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Consejo de Estado · Sección Cuarta

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Cuarta, radicado 11001-03-15-000-2018-04034-00

Improcedencia de la acción de tutela contra providencia judicial: incumplimiento del requisito de relevancia constitucional

Fecha
20 de marzo de 2019
Consejero ponente
Stella Jeannette Carvajal Basto

01Lo que resolvió

Ficha de la providencia

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Cuarta, radicado 11001-03-15-000-2018-04034-00

Consejo de Estado · Sección Cuarta

Parte resolutiva

RESUELVE Primero.- DECLÁRASE IMPROCEDENTE la solicitud de amparo elevada por el señor Jhon Byron Zapata Atehortúa. Segundo.-

02Texto de la providencia

República de Colombia

Consejo de Estado

Sección Cuarta

Radicado 11001-03-15-000-2018-04034-00

Consejero ponente: Stella Jeannette Carvajal Basto

20 de marzo de 2019

IMPROCEDENCIA DE LA ACCIÓN DE TUTELA CONTRA PROVIDENCIA JUDICIAL - Incumplimiento del requisito de relevancia constitucional / ACCIÓN DE TUTELA - No es una tercera instancia

[L]os argumentos que sustentan la configuración de los defectos alegados ya habían sido planteados por el actor en el escrito de la acción de cumplimiento que impetró contra el Municipio de Pereira y en la impugnación que contra la sentencia de 27 de agosto de 2018 presentó, lo que desconoce el requisito de relevancia constitucional, en tanto el mecanismo de amparo constitucional se estaría empleando como una instancia adicional al proceso judicial que dio origen a la providencia objeto de reproche constitucional. (...) las razones de la impugnación presentada por el accionante frente a la sentencia de 27 de agosto de 2018 son, en esencia, las mismas que sustentan el mencionado defecto sustantivo, esto es, las relativas a la supuesta interpretación errónea del artículo 48 de la Ley 14 de 1983 y el artículo 83 de la ley 617 de 2000, lo que desconoce el requisito de la relevancia constitucional. (...) si bien la autoridad judicial accionada acogió los argumentos expuestos por el demandante, de los que concluyó que el municipio de Pereira no podía incluir la totalidad del incremento del recaudo por el impuesto de Industria y Comercio en el marco de los ingresos corrientes de libre destinación, en la impugnación al fallo de primera instancia, así como en la presente acción de tutela, el accionante manifiesta una inconformidad con los efectos temporales de las órdenes dadas en la sentencia de primera instancia, favorable a sus intereses, en tanto a su criterio, estos no se acompasan con el marco normativo general de los impuestos nacionales, en específico con el fin de reducir la pobreza. (...) lo que se evidencia en el presente asunto es una simple inconformidad de la parte actora con los efectos de la decisión adoptada por la autoridad judicial accionada, valga decir, favorable a sus intereses, ya que los argumentos que planteó en la solicitud de tutela, además de no emanar relevancia constitucional, son iguales a los que expuso en la acción de cumplimiento y al interponer la impugnación contra la decisión de primera instancia de dicho proceso, aspectos que fueron resueltos en su totalidad por el juez ordinario.

FUENTE FORMAL: CONSTITUCIÓN POLÍTICA - ARTÍCULO 86 / CONSTITUCIÓN POLÍTICA - ARTÍCULO 93 / CONVENCIÓN AMERICANA SOBRE DERECHOS HUMANOS - ARTÍCULO 25 / PACTO DE DERECHOS CIVILES Y POLÍTICOS - ARTÍCULO 2.3 - LITERAL A / LEY 14 DE 1983 - ARTÍCULO 48 / LEY 617 DE 2000 - ARTÍCULO 83 / DECRETO 2591 DE 1991 - ARTÍCULO 29

CONSEJO DE ESTADO

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCIÓN CUARTA

Consejera ponente: STELLA JEANNETTE CARVAJAL BASTO

Bogotá, D.C., veinte (20) de marzo de dos mil diecinueve (2019)

Radicación número: 11001-03-15-000-2018-04034-00(AC)

Actor: JOHN BYRON ZAPATA ATEHORTUA

Demandado: TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DE RISARALDA Y JUZGADO SÉPTIMO ADMINISTRATIVO DEL CIRCUITO DE PEREIRA

Temas: Tutela contra providencia judicial. Impuesto de industria y comercio. Acción de cumplimiento. Defecto sustantivo. Relevancia constitucional

SENTENCIA DE PRIMERA INSTANCIA

La Sección Cuarta del Consejo de Estado procede a decidir la solicitud de tutela promovida por el señor John Byron Zapata Atehortua, en nombre propio, contra el Tribunal Administrativo de Risaralda y el Juzgado Séptimo Administrativo del Circuito de Pereira, en la que pide el amparo constitucional de los derechos fundamentales al debido proceso y de acceso a la administración de justicia, vulnerados, supuestamente, por las sentencias de 27 de agosto de 2018 y 17 de septiembre de 2018, mediante las cuales las autoridades judiciales accionadas accedieron parcialmente a las pretensiones y confirmaron dicha decisión, respectivamente, en el marco de la acción de cumplimiento que promovió contra el Municipio de Pereira y el Concejo Municipal de Pereira, con el fin de que se diera cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 48 de la Ley 14 de 1983 y la Ley 617 de 2000.

