Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Primera, radicado 11001-03-15-000-2018-04262-00
Consejo de Estado · Sección Primera
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Consejo de Estado · Sección Primera
Acción de tutela contra providencia judicial
Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Primera, radicado 11001-03-15-000-2018-04262-00
Consejo de Estado · Sección Primera
República de Colombia
Consejo de Estado
Sección Primera
Radicado 11001-03-15-000-2018-04262-00
Consejero ponente: Hernando Sánchez Sánchez
14 de marzo de 2019
ACCIÓN DE TUTELA CONTRA PROVIDENCIA JUDICIAL / PROCEDENCIA EXCEPCIONAL DE LA ACCIÓN DE TUTELA CONTRA EL AUTO QUE DECIDE INCIDENTE DE NULIDAD DENTRO DEL TRÁMITE DE UNA ACCIÓN DE TUTELA / PRINCIPIOS APLICABLES PARA INTERPRETAR LAS DISPOSICIONES DEL DECRETO 2591 DE 1991 SOBRE TRÁMITE DE LA ACCIÓN DE TUTELA – Los establecidos en el Código General del Proceso / NULIDADES PROCESALES EN LA ACCIÓN DE TUTELA – No se establecieron en el decreto 2591 de 1991 por lo que se debe acudirse a las causales generales previstas en el Código General del Proceso
El Decreto 2591, que regula el procedimiento en la acción de tutela, no regula el tema de las nulidades. En ese orden de ideas, debe acudirse a lo dispuesto en el artículo 4 del Decreto 306 de 19 de febrero de 1992, que establece que para interpretar las disposiciones normativas sobre el trámite de la acción de tutela previstas en el Decreto 2591, y en lo que no sea contrario a éste, se aplicarán los respectivos principios generales del Código General del Proceso. Por lo anterior, como en la norma especial que gobierna el procedimiento del amparo, no se regulan las nulidades procesales, debe acudirse a las causales generales previstas en el mencionado Código General del Proceso, en cuanto no sean contrarias a la naturaleza de la acción constitucional. Así mismo, en aras de garantizar la eficacia de este procedimiento sumario es procedente ampararse en el artículo 29 de la Constitución Política de 1991, cuando se evidencia una vulneración grave al derecho fundamental al debido proceso
FUENTE FORMAL: CONSTITUCIÓN POLÍTICA – ARTÍCULO 29 / DECRETO 306 DE 1992 - ARTÍCULO 4 / CÓDIGO GENERAL DEL PROCESO – ARTÍCULO 133 / CÓDIGO GENERAL DEL PROCESO – ARTÍCULO 134 / CÓDIGO GENERAL DEL PROCESO – ARTÍCULO 135
DESCONOCIMIENTO DEL PRECEDENTE – Inexistencia / APLICACIÓN DEL PRECEDENTE – Exige similitud fáctica y jurídica / RECHAZO DE SOLICITUD DE NULIDAD DE SENTENCIA PROFERIDA EN ACCIÓN DE TUTELA
La Sala observa que en el caso bajo estudio se trata de una acción de tutela interpuesta contra la Sección Quinta del Consejo de Estado en donde se argumenta que al proferir el auto de 25 de octubre de 2018 por medio del cual se rechazó de plano la solicitud de nulidad de la sentencia de 18 de octubre de 2018 proferida por la misma corporación judicial, trajo como consecuencia la vulneración de sus derechos fundamentales al debido proceso y al acceso a la administración de justicia. Por el contrario, el caso estudiado y decidido por la Sección Cuarta del Consejo de Estado en el respectivo auto del 12 de julio de 2018, se enmarca dentro de un proceso de simple nulidad, en donde se buscaba decretar la suspensión provisional de los actos administrativos contenidos en los conceptos 022634 de 4 de marzo de 2008 y de los oficios 012337 de 10 de 10 de febrero de 2006, 026628 de 9 de abril de 2006 y 00979 de 7 de octubre de 2016, expedidos por la DIAN, al considerarse que fueron proferidos con desconocimiento del numeral 5 del artículo 831 del Estatuto Tributario. En ese orden de ideas para la Sala, la Sección Quinta del Consejo de Estado no incurrió en defecto sustantivo, toda vez que el precedente judicial invocado por el actor no es aplicable al caso concreto, al haberse acreditado que las situaciones fácticas de ambos casos, son totalmente diferentes
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN PRIMERA
Consejero ponente: HERNANDO SÁNCHEZ SÁNCHEZ
Bogotá, D.C., catorce (14) de marzo de dos mil diecinueve (2019)
Radicación número: 11001-03-15-000-2018-04262-00(AC)
Actor: JORGE ARTURO RIVERA TEJADA
Demandado: SECCIÓN QUINTA DEL CONSEJO DE ESTADO
Tema: Defecto sustantivo por desconocimiento del precedente judicial
Derechos Fundamentales Invocados: i) Debido proceso, ii) acceso a la administración de justicia y iii) confianza legítima
Derechos Fundamentales Amparados: Ninguno
SENTENCIA PRIMERA INSTANCIA
La Sala decide la acción de tutela interpuesta por el señor Jorge Arturo Rivera Tejada contra la Sección Quinta del Consejo de Estado porque, a su juicio, al proferir el auto de 25 de octubre de 2018 dentro de la solicitud de tutela identificada con el número único de radicación 11001 03 15 000 2018 01122 01, vulneró sus derechos fundamentales invocados supra.
La presente providencia tiene tres partes: i) Antecedentes, ii) Consideraciones de la Sala y iii) Resuelve; las cuales se desarrollarán a continuación.
I. ANTECEDENTES
La solicitud
El actor, obrando en nombre propio, presentó solicitud de tutela contra la Sección Quinta del Consejo de Estado porque, a su juicio, el Consejo al proferir el auto de 25 de octubre de 2018 dentro de la solicitud de tutela identificada con el número único de radicación 11001 03 15 000 2018 01122 01, vulneró los derechos fundamentales invocados supra.
Presupuestos fácticos
Los presupuestos fácticos en los cuales se fundamenta la solicitud de tutela son los siguientes:
Indicó que dirigiéndose a su lugar de residencia en su moto identificada con placas GUZ41D el 27 de marzo de 2015 a las 11:30 pm, fue requerido por la Policía Nacional en la Calle 45B con Carrera 19 en un operativo de control.
Expresó que al realizársele la prueba de alcoholemia, se le impuso la orden de comparendo número 08001000000000 - 9579893, el 28 de marzo de 2015, por conducir en estado de embriaguez.
Señaló que la Inspección Diecisiete de Tránsito y Transporte de la Secretaría Distrital de Movilidad de Barranquilla, mediante Resolución número 1284 de 26 de junio de 2015, lo declaró contraventor.
Afirmó que radicó una solicitud de acompañamiento ante la Personería Distrital de Barranquilla, el 13 de julio de 2015, y le fue asignado una abogada que lo asesoró durante el trámite del proceso contravencional de tránsito.
Adujo que el Inspector de Tránsito de Barranquilla le indicó a su abogada que “[…] el ciudadano Jorge Arturo Rivera Tejada presentó escrito […] el cual corresponde a un recurso de apelación y se encuentra en trámite actualmente ante la jefe de procesos administrativos de esta entidad […], recordando que el término para resolverlo es dentro de dos (2) meses contados a partir de su interposición como lo establece el Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo […]”.
