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Consejo de Estado · Sección Primera

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Primera, radicado 11001-03-15-000-2018-04054-01

Acción de tutela contra providencia judicial

Fecha
29 de marzo de 2019
Consejero ponente
Nubia Margoth Peña Garzón

01Lo que resolvió

Ficha de la providencia

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Primera, radicado 11001-03-15-000-2018-04054-01

Consejo de Estado · Sección Primera

Parte resolutiva

F A L L A : PRIMERO: CONFIRMAR la sentencia de 13 de diciembre de 2018, proferida por la SECCIÓN QUINTA DEL CONSEJO DE ESTADO. SEGUNDO: NOTIFICAR a las partes en la forma más expedita. TERCERO: REMÍTIR el expediente a la Corte Constitucional para su eventual revisión y DEVOLVER al Despacho de origen el expediente solicitado en calidad de préstamo.

02Texto de la providencia

República de Colombia

Consejo de Estado

Sección Primera

Radicado 11001-03-15-000-2018-04054-01

Consejero ponente: Nubia Margoth Peña Garzón

29 de marzo de 2019

ACCIÓN DE TUTELA CONTRA PROVIDENCIA JUDICIAL / IMPROCEDENCIA DE LA ACCIÓN POR INCUMPLIMIENTO DEL REQUISITO DE RELEVANCIA CONSTITUCIONAL / ACCIÓN DE TUTELA - No es una tercera instancia

En el caso concreto advirtió que la actora, previo a la presentación de la demanda, esto es, el 1º de septiembre de 2014, entregó la información requerida, lo que pone de manifiesto que cumplió con su deber de informar después de la notificación de la resolución que resolvió el recurso de reconsideración, aunado al hecho que la información presentada tiene errores, según lo certificó la DIAN, por ello consideró que el retardo en el suministro de la información fue prolongado en el tiempo y produjo efectos de una falta absoluta, toda vez que “[…] los programas de control de la Administración toman como fuente principal la información en medios magnéticos, a fin de detectar inexactitudes en las declaraciones de terceros. Asimismo, el término con el que contaba la autoridad tributaria para fiscalizar las declaraciones del año gravable 2009, en principio, se cumplió en el año 2012 […]”. (…) Siendo ello así, consideró que lo procedente era mantener la sanción impuesta del 5% de la suma de la información no suministrada, toda vez que se entregó vencidos los plazos para formular el recurso de reconsideración, por lo que, la magnitud del daño producido con la infracción debe ser la máxima posibles y, por ende, no es procedente graduar la sanción inicialmente liquidada por la DIAN. (…) Teniendo en cuenta los argumentos expuestos por el actor en el escrito de tutela respecto de la graduación de la sanción, de los cuales la Sala echa de aquellos que sustenten la existencia de cualquiera de los defectos específicos de procedibilidad de la acción de tutela contra providencia judicial, y lo considerado por la autoridad judicial accionada, la Sala encuentra que dicha posición se encuentra ajustada a derecho, pues se profirió por el órgano competente, en atención al procedimiento previsto para el trámite del medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho, con fundamento en las pruebas legalmente aportadas, su decisión se fundó en las normas aplicables al caso concreto y fue lo suficientemente motivada, tampoco desconoció el precedente judicial sino que, por el contrario, aplicó cada una de las reglas previstas y, finalmente, no se observa la violación directa de la constitución. (…) La Sala reitera que la acción de tutela no puede ser empleada como una tercera instancia para debatir cuestiones con las que no estuvo de acuerdo, pues es necesario que para su procedencia, se advierta la existencia de cualquiera de los defectos aludidos en precedencia.

FUENTE FORMAL: DECRETO 2591 DE 1991- ARTICULO 6.

NOTA DE RELATORIA: Respecto de la procedencia de la acción de tutela contra providencia judicial, consultar: Consejo de Estado, Sala Plena, Sentencia del 31 de julio de 2012, M.P. María Elizabeth García González, exp No. 11001-03-15-000-2009-01328-0. En cuanto al cumplimiento requisito de relevancia constitucional para la procedencia de la acción de tutela, ver: Consejo de Estado, Sala Plena, Sentencia del 5 de agosto de 2014, M.P. Jorge Octavio Ramírez Ramírez, exp: 11001 03 15 000 2012 02201 01 (IJ).

CONSEJO DE ESTADO

SALA DE LO CONTENCIOSO AMINISTRATIVO

SECCIÓN PRIMERA

CONSEJERA PONENTE: NUBIA MARGOTH PEÑA GARZÓN

Bogotá, D.C., veintinueve (29) de marzo de dos mil diecinueve (2019)

Radicado número: 11001-03-15-000-2018-04054-01(AC)

Actor: IDT ELECTRIC LTDA

Demandado: SECCIÓN QUINTA DEL CONSEJO DE ESTADO

La Sala decide la impugnación interpuesta por la actora contra la sentencia de 13 de diciembre de 2018, mediante la cual la Sección Quinta del Consejo de Estado declaró la improcedencia de la acción de tutela.
ANTECEDENTES
I.1.- La Solicitud
La empresa IDT ELECTRIC LTDA, a través de su representante legal, interpuso acción de tutela contra la Sección Cuarta del Consejo de Estado, con el fin de obtener el amparo de sus derechos fundamentales al debido proceso y defensa.

I.2 Hechos
Manifestó que la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales –DIAN, mediante Resolución 322412013000330 de 8 de mayo de 2013, con fundamento en el literal a) del artículo 651 del Estatuto Tributario –ET, le impuso la sanción máxima propuesta en el pliego de cargos por no presentar la información exógena correspondiente al año 2009, con la suma de $356.445.000.oo que corresponde al 5% del valor de las sumas de la información no suministrada. Dicha decisión fue confirmada en Resolución 900.132 de 26 de mayo de 2014, razón por la que el 1° de septiembre de 2014 presentó la información exógena correspondiente al año gravable 2009.

Sostuvo que contra los actos administrativos referidos presentó demanda de nulidad y restablecimiento del derecho, la cual fue conocida por la Sección Cuarta –Subsección “B”- del Tribunal Administrativo de Cundinamarca, que en sentencia de 11 de febrero de 2016 declaró la nulidad parcial de las resoluciones y a título de restablecimiento del derecho le ordenó el pago del saldo establecido en la liquidación realizada en la parte motiva del fallo, por concepto de sanción por no enviar la información correspondiente al período 2009, que equivale a la suma de $124.878.000.oo.

Adujo que contra la anterior decisión interpuso recurso de apelación que fue resuelto por la Sección Cuarta del Consejo de Estado en sentencia de 20 de septiembre de 2018, en la que revocó el fallo apelado y, en su lugar denegó las pretensiones de la demanda.

Expresó que, en efecto, la conducta que dio origen a la sanción no está en discusión, teniendo en cuenta que la DIAN demostró los hechos. No obstante, en relación con los daños causados a la Administración y la graduación de la sanción, manifestó no estar de acuerdo, habida cuenta que en el expediente no existe una sola prueba que evidencie la existencia de un daño al Estado ocasionado por su conducta, lo que impide la graduación de la sanción y, por ende, trae como consecuencia la declaratoria de la nulidad de los actos demandados.

