Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Primera, radicado 11001-03-15-000-2018-04090-01
Consejo de Estado · Sección Primera
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Consejo de Estado · Sección Primera
Acción de tutela contra providencia judicial
Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Primera, radicado 11001-03-15-000-2018-04090-01
Consejo de Estado · Sección Primera
República de Colombia
Consejo de Estado
Sección Primera
Radicado 11001-03-15-000-2018-04090-01
Consejero ponente: Hernando Sánchez Sánchez
21 de febrero de 2019
ACCIÓN DE TUTELA CONTRA PROVIDENCIA JUDICIAL / MEDIO DE CONTROL DE REPARACIÓN DIRECTA - Solicitud de perjuicios por muerte de peatón arrollado por una motocicleta al cruzar vía vehicular / AUSENCIA DE DEFECTO FÁCTICO - Valoración de prueba documental y testimonial / VALORACIÓN PROBATORIA BAJO LOS PRINCIPIOS DE AUTONOMÍA E INDEPENDENCIA DEL JUEZ NATURAL / AUSENCIA DE RESPONSABILIDAD DEL ESTADO / PROHIBICIONES EN LA CIRCULACIÓN PEATONAL - Incumplimiento / AUSENCIA DE VULNERACIÓN DE DERECHOS FUNDAMENTALES
[C]ontrario a lo manifestado por el actor, el Tribunal si realizó una valoración correcta de las pruebas obrantes en el proceso de reparación directa. En el caso concreto, se valoró la prueba documental, esto es, la Resolución núm. 060 de 12 de febrero de 2010, en donde se concluyó, que si bien es cierto existía la orden de servicios suscrita por el Comandante del Grupo de Control Vial de la Dirección de Tránsito y Transporte de Bucaramanga, en la cual se ordenó que un agente de tránsito debía estar ubicado en la calle 56 con diagonal 15, lo cierto es que el accidente ocurrió en la diagonal 15 núm. 55 – 39, es decir en un lugar diferente en el que en principio ha debido estar el agente de tránsito, y en el hipotético caso de que estuviera dicho funcionario, tampoco se hubiera podido evitar el accidente, debido a la conducta irregular por parte del joven [J.O.S.G.] y del conductor de la motocicleta. Asimismo, la autoridad judicial accionada, también valoró los dos testimonios que echa de menos el actor, es decir, los rendidos por el señor [S.M.G.] y la señora [D.V.T.] el primero, al mencionar que el cruce se realizó desde una esquina, y luego que iba a pasar por una rampa para discapacitados, pero que finalmente cruzó por entre los carros, lo cual coincidió con la manifestación de la señora [D.V.T.] que corroboró que el cruce se hizo por entre los carros. Esta Sala, considera que efectivamente en los testimonios rendidos, ambos testigos, afirmaron que la víctima cruzó por entre los carros, ahora bien, en la versión rendida por la señora [D.V.T.] afirmó que ella trabaja justo debajo del puente peatonal, y que fue en ese lugar por donde cruzó el joven [J.O.S.G.] y que la policía llegó como a los 20 o 30 minutos, pero por otro lado, el señor [S.M.G.] indicó que el cruce se efectuó desde una esquina y, que la policía llego a los 4 minutos, pero finalmente ambos afirmaron que el cruce se realizó por entre los carros. En ese orden de ideas, la Sala considera que la interpretación y valoración que realizó el Tribunal de las pruebas aportadas al proceso de reparación directa, se encuentran dentro de los principios de autonomía e independencia propias del juez natural, y no se evidencia que dicha valoración haya sido realizada de manera arbitraria o caprichosa, o sin razón valedera, de los cuales determinó que la conducta de la víctima fue irregular, y aumentó el riesgo que implica cruzar una vía vehicular, sumado a la actitud del motociclista que circulaba por un carril exclusivo del sistema integrado de transporte masivo Metrolínea.
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN PRIMERA
Consejero ponente: HERNANDO SÁNCHEZ SÁNCHEZ
Bogotá, D.C., veintiuno (21) de febrero de dos mil diecinueve (2019)
Radicación número: 11001-03-15-000-2018-04090-01(AC)
Actor: ANGELMIRO SIERRA BUENO
Demandado: TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DE SANTANDER Y JUZGADO QUINTO ADMINISTRATIVO DEL CIRCUITO DE BUCARAMANGA
Tema: Defecto fáctico/alcance
Derechos Fundamentales Invocados: i) Acceso a la administración de justicia y ii) debido proceso
Derechos Fundamentales Amparados: Ninguno
La Sala decide la impugnación presentada por la parte actora contra la sentencia proferida el 10 de diciembre de 2018 por la Subsección B de la Sección Segunda del Consejo de Estado, por medio de la cual negó las pretensiones del amparo.
La presente providencia tiene las siguientes partes: i) Antecedentes; ii) Consideraciones de la Sala y iii) Resuelve; las cuales se desarrollarán a continuación.
I. ANTECEDENTES
La solicitud
1. El actor, obrando en nombre propio, presentó solicitud de tutela contra el Juzgado Quinto Administrativo del Circuito de Bucaramanga y el Tribunal Administrativo de Santander porque, a su juicio, el Juzgado al proferir la providencia de 30 de junio de 2015 y el Tribunal al proferir la providencia de 5 de octubre de 2018 dentro del proceso de reparación directa identificado con el número único de radicación 68001 33 33 005 2014 00032 01, vulneraron sus derechos fundamentales invocados supra.
Presupuestos fácticos
2. Los presupuestos fácticos en los cuales se fundamenta la solicitud de tutela son los siguientes:
3. Manifestó que el joven Cesar Octavio Sierra Gómez el día 5 de diciembre de 2011, al cruzar “[…] por la bocacalle o esquina que baja de la carrera 21 hacia la Ciudadela Real de Minas sentido oriente-occidente justo al llegar al carril de Metrolínea que conduce de la Puerta del Sol al centro sentido sur-norte […]” fue atropellado por un motociclista causándole la muerte instantáneamente.
