RuleX

Jurisprudencia › Consejo de Estado › Radicado 11001-03-15-000-2018-04262-01

Consejo de Estado · Sección Segunda

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 11001-03-15-000-2018-04262-01

Acción de tutela contra providencia judicial: auto que rechaza de plano solicitud de nulidad de acción de tutela

Fecha
22 de mayo de 2019
Consejero ponente
César Palomino Cortés

01Lo que resolvió

Ficha de la providencia

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 11001-03-15-000-2018-04262-01

Consejo de Estado · Sección Segunda

Parte resolutiva

FALLA PRIMERO: CONFIRMAR la sentencia de 14 de marzo de 2019 proferida por el Consejo de Estado – Sección Primera, que denegó el amparo de tutela invocado por el señor Jorge Arturo Rivera Tejada, contra el Consejo de Estado – Sección Quinta, por las razones expuestas en la parte motiva de esta decisión. SEGUNDO: Por Secretaría, REMITIR a la Corte Constitucional, para lo de su competencia, el expediente de tutela con radicado Nº 2018-01122-01, allegado en préstamo. Remítase a la Corte Constitucional para su eventual revisión. Envíese copia de esta providencia al despacho de origen. Esta providencia fue discutida y aprobada por la Sala en sesión de la fecha.

02Texto de la providencia

República de Colombia

Consejo de Estado

Sección Segunda

Radicado 11001-03-15-000-2018-04262-01

Consejero ponente: César Palomino Cortés

22 de mayo de 2019

ACCIÓN DE TUTELA CONTRA PROVIDENCIA JUDICIAL - Auto que rechaza de plano solicitud de nulidad de acción de tutela / AUSENCIA DE DEFECTO SUSTANTIVO – Adecuada aplicación normativa / CAUSALES DE NULIDAD PROCESAL – Taxativas / DESCONOCIMIENTO DEL PRECEDENTE – Inexistencia. Sentencias alegadas como desconocidas no estar dirigidas a controvertir el auto cuestionado / AUSENCIA DE VULNERACIÓN DE DERECHOS FUNDAMENTALES

[L]a Sala considera que el auto de 25 de octubre de 2018, proferido por el Consejo de Estado – Sección Quinta, no incurrió en vía de hecho por defecto procedimental, pues la decisión de rechazar de plano la solicitud de nulidad promovida por el señor Jorge Arturo Rivera Tejada contra la sentencia de 18 de octubre de 2018, dictada por la misma autoridad, que negó el amparo de tutela invocado por el accionante, estuvo soportada en un estudio razonable de la normativa procesal aplicable, lo que le permitió concluir que en el caso concreto, la causal de nulidad planteada por el actor no se ajustaba a los supuestos de hecho previstos en el artículo 133 del Código General del Proceso, por lo que ello impedía estudiar de fondo el asunto, de acuerdo con lo previsto en el inciso cuarto del artículo 135 del CGP. (…) la Sala advierte que la autoridad judicial accionada en ejercicio de los principios de autonomía funcional, efectuó un análisis coherente y razonable de la normativa aplicable, que a pesar de no resultar satisfactorio a la parte demandante, hoy tutelante, no se puede colegir que su actuación fuere contraria a Derecho. (…) De otro lado, la Sala observa que los argumentos expuestos por el accionante en el escrito de tutela y en la impugnación, sobre el presunto desconocimiento del precedente jurisprudencial, se dirigen a cuestionar las sentencias de 30 de mayo de 2017 y 27 de febrero de 2018, proferidas, respectivamente, por el Juzgado Octavo Administrativo de Barranquilla y el Tribunal Administrativo del Atlántico, lo cual fue analizado y decidido por el Consejo de Estado – Sección Cuarta y Sección Quinta, dentro de los fallos de tutela de 26 de julio de 2018 y 18 de octubre de 2018, dictados en la acción con radicado Nº 2018-01122-01, motivo por la cual no hay lugar a estudiar nuevamente ese aspecto en la presente trámite constitucional, máxime cuando las razones de inconformidad del tutelante sobre la supuesta omisión de criterios jurisprudenciales no se encaminan a cuestionar, el auto de 25 de octubre de 2018, que rechazó de plano la solicitud de nulidad, en el sentido de revelar precedentes que habiliten al juez a evaluar causales de nulidad distintas a las establecidas taxativamente en el artículo 133 del CGP.

FUENTE FORMAL: CÓDIGO GENERAL DEL PROCESO – ARTÍCULO 133 / CÓDIGO GENERAL DEL PROCESO – ARTÍCULO 135

NOTA DE RELATORÍA: Sobre la naturaleza taxativa de las nulidades, la jurisprudencia Constitucional ha señalado que el sistema procesal Colombiano ha adoptado un mecanismo de enunciación expresa de las causales de nulidad, ello significa que sólo se pueden considerar vicios invalidadores de una actuación aquellos expresamente señalados por el legislador y, excepcionalmente, por la Constitución por lo tanto, cualquier otra irregularidad no prevista expresamente deberá ser alegada mediante los recursos establecidos en la normativa procesal, pero jamás podrá servir de fundamento de una declaración de nulidad, en este sentido consultar la sentencia C-491 de 1995

CONSEJO DE ESTADO

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCIÓN SEGUNDA

SUBSECCIÓN B

Consejero ponente: CÉSAR PALOMINO CORTÉS

Bogotá, D.C., veintidós (22) de mayo de dos mil diecinueve (2019)

Radicación número: 11001-03-15-000-2018-04262-01(AC)

Actor: JORGE ARTURO RIVERA TEJADA

Demandado: CONSEJO DE ESTADO - SECCIÓN QUINTA

ACCIÓN DE TUTELA – Fallo de segunda instancia

La Sala decide la impugnación presentada por la parte actora contra el fallo del 14 de marzo de 2019 proferido por el Consejo de Estado – Sección Primera, por medio del cual se denegó el amparo de tutela solicitado por el señor Jorge Arturo Rivera Tejada.

ANTECEDENTES

La solicitud y las pretensiones

El señor Jorge Arturo Rivera Tejada, en ejercicio de la acción de tutela, solicitó la protección de sus derechos fundamentales al debido proceso, de acceso a la administración de justicia y el principio de la confianza legítima, que estimó lesionados por el Consejo de Estado – Sección Quinta, al proferir el auto de 25 de octubre de 2018, dentro del trámite de tutela promovido por el accionante contra el Tribunal Administrativo del Atlántico.

En amparo de los derechos fundamentales invocados la parte actora solicitó:

“(…) PRIMERA: TUTELAR los derechos fundamentales al DEBIDO PROCESO, ACCESO A LA ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA, CONFIANZA LEGITIMA del accionante, en consecuencia, dejar sin efecto el AUTO DE FECHA VEINTICINCO (25) DE OCTUBRE DE DOS MIL DIECIOCHO y en consecuencia ordenar al Consejo de Estado Sala de lo Contencioso Administrativo Sección Quinta, (sic) providencia (sic) realizando la adecuada valoración probatoria de las pruebas obrante en el expediente (…)”.

