Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Tercera, radicado 11001-03-15-000-2018-04306-01
Consejo de Estado · Sección Tercera
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Consejo de Estado · Sección Tercera
Acción de tutela contra providencia judicial: sentencia de segunda instancia que niega las pretensiones
Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Tercera, radicado 11001-03-15-000-2018-04306-01
Consejo de Estado · Sección Tercera
República de Colombia
Consejo de Estado
Sección Tercera
Radicado 11001-03-15-000-2018-04306-01
Consejero ponente: Nicolás Yepes Corrales
4 de abril de 2019
ACCIÓN DE TUTELA CONTRA PROVIDENCIA JUDICIAL – Sentencia de segunda instancia que niega las pretensiones / MEDIO DE CONTROL DE NULIDAD Y RESTABLECIMIENTO DEL DERECHO – Contra acto administrativo que negó reconocimiento de prima técnica por formación avanzada y experiencia altamente calificada de funcionario de la DIAN / AUSENCIA DE DEFECTO FÁCTICO – Si bien no valoro la prueba alegada como desconocida esta no era determinante en la decisión / PRIMA TECNICA POR FORMACION AVANZADA Y EXPERIENCIA ALTAMENTE CALIFICADA - Sólo son beneficiarios los empleados de carrera administrativa / DESEMPEÑO DE CARGO EN PROPIEDAD POR CONCURSO DE MÉRITOS – No se acreditó / AUSENCIA DE VULNERACIÓN DE DERECHOS FUNDAMENTALES
[L]a Sala que contrario a lo que señala el ahora tutelante, el juez de segunda instancia en la sentencia que es objeto de impugnación, para adoptar su decisión, sí valoró en su integridad las pruebas que consideró relevantes, así bien, hizo un estudio juicioso y detallado tanto del marco legal y jurisprudencial de la prima técnica por formación avanzada y experiencia totalmente calificada, como de la pruebas documentales arrimadas al proceso; elementos a partir de los cuales estimó que teniendo en cuenta que el accionante no logró demostrar su vinculación a la entidad mediante un sistema de carrera, no había lugar a reconocer a su favor la referida prima técnica. (…) De otro lado, alega el tutelante que para adoptar su decisión la Subsección B de la Sección Segunda del Consejo de Estado, no tuvo en cuenta el contenido de la Resolución No. 938 del 10 de mayo de 1990 (…)Ahora, si bien el juez de segunda instancia, mediante la sentencia que ahora es objeto de la acción de tutela no se refirió explícitamente al contenido de la resolución transcrita, esta no era determinante en su decisión, pues por medio de la misma lo único que se logra evidenciar es que la vinculación del [actor] a la Nación – Unidad Administrativa Especial Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales, fue de carácter ordinario y no de carrera. (…) En conclusión, con la sentencia proferida el 31 de mayo de 2018, la Subsección B de la Sección Segunda del Consejo de Estado no vulneró los derechos fundamentales a la igualdad, y al debido proceso del tutelante y tampoco incurrió en el alegado defecto fáctico en su dimensión negativa.
FUENTE FORMAL: DECRETO 2285 DE 1968 - ARTÍCULO 7 / DECRETO 1042 DE 1978 – ARTÍCULO 52 / DECRETO 1647 DE 1991 - ARTÍCULO 61 / DECRETO 1724 DE 1997 - ARTÍCULO 1 / DECRETO 1724 DE 1997 - ARTÍCULO 4 / DECRETO NO. 1335 DE 1999 - ARTÍCULO 4 / DECRETO 2117 DE 1992 - ARTÍCULO 116
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN TERCERA
SUBSECCIÓN C
Consejero ponente: NICOLÁS YEPES CORRALES
Bogotá, D.C., cuatro (4) de abril de dos mil diecinueve (2019)
Radicación número: 11001-03-15-000-2018-04306-01(AC)
Actor: SAUL SAAVEDRA MATEUS
Demandado: SECCIÓN SEGUNDA SUBSECCIÓN B DEL CONSEJO DE ESTADO
Asunto: Acción de tutela – segunda instancia
Tema: Reconocimiento de la prima técnica por formación avanzada y experiencia altamente calificada a favor de funcionarios vinculados a la Nación – Unidad Administrativa Especial Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales.
Subtema 1: Consideraciones generales sobre la procedencia de la acción de tutela contra providencias judiciales/requisitos generales de habilitación de la tutela contra providencias judiciales/causales específicas de procedibilidad de la tutela contra providencias judiciales/defecto fáctico/marco legal y jurisprudencial del reconocimiento la prima técnica por formación avanzada y experiencia altamente calificada en favor de funcionarios de la Unidad Administrativa Especial Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales.
Sentido del fallo de tutela: Se revoca el fallo de tutela de primera instancia y en su lugar se niega la solicitud de amparo constitucional presentada por el actor.
La Sala procede a resolver las impugnaciones presentadas por la Sección Segunda Subsección B de esta Corporación y la Nación – Unidad Administrativa Especial de la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales contra el fallo de tutela del 12 de febrero de 2019, mediante el cual la Sección Cuarta del Consejo de Estado amparó los derechos fundamentales invocados por el tutelante.
I.- ANTECEDENTES
1.- La solicitud de amparo constitucional
1.1.- El 16 de noviembre de 2018 Saúl Saavedra Mateus, mediante apoderado, presentó acción de tutela en procura de la protección de sus derechos fundamentales al debido proceso y a la igualdad, los cuales consideró vulnerados por la Sección Segunda Subsección B del Consejo de Estado, al proferir sentencia denegatoria de sus pretensiones de nulidad y restablecimiento del derecho el 31 de mayo de 2018. En consecuencia, solicitó:
“Con los hechos y argumentos de derecho invocados en esta Acción, ruego a su señoría TUTELAR los derechos fundamentales de la(sic) accionante al DEBIDO PROCESO Y EL DERECHO A LA IGUALDAD, teniendo en cuenta para ello los pronunciamientos judiciales administrativos que al respecto ha sentado el Consejo de Estado. En consecuencia, se disponga lo siguiente:
Se ordene al CONSEJO DE ESTADO, SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO, SECCIÓN SEGUNDA, SUBSECCIÓN “B”, DEJAR SIN EFECTOS la sentencia proferida el 31 de mayo de 2018, dentro del expediente 250002342000201302349 01, Magistrada Ponente: Dra. SANDRA LISSET IBARRA VELEZ.
Que la Sección Segunda, Subsección “B” de la Sala de lo Contencioso Administrativo del Consejo de Estado, deberá realizar las gestiones necesarias para dictar una nueva sentencia en la que se tenga en cuenta todo el material probatorio existente en el expediente”.
1.2.- Hechos
El tutelante expuso los siguientes
1.2.1.- El peticionario alegó que presentó demanda en ejercicio de la acción de nulidad y restablecimiento del derecho contra la Nación – Unidad Administrativa Especial Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales, solicitando que se declarara la nulidad de los actos administrativos contenidos en el Oficio No. 100000202-01738 del 11 de septiembre de 2012 y la Resolución No. 009802 del 11 de diciembre de la misma anualidad, mediante los cuales, respectivamente, se le negó el reconocimiento de la prima técnica por formación avanzada y experiencia altamente calificada y se resolvió el correspondiente recurso de reposición.
1.2.2.- Mediante la sentencia del 2 de junio de 2016 la Subsección B de la Sección Segunda del Tribunal Administrativo de Cundinamarca declaró la nulidad de los actos administrativos impugnados y, en consecuencia, ordenó el reconocimiento y pago a favor del actor, de las sumas por concepto de la prima técnica por formación avanzada y experiencia altamente calificada desde el 22 de agosto de 2009, al señalar que las mesadas anteriores a dicha fecha se encontraban prescritas.
