República de Colombia
Consejo de Estado
Sección Segunda
Radicado 11001-03-15-000-2018-03985-01
Consejero ponente: Rafael Francisco Suárez Vargas
28 de febrero de 2019
IMPROCEDENCIA DE LA ACCIÓN DE TUTELA CONTRA PROVIDENCIA JUDICIAL POR INCUMPLIMIENTO DEL REQUISITO DE INMEDIATEZ Y DE SUBSIDIARIEDAD
En el presente caso se está en presencia de una oportunidad procesal inexcusable que fue inobservada por el impugnante. (…) Es conveniente resaltar que las cargas procesales que ha debido cumplir el impugnante fueron sistemáticamente desatendidas, tal como quedó expuesto: presentó un poder para actuar, pero omitió aportar el certificado de existencia y representación, lo que motivó la negativa de reconocimiento de personería adjetiva en auto de 20 de marzo de 2018, sin que se hubiese interpuesto en tiempo recurso alguno contra tal decisión. (…) Es decir que la única actuación del apoderado, previa al señalamiento de la audiencia inicial fijada para el 15 de mayo de 2018 en auto de 20 de marzo de la misma anualidad, fue solicitar reconocimiento de personería mediante la presentación de un poder, sin acreditar la representación de quien lo otorgaba. (…) A pesar del espectro de posibilidades procesales a disposición del impugnante, la sociedad GAM Construcciones S.A.S. no agotó ninguna de las vías disponibles y recurrió de manera directa a la acción de tutela, incumpliendo los requisitos de subsidiariedad y de inmediatez que constituyen elementos esenciales para la procedencia del amparo incoado.
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN SEGUNDA
SUBSECCIÓN A
Consejero ponente: RAFAEL FRANCISCO SUÁREZ VARGAS
Bogotá, D.C., veintiocho (28) de febrero de dos mil diecinueve (2019)
Radicación número: 11001-03-15-000-2018-03985-01(AC)
Actor: GAM CONSTRUCCIONES S.A.S.
Demandado: TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DE BOYACÁ
Decide la Sala la impugnación formulada por la sociedad GAM Construcciones S.A.S contra la sentencia del 19 de diciembre del 2018, proferida por el Consejo de Estado, Sección Primera.
SENTENCIA SEGUNDA INSTANCIA
1. Antecedentes
1.1. La acción de tutela
La sociedad GAM Construcciones S.A.S. a través de apoderado, promueve acción de tutela contra el Tribunal Administrativo de Boyacá, por estimar vulnerado su derecho fundamental al debido proceso, dentro del proceso de reparación directa incoado por el señor Leonel Alfonso Mendieta Navas en contra del Instituto Nacional de Vías, el Consorcio Hidrointegral 2009 y la Unión Temporal Transversal de Boyacá.
1.2. Pretensiones
El apoderado de la accionante solicitó lo siguiente:
1.2.1. Dejar sin efectos el auto de 18 de agosto de 2017, la decisión proferida en audiencia del 15 de mayo de 2018 y el auto del 4 de septiembre de 2018, proferidos por el Tribunal Administrativo de Boyacá, en el proceso de reparación directa con Radicado 15001-23-33-000-2014-00575-00.
1.2.2. Se ordene al Tribunal Administrativo de Boyacá, «permitir la participación de la sociedad GAM CONSTRUCCIONES S.A.S. al interior del proceso judicial».
1.3. Hechos de la solicitud
El apoderado de la accionante señala como hechos relevantes los siguientes:
El 8 de julio de 2014 el señor Leonel Alfonso Mendieta Navas interpone el medio de control de reparación directa en contra del Instituto Nacional de Vías, INVIAS, la Unión Temporal Transversal Boyacá y el Consorcio Hidrointegral 2009.
Mediante auto del 19 de septiembre de 2016, el Tribunal Administrativo de Boyacá admitió la demanda y ordenó notificar a las partes demandadas, al Ministerio Público y a la Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado. INVIAS contestó la demanda el 23 de marzo de 2017.
El 18 de agosto de 2017 la autoridad tutelada profirió auto en el que niega la solicitud de INVIAS de vincular a cada una de las sociedades que conforman el Consorcio y la Unión Temporal demandadas, al estimarlo innecesario conforme a la jurisprudencia de unificación del Consejo de Estado, y por considerar que la actuación procesal puede continuar con la vinculación de las partes mencionadas.
En mayo de 2018 el representante legal de la sociedad GAM CONSTRUCCIONES S.A.S. le otorgó poder para ejercer la representación de la empresa en el proceso contencioso de reparación directa.
Mediante auto del 20 de marzo de 2018 (debió referirse al mes de mayo), el Tribunal Administrativo de Boyacá se abstuvo de reconocerle personería para actuar, dado que «no se determina la calidad en la que actúa la empresa GAM Construcciones S.A.S., cuyo representante legal es quien ha conferido poder al abogado en mención, pues dentro del plenario no se observa que dicha empresa funja como demandante, demandada o llamada en garantía». Esta providencia, además, fijó el día 15 de mayo de 2018 para adelantar la audiencia inicial.
Sostiene que el 15 de mayo de 2018 se llevó a cabo la audiencia inicial a la cual asistió con el fin de que le fuera reconocida la personería jurídica para actuar, a cuyo fin anexó certificado de existencia y representación legal de la Unión Temporal de Boyacá, en el que consta que la empresa GAM Construcciones S.A.S. hace parte de la misma.
Sin embargo, el Tribunal demandado se abstuvo de reconocerle personería, impidiéndole su participación, al argumentar que «no le asistía legitimidad para obrar, en la medida que esta únicamente podía ser ejercida por el apoderado designado por el representante legal y no por una de las sociedades filiales».
Aduce que el 6 de julio de 2018 radicó incidente de nulidad con fundamento en la indebida integración del contradictorio, conforme a la causal contenida en el numeral 8.º del artículo 133 del Código General del Proceso, relacionada con la falta de notificación. Afirma que si bien, la indebida integración del contradictorio no es, de manera expresa, una causal autónoma de nulidad, conforme a la interpretación de la Corte Suprema de Justicia señala que tal informalidad constituye una manifestación de la causal de falta de notificación.
El Tribunal Administrativo de Boyacá mediante auto del 4 de septiembre de 2018, negó la declaratoria de nulidad con fundamento en que la demanda solo fue dirigida contra la Unión Temporal, empresa que fue debidamente notificada y, a través de la cual, se ejerce la representación de las sociedades que la conforman.
1.4. Fundamentos jurídicos del accionante
Alega la vulneración de su derecho fundamental al debido proceso, y aduce como motivos de su inconformidad que contrario a lo afirmado por el Tribunal tutelado, las sociedades integrantes de las uniones temporales si cuentan con capacidad jurídica para intervenir de manera individual en los procesos judiciales que los afecten y no solamente a través del representante de las uniones temporales, posición respaldada por la jurisprudencia unificada del Consejo de Estado de 25 de septiembre de 2003.
Considera, además, que las decisiones proferidas por el Tribunal Administrativo de Boyacá impidieron su participación en el medio de control de reparación directa, lo que constituye una negación y un desconocimiento de sus derechos fundamentales.