Aseguró que, a juicio de las autoridades judiciales, el daño consistió en la omisión de la presentación de la información, la cual impide la labor de fiscalización y control para efectuar los cruces de información con terceros, lo que, en últimas, constituye el fundamento del suministro de la información, de conformidad con el artículo 613 del ET, por cuanto ello representa un medio eficaz y eficiente para disminuir los fenómenos de evasión tributaria y minimizar los riesgos de competitividad en el mercado.

Indicó que lo anterior no puede constituir el daño, habida cuenta que, pese a que los cruces de información con terceros es un medio eficaz y eficiente, no es el único instrumento si se tiene en cuenta que la DIAN tiene otros mecanismos de control y fiscalización tales como los pliegos de cargos, requerimientos ordinarios y especiales, liquidaciones, sanciones, multas tributarias, emplazamientos, entre otros, lo que obliga taxativamente a graduar la sanción.

Anotó que la Sección Cuarta también manifestó que el retardo en el suministro de la información fue prolongado en el tiempo y produjo efectos de una falta absoluta, pues los programas de control de la Administración toman como fuente principal la información en medios magnéticos, con el fin de detectar inexactitudes en las declaraciones de terceros, así como también, el término con el que contaba la autoridad para fiscalizar las declaraciones del año gravable 2009 se cumplió en el año 2012.

Al respecto, sostuvo que si los medios magnéticos son fundamentales para la DIAN en la fiscalización de terceros y era servible hasta finalizar el año 2012, por qué dicha entidad emitió el pliego de cargos hasta el 26 de septiembre de 2012, cuando dicha herramienta de fiscalización perdió todo peso o es improcedente para tasar el daño, pues todas las declaraciones de impuestos ya estaban prescritas, lo que, a su juicio, conlleva a que no pueda considerarse para la aplicación de una sanción tan gravosa el suministro de información tardía en medios magnéticos, así como tampoco considerarse como falta absoluta o causante de un daño, pues a la DIAN le asiste la obligación tributaria de considerar todos los demás mecanismos de control y fiscalización.

Agregó que, de lo anterior, también podría pensarse que la DIAN no necesitaba o no usa la información y por ello no lo requirió con más oportunidad.

Anotó que lo anterior, pone de manifiesto que no produjo ningún perjuicio a la DIAN y, en consecuencia, se debe declarar la nulidad del acto acusado por falta de motivación.

De otra parte, señaló que la DIAN no fundamentó su decisión de imponer un tope máximo con argumentos legales que deban atender a criterios de justicia, razonabilidad y proporcionalidad de la sanción.

Argumentó que la DIAN no puede aplicar la máxima sanción del 5%, como si nunca hubiese presentado la información, pues lo hizo de manera extemporánea (1° de septiembre de 2014) y […] para cuando emitió el pliego de cargos No. 322402012000375 el 26 de septiembre de 2012, la herramienta de fiscalización (medios magnéticos año 2009) ya era improcedente o ineficaz y resulta altamente irrazonable para detectar inexactitudes en las declaraciones de terceros y por lo tanto la tarifa con la cual se liquidó la sanción resulta excesiva e irracional […]”.

Expresó que la entrega de la información después de vencido el plazo no implica que desaparezca la infracción, pero sí permite disminuir la sanción o graduarla con fundamento en criterios de justicia, razonabilidad y proporcionalidad.

Señaló que al no graduar su sanción, la Sección Cuarta del Consejo de Estado y la DIAN vulneraron los principios al debido proceso y equidad, dado lo ineficaz del mecanismo de fiscalización, lo que la situó en una posición económica muy grave. Asimismo, adujo que se le vulneró los principios de progresividad y justicia, pues el declarante está llamado a contribuir al financiamiento de los gastos públicos en la medida que la capacidad lo permita.

Indicó que ni la DIAN ni ninguna de las autoridades judiciales accionadas tuvo en cuenta la normativa vigente para la fecha de la estipulación de la sanción, esto es, la Ley 1607 de 26 de diciembre de 2012, la cual en su artículo 197 obliga que para la imposición de sanciones se tengan en cuenta los principios de legalidad, lesividad, favorabilidad, proporcionalidad, gradualidad, economía, eficacia, imparcialidad e integración normativa.

Precisó que, en caso de no aplicarse la ley en mención, el artículo 640 de la ley 1819 de 29 de diciembre de 2016 que es la actual, contiene beneficios de reducción al momento de aplicar las sanciones, los cuales no han sido considerados por la Sección Cuarta del Consejo de Estado.
Aclaró que ya subsanó la infracción cometida, pues presentó la información en medio magnético en el año 2009 y no ha sido sancionada en ningún tiempo por alguna de las conductas tipificadas en el artículo 640 del ET.

Puso de manifiesto que el parágrafo 5 del artículo 640 del ET, prevé el principio de favorabilidad, según el cual debe aplicarse en el régimen sancionatorio tributario, aun cuando la ley permisiva o favorable sea posterior. Agregó lo siguiente:

“[…] Corolario, IDT ELECTRIC LTDA, en aplicación al principio de favorabilidad tiene todo el derecho a que se le informe y se le considere lo preceptuado en la norma citada y vigente y debe ser objeto a la reducción de la sanción. La jurisprudencia de la Corte Constitucional ha coincidido en afirmar que “si ina norma beneficia al contribuyente, evitando que se aumenten sus cargas, en forma general, por razones de justicia y equidad, si puede aplicarse en el mismo período sin quebrantar el artículo 338 de la Constitución” […]”

I.3 Pretensiones
La actora solicitó lo siguiente:

“[…] 1.- Que se declare la nulidad total o parcial del acto administrativo contenido en la Resolución No. 322412013000330 de 8 de mayo de 2013 proferida por la DIRECCIÓN DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES (DIAN) mediante la cual impuso sanción a la accionante por no enviar información del período 2009 por un monto de $365.445.000.

2.- Que se declare la nulidad total o parcial del acto administrativo contenido en la Resolución No. 900.132 del 26 de mayo de 2014, proferida por la DIRECCIÓN DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES (DIAN) que resolvió el recurso de reconsideración interpuesto contra la Resolución No. 322412013000330 de 8 de mayo de 2013.

3.- Que como consecuencia de lo anterior y a título de restablecimiento del derecho a favor de IDT ELECTRIC LTDA, se declare que no existe obligación de pagar sanción alguna o que se gradúe y determine la obligación de pagar una sanción por enviar información en forma extemporánea determinada bajo principios tributarios tales como lesividad, proporcionalidad, gradualidad y favorabilidad, dado que se presentó la información requerida.

4.- Que se declare que la accionante tiene derecho a los beneficios tributarios del Art. 640 E.T. […]”.

I.4 Defensa
I.4.1.- La DIAN manifestó que el amparo solicitado no cumple con los requisitos de procedibilidad de la acción de tutela contra providencia judicial, más aún si se tiene en cuenta que cada uno de los argumentos expuestos fueron ventilados y estudiados ante el juez natural, lo que no necesariamente afecte los intereses de la actora solamente por no haber obtenido una sentencia favorable, toda vez que la autoridad judicial accionada actuó conforme a derecho.

