Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Primera, radicado 11001-03-15-000-2018-03987-00
Consejo de Estado · Sección Primera
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Consejo de Estado · Sección Primera
Acción de tutela contra providencia judicial: medio de Control de Nulidad y Restablecimiento
Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Primera, radicado 11001-03-15-000-2018-03987-00
Consejo de Estado · Sección Primera
República de Colombia
Consejo de Estado
Sección Primera
Radicado 11001-03-15-000-2018-03987-00
Consejero ponente: Roberto Augusto Serrato Valdés
26 de noviembre de 2018
ACCIÓN DE TUTELA CONTRA PROVIDENCIA JUDICIAL – Medio de Control de Nulidad y Restablecimiento / DESCONOCIMIENTO DEL PRECEDENTE JUDICIAL – No se configura / INGRESO BASE DE LIQUIDACIÓN PARA BENEFICIARIOS DEL RÉGIMEN DE TRANSICIÓN – Factores sobre los cuales hubiere cotizado
[L]a Sala concluye, en primer lugar, que no encuentra acreditado que la demandante sea beneficiaria de algún régimen especial, sino del general de los servidores públicos, contenido en la Ley 33 de 1985, y, en segundo lugar, que el asunto sub judice guarda relación con la inconformidad del demandante respecto del IBL con el que fue liquidada su pensión, por lo que la Sala debe determinar si la autoridad accionada desconoció el precedente jurisprudencial del Consejo de Estado, contenido en la sentencia de 4 de agosto de 2010.(…) Dado el reciente pronunciamiento que hizo la Sala Plena de esta Corporación, en su decisión de 28 de agosto de 2018, en la que con efecto retrospectivo, estimó que aquella línea jurisprudencial desconocía el principio de solidaridad en materia de seguridad social y la voluntad del legislador de delimitar los factores salariales que conforman la base de liquidación, no resulta viable que, en sede de tutela, se ordene dar aplicación a la sentencia de unificación de 4 de agosto de 2010 (…) Para determinar el IBL de los pensionados cobijados por el régimen general contenido en la Ley 33 de 1985, se deben aplicar la regla y subreglas plasmadas en la sentencia de unificación de la Sala Plena del Consejo de Estado, de 28 de agosto de 2018, que constituye el precedente obligatorio para este tipo de controversias tanto en sede administrativa, como judicial (…). [L]os factores salariales que se deben incluir en el IBL son únicamente aquellos sobre los que se haya cotizado al Sistema General de Pensiones, por lo que no es dable incluir otros o la totalidad de los devengados respecto de los que no se hayan realizado oportunamente estos aportes (…) [por lo que ]no le asiste razón a la demandante, en el sentido de que su pensión de jubilación debió ser reliquidada para que su monto se calculara con base en el 75% del salario promedio con todos los factores devengados en el último año de servicios, sino que se deben incluir en el IBL aquellos sobre los que se hayan efectuado los aportes o cotizaciones al Sistema de Pensiones.
FUENTE FORMAL: LEY 100 DE 1993 / LEY 33 DE 1985
NOTA DE RELATORÍA: Respecto de la procedencia de la acción de tutela contra providencia judicial, consultar: Consejo de Estado, Sala Plena, Sentencia del 31 de julio de 2012, exp No. 11001 - 03-15-000-2009-01328-01, M.P.: María Elizabeth García González. Sobre el ingreso base de liquidación en el marco del régimen de transición de la Ley 100 de 1993, ver: Corte Constitucional, sentencia de 22 de junio de 2017, exp: SU-395, M.P. Luis Guillermo Guerrero Pérez. En cuanto al último pronunciamiento sobre el establecimiento del IBL en los términos de la Ley 100 de 1993 a quienes se aplica la Ley 33 de 1985 por ser beneficiarios del régimen de transición, ver: Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso Administrativo sentencia del 28 de agosto de 2018, exp: 52001-23-33-000-2012-00143-01, CP. César Palomino Cortés.
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN PRIMERA
Consejero ponente: ROBERTO AUGUSTO SERRATO VALDÉS
Bogotá, D.C., veintiséis (26) de noviembre de dos mil dieciocho (2018)
Radicación número: 11001-03-15-000-2018-03987-00(AC)
Actor: LIGIA NUR VALDÉS TEJADA
Demandado: TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DE CUNDINAMARCA
La Sala procede a dictar sentencia en la acción de tutela presentada por la señora Ligia Nur Valdés Tejada, mediante apoderado judicial, en contra del Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Segunda, Subsección F, por la presunta vulneración de sus derechos fundamentales, a la seguridad social, al debido proceso y a la igualdad, con ocasión de la sentencia de 16 de marzo de 2018, proferida en el medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho 11001-33-35-013-2014-00324-01.
ANTECEDENTES
La solicitud de amparo
La señora Ligia Nur Valdés Tejada considera que el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Segunda, Subsección F, vulneró los derechos fundamentales ya referidos, al proferir la sentencia de 16 de mayo de 2018, en el medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho 11001-33-35-013-2014-00324-01, que revocó el fallo proferido por el Juzgado Cuarenta y Siete Administrativo del Circuito Judicial de Bogotá, que había accedido a las pretensiones, consistentes en anular el acto administrativo demandado y condenar a la Nación – Ministerio de Educación Nacional – Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio (en adelante Fomag) a reliquidar la pensión de jubilación, en cuantía equivalente al 75% del salario promedio devengado en el último año de servicios con la inclusión de todos los factores devengados en este interregno, para, en su lugar, negarlas.
Los hechos
La demandante sustentó la solicitud de amparo en los siguientes hechos:
Indicó que laboró desde el 12 de julio de 1971 hasta el 17 de agosto de 1993, en el Instituto de Seguro Social (ISS), Instituto Colombiano de la Reforma Agraria (INCORA y el Instituto Nacional de Adecuación de Tierras (INAT).
Afirmó que la extinguida Caja Nacional de Previsión Social (Cajanal EICE) le reconoció su pensión de jubilación [Ley 33 de 1985] sin incluir la totalidad de los factores salariales devengados en el último año de servicios y, ante la negativa a su solicitud, demandó su anulación por medio del control de nulidad y restablecimiento del derecho.
Mencionó que el Juzgado Cuarenta y Siete Administrativo del Circuito Judicial de Bogotá, en sentencia de 19 de mayo de 2016, accedió a las pretensiones de la demanda; sin embargo, el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Segunda, Subsección F, al decidir el recurso de apelación interpuesto por la UGPP, en fallo de 14 de marzo de 2018, revocó la decisión y, en su lugar, las denegó al considerar que la pensión debía liquidarse bajo la Ley 100 de 1993 y el Decreto 1158 de 1994, en atención a los fallos de la Corte Constitucional C-258 de 2013, SU-230 de 2015, SU-427 de 2016 y SU-395 de 2017.
Refirió que el fallo proferido por el Tribunal accionado incurre en desconocimiento del precedente, por cuanto «[…] al aplicar la sentencia C-258 DE 2013, SU-230 DE 2015, SU-427 DE 2016 Y SU-395 DE 2017 proferidas por la Corte Constitucional, está desconociendo la jurisprudencia de unificación del Honorable Consejo de Estado [del 4 de agosto de 2010, en el radicado 2006-7509]», además de incurrir en «[…] un Defecto Material o Sustantivo, al condenar en segunda instancia al demandante, conforme al artículo 188 de la Ley 1437 de 2011 y el numeral 4 del artículo 1 del CPACA, abandonando el criterio subjetivo para su imposición, y adoptando uno objetivo», y aunado a ello desconoció los principios de inescindibilidad de la norma, derechos adquiridos y expectativas legitimas.
Las pretensiones
El accionante formuló las siguientes pretensiones:
1. AMPARAR los derechos A LA SEGURIDAD SOCIAL, VIDA DIGNA Y MINIMO VITAL DE LAS PERSONAS DE LA TERCERA EDAD, DERECHOS ADQUIRIDOS Y EXPECTATIVAS LEGITIMAS, PRINCIPIO DE SEGURIDAD JURIDICA, FAVORABILIDAD LABORAL E INESCINDIBILIDAD DE LA LEY, DEBIDO PROCESO, Y DERECHO A LA IGUALDAD PROCESAL, de la Señor (sic) LIGIA NUR VALDES (sic) TEJADA.