1.5. Trámite en primera instancia
La acción de tutela fue admitida mediante auto de 31 de octubre de 2018, en el que se ordenó notificar a los magistrados integrantes del Tribunal Administrativo de Boyacá, y comunicar al señor Leonel Alfonso Mendieta, al Director del Instituto Nacional de Vías, al representante del Consorcio Hidrointegral 2009, al representante de la Unión Temporal Transversal de Boyacá y al representante legal de la Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado, como terceros interesados en el resultado del proceso, para que dentro del término de tres (3) días, manifestaran lo que consideraran pertinente.
1.6. Intervenciones
1.6.1. El Tribunal Administrativo de Boyacá. El magistrado Oscar Alfonso Granados Naranjo, mediante escrito del 6 de noviembre de 2018, luego de realizar un recuento pormenorizado de cada una de las actuaciones adelantadas en el trámite del medio de control de reparación directa 15001-23-33-000-2014-00575-00, concluye que, contrario a lo alegado por el actor, el despacho ha procedido conforme a derecho y ateniéndose a los pronunciamientos jurisprudenciales en relación con la vinculación de las Uniones Temporales y Consorcios en este tipo de procesos, por lo que el defecto alegado no es procedente.
Al efecto hace las siguientes precisiones:
Admitida la demanda mediante auto del 19 de septiembre de 2016 y una vez surtidos los traslados, solo concurrieron a contestarla el Instituto Nacional de Vías -el cual a su vez efectuó llamamiento en garantía a la Aseguradora Segurexpo de Colombia-, y el Consorcio Hidrointegral 2009; la Unión Temporal Transversal de Boyacá, guardó silencio.
En el auto del 18 de agosto de 2017, mediante el cual se admitió la reforma presentada por el actor a la demanda, también se admitió la solicitud de llamamiento en garantía formulada por INVIAS y se negó la petición elevada por esta entidad de vincular a las actuaciones a las empresas que hacen parte de la UNIÓN TEMPORAL TRANSVERSAL DE BOYACÁ y del CONSORCIO HIDROINTEGRAL 2009.
Respecto de los fundamentos de esta última decisión expresa:
«Para llegar a tal conclusión frente a la solicitud de vinculación de los miembros de la Unión Temporal y el Consorcio, el Despacho hizo alusión a la providencia del 25 de septiembre de 2013 proferida por la Sección Tercera del Consejo de Estado, en la cual se señaló que en los procesos en que se demande a una Unión temporal o un Consorcio por asuntos que se deriven de un contrato estatal, como sucede en este caso, no resulta necesario vincular a los miembros de tales asociaciones, pues el Consorcio y la Unión Temporal cuentan con personería para representar a sus miembros».
Radicado el 13 de marzo de 2018 el poder conferido por el representante legal de la sociedad GAM CONSTRUCCIONES S.A.S. al abogado ÁLVARO DÍAZGRANADOS DE PABLO, mediante auto del 20 de marzo del año en cita, el Despacho se abstuvo de reconocer personería al apoderado «al no observarse dentro del plenario que dicha empresa funja como demandante, demandada, o llamada en garantía, y adicionalmente, por cuanto, anexo al escrito poder, no se allegó documento que acredite la representación legal de la empresa en cuestión».
El 6 de julio de 2018 el abogado Álvaro Diazgranados de Pablo solicitó declarar la nulidad de la actuación surtida por haberse omitido la vinculación al proceso de la sociedad GAM CONSTRUCCIONES S.A.S., petición denegada bajo los siguientes argumentos jurídicos:
a) La solicitud se funda en la causal 8ª del artículo 133 del C.G.P. que se remite a la falta de notificación del auto admisorio de la demanda a todas las personas que debieron ser citadas, situación que no acontece en el caso concreto, toda vez que encontrándose vinculada al proceso la UNIÓN TEMPORAL TRANSVERSAL DE BOYACÁ, ella representa a las sociedades que hacen parte de la misma.
b) Agrega que las razones esbozadas por su despacho para negar la vinculación al proceso de la sociedad GAM Construcciones S.A.S., más allá de acoger la sentencia del Consejo de Estado del 25 de septiembre de 2013, se fundamenta en que se omitió aducir oportunamente las pruebas conducentes para acreditar que dicha sociedad integraba la Unión Temporal demandada en el trámite contencioso-administrativo.
En consecuencia, insta a que se declare la improcedencia del amparo reclamado.
1.6.2. Por su parte, el apoderado del señor Leonel Alfonso Mendieta Navas mediante informe del 30 de noviembre de 2018, señala que la acción de tutela no supera el examen de procedencia, pues se evidencia que no agotó el recurso de apelación contra el auto que negó la participación de la sociedad como tercero dentro del proceso previsto en el artículo 226 de la Ley 1437 de 2011.
1.7. Sentencia impugnada
El Consejo de Estado, Sección Primera, mediante providencia del 19 de diciembre del 2018, declaró improcedente la acción de tutela incoada por la sociedad GAM CONSTRUCCIONES.A.S. contra los autos de 18 de agosto de 2017, 15 de mayo de 2018 y 4 de septiembre de la misma anualidad, proferidos por el Tribunal Administrativo de Boyacá, al considerar que el asunto objeto de la litis no acredita el requisito de subsidiariedad, de acuerdo con las siguientes consideraciones:
Respecto del auto de 18 de agosto de 2017, a través del cual el Tribunal negó la solicitud elevada por el Instituto Nacional de Vías, INVIAS de vincular a los miembros que hacen parte de la Unión Temporal Transversal Boyacá, advierte que ella no fue cuestionada por la sociedad GAM CONSTRUCCIONES S.A.S. a través de ningún recurso u otro medio procesal, luego de haber intervenido, por primera vez en el proceso ordinario, mediante la presentación de un poder radicado el 13 de marzo de 2018 por un abogado que adujo ser su representante; sin perjuicio de lo anterior, estima que tampoco cumple con el requisito de procedibilidad de inmediatez, dado que entre la fecha en que radicó el poder (fecha desde la cual se entiende conocía las actuaciones adelantadas en el proceso), y la fecha de interposición de la acción de tutela (25 de octubre de 2018), transcurrieron más de seis meses, término que no resulta razonable ni oportuno para obtener la protección de los derechos fundamentales reputados como vulnerados con la providencia bajo examen.
En relación con las providencias del 15 de mayo de 2018 y 4 de septiembre de la misma anualidad, mediante las cuales, respectivamente, el Tribunal declaró que no existe legitimación en la causa de los miembros de la unión temporal para ser parte en la audiencia inicial y negó la solicitud de nulidad procesal impetrada por la sociedad GMA Construcciones S.A.S., se evidencia que esta no hizo uso de los recursos legalmente procedentes para controvertir tales decisiones.
En lo atinente al auto de 15 de mayo de 2018, que decidió sobre la excepción de falta de legitimación en la causa por pasiva, estima la Sección Primera que corresponde a una excepción mixta en los términos del numeral 6.º del artículo 180 de la Ley 1437 de 2011, razón por la cual contra tal determinación procedía el recurso de apelación (inciso final del precepto citado), pero la accionante, en lugar de utilizar este medio ordinario de defensa, optó por solicitar declarar una nulidad, luego de haber quedado debidamente ejecutoriada tal providencia.
