Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Cuarta, radicado 11001-03-15-000-2018-04253-00
Consejo de Estado · Sección Cuarta
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Consejo de Estado · Sección Cuarta
Improcedencia de la tutela contra providencia judicial por incumplimiento de los requisitos generales de procedibilidad
Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Cuarta, radicado 11001-03-15-000-2018-04253-00
Consejo de Estado · Sección Cuarta
República de Colombia
Consejo de Estado
Sección Cuarta
Radicado 11001-03-15-000-2018-04253-00
Consejero ponente: Julio Roberto Piza Rodríguez
19 de marzo de 2019
IMPROCEDENCIA DE LA TUTELA CONTRA PROVIDENCIA JUDICIAL POR INCUMPLIMIENTO DE LOS REQUISITOS GENERALES DE PROCEDIBILIDAD / SOLICITUD DE PENSIÓN GRACIA
La Sala debe advertir que la acción de tutela resulta ser improcedente, en tanto que no se cumple con el requisito general de relevancia constitucional, ya que el demandante la ejerció simplemente para continuar con el debate jurídico sobre el reconocimiento de la pensión gracia, es decir, para obtener un nuevo pronunciamiento sobre aspectos que ya fueron resueltos por el juez natural del asunto. (…) La Sala debe dejar en claro que el juez de tutela no está facultado para revisar nuevamente los argumentos que el actor expuso dentro del proceso de nulidad y restablecimiento del derecho, pues estos ya fueron estudiados de manera suficiente y razonable por la Sección Segunda de esta Corporación. Cosa distinta es que el demandante esté en desacuerdo con las conclusiones a la que llegó esa autoridad e insista en sus argumentos, para intentar obtener del juez de tutela una valoración diversa. (…) En consecuencia, la solicitud de amparo presentada por el [actor], no cumple los requisitos generales de procedibilidad de la acción de tutela contra providencias judiciales. Por lo tanto, corresponde a la Sala declarar improcedente la tutela.
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN CUARTA
Consejero ponente: JULIO ROBERTO PIZA RODRÍGUEZ
Bogotá, D.C., diecinueve (19) de marzo de dos mil diecinueve (2019)
Radicación número: 11001-03-15-000-2018-04253-00(AC)
Actor: LIBARDO CARVAJAL HERNÁNDEZ
Demandado: CONSEJO DE ESTADO, SECCIÓN SEGUNDA, SUBSECCIÓN B
La Sala decide la acción de tutela interpuesta por el señor Libardo Carvajal Hernández a través de apoderado judicial contra la sentencia del 26 de abril de 2018, dictada por la Subsección B de la Sección Segunda del Consejo de Estado, mediante la cual revocó la sentencia proferida el 6 de octubre de 2015 por el Tribunal Administrativo del Valle del Cauca y negó el reconocimiento de la pensión gracia.
ANTECEDENTES
Pretensiones
En ejercicio de la acción de tutela, el señor Libardo Carvajal Hernández, a través de apoderado judicial, solicitó la protección de los derechos fundamentales al debido proceso, seguridad social y al acceso a la administración de justicia, que estimó vulnerados por la sentencia del 26 de abril de 2018, dictada por la Subsección B de la Sección Segunda del Consejo de Estado. En concreto, formuló las siguientes pretensiones:
5.1. Se realice un minucioso estudio del acervo probatorio, para que conforme a los documentos obrantes y en acatamiento a la sentencia de unificación que se invocó en la presente demanda de tutela; se establezca de manera acertada, que la Corporación accionada incurrió en un error al no conceder la pensión gracia al demandante, al evaluar equivocadamente el tiempo laborado por el docente; para que se verifique que éste no perdió las características de su nombramiento, con el cambio estructural que sufrió la institución educativa para la cual éste laboró.
5.2. Se establezca que la sentencia judicial aquí censurada, es violatoria de los derechos fundamentales de igualdad, debido proceso, acceso a la administración de justicia, seguridad social en concordancia con el mínimo vital, y demás derechos que los Honorables Consejeros consideren que en esta ocasión, se le están vulnerando a mi mandante.
5.3. Que en pro del restablecimiento de tales derechos fundamentales, se ordene a la accionada, que dentro de las 48 horas siguientes a la notificación de la sentencia de tutela, proceda a revocar la sentencia proferida por el Consejo de Estado Sección Segunda- Subsección B, en fecha 26 de abril de 2018, dentro del proceso distinguido con el número de radicación: 76-001-23-33-006-2014-00489-00, mediante el cual se negó el reconocimiento de la pensión gracia al docente Libardo Carvajal Hernández; y en su reemplazo se ordene efectuar el reconocimiento pensional conforme a las pretensiones formuladas en el escrito de la demanda.
5.4. Se ordene a la Corporación Judicial infractora que una vez producida la decisión definitiva en el asunto en cuestión, remita, a su Estrado, copia de las respectivas providencias judiciales con las formalidades de Ley, so pena de las sanciones de Ley por desacato a lo ordenado mediante sentencia de tutela.
2. Hechos
Del expediente de tutela, la Sala destaca la siguiente información:
2.1. El señor Libardo Carvajal Hernández, laboró como docente desde el año 1974 hasta el año 2008, cuyas vinculaciones fueron así: (i) del 1 de febrero de 1974 al 31 de agosto de 1978, como profesor de iniciación musical básica, nombrada por el Departamento de Cundinamarca y, (ii) del 12 de septiembre de 1988 hasta el 19 de octubre de 2009, como profesor de tiempo completo en el programa de formación básica primaria y secundaria, hoy denominada Conservatorio de Bellas Artes, nombrado por el Departamento de Cundinamarca.