Solicitó que se declarara improcedente el amparo solicitado, por cuanto la accionada no vulneró los derechos fundamentales de la actora y, aunado a ello, no se advierte la existencia de un perjuicio irremediable que haga procedente el amparo, más aún si de resulta evidente que lo pretendido es emplear la acción de tutela como una tercera instancia para debatir nuevamente los mismos hechos y eventos ya examinados por los jueces naturales.

I.4.2.- La Sección Cuarta del Consejo de Estado solicitó que se declare la improcedencia de la acción de tutela, por cuanto con esta se pretende constituir una instancia adicional del proceso, o en su defecto, se deniegue, en atención a que no vulneró ningún derecho fundamental.

Puso de manifiesto que no incurrió en un vicio procedimental, pues su actuación se ajustó a los mandatos legales y al criterio de graduación de la sanción fijado en su jurisprudencia.

Explicó que la actora planteó argumentos de nulidad, por lo que le da un tratamiento de tercera instancia a la acción de tutela, con la que pretende modificar el precedente fijado respecto de los criterios de graduación de la sanción exógena, en el que se ha considerado que la sanción por no enviar información podrá graduarse atendiendo a las conductas de regularización de la infracción y el momento en que las efectúe. Agregó lo siguiente:
“[…] Así, esa medición de tiempos en el cumplimiento de la obligación de informar permite evidenciar, igualmente, la actitud de colaboración del contribuyente para que, de una parte, la autoridad tributaria reciba la información precisa para determinar las obligaciones impositivas sustanciales y, más allá de ello, para que pueda satisfacerse el objeto de las mismas con el recudo de los tributos debidos por la realización de los presupuestos previstos en la ley como generadores de aquéllos, lo cual constituye la razón primordial para poner en marcha el aparato administrativo y su potestad fiscalizadora (Sentencia del 19 de julio de 2017, expediente 20387, SP: Stella Jeannette Carvajal Basto) [...]”.

Aseguró que, en virtud de lo anterior, esa Sección, dependiendo del momento en que se entregue la información, al resolver los casos concretos ha graduado la sanción de acuerdo con los siguientes criterios:

“[…] (i) 0.5% de la cuantía de la información correspondiente, cuando la información se entrega extemporáneamente pero antes de que se formule pliego de cargos (sentencia del 14 de abril de 2016, expediente 20905, CP: Jorge Octavio Ramírez Ramírez).
(ii) 1% de la cuantía de la información correspondiente, cuando la información se entrega con posterioridad a la notificación del pliego de cargos, pero antes de que se imponga la sanción (sentencia del 6 de julio de 2016, expediente 21716, CP: Martha Teresa Briceño De Valencia)
(iii) 3% de la cuantía de la información correspondiente, cuando la información se entrega durante el término para interponer el recurso de reconsideración contra la resolución que impone la sanción (sentencia del 26 de julio de 2017, expediente 21602, CP: Jorge Octavio Ramírez Ramírez).
(iv) 5% de la cuantía de la información correspondiente (i.e. la máxima sanción), cuando la información se entrega una vez vencidos los plazos para formular el recurso de reconsideración o definitivamente o definitivamente no se entrega (sentencia del 25 de septiembre de 2017, expediente 20910, CP: Stella Jeannette Carvajal Basto) […]”.

Sostuvo que, de conformidad con los criterios de graduación referidos, pudo constatar que la actora entregó la información exógena el 1° de septiembre de 2014, es decir, con anterioridad a la presentación de la demanda de nulidad y restablecimiento del derecho contra los actos sancionatorios, lo que indica que la información fue reportada con posterioridad al término para interponer el recurso de reconsideración y, en consecuencia, no le era aplicable la graduación de la sanción, habida cuenta que su conducta debía entenderse como una falta absoluta.

Puso de manifiesto que en la sentencia cuestionada se concluyó que el retardo en el suministro de información fue prolongado en el tiempo y produjo efectos de falta absoluta, dado que los programas de control de la administración toman como fuente principal la información en medios magnéticos, con el fin de detectar inexactitudes en las declaraciones de terceros. Resaltó que el término con el que contaba la DIAN para fiscalizar las declaraciones del año gravable 2009, se cumplió en el año 2012.

Destacó que, de conformidad con su jurisprudencia, la determinación del daño al momento de imponer la sanción, debe graduarse en proporción a la magnitud del perjuicio producido con la infracción y, en el caso concreto, se evidenció la falta de colaboración de la actora para que la DIAN recibiera la información exigida, de conformidad con la normativa que fijó los plazos de entrega de la información exógena, esto es, la Resolución 7935 de 28 de julio de 2009 y el artículo 631 del ET.

A su juicio, lo precedente pone de manifiesto que la acción de tutela está orientada a imponer el criterio jurídico que más le favorece a la actora para que se gradúe la sanción, lo que torna dicha solicitud en improcedente, pues la providencia cuestionada no incurrió en ninguna causal general y específica de procedibilidad de la acción de tutela contra providencia judicial, aunado a que en todo momento se le garantizó el derecho al debido proceso a la actora y su decisión se fundó en el ordenamiento jurídico y la jurisprudencia vigente, así como en las pruebas allegadas.

I.4.3 La Sección Cuarta –Subsección “B”- del Tribunal Administrativo de Cundinamarca manifestó que la presente acción debe ser rechazada por improcedente, teniendo en cuenta que su ejercicio no puede convertirse en una tercera instancia para revivir aspectos que ya fueron debatidos y decididos por el juez ordinario, el cual decidió con fundamento en los elementos probatorios jurídicamente razonables, sin que se advierta una vía de hecho que vulnere los derechos fundamentales de la actora.

Adujo que el hecho de que la decisión adoptada por la autoridad judicial accionada no hubiese resultado favorable a lo pretendido por la actora, ello no constituye una vía de hecho que haga procedente la tutela contra providencia judicial.

II.- FUNDAMENTOS DEL FALLO IMPUGNADO

La Sección Quinta del Consejo de Estado, mediante sentencia de 13 de diciembre de 2018 declaró la improcedencia del amparo solicitado en relación con el argumento relativo a la aplicación de la Ley 1819 de 2016 en virtud del principio de favorabilidad y denegó en lo demás la acción de tutela.

Para el efecto, puso de manifiesto que la actora argumentó que se debe dar aplicación a la reducción de la sanción, de conformidad con la Ley 1819 de 2016; no obstante, al revisar el expediente y la sentencia cuestionada, advirtió que dicho asunto no fue puesto en conocimiento de la autoridad judicial accionada, pues no hizo parte de los cargos de nulidad elevados contra los actos administrativos demandados, así como tampoco del recurso de apelación interpuesto contra la sentencia de primera instancia, razón por la que frente a dicho aspecto, el amparo solicitado no cumple con el requisito de subsidiariedad y, por ende, resulta improcedente.