Los hechos y las consideraciones del accionante

El accionante expuso como fundamento de su solicitud los hechos que se resumen a continuación:

Señaló que el 27 de marzo de 2015, mientras se movilizaba en su motocicleta de placas GUZ41D, fue requerido por la Policía Nacional, en un operativo de control en el que se le realizó una prueba de alcoholemia, que dio lugar a la imposición de una orden de comparendo Nº 08001000000000 – 9579893, por conducir en estado de embriaguez.

Indicó que la Inspección Diecisiete de Tránsito y Transporte de la Secretaria Distrital de Movilidad de Barranquilla, mediante Resolución Nº 1284 de 26 de junio de 2015, lo declaró contraventor, por lo que el 13 de octubre de 2015, le solicitó a la entidad declarar la caducidad del proceso contravencional de tránsito en su contra, ante la inactividad de la entidad para culminar el trámite administrativo.

Expresó que la Oficina de Tránsito y Transporte de la Alcaldía de Barranquilla – Secretaría Distrital de Movilidad de Barranquilla, a través de Oficio Nº C20151103-1225-93 de 3 de noviembre de 2015, negó la solicitud de caducidad, cuya decisión fue recurrida en apelación por el accionante, siendo decidido de manera desfavorable por la entidad, mediante Resolución Nº 6501 de 14 de diciembre de 2015.

Informó que presentó demanda de nulidad y restablecimiento del derecho contra la Secretaría Distrital de Movilidad de Barranquilla, cuyo conocimiento se le asignó al Juzgado Octavo Administrativo de Barranquilla, que por sentencia de 30 de mayo de 2017, negó las pretensiones de la demanda.

Aseveró que interpuso recurso de apelación contra la anterior decisión ante el Tribunal Administrativo del Atlántico, que mediante providencia de 27 de febrero de 2018, confirmó en su integridad la decisión del juez de primera instancia.

Afirmó que formuló demanda de tutela contra la sentencia dictada por el Tribunal Administrativo del Atlántico, argumentando que la providencia de 27 de febrero de 2018 vulneró su derecho al debido proceso, al incurrir en un defecto sustantivo y fáctico, por lo que el conocimiento de la acción se le asignó al Consejo de Estado – Sección Cuarta, que mediante fallo de 26 de julio de 2018 declaró improcedente el amparo constitucional invocado.

Relató que impugnó la decisión de la Sección Cuarta del Consejo de Estado, ante la Sección Quinta de la misma Corporación, que por sentencia de 18 de octubre de 2018 revocó y negó el amparo de tutela.

Sostuvo que interpuso solicitud de nulidad contra la sentencia de la Sección Quinta del Consejo de Estado, señalando que se “(…) modifica o cambia el criterio de interpretación o la posición fijada por la Sala Plena frente a una misma situación jurídica (…)”, al haber desconocido la normativa y la jurisprudencia, que regula la caducidad de la acción contravencional de tránsito, pero la autoridad judicial, por auto de 25 de octubre de 2018, rechazó de plano la petición, indicando que se alegó una causal de nulidad distinta a las establecidas taxativamente el Código General del Proceso.

Manifestó que el Consejo de Estado – Sección Quinta, al proferir el auto de 25 de octubre de 2018, incurrió en una vía de hecho por defecto procedimental, porque rechazó la solicitud de nulidad, sin analizar de fondo sus argumentos relacionados con el desconocimiento del precedente jurisprudencial sobre la caducidad de la acción contravencional de tránsito, en la que incurrieron tanto el Tribunal Administrativo del Atlántico, al proferir la sentencia de 27 de febrero de 2018 y la Sección Cuarta y la Sección Quinta de esta Corporación, al expedir los fallos de tutela de 26 de julio y 18 de octubre de 2018..

Agregó que el cambio de criterio jurídico o interpretación jurisprudencial frente a un asunto, por parte de autoridades administrativas y judiciales, constituye una causal de nulidad válida, que permite analizar de fondo una situación jurídica, para determinar si hay lugar o no a declárala, por lo que en su caso concreto, la autoridad accionada, debió estudiar el asunto planteado en la nulidad.

Trámite procesal

El Consejo de Estado – Sección Primera mediante auto de 30 de noviembre de 2018 admitió la demanda y ordenó la notificación a la autoridad accionada, es decir, el Consejo de Estado – Sección Quinta, y puso en conocimiento el escrito de tutela a los terceros interesados en las resultas del proceso, esto es, el Consejo de Estado – Sección Cuarta y el Tribunal Administrativo del Atlántico.

Informe de las entidades accionadas

4.1 El Consejo de Estado – Sección Quinta solicitó que se declare improcedente el amparo de tutela, con fundamento en lo siguiente:

Indicó que la sentencia de 18 de octubre de 2018 efectuó un análisis coherente de los hechos y la normativa aplicable, así como de los defectos manifestados por el actor dentro de la acción de tutela, los cuales permitieron concluir que la decisión adoptada por el Tribunal Administrativo del Atlántico no afectó los derechos del accionante, en la medida que realizó un estudio razonable de la caducidad de la acción contravencional de tránsito.

Señaló que la corporación no vulneró los derechos fundamentales del accionante, pues se respetó el debido proceso de las partes en cada una de las instancias constitucionales y las decisiones cuestionadas efectuaron un análisis riguroso del caso, incluyendo la nulidad que presentó el actor.

Explicó que el auto de 25 de octubre de 2015 rechazó de plano la solicitud de nulidad propuesta por el actor contra la sentencia de 18 de octubre de 2018, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 135 del CGP, como quiera que no argumentó, ni acreditó alguna de las causales expuestas en el artículo 133 del CGP.

Agregó que no es posible invocar un desconocimiento del precedente sobre los autos que rechazan de plano una nulidad dentro de una acción de tutela, dado que las causales de nulidad son taxativas y su análisis es riguroso, por lo que de no cumplirse los presupuestos establecidos en el artículo 133 del CGP, no hay lugar a declararlas.

Añadió que el accionante, no demostró alguno de los presupuestos de procedibilidad de la acción de tutela contra actuaciones surtidas dentro del trámite de una tutela, establecidas por la Corte Constitucional en la Sentencia SU – 627 de 2015, razón por la cual la solicitud de amparo invocada por el señor Jorge Arturo Rivera, es improcedente.

Expresó que el tutelante pretende utilizar este mecanismo de amparo, como una instancia adicional, para obtener un pronunciamiento favorable a sus peticiones, sin acreditar una irregularidad procesal o sustancial que haya afectado sus derechos fundamentales

4.2 El Consejo de Estado – Sección Cuarta y el Tribunal Administrativo del Atlántico, no se pronunciaron sobre los hechos y pretensiones expuestos en la demanda de tutela.

La providencia impugnada

El Consejo de Estado – Sección Primera, mediante sentencia de 14 de marzo de 2018, denegó el amparo el amparo de tutela invocado por el señor Jorge Arturo Rivera Tejada, argumentando lo siguiente:

Señaló que el accionante en el escrito de tutela argumentó que la autoridad judicial accionada desconoció el precedente, porque no tuvo en cuenta el auto de 12 de julio de 2018, dictado por la Sección Cuarta de esta Corporación, dentro del proceso con radicado 11001-03-27-000-2017-0026-00, por lo que estimó pertinente verificar si dicha decisión establecía una regla jurisprudencial y si el problema jurídico y los hechos guardaban relación con el caso planteado por el señor Jorge Arturo Rivera Tejada.