La Sección Primera hace una advertencia oportuna al registrar que solo hasta la presentación del incidente de nulidad, el Tribunal tuvo la oportunidad de conocer «todos y cada uno de los argumentos presentados por la accionante como sustento de su solicitud de vinculación al proceso ordinario, de tal suerte que no es cierto que, de cara a tales argumentos, haya plasmado su criterio en distintas providencias».
Agrega que tal conocimiento se concretó en el auto que negó la solicitud de nulidad procesal, de fecha 4 de septiembre de 2018, contra el cual procedía el recurso de reposición, de acuerdo con lo establecido en el artículo 242 del CPACA, providencia en la que el Tribunal señaló «que no era necesaria su vinculación en forma independiente al proceso, que no estaba acreditada debidamente en la actuación su calidad como integrante de la Unión Temporal Transversal Boyacá y que la eventual nulidad que se hubiera producido se entendería saneada por su conducta procesal posterior, decisión ésta que pudo ser controvertida por la accionante mediante el uso del recurso ordinario antes citado en el cual precisara los fundamentos para desvirtuar cada una de los motivos aducidos por el Tribunal».
Así, la Sección Primera reitera que resulta inaceptable admitir la procedencia de la tutela contra providencia judicial, sin el previo agotamiento de todos los medios de defensa judicial disponibles; permitirlo, desnaturalizaría su carácter residual y excepcional, desdeñaría los principios de seguridad jurídica, debido proceso y el principio del juez natural; afirmando de manera categórica, la imposibilidad de intentar, acudiendo a la tutela, reemplazar las instancias propias de los procesos judiciales.
Concluye, de una parte, que como no se agotaron los recursos de ley, ni se intentó la acción de tutela dentro de un tiempo razonable, el principio de subsidiariedad y el requisito de procedibilidad de inmediatez fueron desatendidos y, de otra, que el asunto aún se encuentra en trámite y la acción de tutela, en este caso, está siendo utilizada para revivir términos procesales fenecidos.
1.8. Impugnación
El apoderado de la sociedad GAM Constructores S.A.S. impugna la sentencia proferida el 19 de diciembre de 2018 por la Sección Primera del Consejo de Estado. El argumento central de la inconformidad se funda en la presunta imposibilidad en que se vio para intervenir en el proceso de reparación directa incoado por el señor Leonel Alfonso Mendieta Navas contra el Instituto Nacional de Vías, el Consorcio Hidrointegral 2009 y la Unión Temporal Transversal de Boyacá, circunstancia que a su juicio le impidió interponer «algún tipo de recurso», lo que redundó en la violación del debido proceso; añade que no se definió si las sociedades integrantes de una unión temporal pueden ejercer su derecho de defensa de manera independiente.
Arguye el impugnante, en relación con las decisiones particulares del Tribunal Administrativo de Boyacá cuestionadas en sede de tutela, lo siguiente:
Primero: respecto del auto del 18 de agosto de 2017, por el cual se negó la solicitud de INVIAS de vincular a los miembros de la Unión Temporal Transversal de Boyacá, su representada no formuló oposición alguna, dado que a la fecha de la audiencia «no fuimos notificados y mucho menos vinculados» para tal efecto.
Segundo: en relación con el auto expedido el 20 de marzo de 2018 por el cual el Tribunal se abstuvo de reconocer personería al apoderado de la sociedad GAM Constructores S.A.S., no hace reparo alguno; tan solo se limita a transcribir de, forma parcial, el motivo de la negativa, así: «dentro del plenario no se observa que dicha empresa funja como demandante, demandada o llamada en garantía».
Tercero: En cuanto a la audiencia inicial, llevada a efecto el 15 de mayo de 2018, indica que se le negó toda posibilidad de participar, «pese a que dentro de la misma aporté certificado de existencia y representación que acreditaba la calidad de la sociedad GAM CONSTRUCTORES S.A.S.». Arguye que el Tribunal argumentó que una sociedad integrante de una unión temporal no está legitimada en la causa para intervenir dentro de una acción de reparación directa, pues tal legitimación solo recae en el apoderado designado por el representante legal de la Unión Temporal Transversal de Boyacá, invocando al efecto el precedente jurisprudencial del Consejo de Estado.
En párrafo confuso e incoherente, menciona que no recurrió el auto -podría estar refiriéndose al que se acaba de mencionar-, pues si el Tribunal advirtió que existía prueba de la existencia y representación legal de la sociedad, «el mismo podría ser subsanado mediante la remisión del documento en mención, expedido por la Cámara de Comercio».
Respecto del requisito de inmediatez considera que el término razonable debe contarse a partir de la última providencia, esto es del 4 de septiembre de 2018, fecha del auto que resolvió la solicitud de nulidad.
2. Consideraciones
2.1. Competencia
De acuerdo con lo dispuesto en el artículo 86 Constitucional y el artículo 2.° del Acuerdo 377 de 2018, según el cual «las tutelas que sean de competencia del Consejo de Estado en primera instancia y en segunda instancia se someterán a reparto por igual entre todos los magistrados de la Sala de lo Contencioso Administrativo y serán resueltas por la sección o subsección de la cual haga parte el magistrado a quien le haya correspondido el reparto», esta Sala es competente para conocer de la presente impugnación, interpuesta contra el fallo de tutela proferido por la Sección Primera de esta Corporación.
2.2. Problema jurídico
Consiste en determinar si es dable a través de la acción de tutela examinar la vulneración del derecho al debido proceso que puedan comportar las decisiones contenidas en los autos proferidos por el Tribunal Administrativo de Boyacá fechados el (i) 18 de agosto de 2017, que negó la solicitud elevada por el Instituto Nacional de Vías INVIAS de vincular al proceso en calidad de litisconsortes a los miembros de la Unión Temporal Transversal de Boyacá, (ii) 15 de mayo de 2018, que declaró que no existe legitimidad en la causa de los miembros de la unión temporal para ser parte en la audiencia inicial y, (iii) 4 de septiembre de 2018, a través del cual negó la solicitud de nulidad procesal elevada por la sociedad GMA Construcciones S.A.S. en el medio de control de reparación directa 15001-23-33-000-2014-00575-00.
2.3. De la procedencia excepcional de la acción de tutela contra providencias judiciales
La acción de tutela fue prevista en el artículo 86 de la Constitución Política de Colombia como un medio a través del cual toda persona puede reclamar ante los jueces, mediante un procedimiento preferente y sumario, por sí misma o por quien actúe en su nombre, la protección inmediata de sus derechos fundamentales «cuando quiera que estos resulten vulnerados o amenazados por la acción u omisión de cualquier autoridad pública».
El Decreto 2591 de 1991 reglamentó su ejercicio y estableció en sus artículos 11, 12 y 40 la posibilidad de utilizar la acción de tutela para controvertir sentencias judiciales ejecutoriadas, artículos que posteriormente fueron declarados inexequibles por la Corte Constitucional en la sentencia C-543 de 1992, al considerarse que atentaban contra los principios de la cosa juzgada y la seguridad jurídica, además de trasgredir la autonomía e independencia judicial, así como las normas de competencia fijadas por la Constitución.