Señaló que en relación con los demás reparos, la acción de tutela cumple con los requisitos de procedibilidad adjetiva, por lo que era del caso estudiar el fondo del asunto.

En relación con los argumentos relacionados con la falta de acreditación del daño al Estado, sostuvo que la Sección Cuarta, luego de verificar que la actora entregó la información relativa al año gravable 2009 en forma extemporánea, de lo cual también se dejó constancia en los actos administrativos demandados, constató que dicha tardanza constituía el daño, el cual ya se había configurado, razón por la que, a su juicio, no era necesario probar más allá de lo anterior, que el Estado tuviera algún detrimento patrimonial por dicho hecho.

En cuanto a la proporcionalidad de la sanción y la graduación de la misma, aclaró que el artículo 651 del ET prevé las sanciones para las personas que no suministren la información tributaria o lo hagan tardíamente. Asimismo, la Corte Constitucional en la sentencia C-160 de 1998, consideró que la función punitiva de la DIAN se enmarca en criterios de proporcionalidad y razonabilidad, lo cual fue acogido por la Sección Cuarta de esta Corporación en su jurisprudencia, conforme lo advirtió en la providencia cuestionada en los siguientes apartes:

“[…] imperativo que fue acogido por la Sección Cuarta de esta Corporación, la cual indicó que “la expresión «hasta el 5%», utilizada por el artículo 651 del ET, le otorga a la Administración un margen para graduar la sanción por no informar. No obstante, «esta facultad no puede ser utilizada de forma arbitraria»; de manera que corresponde al funcionario fundamentar su decisión de imponer el tope máximo con argumentos que deben atender los criterios de justicia, razonabilidad y proporcionalidad de la sanción.”

4.2.8. A partir de lo anterior, expuso que el incumplimiento en el deber de entregar la información afecta a la administración quien no puede ejercer la gestión tributaria, sin embargo, aclaró que se debe diferenciar pues “si el retardo en el suministro de la información es mínimo, no se obstruye el ejercicio de la fiscalización definitivamente; pero, si la mora es prolongada, puede producir el mismo efecto de una falta absoluta.” En consecuencia, si la información se entrega vencido el término para interponer el recurso de reconsideración, como ocurrió en el subjudice, o definitivamente no se entrega, la Sección Cuarta ha considerado que se aplica la máxima sanción […]”.

Argumentó que, en atención a que la actora presentó la información con posterioridad a la Resolución 900.132 de 26 de mayo de 2014, a través de la cual la DIAN resolvió el recurso de reconsideración, de conformidad con la jurisprudencia de la Sección Cuarta, que por demás es el órgano de cierre en materia tributaria, era del caso imponer el máximo de la sanción prevista en el ET, conforme lo efectuó la Administración en los actos demandados, razón por la que la autoridad judicial accionada los encontró ajustados a derecho.

III.- FUNDAMENTOS DE LA IMPUGNACIÓN

La actora puso de manifiesto que el fallo de primera instancia no se ajusta a los hechos que motivaron la acción de tutela ni al derecho invocado como vulnerado, habida cuenta que no hace un análisis juicioso y concluyente del grado del posible daño causado a la Administración, sino que solamente se limite a transcribir apartes de la sentencia cuestionada.

Indicó que el juez de primera instancia no es proteccionista ni garantista, pues omite hechos relevantes que podrían variar la decisión y, además, se niega a cumplir el mandato legal de garantizarle el pleno “goce de su derecho, como lo establece la ley”.

Argumentó que de conformidad con el artículo 651 del ET a la Administración le corresponde fundamentar y graduar el daño. En consecuencia, respecto de la presentación de la información, sostuvo que aunque los cruces de información con terceros en medio electrónico es un medio eficaz y eficiente, no es el único instrumento, pues la DIAN cuenta con otros mecanismos de fiscalización, lo que le obliga taxativamente a graduar la sanción.

Por lo anterior, consideró que a la Sección Cuarta no le asiste razón al afirmar que el daño se configura por el sólo hecho de no presentar la información, pues ello impide la labor de fiscalización y control para efectuar los cruces de información con terceros.

Finalmente, además de reiterar todos los argumentos expuestos en su escrito de tutela, adujo lo siguiente:

“[…] De conformidad con el artículo 640 del ET, existen beneficios que “aunque no fueron parte del debate elevado en sede ordinaria” fueron impetrados por la Ley 819 de 2016, los cuales no fueron considerados por la Administración Tributaria y no deben ser objeto de debate pues es la ley sustancial y deben aplicarse. “el principio de favorabilidad aplicará para el régimen sancionatorio tributario, aun cuando la ley permisiva o favorable sea posterior”.

[…]
Como quiera que IDT ELECTRIC LTDA nunca ha tenido conductas sancionables solicitamos en subsidio los beneficios del Art. 640 del ET sobre la sanción interpuesta por el CONSEJO DE ESTADO.

En conclusión, podemos decir que se probó: Primero. El accionante, presentó su escrito petitorio. Cumplió las exigencias impuestas en forma satisfactoria. Sin embargo, ninguno de los argumentos señalados en la solicitud de tutela mereció la atención de la Sala quinta del Consejo de Estado, con grave detrimento del debido proceso;

Segundo. Cumpliendo los requisitos legales, el accionante, en su petición original, tenía derecho a que la administración le otorgara lo que le pedía, cosa que no ha ocurrido hasta ahora;

Tercero. La actitud omisiva de la administración se mantiene y ha de anotarse que el fallo no cumple con fines garantista ni eficaz (sic), pues no se hace un análisis serio sobre los derechos descritos […]”.

IV.- CONSIDERACIONES DE LA SALA

La acción de tutela contra providencias judiciales

En relación con la acción de tutela contra providencias judiciales, la Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, en sentencia de 31 de julio de 2012 (Expediente nro. 2009-01328, Actora: Nery Germania Álvarez Bello, Consejera ponente María Elizabeth García González), en un asunto que fue asumido por importancia jurídica y con miras a unificar la jurisprudencia, consideró que es procedente, cuando se esté en presencia de la violación de derechos constitucionales fundamentales, debiéndose observar al efecto los parámetros fijados hasta el momento jurisprudencialmente.
En sesión de 23 de agosto de 2012, la Sección Primera adoptó como parámetros jurisprudenciales a seguir, los señalados en la sentencia C-590 de 8 de junio de 2005, proferida por la Corte Constitucional, sin perjuicio de otros pronunciamientos que esta Corporación o aquella elaboren sobre el tema, lo cual fue reiterado en la sentencia de unificación de 5 de agosto de 2014, de la Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, con ponencia del Consejero doctor Jorge Octavio Ramírez Ramírez (Expediente núm. 2012-02201-01).