Al revisar el auto de 12 de julio de 2018, el Consejo de Estado – Sección Primera constató que la providencia proferida por la Sección Cuarta de la Corporación no constituye precedente judicial aplicable al caso concreto, toda vez que la situación fáctica de ambos casos son diferentes, y en ese orden de ideas la ratio decidendi establecida en el referido auto no se podía aplicar al asunto del actor.

Explicó que el señor Rivera Tejada formuló una acción de tutela contra la Sección Quinta del Consejo de Estado en donde se argumenta que al proferir el auto de 25 de octubre de 2018 por medio del cual se rechazó de plano la solicitud de nulidad de la sentencia de 18 de octubre de 2018 proferida por la misma corporación judicial, se vulneraron sus derechos fundamentales al debido proceso y de al acceso a la administración de justicia; mientras que el caso estudiado y decidido por la Sección Cuarta del Consejo de Estado en el respectivo auto del 12 de julio de 2018, se enmarca dentro de un proceso de simple nulidad, en donde se buscaba decretar la suspensión provisional de los actos administrativos contenidos en los conceptos 022634 de 4 de marzo de 2008 y de los oficios 012337 de 10 de 10 de febrero de 2006, 026628 de 9 de abril de 2006 y 00979 de 7 de octubre de 2016, expedidos por la DIAN, al considerarse que fueron proferidos con desconocimiento del numeral 5 del artículo 831 del Estatuto Tributario.

Expresó que la Sección Quinta del Consejo de Estado no incurrió en defecto sustantivo por desconocimiento del precedente judicial, porque la decisión invocada por el actor no es aplicable al caso concreto, al haberse acreditado que las situaciones fácticas eran totalmente diferentes.

En virtud de lo anterior, concluyó que la decisión cuestionada de la Sección Quinta del Consejo de Estado, efectuó un análisis razonable de la nulidad propuesta por el accionante, sin vulnerar sus derechos fundamentales.

La impugnación

El señor Jorge Arturo Rivera Tejada impugnó la sentencia del Consejo de Estado – Sección Primera, solicitando su revocatoria y la prosperidad de sus pretensiones, con fundamento en las siguientes razones:

Indicó que el fallo impugnado incurrió en error al pretender dar aplicación al auto de 12 de julio de 2018 de forma automática, pues los hechos de su caso no coinciden con lo expuesto en dicha decisión, sin embargo, existían conceptos que se podían tomar para resolver su inconformidad dentro de la demanda de nulidad y restablecimiento del derecho que formuló contra la Secretaría Distrital de Movilidad de Barranquilla.

Expresó que no pretende la aplicación de un caso igual, sino que busca garantizar el respeto por los conceptos jurídicos, pues la Corporación accionada no respetó las reglas que se han dado sobre la interpretación de las normas procesales, lo cual configura un desconocimiento del precedente, como lo dio a entender la providencia de 12 de julio de 2018.

Explicó que la autoridad judicial accionada omitió efectuar una interpretación adecuada de la caducidad de la acción contravencional, pues le dio un alcance distinto a la normativa aplicable y a la circular 6881-18-02-2011.

Añadió que en el proceso de nulidad y restablecimiento del derecho se demostró que se configuraba la caducidad de la acción contravencional, pues se inició el proceso 6 meses después de la situación que dio origen al comparendo, razón por la cual no había lugar a sancionarlo.

Agregó que la Circular 6881-18-02-2011 y los conceptos del Ministerio de Transporte que funge como ente regulador de la normativa en materia de tránsito y transportes a nivel nacional, son claras y no cabe otra interpretación a la aplicación de la caducidad en materia de tránsito para los hechos ocurridos el 27 de abril de 2015, lo cual fue irrespetado por la Secretaría de Movilidad de Barranquilla, el Tribunal Administrativo del Atlántico y el Consejo de Estado – Sección Quinta.

Consideró que la modificación o el cambio de criterio jurídico o interpretación jurisprudencial frente a un asunto, por parte de autoridades administrativas y judiciales, constituye una causal de nulidad válida, que permite analizar de fondo una situación jurídica, para determinar si hay lugar o no a declárala, por lo que en su caso concreto, la Sección Quinta del Consejo de Estado, debió estudiar el asunto y emitir un pronunciamiento favorable a sus pretensiones, que garantizaran sus derechos fundamentales.

CONSIDERACIONES

Competencia.

La Sala es competente para conocer la impugnación interpuesta contra el fallo de primera instancia en virtud de lo dispuesto en el artículo 32 del Decreto 2591 de 1991, el cual reglamenta la acción de tutela, en concordancia con el artículo 25 del Acuerdo Nº 080 de 12 de marzo de 2019, del reglamento interno de esta Corporación.

Problema jurídico

La Sala debe decidir si se confirma o no, la decisión de primera instancia proferida por el Consejo de Estado - Sección Primera, que denegó al amparo de tutela invocado por el señor Jorge Arturo Rivera Tejada, o si, como lo alega el accionante el Consejo de Estado – Sección Quinta incurrió en vías de hecho por desconocimiento del precedente, al rechazar de plano la nulidad interpuesta contra la sentencia de tutela de 18 de octubre de 2019 proferida por la misma Corporación.

Procedencia de la acción de tutela contra providencias judiciales

Tratándose de la acción de tutela contra providencias judiciales la postura reiterada y uniforme de la Corte Constitucional y el Consejo de Estado ha sido admitir su procedencia excepcional, siempre que se cumplan los requisitos generales de procedibilidad (exigencias generales) y las causales específicas de procedencia (defectos).

Al respecto, la Corte Constitucional en las sentencias C-543 de 1992 y T-079 de 1993, analizó la procedibilidad de la tutela contra providencias judiciales en los eventos que se prueba la configuración de una vía de hecho. Dicha posición fue redefinida por la misma Corporación a través de la sentencia C-590 de 2005, decisión en la cual se fijaron las reglas de procedibilidad de este mecanismo constitucional contra decisiones judiciales como se conocen actualmente.

Por su parte, el Consejo de Estado, en sentencia de unificación por importancia jurídica del 5 de agosto de 2014, con ponencia del Doctor Jorge Octavio Ramírez, precisó que la acción de tutela procede contra providencias judiciales, siempre y cuando se respete el principio de autonomía del juez natural, y se cumplan los requisitos generales y específicos destacados por la Corte Constitucional. Así:

Requisitos generales: Los requisitos generales de procedibilidad son exigibles en su totalidad, porque la ausencia de alguno de ellos impide el estudio de fondo de la acción de tutela. Estos requisitos son los siguientes: (i) La cuestión que se discute tiene relevancia constitucional; (ii) Se agotaron todos los medios de defensa judicial con los que cuenta la persona afectada; (iii) Se cumple el requisito de inmediatez; (iv) No se argumentó una irregularidad procesal; (v) Se expresaron de manera clara los hechos y argumentos que controvierten la providencia bajo estudio; y (vi) La providencia objeto de la presente acción no fue dictada dentro de una acción de tutela.