2.2. El 6 de septiembre de 2010, el demandante le solicitó a la Caja Nacional de Previsión Social, el reconocimiento de la pensión gracia, y la entidad a través de la Resolución No. PAP 044733 del 18 de marzo de 2011, negó el reconocimiento, argumentando que el tiempo laborado por el actor durante el periodo comprendido entre el 1 de febrero de 1974 al 31 de agosto de 1978 y desde el 12 de septiembre de 1988 al 19 de octubre de 2009, fue en una institución de educación superior.
2.3. Inconforme con la decisión, el señor Carvajal Hernández inició demanda de nulidad y restablecimiento del derecho, y el Tribunal Administrativo del Valle del Cauca, profirió sentencia el 6 de octubre de 2015, en la que, declaró la nulidad del acto administrativo PAP 044733 del 18 de marzo de 2011 y ordenó el reconocimiento de la pensión gracia al demandante.
2.4. Contra la anterior decisión, la Unidad Administrativa Especial de Gestión Pensión y Contribuciones Parafiscales de la Protección Social interpuso recurso de apelación, y la Subsección B de la Sección Segunda del Consejo de Estado, revocó la decisión, argumentando que el docente se desempeñó la gran mayoría de tiempo en una institución de educación superior, por lo que no tiene derecho a la pensión gracia, máxime cuando de la revisión de las pruebas, se pudo constatar que el régimen salarial del demandante es totalmente diferente al de los docentes oficiales.
Argumentos de la acción de tutela
3.1. Refirió que la sentencia incurrió en defecto sustantivo y fáctico, pues la Corporación demandada omitió tener en cuenta la Jurisprudencia del Consejo de Estado, que ha establecido la naturaleza de la vinculación de los docentes. Indicó que en el caso del actor, este laboró desde el 1 de febrero de 1974 al 31 de agosto de 1978, como profesor de iniciación musical básica primaria, siendo nombrado por el Departamento del Valle del Cauca, y luego desde el 12 de septiembre de 1988 al 19 de octubre de 2009, como profesor tiempo completo en el programa de formación básica primaria y secundaria de la Institución Educativa, hoy conocida como Conservatorio de Bellas Artes, siendo nombrado por acto administrativo del Departamento de Cundinamarca.
3.2. Refirió que confundió la fecha de la segunda vinculación del docente, con la fecha en que la Institución Educativa adquirió el carácter de no formal – universitaria, pues no existe prueba dentro del proceso que indicara que el actor renunció a su labor de docente de educación básica primaria, y que ingresó nuevamente a laborar a una institución de carácter universitario.
3.3. La línea jurisprudencial da cuenta que los factores determinantes para evaluar el tiempo de servicio de un docente que aspira a recibir la pensión gracia son: i) el ente territorial, ii) la fuente de los recursos con que son pagados y el tiempo de formación impartida.
3.4. Indicó que el cambio de carácter de la institución educativa, esto es, de formal a universitario, es un hecho que se presentó cuatro años después de la vinculación del docente, que fue ajeno a su voluntad, y que con dicho cambio no se afectó sus garantías laborales, pues no repercutió en el salario ni en las prestaciones.
3.5. Sostuvo que la sentencia desconoció el valor probatorio de los documentos aportados desde el principio de la demanda, desconociendo el derecho sustancial y procedimental del actor, negándole el derecho al reconocimiento de la pensión gracia, y pasando por alto que en otras oportunidades se ha ordenado el pago de dicha prestación a docentes que no estando vinculados al Fondo de Prestaciones Sociales del Magisterio, no siendo nombrados por un ente territorial, ejercieron la labor docente, como por ejemplo, los trabajadores de la Empresa de Servicios Públicos de Barranquilla y de la Empresa de Teléfonos de Bogotá.
3.6. Sostuvo que con la decisión adoptada por la Sección Segunda de esta Corporación, se violó el derecho a la igualdad, pues se discrimina en forma subjetiva al actor al exponer que éste laboró como docente de una Institución Educativa de carácter universitario, cuando la totalidad de las pruebas dan cuenta que su actividad fue como docente de naturaleza nacionalizado.
Trámite procesal
4.1. Mediante auto del 15 de noviembre de 2018, el despacho sustanciador admitió la demanda de tutela y ordenó notificar, en calidad de demandados, a los magistrados del Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección B. Como tercero con interés, ordenó notificar al director general de la Unidad Administrativa Especial de Gestión Pensional y Contribuciones Parafiscales de la Protección Social – UGPP.
4.2. La Secretaría General del Consejo de Estado, mediante oficio del 29 de noviembre 2018, enviado por correo electrónico, notificó al director de la UGPP. Los magistrados del Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección B, fueron notificados personalmente.
Intervención de la autoridad judicial demandada
5.1. Los Magistrados del Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección B, no se pronunciaron.
Intervención de terceros
6.1. El Subdirector de Defensa Judicial Pensional de la Unidad Administrativa Especial de Gestión Pensional y Contribuciones Parafiscales de la Protección Social, luego de hacer un recuento legal y jurisprudencial respecto de la pensión gracia, indicando que dicha prestación no puede ser reconocida a favor de un docente nacional, pues constituye un requisito indispensable para su viabilidad que el maestro no reciba retribución alguna de la nación, por lo que los únicos beneficiarios son los educadores locales o regionales.