En la mencionada sentencia la Corte Constitucional señaló los requisitos generales y especiales para la procedencia de la acción de tutela contra providencia judicial, así:
“Los requisitos generales de procedencia de la acción de tutela contra decisiones judiciales son los siguientes:
a. Que la cuestión que se discuta resulte de evidente relevancia constitucional. Como ya se mencionó, el juez constitucional no puede entrar a estudiar cuestiones que no tienen una clara y marcada importancia constitucional so pena de involucrarse en asuntos que corresponde definir a otras jurisdicciones HYPERLINK "http://www.corteconstitucional.gov.co/relatoria/2005/c-590-05.htm" \l "_ftn4#_ftn4" \o "" [4]. En consecuencia, el juez de tutela debe indicar con toda claridad y de forma expresa porqué la cuestión que entra a resolver es genuinamente una cuestión de relevancia constitucional que afecta los derechos fundamentales de las partes.
b. Que se hayan agotado todos los medios -ordinarios y extraordinarios- de defensa judicial al alcance de la persona afectada, salvo que se trate de evitar la consumación de un perjuicio iusfundamental irremediable HYPERLINK "http://www.corteconstitucional.gov.co/relatoria/2005/c-590-05.htm" \l "_ftn5#_ftn5" \o "" [5]. De allí que sea un deber del actor desplegar todos los mecanismos judiciales ordinarios que el sistema jurídico le otorga para la defensa de sus derechos. De no ser así, esto es, de asumirse la acción de tutela como un mecanismo de protección alternativo, se correría el riesgo de vaciar las competencias de las distintas autoridades judiciales, de concentrar en la jurisdicción constitucional todas las decisiones inherentes a ellas y de propiciar un desborde institucional en el cumplimiento de las funciones de esta última.
c. Que se cumpla el requisito de la inmediatez, es decir, que la tutela se hubiere interpuesto en un término razonable y proporcionado a partir del hecho que originó la vulneración HYPERLINK "http://www.corteconstitucional.gov.co/relatoria/2005/c-590-05.htm" \l "_ftn6#_ftn6" \o "" [6]. De lo contrario, esto es, de permitir que la acción de tutela proceda meses o aún años después de proferida la decisión, se sacrificarían los principios de cosa juzgada y seguridad jurídica ya que sobre todas las decisiones judiciales se cerniría una absoluta incertidumbre que las desdibujaría como mecanismos institucionales legítimos de resolución de conflictos.
d. Cuando se trate de una irregularidad procesal, debe quedar claro que la misma tiene un efecto decisivo o determinante en la sentencia que se impugna y que afecta los derechos fundamentales de la parte actora HYPERLINK "http://www.corteconstitucional.gov.co/relatoria/2005/c-590-05.htm" \l "_ftn7#_ftn7" \o "" [7]. No obstante, de acuerdo con la doctrina fijada en la Sentencia C-591-05, si la irregularidad comporta una grave lesión de derechos fundamentales, tal como ocurre con los casos de pruebas ilícitas susceptibles de imputarse como crímenes de lesa humanidad, la protección de tales derechos se genera independientemente de la incidencia que tengan en el litigio y por ello hay lugar a la anulación del juicio.
e. Que la parte actora identifique de manera razonable tanto los hechos que generaron la vulneración como los derechos vulnerados y que hubiere alegado tal vulneración en el proceso judicial siempre que esto hubiere sido posible HYPERLINK "http://www.corteconstitucional.gov.co/relatoria/2005/c-590-05.htm" \l "_ftn8#_ftn8" \o "" [8]. Esta exigencia es comprensible pues, sin que la acción de tutela llegue a rodearse de unas exigencias formales contrarias a su naturaleza y no previstas por el constituyente, sí es menester que el actor tenga claridad en cuanto al fundamento de la afectación de derechos que imputa a la decisión judicial, que la haya planteado al interior del proceso y que dé cuenta de todo ello al momento de pretender la protección constitucional de sus derechos.
f.

Que no se trate de sentencias de tutela HYPERLINK "http://www.corteconstitucional.gov.co/relatoria/2005/c-590-05.htm" \l "_ftn9#_ftn9" \o "" [9]. Esto por cuanto los debates sobre la protección de los derechos fundamentales no pueden prolongarse de manera indefinida, mucho más si todas las sentencias proferidas son sometidas a un riguroso proceso de selección ante esta Corporación, proceso en virtud del cual las sentencias no seleccionadas para revisión, por decisión de la sala respectiva, se tornan definitivas.
… Ahora, además de los requisitos generales mencionados, para que proceda una acción de tutela contra una sentencia judicial es necesario acreditar la existencia de requisitos o causales especiales de procedibilidad, las que deben quedar plenamente demostradas. En este sentido, como lo ha señalado la Corte, para que proceda una tutela contra una sentencia se requiere que se presente, al menos, uno de los vicios o defectos que adelante se explican.
a. Defecto orgánico, que se presenta cuando el funcionario judicial que profirió la providencia impugnada, carece, absolutamente, de competencia para ello.
b. Defecto procedimental absoluto, que se origina cuando el juez actuó completamente al margen del procedimiento establecido.
c. Defecto fáctico, que surge cuando el juez carece del apoyo probatorio que permita la aplicación del supuesto legal en el que se sustenta la decisión.
d. Defecto material o sustantivo, como son los casos en que se decide con base en normas inexistentes o inconstitucionales HYPERLINK "http://www.corteconstitucional.gov.co/relatoria/2005/c-590-05.htm" \l "_ftn10#_ftn10" \o "" [10] o que presentan una evidente y grosera contradicción entre los fundamentos y la decisión.
f. Error inducido, que se presenta cuando el juez o tribunal fue víctima de un engaño por parte de terceros y ese engaño lo condujo a la toma de una decisión que afecta derechos fundamentales.
g. Decisión sin motivación, que implica el incumplimiento de los servidores judiciales de dar cuenta de los fundamentos fácticos y jurídicos de sus decisiones en el entendido que precisamente en esa motivación reposa la legitimidad de su órbita funcional.
h. Desconocimiento del precedente, hipótesis que se presenta, por ejemplo, cuando la Corte Constitucional establece el alcance de un derecho fundamental y el juez ordinario aplica una ley limitando sustancialmente dicho alcance. En estos casos la tutela procede como mecanismo para garantizar la eficacia jurídica del contenido constitucionalmente vinculante del derecho fundamental vulnerado HYPERLINK "http://www.corteconstitucional.gov.co/relatoria/2005/c-590-05.htm" \l "_ftn11#_ftn11" \o "" [11].
i. Violación directa de la Constitución [...]”.

De conformidad con las pretensiones de la acción de tutela, esta tiene como finalidad que se declare la nulidad de los actos administrativos a través de los cuales la DIAN, de conformidad con lo ordenado en el literal a) del artículo 651 del ET, le impuso una sanción económica a la actora por no presentar la información exógena correspondiente al año gravable 2009 y, en consecuencia, solicitó a título de restablecimiento del derecho que se declare que no le asiste la obligación de pagar la sanción o que la misma se gradúe con fundamento en los principios de lesividad, proporcionalidad, gradualidad y favorabilidad, en atención a que presentó la información de manera extemporánea. Asimismo, solicitó la aplicación de los beneficios previstos en el artículo 640 del ET.

La Sala destaca que las pretensiones mencionadas en precedencia, a excepción de la referente a la aplicación de los beneficios previstos en el artículo 640 del ET, son idénticas a las planteadas en la acción de nulidad y restablecimiento del derecho que dio origen a la providencia que también se cuestiona, cómo se verá más adelante.