4. Adujo que la responsabilidad de la muerte se causó por la falla del servicio por parte del Municipio de Bucaramanga y la Dirección de Tránsito de Bucaramanga al “[…] omitir su posición de garante frente a sus asociados, originándose accidentes seguidos, pues los habitantes del sector, trabajadores y comerciantes del sector manifiestan que tiene que presenciar accidentes casi todos los días con las mismas circunstancias del hecho que nos ocupa por la falta de la presencia de la autoridad de tránsito, siendo así que a falta de la presencia de la autoridad competente, los conductores crean riesgos no permitidos concretándose resultados de conductas típicas y fatales […]”.
5. Expresó que presentó demanda en ejercicio del medio de control de reparación directa, y por reparto le correspondió al Juzgado Quinto Administrativo del Circuito de Bucaramanga, proceso identificado con el número único de radicación 68001 33 33 005 2014 00032 00.
Sentencia proferida el 30 de junio de 2015 por el Juzgado Quinto Administrativo del Circuito de Bucaramanga dentro del proceso de reparación directa identificado con el número único de radicación 68001 33 33 005 2014 00032 00
6. El Juzgado Quinto Administrativo del Circuito de Bucaramanga dispuso en la parte resolutiva:
“[…]
PRIMERO: DECLÁRASE probada la excepción denominada culpa exclusiva de la víctima propuesta por el apoderado del Municipio de Bucaramanga, de acuerdo con la parte considerativa del presente fallo.
SEGUNDO: DENIÉGANSE las pretensiones de la demanda de conformidad con lo expuesto en la parte motiva.
TERCERO: CONDÉNESE en costas a la parte demandante […]”.
7. Señaló que el daño se acreditó con ocasión de la muerte del joven Cesar Octavio Sierra Gómez el 5 de diciembre de 2011, en la diagonal 15 entre calles 55 y 56 de Bucaramanga, al ser atropellado por una motocicleta que invadió el carril de Metrolínea en sentido sur – norte.
8. El Juzgado al momento de realizar la valoración probatoria determinó que en el lugar de los hechos existían un puente vehicular del cual no hizo uso la víctima, y en los testimonios rendidos se manifestó que al momento de cruzar la vía lo hizo por entre los carros, por lo que se consideró que:
“[…] Para el caso sub judice, el acervo probatorio obrante en el expediente no deja duda alguna en torno a que el daño por cuya indemnización se demandó, no resulta jurídicamente imputable a la Administración actuante, toda vez que el proceder asumido por el señor Cesar Octavio Sierra Gómez reúne los elementos necesarios para entender configurada la eximente de responsabilidad consistente en el hecho exclusivo y determinante de la víctima, la cual excluye la posibilidad de imputar el daño a la entidad demandada; ciertamente en relación con el proceder del señor Sierra Gómez pueden entenderse concurrentes los tres elementos referidos por el Consejo de Estado, como necesarios para establecer la ocurrencia de la eximente de responsabilidad consistente en el hecho de la víctima: la imprevisibilidad, la irresistibilidad y la exterioridad jurídica del hecho dañoso respeto de la autoridad accionada […]”.
9. Respecto del elemento de la imprevisibilidad, el Juzgado consideró que el actuar de la víctima constituyó un evento súbito y repentino para la administración, a quien no resultaba admisible exigirle lo imposible, teniendo en cuenta que no podía exigírsele al actuar imprudente del joven Sierra Gómez de cruzar la vía pública por entre los carros, y no hacer uso del puente peatonal; y, se tornó irresistible, teniendo en cuenta que la víctima cruzó la vía de manera repentina, sin evidenciar el peligro que significaba para su vida, razón por la cual resolvió tener por acreditada la eximente de responsabilidad denominado culpa exclusiva de la víctima.
Sentencia proferida el 4 de octubre de 2018 por el Tribunal Administrativo de Santander dentro del proceso de reparación directa identificado con el número único de radicación 68001 3 33 005 2014 00032 01
10. El Tribunal Administrativo de Santander, dispuso en la parte resolutiva:
“[…]
Primero: Confirmar la sentencia del 30 de junio de 2015, por el Juzgado Quinto Administrativo del Circuito de Bucaramanga (sic) que denegó las pretensiones.
Segundo: Condenar a la parte demandante en costas de segunda instancia […]”:
11. El Tribunal desarrolló el marco normativo y jurisprudencial sobre la imputación como elemento de responsabilidad patrimonial del Estado, la imputación fáctica en los casos de la conducta de la víctima y el hecho de un tercero como eximentes de la responsabilidad del Estado, y sobre los riesgos en relación al transporte automotor.
12. El Tribunal al momento de realizar el análisis de las pruebas concluyó:
i) que el no haber utilizado el puente vehicular ubicado en el lugar de los hechos, no es un hecho constitutivo de culpa exclusiva de la víctima, teniendo en cuenta que en el Código Nacional de Tránsito se habilita a los peatones a cruzar las calzadas vehiculares, a través de los senderos peatonales, por lo que “[…] más allá del destino al cual se dirigiere el señor Cesar Octavio al momento de ser arrollado, lo cierto es que debía cerciorarse que no existen peligros sobre la trayectoria que iba a seguir […]”;
ii) que la víctima aumentó el riesgo al atravesar la calzada vial por un sector que no podía ser paso para los peatones;
iii) que el comportamiento irregular del conductor de la motocicleta también conllevó a la causación del daño, al haber ido conduciendo por la calzada exclusiva de Metrolínea;
iv) que a pesar de haberse demostrado que la orden de servicios del 05.12.2011 ordenaba la presencia de un agente de tránsito en la calle 56 con diagonal 15, lo cierto es que el accidente ocurrió en la diagonal 15 número 55 – 39; además, la presencia de este no hubiera evitada el daño, teniendo en cuenta que este ocurrió por la conducta irregular asumida por el joven Sierra Gómez y el conductor de la motocicleta.