5.2. Por otra parte, sostuvo que la acción de tutela es improcedente pues lo que pretende el actor es sustituir la decisión del Juez ordinario, la cual está debidamente ejecutoriada, requisito que impide que se suplante al juez competente y se reabra una discusión que ya finiquitó, existiendo para este caso el fenómeno de cosa juzgada.
5.3. Finalmente, expuso que dado que la acción de tutela va dirigida contra la Corporación judicial que emitió la sentencia judicial atacada, por lo que, la UGPP no tiene legitimación por pasiva dentro de la misma.
CONSIDERACIONES
En orden a resolver la acción de tutela presentada por el señor Libardo Carvajal Hernández, la Sala se referirá, en primer lugar, a la procedencia de la acción de tutela contra providencias judiciales y, luego, formulará el problema jurídico correspondiente.
De la acción de tutela contra providencias judiciales
1.1. A partir del año 2012, la Sala Plena de lo Contencioso Administrativo de esta Corporación aceptó la procedencia de la acción de tutela contra providencias judiciales. De hecho, en la sentencia de unificación del 5 de agosto de 2014, se precisó que la acción de tutela, incluso, es procedente para cuestionar providencias judiciales dictadas por el Consejo de Estado, pues, de conformidad con el artículo 86 de la Constitución Política, ese mecanismo puede ejercerse contra cualquier autoridad pública.
1.2. Para tal efecto, el juez de tutela debe verificar el cumplimiento de los requisitos generales (procesales o de procedibilidad) que fijó la Corte Constitucional, en la sentencia C-590 de 2005. Esto es: (i) la relevancia constitucional; (ii) el agotamiento de los medios ordinarios de defensa; (iii) la inmediatez; (iv) que si se trata de una irregularidad procesal, esta debe tener un efecto decisivo o determinante; (v) que se identifiquen los hechos que generaron la vulneración y los derechos vulnerados, y que esa vulneración se hubiere alegado en el proceso judicial, y (vi) que no se cuestione una sentencia de tutela.
1.3.Una vez la acción de tutela supere el estudio de las causales procesales, el juez puede conceder la protección, siempre que advierta la presencia de alguno de los siguientes defectos o vicios de fondo, que miran más hacia la prosperidad de la tutela: (i) defecto sustantivo, (ii) defecto fáctico, (iii) defecto procedimental absoluto, (iv) defecto orgánico, (v) error inducido, (vi) decisión sin motivación, (vii) desconocimiento del precedente y (viii) violación directa de la Constitución.
1.4. Las causales específicas que ha decantado la Corte Constitucional (y que han venido aplicando la mayoría de las autoridades judiciales) buscan que la tutela no se convierta en una instancia adicional para que las partes reabran discusiones jurídicas que son propias de los procesos ordinarios o expongan los argumentos que, por negligencia o decisión propia, dejaron de proponer oportunamente.
1.5. Ahora, tratándose de tutela contra providencias judiciales proferidas por el Consejo de Estado o por la Corte Suprema de Justicia, cuando ejercen funciones de órganos de cierre en las respectivas jurisdicciones, la Corte Constitucional ha establecido un requisito adicional, consistente en «la configuración de una anomalía de tal entidad que exija la imperiosa intervención del juez constitucional».
Planteamiento y solución del problema jurídico
2.1. Lo primero que se debe señalar es que la acción de tutela cumple con el requisito de inmediatez, pues se advierte que la sentencia controvertida data del el 26 de abril de 2018 y la tutela fue interpuesta el 15 de noviembre de 2018, por lo cual se cumplió con el término prudencial establecido por esta Corporación.
2.2. Ahora bien, antes de efectuar cualquier consideración respecto del fondo del asunto, la Sala debe advertir que la acción de tutela resulta ser improcedente, en tanto que no se cumple con el requisito general de relevancia constitucional, ya que el demandante la ejerció simplemente para continuar con el debate jurídico sobre el reconocimiento de la pensión gracia, es decir, para obtener un nuevo pronunciamiento sobre aspectos que ya fueron resueltos por el juez natural del asunto.
2.3. El requisito de relevancia constitucional tiene como finalidad proteger la autonomía e independencia judicial y evitar que el juez de tutela se inmiscuya en asuntos que le corresponde resolver a otras jurisdicciones. Para determinar si una solicitud de amparo tiene o no relevancia constitucional, la Sala Plena del Consejo de Estado ha considerado necesario examinar dos elementos:
2.3.1. El primero consistente en que el interesado argumente manera suficiente y razonable la relevancia constitucional por vulneración de derechos fundamentales. Debe tenerse en cuenta, para el efecto, que «no basta, entonces, aducir la vulneración de derechos fundamentales para cumplir este requisito de procedibilidad de la tutela contra providencias judiciales».
2.3.2. El segundo consiste en que la acción de tutela no se convierta en una instancia adicional del proceso ordinario en el que fue proferida la providencia acusada, puesto que este mecanismo especial está constituido para proteger derechos fundamentales, mas no para discutir la discrepancia que el interesado tenga frente a la decisión judicial.
2.3.3. Tratándose de la acción de tutela contra providencias judiciales, para efectos de la resolución del fondo del asunto, corresponde al juez de tutela verificar que la controversia propuesta suponga un verdadero cuestionamiento a la sentencia del juez natural, y no simplemente que este mecanismo constitucional se utilice como si se tratara de una instancia judicial adicional a las previstas para el proceso ordinario.