Ahora bien, la Sala también advierte de la lectura del escrito de tutela que esta tiene por objeto que se deje sin efecto la sentencia de 20 de septiembre de 2018, proferida por la Sección Cuarta del Consejo de Estado, la cual revocó el fallo de 11 de febrero de 2016 proferido por la Sección Cuarta –Subsección “B”- del Tribunal Administrativo de Cundinamarca y, en su lugar denegó las pretensiones de la demanda de nulidad y restablecimiento del derecho instaurada por la actora contra los actos administrativos sancionatorios expedidos por la DIAN.

A juicio de la accionante, se le vulneraron los derechos fundamentales al debido proceso y de defensa, por lo siguiente:

a) Argumentos relacionados con la inexistencia del daño a la Administración:

Aseguró que en el expediente no obran pruebas que demuestren el daño causado al Estado, lo que impide la graduación de la sanción y trae consigo la declaratoria de nulidad de los actos acusados.

A su juicio, el daño no consiste en que la omisión de la presentación de la información impida la labor de fiscalización y control para efectuar los cruces de información de terceros, habida cuenta que: i) los cruces de información en medios electrónicos no es el único instrumento con el que la DIAN puede ejercer su función de fiscalización y control, por lo que es obligatorio graduar la sanción; ii) si los medios magnéticos exigidos resultaban efectivos hasta finales del año 2012, por qué la DIAN emitió el pliego de cargos hasta el 26 de septiembre de 2012, cuando la herramienta de fiscalización perdió todo el peso o es improcedente para tasar el daño a la Administración, pues las declaraciones de impuestos ya estaban prescritas, lo que pone de manifiesto que la DIAN no necesita o no usa la información y por ello no la requirió con anterioridad y, por ende, no es procedente la aplicación de una sanción tan gravosa ni calificarla como una falla absoluta.

Siendo ello así, expresó que su infracción no causó ningún perjuicio a la DIAN, por lo que los actos demandados son nulos por falta de motivación.

b) Graduación de la sanción:

Sostuvo que la DIAN no fundamentó su decisión de imponer el tope máximo con argumentos legales que deban atender los criterios de justicia, razonabilidad y proporcionalidad.

Cuestionó que, en términos de la Sección Cuarta de esta Corporación, si el fundamento legal para tasar el daño corresponde al no envío de la información, ello pierde valor, habida cuenta que la DIAN emitió el pliego de cargos cuando prácticamente ya no podía requerir a los terceros.

Anotó que tampoco se le puede aplicar la máxima sanción, dado que entregó la información el 1° de septiembre de 2014 y el pliego de cargos fue expedido el 26 de septiembre de 2012, cuando ya era improcedente la herramienta de fiscalización. Agregó que si la información reportada presentaba errores, estos son de otro acto administrativo distinto.

c) Aplicación de las leyes 1607 y 1819:

Adujo que ni la DIAN, ni los jueces de instancia tuvieron en cuenta la Ley 1607, vigente para la época de la imposición de la sanción, la cual obliga en su artículo 197 que las sanciones del régimen tributario deben imponerse con fundamento en los siguientes principios: legalidad, lesividad, favorabilidad, proporcionalidad, gradualidad, economía, eficacia, imparcialidad e integración normativa.

Solicitó que, en caso de que no se aplique la Ley 1607, debe tenerse en cuenta que la Ley 1819 contiene beneficios de reducción al momento de aplicar las sanciones, los cuales no fueron tenidos en cuenta por la Sección Cuarta del Consejo de Estado.

De lo expuesto, la Sala advierte que los argumentos de la actora cuestionaban tanto los actos administrativos expedidos por la DIAN, como la decisión adoptada por la Sección Cuarta del Consejo de Estado respecto de la legalidad de los mismos. En consecuencia, la se estima conveniente precisar que el conocimiento del juez de tutela en este caso debe recaer única y exclusivamente en la providencia judicial cuestionada, habida cuenta que no le compete efectuar juicios de valor sobre actos administrativos que ya fueron examinados por los jueces naturales al interior del respectivo proceso de nulidad y restablecimiento del derecho, razón por la que tampoco las pretensiones tendientes a que se deje sin efecto los actos administrativos sancionatorios expedidos por la DIAN podrán ser analizadas en esta instancia judicial.

De igual forma, en los mismos términos que lo consideró el a quo, la acción de tutela resulta improcedente para ventilar asuntos relacionados con la aplicación de las leyes 1607 y 1819, habida cuenta que ello no fue objeto de discusión por parte de los jueces de instancia.

Sobre el particular, la Sala recuerda que uno de los requisitos generales de procedibilidad de la acción de tutela contra providencia judicial es que la parte actora identifique de manera razonable tanto los hechos que generaron la vulneración como los derechos conculcados y que hubiere alegado tal vulneración en el proceso judicial, lo cual, conforme lo ha considerado la Corte Constitucional en la sentencia referida en precedencia, es comprensible, pues es necesario que la actora tenga claridad del fundamento de la afectación de derechos que imputa a la decisión judicial, que la haya planteado al interior del proceso y que dé cuenta de todo ello al momento de pretender la protección constitucional de sus derechos.

Siendo ello así, la Sala deberá confirmar la sentencia impugnada en este aspecto.

De otra parte, la Sala encuentra que la actora no indicó la existencia de ningún defecto específico de procedibilidad de la acción de tutela contra providencia judicial, pues se limitó a manifestar las razones por las cuales discernía de la decisión adoptada por la Sección Cuarta de esta Corporación, lo que pone de manifiesto que lo pretendido es emplear la acción de tutela como una tercera instancia, más aún si se tiene en cuenta que, como se dejó claro en precedencia, también cuestiona los actos administrativos demandados en la acción de nulidad y restablecimiento del derecho objeto de la presente acción.

No obstante lo anterior, en atención a la labor interpretativa del juez de tutela, la Sala alcanza a dilucidar de los argumentos expuestos por la actora, que podría configurarse un defecto fáctico, en atención a que esta aseguró que en el expediente no obraban pruebas que demostraran la existencia del daño causado a la DIAN con su omisión de entregar la información magnética del año gravable 2009.

Sobre el particular, se advierte que la Sección Cuarta en el fallo cuestionado, sobre la obligación de la Administración en demostrar el daño en los eventos en que el obligado omita su deber de presentar la información tributaria requerida, puso de manifiesto que la tesis de la actora referente a que la administración debía probar el daño con el fin de justificar la sanción impuesta, no es de recibo, habida cuenta que solo con el incumplimiento del deber de presentar información, obstaculiza la fiscalización que la DIAN debe realizar a los contribuyentes, lo que justifica la imposición de la sanción.

En efecto, la autoridad judicial accionada expresó lo siguiente:

“[…]5- Por otra parte, el anexo explicativo de la resolución sancionadora indicó que el daño a la Administración consistió en que «la omisión de la presentación de la información impide la labor de fiscalización y control para efectuar los cruces de información con terceros, que en últimas constituye el fundamento del suministro de la información, de conformidad con el artículo 631 del ET, por cuanto los cruces de información con terceros en medios electrónicos representa un medio eficaz y eficiente para disminuir los fenómenos de evasión y elusión tributaria y minimizar los riesgos de competitividad en el mercado» (f. 94).