Para adoptar esa decisión consideró que i) el accionante tenía derecho al reconocimiento y pago de la prima técnica por formación avanzada y experiencia altamente calificada, teniendo en cuenta que al reunir los requisitos para acceder a ella según la Ley 1661 de 1991 y el Decreto reglamentario No. 2164 de 1991, se encontraba amparado por el régimen de transición previsto en el artículo 4º del Decreto No. 1724 de 1997.
En efecto, precisó que el accionante ingresó al servicio de la Nación – Unidad Administrativa Especial Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales el 10 de septiembre de 1980; que desempeñaba de forma permanente el cargo de Profesional en Ingresos Públicos II – Nivel 31 Grado 23 y, que previamente a la entrada en vigencia del Decreto No. 1724 de 1997, obtuvo los títulos de Especialista en Derecho Probatorio y Doctor en Derecho y Ciencias Políticas en la Universidad Gran Colombia, por lo que procedía el reemplazo u homologación del Título de formación avanzada por experiencia, según el parágrafo 1º del artículo 2º del Decreto Ley 1661 de 1991.
1.2.3.- Contra dicha decisión tanto la Nación – Unidad Administrativa Especial Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales, como la vista fiscal presentaron recurso de apelación.
1.2.4.- Por medio de la sentencia del 31 de mayo de 2018, la Subsección B de la Sección Segunda del Consejo de Estado, revocó la sentencia apelada y en su lugar negó las súplicas de la demanda de nulidad y restablecimiento del derecho, al considerar que según las Resoluciones No. 04258 del 1º de septiembre de 1980, la No. 0358 del 22 de agosto de 1991 del Ministerio de Hacienda y Crédito Público y la No. 1206 del 31 de mayo de 1993 de la Unidad Administrativa Especial Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales, se había logrado demostrar que la vinculación laboral del accionante, no se dio por carrera administrativa, sino como consecuencia de la figura de incorporación automática contenida en el artículo 116 del Decreto 2117 de 1992, razón por la cual no podía reclamar el reconocimiento y pago de los derechos propios de los empleados de carrera; ello según los criterios jurisprudenciales fijados por esta Corporación en la sentencia de unificación SUJ2 No. 002/2016.
1.2.5.- La providencia en mención fue notificada por correo electrónico el 31 de mayo de 2018.
1.3.- Fundamentos de la solicitud de amparo constitucional
1.3.1.- Alegó el tutelante que la Subsección B de la Sección Segunda del Consejo de Estado vulneró sus derechos fundamentales al debido proceso y a la igualdad por negar sus pretensiones de nulidad y restablecimiento del derecho formuladas contra los actos administrativos por medio de los cuales se le negó el reconocimiento y pago de la prima técnica por formación avanzada y experiencia altamente calificada.
1.3.2.- Luego, sin precisar las razones por las cuales la providencia atacada cumplía con los requisitos generales de procedibilidad de la acción de tutela contra providencias judiciales, directamente denunció que el fallo adolecía del defecto que denominó así:
1.3.2.1.- Defecto sustantivo por vía de hecho: Manifestó que el juez de segunda instancia interpretó equivocadamente las normas aplicables, valoró indebidamente algunas pruebas y no tuvo en cuenta otras, al considerar que no tenía derecho a reclamar el reconocimiento y pago de los derechos propios de empleados de carrera administrativa, pues a partir del contenido de la Resolución No. 983 del 10 de mayo de 1990 se había logrado demostrar que se incorporó a la entidad por haber superado un concurso de méritos.
Señaló que teniendo en cuenta que ingresó a la entidad desde el 10 de mayo de 1990, el juez de segunda instancia no podía afirmar que se vinculó con fundamento en la figura de incorporación automática contenida en el artículo 116 del Decreto 2117 de 1992, pues dicha norma se expidió con posterioridad a su vinculación.
Agregó que en casos con circunstancias fácticas y jurídicas similares, tanto el Consejo de Estado, como los Tribunales Administrativos de Cundinamarca, Santander y Atlántico, accedieron al reconocimiento de la prima técnica por formación avanzada y experiencia altamente calificada en favor de varios funcionarios de la Unidad Administrativa Especial Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales, por lo que la Subsección B de la Sección Segunda de esta Corporación vulneró el principio de igualdad y desconoció las sentencias proferidas por el Tribunal Administrativo de Cundinamarca: i) el 11 de julio de 2012, bajo el radicado No. 2009-00228; ii) el 2 de junio de 2011, bajo el radicado No. 2009-00194; iii) el 2 de junio de 2011, bajo el radicado No. 2009-248; iv) el 24 de noviembre de 2011, sin radicado; v) el 18 de mayo de 2012, bajo el radicado No. 2009-00215-01; y por el Consejo de Estado: vi) el 17 de noviembre de 2011, bajo el radicado No. 2009-381; vii) el 23 de agosto de 2012, bajo el radicado No. 2010-765; viii) el 22 de mayo de 2014, bajo el radicado No. 2012-00151-0; y ix) el 29 de enero de 2015, bajo el radicado No. 2012-00152-01.
Agregó que “[c]on el fallo proferido en segunda instancia se vulneró (sic) derechos constitucionales del(sic) debido proceso y de la igualdad(sic)…pues dentro del proceso se demostró el cumplimiento de los requisitos exigidos para la obtención de la prima técnica por formación avanzada y experiencia altamente calificada, pero la decisión fue contraria, la sala de decisión no valoró todas las pruebas aportadas y el valor probatorio que les dio no es del todo racional”.
1.4.- Trámite procesal del amparo constitucional
1.4.1.- Por medio de auto del 27 de noviembre de 2018 la Sección Cuarta de esta Corporación admitió la acción de tutela, notificó esa decisión a la Nación – Unidad Administrativa Especial Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales, a los magistrados del Tribunal Administrativo de Cundinamarca y a los de la Subsección B de la Sección Segunda del Consejo de Estado, por último, ordenó vincular a los terceros interesados en las resultas del proceso.
1.5.- Fundamentos de la oposición
1.5.1.- Efectuadas las respectivas comunicaciones y notificaciones, le dieron respuesta a la solicitud de amparo constitucional la Nación – Unidad Administrativa Especial Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales y la Subsección B de la Sección Segunda del Consejo de Estado.
1.5.1.1.- La Nación – Unidad Administrativa Especial Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales presentó escrito de contestación en el que solicitó que los argumentos expuestos por el tutelante no fueran tenidos en cuenta y que se confirmara lo resuelto en el fallo de segunda instancia del 31 de mayo de 2018, al señalar que la decisión allí contenida había sido adoptada con fundamento en la sentencia de unificación emitida el 19 de mayo de 2016 dentro del proceso radicado bajo el No. CE-SUJ205001233300020120079101 (4499-13), con ponencia del magistrado Luis Rafael Vergara Quintero.
1.5.1.2.- La Subsección B de la Sección Segunda del Consejo de Estado presentó escrito de contestación en el que señaló que no se había dado cumplimiento al requisito de subsidiariedad, pues contra las sentencias proferidas por las Secciones y Subsecciones de esta Corporación era procedente el recurso extraordinario de revisión. Añadió que con la sentencia objeto de impugnación no se incurrió en el alegado defecto fáctico, pues de las pruebas arrimadas se demostró que el demandante no fue designado en propiedad ni inscrito en carrera, sino hasta el 22 de abril de 2016, fecha en la que se expidió la Resolución No. 1509 del 22 de abril de 2016 que lo nombró en el cargo de Profesional en Ingresos Públicos II Código 31 grado 23. Agregó que la acción de tutela no era el mecanismo adecuado para cuestionar la labor interpretativa del juez.