I. ANTECEDENTES

Hechos

Del expediente se pueden extraer los siguientes hechos relevantes:

El accionante manifestó que pese a que el Concejo Municipal de Pereira adoptó los planes de desarrollo para los periodos 2012-2015 y 2016-2019, mediante los acuerdos municipales 020 de 2012 y 011 de 2016, en cuyo articulado no se establecía el impuesto de industria y comercio como un ingreso corriente de libre destinación o sin destinación específica, desde el año 2012 el municipio lo ha venido registrando como tal, lo cual contraría lo establecido en el artículo 48 de la Ley 14 de 1983, que lo define como un impuesto con destinación específica.

Indicó que luego de que a través de petición radicada el 13 de febrero de 2018, solicitara al municipio que indicara las rentas de destinación específica, este respondió con un listado en el que no se incluía el impuesto de industria y comercio, lo que, en su concepto, configura los delitos de peculado por apropiación oficial diferente y prevaricato por acción u omisión.

Refirió que, en tal razón, impetró acción de cumplimiento contra el Municipio de Pereira y el Concejo Municipal de Pereira, con el fin, entre otros, de que se diera cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 48 de la Ley 14 de 1983 y la Ley 617 de 2000, de la que conoció en primera instancia el Juzgado Séptimo Administrativo del Circuito de Pereira, quien en sentencia de 27 de agosto de 2018, declaró el incumplimiento de las normas por parte del Municipio de Pereira, ordenó al mismo dar cumplimiento a la normativa desconocida a partir de la vigencia 2019, y denegó la demás pretensiones.

Manifestó que luego de que ambas partes apelaran dicha decisión, por su parte con base en la inconformidad derivada de la orden de cumplimiento solo desde el año 2019, el Tribunal Administrativo de Risaralda, mediante sentencia de 17 de septiembre de 2018, la confirmó en su totalidad, bajo la consideración de que, contrario a lo indicado por el municipio demandado, de la interpretación de las normas pertinentes se extrae que el impuesto de industria y comercio no puede considerarse como de libre destinación, máxime cuando, como en el caso, el municipio demandado no había creado una destinación expresa en el marco presupuestal o plan de desarrollo de la entidad.

2. Fundamentos de la acción

El accionante considera que las sentencias de 27 de agosto de 2018 y 17 de septiembre de 2018, mediante las cuales las autoridades judiciales accionadas accedieron parcialmente a las pretensiones en el marco de la acción de cumplimiento que promovió contra el Municipio de Pereira y el Concejo Municipal de Pereira, y confirmaron dicha decisión, respectivamente, incurrieron en i) defecto sustantivo, por cuanto, en su criterio, interpretaron erróneamente el artículo 48 de la Ley 14 de 1983 y el artículo 83 de la ley 617 de 2000, ii) desconocimiento del precedente judicial emanado de la sentencia C-495 de 1998 de la Corte Constitucional, iii) defecto fáctico “por no analizar integralmente la valoración del material probatorio” y iv) violación directa de la Constitución.

3. Pretensiones

En el escrito de tutela se formulan las siguientes:

“De acuerdo con los fundamentos de hecho y de derecho consignados, respetuosamente solicito se declare que el Tribunal Administrativo de Risaralda, Sala de Decisión integrada por los Magistrados Dra. Paola Andrea Gartner Henao, Dr. Fernando Alberto Álvarez Beltrán y Dra. Dufay Carvajal Castañeda, transgredió los derechos fundamentales, El A QUO y AD QUEM (sic) al proferir la sentencia 66001-33-007-2018-01, del 17 de septiembre de 2018, que confirma la decisión contenida en la sentencia del 27 de agosto de 2018 proferida por el Juzgado séptimo Administrativo del Circuito de Pereira dentro del proceso de la acción de cumplimiento incoada por el suscrito ordenando se produzca un nuevo fallo que corrija las violaciones y que contenga:

1. La Violación del principio de igualdad ante la ley y la aplicación de esta, igualdad de protección de trato al accionante.
2. La falta de argumentación para desconocer: la jurisprudencia que se relaciona, en especial la C-495 de 1998 y el artículo 83 de la ley 617 de 2000, en tanto no ha existido cambio legislativo; no se han generados cambios sustanciales en materia social, económicos y política que genere obsolescencia o injusticia en la aplicación de la doctrina vigente. El desconocimiento del precedente jurisprudencial es el incumplimiento por los jueces del presupuesto necesario para garantizar la seguridad jurídica y como previsibilidad en la interpretación y la buena fe. (T-1130/03. MP. J Córdoba Triviño). Igualmente, no argumento el aplazamiento de las partidas -Impuesto de Industria y Comercio, inmediatamente- con destinación específica, violando una norma supra orgánica “Estatuto Orgánico de Presupuesto“ el decreto 111 de 1996 en su Artículo 76.