Señaló que el Ministerio de Transporte, mediante Circular número 6811 – 18 – 02 – 2011 de 18 de febrero de 2011, precisó que “[…] la acción contravencional de tránsito caduca cuando transcurren seis (6) meses de la ocurrencia del hecho que origina el comparendo y no se culmina el proceso administrativo, es decir, sin que se hubiese celebrado de manera efectiva la audiencia a través de la cual se declara contraventor al infractor de las normas de tránsito y dicha decisión queda en firme […]”.
Refirió que solicitó ante la Oficina de Tránsito y Transporte de la Alcaldía de Barranquilla el 13 de octubre de 2015, la caducidad del proceso contravencional de tránsito tramitado en su contra.
Adujo que la Oficina de Tránsito y Transporte de la Alcaldía de Barranquilla – Secretaría Distrital de Movilidad de Barranquilla, mediante Oficio núm. C20151103 – 1225 – 93 de 3 de noviembre de 2015, negó la solicitud de caducidad.
Refirió que interpuso recurso de apelación contra el Oficio número C20151103 – 1225 – 93 de 3 de noviembre de 2015.
Afirmó que la Oficina de Tránsito y Transporte de la Alcaldía de Barranquilla – Secretaría Distrital de Movilidad de Barranquilla, mediante Oficio número C20151218 – 140045 de 15 de diciembre de 2015, manifestó que no había “[…] lugar a darle cumplimiento a la Circular 68811 – 18 – 02 – 2011 por cuanto el a quo, en primera instancia, decidió de fondo dentro del término de los seis (6) meses, interrumpiendo con ello la figura de caducidad […]”.
Indicó que la Oficina de Tránsito y Transporte de la Alcaldía de Barranquilla – Secretaría Distrital de Movilidad de Barranquilla, mediante Resolución 6501 de 14 de diciembre de 2015, resolvió el recurso de apelación de manera negativa.
El actor presentó demanda, en ejercicio del medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho, contra la Secretaria Distrital de Movilidad de Barranquilla, con el fin de que se declarara la nulidad de los Oficios números C20151103 – 1225 – 93 de 3 de noviembre de 2015 y C20151218 – 140045 de 15 de diciembre de 2015, por medio de los cuales se negó la solicitud de caducidad del proceso contravencional en el que se le impuso un comparendo por infringir normas de tránsito, y a título de restablecimiento del derecho se i) declarara la caducidad en el presente caso y ii) se ordenara a la Secretaría de Movilidad del Distrito de Barranquilla que le entregara de inmediato su licencia de conducción.
Manifestó que el Juzgado Octavo Administrativo Oral de Barranquilla mediante sentencia de 30 de mayo de 2017 al resolver la respectiva demanda, resolvió negar las pretensiones al sostener que:
“[…] De acuerdo a lo anterior, al Señor Jorge Arturo Rivera Tejeda (sic), le fue iniciado proceso convencional, en virtud de la orden de comparendo que le fue impuesta el día 28 de marzo de 2015, es decir que la entidad de tránsito a efectos de evitar la ocurrencia del fenómeno de caducidad debió proferir decisión antes del 25 de septiembre de 2015, como en efecto sucedió, pues se pudo constatar la Inspección 17 de Tránsito y Transporte – Secretaría Distrital de Movilidad de Barranquilla, profirió la Resolución No. 1284 del 25 de junio de 2015, en la que declaró contraventor de la norma de tránsito al Señor Jorge Arturo Rivera Tejeda (sic) de la norma de tránsito al Señor Jorge Arturo Rivera Tejeda, por infringir lo normado en el literal F del 131 de la ley 769 de 2002, modificado por el artículo 4 de la Ley 1696 de 2002.
Así las cosas, y sin mayores consideraciones, se debe indicar que en el sub examine no hay lugar a declarar la caducidad del proceso contravencional, habida cuenta que se profirió decisión de primera instancia con antelación a los seis (6) meses y de acuerdo a lo señalado en la norma y la jurisprudencia, para evitar que opere la caducidad únicamente se debía proferir decisión dentro de ese término de seis (6) meses independientemente de la interposición de recursos que procedieran contra la misma […]”.
Adujo que contra la sentencia de 30 de mayo de 2017 proferida por el Juzgado Octavo Administrativo Oral de Barranquilla, interpuso el respectivo recurso de apelación el cual fue resuelto por la Sala Oral A del Tribunal Administrativo del Atlántico mediante sentencia de 27 de febrero de 2018, quien resolvió confirmar en su integridad la sentencia de primera instancia, negando las pretensiones de la demanda, al sostener que […] tal como lo indicó el juez de instancia, no hay lugar a declarar la caducidad del proceso contravencional, habida cuenta que no transcurrieron seis (6) meses desde la orden de comparendo de fecha 28 de marzo de 2015 y la expedición de la Resolución No. 1284 de 2015, a través de la cual se declara en primera instancia contraventor al demandante por infringir lo normado en el literal F del Art. 131 de la Ley 768 de 2002, modificado por el Art. 4 de la Ley 1696 de 2002, con ocasión de la orden de comparendo No. 9579893 […]”.
Expresó que presentó solicitud de tutela contra la Sala Oral A del Tribunal Administrativo del Atlántico porque, a su juicio, el Tribunal al proferir la sentencia de 27 de febrero de 2018, dentro del proceso de nulidad y restablecimiento del derecho identificado con número único de radicación 080013333008201600200-01, vulneró su derecho fundamental al debido proceso, toda vez que incurrió en un defecto sustantivo y en un defecto fáctico.
Sentencia proferida el 26 de julio de 2018 por la Sección Cuarta del Consejo de Estado, dentro del proceso de tutela identificado con el número único de radicación 11001-03-15-000-2018-01122-00
18. La Sección Cuarta del Consejo de Estado, mediante sentencia de 26 de julio de 2018, en la parte resolutiva de la providencia dispuso:
“[…] Primero. DECLÁRASE IMPROCEDENTE la acción de tutela promovida por el señor Jorge Arturo Rivera Tejada, por las razones expuestas en esta providencia […]”.
19. La Sección Cuarta del Consejo de Estado, expresó que:
“[…] De este modo, para la Sala resulta importante señalar que en el escrito de tutela el accionante abordó la problemática resuelta en el recurso de apelación de la sentencia de primera instancia dentro del medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho, por lo que para abordar el estudio de fondo de la tutela, la Sala tendría que efectuar el mismo análisis que ya agotaron los jueces ordinarios, pues la circunstancia de que el tutelante no esté de acuerdo con los anteriores argumentos, no habilita al juez de tutela para volver a estudiar un asunto que ya fue decidido por el juez natural en el marco de su autonomía judicial, decisión que no sugiere arbitrariedad o irracionalidad alguna.
De acuerdo con ello, resulta claro que el actor emplea el mecanismo de amparo constitucional como una tercera instancia con el propósito de reabrir un debate de naturaleza legal que ha sido superado por la jurisdicción contencioso administrativa conforme a lo que se alegó durante el trámite judicial.