1.6.- Fallo de tutela objeto de impugnación
1.6.1.- La Sección Cuarta del Consejo de Estado, mediante el fallo de tutela del 12 de febrero de 2019, accedió a las pretensiones de amparo constitucional, para lo cual expuso las razones que a continuación se anotan:
1.6.1.1.- Señaló que aunque en diferentes oportunidades, esta Corporación había coincidido en señalar que la incorporación automática a la planta de personal de la Nación – Unidad Administrativa Especial Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales (en virtud del artículo 116 del Decreto 2117 de 1992) no daba lugar al reconocimiento de la prima técnica por formación avanzada y experiencia altamente calificada, en el proceso ordinario de nulidad y restablecimiento el accionante había logrado demostrar que por medio de la Resolución No. 983 del 10 de mayo de 1990, había sido llamado por el Ministerio de Hacienda y Crédito Público a un concurso cerrado mediante la invitación No. 0452 del 1º de febrero de 1990 para proveer el cargo de profesional especializado 3010 grado 10, y que mediante el artículo 3º de esa resolución, fue nombrado con carácter ordinario en dicho cargo.
1.6.1.2.- Que teniendo en cuenta que para el año 1990 el Decreto No. 1290 de 1988 establecía que el Ministerio de Hacienda y Crédito Público le correspondía, entre otras funciones; i) adelantar los procesos de selección de la Dirección General de Aduanas, que podían ser abiertos o cerrados y que comprendían varias etapas; y ii) que una vez cumplidas las referidas etapas debía elaborar obligatoriamente una lista de aprobados para los nombramientos, era evidente que el accionante había ingresado mediante carrera administrativa al cargo de profesional especializado 3010, grado 10 y no mediante la figura de inscripción automática al Sistema General de Carrera Administrativa.
1.6.2.2.- Consideró que el criterio que le sirvió de fundamento al juez de segunda instancia para adoptar su decisión no resultaba aplicable al asunto, teniendo en cuenta que el accionante se había incorporado a la entidad mediante un concurso de méritos cerrado, suficiente para tener como acreditada la designación de su cargo en propiedad.
1.6.1.3.- Con base en las consideraciones expuestas, señaló que la Subsección B de la Sección Segunda del Consejo de Estado había incurrido en el alegado defecto fáctico por no valorar el contenido de la Resolución No. 983 del 10 de mayo de 1990 para encontrar acreditada la vinculación del accionante a la entidad mediante un proceso de carrera administrativa.
1.6.1.4.- Finalmente, desestimó los argumentos expuestos en el escrito de contestación a la tutela presentados por la Subsección B de la Sección Segunda del Consejo de Estado, por estimar que no habían sido expuestos en la sentencia objeto de reproche.
1.6.1.5.- En consecuencia, resolvió dejar sin efectos la sentencia proferida el 31 de mayo de 2018 y le ordenó a la Sección Segunda de esta Corporación que, dentro del término de 30 días siguientes a la fecha de notificación de esa providencia, profiriera un nuevo fallo en el que valorara el contenido de la Resolución No. 983 del 10 de mayo de 1990.
1.7.- Razones de la impugnación presentada por la Subsección B de la Sección Segunda del Consejo de Estado
Contra la decisión antes aludida, la Subsección B de la Sección Segunda del Consejo de Estado presentó escrito de impugnación el 22 de febrero de 2019, con fundamento en las siguientes razones:
Afirmó que del contenido de las Resoluciones Nos. 04258 del 1º de septiembre de 1980 y 03358 del 22 de agosto de 1991 del Ministerio de Hacienda y Crédito Público, y la No. 1206 del 31 de mayo de 1993, mediante las cuales, respectivamente, el tutelante había sido nombrado en los cargos de Profesional Universitario 3020 Gado 06, Profesional Tributario Nivel 40 Grado 29 y Profesional en Ingresos Públicos II Nivel 31 Grado 23, se logró demostrar su designación sin que previamente se hubiera adelantado un concurso de méritos, por lo cual no era beneficiario de la prima técnica de formación avanzada y experiencia altamente calificada.
La designación en el cargo de Profesional Especializado 3010 Grado 10 mediante la Resolución No. 983 del 10 de mayo de 1990 fue de carácter “ordinario”, con fundamento en el Decreto 1290 de 1988 (provisión de cargos de libre nombramiento y remoción en los niveles profesional, técnico, administrativo y operativo por razones del servicio), por lo que no podía beneficiarse de los derechos de empleados vinculados a la entidad mediante carrera administrativa.
Adujo que con la creación de la Unidad Administrativa Especial Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales, el tutelante había sido incorporado automáticamente a la planta del personal de esa entidad, en la cual conforme a la certificación de experiencia proferida por la Subdirección de Gestión de Personal, se desempeñó en varios cargos de nivel profesional, lo que lo excluía del reconocimiento de la prima técnica de formación avanzada y experiencia altamente calificada, por cuanto mediante el Decreto No. 1724 de 1997, se restringió su reconocimiento únicamente a los cargos de los niveles asesor, directivo y ejecutivo.
Señaló que teniendo en cuenta la certificación arrimada, la Unidad Administrativa Especial Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales hizo constar que el señor Saavedra Mateus había sido inscrito en el registro público de carrera administrativa a través de la Resolución No. 1509 del 22 de abril de 2016, para ocupar el cargo de Profesional en Ingresos Públicos II Código 31 Grado 23 y no acreditó haber sido nombrado en propiedad previamente a la entrada en vigor del referido Decreto No. 1724 de 1997, no lo cobijaba el régimen de transición.
Concluyó señalando que la acción de tutela no podía ser utilizada como un medio para cuestionar la labor interpretativa del juzgador, ni mucho menos como un instrumento que pueda dar lugar a una instancia adicional.
1.8.- Razones de la impugnación presentada por la Nación – Unidad Administrativa Especial Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales
La Nación – U.A.E. Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales, también presentó escrito de impugnación el 21 de febrero de 2019, con fundamento en las siguientes razones:
Señaló que contrario a lo que consideraba el tutelante, con la sentencia proferida en segunda instancia por la Subsección B de la Sección Segunda del Consejo de Estado, no se habían vulnerado sus derechos fundamentales, pues la decisión había sido adoptada con fundamento en los criterios judiciales fijados por una sentencia de unificación emitida el 19 de mayo de 2016 dentro del proceso radicado bajo el No. CE-SUJ 205001233300020120079101 (4499-13), por lo que debía ser confirmada en todas y cada una de sus partes.
Agregó que como no se habían violentado los derechos fundamentales alegados por el accionante, no se había demostrado la posible causación de un perjuicio irremediable y que de los argumentos expuestos en el escrito de tutela se lograba evidenciar que lo realmente pretendido por este era concebir el mecanismo de la tutela como una instancia adicional, por lo que debía ser declarada improcedente.
II.- CONSIDERACIONES
2.1.- Competencia
Esta Subsección es competente para asumir el conocimiento de las impugnaciones presentadas por la Subsección B de la Sección Segunda del Consejo de Estado y por la Nación – U.A.E. Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales contra el fallo de tutela proferido el 12 de febrero de 2019 por la Sección Cuarta de esta Corporación, según lo dispuesto en el artículo 86 de la Constitución Política, artículo 32 del Decreto No. 2591 de 1991; el Numeral 5 del artículo 2.2.3.1.2.1 de los Decretos Nos. 1069 de 2015 y 1983 de 2017 y el Acuerdo No. 377 del 11 de diciembre de 2018 de la Sala Plena del Consejo de Estado.