En estos términos, la Sala no acoge los argumentos de la actora acerca de que la Administración debía probar el daño, a fin de justificar la sanción impuesta. Lo anterior, teniendo en cuenta que el incumplimiento del deber subsidiario (formal) de presentar información, obstaculiza la fiscalización que la DIAN debe realizar a los contribuyentes, de manera que la negligencia en la entrega de la información entorpece este mandato que tiene la autoridad tributaria y ello justifica la imposición de la sanción. No prospera el cargo de la parte actora […]”.

La Sala, al consultar la jurisprudencia de la Sección Cuarta del Consejo de Estado, encontró que esta ha sido pacífica y reiterada al sostener que en los eventos en que el obligado no suministre la información exógena, el daño al fisco se configura en la medida que la conducta sancionada afecta la función de la DIAN relacionada con el cruce de información necesaria para el control de los tributos, razón por la que el tipo sancionatorio no es de resultado sino de mera conducta, habida cuenta que la omisión del responsable infringe o desconoce la razón de ser de la norma que busca un eficaz y eficiente ejercicio de la potestad de fiscalización tributaria. Dicha posición fue descrita en los siguientes términos:

“[…] En el mismo sentido, en relación con el perjuicio causado a la Administración por no suministrar la información solicitada por esta, la Sala ha precisado lo siguiente:

“Respecto al perjuicio ocasionado al Estado, la Sala ha sostenido que en la sanción por no informar, el daño o perjuicio al fisco se configura en la medida en que las conductas que dan lugar a la infracción afectan la función de la DIAN, encaminada a efectuar los cruces de información necesarios para el control de los tributos, lo que permitiría aseverar que el tipo sancionatorio no es de resultado, sino de mera conducta, en la medida en que la omisión en que incurre el responsable de la información exógena infringe o desconoce la razón de ser de la norma, que apunta precisamente a un eficaz y eficiente ejercicio de la potestad de fiscalización tributaria”.

En el caso en estudio, la actora no entregó la información solicitada por la DIAN, ni en el plazo legal ni con ocasión del procedimiento sancionatorio, por lo que procedía la máxima sanción impuesta, pues, como se precisó en los actos acusados, la falta de colaboración con la Administración generó un perjuicio a la DIAN en la medida en que entorpeció sus funciones de investigación y fiscalización para la correcta determinación de los tributos y sanciones.

Por lo tanto, es procedente que la Administración imponga al infractor la máxima sanción establecida en la ley.

En consecuencia, no prospera el cargo […]” (Resaltado de la Sala).

Lo anterior, pone de manifiesto que, contrario a lo afirmado por el actor, el daño que ocasiona la omisión de la presentación de la información exógena, precisamente consiste en el impedimento que dicha falla causa en la labor de fiscalización y control de la DIAN, razón por la que la Administración no debe desplegar ninguna actividad probatoria tendiente a demostrar que los demás medios de fiscalización que tenía a su alcance resultaron insuficientes, así como tampoco si la información resultaba útil o no y, en consecuencia, no resulta procedente cuestionar que la autoridad judicial accionada incurrió siquiera en un defecto fáctico, pues la carga probatoria respecto del daño se satisface, en este caso, solamente con verificar que el obligado no suministró la información dentro de los términos previstos en la norma aplicable, como en efecto ocurrió, teniendo en cuenta que el tipo sancionatorio es de mera conducta.

La posición jurisprudencial mencionada en precedencia, también puede consultarse en las sentencias de 6 de diciembre de 2017 y 8 de febrero y 5 de abril de 2018

Finalmente, en relación con la graduación de la Sanción, la Sala advierte que la Sección Cuarta en la sentencia cuestionada adujo que:

La legalidad de la sanción impuesta se encuentra sustentada en la Resolución 7935 de 2009, la cual ordena que en el año 2010 se presente la información fiscalmente relevante del período 2009 a que hace referencia los literales a), b), c), d), e), f), h), i) y k) del artículo 631 del ET, cuya omisión es considerada por el artículo 651 ibidem como una conducta infractora.

Explicó que, de acuerdo con el artículo 651 del ET (vigente para la época de los hechos), los obligados a suministrar la información podrán ser sancionados si: i) omiten suministrar la información; ii) no brindan la información en el plazo fijado; iii) presentan la información con errores; y/o iv) entregan información que no corresponde a lo solicitado. Una vez se advierta la comisión de cualquiera de las infracciones, la sanción reducida al 10% de la cuantía planteada en el pliego de cargos si la omisión es subsanada antes de que se notifique la imposición de la sanción, o al 20% si la omisión es subsanada dentro de los 2 meses siguientes a la fecha de notificación de la sanción.

Con fundamento en lo anterior, consideró lo siguiente:

“[…] Si bien el artículo 651 del ET tipifica tres hechos diferenciables y constitutivos de infracciones autónomas, a saber (i) la omisión de entregar información; (ii) la extemporaneidad en el cumplimiento del deber; y (iii) la comisión de errores; lo cierto es que la autoridad tributaria, al iniciar la actuación administrativa por la omisión de entregar la información podrá culminarla por este mismo hecho, independientemente de que el contribuyente, en el curso del procedimiento sancionador que se siga, haya adelantado las actividades de auto-regularización de la conducta infractora que le habilitan a aspirar a que la sanción definitiva se gradúe, habida consideración de su disposición a colaborar con la autoridad.

Lo anterior significa que, cuando un administrado no ha aportado la información que está obligado a entregar y se profiere un pliego de cargos en el que se califica la conducta como una no presentación de la información, el artículo 651 habilita una instancia para que el infractor regularice su conducta ilícita entregando la información omitida. Por virtud de esa colaboración (siempre que atienda todos los requisitos fijados) se le impondrá de forma reducida una sanción por no informar, según sea el caso.

Así, cuando se materializa la conducta infractora de no informar, la sanción a imponer, eventualmente (i.e. en función de que se cumplan todos los requisitos fijados en el artículo 651 del ET), podrá ser una sanción por no informar reducida, pero nunca, una sanción por extemporaneidad […]”.

Siendo ello así, puso de manifiesto que la actora, de conformidad con el artículo 18 de la Resolución 7935 de 2009, tenía hasta antes del 26 de abril de 2010 para entregar oportunamente la información en medio magnéticos del año 2009, no obstante no lo hizo, en consecuencia, la DIAN profirió en su contra pliego de cargos el 26 de septiembre de 2012 por dicha omisión y le impuso una sanción de $356.445.000.oo, por considerar que la contribuyente al no suministrar la información a la que estaba obligada, causó un daño al Estado al obstaculizar y dificultar la labor fiscalizadora e incurrió en la conducta sancionable prevista en el literal a) del artículo 651 del ET, de conformidad con la Resolución 7935 de 28 de julio de 2009.