2. ORDENAR al TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DE CUNDINAMARCA, SECCIÓN SEGUNDA – SUBSECCIÓN F, en amparo a los derechos enunciados, revocar la sentencia proferida el 16 de marzo de 2018, que REVOCO la sentencia de primera instancia por la cual se negó las pretensiones de la demanda y en consecuencia de (sic) ordene a reliquidar la pensión de asistida teniendo en cuenta el equivalente al 75% de los factores salariales devengados en el año inmediatamente anterior a la fecha de retiro efectivo, es decir desde el 18 de agosto de 1992 hasta el 17 de agosto de 1993, indexando la primera mesada pensional.
3. Las demás que este Honorable Despacho considere proteger los derechos aquí tutelados. (Sic para toda la cita)
TRÁMITE DE LA TUTELA
Mediante auto de 30 de octubre de 2018 se admitió la acción de tutela en contra de los magistrados del Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Segunda, Subsección F, se dispuso vincular a la Unidad Administrativa Especial de Gestión Pensional y Contribuciones Parafiscales de la Protección Social (UGPP), al Juzgado Cuarenta y Siete Administrativo del Circuito Judicial de Bogotá y a la Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado (ANDJ) como terceros con interés en los resultados del proceso, y pedir copia del expediente contentivo del medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho 11001-33-35-013-2014-00324-01.
INTERVENCIONES
3.1. Los magistrados del Tribunal Administrativo de Cundinamarca - Sección Segunda - Subsección F
La magistrada ponente de la decisión judicial objeto de censura, solicitó negar el amparo deprecado, en razón a que no se configura el desconocimiento del precedente invocado, por cuanto su decisión tiene fundamento en lo dispuesto en el artículo 36 de la Ley 100 de 1993, y en la interpretación dada a esa disposición por la Corte Constitucional en las sentencias C-258 de 2013, SU-230 de 2015, SU-427 de 2016 y SU-395 de 2017, conforme la cual, el ingreso base de liquidación no fue objeto del régimen de transición y, en la liquidación de la pensión, solo se deben tener en cuenta los factores sobre los cuales se hubieren efectuado las cotizaciones.
Mencionó que la decisión objeto de censura tuvo en cuenta lo analizado por la Sección Segunda en una sentencia de tutela proferida el 31 de mayo de 2018, en el radicado 2018-01387, contra esa misma Subsección, que tuvo los mismos fundamentos.
3.2. UGPP
El Subdirector Jurídico Pensional de la UGPP solicitó que, la presente acción de tutela, se niegue por improcedente, toda vez que en la decisión adoptada por el Tribunal Administrativo de Cundianmarca, Sección Segunda, Subsección F, no se incurrió en defecto material o sustantivo, sino que, contrario a ello, se ajustó al ordenamiento legal que regula el tema de la reliquidación pensional, en el que no hay lugar a incluir factores salariales diferentes a los cotizados, acorde con lo establecido en los precedentes jurisprudenciales de la Corte Constitucional contenidos en las sentencias C-258 de 2013, SU-230 de 2015, SU-427 de 2016, SU-210, SU-395, SU-631 y T-661 de 2017, SU-23 y T-39 de 2018 y el auto 229 de 10 de mayo de 2017.
Precisó que para la liquidación de la pensión de los beneficiarios del régimen de transición, establecido en la Ley 100 de 1993, se aplican las normas anteriores en lo referente a la edad, tiempo de servicio o número de semanas cotizadas y la tasa de remplazo, pero respecto de su monto, el ingreso base de liquidación se rige por lo previsto en el inciso tercero del artículo 36 eiusdem, en armonía con el 21 de la misma norma, es decir los factores de salario dispuestos en el Decreto 1158 de 1994, toda vez que la señora Ligia Nur Valdés Tejada adquirió su estatus el 17 de agosto de 1999.
Refirió que la sentencia de unificación de la Sala Plena del Consejo de Estado, de 28 de agosto de 2018, proferida en el radicado 52001-23-33-000-2012-00143-01, acogió el precedente de la Corte Constitucional, en el entendido que el IBL no está sujeto al régimen de transición.
Agregó que la accionante no puede pretender desnaturalizar la acción constitucional, para reclamar prestaciones económicas, convirtiendola en una tercera instancia, después de haberse agotado, en debida forma, el proceso ordinario.
3.3. La Juez Cuarenta y Siete Administrativa del Circuito Judicial de Bogotá.
La Juez en mención se refirió a las actuaciones adelantas en el medio de control 11001-33-35-013-2014-00324-00, cuyo expediente envió a esta Corporación, en condición de préstamo y se abstuvo de realizar pronunciamiento en relación con las pretenciones de la actora.
3.4. La Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado (ANDJE), guardó silencio.
CONSIDERACIONES DE LA SALA
4.1. Competencia
La Sala es competente para pronunciarse sobre la acción de tutela promovida por la señora Ligia Nur Valdés Tejada, mediante apoderado judicial, en contra del Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Segunda, Subsección F, en virtud de lo previsto en el artículo 37 del Decreto 2591 de 19 de noviembre de 1991, en concordancia con el artículo 2.2.3.1.2.1 del Decreto 1069 de 26 de mayo de 2015.
4.2. Problema Jurídico
De acuerdo con la situación fáctica planteada en la solicitud de amparo, la Sala debe establecer, si en el presente asunto se cumplen los requisitos generales de procedencia excepcional de la acción de tutela contra providencia judicial.
En caso de ser afirmativa la anterior respuesta, corresponde determinar si el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Segunda, Subsección F, al proferir la sentencia de nulidad y restablecimiento del derecho de 16 de marzo de 2018, que negó la reliquidación de la pensión de jubilación a la accionante, incurrió en un defecto sustantivo o material por desconocimiento del precedente fijado por el Consejo de Estado, en relación con la determinación del ingreso base de liquidación de las pensiones reconocidas en virtud del régimen de transición contenido en el artículo 36 de la Ley 100 de 1993.
Para desarrollar el segundo ítem planteado, la Sala se referirá a los siguientes temas de interés para la resolución del problema jurídico planteado: (i) el defecto material o sustantivo por desconocimiento del precedente judicial; (ii) el IBL en las pensiones reconocidas con base en el régimen de transición de la Ley 100 de 1993, para luego, (iii) resolver el caso concreto.
4.3. Los requisitos generales de procedibilidad de la acción de tutela contra providencia judicial y su análisis en el presente caso
En sentencia de 31 de julio de 2012, la Sala Plena del Consejo de Estado cambió su criterio inicial y decidió asumir el estudio de fondo de las acciones de tutela dirigidas contra providencias judiciales violatorias de derechos fundamentales con base en los lineamientos dispuestos por la Corte Constitucional y su propia jurisprudencia.
Al respecto, la sentencia C-590 de 8 de junio de 2005, proferida por la Corte Constitucional, determinó los presupuestos generales y especiales para que proceda la acción de tutela en contra de decisiones judiciales.
Como requisitos generales de procedibilidad fijó: i) la relevancia constitucional del asunto; ii) el agotamiento de todos los medios de defensa judicial, salvo la existencia de un perjuicio irremediable; iii) el cumplimiento del principio de inmediatez; iv) si se trata de una irregularidad procesal, que ésta tenga efecto decisivo en la providencia objeto de inconformidad; v) la identificación clara de los hechos causantes de vulneración y su alegación en el proceso, y vi) que la acción no se dirija contra un fallo de tutela, salvo las excepciones previstas en la sentencia SU-627 de 2015.
Como requisitos especiales de procedencia del amparo que permiten al juez constitucional dejar sin efectos una providencia judicial, estableció –la sentencia C-590 de 2005- la existencia de los siguientes defectos: orgánico, procedimental absoluto, fáctico, material o sustantivo, error inducido, decisión sin motivación, desconocimiento del precedente y violación directa de la Constitución.