Causales específicas: Las causales específicas de procedencia de la acción de tutela contra providencia judicial son aquellos defectos o errores en los cuales puede incurrir la decisión cuestionada. Son las siguientes: a) Defecto orgánico, que se presenta cuando el juez carece de competencia; b) Defecto procedimental, el cual ocurre cuando la autoridad judicial actuó al margen del procedimiento establecido; c) Defecto fáctico, esto es, cuando el juez no tuvo en cuenta el material probatorio obrante en el expediente para proferir decisión; d) Defecto material o sustantivo, el cual se origina en el evento en que se decida con fundamento en normas inexistentes o inconstitucionales, en contravía de ellas, o existe una evidente y grosera contradicción entre los fundamentos y la decisión; e) Error inducido, cuando la autoridad judicial es víctima de engaño por terceros y el mismo lo condujo a tomar una decisión que afecta derechos fundamentales; f) Decisión sin motivación; g) Desconocimiento del precedente judicial y h) Violación directa de la Constitución Política.

Es importante advertir que si la decisión judicial cuestionada incurrió en alguna de las causales específicas, podrá ser razón suficiente para conceder el amparo constitucional.

3.1 El defecto procedimental

El fundamento normativo del denominado defecto procedimental lo constituye los artículos 29 y 228 de la Constitución Política, referentes a los derechos al debido proceso, de acceso a la administración de justicia y a la prevalencia del derecho sustancial en las actuaciones judiciales.

La Corte Constitucional ha reconocido dos modalidades de defecto procedimental: a) uno absoluto, que se presenta cuando el operador judicial se aparta por completo del procedimiento legalmente establecido, y b) por exceso ritual manifiesto, que tiene lugar cuando hay una renuncia consciente de la verdad jurídica objetiva evidente en los hechos, por extremo rigor en la aplicación de las normas procesales.

En cuanto al defecto procedimental absoluto la Corte Constitucional ha señalado:

“… [….] El defecto procedimental, se presenta en aquellos casos en los cuales el juez se desvía por completo del procedimiento fijado por la ley para dar trámite al proceso respectivo. Pero para que pueda solicitarse el amparo constitucional mediante la mencionada acción de tutela será necesario, adicionalmente (…) entre otros que, como consecuencia de todo lo anterior, aparezca una vulneración palmaria de los derechos fundamentales del procesado. En otras palabras, si las deficiencias en la defensa del implicado no tienen un efecto definitivo y notorio sobre la decisión judicial o si no apareja una afectación ulterior de sus restantes derechos fundamentales, no podría proceder la acción de tutela contra las decisiones judiciales del caso […]”.

Así mismo, la jurisprudencia Constitucional ha indicado que el defecto procedimental absoluto se puede configurar porque el funcionario judicial: (i) sigue un trámite totalmente ajeno al asunto sometido a su competencia; (ii) pretermite etapas sustanciales del procedimiento establecido, vulnerando el derecho de defensa y contradicción de una de las partes o (iii) “pasa por alto realizar el debate probatorio, natural en todo proceso, vulnerando el derecho de defensa y contradicción de los sujetos procesales al no permitirles sustentar o comprobar los hechos de la demanda o su contestación, con la consecuente negación de sus pretensiones en la decisión de fondo y la violación a los derechos fundamentales”.

De esta manera, el defecto procedimental tiene lugar cuando en desarrollo de la actividad judicial el funcionario desconoce completamente el procedimiento determinado por la ley y termina produciendo una decisión arbitraria que vulnera derechos fundamentales.

Por otra parte, la jurisprudencia Constitucional también ha admitido en forma excepcional, que el defecto procedimental puede configurarse debido a un exceso ritual manifiesto, en virtud del cual el funcionario judicial resta o anula la efectividad de los derechos fundamentales por motivos  excesivamente formales, es decir, sus decisiones se sustentan en razones de forma, que genera un impedimento y una denegación de justicia.

Procedencia excepcional de la acción de tutela contra actuaciones judiciales de los jueces de tutela.

La Corte Constitucional en reiteradas ocasiones ha advertido la improcedencia de la acción de tutela contra fallos de la misma naturaleza, pues conforme con el procedimiento establecido para adelantar este tipo de procesos (artículo 86 de la Constitución Política y Decreto Estatutario 2591 de 1991) los errores en que incurren los jueces de instancia y que afectan el derecho al debido proceso, pueden ser conocidos y corregidos por la Corte Constitucional en sede de revisión.

En Sentencia SU-1219 de 2001 el Tribunal Constitucional precisó lo siguiente:

“Ahora bien, los jueces de tutela también pueden incurrir en arbitrariedades inexcusables al proferir una sentencia de tutela, que sitúan su conducta en los extramuros del derecho. Frente a esta posibilidad la persona no debe quedar inerme. En este evento, el ordenamiento jurídico colombiano ha establecido un mecanismo de control para evitar la vulneración de los derechos fundamentales mediante sentencias de tutela, en nombre de la defensa de los mismos. Es así como la misma Constitución en su artículo 86 inciso 2, segunda oración, dispone: ‘El fallo, que será de inmediato cumplimiento, podrá impugnarse ante el juez competente y, en todo caso, éste lo remitirá a la Corte Constitucional para su eventual revisión.’

El mecanismo constitucional diseñado para controlar las sentencias de tutela de los jueces constitucionales que conocen y deciden sobre las acciones de tutela, por decisión del propio Constituyente, es el de la revisión por parte de la Corte Constitucional. Esta regulación, no sólo busca unificar la interpretación constitucional en materia de derechos fundamentales sino erigir a la Corte Constitucional como máximo tribunal de derechos constitucionales y como órgano de cierre de las controversias sobre el alcance de los mismos. Además, excluye la posibilidad de impugnar las sentencias de tutela mediante una nueva acción de tutela – bajo la modalidad de presuntas vías de hecho - porque la Constitución definió directamente las etapas básicas del procedimiento de tutela y previó que los errores de los jueces de instancia, o inclusive sus interpretaciones de los derechos constitucionales, siempre pudieran ser conocidos y corregidos por un órgano creado por él – la Corte Constitucional – y por un medio establecido también por él – la revisión.”

El proceso de revisión, previsto en el artículo 241 de la Constitución Política, ubica a la Corte Constitucional como órgano de cierre de la jurisdicción constitucional y pone fin a las controversias que surgen sobre la materia, impidiendo, de esta manera, “mantener abierta una disputa que involucra los derechos fundamentales de la persona, para garantizar así su protección oportuna y efectiva”. En este sentido, este trámite se establece como “(…) un proceso especial contra cualquier falta de protección de los derechos fundamentales”, que “tiene como efecto principal la ejecutoria formal y material de esta sentencia, con lo que opera el fenómeno de la cosa juzgada constitucional”.