13. Atendiendo a lo anterior, concluyó que: “[…] es posible considerar a la víctima y aquel tercero que conducía la motocicleta que lo arrolló como autores del hecho dañino que produjo la muerte del primero, en tanto que conjuntamente realizaron actividades que aumentaron el riesgo de accidente, pues aquel no se percató del tránsito irregular de la motocicleta por la calzada exclusiva del Metrolínea, inferencia lógica que realiza la Sala del hecho de haber atravesado la vía entre carros y no en la esquina, y el segundo tampoco esperó encontrar a un peatón en ese lugar […]”:
La solicitud de tutela
Pretensiones
14. El actor solicitó en su escrito de tutela:
“[…]
PRIMERA: Se protejan los derechos fundamentales invocados y se de una valoración de conformidad (sic) el principio de razonabilidad, lógica, sana crítica y la valoración conjunta del caudal probatorio y en consecuencia REVOCAR en su totalidad la sentencia emitida por el Tribunal Administrativo de Santander, con una razonada valoración de las pruebas no hay lugar a prosperar excepciones.
SEGUNDA: Se le ordene al Tribunal Administrativo de Santander para que en el término de ley se le ordene emitir una nueva sentencia acorde con el causal probatorio recaudado, teniendo en cuenta que se debe ordenar una acción pertinente que proteja la comunidad y no hayan más víctimas lesionadas y mortales como mi hijo.
[…]”.
15. Desde ahora la Sala advierte que ni en la solicitud de tutela, ni en la impugnaciòn, el actor alegó un defecto sustantivo por desconocimiento del precedente judicial, sino que sus argumentos jurídicos fueron encaminados a indicar que las autoridades judiciales incurrieron en un posible defecto fáctico; ahora bien, al momento de resolver la impugnaciòn, la Sala hará una breve mención a dos citas jurisprudenciales que el actor mencionó en la impugnación.
16. Indicó que las autoridades judiciales incurrieron en defecto fáctico al no tener en cuenta: i) que en la Resolución núm. 060 de 12 de febrero de 2010, el Comandante del Grupo Vial emitió una orden de servicios sobre el proceso de control vial para el día de los hechos, en la calle 56 con diagonal 15 de 14:30 a 18:00; ii) los testimonios rendidos por la señora Delma Viviana Téllez y el señor Sergio Mauricio Gil, mediante los cuales informaron que la víctima había cruzado la vía por la cebra, la cual se encontraba con varios vehìculos detenidos, porque en dicho momento se presentaba un trancón. Por lo anterior, afirmó que las autoridades judiciales no valoraron en debida forma las pruebas que a su juicio, demostraban que la muerte del joven Cesar Octavio Sierra Gómez se produjo por el incumplimiento de las funciones de la autoridad de movilidad, al no ejercer el control vial en el lugar de los hechos.
Actuación
17. La Subsección B de la Sección Segunda del Consejo de Estado, por auto de 7 de noviembre de 2018, admitió la acción de tutela y dispuso notificar al Juez Quinto Administrativo del Circuito de Bucaramanga y a los magistrados del Tribunal Administrativo de Santander, y les concedió el término de dos (2) días para que rindieran informe sobre el particular.
18. De igual manera, dispuso vincular al Alcalde de Bucaramanga concediéndole el mismo término de dos (2) días para rendir el informe.
Informes de las partes demandadas y de la parte vinculada
19. La doctora Digna María Guerra Picón, en calidad de Juez Quinta Administrativa del Circuito de Bucaramanga, mediante escrito enviado por correo electrónico el 13 de noviembre de 2018, informó que una vez revisado el proceso de reparación directa, se encontró que se surtieron cada una de las etapas procesales, se respetaron los derechos procesales de las partes, y la decisión se tomó de conformidad con la valoración probatoria, los fundamentos legales y constitucionales, sin vulnerar los derechos fundamentales alegados en la acción de tutela.
20. La apoderada especial del Municipio de Bucaramanga, solicitó declarar la improcedencia de la acción de tutela, por cuanto a su juicio, el actor cuenta con otro mecanismo de defensa judicial como lo es el recurso extraordinario de revisión.
La sentencia impugnada
21. La Subsección B de la Sección Segunda del Consejo de Estado, mediante sentencia de 10 de diciembre de 2018, resolvió lo siguiente:
“[…]
1.° Niégase el amparo de los derechos constitucionales fundamentales al debido proceso y acceso a la administración de justicia, invocados por el señor Angelmiro Sierra Bueno, conforme a la parte motiva.
[…]”.
22. La Subsección B de la Sección Segunda del Consejo de Estado, manifestó que si bien el actor presentó la acción de tutela contra las sentencias proferidas el 30 de junio de 2015, por el Juzgado Quinto Administrativo del Circuito de Bucaramanga y el 4 de octubre de 2018, por el Tribunal Administrativo de Santander, únicamente centraría su estudio jurídico en la última providencia, toda vez que fue la que decidió el recurso de apelación interpuesto contra la sentencia de 30 de junio de 2015, por medio del cual se puso fin a dicho proceso contencioso administrativo.
23. Consideró que luego de haber analizado los medios de prueba practicados en el proceso de reparación directa, adujo que las autoridades judiciales no actuaron de manera arbitraria o caprichosa, teniendo en cuenta que no se demostró que la muerte del joven Sierra Gómez se hubiera producido por un hecho atribuible a la Administración, sino porque fue atropellado por una motocicleta cuando cruzaba la vía en la diagonal 15 número 55 – 39 de Bucaramanga en un sitio prohibido.
24. El a quo mencionó que si bien es cierto, el señor Sergio Mauricio Gil Díaz y la señora Viviana Téllez Díaz, en sus testimonios afirmaron que la víctima no había actuado de manera imprudente al momento de cruzar la vía, lo cierto fue que dichas pruebas no tenían la entidad suficiente para revocar la decisión, toda vez que en el proceso de reparación directa se demostró que el joven Sierra Gómez sí incurrió en la prohibición de tránsito, descrita en el artículo 58 de la Ley núm. 769 de 6 de agosto de 2007, y con dicho actuar se produjo el fatal accidente, razón por la cual se configuró la eximente de responsabilidad denominado culpa exclusiva de la víctima.
La impugnación
25. El actor impugnó la sentencia proferida el 10 de diciembre de 2018, por lo que solicitó revocar la decisión, al afirmar que “[…] mi hijo cruzó por donde la lógica, la confianza legítima y la norma del CNT indica, está probado que mi hijo no infringió la norma de tránsito, hizo un correcto uso de la vía, que los demandados no hicieron lo propio en su condición de garante y cumplimiento de la resolución y orden de servicios, configurándose la omisión del deber […]”.