Sin embargo, dentro de la ratio decidendi de dicha sentencia, se abrió la posibilidad de manera excepcional y como mecanismo transitorio de protección, de utilizar la acción de tutela en casos en que «el juez incurriera en dilaciones injustificadas, actuaciones de hecho que desconozcan derechos fundamentales o cuando la decisión pueda causar un perjuicio irremediable», hipótesis frente a las que, señaló la Corte, no puede hablarse de atentado contra la seguridad jurídica de los asociados.
En este entendido, la jurisprudencia constitucional ha evolucionado en torno a la consideración de la procedencia excepcional de la acción de tutela contra providencia judicial, desarrollando diferentes reglas para su estudio, consolidadas en la sentencia C-590 de 2005, en la que se hace distinción entre causales genéricas, aquellas que hacen referencia a los requisitos que posibilitan la interposición de la acción, y causales específicas de procedibilidad, que persiguen verificar la procedencia misma del amparo una vez cotejada la validez de su interposición.
De esta forma, se señalaron como causales genéricas de procedencia las siguientes: (i) que la cuestión que se discuta resulte de evidente relevancia constitucional; (ii) que se hayan agotado todos los medios ordinarios y extraordinarios de defensa judicial al alcance de la persona afectada, salvo que se trate de evitar la consumación de un perjuicio irremediable; (iii) que se cumpla el requisito de la inmediatez, contado a partir del hecho que originó la vulneración; (iv) que cuando se trate de una irregularidad procesal, se señale de manera clara que esta tiene un efecto decisivo o determinante en la sentencia que se impugna y que afecta los derechos fundamentales de la parte actora; (v) que ésta identifique de manera razonable tanto los hechos que generaron la vulneración así como los derechos vulnerados y que se hubiere alegado en el proceso judicial siempre que hubiere sido posible; y (vi) que no se trate de sentencias de tutela.
El Consejo de Estado en sentencia del 31 de julio de 2012, unificó su jurisprudencia en torno a la procedibilidad excepcional de la acción de tutela contra providencias judiciales, admitiendo que debe acometerse el estudio de fondo, cuando se esté en presencia de providencias judiciales que resulten violatorias de derechos fundamentales relacionados con el acceso a la administración de justicia, el debido proceso y el derecho de defensa, observando para ello los parámetros fijados por la ley y la jurisprudencia.
Asimismo, como garantía del principio de la seguridad jurídica, en sentencia de 5 de agosto de 2014 acogió un plazo de seis (6) meses, contados a partir de la notificación o ejecutoria de la sentencia, según el caso, como tiempo razonable para determinar si la acción de tutela contra providencias judiciales se ejerce oportunamente, término de inmediatez que debe considerarse en cada caso concreto, de acuerdo con los parámetros señalados para el efecto por la Corte Constitucional.
2.4. De la acción de tutela como mecanismo excepcional para controvertir autos interlocutorios
De acuerdo con la jurisprudencia constitucional el concepto de providencia judicial comprende tanto las sentencias como los autos que son proferidos por las autoridades judiciales; sin embargo, en materia de decisiones adoptadas en autos interlocutorios la Corte ha señalado que éstos, por regla general, deben ser discutidos por medio de los recursos ordinarios que el legislador ha dispuesto para el efecto.
En tal sentido, la acción de tutela procederá solamente: (i) cuando se evidencie una vulneración o amenaza de los derechos fundamentales de las partes que no puede ser reprochada mediante otros medios de defensa judicial. Por tanto, la acción constitucional no será procedente cuando han vencido los términos para interponer los recursos ordinarios y la parte afectada no hizo uso de ellos, o cuando fueron utilizados, pero en forma indebida; (ii) cuando a pesar de que existen otros medios, éstos no resultan idóneos para proteger los derechos afectados o amenazados; o (iii) cuando la protección constitucional es urgente para evitar un perjuicio irremediable.
Además, para que proceda la acción de tutela deberán reunirse los requisitos generales de procedencia y los requisitos especiales de procedibilidad de este medio judicial contra providencias judiciales, fijados por la Corte Constitucional.
Refiriéndose a las actuaciones de los jueces dentro de un proceso en trámite, la sentencia C-543 de 1992 ut supra citada, consideró lo siguiente:
[…] no está dentro de las atribuciones del juez de tutela la de inmiscuirse en el trámite de un proceso judicial en curso, adoptando decisiones paralelas a las que cumple, en ejercicio de su función, quien lo conduce, ya que tal posibilidad está excluida de plano en los conceptos de autonomía e independencia funcionales, a los cuales ya se ha hecho referencia. De ningún modo es admisible, entonces, que quien resuelve sobre la tutela extienda su poder de decisión hasta el extremo de resolver sobre la cuestión litigiosa que se debate en un proceso, o en relación con el derecho que allí se controvierte […].
2.5. Hechos probados
La Sala extrae del expediente de reparación directa, los siguientes elementos de prueba:
El señor Leonel Alfonso Mendieta Navas a través de apoderado interpone medio de control de reparación directa contra el Instituto Nacional de Vías – INVIAS, el Consorcio Hidrointegral 2009 y la Unión Temporal Transversal de Boyacá, por los daños ocasionados sobre el inmueble rural denominado “El Porvenir” del cual es propietario en consideración a los hechos ocurridos el 13 de octubre de 2012, con ocasión de la construcción de un puente que conduce de San Pablo de Borbur a Otanche (ff. 7 a 14 cuaderno número 11).
Mediante auto de 19 de septiembre de 2016, el Tribunal Administrativo de Boyacá admitió la demanda y ordenó notificar personalmente al Instituto Nacional de Vías, INVIAS, al Consorcio Hidrointegral y a la Unión Temporal Transversal de Boyacá (ff. 115- 116 cuaderno número 11).
Con escrito de 23 de marzo de 2017 el Instituto Nacional de Vías, INVIAS contesta la demanda y se opone a cada una de las pretensiones del demandante; en el mismo escrito solicita la vinculación de los miembros de la Unión Temporal Transversal de Boyacá, a saber:
1. Álvarez y Collins S.A. en Liquidación, identificada con NIT 890402801-8
2. Vergel y Castellanos Ingenieros Asociados V&C S.A., identificada con NIT 800.057.402-5.
3. Promotora Montecarlo Vías S.A., identificada con NIT No. 806.008.737-1, quien a la fecha registra matrícula mercantil cancelada.
4. Construcciones Tecnificadas S.A. –Construtec S.A., identificada con NIT 860.350.549-2.
Por auto de 18 de agosto de 2017 el Tribunal Administrativo de Boyacá negó la solicitud elevada por el INVIAS de vincular a los integrantes de la Unión Temporal Transversal de Boyacá, al considerar que la Unión Temporal se encuentra vinculada a la demanda, incluso desde el trámite de la conciliación prejudicial, denotando con ello que de acuerdo con el acta de conciliación fallida ella se hizo presente la apoderada de dicha unión.