Bajo este contexto, no es admisible controvertir un fallo de tutela a través de una nueva acción de tutela, toda vez que: “(i) implicaría instituir un recurso adicional para insistir en la revisión de tutelas que con anterioridad no fueron seleccionadas, (ii) supondría crear una cadena interminable de demandas, con lo cual resultaría afectado el principio de seguridad jurídica, (iii) se afectaría el mecanismo de cierre hermenéutico de la Constitución, confiado a la Corte Constitucional, y (iv) la tutela perdería su efectividad, pues ‘quedaría indefinidamente postergada hasta que el vencido en un proceso de tutela decidiera no insistir en presentar otra tutela contra el fallo que le fue adverso para buscar que su posición coincida con la opinión de algún juez. En este evento, seguramente el anteriormente triunfador iniciará la misma cadena de intentos hasta volver a vencer’”.

En la misma sentencia de unificación, previamente citada, la Corte aclaró que una cosa es analizar, mediante una acción de tutela, el contenido de otra sentencia de tutela (la cual resulta improcedente) y otra, cuestionar las actuaciones judiciales adelantadas dentro de otro proceso de tutela.

En sentencia T-162 de 1997, el máximo órgano de la jurisdicción constitucional al estudiar una acción de tutela interpuesta contra la decisión de un juez de tutela de negar la impugnación, determinó que “la decisión de un juez de negar la impugnación de un fallo de tutela sí puede ser cuestionada mediante otra acción de tutela. En caso de que el funcionario judicial haya incurrido en una vía de hecho, ha realizado una acción que viola una serie de derechos fundamentales y frente a la cual no existe otro medio de defensa judicial”, toda vez que “el juez de tutela, al igual que cualquier otro funcionario judicial, puede realizar una actuación que viole o ponga en peligro un derecho fundamental”.

En sentencia T-1009 de 1999, la Corte revisó una acción de tutela instaurada contra las actuaciones judiciales adelantadas en primera y en segunda instancia en otro proceso de tutela, al vincular a un tercero que indudablemente tenía interés en la acción. En esa oportunidad, sostuvo que “no hay tutela contra tutela. Salvo que en la primera acción de tutela hubiera existido una ostensible vía de hecho que implicaría al igual que con cualquier providencia judicial la violación al debido proceso o al derecho de defensa”.

Con fundamento en lo anterior, la Corte Constitucional en sentencia SU-627 de 2015, unificó la jurisprudencial respecto de la procedencia de la acción de tutela contra sentencias de tutela y contra actuaciones de los jueces de tutela anterior o posterior a la sentencia.

En este orden, la Corte estableció que por regla general, la acción de tutela no procede contra sentencias de tutela. No obstante, cuando el fallo es proferido por un juez o tribunal diferente a la Corte Constitucional, se ha admitido de forma excepcional su procedencia, cuando (i) exista fraude y por tanto, se esté ante el fenómeno de la cosa juzgada fraudulenta, (ii) cumpla con los requisitos genéricos de procedibilidad de la tutela contra providencias judiciales; (iii) la acción de tutela presentada no comparta identidad procesal con la solicitud de amparo cuestionada; (iv) se demuestre de manera clara y suficiente, que la decisión adoptada en la sentencia de tutela fue producto de una situación de fraude (Fraus omnia corrumpit); y (v) no exista otro medio, ordinario o extraordinario, eficaz para resolver la situación.

En cuanto a la posibilidad de interponer acciones de tutela contra las actuaciones de los jueces de tutela, determinó que:

“(…) 4.6.3.1. Si la actuación acaece con anterioridad a la sentencia y consiste en la omisión del juez de cumplir con su deber de informar, notificar o vincular a los terceros que serían afectados por la demanda de tutela, y se cumplen los requisitos generales de procedibilidad de la acción de tutela, la acción de tutela sí procede, incluso si la Corte Constitucional no ha seleccionado el asunto para su revisión.

4.6.3.2. Si la actuación acaece con posterioridad a la sentencia y se trata de lograr el cumplimiento de las órdenes impartidas en dicha sentencia, la acción de tutela no procede. Pero si se trata de obtener la protección de un derecho fundamental que habría sido vulnerado en el trámite del incidente de desacato, y se cumplen los requisitos generales de procedibilidad de la acción de tutela contra providencias judiciales, la acción de tutela puede proceder de manera excepcional. (…)”

En este sentido la acción de tutela solo procede contra fallos de la misma naturaleza, cuando no han sido proferidas por la Corte Constitucional y exista fraude, y contra actuaciones surtidas en el proceso de tutela siempre y cuando no busque el cumplimiento de las órdenes impartidas en la sentencia.

Caso concreto

5.1 Análisis de los requisitos generales de procedibilidad

La Sala advierte que la cuestión que se discute reviste relevancia constitucional, toda vez que los defectos alegados pueden llevar consigo una violación de los derechos fundamentales al debido proceso, de acceso a la administración de justicia y el principio de confianza legítima, los cuales constituyen bienes jurídicos constitucionalmente amparados.

No existen medios ordinarios y/o extraordinarios de defensa judicial con los cuales el accionante pueda lograr la protección de los derechos invocados, pues el accionante no cuenta con otros mecanismos de impugnación para cuestionar la providencia acusada.

Respecto al cumplimiento del requisito de inmediatez, se observa que la providencia proferida por el Consejo de Estado – Sección Quinta que hoy se cuestiona en tutela, esto es, el auto de 25 de octubre de 2018 se notificó a las partes por correo electrónico el 30 de octubre de 2018 (fols. 238 – 243 expediente proceso de tutela 2018-01122-01) y la demanda de tutela se presentó el 13 de noviembre de 2018 (fol. 1), es decir, dentro de un término prudencial.

Adicionalmente, se observa que el accionante plantea de forma clara los hechos por los cuales considera que se vulneran sus derechos fundamentales; y que la providencia que se cuestiona en el asunto de la referencia no fue proferida dentro de una acción de tutela, sino que se dictó dentro de un trámite de solicitud de nulidad.

5.2 Análisis de las causales específicas de procedibilidad

El señor Jorge Arturo Rivera Tejada plantea la vulneración de los derechos al debido proceso, de acceso a la administración de justicia y el principio de prevalencia de la confianza legítima, porque considera que el Consejo de Estado – Sección Quinta, al proferir, el auto de 25 de octubre de 2018 incurrió en vía de hecho por defecto procedimental, al rechazar la solicitud de nulidad, sin analizar de fondo sus argumentos relacionados con el desconocimiento del precedente jurisprudencial sobre la caducidad de la acción contravencional de tránsito, en la que incurrieron tanto el Tribunal Administrativo del Atlántico, al proferir la sentencia de 27 de febrero de 2018 y la Sección Cuarta y la Sección Quinta de esta Corporación, al expedir los fallos de tutela de 26 de julio y 18 de octubre de 2018.

Agregó que el cambio de criterio jurídico o interpretación jurisprudencial frente a un asunto, por parte de autoridades administrativas y judiciales, constituye una causal de nulidad válida, que permite analizar de fondo una situación jurídica, para determinar si hay lugar o no a declárala, por lo que en su caso concreto, la autoridad accionada, debió estudiar el asunto planteado en la nulidad.

Con el fin de resolver la inconformidad del accionante, la Sala estima pertinente destacar los siguientes aspectos que dieron origen a la providencia cuestionada en el presente trámite constitucional, así:

El señor Jorge Arturo Rivera Tejada presentó demanda de nulidad y restablecimiento del derecho contra la Secretaría de Movilidad de Barranquilla, con el fin de declarar la nulidad de los oficios Nº C201551103-122593 Y C20151218-140045 de 3 de noviembre y 15 de diciembre, respectivamente, mediante los cuales se negó la solicitud de nulidad del proceso contravencional que le impuso un comparendo al demandante, por infringir las normas de tránsito.