2.3.4. Es imprescindible entonces, que la tutela contra providencias judiciales implique una discusión en torno a derechos fundamentales. Por lo tanto, esta no puede ser empleada como un mecanismo para controvertir cuestiones de mera legalidad o de apreciación judicial que no involucre un real asunto de naturaleza constitucional
2.4. En el sub lite, los hechos que dieron lugar a que el señor Libardo Carvajal instaurara la demanda de nulidad y restablecimiento del derecho consistieron en que: (i) solicitó ante la Caja Nacional de Previsión Social el reconocimiento de la pensión gracia al haber cumplido 50 años de edad, y haber laborado más de 20 años como docente oficial (ii) La entidad de previsión social a través de la Resolución No. PAP 044733 del 18 de marzo de 2011, negó el reconocimiento de la prestación solicitada, por considerar que el actor no cumplía con los requisitos, pues las vinculaciones habían sido de carácter nacional.
2.4.1. El Tribunal Administrativo del Valle del Cauca, el 6 de octubre de 2015, profirió sentencia de primera instancia, accediendo a las pretensiones de la demanda, en razón a que, (i) el demandante cumplió 50 años de edad el 12 de febrero de 2004, y (ii) acreditó para esa fecha 20 años de servicio en la Entidad Universitaria de Bellas Artes, como docente en programas de primaria y secundaria.
2.4.2. Contra la anterior decisión, el apoderado de la UGPP interpuso recurso de apelación, señalando que los servicios prestados entre el 1 de febrero de 1974 al 31 de agosto de 1978 y del 12 de septiembre de 1988 al 27 de octubre de 2009, fueron del orden nacional prestados en una entidad de Educación Superior.
2.4.3. En providencia del 26 de abril de 2018, la Subsección B de la Sección Segunda de esta Corporación, revocó la decisión, exponiendo para su decisión:
(…)
En cuanto al tiempo de servicio y al tipo de la vinculación requerida para tener derecho a la pensión gracia, la jurisprudencia de esta Corporación ha señalado respecto de su prueba:
«En principio, para efectos de la PENSIÓN DE JUBILACIÓN GRACIA (DOCENTE) se deben analizar los tiempos de servicio que acrediten los educadores teniendo en cuenta varios datos trascendentales, año por año (porque es posible que un tiempo le sirva para la prestación y otro no), a saber: EL CARGO DESEMPEÑADO (maestro de primaria, profesor de Normal, inspector de primaria, etc.) LA DEDICACIÓN (tiempo completo, medio tiempo, hora cátedra, etc.), LA CLASE DE PLANTEL donde desempeñó su labor (Normal, Industrial, Bachillerato, etc.), así como EL NIVEL DE VINCULACIÓN DEL CENTRO EDUCATIVO A LAS ENTIDADES POLÍTICAS (Nacional, nacionalizado -a partir de cuando- Departamental, Distrital, Municipal, etc.). La época del trabajo realizado (año, con determinación clara y precisa de la iniciación y terminación de la labor) es fundamental de conformidad con las leyes especiales que rigen esta clase de pensión y la Ley 91 de 1989. La sola mención de la fecha de nombramiento no es prueba de la iniciación –desde ese momento- del servicio y la cita de la fecha de un acto de aceptación de renuncia debe ir acompañado del dato desde cuando produjo efectos, para poder tener en cuenta realmente el tiempo de servicio. Los certificados que se expidan para acreditar estos requisitos deben ser precisos en los datos fundamentales que exigen las leyes especiales que regulan esta clase de pensión.»
Esta línea, ha sido mantenida por la Sala, destacándose las siguientes consideraciones:
«Es necesario precisar respecto de los certificados docentes para la pensión gracia, como ya se ha dicho por esta Subsección, estos pueden ser expedidos por los mismos directivos de los centros educativos donde trabajaron los educadores y en ellos deben establecerse con claridad el cargo desempeñado, la dedicación, la clase de plantel y el nivel de vinculación del centro educativo a las entidades públicas; dichos certificados servirán de base para expedir otros en forma correcta, tal como se verifica que ocurrió en el caso del demandante pues el Secretario General de la Alcaldía municipal de La Cruz (Nariño) certificó el lapso de trabajo incluyendo el periodo comprendido del 19 de enero de 1981 al 13 de julio de 1983 en el que el docente estuvo vinculado como interino en la Escuela Rural Mita de la Laguna».
Entonces, lo importante de la prueba del tiempo de servicios y de la vinculación, no es la denominación que se le dé, ni la forma que adopte, sino el contenido de los datos puntuales que ofrezca alrededor del tipo de nombramiento, la autoridad que lo hace, la institución educativa a la que prestó los servicios el docente, su naturaleza, y por supuesto los extremos temporales; pues dicha información, es la que permite esclarecer el cumplimiento de los requisitos especiales de que trata la Ley 114 de 1913 en los términos analizados.
De esta manera, la línea jurisprudencial actual sobre el reconocimiento de la pensión gracia, es clara y pacífica alrededor de la importancia del tiempo de servicio como su referente, sin importar si es continuo o discontinuo, ni su modo de vinculación, como también en relación a que no es necesario que al 31 de diciembre de 1980, el docente debía encontrarse en servicio activo, como quiera que el texto normativo, lo que dispone para esa fecha es el límite máximo para que el educador se vincule, siendo viable que haya sido con antelación a la mencionada calenda.