Esta postura fue reiterada por la Sala Plena de la Corporación, en sentencia de unificación de 5 de agosto de 2014, en el radicado: 11001-03-15-000-2012-02201-01.
De lo expuesto, la Sala advierte que, cuando el juez constitucional conoce una demanda impetrada en ejercicio de la acción de tutela, en la que se alega la vulneración de derechos fundamentales con ocasión de la expedición de una providencia judicial, en primer lugar, debe verificar la presencia de los requisitos generales y, en segundo, le corresponde examinar si se configura al menos uno de los defectos especiales ya mencionados, permitiéndole de esta manera «dejar sin efecto o modular la decisión» que encaje en dichos parámetros.
Se trata, entonces, de una rigurosa y cuidadosa constatación de los presupuestos de procedibilidad, por cuanto resulta a todas luces necesario evitar que este instrumento excepcional se convierta en una manera de desconocer principios y valores constitucionales tales como los de cosa juzgada, debido proceso, seguridad jurídica e independencia judicial que gobiernan todo trámite jurisdiccional.
En el asunto sub examine, la Sala advierte, que la acción de tutela cumple con los requisitos generales de procedibilidad, antes mencionados, por las siguientes razones:
Es evidente que el tema objeto de estudio tiene relevancia constitucional, en tanto se reclama la protección de los derechos constitucionales fundamentales a la seguridad social, al debido proceso y a la igualdad.
La accionante no cuenta con otro medio defensa judicial para ejercer la defensa de los derechos fundamentales que estima vulnerados, dado que si bien es cierto la sentencia proferida en segunda instancia se encuentra ejecutoriada, también lo es que es susceptible del recurso extraordinario de revisión, pero las razones que se aducen en esta acción pública, prima facie, no se ajustan a alguna de las causales taxativas previstas en el artículo 250 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo (CPACA), para este medio extraordinario, por lo que la Sala no lo estima eficaz o efectivo.
Se identificaron los hechos que originaron el supuesto quebranto de las aludidas garantías superiores, en los que la Sala resalta que el objeto de censura está dirigido contra la decisión contenida en una providencia judicial.
El requisito de inmediatez se satisface, toda vez que la sentencia atacada (de 16 de marzo de 2018) fue notificada el 26 de abril de 2018, y la solicitud de amparo fue instaurada el 26 de octubre siguiente, es decir, dentro de un término no superior a seis meses que se estima razonable.
El fallo acusado no fue dictado en una acción de tutela.
Superados estos requisitos, la Sala continúa con el análisis de la segunda parte del problema jurídico, para lo cual previamente se referirá, en su orden, al defecto material o sustantivo por desconocimiento del precedente judicial y el IBL en las pensiones reconocidas con base en el régimen de transición de la Ley 100 de 1993, para luego descender al caso concreto.
4.4. Defecto sustantivo por desconocimiento del precedente judicial
La jurisprudencia ha establecido que el defecto sustantivo se presenta cuando la decisión del juez desborda el marco de acción que la Constitución y la ley le reconocen, al apoyarse en una norma evidentemente inaplicable al caso concreto o en normas inexistentes o inconstitucionales.
Este defecto, se configura en los siguientes eventos:
(i) Cuando existe una carencia absoluta de fundamento jurídico. En este caso la decisión se sustenta en una norma que no existe, que ha sido derogada, o que ha sido declarada inconstitucional.
(ii) Aplicación de norma que requiere interpretación sistemática con otras normas, caso en el cual no se tienen en cuenta otras normas aplicables al caso y que son necesarias para la decisión adoptada.
(iii) Por aplicación de normas constitucionales[,] pero no aplicables al caso concreto. En este evento, la norma no es inconstitucional[,] pero al ser aplicada al caso concreto vulnera derechos fundamentales, razón por lo que debe ser igualmente inaplicada.
(iv) Porque la providencia incurre en incongruencia entre los fundamentos jurídicos y la decisión. Esta situación se configura cuando la resolución del juez no corresponde con las motivaciones expuestas en la providencia.
(v) Al aplicar una norma cuya interpretación desconoce una sentencia de efectos ‘erga omnes’. En esta hipótesis se aplica una norma cuyo sentido contraría la ratio decidendi de una sentencia que irradia sus efectos a todo el ordenamiento jurídico.
(vi) Por aplicación de normas abiertamente inconstitucionales, evento en el cual[,] si bien el contenido normativo no ha sido declarado inexequible, este es abiertamente contrario a la constitución. En este evento, la tutela procede si el juez ordinario no inaplica la norma por medio de la figura de la excepción de inconstitucionalidad.
Visto lo anterior, la jurisprudencia constitucional ha reconocido que, en especiales circunstancias, se puede configurar un defecto sustantivo, entre otras, por interpretación normativa y a partir del desconocimiento del precedente jurisprudencial.
Ahora bien, en nuestro ordenamiento jurídico se han desarrollado en torno a las decisiones judiciales las siguientes figuras jurisprudenciales: la doctrina probable, el antecedente jurisprudencial, el precedente jurisprudencial, la sentencia de unificación y la extensión de la jurisprudencia. Dichas figuras encuentran su fundamento legal en los artículos 4 de la Ley 169 de 31 de diciembre de 1896 y 270 de la Ley 1437 de 18 de enero de 2011; así como su respaldo jurisprudencial las sentencias C-836 de 2001; C-816 de 2011; C-179 de 2016; y T-102 de 2014.
La jurisprudencia constitucional ha diferenciado el antecedente del precedente, entendido este último como la sentencia o el conjunto de sentencias proferidas con anterioridad al asunto que debe resolverse, que presentan similitudes con un caso nuevo materia de escrutinio en relación con: i) patrones fácticos y ii) problemas jurídicos, y en las que en su ratio decidendi se ha fijado una regla general para resolver la controversia, que también sirve para solucionar el nuevo caso.
Asimismo, hace distinción entre el precedente horizontal y el vertical con base en la autoridad que profiere la providencia, para explicar que, el primero hace referencia a aquellas sentencias dictadas por las autoridades de la misma jerarquía o por el mismo operador judicial, y, el segundo se relaciona con los lineamientos sentados por las instancias superiores encargadas de unificar la jurisprudencia, dentro de la respectiva jurisdicción. En este orden, debe resaltarse que el precedente no sólo es orientador sino obligatorio, con base en el artículo 230 superior y los principios de igualdad, debido proceso y buena fe.
En la sentencia T-309 de 22 de mayo de 2015, la Corte Constitucional precisó que el precedente constitucional puede llegar a desconocerse cuando: i) se aplican disposiciones legales que han sido declaradas inexequibles por sentencias de control de constitucionalidad, ii) se contraría la ratio decidendi de sentencias de control de constitucionalidad, especialmente, la interpretación de un precepto que la Corte ha señalado es la que debe acogerse a la luz del texto superior, o iii) se desconoce el alcance de los derechos fundamentales fijado por la Corte Constitucional en las consideraciones de sus sentencias de control de constitucionalidad o de revisión de tutela.
En relación con el carácter vinculante del precedente jurisprudencial –vertical u horizontal-, por excepción los funcionarios judiciales pueden apartarse de este «[…] siempre que ofrezcan argumentos claros, lógicos y precisos sobre las razones que determinan esa decisión, previa referencia al precedente que abandonarán y las causales que determinan tal decisión».
En relación con este tema, la Sala, en reciente decisión, determinó algunas reglas sobre la procedencia del amparo mediante la acción de tutela, cuando se desconoce el precedente, bajo las siguientes hipótesis:
Si la norma aplicable fue sometida a control de constitucionalidad, la interpretación será la efectuada por la Corte Constitucional al decidir la demanda de inexequibilidad o al efectuar el control automático.
Si la norma no ha sido sometida a dicho control, pero existe una sentencia de unificación del Tribunal Supremo de lo Contencioso Administrativo, los tribunales y jueces de la Jurisdicción de lo contencioso Administrativo deben sujetarse al criterio adoptado en tal sentencia de unificación.