El asunto correspondió por reparto al Juzgado Octavo Administrativo de Barranquilla, que por sentencia de 30 de mayo de 2017 denegó las pretensiones de la demanda.

El señor Jorge Arturo Rivera Tejada interpuso recurso de apelación contra la anterior decisión ante el Tribunal Administrativo del Atlántico, que mediante sentencia de 27 de febrero de 2018 confirmó la decisión adoptada por el juez de primera instancia.

El accionante presentó acción de tutela contra las decisiones adoptadas dentro del proceso ordinario, cuyo conocimiento le correspondió al Consejo de Estado – Sección Cuarta, que a través de fallo de 26 de julio de 2018 declaró improcedente la solicitud de tutela.

El señor Rivera Tejada impugnó la anterior decisión ante el Consejo de Estado – Sección Quinta, que mediante providencia de 18 de octubre de 2018, revocó el fallo de 26 de julio de 2018 y negó las pretensiones de la demanda de tutela, argumentando que el Tribunal Administrativo del Atlántico en la sentencia de 27 de febrero de 2018, en ejercicio de su autonomía e independencia realizó un análisis coherente y razonable de los elementos probatorios y la normativa aplicable al caso concreto, que no permite evidenciar la existencia de un defecto fáctico y sustantivo, como lo alegaba el tutelante.

El señor Jorge Arturo Rivera Tejada formuló solicitud de nulidad contra la sentencia de 18 de octubre de 2018, argumentando como causal lo siguiente:

“(…) (i) Cuando una Sala de Revisión modifica o cambia el criterio de interpretación o la posición jurisprudencial fijada por la Sala Plena frente a una misma situación jurídica. En la medida en que el art. 34 del Decreto 2591 de 1991 dispone que todo cambio de jurisprudencia debe ser decidido por la Sala Plena de la Corporación, el cambio de jurisprudencia por parte de una Sala de Revisión desconoce el principio del juez natural y vulnera el derecho a la igualdad (…)”.

El Consejo de Estado – Sección Quinta, por auto de 25 de octubre de 2018 rechazó de plano la solicitud de nulidad presentada por el señor Jorge Arturo Rivera Tejada, con fundamento en lo siguiente:

“(...) Procede el Despacho a pronunciarse respecto la solicitud de nulidad presentada por el señor JORGE ARTURO RIVERA TEJADA mediante escrito recibido el 20 de octubre de 2018, vía correo electrónico, en la Secretaria de esta Corporación, en la que solicitó la nulidad de la sentencia de segunda instancia del 18 de octubre del 2018, dictada por esta Sección, al considerar que la misma se “extralimitó al validar la actuación del Tribunal Administrativo de Barranquilla la cual claramente es contraria a derecho”.

El actor alegó como causal de nulidad la siguiente: “cuando una Sala de Revisión modifica o cambia el criterio de interpretación o la posición jurisprudencial fijada por la Sala Plena frente a una misma situación jurídica. En la medida en que el art. 34 del Decreto 2591 de 1991 dispone que todo cambio de jurisprudencia debe ser decidido por la Sala Plena de la Corporación, el cambio de jurisprudencia por parte de una Sala de Revisión desconoce el principio del juez natural y vulnera el derecho a la igualdad”.

Frente a tal solicitud, es menester precisar que el artículo 135 del CGP consagra los siguientes requisitos:

“Artículo 135. Requisitos para alegar la nulidad. La parte que alegue una nulidad deberá tener legitimación para proponerla, expresar la causal invocada y los hechos en que se fundamenta, y aportar o solicitar las pruebas que pretenda hacer valer.

No podrá alegar la nulidad quien haya dado lugar al hecho que la origina, ni quien omitió alegarla como excepción previa si tuvo oportunidad para hacerlo, ni quien después de ocurrida la causal haya actuado en el proceso sin proponerla.

La nulidad por indebida representación o por falta de notificación o emplazamiento solo podrá ser alegada por la persona afectada.

El juez rechazará de plano la solicitud de nulidad que se funde en causal distinta de las determinadas en este capítulo o en hechos que pudieron alegarse como excepciones previas, o la que se proponga después de saneada o por quien carezca de legitimación.” (Negrilla propia)

Por su parte el artículo 133 de dicho articulado estable como causales de nulidad las siguientes:

“Artículo 133. Causales de nulidad. El proceso es nulo, en todo o en parte, solamente en los siguientes casos:
1. Cuando el juez actúe en el proceso después de declarar la falta de jurisdicción o de competencia.

2. Cuando el juez procede contra providencia ejecutoriada del superior, revive un proceso legalmente concluido o pretermite íntegramente la respectiva instancia.
3. Cuando se adelanta después de ocurrida cualquiera de las causales legales de interrupción o de suspensión, o si, en estos casos, se reanuda antes de la oportunidad debida.

4. Cuando es indebida la representación de alguna de las partes, o cuando quien actúa como su apoderado judicial carece íntegramente de poder.

5. Cuando se omiten las oportunidades para solicitar, decretar o practicar pruebas, o cuando se omite la práctica de una prueba que de acuerdo con la ley sea obligatoria.
6. Cuando se omita la oportunidad para alegar de conclusión o para sustentar un recurso o descorrer su traslado.

7. Cuando la sentencia se profiera por un juez distinto del que escuchó los alegatos de conclusión o la sustentación del recurso de apelación.

8. Cuando no se practica en legal forma la notificación del auto admisorio de la demanda a personas determinadas, o el emplazamiento de las demás personas aunque sean indeterminadas, que deban ser citadas como partes, o de aquellas que deban suceder en el proceso a cualquiera de las partes, cuando la ley así lo ordena, o no se cita en debida forma al Ministerio Público o a cualquier otra persona o entidad que de acuerdo con la ley debió ser citado.

Cuando en el curso del proceso se advierta que se ha dejado de notificar una providencia distinta del auto admisorio de la demanda o del mandamiento de pago, el defecto se corregirá practicando la notificación omitida, pero será nula la actuación posterior que dependa de dicha providencia, salvo que se haya saneado en la forma establecida en este código.

Parágrafo. Las demás irregularidades del proceso se tendrán por subsanadas si no se impugnan oportunamente por los mecanismos que este código establece.”

Al no estar lo alegado por el actor dentro de las causales de nulidad contempladas en el Código General del Proceso este Despacho debe rechazará de plano la solicitud de nulidad.

Además, la competencia de este juez de amparo va hasta el momento en el que se dicta sentencia de segunda instancia, por lo que se ordenará remitir a la Corte Constitucional para su eventual revisión (…)”.

Revisado el contenido de la providencia acusada, se observa que el Consejo de Estado – Sección Quinta, al examinar el escrito de la solicitud de nulidad planteada por el accionante, evidenció que la causal de nulidad invocada por el señor Jorge Arturo Rivera Tejada se refería a una situación particular ajena a los supuestos de hecho previstos en el artículo 133 del Código General del Proceso.