26. Reiteró lo afirmado en la solicitud de tutela, en el sentido de señalar que el daño lo causó la Administración al no tener a un agente de tránsito controlando el tráfico, lo que ocasionó la muerte del joven Sierra Gómez. Además, manifestó que en el informe de accidente de tránsito no se indicó el lugar en el cual se atropelló al joven, y en los testimonios rendidos por el señor Sergio Mauricio Gil y la señora VIVIANA Téllez, indicaron que la víctima cruzaba por la cebra, por lo que a su juicio hubo una indebida valoración probatoria.
II. CONSIDERACIONES DE LA SALA
Competencia de la Sala
27. Esta Sección es competente para conocer de este proceso, de conformidad con los artículos 1.º y 32 del Decreto núm. 2591 de 19 de noviembre de 1991, por el cual se reglamenta la acción de tutela establecida en el artículo 86 de la Constitución Política y el artículo 1.º del Decreto núm. 1983 de 30 de noviembre de 2017, por el cual se establecen reglas para el reparto de la acción de tutela.
Generalidades de la acción de tutela
28. La acción de tutela ha sido instituida como instrumento preferente y sumario, destinado a proteger de manera efectiva e inmediata los derechos constitucionales fundamentales, cuando hayan sido violados o amenazados por las autoridades públicas, o por los particulares, en los casos expresamente indicados. Procede, a falta de otro medio de defensa judicial, a menos que se utilice como mecanismo transitorio, para prevenir un perjuicio irremediable.
Problemas jurídicos
29. En el caso sub examine, los problemas jurídicos que debe resolver la Sala consisten en: i) determinar si, en efecto, es procedente la acción de tutela acreditándose el cumplimiento de los requisitos generales de procedibilidad de la acción de tutela contra sentencias judiciales, y de ser así, ii) establecer si el Tribunal Administrativo de Santander, al proferir la providencia de 4 de octubre de 2018, que confirmó la sentencia de 30 de junio de 2015 proferida por el Juzgado Quinto Administrativo del Circuito de Bucaramanga, dentro del proceso de reparación directa identificado con el número único de radicación 68001 33 33 005 2014 00032 01, incurrió en defecto fáctico.
30. Para resolver los anteriores problemas jurídicos esta Sala analizará los siguientes temas: i) procedencia de la acción de tutela frente a providencias judiciales; ii) requisitos generales y especiales de procedibilidad de la acción de tutela cuando se dirige contra providencias judiciales; iii) análisis del cumplimiento de los requisitos generales de procedibilidad en el caso concreto; iv) el defecto fáctico; y, finalmente, la v) solución del caso concreto.
Procedencia de la acción de tutela frente a providencias judiciales
31. Con ocasión de la acción de tutela instaurada por la señora Nery Germania Álvarez Bello, en un asunto que fue asumido por importancia jurídica por la Sala Plena, en sentencia del 31 de julio de 2012, consideró necesario admitir que debe acometerse el estudio de fondo de la acción de tutela cuando se esté en presencia de providencias judiciales – sin importar la instancia y el órgano que las profiera - que resulten violatorias de derecho fundamentales, observando al efecto los parámetros fijados hasta el momento jurisprudencialmente y los que en el futuro determine la Ley y la propia doctrina judicial.
Requisitos generales y especiales de procedibilidad de la acción de tutela cuando se dirige contra providencias judiciales
32. Esta Sección adoptó como parámetros a seguir los indicados en la sentencia C-590 de 8 de junio de 2005, proferida por la Corte Constitucional, sin perjuicio de los demás pronunciamientos que esta Corporación elabore sobre el tema.
33. Por lo anterior, y con el fin de hacer operante la nueva posición jurisprudencial, estableció como requisitos generales de procedibilidad de esta acción constitucional, cuando se dirige contra decisiones judiciales: i) la relevancia constitucional del asunto; ii) el uso de todos los medios de defensa judiciales salvo la existencia de un perjuicio irremediable; iii) el cumplimiento del principio de inmediatez; iv) la existencia de una irregularidad procesal con efecto decisivo en la providencia objeto de inconformidad; v) la identificación clara de los hechos causantes de la vulneración y su alegación en el proceso, y vi) que no se trate de tutela contra tutela.
34. Además de estas exigencias, la Corte, en la mencionada sentencia C–590 de 2005, precisó que era imperioso acreditar la existencia de unos requisitos especiales de procedibilidad, que el propio Tribunal Constitucional los ha considerado como las causales concretas que “de verificarse su ocurrencia autorizan al juez de tutela a dejar sin efecto una providencia judicial”.
35. Así pues, el juez debe comprobar la ocurrencia de al menos uno de los siguientes defectos: i) orgánico; ii) procedimental absoluto; iii) fáctico; iv) material o sustantivo; v) error inducido; vi) decisión sin motivación; vii) desconocimiento del precedente; y viii) violación directa de la Constitución.
36. De lo expuesto, la Sala advierte que, cuando el juez constitucional conoce una demanda impetrada en ejercicio de la acción de tutela y en la que se alega la vulneración de derechos fundamentales con ocasión de la expedición de una providencia judicial: en primer lugar, debe verificar la presencia de los requisitos generales y, en segundo término, le corresponde examinar si en el caso objeto de análisis se configura uno de los defectos especiales ya explicados, permitiéndole de esta manera “dejar sin efecto o modular la decisión” que encaje en dichos parámetros.
37. Se trata, entonces, de una rigurosa y cuidadosa constatación de los presupuestos de procedibilidad, por cuanto resulta a todas luces necesario evitar que este instrumento excepcional se convierta en una manera de desconocer principios y valores constitucionales tales como los de cosa juzgada, debido proceso, seguridad jurídica e independencia judicial que gobiernan todo proceso jurisdiccional.
38. El criterio expuesto fue reiterado en pronunciamiento de la Sala Plena de la Corporación, en sentencia de unificación de 5 de agosto de 2014.
Análisis del cumplimiento de los requisitos generales de procedibilidad de la acción de tutela en el caso concreto
39. La Sala estudiará la procedencia de la acción de tutela bajo la premisa del cumplimiento de los requisitos generales de procedibilidad de la acción de tutela contra providencias judiciales, dispuestos por la sentencia C-590 de 2005, proferida por la Corte Constitucional.