Lo anterior comoquiera que el Consejo de Estado realiza una lectura constitucional del ordenamiento jurídico y así lo ha hecho al cumplir su función unificadora y fijar el alcance de las disposiciones legales a través de las sentencias de unificación, cuyo desconocimiento afecta el debido proceso y, cumplidos determinados presupuestos, puede dar lugar al recurso extraordinario de unificación de jurisprudencia.
Si no existe sentencia de unificación del Consejo de Estado sobre el asunto, el funcionario judicial estará vinculado en la solución del caso a lo resuelto en la jurisprudencia de ésta Corporación en casos análogos, salvo que sobre el mismo asunto exista una sentencia de tutela en la cual, a partir y con evidente sustento en la interpretación de normas constitucionales o de los derechos fundamentales se plantee, en la ratio decidendi, una solución a un problema jurídico semejante, que resulte en mayor medida compatible con los preceptos constitucionales y los derechos fundamentales, lo cual habrá de explicarse con suficiencia en el texto de la providencia que expida la Corporación o el funcionario judicial, conforme al artículo 103 del CPACA.
En el evento en que no exista un precedente vertical a atender, por virtud del principio constitucional de igualdad, el funcionario judicial, queda vinculado al ejercicio hermenéutico de las disposiciones aplicables al caso concreto que ya ha plasmado en otras sentencias proferidas anteriormente (precedente horizontal), salvo, como en todos los eventos, que argumente con claridad y suficiencia porqué no es aplicable el criterio sentado en otras decisiones frente a casos similares y porqué se aviene al contenido y alcance de la disposición legal un nuevo criterio.
La regla de decisión de una sentencia de unificación de tutela que no constituya una interpretación de una norma constitucional o que no fije el alcance de un derecho fundamental constituyen criterio auxiliar, pero no obligatorio, por manera que carecen de la fuerza vinculante de los precedentes y de las sentencias de unificación del Consejo de Estado.
En atención a que la regla del respeto del precedente no es absoluta, el funcionario judicial está obligado a exponer razonadamente con claridad, suficiencia, objetividad y precisión las razones de orden jurídico por las cuales el criterio fijado, por el Consejo de Estado, no es atendible en el caso concreto, pero además le es imperativo satisfacer mayor carga argumentativa para explicar por qué en el evento sub judice se impone dar otra solución. No siendo suficiente aducir la existencia de una sentencia en sentido diverso de otra autoridad judicial de la misma o de otra jurisdicción, aunque haya sido proferida con posterioridad, en tanto lo que prevalece, en materia de precedente, son las reglas antes previstas.
En el análisis de la procedencia de la acción de tutela por desconocimiento de precedente, bajo la perspectiva de las reglas antes previstas, en virtud del principio de seguridad jurídica no será posible dejar sin efectos una providencia judicial en sede de tutela, si la misma ha sido proferida conforme la jurisprudencia vinculante, que existe en ese momento, aunque pueda resultar incompatible o contraria a decisiones posteriores.
Sumado a lo anterior, no es viable dejar sin efectos una providencia judicial en sede de tutela aunque no resulte compatible con el criterio fijado en una sentencia de unificación del Consejo de Estado que si bien existía al momento de proferir la providencia, ya resulta inaplicable en razón a que el mismo Consejo de Estado ha modificado el criterio allí expresado y, mediante una posterior sentencia de unificación con efectos retrospectivos, ha fijado nuevas reglas de interpretación de normas legales, a efectos de hacerlas compatibles con las disposiciones constitucionales. Lo anterior, en razón al carácter especialmente vinculante de esta clase de sentencias que impide, en sede de tutela, revivir criterios interpretativos abandonados expresamente por el órgano de cierre de la jurisdicción de lo contencioso-administrativo.
Así las cosas, es necesario verificar en cada caso la aplicación del precedente frente a la realidad jurídica de la situación particular sometida a control constitucional por medio de la acción de amparo.
4.5. El IBL en las pensiones reconocidas con base en el régimen de transición de la Ley 100 de 1993
En materia pensional, antes de la entrada en vigor del sistema de seguridad social integral -Ley 100 de 1993-, existían los regímenes (i) general de los servidores públicos -Ley 33 de 1985- , (ii) de jubilación de los regímenes especiales, (iii) la denominada jubilación por aportes -Ley 71 de 1988- y (iv) la de vejez del Seguro Social -Decreto 758 del 11 de abril de 1990-.
El artículo 36 de la Ley 100 de 1993, estableció un régimen de transición, en virtud del cual aquellos que cumplieran los requisitos de edad o tiempo de servicio allí señalados, se les aplicaría el régimen anterior al cual se encontraran afiliados, para efectos de determinar «[…] la edad para acceder a la pensión de vejez, el tiempo de servicio o el número de semanas cotizadas, y el monto de la pensión de vejez».
Los incisos segundo y tercero del referido artículo -36 de la Ley 100 de 1993- fueron declarados exequibles (excepto el apartado final del inciso tercero que fue declarado inexequible), por la Corte Constitucional en su sentencia C-168 de 1995, con fundamento en el principio del respeto de los derechos adquiridos y de la condición más beneficiosa en materia laboral.
Posteriormente, con la expedición del Acto Legislativo 1 de 22 de junio de 2005, que modificó el artículo 48 de la Constitución Política, se establecieron nuevas disposiciones con relación al sistema general de pensiones que, entre otros aspectos, fijó la fecha a partir de la cual el régimen de transición del artículo 36 de la Ley 100 de 1993, perdería vigencia.
En efecto, el parágrafo 4.º del artículo 48 de la Constitución Política, con la modificación introducida por el Acto Legislativo número 1 de 2005, determinó que:
El régimen de transición establecido en la Ley 100 de 1993 y demás normas que desarrollen dicho régimen, no podrá extenderse más allá del 31 de julio de 2010; excepto para los trabajadores que estando en dicho régimen, además, tengan cotizadas al menos 750 semanas o su equivalente en tiempo de servicios a la entrada en vigencia del presente Acto Legislativo, a los cuales se les mantendrá dicho régimen hasta el año 2014.
[…]
Los requisitos y beneficios pensionales para las personas cobijadas por este régimen serán los exigidos por el artículo 36 de la Ley 100 de 1993 y demás normas que desarrollen dicho régimen (Subraya la Sala).
Así las cosas, los beneficiarios del señalado régimen de transición que para el 31 de julio de 2010 no hubieran consolidado su derecho pensional, por razones de edad o de tiempo de servicios dejarían de pertenecer al mismo, salvo que para la fecha de entrada en vigor del señalado acto administrativo -1 de 2005- hubieran cotizado 750 semanas o su equivalente en tiempo de servicio, respecto de quienes se les extenderían sus prerrogativas hasta el año 2014.
En ese orden de ideas, la persona beneficiada por el régimen de transición de que trata el artículo 36 de la Ley 100 de 1993, está cobijada por el régimen pensional al que venía afiliada antes del 1º de abril de 1994; sin embargo, sobre cuál es el ingreso base de liquidación que se debe tomar en cuenta para liquidar estas pensiones ha dado lugar a diversas interpretaciones jurisprudenciales.
La Corte Constitucional al revisar algunas acciones de tutela hizo expresa mención a que, para aquellas personas amparadas por el régimen de transición, el ingreso base de liquidación era parte del monto de la pensión y, por tanto, debía determinarse de conformidad con la legislación anterior. Algunas de las sentencias en este sentido fueron la T-534 de 2001, T- 631 de 2002, T-158 de 2006, T-386 de 2005 y T-251 de 2007, entre otras. Sin embargo, en la sentencia C-258 de 2013, adujo que para liquidar el IBL de los servidores beneficiarios del régimen especial previsto en el artículo 17 de la Ley 4 de 1992, se aplican los artículos 21 y 36 de la Ley 100 de 1993, toda vez que el referido IBL no fue un aspecto sometido a transición.