Ante esta situación, la autoridad judicial accionada, señaló que la solicitud de nulidad que se fundamente en causal distinta a las determinadas en el artículo 133 del CGP, no puede estudiarse de fondo, razón por la cual rechazó de plano la petición promovida por el tutelante, de conformidad con lo dispuesto en el en el inciso cuarto del artículo 135 del CGP.

En este orden de ideas, la Sala considera que el auto de 25 de octubre de 2018, proferido por el Consejo de Estado – Sección Quinta, no incurrió en vía de hecho por defecto procedimental, pues la decisión de rechazar de plano la solicitud de nulidad promovida por el señor Jorge Arturo Rivera Tejada contra la sentencia de 18 de octubre de 2018, dictada por la misma autoridad, que negó el amparo de tutela invocado por el accionante, estuvo soportada en un estudio razonable de la normativa procesal aplicable, lo que le permitió concluir que en el caso concreto, la causal de nulidad planteada por el actor no se ajustaba a los supuestos de hecho previstos en el artículo 133 del Código General del Proceso, por lo que ello impedía estudiar de fondo el asunto, de acuerdo con lo previsto en el inciso cuarto del artículo 135 del CGP.

Al respecto, es importante señalar que las nulidades son irregularidades que se presentan en el marco de un proceso, que vulneran el debido proceso y que, por su gravedad, el legislador y excepcionalmente el constituyente les ha atribuido la consecuencia de invalidar las actuaciones surtidas.

De esta manera, el juez a través de la declaratoria de nulidad controla la validez de la actuación procesal y asegura a las partes el derecho constitucional al debido proceso en un determinado asunto.

Sobre la naturaleza taxativa de las nulidades, la jurisprudencia Constitucional ha señalado que el sistema procesal Colombiano ha adoptado un mecanismo de enunciación expresa de las causales de nulidad, ello significa que sólo se pueden considerar vicios invalidadores de una actuación aquellos expresamente señalados por el legislador y, excepcionalmente, por la Constitución (debido proceso artículo 29), por lo tanto, cualquier otra irregularidad no prevista expresamente deberá ser alegada mediante los recursos establecidos en la normativa procesal, pero jamás podrá servir de fundamento de una declaración de nulidad. En este sentido, la Corte en la sentencia C-491 de 1995 expresó lo siguiente:

“El Código de Procedimiento Civil que nos rige con un criterio que consulta la moderna técnica del derecho procesal, señala la taxatividad de las causales de nulidad, es decir, de los motivos que dan lugar a invalidar un acto procesal, y el principio de que no toda irregularidad constituye nulidad, pues éstas se entienden subsanadas si oportunamente no se corrigen a través de los recursos.”

Esta Corte ha estimado que un sistema restringido –taxativo- de nulidades se ajusta a la Constitución, por cuanto garantiza los principios de seguridad jurídica y celeridad procesal. En este sentido, en la sentencia C-491 de 1995, la Corporación sostuvo que pese a que el artículo 29 superior establece los fundamentos básicos del derecho al debido proceso, corresponde al legislador, dentro de su facultad discrecional y con arreglo a los principios constitucionales, desarrollar a través de las correspondientes fórmulas las formas procesales que deben ser cumplidas para asegurar su vigencia. En tal virtud, la regulación del régimen de nulidades es un asunto que atañe en principio al legislador, el cual puede señalar, de conformidad con el principio de la proporcionalidad y los demás principios constitucionales, las causales de nulidad.

El legislador –continúa la Corte- eligió un sistema de causales taxativas de nulidad con el fin de preservar los principios de seguridad jurídica y celeridad en los procesos judiciales. En efecto, este sistema permite presumir, acorde con los principios de legalidad y de buena fe que rigen las actuaciones de las autoridades públicas, la validez de los actos procesales, mientras no se declare su nulidad con arreglo a una de las causales específicamente previstas en la ley. “(…) De este modo, se evita la proliferación de incidentes de nulidad, sin fundamento alguno, y se contribuye a la tramitación regular y a la celeridad de las actuaciones judiciales, lo cual realiza el postulado del debido proceso, sin dilaciones injustificadas.”

Con base en lo anterior, la jurisprudencia Constitucional ha precisado que “la naturaleza taxativa de las nulidades procesales se manifiesta en dos dimensiones: En primer lugar, de la naturaleza taxativa de las nulidades se desprende que su interpretación debe ser restrictiva. En segundo lugar, el juez sólo puede declarar la nulidad de una actuación por las causales expresamente señaladas en la normativa vigente y cuando la nulidad sea manifiesta dentro del proceso. Es por ello que en reiteradas oportunidades tanto esta Corte, como el Consejo de Estado han revocado autos que declaran nulidades con fundamento en causales no previstas expresamente por el artículo 140 del Código de Procedimiento Civil o el artículo 29 de la Constitución”.

De acuerdo con lo mencionado, la Sala advierte que la providencia cuestionada no vulneró los derechos fundamentales del accionante, pues el Consejo de Estado – Sección Quinta, al constatar que la causal de nulidad invocada por el accionante no se ajustaba a ninguno de los supuestos expresamente establecidos por el legislador en el artículo 133 del CGP, no era procedente efectuar un estudio de fondo del asunto, dando lugar al rechazo de plano de la solicitud promovida por el señor Jorge Arturo Rivera Tejada, con fundamento en lo dispuesto en el artículo 135 del CGP.

Bajo estas consideraciones, la Sala advierte que la autoridad judicial accionada en ejercicio de los principios de autonomía funcional, efectuó un análisis coherente y razonable de la normativa aplicable, que a pesar de no resultar satisfactorio a la parte demandante, hoy tutelante, no se puede colegir que su actuación fuere contraria a Derecho.

De otro lado, la Sala observa que los argumentos expuestos por el accionante en el escrito de tutela y en la impugnación, sobre el presunto desconocimiento del precedente jurisprudencial, se dirigen a cuestionar las sentencias de 30 de mayo de 2017 y 27 de febrero de 2018, proferidas, respectivamente, por el Juzgado Octavo Administrativo de Barranquilla y el Tribunal Administrativo del Atlántico, lo cual fue analizado y decidido por el Consejo de Estado – Sección Cuarta y Sección Quinta, dentro de los fallos de tutela de 26 de julio de 2018 y 18 de octubre de 2018, dictados en la acción con radicado Nº 2018-01122-01, motivo por la cual no hay lugar a estudiar nuevamente ese aspecto en la presente trámite constitucional, máxime cuando las razones de inconformidad del tutelante sobre la supuesta omisión de criterios jurisprudenciales no se encaminan a cuestionar, el auto de 25 de octubre de 2018, que rechazó de plano la solicitud de nulidad, en el sentido de revelar precedentes que habiliten al juez a evaluar causales de nulidad distintas a las establecidas taxativamente en el artículo 133 del CGP.

En este orden, se debe señalar que los argumentos alegados por el accionante en el escrito de tutela, demuestran su inconformidad con la decisión adoptada por el Consejo de Estado - Sección Quinta, sin acreditar irregularidades de orden constitucional en las que presuntamente incurrió la autoridad accionada, por tal razón, para la Sala no es de recibo que la parte actora pretenda hacer uso de la acción de tutela como si se tratara de una instancia adicional, con el fin de reabrir el debate jurídico que se surtió dentro del proceso ordinario y la acción de tutela inicial, con el único propósito de obtener un pronunciamiento favorable a sus intereses.