2.2.- Problemas jurídicos
2.2.1.- Aunque en el escrito de la solicitud de amparo constitucional el accionante alegó como causal específica de procedibilidad de la acción de tutela contra providencias judiciales la que denominó “Defecto sustantivo por vía de hecho”, teniendo en cuenta que la cadena argumentativa esbozada pareciera estructurar otra, esto es, la relativa al defecto fáctico en su dimensión negativa, en el presente asunto el análisis se circunscribirá al acaecimiento o no de éste.
2.2.2.- Así las cosas, le corresponde a la Sala determinar, en primer lugar, si la Subsección B de la Sección Segunda del Consejo de Estado al proferir la sentencia del 31 de mayo de 2018, mediante la cual negó las pretensiones de nulidad y restablecimiento del derecho formuladas por el señor Saúl Saavedra Mateus contra los actos administrativos que no accedieron al reconocimiento de la prima técnica por el criterio de formación avanzada y experiencia altamente calificada, incurrió en defecto factico por no valorar las pruebas debidamente aportadas al proceso.
2.2.3.- Para resolver el problema jurídico así planteado se procederá en primer lugar, a verificar si se cumplen los requisitos generales de procedencia de la acción de tutela contra providencias judiciales.
2.2.4.- De encontrar una respuesta afirmativa, se determinará si la Subsección B de la Sección Segunda del Consejo de Estado incurrió en el defecto alegado, para lo cual se hará referencia al marco legal y jurisprudencial del reconocimiento de la prima técnica por formación avanzada y experiencia altamente calificada en favor de funcionarios de la Nación – Unidad Administrativa Especial Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales. Finalmente resolverá el caso concreto.
2.3.- Generalidades de la tutela contra providencias judiciales
2.3.1.- Por medio de la sentencia C-590 de 2005, la Corte Constitucional precisó que la tutela contra providencias judiciales no sólo constituye un mecanismo de garantía y protección de los derechos fundamentales, cuando éstos se han visto amenazados o vulnerados por la acción u omisión de una autoridad judicial, sino también significa un avance frente a los valores y principios que orientan el Estado social y democrático de derecho.
Resaltó igualmente que, en aras de garantizar los principios constitucionales a la seguridad jurídica, la cosa juzgada y la autonomía judicial, el mecanismo de la tutela contra providencias judiciales sólo procede de forma excepcional y, en su ejercicio y trámite, la función del juez de tutela es la protección de los derechos fundamentales que se han visto vulnerados con una providencia judicial.
2.3.2.- Esta Corporación, a través de la sentencia de unificación de jurisprudencia proferida el cinco (5) de agosto de dos mil catorce (2014) acogió y reiteró la postura ya fijada por la Corte Constitucional en la sentencia referida, dejando claro que con la acción constitucional de tutela contra providencias judiciales no se vulneraba ni la autonomía e independencia judicial, ni el principio del Juez natural, pues dicho mecanismo no se constituía en una “instancia adicional” y su ejercicio tampoco daba lugar a que el juez de tutela se convirtiera “en el intérprete máximo de la legalidad ni [puede] suplantar al juez natural en su función esencial como juez de instancia”.
2.3.3.- De esta forma, se entiende que conforme con los postulados fijados por la Corte Constitucional y posteriormente acogidos por la Sala Plena de esta Corporación, la acción de tutela procede de forma excepcionalísima en contra de las providencias judiciales siempre y cuando se verifique el cumplimiento de ciertos requisitos genéricos y específicos de procedibilidad.
2.3.4.- La Corte Constitucional señaló, en la referida sentencia, como requisitos generales de procedibilidad, los siguientes: (i) existir evidente relevancia constitucional; (ii) que el accionante haya utilizado todos los mecanismos judiciales ordinarios y extraordinarios a su alcance para la protección de sus derechos fundamentales (subsidiariedad); (iii) que la acción se haya interpuesto en un término prudencial (inmediatez); (iv) que cuando se trate de una irregularidad procesal, se evidencie que tiene un efecto decisivo o determinante en la o las providencias objeto de impugnación y que afecta los derechos fundamentales del accionante; (v) que el actor indique los hechos y las razones en que se fundamenta la acción; y (vi) que no se trate de una decisión proferida en sede de tutela.
2.3.5.- Y, como causales específicas de procedencia: que la providencia judicial se encuentre viciada por alguno de los siguientes defectos, a saber: (i) defecto orgánico, que se presenta cuando el funcionario judicial que profirió la providencia impugnada carece absolutamente de competencia para emitirlo; (ii) defecto procedimental, que se origina cuando el juez actuó completamente al margen del procedimiento establecido; (iii) defecto fáctico, que surge cuando el juez carece del apoyo probatorio que permita la aplicación del supuesto legal en el que se sustenta la decisión; (iv) defecto material o sustantivo, que se estructura cuando la autoridad judicial adopta su decisión con base en normas inexistentes o inconstitucionales o que presentan una evidente y grosera contradicción entre los fundamentos y la decisión; (v) defecto por error inducido, que se presenta cuando el juez o tribunal fue víctima de un engaño por parte de terceros y ese engaño determinó la toma de una decisión que afecta derechos fundamentales; (vi) defecto por falta de motivación, que implica el incumplimiento de los servidores judiciales de dar cuenta de los fundamentos fácticos y jurídicos de sus decisiones en el entendido que precisamente en esa motivación reposa la legitimidad de su órbita funcional; (vii) defecto por desconocimiento del precedente, que se estructura cuando la autoridad judicial aplica una norma claramente inaplicable al caso o deja de aplicar la que evidentemente lo es, u opta por una interpretación que contraríe los postulados mínimos de la razonabilidad jurídica; y (viii) defecto por violación directa de la Constitución, que se configura cuando la autoridad judicial adopta una decisión que va en contra de las disposiciones constitucionales.
2.3.6.-Finalmente, se precisa que, según la jurisprudencia señalada, la procedibilidad de la acción de tutela contra providencias judiciales se encuentra condicionada a la verificación del cumplimiento de todos los requisitos generales de procedibilidad y por lo menos uno de los defectos o vicios específicos.
A continuación, la Sala verificará si, en el caso concreto, se cumplen los requisitos generales de procedibilidad de la acción de tutela contra providencias judiciales y de resultar que, en efecto los mismos se acreditan, abordará el estudio de las causales específicas de procedencia de esta.
2.4.- Revisión acerca del cumplimiento de los requisitos generales de procedibilidad de la acción de tutela contra providencias judiciales
(i).- La tutela cumple con el requisito de relevancia constitucional, pues en el presente asunto no se discute una situación de índole legal, sino de carácter ius fundamental, sobre la base de que se debe determinar si la autoridad judicial vulneró los derechos fundamentales a la igualdad y al debido proceso del tutelante, por dejar en firme los actos administrativos por medio de los cuales se le negó el reconocimiento de las sumas por concepto de la prima técnica por formación avanzada y experiencia altamente calificada, dentro del proceso de nulidad y restablecimiento del derecho radicado bajo el No. 25000-23-42-000-2013-02349-01.
(ii). – También se acredita el requisito de subsidiariedad, pues el recurso interpuesto frente a la sentencia del 2 de junio de 2016 proferida por el Tribunal Administrativo de Cundinamarca fue resuelto mediante la sentencia emitida en segunda instancia el 31 de mayo de 2018 por la Subsección B de la Sección Segunda del Consejo de Estado y, contra esta última, no procede ningún otro medio ordinario o extraordinario de impugnación.
En efecto, en el presente asunto no se configura alguna de las causales de procedencia del recurso extraordinario de revisión contenidas en el artículo 250 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo y tampoco resulta procedente el extraordinario de unificación de jurisprudencia en los términos del artículo 257 de dicho Estatuto.