Respecto de la forma de vinculación de las Uniones Temporales a los procesos judiciales en que pretendan ser parte como demandantes o demandados, trajo a colación la sentencia de unificación del Consejo de Estado del 25 de septiembre de 2013, para concluir que «encontrándose debidamente vinculada a las presentes actuaciones, la Unión Temporal Transversal de Boyacá, la solicitud efectuada por el
apoderado judicial de INVIAS debe ser despachada desfavorablemente» (ff. 21 a 25 cuaderno número 9).
El 13 de marzo de 2018 el abogado Álvaro Efraín Diazgranados de Pablo radicó ante el Tribunal poder a él conferido por representante legal de la empresa GAM CONSTRUCCIONES S.A.S. y solicitó le fuera reconocida la personería adjetiva (ff.474 a 475 cuaderno número 11).
Mediante providencia de 20 de marzo de 2018 el Tribunal Administrativo de Boyacá se abstuvo de reconocer personería para actuar al abogado Álvaro Efraín Díazgranados de Pablo, dado que «no se determina la calidad en la que actúa la empresa GAM CONSTRUCCIONES S.A.S, cuyo representante legal le ha conferido poder al abogado en mención, pues dentro del plenario no se observa que dicha empresa funja como demandante, demandada o llamada en garantía, y adicionalmente, por cuanto anexo al escrito de poder (fl. 473) no se allega documento que acredite la representación legal de la empresa en cuestión». A renglón seguido señala el día 15 de mayo de 2018 para llevar a cabo la audiencia inicial. (ff. 476 y vuelto).
El 15 de mayo de 2018 se llevó a cabo la audiencia inicial, y el Magistrado Ponente en el audio dejó la siguiente constancia «se surtieron los trámites de rigor con relación a los ya mencionados entre los cuales está la Unión Temporal Transversal de Boyacá S.A y si bien se ha manifestado por el Consejo de Estado la posibilidad de que cada uno de los miembros de la unión temporal defienda sus derechos dentro de los procesos contencioso administrativos, ni ha sido notificado alguno en forma individual ni tampoco se ha surtido ningún trámite procesal con relación a ellos, ni traslado de la demanda, ni traslado de los 25 días, en consecuencia, no observa el despacho que esté legitimado en la causa de manera individual los integrantes de la Unión Temporal Transversal de Boyacá» (ff. 487 a 490 cuaderno número 10).
El 6 de julio de 2018 el apoderado de la empresa GAM Construcciones S.A.S. radica escrito de nulidad por la indebida notificación del auto admisorio de la demanda y solicita integrar de manera debida el contradictorio, notificando de tal providencia a los litisconsortes necesarios, petición que la sustenta bajo la causal octava del artículo 133 del Código General del Proceso, dado que con los autos de 20 de marzo y 15 de mayo de 2018 el Tribunal se «impidió la participación individual de la empresa» a la que representa (ff. 532 a 542 cuaderno número 10).
Mediante auto de 4 de septiembre de 2018, el Tribunal Administrativo de Boyacá negó la solicitud de nulidad elevada por el apoderado de la empresa GAM CONSTRUCCIONES S.A.S. con base en las siguientes consideraciones:
[…]
«Al respecto y en relación con la forma de vinculación de las Uniones Temporales a los procesos judiciales en que pretendan ser parte como demandantes o demandados, el Despacho considera pertinente hacer alusión al proveído del Consejo de Estado que fuera analizado al momento de resolver negativamente la solicitud del apoderado de INVÍAS.
Como se señaló en dicho pronunciamiento, el Consejo de Estado señaló la posibilidad de que las uniones temporales comparezcan a un proceso judicial sin que sea necesario vincular a cada uno de los miembros de esta, así:
[…]
En atención a los anteriores planteamientos se consideró por el Despacho que encontrándose debidamente vinculada a las presentes actuaciones, la Unión Temporal Transversal de Boyacá, no resultaba necesario vincular a los miembros de la misma de forma individual pues esta representa los intereses de cada uno de ellos.
En esta oportunidad, quien funge como apoderado de la sociedad GAM CONSTRUCCIONES S.A.S. solicita se decrete la nulidad de lo actuado con sustento en la causal 8ª del artículo 133 del C.G.P.
[…]
Como se observa en la causal invocada por el profesional del derecho, la misma alude a que no se haya efectuado la notificación del auto admisorio de la demanda, a todas aquellas personas que debieron ser citadas, situación que no acontece en el presente asunto pues encontrándose vinculada la unión temporal en cita, la vinculación de las sociedades que hacen parte de la misma no es una camisa de fuerza para este despacho, dado que la representación de estas se encuentra en cabeza de la Unión Temporal (ff. 589 a 593 cuaderno número 10) ».
[…]
2.6. Análisis de la Sala
El argumento central de la impugnación presentada contra la sentencia proferida el 19 de diciembre de 2018 por la Sección Primera del Consejo de Estado, se funda en la presunta imposibilidad en la que fue puesta la sociedad GAM Construcciones S.A.S., de intervenir de forma independiente en el trámite procesal del medio de control de reparación directa, incoado por el señor LEONEL ALFONSO MENDIETA NAVAS en contra del INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS -INVÍAS, el CONSORCIO HIDROINTEGRAL 2009 y la UNIÓN TEMPORAL TRANSVERSAL DE BOYACÁ, circunstancia que habría redundado en la vulneración de su derecho fundamental al debido proceso. También cuestionó la interpretación hecha por el tribunal de la sentencia de unificación del 25 de septiembre de 2013 pues, según su entendimiento, se desatendió la posibilidad con que cuentan los integrantes de las uniones temporales de comparecer en los procesos judiciales de forma independiente.
Las actuaciones cuestionadas corresponden al auto del 18 de agosto de 2017, la decisión del Tribunal plasmada en el auto de 20 de marzo de 2018, y la providencia de 15 de mayo de 2018 -dictado con posterioridad a la convocatoria de la audiencia inicial. Solicita tutelar el derecho fundamental al debido proceso, dejar sin efecto las providencias impugnadas y, en su lugar, permitírsele intervenir en el proceso.
1) Auto de 18 de agosto de 2017. En relación con esta providencia, mediante el cual se negó la solicitud de INVÍAS de vincular a la actuación a los miembros de la UNIÓN TEMPORAL TRANSVERSAL DE BOYACÁ, integrada por las sociedades Álvarez y Collins S.A en liquidación, Vergel y Castellanos Ingenieros Asociados V&C S.A, Promotora Montecarlo Vías S.A. y Construcciones Tecnificadas S.A., el accionante se limitó a expresar que nada manifestó «en atención a que no fuimos ni notificados ni mucho menos vinculados para hacer oposición».
Admite así una verdad sabida, toda vez que a la fecha de expedición de esta providencia, no había adelantado ninguna actuación para vincularse y hacerse parte en el proceso; por consiguiente, para el Tribunal resultaba procedente notificar solo a las personas contra las que se dirigió la demanda, dentro de las cuales, de manera obvia, no se encontraba la sociedad GAM CONSTRUCCIONES S.A.S, de lo cual sigue que no puede haber reparo alguno a la actuación del Tribunal.