3. La falta de argumentación para desconocer las sentencias de la Corte Constitucional, por considerarlas: errónea, (sic) por ser contraria a los valores, objetivos, principios y derechos en que se fundamentó en el ordenamiento jurídico.

4. Desconoció la ratio decidendi y el obiter dictum de las diferentes sentencias C-495/98 y las señaladas aquí, convirtiendo sus fallos, son de hecho, (sic) vulnerando la constitucionalidad de cosa juzgada. Entre otras encontramos la jurisprudencia de la ley 617 de 2000 en sus artículos, así: 2 (04112101, C-579/01, C-1098/O1); 3 (C-579/01, C-1112l01, C-540/01) 6 (01105/01. C-1112/01. C-579/01. C-540/01); 10 (C-1105/01. C-1112/01, C-837/01, C-579/01, C-540/01); 13 (C-540/01); 21(C-1105/01, C-975/01. C-868/01, C-837IO1, C-540/01), 22 (C-579/01); 73; 80 (C-1098/01); 81 (C-540/01); 92 (C-459/02, C837/01. C-540/01); 83 y 95 (C-1105/01. C-778/01. 0-579/01, C-540/01).

5. La denegación de justicia en el marco del derecho internacional (art.93 C.P.), entre ellas: la violación de las garantías judiciales, violación al debido proceso, desconocimiento de la jurisprudencia constitucional, error inducido, igualdad y acceso a la administración de justicia del accionante.

6. Su fallo no se ajustó a lo establecido en el art. 87 C.P frente a las acciones de cumplimiento y la ley 393 de 1997 en sus artículos: 2 (0-193/98); 5 (C-893/99. C158I98, C-157I98); 8 (C-651/03, C-893/99, C-01OI01, 0893/99. C1194/01); 9 (C1194/01, C-193/98, C-157/98); 15; 17; 20 (C-492/00, 0893/99. 0600/98) y 21 (C010/01).

7. El nuevo fallo contenga el precedente jurisprudencial que edifico la Corte Constitucional el 15 de septiembre de 1998, con ponencia del magistrado Dr. Antonio Barrera Carbonell -C-495/98 y concomitantemente aborde la acción de cumplimiento, acorde con lo establecido por el artículo 83 de la ley 617 de 2000.

8. El nuevo fallo además deberá determinar, si hubo o no, incumplimiento por parte del municipio de Pereira, desde el 2012 hasta hoy, de la destinación del incremento del impuesto de industria y comercio para inversión. Así mismo, determinar si el valor del detrimento es menor, igual o mayor desde el año 2012 a la fecha a: Cuatrocientos treinta y tres mil novecientos ocho millones trescientos seis mil seiscientos treinta y ocho pesos ($433.908.306.638).

9. Sus fallos desconocen los mínimos de la hermenéutica en determinar si la ley 14 de 1983 fue modificada por el decreto ley 1333 de 1986, más específicamente paso del capítulo lll “Impuesto de Industria y Comercio al Sector financiero", al Título X “De los bienes y rentas municipales, capítulo II “De los impuestos municipales” se lee en el artículo 213, o no (sic).

10. Para calcular el incremento tomamos como referencia el acuerdo municipal 69 de 1983 en el cual se registra el calculó del presupuesto de industria y comercio para la vigencia fiscal de 1984 en la suma de $182.000.000. El presupuesto del impuesto del impuesto de industria y comercio -ICA-, a junio de 2018, es de $75.826,4 millones. En consecuencia, el incremento del ICA es para el 2018 equivalente a $75.644.4 millones.

11. Ordenar se pronuncie sí o no es el documento de procedibilidad valido el Derecho de petición con radicado No. 32689-2018 -hasta hoy sin respuesta-, cuáles son las razones en uno u otro caso. Es inválido o no, hacer valer por el A QUO, como documento de procedibilidad, derecho de petición de solicitud de información del 13 de febrero de 2018. Qué implicaciones tiene el uno y el otro para el fallo.

12. Ordenar que el fallo se ajuste a lo estipulado en los numerales 5 y 6 del artículo 21 de la ley 393 de 1997, a saber.
“Concluida la etapa probatoria, si la hubiere, el Juez dictará fallo, el que deberá contener.
1, La identificación del solicitante.
2. La determinación de la obligación incumplida.
3. La identificación de la autoridad de quien provenga el incumplimiento.
4. La orden a la autoridad renuente de cumplir el deber omitido. 5. Plazo perentorio para el cumplimiento de lo resuelto. que no podrá exceder de diez (10) días hábiles, contados a partir de la fecha en que quede ejecutoriado el fallo. (…)

13. El nuevo fallo deberá indicar los nuevos Ingresos Corrientes de Libre Destinación ICLD con el apoyo de la Contraloría General de la República y se ordene modificar todas las certificaciones desde el año 2012 hasta la fecha, tanto al Contralor General de la República, Contador General de la Nación y al señor Alcalde de Pereira. Así mismo, de la categoría a que le corresponde al municipio de Pereira desde el año 2012 hasta la fecha y la modificación de todos los actos administrativos a que ello corresponda.