Así las cosas, se concluye que la providencia del Consejo de Estado – Sección Quinta, no vulneró los derechos fundamentales invocados por el accionante, por cuanto no se evidencia en su contenido, un análisis arbitrario, infundado o caprichoso ajeno a preceptos jurídicos de orden constitucional y legal, que constituyan una vía de hecho por defecto procedimental o desconocimiento del precedente, que amerite la intervención del juez de tutela.

III. DECISIÓN

En atención a las consideraciones anteriormente expuestas, la Sala confirmará la sentencia de 14 de marzo de 2019 proferida por el Consejo de Estado – Sección Primera, que denegó el amparo de tutela invocado por el señor Jorge Arturo Rivera Tejada, contra el Consejo de Estado – Sección Quinta.

En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Segunda, Subsección B, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la Ley,

FALLA

PRIMERO: CONFIRMAR la sentencia de 14 de marzo de 2019 proferida por el Consejo de Estado – Sección Primera, que denegó el amparo de tutela invocado por el señor Jorge Arturo Rivera Tejada, contra el Consejo de Estado – Sección Quinta, por las razones expuestas en la parte motiva de esta decisión.

SEGUNDO: Por Secretaría, REMITIR a la Corte Constitucional, para lo de su competencia, el expediente de tutela con radicado Nº 2018-01122-01, allegado en préstamo.

Remítase a la Corte Constitucional para su eventual revisión. Envíese copia de esta providencia al despacho de origen.

Esta providencia fue discutida y aprobada por la Sala en sesión de la fecha.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE

CÉSAR PALOMINO CORTÉS

SANDRA LISSET IBARRA VÉLEZ CARMELO PERDOMO CUÉTER

Folios 1 - 13
Artículo 84, 87 Ley 1437 de 2011 y artículo 139 de la Ley 769 de 2002
Consejo de Estado, Sección Cuarta, sentencia de 12 de julio de 2018, radicado Nº. 11001-03-27-000-2017-00026-00 (23198).
Folios 19 - 20
Folio 24
Folios 22 - 23
Folio 26 - 29
Folios 35 - 47
Folio 53 - 56
Al respecto ver, entre otras, sentencias T-573 de 1997, T-567 de 1998, T-001 de 1999, T-377 de 2000, T-1009 de 2000, T-852 de 2002, T-453 de 2005, T-061 de 2007, T-079 de 1993,T-231 de 1994, T-001 de 1999, T-814 de 1999,T-522 de 2001, T-842 de 2001, SU-159 de 2002, T-462 de 2003,T-205 de 2004, T-701 de 2004, T-807 de 2004, T-1244 de 2004, T-056 de 2005, T-189 de 2005, T-800 de 2006, T-061 de 2007, T-018 de 2008, T-051 de 2009, T-060 de 2009, T-066 de 2009, T-889 de 2011, T- 010 de 2012, T- 1090 de 2012, T-074 de 2012, T- 399 de 2013, T-482 de 2013, T- 509 de 2013, , T- 254 de 2014, T- 941 de 2014 y T-059 de 2015.
Sentencia de unificación por importancia jurídica, proferida por la Sala Plena de lo Contencioso Administrativo el 5 de agosto de 2014. M.P: Jorge Octavio Ramírez Ramírez. Exp. n. º 11001-03-15-000-2012-02201-01 (IJ) Demandante: Alpina Productos Alimenticios S.A.
Sentencias T-352 de 2012, T-103 de 2014, T-125 de 2012, entre otras.
Corte Constitucional, Sentencia T-268 de 2010.
Corte Constitucional, Sentencia T-017 de 2007.
Corte Constitucional, Sentencias T-996 de 2003, T-638 y T-781 de 2011, entre muchas otras.
Corte Constitucional, Sentencia T-264 de 2009.
Corte Constitucional, Sentencia T-778 de 2009.
Sentencia SU-1219 de 2001; T-1204 de 2008; T-218 de 2012 y T-272 de 2014 entre otras.
Sentencia SU-1219 de 2001. Posición reiterada en sentencia T-1204 de 2008.
Ibídem.
Ibídem.
Sentencia T-272 de 2014.
Énfasis agregado.
“En esa oportunidad, la Corte indicó que” si la acción de tutela se dirige contra la sentencia de tutela, la regla es la de que no procede. (…) 4.6.2.1. Esta regla no admite ninguna excepción cuando la sentencia ha sido proferida por la Corte Constitucional, sea por su Sala Plena o sea por sus Salas de Revisión de Tutela. En este evento solo procede el incidente de nulidad de dichas sentencias, que debe promoverse ante la Corte Constitucional”.

Folios 281 – 292 Copia cuaderno expediente proceso ordinario anexo
Folios 293 – 320 ibidem
Folios 377 391 ibidem
Folios 137 – 146 expediente de tutela radicado Nº 2018-01122-00 anexo
Folios 214 – 222 expediente de tutela radicado Nº 2018-01122-00 anexo
Folios 228 – 230 ibidem
Folios 236 -237 ibidem
Corte Constitucional, Sentencia C – 491 de 2 de noviembre de 1995, M.P. Antonio Barrera Carbonel
En esta sentencia la Corte declaró exequible la expresión “solamente” del artículo 140 del Código de Procedimiento Civil, con la advertencia expresa de que además de las causales previstas en la disposición demandad, es viable y puede invocarse la prevista en el artículo 29 de la Constitución, según el cual, "es nula de pleno derecho, la prueba obtenida con violación del debido proceso", que es aplicable en toda clase de procesos.
Ver al respecto las sentencia C-561 del 1º de junio de 2004, M.P. Manuel José Cepeda Espinosa.
Algunos ejemplos son los siguientes: En sentencia del 22 de mayo de 2002 (radicación 20001233100019990829 01, expediente 22274), la Sección Tercera del Consejo de Estado, con ponencia del Consejero Germán Rodríguez Villamizar, revocó un auto del Tribunal Administrativo del Cesar por medio del cual había declarado la nulidad de todo lo actuado en un proceso de reparación directa, incluida la sentencia, por la no valoración de medios probatorios incorporados tardíamente al expediente por parte de la secretaría del a quo. El Consejo de Estado reiteró la naturaleza taxativa de las causales de nulidad y concluyó que los hechos alegados por el peticionario no correspondían a ninguna de las causales de nulidad previstas en el artículo 140 del Código de Procedimiento Civil, razón por la cual el tribunal no debía haber declarado la nulidad.
Corte Constitucional, Sentencia T – 125 de 23 de febrero de 2010, M.P. Jorge Ignacio Pretelt Chaljub.

Sigue leyendo

Lee la providencia completa en RuleX

RuleX es la IA para el trabajo legal: inteligencia artificial y software jurídico, todo en una sola plataforma. Crea tu cuenta y RuleX abre esta providencia completa, te explica sus reglas y la lleva a tu escrito con la cita puesta. Siete días de prueba sin tarjeta.