(iii). - Igualmente cumple con el requisito de inmediatez, pues la sentencia que dio lugar al presente trámite se produjo el 31 de mayo de 2018, y la acción de tutela fue presentada el 16 de noviembre de esa misma anualidad, es decir, menos de 6 meses después, término que se avista razonable.
(iv). - De la misma forma, tanto el accionante, como los que impugnaron el fallo de tutela en primera instancia, indicaron de manera clara los hechos en los que fundamentaron sus solicitudes y las razones en las que estas se sustentaban.
v) Por último, las decisiones controvertidas no son un fallo de tutela.
Verificado el cumplimiento de los requisitos generales o que garantizan la viabilidad procesal del amparo, para su procedencia se requiere corroborar el cumplimiento de al menos uno de los defectos o vicios de carácter específico alegados, análisis que se realizará a continuación, circunscrito únicamente al defecto fáctico en su dimensión negativa.
2.5.-Causales específicas de procedencia de la tutela contra providencias judiciales
2.5.1.- Defecto Fáctico
2.5.1.1.- A través de la Sentencia T- 233 del 29 de marzo de 2007, se precisó que el defecto fáctico puede presentarse en dos dimensiones a saber, una positiva y una negativa.
En la dimensión positiva, el defecto fáctico se configura cuando el funcionario judicial valora o aprecia pruebas que no ha debido tener en cuenta para adoptar su decisión, es decir, cuando funda su decisión en elementos probatorios ilegítimos o inadmisibles.
En la dimensión negativa, el defecto al que se alude se estructura cuando la autoridad judicial no aprecia o deja de valorar una o varias pruebas que resultaban determinantes para adoptar su decisión, es decir, cuando pese a existir elementos probatorios suficientes no los tiene en cuenta o simplemente omite considerarlos y que de haberlo hecho variaría sustancialmente la misma.
2.6.- Marco legal relativo al reconocimiento de la prima técnica y formación avanzada y experiencia altamente calificada en favor de funcionarios de la Unidad Administrativa Especial Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales
2.6.1.- El Decreto No. 2285 del 2 de septiembre de 1968 mediante su artículo 7º creó el incentivo de la prima técnica, con la finalidad específica “de atraer o mantener personal altamente calificado en el ejercicio de cargos públicos de especial responsabilidad o superior especialización técnica”, para cuyo reconocimiento se tendría en cuenta la experiencia, la competencia especial o los títulos profesionales de quien ejerciera el cargo respectivo.
Al respecto, el referido artículo séptimo dispuso:
“Artículo 7º. Créase una Prima Técnica destinada a atraer o mantener personal altamente calificado para cargos de especial responsabilidad o superior especialización técnica.
La ley señalará dichos cargos: pero la Prima se asignará, cuando resultare indispensable otorgarla, tomando en cuenta la experiencia, competencia especial o títulos profesionales de quien ejerza o sea llamado a ejercer un empleo.
La asignación se hará por decreto del Gobierno, previo concepto favorable del Consejo de Ministros, y con base en la solicitud razonada que formule por escrito y para cada caso el jefe del respectivo organismo acompañada del dictamen del Consejo Superior del Servicio Civil.
Salvo cuando la ley disponga expresamente otra cosa, el total del sueldo más la Prima Técnica no podrá exceder la remuneración que por concepto de sueldo y gastos de representación corresponda a los ministros del Despacho.”
2.6.2.- Dicho artículo fue reglamentado por varios Decretos, cuyas disposiciones finalmente fueron compiladas en el Decreto No. 602 del 15 de marzo de 1977.
2.6.3.- Posteriormente, se expidió el Decreto No. 1042 del 7 de junio de 1978, “Por el cual se establece el sistema de nomenclatura y clasificación de los empleos de los ministerios, departamentos administrativos, superintendencias, establecimientos públicos y unidades administrativas especiales del orden nacional, se fijan las escalas de remuneración correspondientes a dichos empleos y se dictan otras disposiciones”, en cuyos artículos 52 a 57 regulaba todo lo relativo a la prima técnica.
2.6.4.- Por su parte, mediante la Ley 60 del 28 de diciembre de 1990 “Por la cual se reviste el Presidente de la República de facultades extraordinarias para modificar la nomenclatura, escalas de remuneración, el régimen de comisiones, viáticos y gastos de representación y tomar otras medidas en relación con los empleados del sector público del orden nacional”, se le otorgaron facultades extraordinarias al Presidente de la República para modificar el régimen de prima técnica en las distintas Ramas y Organismos del Sector Público.
2.6.5.- En ejercicio de esas facultades, el presidente de la República expidió, entre otros, el Decreto Ley No. 1661 del 27 de junio de 1991 “Por el cual se modifica el régimen de Prima Técnica, se establece un sistema para otorgar estímulos especiales a los mejores empleados oficiales y se dictan otras disposiciones”, el cual resultaba aplicable al Sistema Especial de Carrera Administrativa de la Unidad Administrativa Especial Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales, por remisión expresa del artículo 61 del Decreto No. 1647 de 1991.
2.6.6.- En el artículo 2º del referido Decreto Ley No. 1661 de 1991 se consagraron los criterios para acceder al reconocimiento de la prima técnica y en el 3º se señaló que serían beneficiarios de esta los funcionarios que desempeñaran cargos de “los niveles profesional, ejecutivo, asesor o directivo”.
2.6.7.- El anterior Decreto, fue reglamentado por el ejecutivo a través del Decreto No. 2164 del 17 de septiembre de 1991, que en su artículo 3º precisó los criterios para el reconocimiento de la prima técnica por formación avanzada y experiencia altamente calificada y a través de su artículo 4º especificó que tendrían derecho a su reconocimiento “los empleados que desempeñen, en propiedad, cargos de los niveles profesional, ejecutivo, asesor o directivo, que sean susceptibles de asignación de prima técnica de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 7 del presente decreto y que acrediten título de estudios de formación avanzada y experiencia altamente calificada en el ejercicio profesional o en la investigación técnica o científica, en áreas relacionadas con las funciones propias del cargo, durante un término no menor de tres (3) años(…)”. (Resaltado por fuera del texto).
2.6.8.- Según el artículo 14 del aludido Decreto No. 2164 de 1991, su vigencia empezaría a partir de la fecha de su publicación, que fue en el Diario Oficial No. 40039 del 17 de septiembre de 1991.
2.6.9.- El antecitado decreto, fue modificado posteriormente a través del Decreto No. 1724 del 4 de julio de 1997, mediante el cual se unificó el régimen de prima técnica para todos los empleados públicos del Estado, se mantuvieron los criterios para el reconocimiento de la prima técnica por formación avanzada y experiencia altamente calificada, pero modificó los cargos y niveles de empleados que podían acceder a la misma, al disponer mediante su artículo primero:
“Artículo 1º.- La prima técnica establecida en las disposiciones legales vigentes, solo podrá asignarse por cualquiera de los criterios existentes, a quienes estén nombrados con carácter permanente en un cargo de los niveles Directivo, Asesor, o Ejecutivo, o sus equivalentes en los diferentes Órganos y Ramas del Poder Públicos” (Subrayas por fuera del texto).
No obstante, lo anterior, a través su artículo 4º creo un régimen de transición en los siguientes términos:
“Artículo 4º.- Aquellos empleados a quienes se les haya otorgado prima técnica, que desempeñen cargos de niveles diferentes a los señalados en el presente Decreto, continuarán disfrutando de ella hasta su retiro del organismo o hasta que cumplan las condiciones para su pérdida, consagrada en las normas vigentes al momento de su otorgamiento”.