14. Se ordene por el Honorable Consejo de Estado adelantar la investigación de los siguientes delitos, cometidos en razón a lo requerido en la acción de cumplimiento impetrada:
prevaricato por acción (Art413 C.P).
peculado por omisión (art. 414 C.P).
falsedad ideológica en documento público (art.286 C.P).
falsedad materia en documento público (art. 287 C.P) al no reflejar la realidad económica del municipio de Pereira y
e. peculado por aplicación oficial diferente (art. 399 C.P).

15. Ordenar el Honorable Consejo de Estado a la autoridad renuente (Alcalde, Secretario de Hacienda y Concejo Municipal de Pereira) aplazar la partida de gastos de funcionamiento por valor de $75.644,4 millones de pesos, lo cual se puede dar cumplimiento en virtud de lo establecido en el artículo 76 del Decreto 111 de 1996. Igualmente, se ordene que dicho se cumpla en un plazo no mayor a 10 días, se envié una copia de los actos administrativos al accionante, mediante como prueba del aplazamiento de las partidas de gastos de funcionamiento por valor de $75.644,4 millones. Ante el desacato, darle cumplimiento de inmediato y de oficio por el despacho, acorde con lo señalado por el artículo 29 de la ley 393 de 1997.

16. Ordenar a la Superintendencia Financiera expida certificación artículo 206 decreto ley 1333 de 1986 sobre los valores pagados por concepto de impuesto de industria y comercio por el sector financiero desde el año fiscal 2012 a la fecha, clasificada por año, a favor del municipio de Pereira.

17. El nuevo fallo, cumpla con lo señalado por el artículo 31 de la ley 393 de 1997, así:

“La Dirección General de Políticas Jurídicas y Desarrollo Legislativo del Ministerio de Justicia y del Derecho hará el seguimiento de los efectos producidos por la aplicación de la presente Ley, y rendirá un informe sobre los efectos de la misma ante las Presidencias del Senado y de la Cámara de Representantes dentro de los dieciocho (18) meses siguientes a su vigencia. Igualmente, corresponde al Ministerio de Justicia y del Derecho emprender dentro de los tres (3) meses siguientes a su promulgación, una campaña de difusión y pedagogía ciudadana”.

4. Pruebas relevantes

Se allegó copia en medio magnético de la acción de cumplimiento 2018-00186-00, actor: Jhon Byron Zapata Atehortúa.

5. Trámite procesal

En auto de 19 de noviembre de 2018, el despacho admitió la demanda y ordenó notificar al accionante y a las autoridades judiciales accionadas. Igualmente al Municipio de Pereira, al Concejo Municipal de Pereira y a la Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado, como terceros interesados en el resultado del proceso.

La Secretaría General de esta Corporación libró los oficios 111454 a 111458, todos de 29 de noviembre de 2018, a fin de darle cumplimiento a la referida decisión.

6. Oposición

6.1. Respuesta del Juzgado Séptimo Administrativo del Circuito de Pereira

En escrito de 3 de diciembre de 2018, el titular del despacho solicitó que se declarara la improcedencia de la solicitud de amparo, habida cuenta de que, indica, pese a las afirmaciones del actor, donde inconexamente eleva contenidos normativos, constitucionales y de derecho internacional, este no discute un asunto de relevancia constitucional, pues no logra demostrar la trascendencia de un conflicto legal al plano constitucional, y solo busca ampliar las dos instancias que ya se surtieron en el proceso, en el que de manera fundamentada se concedieron parcialmente las pretensiones, lo que desconoce los requisitos generales de procedibilidad de subsidiariedad y relevancia constitucional necesarios para su estudio de fondo.

Indicó que, en este sentido, la presente acción está siendo empleada para reabrir el debate jurídico que quedó resuelto en las sentencias de ambas instancias, por lo que la misma debe ser declarada improcedente, ya que el mecanismo constitucional no puede convertirse en una tercera instancia que desconozca el carácter subsidiario y residual de la acción de tutela contra providencias judiciales.

6.2. Respuesta del Tribunal Administrativo de Risaralda

El magistrado ponente de la decisión objetada rindió informe en el que solicitó que se denegaran las pretensiones de la acción, habida cuenta de que, en su criterio, esa Sala no vulneró los derechos fundamentales del actor, en tanto actuó conforme con las normas aplicables y la jurisprudencia vigente emanada de su superior jerárquico.

Luego de efectuar un resumen de las actuaciones surtidas al interior del proceso que originó la controversia y de citar los argumentos que sustentaron la decisión que se objeta, señaló que la solicitud debe ser declarada improcedente, en tanto la parte tutelante no puede pretender hacer ver el mecanismo constitucional como una acción independiente del proceso que ya fue puesto a consideración del juez natural, y frente al cual ya existe una decisión de fondo.

II. CONSIDERACIONES DE LA SALA

1. Competencia

De conformidad con lo previsto en los artículos 86 de la Constitución Política, 29 del Decreto 2591 de 1991 y el artículo 13 del reglamento interno, la Sección Cuarta del Consejo de Estado es competente para decidir el asunto objeto de estudio.