Asimismo, en posteriores decisiones, estimó que a los beneficiarios del régimen de transición a quienes se les aplica la Ley 33 de 1985, también su IBL es el del inciso 3.° del artículo 36 de la Ley 100 de 1993, como lo adujo en sus sentencias SU-230 de 2015, SU-427 de 2016, SU-395 de 2017 y SU-23 de 2018.
Por su parte, el Consejo de Estado, en su Sección Segunda, el 4 de agosto de 2010, unificó su criterio al referirse al ingreso base de liquidación de las pensiones de jubilación reguladas por el régimen general de los servidores públicos -Ley 33 de 1985-, en el sentido de que debían ser liquidadas con base en todos los factores salariales efectivamente devengados en el año anterior a la adquisición del estatus de pensionado, dado que –en su artículo 3- no se enunciaron de manera taxativa los factores salariales que conformaban la base de liquidación pensional, lo que no impedía la inclusión de otros conceptos devengados respecto de los que no se hubiera cotizado, pero que constituían salario por haber sido percibidas por el trabajador de manera habitual y periódica como contraprestación de sus servicios.
Esta tesis fue reiterada en la sentencia de unificación de 25 de febrero de 2016, proferida por la Sección Segunda del Consejo de Estado, por importancia jurídica y con criterio de unificación en los términos del artículo 271 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo, en la que se aludió a que si bien el artículo 1.° de la Ley 62 de 1985 señaló que «[…] la liquidación de la pensión debe estar de acuerdo con los factores que hayan servido de base para calcular los aportes», también lo es que si esto «[…] no han sido objeto de descuento, ello no da lugar a su exclusión, sino a que al momento del reconocimiento, la entidad de previsión social [debe efectuar] los descuentos pertinentes».
Sin embargo, dicha línea jurisprudencial varió el 28 de agosto de 2018, al proferirse la sentencia de unificación, dictada por la Sala Plena del Consejo de Estado, en los términos del artículo 271 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo (CPACA), en la que con efectos retrospectivos, fijó la regla y subreglas sobre el ingreso base de liquidación para este grupo de beneficiarios del régimen de transición de la ley 100 de 1993, de la siguiente forma:
Regla: «El ingreso base de liquidación del inciso tercero del artículo 36 de la Ley 100 hace parte del régimen de transición para aquellas personas beneficiarias que se pensionen con los requisitos de edad, tiempo y tasa de remplazo del régimen general de pensiones previsto en la Ley 33 de 1985».
Subregla 1: El período para liquidar la pensión es: «i) Si faltare menos de diez (10) años para adquirir el derecho a la pensión, el ingreso base de liquidación será (i) el promedio de lo devengado en el tiempo que les hiciere falta para ello, o (ii) el cotizado durante todo el tiempo, el que fuere superior, actualizado anualmente con base en la variación del Índice de Precios al consumidor, según certificación que expida el DANE. - Si faltare más de diez (10) años, el ingreso base de liquidación será el promedio de los salarios o rentas sobre los cuales ha cotizado el afiliado durante los diez (10) años anteriores al reconocimiento de la pensión, actualizados anualmente con base en la variación del índice de precios al consumidor, según certificación que expida el DANE».
Subregla 2: Los factores salariales que se deben incluir en el IBL son únicamente aquellos sobre los que se hayan efectuado los aportes o cotizaciones al Sistema de Pensiones. Este precepto fija el sentido y alcance del artículo 3º de la Ley 33 de 1985, que aplica a los beneficiarios del régimen de transición.
Expuso la Sala Plena que esta regla y subreglas, en materia de determinación de ingreso base de liquidación, tienen carácter permanente, de identidad, vinculante y obligatorio, comoquiera que deben aplicarse a todos los casos pendientes de solución «[…] tanto en vía administrativa como en vía judicial a través de acciones ordinarias; salvo los casos en los que ha operado la cosa juzgada que […] resultan inmodificables». Lo anterior en prevalencia a los principios fundamentales de la seguridad social y garantía de la seguridad jurídica, por los que no será procedente invocar el de igualdad «[…] so pretexto de solicitar la no aplicación de esta sentencia».
Conforme con lo expuesto, cualquier proceso que se encuentre en curso debe acoger el nuevo criterio jurisprudencial, dada la modificación de la tesis que había adoptado la Sección Segunda en la sentencia de unificación de 4 de agosto de 2010, porque, como lo indicó la Sala Plena en su reciente decisión, aquella línea jurisprudencial desconocía «[…] el principio de solidaridad en materia de seguridad social» y la voluntad del legislador de delimitar los factores salariales que conforman la base de liquidación.
4.7. El caso concreto
La señora Ligia Nur Valdés Tejada considera que el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Segunda, Subsección F, al proferir la sentencia de 16 de marzo de 2018, en el medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho 11001-33-35-013-2014-00324-01, incurrió en un defecto material o sustantivo, toda vez que desconoció la jurisprudencia del Consejo de Estado -de 4 de agosto de 2010-, la cual ha sostenido de forma reiterada que los beneficiarios del régimen transición tienen derecho a que se les aplique la edad, tiempo y monto de las normas pensionales anteriores a la Ley 100 de 1993, por lo que su pensión debió ser liquidada con el 75% del promedio de todos los factores salariales devengados en el último año de servicios.
Por su parte, el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Segunda, Subsección F, se opone a las pretensiones planteadas, habida cuenta que, en virtud del principio de autonomía e independencia judicial, en la decisión cuestionada se argumentó de manera clara las razones por las que se apartaron de la posición unificada reiterada por el Consejo de Estado, acogiendo el criterio de la Corte Constitucional en sus sentencias C-258 de 2013, SU 230 de 2015, SU-427 de 2016 y SU-395 de 2017.
Previamente a examinar el defecto señalado, la Sala encuentra que de la lectura los tanto de los fallos de primera y segunda instancia como del expediente original remitido en condición de préstamo por el Juzgado Cuarenta y Siete Administrativo del Circuito de Bogotá, contentivo del medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho 11001-33-35-013-2014-00324-00, que no son objeto de discusión las siguientes premisas fácticas: (i) la demandante nació el 16 de febrero de 1944; (ii) es beneficiaria del régimen de transición de que trata el artículo 36 de la Ley 100 de 1993; (iii) su último empleo desempeñado fue el de profesional especializado, código 3010, grado 09, en el INAT; (iv) mediante Resolución 22784 de 9 de octubre de 2000, la extinguida Cajanal le reconoció la «pensión de vejez» en cuantía de $851.201,94, a partir del 17 de agosto de 1999, fecha en la que adquirió su estatus pensional; (v) Por Auto 108989 de 3 de noviembre de 2000, se aclaró la anterior Resolución, en el sentido de que la fecha de efectividad de la pensión reconocida fue a partir del 16 de febrero de 1999; (vi) el IBL se efectuó conforme el inciso 3.º del artículo 36 de la Ley 100 de 1993, es decir, el promedio de lo cotizado en el tiempo que le hacía falta para tener derecho a la pensión a la entrada en vigor del sistema general de pensiones y con los factores salariales determinados en el Decreto 1158 de 1994, para lo cual aplicó el 75%; y (vi) los factores salariales tenidos en cuenta fueron la asignación básica y la bonificación por servicios prestados.
Por otra parte, la actora inconforme con el monto pensional, mediante escrito de 22-4 de julio de 2013, pidió a la UGPP la reliquidación de su pensión, con base en la Ley 33 de 1985, para que fueran tenidos en cuenta todos los factores salariales devengados en el último año de servicios, para lo cual invocó la sentencia de unificación del 4 de agosto de 2010, proferida por la sección segunda del Consejo de Estado, en el radicado 25000-23-25-000-2006-07509-01 (0112-09), demandante Luis Mario Velandia contra Cajanal.
Lo anterior fue negado por la Resolución RDP 039602 de 28 de agosto de 2013, confirmada por la Resolución RDP 044065 de 23 de septiembre siguiente, toda vez que en virtud del régimen de transición se respetó la edad, el tiempo de servicio y el porcentaje del monto (75%) de la pensión del régimen anterior al que venía afiliada, es decir, la Ley 33 de 1985; sin embargo, para el IBL se tuvo en cuenta el artículo 21 de la Ley 100 de 1993, comoquiera que el status lo adquirió en vigor de esta norma, y los factores a tener en cuenta fueron los consagrados en el Decreto 1158 de 1994.