Así las cosas, es evidente que el demandante en el escrito de tutela no demostró la manera como el fallo de 27 de febrero de 2018, dictado por el Tribunal Administrativo del Atlántico, Sala de Decisión Oral “A”, vulneró el derecho fundamental al debido proceso invocado, en tanto se limitó a reiterar las razones por las cuales consideró que se debe declarar la nulidad de los actos administrativo demandados. De ahí, que la Sala advierta que las causas de la solicitud de amparo se concreten en el simple desacuerdo con la decisión, para lo cual este mecanismo de protección constitucional resulta improcedente […]”.
20. Concluyó manifestando que la acción de tutela se constituye en un mecanismo idóneo con el fin de proteger los derechos fundamentales, mas no es una instancia adicional de los procesos judiciales. En ese orden de ideas, sostener la tesis de que el amparo se convierta en una tercera instancia de todos los procesos judiciales, no solo le resta vigor a dicho mecanismo constitucional en los términos del artículo 86 de la Constitución Política de 1991, sino que trae como consecuencia que se desconozcan los principios de autonomía y juez natural.
Sentencia proferida el 18 de octubre de 2018 por la Sección Quinta del Consejo de Estado en segunda instancia dentro del proceso de tutela identificado con el número único de radicación 11001-03-15-000-2018-01122-00
21. La Sección Quinta del Consejo de Estado, mediante sentencia de 18 de octubre de 2018, en la parte resolutiva de la providencia dispuso:
“[…] PRIMERO: REVOCAR la sentencia del 26 de julio de 2018, proferida por la Sección Cuarta del Consejo de Estado, y en su lugar, NEGAR la acción de tutela promovida por el señor JORGE ARTURO RIVERA TEJADA […]”.
22. Señaló que pese a que el a quo en el presente caso declaró la improcedencia del amparo, al considerar que no se acreditó con el cumplimiento del requisito de la relevancia constitucional, la Sala encuentra que toda acción de tutela que se interpone contra una providencia judicial, lleva implícito la posible afectación o vulneración de derechos fundamentales, y en ese orden de ideas, el análisis de dicha figura resulta innecesario, por lo que debe existir un pronunciamiento de fondo.
23. Expresó que el término de 6 meses establecido en el artículo 161 de la Ley 769 de 6 de julio de 2002 hace referencia al tiempo con que cuentan las autoridades de tránsito competentes para iniciar la respectiva actuación administrativa correspondiente y en ese orden de ideas, celebrar la audiencia en los términos de los artículos 135 y 136 de dicha norma jurídica, en la que se establece si es o no infractor, sin embargo, si la respectiva audiencia no se lleva a cabo en dicho lapso, trae como consecuencia que se configure el fenómeno de la caducidad para poder hacer efectiva la acción de cobro de una multa por contravención a las normas de tránsito. En ese orden de ideas, adujo que:
“[…] Es por lo anterior que esta Sección comparte el criterio del Tribunal accionado al señalar que en el caso del actor no se configuró la caducidad pues el comparendo se impuso el 28 de marzo de 2015 y la audiencia se llevó a cabo el entre 1º de abril al 25 de junio de 2015, fecha en la que se expidió la Resolución No. 1284 de 2015, es decir que el acto sancionatorio fue proferido tan solo tres meses después de la ocurrencia de los hechos.
Por lo que no es cierto, entonces, que la autoridad accionada haya incurrido en un defecto sustantivo, pues sí aplicó lo establecido en el artículo 161 del Código Nacional de Tránsito Terrestre por lo que no se trata de una decisión violatoria de los derechos del actor. De tal manera que, la alegación de la parte tutelante obedece a estar en desacuerdo con el análisis y con la decisión que se adoptó, la cual resultó desfavorable a sus intereses […]”.
24. Ahora bien, respecto al cargo por defecto fáctico, la Sección Quinta del Consejo de Estado manifestó que la parte actora cumplió con la carga argumentativa mínima, toda vez que señaló la respectiva prueba que consideraba había sido desconocida por la autoridad judicial accionada, es decir, la Circular 68811-18-02-2011 de 18 de febrero de 2011, medio probatorio que fue incorporada al expediente del proceso de nulidad y restablecimiento del derecho en cumplimiento de lo establecido en el artículo 212 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo. Concluyó manifestando que:
“[…] Conocido el contenido de la sentencia, advierte la Sala que el defecto fáctico no se configura en el caso que nos ocupa, pues como se observó la autoridad judicial accionada sí aplicó lo dispuesto en la Circular 68811-18-02-2011 del 18 de febrero de 2011 expedida por el Ministerio de Transporte y fue con base en esta y en el artículo 161 de la Ley 769 de 2002 que negó la caducidad de la acción contravencional.
Así las cosas, resulta evidente para la Sala que la actividad intelectual que realiza el fallador en materia de apreciación y valoración de pruebas, hace parte de la autonomía e independencia de la que gozan los jueces de la república y, por lo mismo, ni las partes y mucho menos el juez constitucional, puede imponer a toda costa su criterio, interpretación y lógica sobre la del natural, como si se tratara de un juez superior e infalible y con ello, sustituir de manera arbitraria el juicio valorativo de aquel […]”.
Solicitud de nulidad de la sentencia de 18 de octubre de 2018 proferida por la Sección Quinta del Consejo de Estado dentro del proceso de tutela identificado con el número único de radicación 11001-03-15-000-2018-01122-00
25. El señor Jorge Arturo Rivera Tejada presentó solicitud de nulidad de la sentencia de 18 de octubre de 2018 proferida por la Sección Quinta del Consejo de Estado, al sostener que se había configurado la causal […] cuando una Sala de Revisión modifica o cambia el criterio de interpretación o la posición jurisprudencial fijada por la Sala Plena frente a una misma situación jurídica. En la medida en que el art. 34 del Decreto 2591 de 1991 dispone que todo cambio de jurisprudencia debe ser decidido por la Sala Plena de la Corporación, el cambio de jurisprudencia por parte de una Sala de Revisión desconoce el principio del juez natural y vulnera el derecho a la igualdad […]”.
Auto proferido el 25 de octubre de 2018 por la Sección Quinta del Consejo de Estado dentro del proceso de tutela identificado con el número único de radicación 11001-03-15-000-2018-01122-00
26. La Sección Quinta del Consejo de Estado, mediante auto de 25 de octubre de 2018, en la parte resolutiva de la providencia dispuso:
“[…] PRIMERO: RECHAZAR DE PLANO la solicitud de nulidad presentada por el señor JORGE ARTURO RIVERA TEJADA.
SEGUNDO: ORDENAR a la Secretaría General que remita el expediente a la Corte Constitucional para su eventual revisión, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 32 del Decreto No. 2591 del 1991 y según lo ordenado por el numeral tercero de la parte resolutiva de la sentencia del pasado 18 de octubre de 2018.
Contra esta decisión no procede ningún recurso […]”.
27. La Sección Quinta del Consejo de Estado invocando el artículo 135 del Código General del Proceso, afirmó que el juez en un caso concreto debe rechazar de plano aquella solicitud de nulidad que se funde un una causal distinta […] de las determinadas en este capítulo o en hechos que pudieron alegarse como excepciones previas, o la que se proponga después de saneada o por quien carezca de legitimación […]”.