En cuanto a su vigencia señaló que regiría a partir de la fecha de su publicación, modificó el artículo 3º del Decreto No. 1661 de 1991, los artículos 2º, 3º y 5º del Decreto No. 1384 de 1996, el artículo 5 del Decreto No. 55 de 1997, el artículo 8 del Decreto 52 de 1997 y las demás disposiciones que le fueran contrarias.
2.6.10.- Finalmente, por medio del artículo 4º del Decreto No. 1335 de 1999 y el Decreto No. 1336 del 27 de mayo de 2003, se precisó que serían beneficiarios de la prima técnica por formación avanzada y experiencia, los empleados que desempeñaran en propiedad cargos de niveles ejecutivo, asesor o directivo.
2.6.11.- Seguidamente, el Decreto No. 2177 del 29 de junio de 2006, modificó los requisitos para acceder a la prima técnica por formación avanzada y experiencia.
2.6.12.- Ahora bien, en lo relativo a la aplicación del régimen de transición contenido en el artículo 4º del Decreto No. 1724 de 1997, se generaron dos posibles interpretaciones de la norma.
2.6.12.1.- Con sujeción a la primera de ellas, se consideró que el régimen de transición sólo podía beneficiar a quienes en vigencia del Decreto No. 1661 de 1991 hubieran obtenido el reconocimiento de la prima técnica por formación avanzada y experiencia altamente calificada, pero no a quienes la hubieran obtenido por evaluación de desempeño, pues esta última no tenía carácter permanente y debía ser obtenida año tras año. En consecuencia, sus efectos no podían extenderse a través de un régimen de transición.
2.6.12.2.- Conforme con la segunda se entiende que, podían ser beneficiarios del régimen de transición aquellos funcionarios que para la entrada en vigencia del Decreto No. 1724 de 1997, esto es, 11 de julio de 1997, no ocuparan cargos en los niveles directivo, asesor o ejecutivo de la entidad, siempre que cumplieran los siguientes requisitos:
“i) que tuvieran derecho al reconocimiento de la prima técnica por evaluación de desempeño bajo el régimen del Decreto 1661 de 1991, esto es, que hubieren laborado para la respectiva entidad en la vigencia de la normativa mencionada y que, desde luego, cumplieran los requisitos legales exigidos por la misma;
(ii) que hubieran reclamado la prima técnica antes o después de la entrada en vigencia del Decreto 1724 de 1997, siempre que tuvieren derecho a la prima mencionada en vigencia del Decreto 1661 de 1991;
(iii) que la entidad demandada injustificadamente hubiera guardado silencio frente a la petición o, se entiende, hubiera resuelto la misma en forma negativa”.
2.6.12.3.- De esta forma, el régimen de transición para obtener el reconocimiento de la prima técnica por formación avanzada y experiencia altamente calificada resulta aplicable tanto frente aquellos que devengaban la prima técnica por haber reunido los requisitos legales, así como a quienes sin habérsele reconocido cumplen las condiciones previstas en la ley.
2.6.13.- Esta Corporación, respecto al cumplimiento de los requisitos exigidos en la ley para efectos de reconocer el incentivo de la prima técnica en favor de funcionarios de la Unidad Administrativa Especial Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales, ha precisado:
i) “La experiencia exigida debe ser adicional a la que se necesita para el desempeño del cargo y debe adquirirse en el ejercicio profesional o en la investigación técnica o científica.
ii) El cumplimiento del requisito debe ser valorado por el jefe del organismo, de acuerdo a la documentación que el interesado acredite.
iii) Por último, y de la simple estructura de la expresión, se deduce que no puede ser cualquier tipo de experiencia, pues ese sustantivo fue calificado por un adjetivo, el cual, a su turno, se refuerza con el adverbio “altamente”. Al respecto, en el concepto No. 2081 de 2 de febrero de 2012, la Sala de Consulta y Servicio Civil del Consejo de Estado sostuvo que:
“(…)
La expresión “altamente calificada” como criterio para acceder a la prima técnica no es equivalente a la “experiencia profesional”. La primera alude a condiciones profesionales de excelencia que por razones de estudios, conocimientos, talentos, destrezas y habilidades, exceden los requisitos establecidos para ocupar un empleo. La experiencia profesional, en cambio, es una de las condiciones que junto con el requisito de estudio, forma parte del perfil de competencias que ordinariamente se requieren para ocupar el empleo.
(…)
La experiencia altamente calificada como criterio para acceder a la prima técnica puede haberse conseguido o completado en el ejercicio del cargo sobre el cual se está solicitando su reconocimiento o también en otros empleos públicos o privados. En todo caso debe tener la calidad de “calificada” a que se ha hecho referencia en la respuesta anterior”
En la ya citada Sentencia del 29 de enero de 2015, la Sala resaltó que, “del marco propio de la DIAN, la experiencia altamente calificada fue abordada en la Resolución No. 3682 de 1994, estableciendo que por tal se tendría en cuenta la lograda en cargos del sector hacendario. Y, en los actos administrativos posteriores, aunque no lo estableció de manera expresa, sí advirtió que tenía relación con los conocimientos, habilidades y destrezas adquiridas a través del ejercicio profesional en el desempeño de cargos o en investigación técnica o científica, siempre que tuvieran que ver con las funciones del empleo sobre el cual se solicitaba el beneficio. Se agregó, también, que sería acreditada mediante certificaciones o constancias escritas”.
Otro de los aspectos importantes sobre el concepto de experiencia altamente calificada para efectos del reconocimiento de la Prima Técnica, tiene que ver con el momento desde el cual se entiende que se empieza a adquirir esta y no experiencia común en el ejercicio cotidiano de un cargo público.
Sobre el particular la jurisprudencia de esta Corporación ha sido pacifica al señalar que la experiencia altamente calificada se empieza a contar a partir del momento de la adquisición de un título especialización, el cual es considerado como título de formación avanzada”.
2.6.14.- Pues bien, de lo expuesto en líneas precedentes se deduce sin esfuerzo alguno que, aunque para acceder al reconocimiento de la prima técnica, la denominada experiencia altamente calificada se refiere a la obtenida con posterioridad a la adquisición de un título de formación avanzada, esta debe estar directamente relacionada con las funciones del cargo del Sistema de Carrera que de manera permanente desempeñe el respectivo funcionario.
Así las cosas, la prima técnica por formación avanzada y experiencia altamente calificada, puede ser reconocida a un funcionario que obtenga un título de postgrado, pero siempre y cuando éste se encuentre relacionado directamente con el cargo que desempeñe de forma permanente en el Sistema de Carrera Administrativa de la Unidad Administrativa Especial Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales, pues dicho supuesto garantiza la finalidad primordial del incentivo al que se alude, que no es otra que “premiar a aquel funcionario que está calificado y cuenta con los conocimientos, capacidades y experiencia para el efectivo ejercicio del cargo y para atender las necesidades del servicio”.
Con otras palabras, para reconocer el incentivo de la prima técnica por experiencia altamente calificada, no se puede tener en cuenta aquella adquirida en el ejercicio independiente de la profesión, que no tenga relación alguna con las funciones del cargo que desempeña el funcionario, dentro del sistema de carrera administrativa.
Luego, si lo que ocurre en un determinado asunto, es que el funcionario acredita tener una experiencia altamente calificada y que esta se relaciona directamente con el cargo que desempeña, pero no demuestra haberse vinculado a la entidad mediante el sistema de carrera administrativa, es evidente que, en esa hipótesis, tampoco hay lugar al reconocimiento del incentivo económico al que se alude.