Planteamiento del problema jurídico

Previo a cualquier consideración, en tanto fue puesto de presente por las autoridades judiciales accionadas, corresponde a la Sala verificar si la presente solicitud cumple con el requisito de relevancia constitucional necesario para realizar el estudio de fondo de la tutela contra providencias judiciales.

En caso de que la respuesta a este interrogante sea afirmativa, corresponde a la Sala determinar si las sentencias de 27 de agosto de 2018 y 17 de septiembre de 2018, mediante las cuales las autoridades judiciales accionadas accedieron parcialmente a las pretensiones, en el marco de la acción de cumplimiento que el actor promovió contra el Municipio de Pereira y el Concejo Municipal de Pereira, incurrieron en i) defecto sustantivo, por la interpretación errónea del artículo 48 de la Ley 14 de 1983 y el artículo 83 de la ley 617 de 2000, ii) desconocimiento del precedente judicial emanado de la sentencia C-495 de 1998 de la Corte Constitucional, iii) defecto fáctico “por no analizar integralmente la valoración del material probatorio” y iv) violación directa de la Constitución.

3. Procedencia excepcional de la acción de tutela contra providencias judiciales

El artículo 86 de la Constitución Política señala que toda persona tendrá acción de tutela para reclamar ante los jueces la protección inmediata de sus derechos constitucionales fundamentales, “cuando quiera que estos resulten vulnerados por la acción o la omisión de cualquier autoridad pública”, mandato que materializa las obligaciones internacionales contenidas en los artículos 25 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos y 2.3 literal a) del Pacto de Derechos Civiles y Políticos, instrumentos que hacen parte de la legislación interna en virtud del bloque de constitucionalidad (art. 93 de la Carta).

Esta Corporación judicial en la sentencia de unificación emanada por la Sala Plena de lo Contencioso Administrativo el 31 de julio de 2012, acogió la tesis de admitir la procedencia excepcionalísima de la solicitud de tutela contra providencias judiciales, cuando se advierta una manifiesta vulneración iusfundamental.

Más adelante, la misma Sala en sentencia de unificación del 5 de agosto de 2014, precisó el ámbito de aplicación de la acción de tutela contra providencias judiciales, lo que llevó a concluir que su procedencia se debe predicar, también, respecto “de sus máximos tribunales”, en tanto se trata de autoridades públicas que “pueden eventualmente vulnerar los derechos fundamentales de personas”. En la misma decisión, el Consejo de Estado acogió las condiciones de aplicación que sistematizó la Corte Constitucional en la sentencia C-590 de 2005.

Los requisitos generales de procedencia que deben ser verificados, son: (i) Que la cuestión que se discuta resulte de evidente relevancia constitucional; (ii) Que se hayan agotado todos los medios -ordinarios y extraordinarios- de defensa judicial al alcance de la persona afectada; (iii) Que se cumpla el requisito de la inmediatez, es decir, que la tutela se hubiere interpuesto en un término razonable y proporcionado a partir del hecho que originó la vulneración (…); (iv) Cuando se trate de una irregularidad procesal, debe quedar claro que la misma tiene un efecto decisivo o determinante en la sentencia que se impugna y que afecta los derechos fundamentales de la parte actora (…); (v) Que la parte actora identifique de manera razonable tanto los hechos que generaron la vulneración como los derechos vulnerados y que hubiere alegado tal vulneración en el proceso judicial siempre que esto hubiere sido posible (…) y (vi) Que no se trate de sentencias de tutela.

Ahora bien, los requisitos específicos de procedencia que ha precisado la jurisprudencia constitucional en la misma sentencia C-590 de 2005, son los siguientes: (i) Defecto orgánico; (ii) Defecto procedimental absoluto; (iii) Defecto fáctico; (iv) Defecto material o sustantivo; (v) Error inducido; (vi) Decisión sin motivación; (vii) Desconocimiento del precedente y (viii) Violación directa de la Constitución.

Al juez de tutela le corresponde verificar el cumplimiento estricto de todos los requisitos generales de procedencia, de tal modo que una vez superado ese examen formal pueda constatar si se configura, por lo menos, uno de los defectos arriba mencionados, siempre y cuando, en principio, hayan sido alegados por el interesado. Estos presupuestos han sido acogidos en reiterada jurisprudencia del Tribunal Supremo de lo Contencioso Administrativo y de la Corte Constitucional.

En definitiva, la acción de tutela contra providencias judiciales, como mecanismo excepcional, se justifica en el carácter prevalente que se debe dar a la cosa juzgada y a los principios constitucionales de autonomía e independencia del juez natural, atributos que debe tener en consideración el juez constitucional al momento de estudiar la constitucionalidad de cualquier fallo.

4. El caso objeto de estudio no cumple el requisito de relevancia constitucional

El presupuesto de relevancia constitucional tiene como finalidad “(i) proteger la autonomía e independencia judicial y (ii) evitar que el juez de tutela se inmiscuya en asuntos que le corresponde resolver a otras jurisdicciones.

Al respecto, la Corte Constitucional ha establecido un conjunto de reglas dirigidas a definir cuándo un asunto presenta relevancia constitucional, partiendo del hecho que de la actuación objeto de reproche constitucional se advierta una posible vulneración a los derechos y deberes constitucionales.