28. En ese orden de ideas, adujo que el señor Jorge Arturo Rivera Tejada al haber alegado una causal de nulidad totalmente distinta a las contempladas taxativamente en el Código General del Proceso, trae como consecuencia que en el presente caso se rechace de plano la respectiva solicitud de nulidad. Concluyó manifestando que:
“[…] Además, la competencia de este juez de amparo va hasta el momento en el que se dicta sentencia de segunda instancia, por lo que se ordenará remitir a la Corte Constitucional para su eventual revisión […]”.
La solicitud de tutela
Pretensiones
29. El actor solicitó en su escrito de tutela:
“[…] PRIMERA: TUTELAR los derechos fundamentales al DEBIDO PROCESO, ACCESO A LA ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA, CONFIANZA LEGITIMA del accionante, en consecuencia, dejar sin efecto la (sic) AUTO DE FECHA VEINTICINCO (25) DE OCTUBRE DE DOS MIL DIECIOCHO y en consecuencia ordenar al Consejo de Estado Sala de lo Contencioso Administrativo Sección Quinta (sic) providencia (sic) realizando la adecuada valoración probatoria de las pruebas obrantes en el expediente […]”.
Actuación
30. El Despacho sustanciador, mediante auto de 30 de noviembre de 2018, admitió la acción de tutela y ordenó notificar a los magistrados de la Sección Quinta del Consejo de Estado, concediéndoles el término de tres (3) días para que rindieran informe sobre el particular.
31. Asimismo, dispuso vincular a los magistrados de i) la Sección Cuarta del Consejo de Estado y del ii) Tribunal Administrativo del Atlántico, en calidad de terceros con interés legítimo, concediéndoles un término de tres (3) días para rendir informe.
Intervenciones de las partes accionadas y de las partes vinculadas
32. La doctora Lucy Jeannette Bermúdez Bermúdez Magistrada de la Sección Quinta del Consejo de Estado, mediante escrito aportado el 10 de diciembre de 2018 solicitó que se declarara improcedente el amparo en la medida que la solicitud de amparo va dirigida contra providencias judiciales dictadas dentro de un proceso de tutela, lo que trae como consecuencia que se declare la improcedencia del mismo al no cumplirse los requisitos señalados por la Corte Constitucional en la sentencia SU-627 de 2015.
33. Durante el presente trámite, los magistrados de i) la Sección Cuarta del Consejo de Estado y del ii) Tribunal Administrativo del Atlántico guardaron silencio.
II. CONSIDERACIONES DE LA SALA
Competencia de la Sala
34. Esta Sección es competente para conocer de este proceso, de conformidad con los artículos 1.º y 32 del Decreto 2591 de 1991, por el cual se reglamenta la acción de tutela establecida en el artículo 86 de la Constitución Política; el artículo 1.º del Decreto núm. 1983 de 30 de noviembre de 2017, por el cual se establecen reglas para el reparto de la acción de tutela; y, el Acuerdo 377 de 11 de diciembre de 2018.
Generalidades de la acción de tutela
35. La acción de tutela ha sido instituida como instrumento preferente y sumario, destinado a proteger de manera efectiva e inmediata los derechos constitucionales fundamentales, cuando hayan sido violados o amenazados por las autoridades públicas, o por los particulares, en los casos expresamente indicados. Procede, a falta de otro medio de defensa judicial, a menos que se utilice como mecanismo transitorio, para prevenir un perjuicio irremediable.
Problemas Jurídicos
36. En el caso sub examine, los problemas jurídicos que debe resolver la Sala consisten en: i) determinar si, en efecto, es procedente la acción de tutela acreditándose el cumplimiento de los requisitos generales de procedibilidad de la acción de tutela contra sentencias judiciales, y de ser así, ii) establecer si la Sección Quinta del Consejo de Estado, al proferir la providencia de 20 de octubre de 2018 dentro de la solicitud de tutela identificada con el número único de radicación 11001 03 15 000 2018 01122 01, incurrió en i) defecto sustantivo por desconocimiento del precedente judicial.
38. Para resolver los anteriores problemas jurídicos esta Sala analizará los siguientes temas: i) procedencia de la acción de tutela frente a providencias judiciales; ii) requisitos generales y especiales de procedibilidad de la acción de tutela cuando se dirige contra providencias judiciales; iii) procedencia excepcional de la acción de tutela contra la decisión que decide un incidente de nulidad dentro del trámite de una acción de tutela iv) análisis del cumplimiento de los requisitos generales de procedibilidad en el caso concreto; v) el defecto sustantivo por desconocimiento del precedente judicial; y, finalmente, la vi) solución del caso concreto.
Procedencia de la acción de tutela frente a providencias judiciales
39. Con ocasión de la acción de tutela instaurada por la señora Nery Germania Álvarez Bello, en un asunto que fue asumido por importancia jurídica por la Sala Plena, en sentencia del 31 de julio de 2012, consideró necesario admitir que debe acometerse el estudio de fondo de la acción de tutela cuando se esté en presencia de providencias judiciales – sin importar la instancia y el órgano que las profiera - que resulten violatorias de derecho fundamentales, observando al efecto los parámetros fijados hasta el momento jurisprudencialmente y los que en el futuro determine la Ley y la propia doctrina judicial.
Requisitos generales y especiales de procedibilidad de la acción de tutela cuando se dirige contra providencias judiciales
40. Esta Sección adoptó como parámetros a seguir los indicados en la sentencia C-590 de 8 de junio de 2005, proferida por la Corte Constitucional, sin perjuicio de los demás pronunciamientos que esta Corporación elabore sobre el tema.
41. Por lo anterior, y con el fin de hacer operante la nueva posición jurisprudencial, estableció como requisitos generales de procedibilidad de esta acción constitucional, cuando se dirige contra decisiones judiciales: i) la relevancia constitucional del asunto; ii) el uso de todos los medios de defensa judiciales salvo la existencia de un perjuicio irremediable; iii) el cumplimiento del principio de inmediatez; iv) la existencia de una irregularidad procesal con efecto decisivo en la providencia objeto de inconformidad; v) la identificación clara de los hechos causantes de la vulneración y su alegación en el proceso, y vi) que no se trate de tutela contra tutela.
42. Además de estas exigencias, la Corte, en la mencionada sentencia C–590 de 2005, precisó que era imperioso acreditar la existencia de unos requisitos especiales de procedibilidad, que el propio Tribunal Constitucional los ha considerado como las causales concretas que “de verificarse su ocurrencia autorizan al juez de tutela a dejar sin efecto una providencia judicial”.
43. Así pues, el juez debe comprobar la ocurrencia de al menos uno de los siguientes defectos: i) orgánico; ii) procedimental absoluto; iii) fáctico; iv) material o sustantivo; v) error inducido; vi) decisión sin motivación; vii) desconocimiento del precedente; y viii) violación directa de la Constitución.
44. De lo expuesto, la Sala advierte que, cuando el juez constitucional conoce una demanda impetrada en ejercicio de la acción de tutela y en la que se alega la vulneración de derechos fundamentales con ocasión de la expedición de una providencia judicial: en primer lugar, debe verificar la presencia de los requisitos generales y, en segundo término, le corresponde examinar si en el caso objeto de análisis se configura uno de los defectos especiales ya explicados, permitiéndole de esta manera “dejar sin efecto o modular la decisión” que encaje en dichos parámetros.