Ahora bien, respecto de la naturaleza de la vinculación, la jurisprudencia de la sección segunda de esta Corporación, tiene el criterio que la pensión gracia es un derecho privativo que tienen los docentes nacionalizados y territoriales vinculados hasta el 31 de diciembre de 1980, y respecto de éstos últimos, ha señalado que su carácter no lo establece la ubicación del plantel educativo, sino la autoridad nominadora que expide el acto de vinculación, que así mismo define la planta de personal y los recursos que la financian. Al respecto, razonó así la subsección A:
«Es importante revisar en aras de determinar la existencia preliminar del derecho, la calidad del nombramiento docente que ostenta el interesado en obtener dicha prestación, frente a lo cual cabe resaltar que el carácter territorial o nacional de los nombramientos docentes, no lo determina la ubicación del Establecimiento Educativo en donde se presten los servicios, sino el Ente gubernativo que en efecto profiere dicho acto, lo que a su vez define la planta de personal a la que pertenecen y el presupuesto de donde proceden las pagos laborales respectivos.» (Negrillas fuera de texto original).
(…)
No obstante lo anterior, la Sala no puede perder de vista que la pensión gracia estuvo dirigida a compensar la diferencia salarial existente entre los docentes territoriales y los nacionales, escenario en donde éstos tenían mayores ingresos que los dependientes de los municipios y departamentos. Tanto así, que a partir del proceso de la nacionalización de la educación dispuesto por la Ley 43 de 1975, y que demoró cinco (5) años, solo pervivió el derecho para los territoriales y los nacionalizados vinculados hasta el 31 de diciembre de 1980, tal como fue normado por el artículo 15 de la Ley 91 de 1989.
Debe señalarse también, que la regulación de la actividad docente, el modo de ingreso a la carrera, la permanencia en ella y el retiro del servicio, así como la manera y requisitos para escalafonarse; son aspectos diferenciales a la definición de la base salarial y prestacional de los maestros, que tanto en la Constitución de 1886 como en la actual, hacen parte de la competencia del poder legislativo, aunque para determinados casos tales condiciones incidan en el ingreso mensual del educador, caso del escalafón docente; pero que en modo alguno, per se, definen la naturaleza territorial de un profesor.
Entonces, el debate de si procede o no la pensión gracia, no se puede resolver a partir del simple análisis de la actividad docente y la naturaleza del nominador del educador, más cuando la creación y constitución de la institución educativa dependió de un órgano que por definición no presta servicio de educación.
En tales casos, es necesario además, que el docente dependiente de una institución descentralizada en principio ajena al servicio público de la educación, acredite que no pertenece a la estructura orgánica de dicha entidad, porque en tal caso, asume el régimen salarial y prestacional del sector a donde formalmente se vinculó.
En otros términos, para el reconocimiento de la pensión gracia, un profesor en las condiciones previstas y exigidas por las Leyes 114 de 1913, 116 de 1928 y 37 de 1933, debe demostrar que aun sin pertenecer a la estructura orgánica de las Secretarías de Educación territoriales, su salario está gobernado por las reglas previstas para los educadores que sí pertenecen a ella; pues de lo contrario, sería entender que la sola actividad docente es el referente para su reconocimiento, sin tener en cuenta que el cargo ocupado en función de la entidad que lo nombró, puede generar que su ingreso salarial sea mayor al que justifica aquella prestación, es decir, el del docente territorial.
2.3 De lo probado en el proceso y caso concreto.-
Del material probatorio recaudado dentro del presente proceso, se acredita lo siguiente:
Que el señor Libardo Carvajal Hernández, nació el 23 de agosto de 1948.
Mediante constancia suscrita por el Coordinador Administrativo de la Vicerrectoría del Instituto Departamental de Bellas Artes de Cali (Valle del Cauca) del 21 de octubre de 2009, señaló que el actor laboró como profesor de iniciación musical, básica primaria en la Escuela de Teatro de dicho Instituto desde el 1º de febrero de 1974 al 31 de agosto de 1978, y posteriormente en el cargo de profesor de tiempo completo en la Facultad de Música en la formación básica primaria y secundaria.
A través de constancia proferida por el Técnico de nómina y la Tesorera General de la Vicerrectoría Administrativa del mencionado instituto, con fecha del 27 de octubre de 2009, se indicaron los sueldos percibidos por el actor en los años 2002, 2003 y 2004.
De lo registrado, la Sala puede concluir:
El Instituto de Bellas Artes del Valle del Cauca, inicialmente denominado Escuela, se constituyó como una entidad descentralizada del orden departamental, en cuyo interior, fue creada y autorizada una institución educativa con tres secciones, la primera correspondiente a la escuela elemental y superior de música; la segunda: escuela elemental y superior de dibujo y pintura; y, una tercera sección de escuela elemental y superior de escultura y artes plásticas y decorativas, estas últimas permitiendo una formación de artistas profesionales.
En 1986, el ICFES otorgó a la Escuela de Artes Plásticas la licencia de funcionamiento según Acuerdo No. 252 del 1º de diciembre de 1985 y a partir de junio de 1988, se aprobaron los planes de estudios de Artes Plásticas y Diseño Gráfico con un plazo de cuatro años de funcionamiento mediante Resolución No. 001419 del 15 de junio de 1988.
En los años 90 bajo el marco de la Ley 30 de 1992 “Por la cual se organiza el servicio público de la educación superior”, se produjo el cambio de nombre de “Escuela” a “Facultad”, y de “Director de Escuela” a “Decano”, lo que modificó la estructura organizativa del Instituto con un énfasis en la formación universitaria.