En el ejercicio del medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho radicado 11001-33-35-013-2014-00324-01, demandó la anulación de los mencionados actos administrativos y el Juzgado Cuarenta y Siete Administrativo del Circuito Judicial de Bogotá, en fallo de 19 de mayo de 2016, accedió a las pretensiones y condenó a la UGPP a reliquidar la pensión de la señora Ligia Nur Valdés Tejada, en cuantía del 75% del promedio de todo lo devengado en el último año de servicios (del 18 de agosto de 1992 al 17 de agosto de 1993), incluyendo como factores salariales reconocidos «[…] (asignación básica y bonificación por servicios prestados), los de prima de servicios, bonificación de diciembre, bonificación de junio, prima de vacaciones y quinquenio en doceavas partes, a partir del 16 de febrero de 1999, fecha en que adquirió el estatus pensional», y pagarle las diferencias que resultaran en su favor.
Para decidir, acogió la tesis del Consejo de Estado, Sección Segunda, del 4 de agosto de 2010 dictada en el radicado 25000-23-25-000-2006-07509-01, en la que el monto de la pensión corresponde al 75% del salario promedio que sirvió de base para los aportes en el último año de servicios, entendiendo que estos son todos los que constituyan salario, es decir, las sumas que percibe el trabajador de manera habitual y periódica.
A su turno, el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Segunda, Subsección F, revocó la sentencia y, en su lugar, denegó las pretensiones, al considerar que la demandante como beneficiaria del régimen de transición -artículo 36 de la Ley 100 de 1993-, le era aplicable la Ley 33 de 1985, régimen general de los servidores públicos no sujetos a régimen especial.
Para decidir, tuvo en cuenta las consideraciones de las sentencias C-258 de 2013, SU-230 de 2015, 427 de 2016 y SU-210 y SU-395 de 2017, y el Auto 229 de 2017 de la Corte Constitucional, en el sentido de que solamente están sujetos a la transición los elementos de la pensión: edad, tiempo de servicios y monto, por lo que estimó que la pensión estaba liquidada correctamente y no era procedente incluir otros factores salariales toda vez que, por un lado, no se hicieron las respectivas cotizaciones, y, por otro, no se encuentran enlistados en la norma antes referida.
Así las cosas, la Sala concluye, en primer lugar, que no encuentra acreditado que la demandante sea beneficiaria de algún régimen especial, sino del general de los servidores públicos, contenido en la Ley 33 de 1985, y, en segundo lugar, que el asunto sub judice guarda relación con la inconformidad del demandante respecto del IBL con el que fue liquidada su pensión, por lo que la Sala debe determinar si la autoridad accionada desconoció el precedente jurisprudencial del Consejo de Estado, contenido en la sentencia de 4 de agosto de 2010.
Al respecto, la Sala realiza las siguientes precisiones:
Primero: La sentencia de unificación de 4 de agosto de 2010, proferida por la Sección Segunda del Consejo de Estado, se pronunció en relación con la manera de liquidar el ingreso base de liquidación de las pensiones reconocidas bajo la Ley 33 de 1985, régimen general del servidor público, en condición de beneficiarios del régimen de transición del artículo 36 de la Ley 100 de 1993.
Segunda: Dado el reciente pronunciamiento que hizo la Sala Plena de esta Corporación, en su decisión de 28 de agosto de 2018, en la que con efecto retrospectivo, estimó que aquella línea jurisprudencial desconocía el principio de solidaridad en materia de seguridad social y la voluntad del legislador de delimitar los factores salariales que conforman la base de liquidación, no resulta viable que, en sede de tutela, se ordene dar aplicación a la sentencia de unificación de 4 de agosto de 2010, cuando el precedente jurisprudencial allí señalado varió respecto de la interpretación que debe darse a la manera de determinar el ingreso base de liquidación para los beneficiarios de la pensión de jubilación, bajo las previsiones de la Ley 33 de 1985, que tengan derecho a ella en aplicación al régimen de transición del artículo 36 de la Ley 100 de 1993.
Tercero: Para determinar el IBL de los pensionados cobijados por el régimen general contenido en la Ley 33 de 1985, se deben aplicar la regla y subreglas plasmadas en la sentencia de unificación de la Sala Plena del Consejo de Estado, de 28 de agosto de 2018, que constituye el precedente obligatorio para este tipo de controversias tanto en sede administrativa, como judicial.
En este sentido, el ingreso base de liquidación equivale al promedio que sirvió para los aportes durante los últimos 10 años de servicios o el tiempo que faltare para consolidar el status, si este fuere inferior, a partir del 1.º de abril de 1994, y los factores salariales a tener en cuenta son únicamente aquellos sobre los que se hayan efectuado los aportes o cotizaciones al Sistema General de Pensiones –Decreto 1158 de 1994-, lo que tiene su fundamento en el principio de solidaridad como uno de los pilares fundamentales del Estado Social de Derecho y en el artículo 48 superior, adicionado por el Acto Legislativo 1 de 2005.
Con base en lo anterior, los factores salariales que se deben incluir en el IBL son únicamente aquellos sobre los que se haya cotizado al Sistema General de Pensiones, por lo que no es dable incluir otros o la totalidad de los devengados respecto de los que no se hayan realizado oportunamente estos aportes, lo que guarda armonía con la rectificación del criterio jurisprudencial de la Sala Plena, el 28 de agosto de 2018, que condujo a fijar la segunda subregla a la que ya se hizo referencia en acápite anterior.
En atención a lo expuesto, estima la Sala que no le asiste razón a la demandante, en el sentido de que su pensión de jubilación debió ser reliquidada para que su monto se calculara con base en el 75% del salario promedio con todos los factores devengados en el último año de servicios, sino que se deben incluir en el IBL aquellos sobre los que se hayan efectuado los aportes o cotizaciones al Sistema de Pensiones.
Conclusión
La Sala no amparará los derechos fundamentales invocados por la demandante, toda vez que la autoridad judicial accionada no incurrió en el defecto sustantivo por desconocimiento del precedente jurisprudencial aplicable al caso concreto, por lo que no declarará sin efecto la sentencia de 16 de marzo de 2018, dictada por el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Segunda, Subsección F, en la medida que estuvo debidamente sustentado y razonado.
En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la Ley,
F A L L A
PRIMERO: Negar al amparo de tutela solicitado por la señora Ligia Nur Valdés Tejada en contra del fallo proferido el 16 de marzo de 2018, por el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Segunda, Subsección F, por las razones expuestas en la parte motiva de esta sentencia.
SEGUNDO: Si la presente decisión no es impugnada, dentro de los tres días siguientes a su notificación, REMÍTASE el expediente a la Corte Constitucional para su eventual revisión, dentro de los diez (10) días siguientes a la ejecutoria de esta providencia.
TERCERO: Ejecutoriada esta decisión, por la Secretaría General de la Corporación DEVUÉLVASE al Juzgado Cuarenta y Siete Administrativo del Circuito Judicial de Bogotá el expediente 11001-33-35-013-2014-00324-00, enviado a esta Corporación en condición de préstamo.
CÓPIESE, NOTIFÍQUESE, COMUNÍQUESE Y CÚMPLASE.