40. En el caso bajo examen la Sala advierte que la acción de tutela cumple con los requisitos generales de procedibilidad, toda vez que:
40.1 Es evidente que la cuestión que se discute reviste relevancia constitucional, comoquiera que se controvierte la presunta vulneración por parte de las autoridades judiciales accionadas de los derechos fundamentales invocados supra.
40.2. Cumplió con el principio de inmediatez, en la medida que se interpuso dentro de un plazo razonable después de notificada la providencia de 4 de octubre de 2018 proferida por el Tribunal Administrativo de Santander.
40.3. No existen medios ordinarios y/o extraordinarios de defensa judicial eficaces y eficientes con los cuales el actor pueda lograr la protección de los derechos invocados.
40.4. Por no invocar la acción de tutela un defecto procedimental no es necesario hacer un análisis de este requisito.
40.5. El actor identificó los hechos y los derechos cuya vulneración alega.
40.6 No se trata de una acción de tutela contra sentencia de tutela.
Análisis del cumplimiento de los requisitos generales de procedibilidad de la acción de tutela en el caso concreto
41. La Sala debe determinar si, en efecto, el Tribunal Administrativo de Santander, al proferir la providencia de 4 de octubre de 2018 dentro del proceso de reparación directa identificado con el número único de radicación 68001 33 33 005 2014 00032 01, incurrió en defecto fáctico.
42. Para determinar lo anterior, la Sala hará los siguientes análisis: i) el defecto fáctico y, ii) análisis del caso en concreto.
El defecto fáctico – reiteración jurisprudencial
43. Esta Sección ha identificado los eventos en que se configura una causal de procedibilidad por defecto fáctico:
“[…] En lo que respecta al defecto fáctico, la jurisprudencia ha determinado que se presenta cuando la valoración probatoria realizada por el juez resulta arbitraria o abusiva por: a) dejar de valorar pruebas debidamente allegadas, b) valorar las que debió haber desconocido (por no haber sido arrimadas en debida forma); y, c) por interpretar el acervo de manera irracional; siempre que esas pruebas resulten ser determinantes en el sentido del fallo; de lo contrario, se entiende que las interpretaciones que realice el juez de instancia se encuentran dentro de la autonomía e independencia propias del juez natural.
El defecto fáctico se estructura desde cualquiera de sus dos dimensiones, i) la negativa que se presenta “cuando el juez niega o valora la prueba de manera arbitraria, irracional y caprichosa, u omite su valoración y sin razón valedera da por no probado el hecho o la circunstancia que de la misma emerge clara y objetivamente. Esta dimensión comprende las omisiones en la valoración de pruebas determinantes para identificar la veracidad de los hechos analizados por el juez;” mientras que, ii) la positiva, se configura “cuando el juez aprecia pruebas esenciales y determinantes de lo resuelto en la providencia cuestionada que no ha debido admitir ni valorar porque, por ejemplo, fueron indebidamente recaudadas (artículo 29 C.P.) y al hacerlo el juez desconoce la Constitución.”[...]“.
44. En ese orden de ideas, el defecto fáctico se configura cuando el juez de manera arbitraria y caprichosa i) omite valorar los medios probatorios debidamente allegados al proceso, ii) le da pleno valor a las pruebas que debió haber desconocido y iii) por haber efectuado una interpretación irrazonable del acervo probatorio.
45. Se debe resaltar que para la configuración de dicho defecto la prueba en cuestión debe ser determinante o relevante para el sentido de la decisión judicial.
46. Además, con fundamento en los principios constitucionales de independencia y autonomía judicial, los jueces tienen un amplio margen de apreciación para la valoración de las pruebas. La Corte dijo:
“[…] La jurisprudencia ha reconocido, a partir del principio constitucional de autonomía e independencia judicial, el amplio margen que tienen los jueces al momento de efectuar la valoración de las pruebas aportadas al proceso conforme a las reglas de la sana crítica; no obstante, también ha advertido que tal poder comporta un límite ya que no puede ser ejercido de manera arbitraria, en tanto puede lesionar derechos fundamentales […]”
Análisis del caso en concreto
47. Visto el marco normativo y los desarrollos jurisprudenciales en la parte considerativa de esta sentencia, la Sala procede a realizar el análisis del acervo probatorio, para posteriormente, en aplicación del silogismo jurídico, concluir el caso concreto.
Acervo y análisis probatorios
48. Para resolver el caso sub judice, la Sala seguirá rigurosamente los parámetros proferidos por la Corte Constitucional respecto al defectos fáctico, a fin de determinar si, efectivamente, la autoridad judicial al proferir la providencia accionada incurrió en el yerro mencionado, para lo cual revisará el acervo probatorio.
49. La parte actora en su escrito de tutela señaló que el Tribunal incurrió en un defecto fáctico al no haber valorado en debida forma: i) la Resolución núm. 060 de 12 de febrero de 2010, en la que expidió la orden de servicio para que un agente de tránsito realizara un control permanente en la calle 56 con diagonal 15 de 14:30 a 18:00; ii) ni los testimonios rendidos por la señora Delma Viviana Téllez y el señor Sergio Mauricio Gil, quienes a su juicio, afirmaron que la víctima había cruzado la vía por la cebra. Por tanto, la Sala procederá a su estudio, así:
49.1. La Dirección de Tránsito de Bucaramanga expidió la Resolución núm. 060 de 12 de febrero de 2010, mediante la cual se aprobó el uso del carril exclusivo a los vehículos del sistema integrado de transporte masivo Metrolínea sobre el corredor vial carrera 15 diagonal 15 autopista Bucaramanga – Floridablanca, del cual se destaca el ordinal sexto que dispuso:
“[…] ARTÍCULO SEXTO: Ejercer presencia y control vial permanente en el sector a través de agentes de tránsito para garantizar el orden y el respeto a las disposiciones ordenadas, orientar y regular el tránsito vehicular y evitar los riesgos de accidente […]”.