Sostuvo que, posteriormente, en atención a que la DIAN verificó que la actora no había presentado la información tributaria, era del caso imponer la sanción mencionada en el pliego de cargos, como en efecto se consignó en la Resolución 322412013000330 de 8 de mayo de 2014.

Consideró que el artículo 651 del ET prevé que la omisión en la entrega de la información, podrá conllevar a una sanción equivalente hasta el 5% del valor de la información no reportada, errónea o entregada de forma extemporánea, en consecuencia, de conformidad con la sentencia C-160 de 1998 y la jurisprudencia de esa Sección, la expresión hasta el 5%, le otorga a la administración un margen para graduar la sanción, cuya facultad no puede ser arbitraria, de manera que al funcionario le corresponde fundamentar su decisión de imponer el tope máximo con argumentos que atiendan a los criterios de justicia, razonabilidad y proporcionalidad de la sanción.

Teniendo en cuenta lo anterior, consideró que la falta de presentación de la información impacta considerablemente la efectividad de la gestión tributaria y, en ocasiones, imposibilita su ejercicio, mientras que la remisión extemporánea impacta la oportunidad para el desarrollo de las competencias de la Administración, de suerte que si el retardo es mínimo, no se obstruye el ejercicio de la fiscalización definitivamente, pero si la mora es prolongada, puede producir el mismo efecto de una falta absoluta, habida cuenta que los términos con los que cuenta la Administración para el ejercicio de sus funciones son preclusivos en la mayoría de los casos. Agregó lo siguiente:

“[…] Esa medición de tiempos en el cumplimiento de la obligación de informar permite evidenciar, igualmente, la actitud de colaboración de la contribuyente para que, de una parte, la autoridad tributaria reciba la información precisa para determinar las obligaciones impositivas sustanciales y, más allá de ello, para que pueda satisfacerse el objeto de las mismas, con el recaudo de los tributos debidos por la realización de los presupuestos previstos en la ley como generadores de aquéllos, lo cual constituye la razón primordial para poner en marcha el aparato administrativo y su potestad fiscalizadora (sentencia del 19 de julio de 2017, expediente 20387, CP(E): Stella Jeannette Carvajal Basto) […]”.

Con fundamento en lo anterior, destacó que la Sala, dependiendo del momento en que entregó la información gradúa la tarifa. Sin embargo, si la información se entrega vencido el término para interponer el recurso de reconsideración o definitivamente no se entrega, se debe aplicar la máxima sanción.

En el caso concreto advirtió que la actora, previo a la presentación de la demanda, esto es, el 1º de septiembre de 2014, entregó la información requerida, lo que pone de manifiesto que cumplió con su deber de informar después de la notificación de la resolución que resolvió el recurso de reconsideración, aunado al hecho que la información presentada tiene errores, según lo certificó la DIAN, por ello consideró que el retardo en el suministro de la información fue prolongado en el tiempo y produjo efectos de una falta absoluta, toda vez que “[…] los programas de control de la Administración toman como fuente principal la información en medios magnéticos, a fin de detectar inexactitudes en las declaraciones de terceros. Asimismo, el término con el que contaba la autoridad tributaria para fiscalizar las declaraciones del año gravable 2009, en principio, se cumplió en el año 2012 […]”.

Siendo ello así, consideró que lo procedente era mantener la sanción impuesta del 5% de la suma de la información no suministrada, toda vez que se entregó vencidos los plazos para formular el recurso de reconsideración, por lo que, la magnitud del daño producido con la infracción debe ser la máxima posibles y, por ende, no es procedente graduar la sanción inicialmente liquidada por la DIAN.

Teniendo en cuenta los argumentos expuestos por el actor en el escrito de tutela respecto de la graduación de la sanción, de los cuales la Sala echa de aquellos que sustenten la existencia de cualquiera de los defectos específicos de procedibilidad de la acción de tutela contra providencia judicial, y lo considerado por la autoridad judicial accionada, la Sala encuentra que dicha posición se encuentra ajustada a derecho, pues se profirió por el órgano competente, en atención al procedimiento previsto para el trámite del medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho, con fundamento en las pruebas legalmente aportadas, su decisión se fundó en las normas aplicables al caso concreto y fue lo suficientemente motivada, tampoco desconoció el precedente judicial sino que, por el contrario, aplicó cada una de las reglas previstas y, finalmente, no se observa la violación directa de la constitución.

La Sala reitera que la acción de tutela no puede ser empleada como una tercera instancia para debatir cuestiones con las que no estuvo de acuerdo, pues es necesario que para su procedencia, se advierta la existencia de cualquiera de los defectos aludidos en precedencia.

Siendo ello así, la Sala confirmará en su totalidad el fallo impugnado.

En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la Ley.

F A L L A :

PRIMERO: CONFIRMAR la sentencia de 13 de diciembre de 2018, proferida por la SECCIÓN QUINTA DEL CONSEJO DE ESTADO.

SEGUNDO: NOTIFICAR a las partes en la forma más expedita.

TERCERO: REMÍTIR el expediente a la Corte Constitucional para su eventual revisión y DEVOLVER al Despacho de origen el expediente solicitado en calidad de préstamo.

CÓPIESE, NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE

Se deja constancia de que la anterior sentencia fue leída, discutida y aprobada por la Sala en la sesión del día 29 de marzo de 2019.

OSWALDO GIRALDO LÓPEZ NUBIA MARGOTH PEÑA GARZÓN
Presidente

HERNANDO SÁNCHEZ SÁNCHEZ ROBERTO AUGUSTO SERRATO VALDÉS

“Por la cual se expiden normas en materia tributaria y se dictan otras disposiciones”.
“Por medio de la cual se adopta una reforma tributaria estructural, se fortalecen los mecanismos para la lucha contra la evasión y la elusión fiscal, y se dictan otras disposiciones”.
Sentencias de 20 de abril del 2001, expediente 11658, 20 de febrero y 4 de abril del 2003, expediente 12736 y 12897, 15 de junio del 2006, expediente 2003-00453-01, 26 de marzo del 2009, expediente 16169, 24 de octubre de 2013, expediente 19454 y 26 de marzo de 2015, expediente 20219.
Sentencia del 25 de septiembre de 2017, exp. 20910, CP: Stella Jeannette Carvajal Basto
Sentencia de 1 de junio de 2016, Exp. 21128, C.P. Jorge Octavio Ramírez Ramírez
Sentencia de 16 de marzo de 2001, Exp.11681, C.P. Delio Gómez Leyva
Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Cuarta, Consejero ponente Milton Chaves García, sentencia de 17 de agosto de 2017, número único de radicación: 54001-23-33-000-2012-00099-01(21190).
Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Cuarta, Consejero ponente Milton Chaves García, sentencia de 6 de diciembre de 2017, número único de radicación: 05001-23-33-000-2013-01688-01(22272)
Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Cuarta, Consejera ponente Stella Jeannette Carvajal Basto, sentencia de 8 de febrero de 2018, número único de radicación: 08001-23-31-000-2012-00516-01(22060).
Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Cuarta, Consejero ponente Milton Chaves García, sentencia de 6 de diciembre de 2017, número único de radicación: 05001-23-33-000-2013-01688-01(22272)

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