HERNANDO SÁNCHEZ SÁNCHEZ OSWALDO GIRALDO LÓPEZ
Consejero de Estado Consejero de Estado
Presidente
ROBERTO AUGUSTO SERRATO VALDÉS
Consejero de Estado
Menciona a «[…] LA SEGURIDAD SOCIAL, VIDA DIGNA Y MÌNIMO VITAL E LAS PERSONAS DE LA TERCERA EDAD, DERECHOS ADQUIRIDOS Y EXPECTATIVAS LEGÍTIMAS, PRINCIPIO DE SEGURIDAD JURÍDICA, FAVORABILIDAD LABORAL E INESCINDIBILIDADA DE LA LEY, DEBIDO PROCESO Y DERECHO A LA IGUALDAD PROCESAL»
Período comprendido del 18 de agosto de 1992 al 17 de agosto de 1993. Además de los ya reconocidos se incluyeron «[…] la prima de servicios, bonificación de diciembre, bonificación de junio, prima de vacaciones y quinquenio en doceavas partes, a partir del 16 de febrero de 1999, fecha en que adquirió el status pensional». F. 100. Ff. 114 a 126. Doctora Beatriz Helena Escobar Rojas, Magistrada del Tribunal Administrativo de Cundinamarca - Sección Segunda - Subsección F. Ff. 128 a 141. Designado en el cargo mediante Resolución 41 del 4 de marzo de 2011. Ff. 183 a 185.
«Por el cual se reglamenta la acción de tutela consagrada en el artículo 86 de la Constitución Política». Modificado por el Decreto 1983 de 30 de noviembre de 2017, en relación con las acciones de tutela presentadas a partir de esta fecha.
«Por medio del cual se expide el decreto único reglamentario del sector justicia y del derecho»
Radicación: 2009-01328-01(IJ). Consejera Ponente: Dra. María Elizabeth García González. Sentencia T-619 de 2009, Magistrado Jorge Iván Palacio Palacio.
«Defecto orgánico, que tiene lugar cuando el funcionario judicial que emite la decisión carece, de manera absoluta, de jurisdicción o competencia para ello. Defecto procedimental absoluto, que tiene lugar cuando el juez actuó al margen del procedimiento establecido. Defecto fáctico, que surge cuando la providencia judicial carece del apoyo probatorio que permita la aplicación del supuesto legal en el que se sustenta la decisión, valora erradamente los elementos de juicio; o da por demostrada una situación fáctica sin existir evidencia probatoria de la misma. Defecto material o sustantivo, existe cuando las decisiones se fundamentan en normas inexistentes o inconstitucionales, o que presentan una evidente contradicción entre los fundamentos y la decisión. Error inducido, que se presenta cuando la autoridad judicial ha sido engañada por las partes o intervinientes y ese engaño lo llevó a tomar una determinación que afecta derechos fundamentales. Decisión sin motivación, que tiene lugar cuando el funcionario judicial no expone los fundamentos fácticos y jurídicos de la decisión adoptada en la parte resolutiva de la providencia judicial. Desconocimiento del precedente, que se origina cuando el juez ordinario desconoce o limita el alcance dado por esta Corte Constitucional a una disposición constitucional o derecho fundamental, apartándose del contenido constitucionalmente vinculante del derecho fundamental vulnerado. Violación directa de la Constitución, que se presenta cuando la actuación de la autoridad se opone de manera directa a las normas establecidas en la Constitución Política». Con ponencia del Consejero Jorge Octavio Ramírez Ramírez. Corte Constitucional. Sentencia T- 225 del 23 de marzo de 2010, Magistrado Ponente: Dr. Mauricio González Cuervo. F. 194 y 195. Al respecto, ver sentencia de unificación por importancia jurídica proferida por la sala plena de lo contencioso-administrativo el 5 de agosto de 2014, consejero ponente Jorge Octavio Ramírez Ramírez, expediente: 11001-03-15-000-2012-02201-01 (IJ), demandante: Alpina Productos Alimenticios S.A., que fijó parámetros en relación con los requisitos de inmediatez y subsidiaridad. Corte Constitucional, Sala Novena de Revisión, Sentencia T-064 de 4 de febrero de 2010. M.P. Luis Ernesto Vargas Silva. Sentencias, SU-659 y T-133 de 2015 y T-176, T-060, T-064 y T-065 de 2016, y T-459 de 2017, entre otras. Ibídem. SU-659 de 2015.
En la sentencia SU-573 de 14 de septiembre de 2017, refirió la Corte Constitucional que «El defecto sustantivo se configura cuando el juez “en ejercicio de su autonomía e independencia, desborda la Constitución o la ley en desconocimiento de los principios, derechos y deberes superiores”. Lo cual puede ocurrir, entre otros, por la errónea interpretación o aplicación de la norma. Como puede suceder, por ejemplo, cuando se desborda el contenido de la norma y se imponen mayores barreras a las exigidas por el legislador para conceder el derecho o se desconocen normas que debían aplicarse». En la sentencia T-462 de 2003, la Corte Constitucional señaló que se incurre en defecto sustantivo: «[…] (iii) cuando el fallador desconoce las sentencias con efectos erga omnes tanto de la jurisdicción constitucional como de la jurisdicción de lo contencioso administrativo, cuyos precedentes se ubican en el mismo rango de la norma sobre la que pesa la cosa juzgada respectiva». Así lo expuso esta Sala en la sentencia de 27 de septiembre de 2018, proferida en el expediente de tutela 11001-03-15-000-2018-02804-00, con ponencia del consejero Hernández Sánchez Sánchez.
“Sobre reformas judiciales”. (Doctrina probable).
“se tendrán como sentencias de unificación jurisprudencial las que profiera o haya proferido el Consejo de Estado por importancia jurídica o trascendencia económica o social o por necesidad de unificar o sentar jurisprudencia; las proferidas al decidir los recursos extraordinarios y las relativas al mecanismo eventual de revisión previsto en el artículo 36A de la Ley 270 de 1996, adicionado por el artículo 11 de la Ley 1285 de 2009”. Corte Constitucional, sentencia C – 836 de 9 de agosto de 2001. M.P. Rodrigo Escobar Gil. (Doctrina probable). Corte Constitucional, sentencia C – 816 de 1 de noviembre de 2011. M.P. Mauricio González Cuervo. (Sentencias de unificación jurisprudencial). Corte Constitucional, sentencia C – 179 de 13 de abril de 2016. M.P. Luis Guillermo Guerrero Pérez. (Sentencias de unificación jurisprudencial). Corte Constitucional, sentencia T-102 de 2014 M.P. Jorge Ignacio Pretelt Chaljub. (Antecedente jurisprudencial).
«Se refiere a una decisión de una controversia anterior a la que se estudia, que puede tener o no algunas similitudes desde el punto de vista fáctico, pero lo más importante es que contiene algunos puntos de Derecho (e.g. conceptos, interpretaciones de preceptos legales, etc.) que guían al juez para resolver el caso objeto de estudio. Por tanto, los antecedentes tienen un carácter orientador, lo que no significa (a) que no deban ser tenidos en cuenta por el juez a la hora de fallar, y (b) que lo eximan del deber de argumentar las razones para apartarse, en virtud de los principios de transparencia e igualdad» Esta noción fue esbozada en la sentencia T-292 de 2006 M. P. Manuel José Cepeda Espinosa y reiterada en la T-102 de 2014 M. P. Jorge Ignacio Pretelt Chaljub. En la sentencia T-102 de 2014, se cita que «Según el doctrinante Pierluigi Chiassoni en su libro “Desencanto para abogados realistas”, el precedente judicial puede ser entendido en cuatro acepciones; (i) precedente-sentencia, (ii) precedente-ratio, (iii) precedente-ratio autoritativo y (iv) precedente- ratio decidendi consolidada o precedente orientación. Este último hace referencia a “es la ratio decidendi por hipótesis común a –y repetida en- una serie (considerada) significativa de sentencias pronunciadas en un arco de tiempo anterior (…) cuya ratio tienen que ver con la decisión sobre hechos y cuestiones del mismo, o similar tipo , con hechos y cuestiones sobre las cuales se trata decidir ahora,(…)”. Esta acepción es el precedente entendido en el sentido más restringido según el autor. Las demás acepciones hacen referencia similar al concepto propuesto por la Corte Constitucional en el sentido en que debe ser una sentencia anterior que trata de hechos cuestiones y elemento muy similares al caso que se pretende resolver».