Además, la Sala comparte en su integridad el criterio de la Sección Primera, relativo al incumplimiento del requisito de inmediatez en este caso, al constatarse que el accionante luego de haber intervenido el 13 de marzo de 2018, mediante la presentación de un poder en el que manifestaba actuar en nombre y representación de GAM Construcciones S.A.S., no cuestionó dicho auto a través de ningún recurso u otro medio procesal, con evidente quebrantamiento también del principio de subsidiariedad.
En efecto, entre el 13 de marzo de 2018 (fecha en la que se entiende que el accionante conoció el proceso) y la fecha de interposición de la tutela (25 de octubre de 2018), transcurrió un lapso mayor a seis meses, término que no es razonable para solicitar la protección de los derechos vulnerados con ocasión de dicha providencia.
El impugnante cuestiona esta conclusión, acudiendo al recurrente argumento de que se le impidió intervenir en la audiencia inicial, arguyendo que en esas condiciones le era imposible interponer los recursos «de manera oral y no escritos y posteriormente tal y como lo pretenden hacer ver».
Olvida el accionante que como consta en el Informe del Tribunal -y se constata en el expediente- «el 13 de marzo del presente año, el abogado ALVARO DIAZGRANADOS DE PABLO radicó ante la Secretaría del Tribunal, escrito poder conferido por el señor Gilberto Álvarez Mulford en representación de la Sociedad GAM CONSTRUCCIONES S.A.S.», personería adjetiva que no fue reconocida como pasa a analizarse a continuación, advirtiendo que esta decisión no se adoptó en audiencia como menciona el accionante, razón por la cual operó sin lugar a dudas el incumplimiento del requisito de inmediatez como se dejó expuesto.
2) Referencia necesaria al auto de 20 de marzo de 2018. Mediante esta providencia el Tribunal se abstuvo de reconocerle personería al abogado de la sociedad GAM CONSTRUCCIONES S.A.S., a su vez el impugnante se limitó a trascribir la motivación de la decisión: «no se determinó la calidad en la que actuó la empresa, pues dentro del plenario no se observa que dicha empresa funja como demandante, demandado o llamado en garantía.»
Se destaca, desde ya, que este auto, conforme a lo estipulado en el artículo 180 del CPACA, fijó el día 15 de mayo de 2018 para llevar a cabo la audiencia inicial.
A pesar de que el impugnante en la práctica no cuestiona el auto, es preciso advertir que en su escrito de impugnación afirma que mediante esta providencia y el auto fechado el 15 de mayo de 2018, se le impidió intervenir dentro del trámite judicial, de manera independiente a la Unión Temporal.
Pues bien, valga resaltar ante el argumento persistente -no se le permitió intervenir en el proceso-, que revisado el expediente del medio de control de reparación directa, se puede advertir que hasta la fecha de la audiencia inicial, la única actuación del accionante fue la de radicar un poder el 13 de marzo de 2018, sin que, por lo demás, hubiera aportado otro soporte que respaldara la calidad en la que estaba actuando, o las presuntas pretensiones que quería hacer valer procesalmente. Contra esta providencia, pese a no ser demandada, en este mecanismo excepcional, tampoco se interpuso recurso alguno.
Conviene reiterar, tal como lo afirmó la Sección Primera, que el 13 de marzo de 2018 es la fecha en la que «se entiende que la accionante conocía las decisiones adoptadas hasta ese momento en el proceso», criterio que comparte la Sala.
3) Auto de mayo 15 de 2018. En esta fecha se celebró la audiencia inicial, convocada mediante auto de 20 de marzo de la misma anualidad.
Reitera que en la audiencia inicial se le negó cualquier posibilidad de participar y de hacerse reconocer como parte, «pese a que dentro de la misma aporté certificado de existencia y representación que acreditaba la calidad de la sociedad GAM CONSTRUCCIONES S.A.S.». La negativa la fundó el Tribunal, a su juicio, en la consideración de que una sociedad integrante de una unión temporal, no está legitimada en la causa para intervenir de forma independiente, debido a que solo lo está la unión temporal.
Las anteriores aseveraciones del impugnante no corresponden a la realidad procesal, como se comprueba en el audio de la audiencia inicial que reza: «se deja constancia por el despacho se surtieron todos los trámites de rigor con relación a los ya mencionados entre los cuales está la Unión Temporal Transversal de Boyacá, y si bien se ha manifestado por el Consejo de Estado la posibilidad de que cada uno de los miembros de la unión temporal defiendan sus derechos dentro de los procesos contencioso administrativos, ni ha sido notificado alguno en forma individual, ni tampoco se ha surtido ningún trámite procesal con relación a ellos, ni traslado de la demanda, ni traslado de los 25 días, en consecuencia, no observa el despacho que esté legitimado en la causa de manera individual los integrantes de la Unión Temporal Transversal de Boyacá, en consecuencia se deja constancia para efectos de la presente audiencia».
En el informe de respuesta a la acción de tutela rendido por el Tribunal Administrativo de Boyacá se consigna lo siguiente: «Al momento de llevarse a cabo la audiencia inicial el 15 de mayo del corriente año, se hizo presente el abogado de la sociedad GAM CONSTRUCCIONES S.AS con el fin de participar en el desarrollo de la misma, dejándose constancia por el Despacho que no resultaba viable tal intervención al no haberse efectuado la vinculación individual de las empresas que hacen parte de la Unión Temporal S.AS.».
De lo anterior resulta que la negativa del Tribunal de permitir la intervención del apoderado de la sociedad GAM CONSTRUCCIONES S.A.S., nada tiene que ver con la aplicación o interpretación de la sentencia de unificación, sino con la omisión de la sociedad mencionada en cumplir con las cargas procesales para hacerse reconocer como parte oportunamente.
En efecto, los procesos constituyen un conjunto normativamente reglado de actos sucesivos que contemplan en el tiempo oportunidades y términos que deben necesariamente cumplirse «al punto que un acto no resulta posible si no se ha superado la oportunidad en que deba ejecutarse otro anterior, y así sucesivamente, pero una vez clausurada cada etapa se sigue inexorable la siguiente aunque se hayan omitido las actividades señaladas para esa ocasión. Desde este punto de vista, el proceso es un sistema de ordenación del tiempo dentro del cual los diferentes sujetos procesales deben cumplir las actividades requeridas por la ley, las cuales constituyen actos preparatorios para la resolución de las pretensiones de las partes a través de la sentencia».
Ahora bien, el ordenamiento jurídico establece términos procesales, mediante los cuales se fijan las oportunidades que la ley, o en su caso el juez, señalan para dar cumplimiento y ejecutar las etapas o actuaciones que deben adelantarse dentro del proceso, ya sea por el juez, las partes, los terceros intervinientes o quienes en esos mismos términos prueben conforme a la ley procesal su interés o el derecho que les asiste.
Dispone el artículo 179 del CPACA:
ETAPAS. El proceso para adelantar y decidir todos los litigios respecto de los cuales este Código u otras leyes no señalen un trámite o procedimiento especial, en primera y en única instancia, se desarrollará en las siguientes etapas:
1. La primera, desde la presentación de la demanda hasta la audiencia inicial.
2. La segunda, desde la finalización de la anterior hasta la culminación de la audiencia de pruebas, y
3. La tercera, desde la terminación de la anterior, comprende la audiencia de alegaciones y juzgamiento y culmina con la notificación de la sentencia. (…).