45. Se trata, entonces, de una rigurosa y cuidadosa constatación de los presupuestos de procedibilidad, por cuanto resulta a todas luces necesario evitar que este instrumento excepcional se convierta en una manera de desconocer principios y valores constitucionales tales como los de cosa juzgada, debido proceso, seguridad jurídica e independencia judicial que gobiernan todo proceso jurisdiccional.
46. El criterio expuesto fue reiterado en pronunciamiento de la Sala Plena de la Corporación, en sentencia de unificación de 5 de agosto de 2014.
Procedencia excepcional de la acción de tutela contra la decisión que decide un incidente de nulidad dentro del trámite de una acción de tutela
47. El Decreto 2591, que regula el procedimiento en la acción de tutela, no regula el tema de las nulidades. En ese orden de ideas, debe acudirse a lo dispuesto en el artículo 4 del Decreto 306 de 19 de febrero de 1992, que establece que para interpretar las disposiciones normativas sobre el trámite de la acción de tutela previstas en el Decreto 2591, y en lo que no sea contrario a éste, se aplicarán los respectivos principios generales del Código General del Proceso. Por lo anterior, como en la norma especial que gobierna el procedimiento del amparo, no se regulan las nulidades procesales, debe acudirse a las causales generales previstas en el mencionado Código General del Proceso, en cuanto no sean contrarias a la naturaleza de la acción constitucional. Así mismo, en aras de garantizar la eficacia de este procedimiento sumario es procedente ampararse en el artículo 29 de la Constitución Política de 1991, cuando se evidencia una vulneración grave al derecho fundamental al debido proceso.
48. El Código General del Proceso, en sus artículos 133, 134 y 135, disponen lo siguiente, respectivamente:
“[…] ARTÍCULO 133. CAUSALES DE NULIDAD. El proceso es nulo, en todo o en parte, solamente en los siguientes casos: 1. Cuando el juez actúe en el proceso después de declarar la falta de jurisdicción o de competencia. 2. Cuando el juez procede contra providencia ejecutoriada del superior, revive un proceso legalmente concluido o pretermite íntegramente la respectiva instancia. 3. Cuando se adelanta después de ocurrida cualquiera de las causales legales de interrupción o de suspensión, o si, en estos casos, se reanuda antes de la oportunidad debida. 4. Cuando es indebida la representación de alguna de las partes, o cuando quien actúa como su apoderado judicial carece íntegramente de poder. 5. Cuando se omiten las oportunidades para solicitar, decretar o practicar pruebas, o cuando se omite la práctica de una prueba que de acuerdo con la ley sea obligatoria. 6. Cuando se omita la oportunidad para alegar de conclusión o para sustentar un recurso o descorrer su traslado. 7. Cuando la sentencia se profiera por un juez distinto del que escuchó los alegatos de conclusión o la sustentación del recurso de apelación. 8. Cuando no se practica en legal forma la notificación del auto admisorio de la demanda a personas determinadas, o el emplazamiento de las demás personas aunque sean indeterminadas, que deban ser citadas como partes, o de aquellas que deban suceder en el proceso a cualquiera de las partes, cuando la ley así lo ordena, o no se cita en debida forma al Ministerio Público o a cualquier otra persona o entidad que de acuerdo con la ley debió ser citado. Cuando en el curso del proceso se advierta que se ha dejado de notificar una providencia distinta del auto admisorio de la demanda o del mandamiento de pago, el defecto se corregirá practicando la notificación omitida, pero será nula la actuación posterior que dependa de dicha providencia, salvo que se haya saneado en la forma establecida en este código. PARÁGRAFO. Las demás irregularidades del proceso se tendrán por subsanadas si no se impugnan oportunamente por los mecanismos que este código establece HYPERLINK "http://www.secretariasenado.gov.co/senado/basedoc/ley_1564_2012_pr003.html" \l "top" \o "Ir al inicio"
ARTÍCULO 134. OPORTUNIDAD Y TRÁMITE. Las nulidades podrán alegarse en cualquiera de las instancias antes de que se dicte sentencia o con posteridad a esta, si ocurrieren en ella. La nulidad por indebida representación o falta de notificación o emplazamiento en legal forma, o la originada en la sentencia contra la cual no proceda recurso, podrá también alegarse en la diligencia de entrega o como excepción en la ejecución de la sentencia, o mediante el recurso de revisión, si no se pudo alegar por la parte en las anteriores oportunidades. Dichas causales podrán alegarse en el proceso ejecutivo, incluso con posterioridad a la orden de seguir adelante con la ejecución, mientras no haya terminado por el pago total a los acreedores o por cualquier otra causa legal. El juez resolverá la solicitud de nulidad previo traslado, decreto y práctica de las pruebas que fueren necesarias. La nulidad por indebida representación, notificación o emplazamiento, solo beneficiará a quien la haya invocado. Cuando exista litisconsorcio necesario y se hubiere proferido sentencia, esta se anulará y se integrará el contradictorio. HYPERLINK "http://www.secretariasenado.gov.co/senado/basedoc/ley_1564_2012_pr003.html" \l "top" \o "Ir al inicio"
ARTÍCULO 135. REQUISITOS PARA ALEGAR LA NULIDAD. La parte que alegue una nulidad deberá tener legitimación para proponerla, expresar la causal invocada y los hechos en que se fundamenta, y aportar o solicitar las pruebas que pretenda hacer valer. No podrá alegar la nulidad quien haya dado lugar al hecho que la origina, ni quien omitió alegarla como excepción previa si tuvo oportunidad para hacerlo, ni quien después de ocurrida la causal haya actuado en el proceso sin proponerla.
La nulidad por indebida representación o por falta de notificación o emplazamiento solo podrá ser alegada por la persona afectada. El juez rechazará de plano la solicitud de nulidad que se funde en causal distinta de las determinadas en este capítulo o en hechos que pudieron alegarse como excepciones previas, o la que se proponga después de saneada o por quien carezca de legitimación […]”. 49. En ese orden de ideas, dentro del marco del trámite de una acción de tutela, se podrán alegar las causales de nulidad, consagradas expresamente en el Código General del proceso, cuando se evidencie una actuación grosera y arbitraria por parte del operador judicial, que haya traído como consecuencia, la vulneración del derecho fundamental al debido proceso. 50. Además, dentro de este contexto, debe indicarse la procedencia excepcional de la acción de tutela frente a la decisión que pone fin al trámite del incidente de nulidad dentro del marco de una acción de tutela, en el evento en que dentro de dicho trámite se produzca la vulneración de derechos fundamentales, en especial, el debido proceso y el acceso a la administración de justicia, cuando se acredite en el caso concreto, que la autoridad judicial incurrió en los defectos: i) orgánico; ii) procedimental; iii) fáctico; iv) sustantivo; v) error inducido; vi) decisión sin motivación; vii) desconocimiento del precedente; y viii) violación directa de la Constitución, en los términos de la sentencia C-590 de 2005, proferida por la Corte Constitucional, postura jurisprudencial, que fue acogida por la Sala Plena de lo Contencioso Administrativo del Consejo de Estado en sentencia de 31 de julio de 2012.
