 de 1993 tienen la posibilidad de que se les aplique el régimen anterior en lo referente a edad, tiempo de servicios o semanas cotizadas y monto de la pensión, el cual se refiere a la tasa de remplazo. El IBL debe corresponder a lo previsto en la legislación vigente, esto es, el promedio de los factores salariales devengados en los últimos 10 años de servicio”. Radicado número 68001-23-33-000-2015-00569-01, auto del 31 de octubre de 2018. Leyes 43 de 1975, 33 y 62 de 1985, 91 de 1989, 60 de 1993 y 115 de 1994; Acto legislativo 01 de 2005. Principalmente, sentencia SU-395 de 2017.
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