En el mismo sentido, la Sala Plena del Consejo de Estado partiendo de los lineamientos fijados por la Corte Constitucional en la Sentencia C-590 de 2005 sobre la procedencia excepcional de la tutela contra decisiones judiciales, fijó las condiciones que corresponde verificar al juez de tutela para determinar si la acción de tutela cumple o no con el requisito de relevancia constitucional. Al respecto estableció que este requisito tiene una doble connotación, como criterio de selección en sede de revisión de la Corte Constitucional y como requisito de procedencia de la acción de tutela que busca evitar que el trámite de la acción de amparo se convierta en una tercera instancia.

Como requisito de procedibilidad, la relevancia constitucional exige la verificación de los siguientes elementos: (i) que la situación fáctica expresada en la tutela conlleve necesariamente al análisis de la vulneración de un derecho fundamental y, que el actor justifique de manera suficiente las razones por las cuales considera que se cumple este presupuesto y (ii) que el mecanismo de amparo constitucional no se emplee como una instancia adicional al proceso ordinario que dio origen a la providencia objeto de reproche constitucional.

Del estudio del expediente, la Sala observa que los argumentos que sustentan la configuración de los defectos alegados ya habían sido planteados por el actor en el escrito de la acción de cumplimiento que impetró contra el Municipio de Pereira y en la impugnación que contra la sentencia de 27 de agosto de 2018 presentó, lo que desconoce el requisito de relevancia constitucional, en tanto el mecanismo de amparo constitucional se estaría empleando como una instancia adicional al proceso judicial que dio origen a la providencia objeto de reproche constitucional.

En el caso, como fue puesto de presente, el actor considera que la sentencia de 17 de septiembre de 2018, mediante el cual el Tribunal Administrativo de Risaralda confirmó el fallo de primera instancia en el marco de la acción de cumplimiento que promovió contra el Municipio de Pereira, incurre en defecto sustantivo, por cuanto, en su criterio, interpretó erróneamente el artículo 48 de la Ley 14 de 1983 y el artículo 83 de la ley 617 de 2000.

La Sala constató que, en efecto, las razones de la impugnación presentada por el accionante frente a la sentencia de 27 de agosto de 2018 son, en esencia, las mismas que sustentan el mencionado defecto sustantivo, esto es, las relativas a la supuesta interpretación errónea del artículo 48 de la Ley 14 de 1983 y el artículo 83 de la ley 617 de 2000, lo que desconoce el requisito de la relevancia constitucional.

Esta situación se puede evidenciar del escrito de impugnación, fechado 28 de agosto de 2018, del que se aprecia que se trata de los mismos argumentos, como puede observarse a continuación:

“La sentencia recurrida, al pronunciarse en el fondo del asunto, desconoce la reubicación o recodificación a través del Decreto ley 1333 de 1986 del artículo 213 igual, contenido del artículo 48 de la ley 14 de 1983.

No comparto la decisión acatada, por cuanto el despacho interpreta restrictivamente el querer del legislador en relación con el impuesto de industria y comercio, para dar cumplimiento con ello a los tratados internacionales, con el fin de reducir la pobreza, destinando el incremento del impuesto de industria y comercio a inversión que permite darle soporte a un ESTADO SOCIAL DE DERECHO.

Con las conclusiones de la sentencia no son claras, pregunto (sic): ¿qué ocurre con los hechos acaecidos desde 2012 a la fecha, es cierto o no, que todo este período incumplió el municipio de Pereira con la destinación del Impuesto de industria y comercio a inversión?

No comparto la decisión de no recibir como parte de esta acción de cumplimiento lo señalado por el artículo 83 de la ley 617 de 2000, como consecuencia de la aplicación del artículo 48 de la ley 14 de 1983 y recodificado en el Decreto ley 1333 de 1983, facultado por los artículos 76 y 77 de la ley 11 de 1986. Desconoce la sentencia recurrida la causalidad en la aplicación de la ley 617 de 2000. (Subrayas y negrillas de la Sala).

Adicionalmente, consta que a los cargos presentados se refirió el Tribunal Administrativo de Risaralda, de la siguiente manera:

“Visto lo anterior, para esta Corporación resulta contraria la actuación de la administración municipal del ente demandado frente al contenido del artículo 48 de la Ley 14 de 1983, toda vez que el legislador por medio de la norma, impone un deber supletivo que debe ser acatado por la administración cuando no se cumple con el precepto dispuesto por el artículo 48 demandado ibídem, el cual dispuso que dicho impuesto, en lo que provenga de su aplicación al sistema financiero, tiene un fin específico, que no es otro que la inversión, sin que pueda la administración municipal disponer de ese monto libremente.

Así pues, no es de recibido (sic) para esta Sala de decisión, que la administración municipal en su escrito de apelación aluda a que en los términos del parágrafo 1º del artículo 3º de la Ley 617 de 2000, el impuesto de industria y comercio en lo que refiere al sector financiero pueda calificarse como de libre destinación, pues la norma relacionada ut supra establece que: “(...) Para efectos de lo dispuesto en esta ley se entiende por ingresos corrientes de libre destinación los ingresos corrientes excluidas las rentas de destinación específica, entendiendo por estas las destinadas por ley o acto administrativo a un fin determinado (…)".