El demandante, fue vinculado como profesor de iniciación musical básica primaria entre los años 1974 a 1978, etapa en la cual el Instituto aún se denominaba Escuela, según la reseña histórica citada, no obstante bajo la modificación que sufrió la estructura de la organización del Instituto Departamental el 12 de septiembre de 1988, el régimen que cobijaría a dichos profesores sería el de la Ley 30 de 1992.
Sobre este último aspecto, que constituye el motivo de discordia entre las partes en esta instancia, debe señalar la Sala que luego de analizar la constancia expedida por el Coordinador Administrativo de la Vicerrectoría del Instituto de Bellas Artes, a través del cual se reflejan los tiempos de servicio laborados por el actor, en un primer periodo como profesor de iniciación musical entre el 1º de febrero de 1974 al 31 de agosto de 1978, y en un segundo momento como profesor de tiempo completo de la Facultad de Música, entre el 12 de septiembre de 1988 y el 19 de octubre de 2009, lo que indica claramente es que la entidad tiene un carácter universitario, y que presta el servicio público educación superior, tal como se adujo previamente, a partir de los años noventa, aplicando el régimen de la Ley 30 de 1992.
En este orden de ideas, los tiempos comprendidos en el segundo periodo, son desestimados toda vez que, tal como se precisó en el acápite referido a la pensión gracia, su fundamento estuvo dirigido a compensar los niveles salariales percibidos por los profesores de primaria, y luego fue extendido a los de secundaria, normalistas e inspectores en las entidades territoriales, con relación a la asignación salarial que recibían los docentes directamente vinculados por la Nación.
En efecto, las leyes reguladoras de la pensión gracia, tales como la Ley 114 de 1913, 116 de 1928, Ley 37 de 1933 y Ley 91 de 1989, plasmaron los requisitos que se deben reunir para acceder a la prestación pensional y quienes están cobijados bajo éstas normas, sin embargo no contemplaron a los docentes de educación superior, pues a ellos les es aplicable un régimen general contemplado en la Ley 30 de 1992.
Por lo anterior, la Sala indica que deben ser desestimados los tiempos contenidos en la constancia expedida por el Coordinador Administrativo del Instituto de Bellas Artes (Valle del Cauca) 21 de octubre de 2009, que da cuenta que el actor se desempeñó como docente en una institución de educación superior, tal como expresamente lo manifiesta la autoridad indicando que es un entidad universitaria del orden departamental.
Pues bien, la Sala encuentra total fundamento a los reparos formulados a la sentencia de primer grado de parte de la demandada UGPP en su apelación, en cuanto a que el tiempo de servicios del actor iniciado el 1º de febrero de 1974 hasta el 31 de agosto de 1978, y del 12 de septiembre de 1988 al 27 de octubre de 2009 como profesor de iniciación musical, básica primaria y en el segundo periodo como profesor de tiempo completo de la Facultad de música, no pueden ser computables para cumplir el requisito de la pensión gracia, en cuanto al ejercicio de la profesión docente en el sector territorial por 20 años.
Si aceptáramos de manera plana, que la simple dependencia laboral con una entidad del orden territorial cual fuere su orden, y el ejercicio de la docencia son suficientes para el reconocimiento de la pensión gracia, sería menoscabar su definición filosófica, según la cual, solo los educadores que tuvieron ingresos inferiores, que históricamente fueron los de primaria que en principio dependían de las entidades territoriales, tenían derecho a ella. La Corte Constitucional, al revisar la constitucionalidad del artículo 6º de la Ley 116 de 1928, en la sentencia C-085-02, razonó justo así:
«En lo relativo a la pensión de gracia, pensión que es a la que se refiere el artículo 6 acusado, dado que extendió el derecho a percibirla a otros docentes distintos a los mencionados en la Ley 114 de 1913, la Corte, en la sentencia C-479 de 1998, analizó las causas que la originaron, al examinar la constitucionalidad de uno de los requisitos para acceder a ella, pues, la acusación, en aquella ocasión, consistía en que había una diferencia injustificada para su reconocimiento entre los educadores oficiales de primaria y los de secundaria. La Corte, entonces, se remontó a las razones históricas que explicaron su establecimiento, y señaló que la pensión de gracia se concibió como una compensación o retribución a favor de los maestros de primaria del sector oficial, cuyos salarios y prestaciones estaban a cargo de los entes territoriales, en cuantía mucho menor que la que recibían los docentes de la secundaria, vinculados a la Nación. En esta providencia, también se mencionó que el artículo 6 de la Ley 116 de 1928, ahora acusado, constituyó una ampliación al número de educadores con derecho a acceder a la misma. En lo pertinente, la providencia dijo lo siguiente:
“Esta pensión fue concebida como una compensación o retribución en favor de los maestros de primaria del sector oficial que percibían una baja remuneración y, por consiguiente, tenían un poder adquisitivo precario y menor frente a aquellos educadores cuyas prestaciones estaban a cargo de la Nación. En efecto: en la ley 39 de 1903, que rigió la educación durante la mayor parte de este siglo, se estableció que la educación pública primaria estaría a cargo de los departamentos o municipios, y la secundaria de la Nación. En relación con la primera, la competencia de los entes territoriales era amplia pues, además de fijar los programas educativos debían atender con sus propios recursos el pago de los salarios y prestaciones de los empleados de este sector. Si bien en principio, tales atribuciones respondían a un ánimo claro de descentralización administrativa, en la práctica, y en especial para los maestros del orden territorial, tal sistema adolecía de múltiples fallas, pues los departamentos y municipios mostraron una progresiva debilidad financiera, que se reflejó, entre otras cosas, en los bajos salarios que percibían los docentes de ese nivel. El legislador, entonces, consciente de la situación desfavorable de los educadores de primaria oficiales, decidió crear en su favor la mencionada pensión de gracia, para reparar de algún modo la diferenciación existente entre los citados servidores públicos. » (Negrillas fuera de texto original).