Análisis del cumplimiento de los requisitos generales de procedibilidad de la acción de tutela en el caso concreto
51. La Sala estudiará la procedencia de la acción de tutela bajo la premisa del cumplimiento de los requisitos generales de procedibilidad de la acción de tutela contra providencias judiciales, dispuestos por la sentencia C-590 de 2005, proferida por la Corte Constitucional.
52. En el caso bajo examen la Sala examinará si la acción de tutela cumple con los requisitos generales de procedibilidad, así:
52.1. Es evidente que la cuestión que se discute reviste relevancia constitucional, comoquiera que se controvierte la vulneración de los derechos fundamentales del señor Jorge Arturo Rivera Tejada al debido proceso y al acceso a la administración de justicia.
52.2. La Sala debe hacer énfasis, en que en el presente caso se cumple con el requisito de la relevancia constitucional dentro del marco de la acción de tutela contra providencias judiciales, i) toda vez que se trata de la posible afectación de los derechos fundamentales al debido proceso y al acceso a la administración de justicia y además, ii) la parte actora cumplió con la carga argumentativa mínima en dar las razones jurídicas por las cuales la autoridad judicial accionada incurrió en un posible defecto sustantivo.
52.3 Para la Sala exigirle al señor Jorge Arturo Rivera Tejada una carga argumentativa mínima se justifica, toda vez que si bien es cierto la acción de tutela goza de la característica principal de la informalidad que se fundamenta en el mandato constitucional de la prevalencia del derecho sustancial sobre las formas procesales, en el escenario del amparo contra providencias judiciales, cuando esta prospera se afecta el principio de la cosa juzgada, por lo que el juez constitucional sólo puede remover dicha cosa juzgada de una sentencia o auto, cuando se evidencia a través de la argumentación jurídica del actor, que realmente el operador judicial profirió una providencia arbitraria e irrazonable, que implicó la vulneración de derechos fundamentales.
52.4 Cumplió con el principio de inmediatez;
52.5 No existen medios ordinarios y/o extraordinarios de defensa judicial eficaces y eficientes con los cuales la parte actora pueda lograr la protección de los derechos invocados.
52.6 Por no invocar la acción de tutela un defecto procedimental no es necesario hacer un análisis de este requisito;
52.7 El actor identificó los hechos y los derechos cuya vulneración alega; y
52.8 No se trata de una acción de tutela contra sentencia de tutela. En este punto, como se expuso en el considerando núm. 50 de esta providencia, se trata de la procedencia excepcional del amparo frente a la decisión que pone fin al trámite del incidente de nulidad dentro del marco de una acción de tutela, por lo que se cumple con este requisito general de procedibilidad de la acción de tutela contra providenciales judiciales.
Análisis del cumplimiento de los requisitos especiales de procedibilidad de la acción de tutela en el caso concreto, en especial, del defecto sustantivo alegado
53. La Sala debe determinar si, en efecto, la Sección Quinta del Consejo de Estado, incurrió en i) defecto sustantivo por desconocimiento del precedente judicial dentro la solicitud de tutela identificada con el número único de radicación 11001 03 15 000 2018 01122 01.
54. Para determinar lo anterior, la Sala hará los siguientes análisis: el i) defecto sustantivo por desconocimiento del precedente judicial y, finalmente, ii) analizará el caso en concreto.
Defecto sustantivo por desconocimiento del precedente judicial
55. La Sala considera que es necesario señalar que en nuestro ordenamiento jurídico se han desarrollado en torno a las decisiones judiciales, entre otras, las siguientes figuras jurisprudenciales: la doctrina probable, el antecedente jurisprudencial, el precedente jurisprudencial, la sentencia de unificación y la extensión de la jurisprudencia.
56. Dichas figuras encuentran su fundamento legal en los artículos 4.º de la Ley 169 de 31 de diciembre de 1896 y el 270 de la Ley 1437 de 18 de enero de 2011; así como su respaldo jurisprudencial las sentencias C-836 de 2001; C-816 de 2011; C-179 de 2016; y T-102 de 2014.
57. En relación con esta causal, la Corte Constitucional ha desarrollado, ampliamente, el concepto del precedente judicial, definiéndolo así:
“[…] conjunto de sentencias previas al caso que se habrá de resolver que por su pertinencia para la resolución de un problema jurídico constitucional, debe considerar necesariamente un juez o una autoridad determinada, al momento de dictar sentencia […].” (Negrilla fuera de texto).
58. Así las cosas, la aplicación del precedente judicial en un caso determinado, busca asegurar la eficacia de los principios y derechos fundamentales a la igualdad, a la buena fe, a la seguridad jurídica y a la confianza legítima que, a su vez, garantizan la protección del debido proceso y el acceso efectivo a la Administración de Justicia.
59. Lo anterior encuentra su fundamento en el criterio desarrollado por la Corte Constitucional, según el cual la actividad interpretativa que se realiza con fundamento en el principio de la autonomía judicial está supeditada al respeto del derecho a la igualdad en la aplicación de la ley, lo que supone, necesariamente que, en casos análogos, los funcionarios judiciales se encuentran atados en sus decisiones, por la regla jurisprudencial que, para el asunto concreto, se haya fijado por el funcionario de superior jerarquía (precedente vertical) o por el mismo juez (precedente horizontal).
60. En efecto, la Corte Constitucional en sentencia T-457 de 2008 indicó:
“[…] En relación a la aplicación del precedente, esta Sala de Revisión en sentencia T-158 de 2006 señaló: “Por ello, la correcta utilización del precedente judicial implica que un caso pendiente de decisión debe ser fallado de conformidad con el(los) caso(s) del pasado, sólo (i) si los hechos relevantes que definen el caso pendiente de fallo son semejantes a los supuestos de hecho que enmarcan el caso del pasado, (ii) si la consecuencia jurídica aplicada a los supuestos del caso pasado, constituye la pretensión del caso presente y (iii) si la regla jurisprudencial no ha sido cambiada o ha evolucionado en una distinta o más específica que modifique algún supuesto de hecho para su aplicación […]”. (Negrilla fuera de texto).
61. Sin embargo, la misma Corte ha precisado que, salvo en materia constitucional, cuya doctrina es obligatoria, la regla del respeto del precedente no es absoluta, debido a que la interpretación judicial no puede tornarse inflexible frente a la dinámica social, ni petrificarse, o convertirse en el único criterio tendiente a resolver una situación concreta.
62. Lo anterior se traduce en el reconocimiento de un conjunto de supuestos en los cuales resulta legítimo apartarse del precedente judicial vigente, desarrollados jurisprudencialmente y recogidos en pronunciamientos anteriores de la Sala, a saber: i) la disanalogía o falta de semejanza estricta entre el caso que origina el precedente y el que se resuelve con posterioridad; ii) una transformación significativa de la situación social, política o económica en la que se debe aplicar la regla definida con anterioridad con fuerza de precedente; iii) un cambio en el orden constitucional o legal que sirvió de base a la toma de las decisiones adoptadas como precedentes; iv) la falta de claridad o consistencia en la jurisprudencia que debe ser tomada como referente, y, v) la consideración que esa jurisprudencia resulta errónea, por ser contraria a los valores, objetivos, principios y derechos en los que se fundamenta el ordenamiento jurídico.