Por su parte el artículo 180, reglamenta la audiencia inicial, la que se convocará «vencido el término de traslado de la demanda o de la de reconvención según el caso, el Juez o Magistrado Ponente», y establece las reglas a las que se sujeta, entre ellas, la de que en ella actúan como intervinientes todos los apoderados, quienes deben concurrir obligatoriamente, las partes, los terceros y el Ministerio Público (num. 2º).
En el presente caso se está en presencia, de un lado, de una oportunidad procesal inexcusable que fue inobservada por el impugnante, la establecida en el artículo 224 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo, a cuyo tenor «desde la admisión de la demanda y hasta antes de que se profiera el auto que fija fecha para la realización de la audiencia inicial, en los procesos con ocasión de pretensiones de nulidad y restablecimiento del derecho, contractuales y de reparación directa cualquier persona que tenga interés directo, podrá pedir que se le tenga como coadyuvancia o impugnadora, litisconsorte o como interviniente ad excludendum». (Se destaca)
Del texto de la norma se desprende que el Tribunal tutelado, en desarrollo de la audiencia inicial, no tenía alternativa distinta a la de negar toda intervención al abogado que manifestó representar a la sociedad GAM Construcciones S.A.S.
Es conveniente resaltar que las cargas procesales que ha debido cumplir el impugnante fueron sistemáticamente desatendidas, tal como quedó expuesto: presentó un poder para actuar, pero omitió aportar el certificado de existencia y representación, lo que motivó la negativa de reconocimiento de personería adjetiva en auto de 20 de marzo de 2018, sin que se hubiese interpuesto en tiempo recurso alguno contra tal decisión.
Es decir que la única actuación del apoderado, previa al señalamiento de la audiencia inicial fijada para el 15 de mayo de 2018 en auto de 20 de marzo de la misma anualidad, fue solicitar reconocimiento de personería mediante la presentación de un poder, sin acreditar la representación de quien lo otorgaba.
En estas condiciones, los argumentos relativos a la presunta aplicación equivocada de la jurisprudencia de unificación de 25 de septiembre de 2013 resultan irrelevantes para demeritar la decisión de la sentencia de la Sección Primera, ante la flagrante omisión de la sociedad GAM CONSTRUCCIONES S.A.S. para hacerse reconocer como parte, en la condición que hubiera demostrado, con anterioridad a la oportunidad para celebrar la audiencia inicial, señalada en el artículo 224 del CPACA.
De igual forma, no es del caso dilucidar la procedencia de recursos ordinarios contra la negativa de permitir la intervención del apoderado de la sociedad GAM CONSTRUCCIONES S.A.S contenida en el auto de 15 de mayo de 2018. Baste señalar que a la audiencia inicial solo pueden concurrir, de manera obligatoria, los apoderados de las partes regularmente reconocidas en el proceso y, como está comprobado, de esta condición carecía en absoluto el abogado de la empresa accionante; por lo demás, tampoco ostentaba la calidad de parte.
La sentencia C- 086 de 2016, al revisar la constitucionalidad de normas del Código General del Proceso, precisó: «5.3 La Corte ha señalado en forma insistente que evadir el cumplimiento de las cargas procesales no es un criterio avalado por la jurisprudencia constitucional, “en la medida en que el desconocimiento de las responsabilidades de las partes en el proceso atentaría contra los mismos derechos que dentro de él se pretenden proteger y llevaría por el contrario a la inmovilización del aparato encargado de administrar justicia”. Autorizar libremente el incumplimiento de las cargas procesales “llevaría al absurdo de permitir que se propenda por perseguir intereses a través de la jurisdicción sin limitaciones ni restricciones procesales, incluso alegando la propia culpa o negligencia”», lo que desde luego rechaza la jurisprudencia constitucional.
Y agrega, «Una característica de las cargas procesales es entonces su carácter potestativo (a diferencia de la obligación procesal), de modo que no se puede constreñir a cumplirla. Una característica es que la omisión de su realización «puede traer consecuencias desfavorables para éste, las cuales pueden ir desde la preclusión de una oportunidad o un derecho procesal hasta la pérdida del derecho material».
En palabras ya clásicas, «la carga funciona, diríamos, ὰ double face; por un lado el litigante tiene la facultad de contestar, de probar, de alegar; en ese sentido es una conducta de realización facultativa; pero tiene al mismo tiempo algo así como el riesgo de no contestar, de no probar, de no alegar. El riesgo consiste en que, si no lo hace oportunamente, se falla en el juicio sin escuchar sus defensas, sin recibir sus pruebas o sin saber sus conclusiones. Así configurada, la carga es un imperativo del propio interés».
De todo lo anterior, queda suficientemente establecido que el impugnante hizo caso omiso de las cargas procesales obligatorias para intervenir en el trámite del medio de control de reparación directa y dejó precluir las oportunidades que la ley procedimental le proporcionaba, en particular la de haber obtenido el reconocimiento de la personería adjetiva con anterioridad de la fijación de la fecha para la audiencia inicial.
En efecto, hizo caso omiso de las previsiones del numeral 1º del artículo 180 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo que dispone respecto de la audiencia inicial: «Oportunidad. La audiencia se llevará a cabo bajo la dirección del Juez o Magistrado Ponente dentro del mes siguiente al vencimiento del término de traslado de la demanda o del de su prórroga o del de la de reconvención o del de la contestación de las excepciones o del de la contestación de la demanda de reconvención, según el caso. El auto que señale fecha y hora para la audiencia se notificará por estado y no será susceptible de recursos».
4) Auto de 4 de septiembre de 2018. Finalmente, en lo atinente a esta providencia que negó la nulidad procesal alegada por el aquí accionante, contra ella pudo haber presentado el recurso de reposición contenido en el artículo 242 del CPACA, tal y como concluyó la Sección Primera, y no lo hizo, conducta omisiva que quebrante el principio de subsidiariedad.
Resulta pertinente destacar que la sociedad GAM CONSTRUCCIONES S.A.S. no demostró fehacientemente que esta hiciera parte de la Unión Temporal Transversal de Boyacá, como lo indicó el Tribunal tutelado, pues a pesar de que con el escrito de nulidad aportó el certificado de existencia y representación de esa sociedad, en el que manifiesta que ella se conformó por la absorción de la sociedad CONSTRUCTORA MONTECARLO VIAS S.A. este no se infiere que la sociedad absorbida correspondía a PROMOTORA MONTECARLO VIAS S.A., sociedad que sí hacía parte de la Unión Temporal Transversal de Boyacá conforme al contrato No. 780 de 2009 suscrito entre el INVÍAS y la unión temporal.
A pesar del espectro de posibilidades procesales a disposición del impugnante, la sociedad GAM Construcciones S.A.S. no agotó ninguna de las vías disponibles y recurrió de manera directa a la acción de tutela, incumpliendo los requisitos de subsidiariedad y de inmediatez que constituyen elementos esenciales para la procedencia del amparo incoado.