Debe señalar la Sala que la constancia proferida por el Técnico de nómina y la Tesorera General del Instituto de Bellas Artes, nos deja ver que el régimen salarial aplicable al actor es totalmente ajeno al reconocido para los educadores de nivel superior, basta con analizar que a los docentes oficiales no les fue reconocida una prima extralegal, como si se evidencia en este caso, tal como se refleja en la constancia salarial, es decir estuvo sujeto a otros beneficios los cuales no son aplicables a los educadores de otros niveles educativos, diferentes a los de educación superior.
(…)
De igual manera, la Sala deja en claro que de ninguna manera se desconoce el antecedente jurisprudencial de esta Corporación consignado en la providencia del 21 de mayo de 2009, Consejero Ponente Gustavo Eduardo Gómez Aranguren, sino por el contrario a partir del análisis probatorio de las constancias de tiempos de servicio y de salarial allegadas al plenario, se observa la situación en la que se encontraba el docente, y la que permite evidenciar que no es sujeto de reconocimiento de la pensión gracia.
(…)
En tal virtud, a diferencia de lo considerado por el a quo, en juicio de la Sala, el demandante no tiene derecho a que le sea reconocida una pensión de jubilación gracia, pues ha de reiterarse, que el tiempo certificado en este proceso, no se ajusta a las condiciones exigidas en la ley para el efecto, por lo que la sentencia apelada deberá ser revocada, para en su lugar, negar las pretensiones de la demanda con fundamento en lo expuesto en esta providencia.
2.4.4. Como puede apreciarse, la Subsección B de la Sección Segunda de esta Corporación, dentro del proceso de nulidad y restablecimiento del derecho, realizó un estudio respecto del régimen legal de la pensión gracia explicando las razones por las cuales al actor no le asiste el derecho al reconocimiento de la misma, con fundamento en que no cumplió con el requisito de tiempo de servicio, pues el tiempo laborado entre el 1 de febrero de 1974 al 31 de agosto de 1978 y del 12 de septiembre de 1988 al 27 de octubre de 2009, no puede entenderse como de carácter territorial, por un lado, porque se trata de una institución de educación superior, y de otra, porque analizando el régimen prestacional del demandante, se advierte que el mismo es diferente al recibido por un docente de carácter territorial o nacionalizado. Así mismo, se observa que la entidad desestimó la certificación expedida por el Coordinador Administrativo del Instituto de Bellas Artes, pues luego de hacer un estudio respecto de la naturaleza jurídica de esta, y de los servicios que presta, se determinó que se trata de una Institución de Educación Superior, aunado a que, pese a que el demandante fue vinculado por una entidad territorial, dicha situación no le da per se la calidad de empleado territorial, pues su vinculación y remuneración, difiere de la de ese tipo de docentes. En razón a lo anterior, para la Sala, es evidente que el verdadero propósito del demandante es reabrir el debate que ya fue agotado ante el juez natural del asunto, finalidad para la que la acción de tutela es improcedente.
2.4.5. La jurisprudencia Constitucional ha sido explícita en recalcar que cuando se cuestionan providencias judiciales, la procedencia de la acción de tutela está sujeta a que el asunto sea de tal relevancia en materia constitucional, que se logre apreciar sin mayor esfuerzo una vulneración grosera o de bulto, lo que no ocurre en este caso.
2.4.6. En consonancia con ese criterio, la Sala Plena del Consejo de Estado en sentencia del 5 de agosto de 2014 recordó que la acción de tutela no puede convertirse en un instrumento para involucrarse en asuntos que corresponde definir a otras jurisdicciones. No solo porque no puede erigirse en una instancia procesal adicional, sino porque “[l]a tutela contra providencias judiciales supone siempre una discusión en torno a derechos fundamentales. No está concebida para cuestiones de mera… apreciación judicial que no involucre aquellos. Dichas cuestiones carecerían de relevancia constitucional.”.
2.4.7. Sumado a lo anterior, no debe perderse de vista la Corte Constitucional de manera reiterada ha dicho que la acción de tutela resulta improcedente para controvertir providencias judiciales cuando el sustrato del problema jurídico es la interpretación objetiva y razonable de disposiciones legales, toda vez que “la preservación de los principios de autonomía e independencia judiciales, y de respeto por las jurisdicciones naturales, impone reconocer que, frente a una interpretación razonable de una disposición jurídica, el juez de tutela debe abstenerse de adoptar medidas que contradigan las decisiones tomadas por otras autoridades jurisdiccionales en ejercicio de su competencia y autonomía propias”.