63. En efecto, la Sala ha reconocido que, “en los eventos referidos, el juez que se separa del precedente asume una especial carga de argumentación, en virtud de la cual debe exponer, de manera clara, razonada y completa, las razones en las que fundamenta el cambio de posición jurisprudencial”, para lo cual resulta obligatorio referirse a este –al precedente-, analizarlo respecto del caso concreto y fundamentar con suficiencia los motivos y las normas en que se sustenta la decisión de apartarse.
Análisis del caso en concreto
64. Visto el marco normativo y los desarrollos jurisprudenciales en la parte considerativa de esta sentencia, la Sala procede a realizar el análisis del acervo probatorio, para posteriormente, en aplicación del silogismo jurídico, concluir el caso concreto.
Acervo y análisis probatorios
65. Para resolver el caso sub judice, la Sala seguirá rigurosamente los parámetros establecidos por la Corte Constitucional respecto al defecto sustantivo a fin de determinar si, efectivamente, la autoridad judicial accionada incurrió en el yerro mencionado, para lo cual revisará el acervo probatorio:
Cargo por desconocimiento del precedente judicial
66. El actor en su escrito de tutela señaló que la autoridad judicial accionada se apartó del siguiente precedente judicial sentado por la Sección Cuarta del Consejo de Estado:
Consejo de Estado, auto de 12 de julio de 2018
67. Para la aplicación del precedente judicial al caso concreto es necesario verificar la procedencia de los siguientes criterios: i) que en la ratio decidendi de la sentencia anterior se encuentre una regla jurisprudencial aplicable al caso a resolver; ii) que esta ratio resuelva un problema jurídico semejante al propuesto en el nuevo caso y, iii) que los hechos del caso sean equiparables a los resueltos anteriormente.
68. En ese orden de ideas, la Sala debe efectuar el respectivo análisis de la providencia proferida por el Consejo de Estado, para concluir si la autoridad judicial accionada al resolver el caso concreto desconoció dicho precedente judicial. Para tales efectos, se analizarán los problemas jurídicos y los respectivos argumentos jurídicos abordados por el Consejo de Estado en dicha providencia judicial.
69. El problema jurídico a resolver consistió en determinar si era procedente o no decretar la suspensión provisional de los actos administrativos acusados, por la posible vulneración del numeral 5 del artículo 831 del Estatuto Tributario, toda vez que en ellos la administración tributaria estableció que la excepción de “interposición de demandas”, respecto al mandamiento de pago, solo ha de prosperar cuando la demanda ha sido “admitida” por la Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo. Expresó que:
“[…] Al fin de resolver sobre la solicitud de medida cautelar, es necesario tener presente, que la Sección Cuarta del Consejo de Estado, en relación con la excepción frente al mandamiento de pago prevista en el numeral 5° del artículo 831 del Estatuto Tributario, ha señalado que la excepción de interposición de demanda de nulidad y restablecimiento del derecho tiene la virtud de prosperar cuando la demanda ha sido admitida por la jurisdicción de lo contencioso administrativo:
“La Sala ha precisado que «[e]l artículo 831 del Estatuto Tributario señala dentro de las excepciones que se pueden proponer contra el mandamiento de pago, la de “interposición de demandas de restablecimiento del derecho o de proceso de revisión de impuestos ante la jurisdicción de lo contencioso administrativo”. Esta excepción, cuyo efecto no es otro que el de suspender el proceso de cobro que se esté adelantando, se acredita con la admisión de la demanda, pues en este momento se verifica que la misma ha reunido todos los requisitos de ley para que sea conocida por el juez, y, además, se traba la relación jurídico procesal entre las partes”
En este sentido, la posición de la Sala ha sido que frente al mandamiento de pago la excepción de “la interposición de demandas de restablecimiento del derecho o de proceso de revisión de impuestos, ante la jurisdicción de lo contencioso administrativo”, no tiene vocación de prosperidad cuando la demanda ha sido interpuesta, sino cuando ha sido admitida; por cuanto es el momento en el que se traba la relación jurídico procesal, una vez el Juez de lo contencioso administrativo ha verificado el cumplimiento de los requisitos formales de la demanda […]”.
70. Sin embargo, indicó que la anterior interpretación no podía ser acogida, dadas las respectivas modificaciones introducidas al ordenamiento jurídico con ocasión de la expedición del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo, y en atención, a la diferencia que se presenta en la etapa correspondiente a la admisión de la demanda y a la interposición de la misma, al igual que la naturaleza de la ejecutoria que revisten los actos administrativos en el campo tributario. Al resolver el caso concreto, expresó que:
“[…] Advierte la Sala, que después de realizar el análisis de los actos demandados y su confrontación con la norma superior, se observa que tanto los oficios como el concepto objeto de la solicitud de la medida cautelar difieren de lo dispuesto en el numeral 5° del artículo 831 del E.T., dado que, como se señaló, la palabra “interposición” tiene como significado la formalización, presentación o radicación de la demanda; de allí que no es procedente considerar que la excepción de interposición de demandas solo se configura con la admisión de la misma.
Lo anterior, habida cuenta que la interposición de la demanda la realiza el contribuyente y con ella se surte formalmente la iniciación del proceso contencioso administrativo, en los términos previstos en el artículo 179 del Código de Procedimiento y de lo Contencioso Administrativo; mientras que la admisión de la demanda es la etapa procesal subsiguiente, que corresponde determinar al funcionario judicial de la Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo, una vez verificados los requisitos legales de la misma.
Adicionalmente, se debe tener presente que si el legislador no determinó que en el numeral 5 del artículo 831 del Estatuto Tributario la excepción procedente contra el mandamiento de pago correspondía a la “Admisión de la demandada”, no corresponde a la Administración Tributaria hacerlo vía doctrina oficial […]”.
71. Concluyó manifestando que la interpretación que se efectuó frente a los actos administrativos acusados no es compatible con el numeral 5 del artículo 831 del Estatuto Tributario, lo que trae como consecuencia que se decrete la suspensión provisional de los actos administrativos contenidos en los conceptos 022634 de 4 de marzo de 2008 y de los oficios 012337 de 10 de 10 de febrero de 2006, 026628 de 9 de abril de 2006 y 00979 de 7 de octubre de 2016, expedidos por la U.A.E Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales – DIAN.