Cfr. sentencia T-102 de 2014 M. P. Jorge Ignacio Pretelt Chaljub. Ver también las sentencias T-794 de 2011 M.P. Jorge Iván Palacio, T-1317 de 2001. M.P. Rodrigo Uprimny Yepes y T-292 de 2006. M.P. Manuel José Cepeda Espinosa
Ver entre otras, sentencias T-794 de 2011 M.P. Jorge Iván Palacio, T-082 de 2011 M.P. Jorge Ignacio Pretelt Chaljub y T-209 de 2011 M.P. Juan Carlos Henao Pérez
Fundamentado en el principio de la autonomía judicial. Corte Constitucional, Sala Primera de Revisión, sentencia T-233 de 20 de abril de 2017. M.P. María Victoria Calle Correa
Consejo de Estado, sección primera, sentencia de 21 de junio de 2018, expediente 11001-03-15-000-2017-02585-01, M. P. Roberto Augusto Serrato Valdés.
“Por la cual se dictan algunas medidas en relación con las Cajas de Previsión y con las prestaciones sociales para el sector público”, Diario oficial No. 36856 de 13 de febrero de 1985. Entre estos, el Decreto 546 de 1971 (funcionarios y empleados de la rama judicial); Ley 7 de 1961 y su Decreto Reglamentario 1372 de 1966 (empleados de la Unidad Administrativa Especial de la Aeronáutica Civil, que desempeñen funciones aeronáuticas); y Decreto 929 de 1979, en armonía con los Decretos 1045 dey 720 de 1978 (empleados Contraloría General de la República)
«Por el cual se aprueba el acuerdo 049 de febrero 1 de 1990, emanado del Consejo Nacional de Seguros Sociales Obligatorios»)
Las personas que al momento de entrar en vigencia el sistema, tengan treinta y cinco (35) o más años de edad si son mujeres o cuarenta (40) o más años de edad si son hombres. Las personas que al momento de entrar en vigencia la Ley 100 de 1993, tuvieran quince (15) o más años de servicios cotizados. La norma señalaba: «Sin embargo, cuando el tiempo que les hiciere falta fuere igual o inferior a dos (2) años a la entrada en vigencia de la presente ley, el ingreso base para liquidar la pensión será el promedio de lo devengado en los dos (2) últimos años, para los trabajadores del sector privado y de un (1) año para los servidores públicos». Corte Constitucional, Sala Plena, Sentencia C-168 de 20 de abril de 1995, M.P. Carlos Gaviria Díaz. Numeral segundo de la parte resolutiva: “SEGUNDO: Declarar EXEQUIBLES los incisos segundo y tercero del artículo 36 de la ley 100 de 1993, salvo el aparte final de este último que dice: "Sin embargo, cuando el tiempo que les hiciere falta fuere igual o inferior a dos (2) años a la entrada en vigencia de la presente ley, el ingreso base para liquidar la pensión será el promedio de lo devengado en los dos (2) últimos años, para los trabajadores del sector privado y de un (1) año para los servidores públicos", el cual es INEXEQUIBLE”.
“Por el cual se adiciona el artículo 48 de la Constitución Política”. Lo resumió la Sala Plena de lo Contencioso Administrativo del Consejo de Estado, en su proveído de 28 de agosto de 2018 (radicado 52001-23-33-000-2012-00143-01), así: «La redacción del artículo 36 de la Ley 100 de 1993 ha dado lugar a diversas interpretaciones sobre cuál es el ingreso base de liquidación que se debe tomar en cuenta para liquidar las pensiones en el régimen de transición, pues el concepto “monto” señalado en el inciso 2 de esa disposición daría lugar a entender, como lo ha considerado la Sección Segunda del Consejo de Estado, que la mesada pensional o monto incluye el IBL y la tasa de reemplazo previstos en los regímenes anteriores. Sin embargo, otra interpretación es que, en virtud de lo previsto en el inciso 3 ibídem, para establecer el monto de la pensión, solo se tomaría la tasa de reemplazo del régimen anterior, teniendo en cuenta que el IBL fue expresamente definido por este inciso para el régimen de transición. La Corte Constitucional y la Corte Suprema de Justicia son de esta tesis». Cfr. Consejo de Estado, Sección Primera, sentencia de 8 de junio de 2018, radicación 11001-03-15-000-2017-03477-01.
En la sentencia SU-230 de 2015, la Corte Constitucional señaló que «[…] existe una línea jurisprudencial consolidada de las Salas de Revisión de Tutela (T472 de 2000, T-1122 de 2000, T-235 de 2002, T-631 de 2002, T-1000 de 2002, T169 de 2003, T-625 de 2004, T-651 de 2004, C-754 de 2004, T-830 de 2004, C-177 de 2005, T-386 de 2005, T-1160 de 2005, T-147 de 2006, T-158 de 2006, T-621 de 2006, T-910 de 2006, T-1087 de 2006, T-251 de 2007, T-529 de 2007, T-711 de 2007, T-1001 de 2008, T-143 de 2008, T-180 de 2008, T-248 de 2008, T-019 de 2009, T-610 de 2009) cuya ratio decidendi precisa que se vulneran los derechos pensionales cuando no se aplica en su integridad el régimen especial en el que se encuentra amparado el beneficiario del régimen de transición, y en los eventos en que se desconoce que el monto y la base de liquidación de la pensión forman una unidad inescindible, y por tanto, debe aplicarse la totalidad de lo establecido en el régimen especial y no lo consagrado en el inciso 3 del artículo 36 de la Ley 100 de 1993». Congresistas, Magistrados de Altas Cortes (Art. 28 Decreto 104 de 1994) y otros Altos Funcionarios a los que resulta aplicable el citado artículo. Consejo de Estado, Sección Segunda, radicación 25000-23-25-000-2006-07509-01 (0112-2009), M.P. Víctor Hernando Alvarado Ardila. Esta Corporación, en sede de tutela, y mientras estuvo vigente la referida sentencia de unificación, señaló que se configura un defecto sustantivo por desconocimiento del precedente jurisprudencial vinculante, cuando de manera contraria a lo antes expresado, se aplican las normas de la Ley 100 de 1993 sobre ingreso base de liquidación, como quiera que sobre la materia no hay sentencia de control de constitucionalidad de la Corte Constitucional del artículo 36 de la Ley 100 de 1993, por medio de la cual se imponga darle un alcance y sentido diferente a tales preceptos. Consejo de Estado, Sección Segunda, radicación 25000-23-42-000-2013-01541-01. M.P. Cesar Palomino Cortés. Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, sentencia de unificación de 28 de agosto de 2018, C.P. César Palomino Cortés, número único de radicación 52001 23 33 000 2012 00143 01. Cabe señalar, que en la misma decisión se precisó que ni la regla ni subregla primera cobijan a los docentes afiliados al Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio, habida cuenta que en virtud del artículo 279 de la Ley 100 de 1993, fueron exceptuados del Sistema Integral de Seguridad Social, por lo que no están cobijados por el régimen de transición. Por ello su régimen pensional es el de la Ley 91 de 1989, excepto los docentes que se vinculen a partir del 26 de junio de 2003 (fecha de entrada en vigor de la Ley 812 de 2003), quienes tendrán los derechos del régimen pensional de prima media establecido en las Leyes 100 de 1993 y 797 de 2003. Pensiones en virtud de la Ley 33 de 1985. Beneficiarios del régimen de transición de la Ley 100 de 1993, a quienes se les aplique la Ley 33 de 1985. Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Segunda, sentencia de 4 de agosto de 2010, C.P. Víctor Hernando Alvarado Ardila, número único de radicación 25000-23-25-000-2006-07509-01. El promedio de lo devengado en el tiempo que le hiciere falta, es decir, del 1.º de abril de 1994 al 17 de agosto de 1993 (fecha de retiro del servicio). Ff. 117 a 121 y CD del cuaderno principal. Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Segunda, sentencia de 4 de agosto de 2010, C.P. Víctor Hernando Alvarado Ardila, número único de radicación 25000-23-25-000-2006-07509-01. Como fue planteado, en su momento, en el ratio decidendi de la decisión de 4 de agosto de 2010, como regla general para las pensiones de jubilación de los beneficiarios del régimen de transición del artículo 36 de la Ley 100 de 1993.
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