49.2. El joven Cesar Octavio Sierra Gómez fue atropellado por una motocicleta en la diagonal 15 núm. 55 – 39 de Bucaramanga el 5 de diciembre de 2011, la cual le causó la muerte, cuando cruzaba el carril del sistema de transporte de Metrolínea.
49.3. En el periodo probatorio se rindieron los testimonios de los señores Sergio Mauricio Gil Díaz, Delma Viviana Téllez Torres, Diana Milena Durán Rincón, Jorge Martínez, Laura Vanessa Aguirre Álvarez, Jeny Paola Calderón Uribe, José Said Ibarra Blanco, Jorge Alberto Pérez Jiménez y Ramiro Parra Almeida, de los cuales la Sala solo hará referencia a los dos primeros, por ser las pruebas testimoniales que manifestó el actor, no fueron valorados por el Tribunal:
49.3.1. La señora Delma Viviana Téllez Torres manifestó que estaba en el lugar de los hechos, porque trabaja en la zona, afirmó que la víctima pasó por entre los carros, y fue atropellado en el carril de Metrolínea, y cayó al carril de los vehículos particulares, luego indicó que al momento del accidente no habían agentes de tránsito, quienes acudieron al lugar aproximadamente entre 20 y 30 minutos después. Asimismo, indicó que la vía estaba debidamente señalizada con semáforo, “[…] bocacalle […]” y rampa, con relación al puente peatonal ubicado cerca del lugar del accidente indicó que casi nadie lo utiliza, sino que la mayoría pasa por debajo del puente y la testigo se encontraba debajo del puente y que el impacto ocurrió en ese lugar, específicamente la Juez le preguntó:
“[…] Cuando usted señala que el señor pasa por el medio de los carros, fue sobre la cebra, lejos de la cebra o como. CONTESTADO: o sea, el viene del otro lado no, porque yo estoy en la parte de su para norte y él viene de allá pasa por el medio de los carros de allá pasa sobre la bocacalle y se para en los bolardos del Metrolínea y la moto viene por el carril del Metrolínea y lo impacta, se para en los bolardos del Metrolínea. PREGUNTADO: Significa eso que mientras los carros estaban quietos la moto si estaba andando. CONTESTADO: Ella venía por el carril del Metrolínea, se metió por el carril del Metrolínea, porque no estaban echando los carros por el carril, hay veces echan los carros por el carril del Metrolínea pero ese día no los estaban echando, el de la moto se metió por el carril del Metrolínea. PREGUNTADO: Podría establecer más o menos a que distancia podría ir el motociclista. CONTESTADO: Iba enchutado, iba muy rápido […]”.
49.3.2. El señor Sergio Mauricio Gil Díaz manifestó que conocía a la víctima porque estaban haciendo un curso de vigilancia. Sobre los hechos de la demanda indicó que la víctima “[…] fue a cruzar la diagonal 15 los carros en ese momento quietos él mira la vía Metrolínea no viene nada los autos están quietos él decide pasar y pues sin percatarse que por la vía de Metrolínea venia una moto en exceso de velocidad y pues ocurre el accidente la moto lo impacta a él […]” (sic).
49.3.2.1. Manifestó que no recordaba si había o no agentes de tránsito en el lugar de los hechos. Sobre el lugar exacto del impacto el testigo indicó que: “[…] él va cruzando más o menos va en la mitad del carril del medio de Metrolínea cuando es impactado por la moto […]”. Luego señaló que: “[…] estábamos muy cerca de la cebra creo que él iba a pasar por el paso a discapacitados creo que hay una parte que es como una rampa o un quiebre que tiene el andén el separador en ese momento que es por donde pasa él va cruzando por esa parte cerca a esa parte […]”.
49.3.2.2. Afirmó que el lugar del impacto era muy cerca de la cebra pero que el puente peatonal quedaba como a 50 metros, y que al cruzar la vía lo hizo entre los carros y una vez ocurrido el accidente la policía llegó como a los 4 minutos.
Cargo por defecto fáctico
50. El actor afirmó que la autoridad judicial accionada incurrió en un defecto fáctico al no haber valorado en debida forma las pruebas aportadas al proceso de reparación directa, específicamente la Resolución núm. 060 de 12 de febrero de 2010, mediante la cual el Comandante del Grupo Vial, ordenó el control de la vía ubicada en la calle 56 con diagonal 56, y los testimonios rendidos por el señor Sergio Mauricio Gil y la señora Delma Viviana Téllez que, a su juicio, afirmaron que el joven Cesar Octavio Sierra Gómez cruzó la vía por la cebra; por lo que en este caso, fue la autoridad de movilidad quien incumplió su deber de vigilancia en la vía vehicular.
51. El Tribunal Administrativo de Santander al realizar el análisis del caso concreto señaló que:
i) si bien se demostró que el joven Cesar Octavio Sierra Gómez no cruzó la vía por el puente peatonal, ello no era un hecho que constituyera la eximente de responsabilidad denominado de culpa exclusiva de la víctima, por lo que el Código Nacional de Tránsito habilita al peatón el cruce por las esquinas o calzadas delimitadas para tal fin, pero que la víctima debía cerciorarse que no existieran peligros sobre la trayectoria que fuera a seguir;
ii) la víctima aumentó el riesgo al atravesar la calzada vial en un sector que no era paso de peatones, para lo cual hizo referencia a los testimonios del señor i) Sergio Mauricio Gil y ii) la señora Delma Viviana Téllez, quienes afirmaron que el joven Cesar Octavio Sierra Gómez cruzó por entre los carros, porque el semáforo estaba en rojo; además, en el informe pericial de accidentes de tránsito y en las fotografías obrantes en el proceso, se demostró que el cuerpo no quedó cerca de la esquina de la vía, sino metros más adelante. Asimismo, el accidente también se ocasionó por el comportamiento irregular del conductor de la motocicleta, quien estaba invadiendo el carril del sistema integrado de transporte Metrolínea.
iii) finalmente, consideró que si bien se demostró que, de acuerdo a la orden de servicio del 05 de febrero de 2011, debía estar un agente de tránsito en la calle 56 con diagonal 15, la fuente del daño no fue la ausencia de dicho funcionario, por cuanto:
el sitio exacto en el que ocurrió el accidente no debía encontrarse el agente, puesto que de acuerdo al informe policial de accidente de tránsito, el lugar fue en la diagonal 15 núm. 55 – 39.
resultaba inexplicable como la presencia de un agente de tránsito evitara las irregularidades cometidas por la víctima y el conductor de la motocicleta.