2.6.15.- Por último, es de anotar que mediante la sentencia de unificación proferida el 19 de mayo de 2016 dentro del proceso radicado bajo el No. CE-SUJ 205001233300020120079101 (4499-13), por la Sección Segunda de esta Corporación, con ponencia del Magistrado Luis Rafael Vergara, se consideró que la incorporación automática a los cargos de carrera efectuada por la Nación – Unidad Administrativa Especial Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales con fundamento en el Decreto No. 2117 de 1992, era inconstitucional, razón por la cual aquellos funcionarios o empleados que se vieron beneficiados por dicha norma no podían acceder a los derechos propios de empleados vinculados mediante el sistema de carrera administrativa, dentro de estos, al reconocimiento de la prima técnica por formación avanzada y experiencia altamente calificada.
2.7.- La solución del caso concreto
2.7.1.- En cuanto al problema jurídico planteado, alega el tutelante que la Sección Segunda Subsección B de esta Corporación para adoptar su decisión no valoró las pruebas debidamente aportadas al proceso, por lo que se configuró un defecto fáctico en su dimensión negativa.
Al respecto considera la Sala que contrario a lo que señala el ahora tutelante, el juez de segunda instancia en la sentencia que es objeto de impugnación, para adoptar su decisión, sí valoró en su integridad las pruebas que consideró relevantes, así bien, hizo un estudio juicioso y detallado tanto del marco legal y jurisprudencial de la prima técnica por formación avanzada y experiencia totalmente calificada, como de la pruebas documentales arrimadas al proceso; elementos a partir de los cuales estimó que teniendo en cuenta que el accionante no logró demostrar su vinculación a la entidad mediante un sistema de carrera, no había lugar a reconocer a su favor la referida prima técnica.
En efecto, el marco normativo y jurisprudencial de la prima técnica al que se hizo referencia en líneas precedente es claro al señalar que sólo pueden acceder al reconocimiento y pago de la misma, aquellos funcionarios que acrediten una experiencia altamente calificada y esta se encuentre relacionada directamente con el cargo que desempeñe de forma permanente en el Sistema de Carrera Administrativa de la Unidad Administrativa Especial Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales, y como el actor no acreditó haberse vinculado mediante carrera administrativa, no había lugar a su reconocimiento, pues se encontró que su vinculación fue de carácter ordinario.
De otro lado, alega el tutelante que para adoptar su decisión la Subsección B de la Sección Segunda del Consejo de Estado, no tuvo en cuenta el contenido de la Resolución No. 938 del 10 de mayo de 1990, mediante la cual se dispuso:
“Que el Ministro de Hacienda y Crédito Público llamó a concurso cerrado mediante invitación 0451 del 1º de febrero de 1990, para proveer el cargo de Profesional especializado 3010 Grado 10, del Despacho del Administrador de la Administración de Impuestos Nacionales de Grandes Contribuyentes de Bogotá de la Dirección General de Impuestos Nacionales.
Que la lista de probados de fecha 20 de abril de 1990, del mencionado concurso quedaron (…) SAÚL SAAVEDRA MATEUS…
(…)
Que en razón a las actuales necesidades del servicio en otras dependencias de dicha Dirección, se hace necesario efectuar varios nombramientos en concordancia con el Inciso 4º del artículo 8º del Decreto 1290 de 1988, el cual establece que “Opcionalmente, cuando lo considere conveniente, la Dirección en la cual se va a proveer la vacante, podrá proponer a la autoridad nominadora que el nombramiento se haga con base en las listas de aprobados de otras Direcciones para cargos similares o para cargos superiores de la misma área y Dirección.
(…)
DECRETA
ARTÍCULO 3º.- Nombrase con carácter ordinario a SAUL SAAVEDRA MATEUS, con C.C. No. 5668015 de La Paz, actual Profesional Especializad 3010 Grado 08, de la Dirección General de Impuestos Nacionales, en el cargo de Profesional Especializado 3010 Grado 10, de la mencionada Dirección. Actualmente vacante, cargo creado por decreto número 1350 del 8 de julio de 1988…”.
Ahora, si bien el juez de segunda instancia, mediante la sentencia que ahora es objeto de la acción de tutela no se refirió explícitamente al contenido de la resolución transcrita, esta no era determinante en su decisión, pues por medio de la misma lo único que se logra evidenciar es que la vinculación del señor Saul Saavedra Mateus a la Nación – Unidad Administrativa Especial Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales, fue de carácter ordinario y no de carrera.
En efecto, el estudio de la Resolución No. 938 del 10 de mayo de 1990 que el ahora tutelante extraña, resulta inane, sobre la base de que él debía acreditar su vinculación a la entidad mediante el sistema de carrera administrativa, circunstancia que no logró demostrar ni con los documentos arrimados al proceso, ni con la referida resolución.
Así las cosas, encuentra la Sala que contrario a lo que consideró la Sección Cuarta de esta Corporación, la Sección Segunda Subsección B, mediante la sentencia del 31 de mayo de 2018, adoptó su decisión con base en las normas aplicables al asunto y a los documentos arrimados al expediente y que los cargos planteados por el ahora tutelante se dirigen a concebir este mecanismo constitucional como una instancia ordinaria adicional, en la que se controviertan asuntos de naturaleza legal, más no como un instrumento de protección frente a la violación de los derechos constitucionales fundamentales.
En efecto, de los argumentos expuestos por el tutelante lo que se evidencia es que está cuestionando la legalidad de la sentencia proferida el 31 de mayo de 2018 y con ello se advierte la finalidad de revivir el análisis jurídico y probatorio efectuado por el juez de segunda instancia dentro del proceso iniciado en ejercicio de la acción de nulidad y restablecimiento del derecho, para de esta forma obtener una providencia favorable a sus intereses, en la que se le reconozcan las sumas por concepto de la prima técnica por formación avanzada y experiencia altamente calificada, lo cual resulta del todo improcedente en sede de acción de tutela.
En conclusión, con la sentencia proferida el 31 de mayo de 2018, la Subsección B de la Sección Segunda del Consejo de Estado no vulneró los derechos fundamentales a la igualdad, y al debido proceso del tutelante y tampoco incurrió en el alegado defecto fáctico en su dimensión negativa.
Con fundamento en las consideraciones expuestas, la Sala procederá a revocar el fallo de tutela proferido por la Sección Cuarta de esta Corporación el 12 de febrero de 2019 y en su lugar procederá a negar el amparo constitucional solicitado.
En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado en Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, Subsección C, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley,
RESUELVE
PRIMERO: REVOCAR el fallo de tutela proferido por la Sección Cuarta de esta Corporación el 12 de febrero de 2019.
SEGUNDO: NEGAR la solicitud de amparo constitucional presentada por Saúl Saavedra Mateus.
TERCERO: NOTIFICAR la presente decisión a las partes intervinientes e interesados, en la forma prevista en el artículo 30 del Decreto No. 2591 de 1991.
CUARTO: REMITIR el expediente a la Corte Constitucional para su eventual revisión al día siguiente de su ejecutoria, conforme a lo dispuesto en el artículo 31 del Decreto No. 2591 de 1991.
CÓPIESE, NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE
JAIME ENRIQUE RODRÍGUEZ NAVAS GUILLERMO SÁNCHEZ LUQUE
Presidente de la Sala Magistrado
Aclaración de voto Cfr.
Rad. 11001-03-15-000-2018-03386-01/19.
NICOLÁS YEPES CORRALES
Consejero Ponente
Folios 81 a 85 del C. Principal. Folios 108 a 111 del C. Principal. Folios 1 del C. Principal. Folios 1 a 15 del C. Principal. Folios 13 y 14 del C. Principal. Folios 17 a 26 del C. Principal. Folio 10 del C. Principal. Folio 35 del C. Principal. Folios 36 a 41 del C. Principal. Folios 42 a 44 del C. Principal. Folios 64 a 68 del C. Principal. Folios 70 a 75 del C. Principal. Folios 81 a 85 del C. Principal. Folios 108 a 111 del C. Principal.