3. Conclusión
De acuerdo con los argumentos expuestos, la Sala considera que no existió vulneración al derecho fundamental al debido proceso por parte del Tribunal Administrativo de Boyacá, en tanto se evidencia que en este caso existían otros mecanismos ordinarios de defensa judicial que resultaban idóneos y eficaces, que no fueron empleados, para solicitar la protección del derecho que se consideró amenazado; además, el requisito de inmediatez se dejó de cumplir en uno de los casos analizados.
Por lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Segunda, Subsección A, administrando justicia en nombre de la República de Colombia y por autoridad de la ley,
Falla
Confirmar la sentencia de tutela del 19 de diciembre de 2018, proferida en primera instancia por el Consejo de Estado, Sección Primera, que declaró improcedente la solicitud de amparo constitucional elevada por la sociedad GAM CONSTRUCCIONES S.A.S., por las razones expuestas en la parte considerativa que antecede.
Ejecutoriada esta providencia remitir el expediente de tutela a la Corte Constitucional para su eventual revisión.
Notifíquese y cúmplase.
La anterior providencia fue estudiada y aprobada por la Sala en sesión de la fecha.
WILLIAM HERNÁNDEZ GÓMEZ
GABRIEL VALBUENA HERNÁNDEZ
En comisión
RAFAEL FRANCISCO SUÁREZ VARGAS
CONSEJO DE ESTADO, Sección Tercera, Sala Plena, expediente 25000.23.26.000.1997.13930-01, C. P. Mauricio Fajardo Gómez. CONSEJO DE ESTADO, Sección Tercera, Sala Plena, expediente 25000-23-26-000-1997-1393-01, C. P. Mauricio Fajardo Gómez. Folios 45 a 47 cuaderno de tutela. CONSEJO DE ESTADO. Sección Tercera, Sala Plena C.P. Mauricio Fajardo Gómez, expediente radicado 25000-23-26-000-1997-13930-01. Visible a folios 54 a 56. Folio 78 cuaderno de tutela. Por medio del cual se modificó el reglamento interno del Consejo de Estado. Reiteradas en la sentencia SU-813 de 2007 y SU-913 de 2009. CONSEJO DE ESTADO, Sala Plena de lo Contencioso Administrativo. C.P. María Elizabeth García González, expediente radicado 11001-03-15-000-2009-01328-01(IJ). CONSEJO DE ESTADO. Sala Plena de lo Contencioso Administrativo. C.P. Jorge Octavio Ramírez, expediente radicado 11001-03-15-000-2012-02201-01 (IJ). Ver sentencias T 125 de 2010 y SU-817 de 2010, entre otras. Ver al respecto la sentencia T-489 de 2006, M.P. Marco Gerardo Monroy Cabra. CD aportado con el expediente de reparación directa, folio 505 cuaderno número 10.
(Cita original) CONSEJO DE ESTADO. Sección Tercera, Sala Plena, providencia del 25 de septiembre de 2003, Rad Nº. 25000232600019971393001. C.P. Mauricio Fajardo Gómez. CPCA: Artículo 196. Notificación de las providencias. Las providencias se notificarán a las partes y demás interesados con las formalidades prescritas en este Código y en lo no previsto, de conformidad con lo dispuesto en el Código de Procedimiento Civil. Folio 474 cuaderno 11 del expediente de reparación directa. Auto de 20 de marzo de 2018 folio 476 cuaderno 11 del expediente de reparación directa. Folio 79 cuaderno de tutela. Folio 474 cuaderno 11 del expediente de reparación directa. Folios 78 y 79 cuaderno de tutela. Auto de 20 de marzo de 2018. “[…] Finalmente, el despacho se abstendrá de reconocer personería para actuar al abogado ÁLVARO DIAZGRANADOS DE PABLO, dado que no se determina la calidad en la que actúa la empresa GAM CONSTRUCCIONES S.A.S., cuyo representante legal en quien le ha conferido poder al abogado en mención, pues dentro del plenario no se observa que dicha empresa funja como demandante, demandada o llamada en garantía, y adicionalmente, por cuanto anexo al escrito poder (fl. 473) no se allega documento que acredite la representación legal de la empresa en cuestión” folio 476 cuaderno 11 expediente de reparación directa. CD Audio Audiencia Inicial, f. 505 cuaderno 10 expediente de reparación directa. Record: minuto 6:40 a 7:42. Folios 45 a 47 cuaderno de tutela. CORTE CONSTITUCIONAL. T-546 de 1995, M.P. Antonio Barrera Carbonell. A su vez el artículo 224 establece: “Coadyuvancia, litisconsorte facultativo e intervención ad excludendum en los procesos que se tramitan con ocasión de pretensiones de nulidad y restablecimiento del derecho, contractuales y de reparación directa. Desde la admisión de la demanda y hasta antes de que se profiera el auto que fija fecha para la realización de la audiencia inicial, en los procesos con ocasión de pretensiones de nulidad y restablecimiento del derecho, contractuales y de reparación directa, cualquier persona que tenga interés directo, podrá pedir que se la tenga como coadyuvancia o impugnadora, litisconsorte o como interviniente ad excludendum. El coadyuvante podrá efectuar los actos procesales permitidos a la parte que ayuda, en cuanto no estén en oposición con los de esta y no impliquen disposición del derecho en litigio. En los litisconsorcios facultativos y en las intervenciones ad excludendum es requisito que no hubiere operado la caducidad. Igualmente, se requiere que la formulación de las pretensiones en demanda independiente hubiera dado lugar a la acumulación de procesos.
De la demanda del litisconsorte facultativo y el interviniente ad excludendum, se dará traslado al demandado por el término establecido en el artículo 172 de este Código.”
CONSEJO DE ESTADO, Sección Tercera, Sala Plena, expediente 25001-23-26-000-1997-13930-01 de 25 de septiembre de 2013, C.P. Mauricio Fajardo Gómez. CORTE CONSTITUCIONAL. C-662 de 2004 M.P. Rodrigo Uprimny Yepes y C-083 de 2015 M.P. Gloria Stella Ortíz Delgado. CORTE CONSTITUCIONAL. Sentencia C-1512 de 2000 M.P. Álvaro Tafur Gálvis. La Corte cita a Couture, Eduardo J., Fundamentos del Derecho Procesal Civil, 3ª edición, Roque Depalma Editor, Buenos Aires, 1958, p. 211 a 213. De conformidad con el artículo 150, numerales 1 y 2 de la Constitución Política, corresponde al Congreso de la República hacer, reformar y derogar las leyes y, por medio de ellas, expedir códigos en las distintas especialidades o ámbitos del derecho. En desarrollo de esta labor, entonces, el legislador tiene competencia para regular diversos procesos judiciales y para establecer las etapas, oportunidades y formalidades aplicables a cada uno de ellos, así como los términos para interponer las distintas acciones y recursos ante las autoridades judiciales. Contrato No. 780 de 2009, suscrito entre el INVÍAS y la Unión Temporal Transversal de Boyacá, se desprende que la misma está conformada por las sociedades ÁLVARZ Y COLLINS S.A., VERGEL Y CASTELLANOS INGENIEROS ASOCIEDOS V&C S.A., PROMOTORA MONTECARLO VIAS S.A. y CONSTRUCCIONES TECNIFICADAS S.A. (ff. 285 a 302) cuaderno número 11.
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