72. Para la Sala la citada providencia proferida por la Sección Cuarta del Consejo de Estado no constituye precedente judicial aplicable al caso concreto, toda vez que la situación fáctica de ambos casos son diferentes, y en ese orden de ideas la ratio decidendi establecida en el auto de 12 de julio de 2018 no debe ser aplicada al caso concreto. La Sala observa que en el caso bajo estudio se trata de una acción de tutela interpuesta contra la Sección Quinta del Consejo de Estado en donde se argumenta que al proferir el auto de 25 de octubre de 2018 por medio del cual se rechazó de plano la solicitud de nulidad de la sentencia de 18 de octubre de 2018 proferida por la misma corporación judicial, trajo como consecuencia la vulneración de sus derechos fundamentales al debido proceso y al acceso a la administración de justicia. Por el contrario, el caso estudiado y decidido por la Sección Cuarta del Consejo de Estado en el respectivo auto del 12 de julio de 2018, se enmarca dentro de un proceso de simple nulidad, en donde se buscaba decretar la suspensión provisional de los actos administrativos contenidos en los conceptos 022634 de 4 de marzo de 2008 y de los oficios 012337 de 10 de 10 de febrero de 2006, 026628 de 9 de abril de 2006 y 00979 de 7 de octubre de 2016, expedidos por la DIAN, al considerarse que fueron proferidos con desconocimiento del numeral 5 del artículo 831 del Estatuto Tributario.
73. En ese orden de ideas para la Sala, la Sección Quinta del Consejo de Estado no incurrió en defecto sustantivo, toda vez que el precedente judicial invocado por el actor no es aplicable al caso concreto, al haberse acreditado que las situaciones fácticas de ambos casos, son totalmente diferentes.
Conclusiones de la Sala
74. En ese orden de ideas, para la Sala la Sección Quinta del Consejo de Estado no incurrió en defecto sustantivo, teniendo en cuenta que profirió su providencia de manera razonable y ajustada a derecho, en donde no se evidenció por esta Sala una actuación grosera o arbitraria que haya traído como consecuencia la vulneración de los derechos fundamentales del actor.
75. Con fundamento en las consideraciones jurídicas establecidas en la parte motiva de esta sentencia, la Sala negará las pretensiones del amparo.
En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la Ley,
III. RESUELVE:
PRIMERO: DENEGAR el amparo interpuesto por el señor Jorge Arturo Rivera Tejada, por las razones expuestas en la parte motiva de esta providencia.
SEGUNDO. Si no fuere impugnada la sentencia conforme lo señala el artículo 31 del Decreto Ley núm. 2591 de 1991, REMITIR el expediente a la Corte Constitucional para su eventual revisión, dentro de los diez (10) días siguientes a la ejecutoria de esta providencia.
CÓPIESE, NOTIFÍQUESE, COMUNÍQUESE Y CÚMPLASE,
Se deja constancia que la anterior providencia fue leída, discutida y aprobada por la Sala en la sesión de la fecha.
OSWALDO GIRALDO LÓPEZ NUBIA MARGOTH PEÑA GARZÓN
Presidente
Aclara Voto
HERNANDO SÁNCHEZ SÁNCHEZ ROBERTO AUGUSTO SERRATO VALDÉS
“Por la cual se expide el Código Nacional de Tránsito Terrestre y se dictan otras disposiciones”.
La audiencia se llevó a cabo el 1º de abril de 2015, el 30 de abril siguiente se dio continuidad, continuó los días 26 y 27 de mayo en donde se recibió el testimonio del señor Marín Río Rolinson, el 18 de junio se cerró el periodo probatorio y finalizó el 25 de junio de 2015 con la resolución que declaró infractor al actor.
“Por el cual se modifican los artículos 2.2.3.1.2.1, 2.2.3.1.2.4 y 2.2.3.1.2.5 del Decreto 1069 de 2015, Único Reglamentario del sector Justicia y del Derecho, referente a las reglas de reparto de la acción de tutela”.
“[…] Por medio del cual se modifica el reglamento del Consejo de Estado […]”.
Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, sentencia de 31 de julio de 2012, C.P María Elizabeth García González, radicación número: 11001-03-15-000-2009-01328-02.
Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, sentencia de 31 de julio de 2012, C.P María Elizabeth García González, radicación número: 11001-03-15-000-2009-01328-02.
Corte Constitucional. Sentencia T- 619 de 3 de septiembre de 2009, M.P. Jorge Iván Palacio Palacio.
Corte Constitucional. Sentencia T- 225 del 23 de marzo de 2010, M.P. Mauricio González Cuervo.
Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, sentencia de 4 de agosto de 2014, C.P Jorge Octavio Ramírez Ramírez, número único de radicación: 11001031500020120220101.
"Por el cual se reglamenta el Decreto 2591 de 1991".
Corte Constitucional, Sentencia C-590 de 8 de junio de 2005, M.P. Jaime Córdoba Triviño.
Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, sentencia de 31 de julio de 2012, C,P. María Elizabeth García González, número único de radicación 2009-01328.
“Artículo 228. La Administración de Justicia es función pública. Sus decisiones son independientes. Las actuaciones serán públicas y permanentes con las excepciones que establezca la ley y en ellas prevalecerá el derecho sustancial. Los términos procesales se observarán con diligencia y su incumplimiento será sancionado. Su funcionamiento será desconcentrado y autónomo.”
Puesto que se interpuso antes de que transcurrieran (6) meses después de notificada la providencia de 25 de octubre de 2018 proferida por la Sección Quinta del Consejo de Estado.
“Sobre reformas judiciales”. (Doctrina probable).
“se tendrán como sentencias de unificación jurisprudencial las que profiera o haya proferido el Consejo de Estado por importancia jurídica o trascendencia económica o social o por necesidad de unificar o sentar jurisprudencia; las proferidas al decidir los recursos extraordinarios y las relativas al mecanismo eventual de revisión previsto en el artículo 36A de la Ley 270 de 1996, adicionado por el artículo 11 de la Ley 1285 de 2009”.
Corte Constitucional, sentencia C – 836 de 9 de agosto de 2001, M.P. Rodrigo Escobar Gil.
Corte Constitucional, sentencia C – 816 de 1 de noviembre de 2011, M.P. Mauricio González Cuervo.
Corte Constitucional, sentencia C – 179 de 13 de abril de 2016, M.P. Luis Guillermo Guerrero Pérez.
M.P. Jorge Ignacio Pretelt Chaljub. (Antecedente jurisprudencial).
Corte Constitucional. Sentencia T-482 de 13 de junio de 2011,M.P. Luis Ernesto Vargas Silva
Sentencia T- 760A de 10 de octubre de 2011, M.P. Juan Carlos Henao Pérez.
Sentencia del 13 de mayo de 2008 con ponencia del magistrado Humberto Antonio Sierra Porto.
Ver Corte Constitucional, sentencias C-083 de 1 de marzo de 1995,M.P. Carlos Gaviria Díaz, C-037 de 5 de febrero de 1996, M.P. Vladimiro Naranjo Mesa y SU-640 de 5 de noviembre de 1998, M.P. Eduardo Cifuentes Muñoz.
Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, sentencia 13 de marzo de 2013, C.P. Guillermo Vargas Ayala, número único de radicación: 11001-03-15-000-2012-02074-00.
Ibídem.
Corte Constitucional, Sentencias T-1625 de 23 de noviembre de 2000, M.P. Martha Victoria Sáchica Méndez y T-161 de 8 de marzo de 2010, M.P. Jorge Iván Palacio Palacio.
Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Cuarta, auto del 12 de julio de 2018, C.P. Milton Chaves García, número único de radicación: 11001-03-27-000-2017-00026-00.
Frente al tema de la configuración del precedente judicial ver Corte Constitucional, sentencia T-292 de 2006. Magistrado ponente: Dr. Manuel José Cepeda Espinosa.
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