52. En ese orden de ideas, concluyó que: “[…] es posible considerar a la víctima y aquél tercero que conducía la motocicleta que lo arrolló como autores del hecho dañino que produjo la muerte del primero, en tanto que conjuntamente realizaron actividades que aumentaron el riesgo de accidente, pues aquél no se percató del tránsito irregular de la motocicleta por la calzada exclusiva del Metrolínea, inferencia lógica que realiza la Sala del hecho de haber atravesado la vía entre carros y no en la esquina, y el segundo tampoco esperó encontrar un peatón por ese lugar […]”.
53. Atendiendo a lo anterior, la Sala encuentra, que contrario a lo manifestado por el actor, el Tribunal si realizó una valoración correcta de las pruebas obrantes en el proceso de reparación directa. En el caso concreto, se valoró la prueba documental, esto es, la Resolución núm. 060 de 12 de febrero de 2010, en donde se concluyó, que si bien es cierto existía la orden de servicios suscrita por el Comandante del Grupo de Control Vial de la Dirección de Tránsito y Transporte de Bucaramanga, en la cual se ordenó que un agente de tránsito debía estar ubicado en la calle 56 con diagonal 15, lo cierto es que el accidente ocurrió en la diagonal 15 núm. 55 – 39, es decir en un lugar diferente en el que en principio ha debido estar el agente de tránsito, y en el hipotético caso de que estuviera dicho funcionario, tampoco se hubiera podido evitar el accidente, debido a la conducta irregular por parte del joven Cesar Octavio Sierra Gómez y del conductor de la motocicleta.
54. Asimismo, la autoridad judicial accionada, también valoró los dos testimonios que echa de menos el actor, es decir, los rendidos por el señor Sergio Mauricio Gil y la señora Delma Viviana Téllez, el primero, al mencionar que el cruce se realizó desde una esquina, y luego que iba a pasar por una rampa para discapacitados, pero que finalmente cruzó por entre los carros, lo cual coincidió con la manifestación de la señora Téllez, que corroboró que el cruce se hizo por entre los carros.
55. Esta Sala, considera que efectivamente en los testimonios rendidos, ambos testigos, afirmaron que la víctima cruzó por entre los carros, ahora bien, en la versión rendida por la señora Delma Viviana Téllez, afirmó que ella trabaja justo debajo del puente peatonal, y que fue en ese lugar por donde cruzó el joven Sierra Gómez, y que la policía llegó como a los 20 o 30 minutos, pero por otro lado, el señor Sergio Mauricio Gil, indicó que el cruce se efectuó desde una esquina y, que la policía llego a los 4 minutos, pero finalmente ambos afirmaron que el cruce se realizó por entre los carros.
56. En ese orden de ideas, la Sala considera que la interpretación y valoración que realizó el Tribunal de las pruebas aportadas al proceso de reparación directa, se encuentran dentro de los principios de autonomía e independencia propias del juez natural, y no se evidencia que dicha valoración haya sido realizada de manera arbitraria o caprichosa, o sin razón valedera, de los cuales determinó que la conducta de la víctima fue irregular, y aumentó el riesgo que implica cruzar una vía vehicular, sumado a la actitud del motociclista que circulaba por un carril exclusivo del sistema integrado de transporte masivo Metrolínea.
57. Respecto al defecto fáctico por irregularidades en la apreciación del material probatorio ha dicho la Corte Constitucional:
“[…] De hecho, esta Corporación ha identificado que “el yerro en la apreciación del material probatorio constitutivo del defecto fáctico debe ser flagrante, protuberante y manifiesto, a tal punto que en razón de él se desconozca “la realidad probatoria del proceso” Por lo anterior, ha señalado que el vicio fáctico debe tener una relación intrínseca con el sentido de la decisión judicial, de modo que, de no concurrir ese error manifiesto, la sentencia hubiera adoptado un sentido distinto. Quiere ello decir que, el yerro debe ser relevante, no solo en términos de protección del derecho al debido proceso, sino también respecto a la controversia jurídica materia de la decisión judicial […]”.
58. En otros pronunciamientos frente al defecto fáctico, también ha dicho la Corte:
“[…] También la jurisprudencia Constitucional ha precisado que en la circunstancia de alegarse la posible existencia de un defecto fáctico, el juez de tutela debe restringirse a un ámbito muy limitado de análisis ya que no puede dejar de lado la discrecionalidad y autonomía judicial cobijadas por la sana crítica del juez ordinario. En palabras de la Corte: “la intervención del juez de tutela, en relación con el manejo dado por el juez natural al material probatorio es extremadamente reducida, pues el respeto por los principios de autonomía judicial, juez natural, e inmediación, impide que el juez constitucional realice un examen exhaustivo del material probatorio”.
No obstante, el operador judicial ostente un amplio margen de valoración probatoria sobre el cual fundamentará su decisión y formará libremente su convencimiento, “inspirándose en los principios científicos de la sana crítica (Arts. 187 CPC y 61 CPL)”, esta facultad nunca podrá ser ejercida de manera arbitraria, pues dicha valoración lleva intrínseca “la adopción de criterios objetivos, no simplemente supuestos por el juez, racionales, es decir, que ponderen la magnitud y el impacto de cada una de las pruebas allegadas, y rigurosos, esto es, que materialicen la función de administración de justicia que se les encomienda a los funcionarios judiciales sobre la base de pruebas debidamente recaudadas.”[…]”.
Conclusión de la Sala
59. Con fundamento en las consideraciones jurídicas establecidas en la parte motiva de esta sentencia, la Sala confirmará la sentencia proferida por la Subsección B de la Sección Segunda el 10 de diciembre de 2018, toda vez que como quedó plenamente acreditado, la autoridad judicial demandada no incurrió en defecto fáctico en el proceso de reparación directa, identificado con número único de radicación 68001 33 33 005 2014 00032 01.