“ARTICULO 86. Toda persona tendrá acción de tutela para reclamar ante los jueces, en todo momento y lugar, mediante un procedimiento preferente y sumario, por sí misma o por quien actúe a su nombre, la protección inmediata de sus derechos constitucionales fundamentales, cuando quiera que éstos resulten vulnerados o amenazados por la acción o la omisión de cualquier autoridad. La protección consistirá en una orden para que aquel respecto de quien se solicita la tutela, actúe o se abstenga de hacerlo. El fallo, que será de inmediato cumplimiento, podrá impugnarse ante el juez competente y, en todo caso, éste lo remitirá a la Corte Constitucional para su eventual revisión. Esta acción solo procederá cuando el afectado no disponga de otro medio de defensa judicial, salvo que aquella se utilice como mecanismo transitorio para evitar un perjuicio irremediable. En ningún caso podrán transcurrir más de diez días entre la solicitud de tutela y su resolución. La ley establecerá los casos en los que la acción de tutela procede contra particulares encargados de la prestación de un servicio público o cuya conducta afecte grave y directamente el interés colectivo, o respecto de quienes el solicitante se halle en estado de subordinación o indefensión”.
“Artículo 2.2.3.1.2.1. Reparto de la acción de tutela.
(…)
5. Las acciones de tutela dirigidas contra los Jueces o Tribunales serán repartidas, para su conocimiento en primera instancia, al respectivo superior funcional de la autoridad jurisdiccional accionada”.
“Por medio del cual se expide el Decreto Único Reglamentario del Sector Justicia y del Derecho”.
“Por el cual se modifican los artículos 2.2.3.1.2.1, 2.2.3.1.2.4 y 2.2.3.1.2.5 del Decreto 1069 de 2015, Único Reglamentario del Sector Justicia y del Derecho, referente a las Reglas de Reparto de las Acciones de Tutela”.
“Por medio del cual se modifica el reglamento del Consejo de Estado”. Corte Constitucional. Sentencia T-267 del 8 de mayo de 2013, M.P. Jorge Iván Palacio Palacio “se manifiesta cuando el funcionario judicial niega o valora la prueba de manera arbitraria, irracional y caprichosa u omite su evaluación, y sin razón valedera da por no probado el hecho o la circunstancia que de la misma emerge clara y objetivamente. Esta dimensión comprende las omisiones en la apreciación de pruebas determinantes para identificar la veracidad de los hechos analizados por el juez”. Corte Constitucional. Sentencia T-233 del 29 de marzo de 2007.M.P. Marco Gerardo Monroy Cabra “El juez, en el ejercicio de su facultad de valoración, deja de apreciar una prueba fundamental para la solución del proceso, ignora sin razones suficientes elementos probatorios cruciales o, simplemente, efectúa un análisis ostensiblemente deficiente e inexacto respecto del contenido fáctico del elemento probatorio”.
“Por el cual se fija el régimen de clasificación y remuneración de los empleos de los Ministerios, Departamentos Administrativos y Superintendencias”. Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sentencia del 22 de febrero de 2018, Expediente 2012-01284-01 (2129-2016), M.P. Sandra Lisset Ibarra Vélez. Decretos Nos. 1912 de 1973, No. 2554 de 1973, No. 2285 de 1978, entre otros.
“Por el cual se determina el régimen de primas técnicas en la Rama Ejecutiva del Poder Público del orden naciona”l.
“ARTÍCULO 61. Prestaciones sociales y otros beneficios.
Los funcionarios de la Dirección de Impuestos Nacionales tendrán derecho a todas las prestaciones sociales y beneficios consagrados para los empleados públicos de la rama ejecutiva del orden nacional, más los contemplados en este decreto”.
“Por el cual se establece el régimen de personal, la carrera tributaria, sistema de planta y el régimen prestacional de los funcionarios de la dirección de impuestos nacionales, se crea el fondo de cuestión tributaria y se dictan otras disposiciones”.
“ARTICULO 2°. CRITERIOS PARA OTORGAR PRIMA TECNICA. Para tener derecho a Prima Técnica serán tenidos en cuenta alternativamente uno de los siguientes criterios, siempre y cuando, en el primer caso, excedan de los requisitos establecidos para el cargo que desempeñe el funcionario o empleado:
a). Título de estudios de formación avanzada y experiencia altamente calificada en el ejercicio profesional o en la investigación técnica o científica en áreas relacionadas con las funciones propias del cargo durante un término no menor de tres (3) años, o
b). Evaluación del desempeño. (…). ” . PARÁGRAFO 1º.- Los requisitos contemplados en el literal a) podrán ser reemplazados por experiencia altamente calificada en el ejercicio profesional o en la investigación técnica o científica en áreas relacionadas con las funciones propias del cargo durante un término no menor de seis (6) años. PARÁGRAFO 2º.- La experiencia a que se refiere este artículo será calificada por el jefe de la entidad con base en la documentación que el funcionario acredite”.
“ARTICULO 3o. Niveles en los cuales se otorga prima técnica. Para tener derecho al disfrute de Prima Técnica con base en los requisitos de que trata el literal a) del artículo anterior, se requiere estar desempeñando un cargo en los niveles profesional, ejecutivo, asesor o directivo. La Prima Técnica con base en la evaluación del desempeño podrá asignarse en todos los niveles. PARAGRAFO. En ningún caso podrá un funcionario o empleado disfrutar de más de una Prima Técnica.
“Por el cual se reglamenta parcialmente el Decreto – Ley 1661 de 1991”.
“Artículo 3º. criterios para su asignación. La prima técnica podrá otorgarse alternativamente por:
a) Título de estudios de formación avanzada y tres (3) años de experiencia altamente calificada; o
b) Terminación de estudios de formación avanzada y seis (6) años de experiencia altamente calificada; o
c) Por evaluación del desempeño”.
“Por el cual se modifica el régimen de Prima Técnica para los empleados públicos del Estado”.
Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Segunda, Subsección B, Sentencia del 21 de enero de 2016, Expediente 2014-00136-01 (4507-14), M.P. Gerardo Arenas Monsalve, Salvamento de voto del Magistrado Jesús María Lemos Bustamante, presentado el 9 de octubre de 2003, frente al fallo del 8 de agosto de 2003, proferido dentro del Expediente: 2001-00008-01 Ref.: (0426-03), M.P. Alejandro Ordóñez Maldonado.
Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Segunda, Sentencia del 8 de agosto de 2003, proferido dentro del Expediente: 2001-00008-01 Ref.: (0426-03), M.P. Alejandro Ordóñez Maldonado.
Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección B, C.P Sandra Lisset Ibarra Vélez, expediente 54001233300020120015201 (3955-2013), demandante: Elda Rosa Barrios Quijano, demandado: DIAN (cita original del fallo que se cita).
Consultar Sentencia de 27 de junio de 2013, radicado interno No. 1880-2012, M.P. Dr. Gerardo Arenas Monsalve, actor: Jorge Jairo Quintero Bustamante.
Consejo de Estado Sección Segunda, Subsección B, C.P. Bertha Lucía Ramírez de Páez, Sentencia del 8 de marzo de 2012, Expediente No. 1885-201, accionante: Flora Elena Fierro Manzano, demandado: Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales.
Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Segunda, Subsección B, Sentencia del 22 de febrero de 2018, Expediente No. 2012-01284-01 (2199-2016), M.P. Sandra Lisset Ibarra Vélez.
Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Segunda, Subsección B, Sentencia del 22 de febrero de 2018, Expediente, 2012-01284-01 (2129-2016).
Folios 27 a 30 del C. Principal.
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