De conformidad con lo anterior, se tiene entonces que no puede el municipio de Pereira incluir la totalidad del incremento del recaudo por el impuesto de Industria y Comercio en el marco de los ingresos corrientes de libre destinación. Toda vez que, a tono con lo dispuesto por el artículo 48 de la ley 14 de 1983, y en concordancia con el parágrafo primero transcrito arriba, se establece el deber para la administración municipal de disponer una destinación específica para aquellos determinados por la ley o acto administrativo, cuando no se haya creado una destinación expresa en el marco presupuestal o plan de desarrollo municipal de la entidad territorial, condición que no se cumple en el presente caso por el municipio accionado. Así pues, ante la falta de pronunciamiento expreso del municipio frente a la destinación de estos rubros, el legislador dispuso darle la de inversión, sin que por modo alguno pueda darse una destinación diferente.

De lo hasta aquí expuesto, al haberse establecido que el Plan de Desarrollo Municipal del ente territorial no hizo indicación alguna sobre el particular de la destinación específica para los rubros obtenidos por el concepto del Impuesto de Industria y Comercio, así como tampoco dio aplicación a lo dispuesto en la norma de la cual se demanda su inobservancia, destinando dicho recaudo a gastos de inversión, se dispondrá por esta Sala de Decisión, en la parte resolutiva de esta providencia confirmar la sentencia proferida en primera instancia, la cual ordena al ente territorial accionado dar cumplimiento a la orden del mandato contenido en el artículo 48 de la ley 14 de 1983”. (Negrillas de la Sala).

Así las cosas, se observa que si bien la autoridad judicial accionada acogió los argumentos expuestos por el demandante, de los que concluyó que el municipio de Pereira no podía incluir la totalidad del incremento del recaudo por el impuesto de Industria y Comercio en el marco de los ingresos corrientes de libre destinación, en la impugnación al fallo de primera instancia, así como en la presente acción de tutela, el accionante manifiesta una inconformidad con los efectos temporales de las órdenes dadas en la sentencia de primera instancia, favorable a sus intereses, en tanto a su criterio, estos no se acompasan con el marco normativo general de los impuestos nacionales, en específico con el fin de reducir la pobreza.

Como lo ha sostenido la Corte Constitucional, la relevancia constitucional requiere que el asunto sometido al juez de tutela tenga trascendencia superior y no solamente legal, contractual o de otra naturaleza, como sería la exclusivamente económica. Pero en todo caso, corresponde al juez de tutela verificar si “…se debaten derechos fundamentales, a partir del estudio de elementos que hacen parte de la dimensión objetiva de los derechos afectados, así como, de las circunstancias subjetivas de las partes que solicitan la protección constitucional, de tal manera que se garantice  el  “efecto de irradiación” de la Carta sobre el ordenamiento jurídico…”..

Para la Sala, lo que se evidencia en el presente asunto es una simple inconformidad de la parte actora con los efectos de la decisión adoptada por la autoridad judicial accionada, valga decir, favorable a sus intereses, ya que los argumentos que planteó en la solicitud de tutela, además de no emanar relevancia constitucional, son iguales a los que expuso en la acción de cumplimiento y al interponer la impugnación contra la decisión de primera instancia de dicho proceso, aspectos que fueron resueltos en su totalidad por el juez ordinario.

Por esta razón, se considera que en el caso no existe un real cuestionamiento iusfundamental en relación con una decisión judicial, sino simplemente, una reiteración de los argumentos expuestos en sede ordinaria, cual si se tratara de una instancia adicional, por lo tanto, el asunto carece de relevancia constitucional.

En este punto, resulta pertinente citar un pronunciamiento de la Sala Plena del Consejo de Estado en sentencia de unificación de agosto 5 de 2014, en el que se indicó que:

“(…) el procedimiento de tutela no puede erigirse en una instancia procesal adicional. En consecuencia, en caso que de la acción de tutela se derive que esa es la pretensión del actor, la decisión será rechazarla o declararla improcedente.

La tutela contra providencias judiciales supone siempre una discusión en torno a derechos fundamentales. No está concebida para cuestiones de mera legalidad o de apreciación judicial que no involucre aquellos. Dichas cuestiones carecerían de relevancia constitucional.”.

De este modo, las discrepancias respecto de la apreciación del caso no ameritan, per se, la revocación por vía de tutela de una providencia judicial, porque hacerlo llevaría a desconocer los principios de autonomía e independencia judicial.

La Sala reitera que en el caso no es suficiente con invocar la protección de derechos fundamentales para encontrar superado el presupuesto de la relevancia constitucional, pues además es necesario que se proponga un genuino debate constitucional y que no se pretenda revivir etapas procesales culminadas, para que, como una suerte de tercera instancia, el juez de tutela atienda argumentos que rodean el desacuerdo con una decisión judicial.