En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la Ley,
III. RESUELVE:
PRIMERO. CONFIRMAR la sentencia de tutela proferida el 10 de diciembre de 2018 por la Subsección B de la Sección Segunda del Consejo de Estado, por medio del cual negó las pretensiones del amparo.
SEGUNDO. De conformidad con lo dispuesto en el artículo 32 del Decreto núm. 2591 de 1991, dentro de los diez (10) siguientes a la ejecutoria de este fallo, REMÍTASE el expediente a la Corte Constitucional para su eventual revisión.
CÓPIESE, NOTIFÍQUESE, COMUNÍQUESE Y CÚMPLASE,
Se deja constancia que la anterior providencia fue leída, discutida y aprobada por la Sala en la sesión de la fecha.
OSWALDO GIRALDO LÓPEZ
Presidente
HERNANDO SÁNCHEZ SÁNCHEZ
ROBERTO AUGUSTO SERRATO VALDÉS
Cfr. Folios 280 a 294
Cfr. Folios 366 a 372
Cfr. Folio 3
Cfr. Folios 64 a 65
Cfr. Folios 78 a 79
Cfr. Folios 86 a 94
“Por la cual se expide el Código Nacional de Tránsito Terrestre y se dictan otras disposiciones”
Cfr. 118 a 120
“Por el cual se modifican los artículos 2.2.3.1.2.1, 2.2.3.1.2.4 y 2.2.3.1.2.5 del Decreto 1069 de 2015, Único Reglamentario del sector Justicia y del Derecho, referente a las reglas de reparto de la acción de tutela”.
Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, sentencia de 31 de julio de 2012, C.P María Elizabeth García González, radicación número: 11001-03-15-000-2009-01328-02.
Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, sentencia de 31 de julio de 2012, C.P María Elizabeth García González, radicación número: 11001-03-15-000-2009-01328-02.
Con ponencia del magistrado Jaime Córdoba Triviño.
Corte Constitucional. Sentencia T- 619 de 3 de septiembre de 2009, M.P. Jorge Iván Palacio Palacio.
Corte Constitucional. Sentencia T- 225 del 23 de marzo de 2010, M.P. Mauricio González Cuervo.
Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, sentencia de 4 de agosto de 2014, C.P Jorge Octavio Ramírez Ramírez, número único de radicación: 11001031500020120220101.
La Sala encuentra acreditado que la sentencia proferida el 4 de octubre de 2018, fue notificada el 9 de octubre de 2018 (folios 373 a 375), y la solicitud de tutela se presentó el 26 de octubre de 2018.
“En términos generales, dicha figura resulta de la actuación de los funcionarios con poder judicial de manera arbitraria y caprichosa, sin fundamento objetivo y razonable, apartada de los parámetros constitucionales y legales, sin operancia de los principios de legalidad y seguridad jurídica, por la imposición del interés propio de aquéllos, mediante comportamientos que prima facie parecieran reflejar los mandatos contenidos en el ordenamiento jurídico vigente, dada la calidad de autoridad del funcionario que la profiere y de la potestad que ejercita, pero que bajo un examen más estricto tales supuestos resultan descartados.” (Corte Constitucional, Sentencia T-204 de 28 de febrero de 2008, M.P. Hernando Herrera Vergara).
Corte Constitucional. Sentencia T-737 de 25 de septiembre de 2012, M.P. Luis Ernesto Vargas Silva. Sobre el tema, ver también: Sentencias SU-447 de 26 de mayo de 2011, M.P. Mauricio González Cuervo y T-535 de 20 de agosto de 2015, M.P. Alberto Rojas Ríos.
Corte Constitucional.
Ibídem.
Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, sentencia del 30 de marzo de 2017, C.P. Roberto Augusto Serrano Valdés, número único de radicación: 11001-03-15-000-2017-00420-00.
Corte Constitucional, Sentencia T-267 de 8 de mayo de 2013, M.P. Jorge Iván Palacio Palacio.
Cfr. Folios 19 a 22
Cfr. Folios 16 a 18
Cfr. Folio 262 CD
Corte Constitucional, Sentencia T-121 de 8 de marzo de 2016, M.P. Gabriel Eduardo Mendoza Martelo.
Corte Constitucional, Sentencia T-107 de 28 de febrero de 2014, M.P. Luis Ernesto Vargas Silva.
Ibídem
Corte Constitucional, Sentencia SU-448 de 22 de agosto de 2016, M.P. Jorge Ignacio Pretelt Chaljub.
Cfr. Sentencia T-214 de 16 de marzo de 2012, M.P. Luis Ernesto Vargas Silva.
Cfr. Sentencia T-902 del 1 de septiembre de 2005, M.P. Marco Gerardo Monroy Cabra
Cfr. sentencia T-442 del 11 de octubre de 1994 M.P, Antonio Barrera Carbonell.
Cfr. sentencia SU-1300 del 6 de diciembre de 2001 MP. Marco Gerardo Monroy Cabra. La Corte encontró perfectamente razonable la valoración de las pruebas que hizo el Juez Regional en la sentencia anticipada. El Juez no omitió ni ignoró prueba alguna, ni dio por probado un hecho sin fundamento objetivo. “El hecho de que el incremento patrimonial no justificado del procesado, se derivó de actividades delictivas se probó a través de la confesión de {varios testigos}, y de un conjunto concurrente de indicios, entre los cuales sobresale el hecho de que las cuentas en las cuales se consignaron la mayoría de los 23 cheques recibidos por el peticionario, fueron abiertas por él usando información falsa y las fotocopias de las cédulas de sus empleados que aparecían en los archivos de las empresas constructoras de la familia”.
Cfr. Corte Constitucional, sentencia T-442 del 11 de octubre de 1994 MP. Antonio Barrera Carbonell.
Cfr. Corte Constitucional, sentencia T-538 del 29 de noviembre 1994 MP. Eduardo Cifuentes Muñoz. En esa oportunidad se le concedió la tutela al peticionario por la indebida apreciación que hace el juez de la conducta asumida por una de las partes, que se atuvo a la interpretación que de unos términos hizo el secretario del juzgado, que le lleva a negarle la interposición de un recurso del que depende la suerte del proceso penal.
Corte Constitucional, Sentencia SU-159 del 5 de marzo de 2002, MP: Manuel José Cepeda Espinosa.
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