2.4.8. En el caso concreto, se advierte que la decisión atacada, no solamente resolvió los argumentos expuestos en el escrito de tutela, sino que, se explicaron las razones por la cuales el actor, no resulta ser beneficiario de la pensión gracia, ya que no cumplía con uno de los requisitos exigidos por la norma, esto es, haber laborado por 20 años como docente departamental, distrital o municipal, respecto de lo cual, la autoridad judicial demandada fue enfática en señalar que el tiempo laborado por el demandante como docente del Instituto de Bellas Artes, no puede ser tenido en cuenta para efectos del reconocimiento de la pensión gracia, pues se trata de una Institución de educación superior, para lo cual, no solamente trajo a estudio la Jurisprudencia de esta Corporación respecto a la finalidad de la pensión gracia, sino además, como se debe probar la vinculación de los docentes territoriales o nacionalizados para efectos del reconocimiento de dicha prestación.
2.4.9. Adicional a lo anterior, se debe señalar que si bien el actor hace alusión a que la Subsección B de la Sección Segunda de esta Corporación no tuvo en cuenta la Jurisprudencia respecto a los requisitos que se exigen para reconocimiento de la pensión gracia, lo cierto es que, de un lado, no indicó de manera precisa las sentencias que en su sentir se omitieron, sino que además, de la lectura de la sentencia atacada, se advierte que la misma esta soportada en múltiples decisiones de la Corporación respecto al tema en estudio, y que fueron el sustento para la decisión adoptada.
2.4.10. La Sala debe dejar en claro que el juez de tutela no está facultado para revisar nuevamente los argumentos que el actor expuso dentro del proceso de nulidad y restablecimiento del derecho, pues estos ya fueron estudiados de manera suficiente y razonable por la Sección Segunda de esta Corporación. Cosa distinta es que el demandante esté en desacuerdo con las conclusiones a la que llegó esa autoridad e insista en sus argumentos, para intentar obtener del juez de tutela una valoración diversa.
2.4.11. Con esa pretensión, el demandante desconoce que la acción de tutela es un valioso instrumento para proteger derechos fundamentales, que no puede utilizarse como una instancia adicional, para simplemente obtener una opinión jurídica diversa o tratar de imponer una decisión distinta a la adoptada por los jueces de instancia.
2.4.12. En consecuencia, la solicitud de amparo presentada por el señor Libardo Carvajal Hernández, no cumple los requisitos generales de procedibilidad de la acción de tutela contra providencias judiciales. Por lo tanto, corresponde a la Sala declarar improcedente la tutela.
Por lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Cuarta, administrando justicia en nombre de la República de Colombia y por autoridad de la ley,
FALLA
1. Declarar improcedente la solicitud de tutela presentada por el señor Libardo Carvajal Hernández, por las razones expuestas en esta providencia.
2. Notificar a las partes por el medio más expedito.
3. Si no se impugna, enviar el expediente a la Corte Constitucional para lo de su cargo y devolver el expediente allegado en calidad de préstamo.
Cópiese, notifíquese y cúmplase.
La anterior providencia fue discutida y aprobada en sesión de la fecha.
JULIO ROBERTO PIZA RODRÍGUEZ
Presidente de la Sección
STELLA JEANNETTE CARVAJAL BASTO
Magistrada
MILTON CHAVES GARCÍA
Magistrado
JORGE OCTAVIO RAMÍREZ RAMÍREZ
Magistrado
Folio 39 al 47 del expediente de tutela.
Folio 1 al 19 del expediente de tutela.
Folio 14 y 15 del expediente de tutela
Folio 3 al 6.
Folio 83 del expediente de tutela.
Folios 87 del expediente de tutela.
Folio 89 del expediente de tutela.
Folio 104 al 109.
Ver sentencia del 31 de julio de 2012.
Expediente (IJ) 11001-03-15-000-2012-02201-01.
SU-573 de 2017.
Folio 39 al 47
Sentencia del 5 de agosto de 2014 proferida por la Sala Plena del Consejo de Estado. Radicado número: 11001 03 15 000 2012 02201 01 (IJ). Actor: Alpina Productos Alimenticios S.A. Consejero Ponente: Jorge Octavio Ramírez Ramírez.
Sentencia del 19 de enero de 2006, Expediente 6024-05, Consejero Ponente Tarsicio Cáceres Toro.
Sentencia del 14 de noviembre de 2015, expediente 2636-2014, Consejero Ponente: Gerardo Arenas Monsalve.
Sentencia del 28 de enero de 2010, exp. 0232-08, Consejero Ponente Gustavo Eduardo Gómez Aranguren.
Cédula de ciudadanía, Folio 4.
Folio 9.
Folios 10 a 11.
Reseña Histórica. Instituto Departamental de Bellas Artes. Recuperado de HYPERLINK "http://www.bellasartes.edu.co/index.php/en/institucion/historia" http://www.bellasartes.edu.co/index.php/en/institucion/historia
Ibídem.
Ibídem.
Ibídem.
Folio 9.
Folio 9.
Centralizada o descentralizada.
Después se hizo extensiva a los docentes de básica secundaria y de escuelas normales, inspectores y directivos docentes, pero guardando el mismo referente de vinculación y de remuneración. Leyes 116 de 1928 y 37 de 1937.
Folios 10 a 11.
Sentencia Sala Contencioso Administrativo, Sección Segunda, Subsección A, 21 de mayo de 2009, C.P. Gustavo Eduardo Gómez Aranguren. Radicación No. 25000-23-25-000-2004-02727-02 (0876-2008).
Sentencia C-590 de 2005
Ver pie de página 9.
Cfr. Sentencia T-588 de 2005. En igual sentido se puede consultar la T-156 de 2010, por mencionar otra de tantas con relación al tema.
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