Una situación similar se observa respecto de los demás defectos alegados, esto es, el desconocimiento del precedente judicial emanado de la sentencia C-495 de 1998 de la Corte Constitucional, el defecto fáctico y la violación directa de la Constitución, por cuanto, respecto del primero de estos, el actor no justifica como el desconocimiento de una sentencia de control abstracto de constitucionalidad puede derivar en la vulneración de derechos fundamentales en el marco de una acción de cumplimiento, respecto del segundo, aun cuando invoca como desconocidos tratados internacionales y otros instrumentos jurídicos, no determina su alcance ni como el sentido del fallo habría sido otro en caso de haber sido tenidos en cuenta y, finalmente, respecto del tercero, la violación directa de la Constitución, si bien se nombran extensamente normas constitucionales supuestamente desconocidas, no existe en el escrito de tutela una argumentación precisa, mínima y razonable que permita acceder al estudio de fondo del alegado desconocimiento normativo.

En este orden de ideas, la Sala declarará improcedente la acción de tutela de la referencia, por no cumplir con el requisito de la relevancia constitucional.

III. DECISIÓN

En mérito de lo expuesto, la Sección Cuarta del Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley,

RESUELVE

Primero.- DECLÁRASE IMPROCEDENTE la solicitud de amparo elevada por el señor Jhon Byron Zapata Atehortúa.

Segundo.- NOTIFÍQUESE esta decisión por el medio más eficaz y expedito posible, como lo dispone el artículo 30 del Decreto 2591 de 1991.

Tercero.- En caso de no ser impugnada esta providencia, REMÍTASE el expediente de tutela a la Corte Constitucional para que surta el trámite de eventual revisión previsto en el artículo 86 de la Constitución Política.

Cópiese, notifíquese y cúmplase,

Esta sentencia fue discutida y aprobada en la sesión de la fecha.

JULIO ROBERTO PIZA RODRÍGUEZ
Presidente de la Sección

STELLA JEANNETTE CARVAJAL BASTO
Consejera

MILTON CHAVES GARCÍA
Consejero

JORGE OCTAVIO RAMÍREZ RAMÍREZ
Consejero

Aprobada por medio de la Ley 16 de 1972.
Aprobado por medio de la Ley 74 de 1968.
Expediente Nº 2009-01328-01, C. P. María Elizabeth García González.
Expediente Nº 2012-02201-01, C. P. Jorge Octavio Ramírez Ramírez.
M. P. Jaime Córdoba Triviño.
Se presenta cuando el funcionario judicial que profirió la providencia impugnada, carece, absolutamente, de competencia para ello.
Que se origina cuando el juez actuó completamente al margen del procedimiento establecido.
Que surge cuando el juez carece del apoyo probatorio que permita la aplicación del supuesto legal en el que se sustenta la decisión.
Como son los casos en que se decide con base en normas inexistentes o inconstitucionales o que presentan una evidente y grosera contradicción entre los fundamentos y la decisión.
Que se presenta cuando el juez o tribunal fue víctima de un engaño por parte de terceros y ese engaño lo condujo a la toma de una decisión que afecta derechos fundamentales.
Que implica el incumplimiento de los servidores judiciales de dar cuenta de los fundamentos fácticos y jurídicos de sus decisiones en el entendido que precisamente en esa motivación reposa la legitimidad de su órbita funcional.
Se presenta cuando la Corte Constitucional establece el alcance de un derecho fundamental y el juez ordinario aplica una ley limitando sustancialmente dicho alcance. En estos casos la tutela procede como mecanismo para garantizar la eficacia jurídica del contenido constitucionalmente vinculante del derecho fundamental vulnerado.
Cfr., Sentencia del 7 de diciembre de 2016, C. P. Stella Jeannette Carvajal Basto (exp. 2016 00134-01), Sentencia del 7 de diciembre de 2016, C. P. Carlos Enrique Moreno Rubio (exp. Nº 2016-02213-01), Sentencia del 24 de noviembre de 2016, C. P. Lucy Jeannette Bermúdez Bermúdez (exp. Nº 2016-02568-01, Sentencia del 27 de noviembre de 2016, C. P. Roberto Augusto Serrato Valdés, entre otras.
Cfr., Sentencias SU-556 de 2016, M. P. María Victoria Calle Correa, SU-542 de 2016, M. P. Gloria Stella Ortíz Delgado, SU-490 de 2016, M. P. Gabriel Eduardo Mendoza Martelo, SU-659 de 2015, M. P. Alberto Rojas Ríos y SU-874 de 2014, M. P. Martha Victoria Sáchica Méndez, entre otras.
Sección Cuarta, sentencia del 8 de febrero de 2018. Expediente 2017-01745-01 M.P. Jorge Octavio Ramírez Ramírez.
Sala Plena del Consejo de Estado, sentencia del 5 de agosto de 2014. Expediente 2012-02201-01.
Página 215 de la copia del expediente 2018-00186-00, aportado en medio magnético (Folio 91).
Folio 56 y ss, cuaderno de tutela.
Sentencia SU-041 de 2018.
CONSEJO DE ESTADO. Sala Plena. Sentencia de agosto 5 de 2014. Radicado: 11001-03-15-000-2012-02201-01 (IJ). C.P. Jorge Octavio Ramírez Ramírez.

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