Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 11001-03-15-000-2018-04329-00
Consejo de Estado · Sección Segunda
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Consejo de Estado · Sección Segunda
Acción de tutela contra providencia judicial
Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 11001-03-15-000-2018-04329-00
Consejo de Estado · Sección Segunda
República de Colombia
Consejo de Estado
Sección Segunda
Radicado 11001-03-15-000-2018-04329-00
Consejero ponente: Carmelo Darío Perdomo Cuéter
17 de enero de 2019
ACCIÓN DE TUTELA CONTRA PROVIDENCIA JUDICIAL / VULNERACIÓN DEL DERECHO DE ACCESO A LA ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA / VULNERACION DEL DERECHO AL DEBIDO PROCESO / DEFECTO PROCEDIMENTAL POR EXCESO RITUAL MANIFIESTO
[S]e observa que el proveído cuestionado incurrió en exceso ritual manifiesto al rechazar la demanda de reparación directa 05001-33-33-022-2017-00492-00 porque el aquí peticionario no hizo presentación personal al poder conferido al abogado que la instauró, pues fue una decisión en la cual se aplicó con extremo rigor procesal el artículo 74 del CGP, en desconocimiento de su estado de vulnerabilidad y, por ende, de sus derechos constitucionales fundamentales de acceso a la administración de justicia y debido proceso, último que «[…] no admite dilaciones injustificadas en el trámite de los asuntos puestos en conocimiento de los jueces […]» , como lo es darle prevalencia a aspectos formales en desatención de las circunstancias del caso concreto. En virtud de lo anterior, la Sala (i) amparará los derechos constitucionales fundamentales de acceso a la administración de justicia y debido proceso del señor [J.J.J.D.]; (ii) dejará sin efectos el ordinal segundo de la parte decisoria del auto de 9 de octubre de 2018, por medio del cual el Tribunal Administrativo de Antioquia (sala primera de oralidad) confirmó el rechazo de la demanda de reparación directa 05001-33-33-022-2017-00492-00 respecto del aquí tutelante, dispuesta por el Juzgado Veintidós (22) Administrativo de Medellín en el proveído de 17 de noviembre de 2017; y (iii) ordenará a los señores magistrados accionados que dentro de los diez (10) días siguientes a la notificación de esta providencia, profieran una nueva en la que atiendan las consideraciones esbozadas en este fallo.
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN SEGUNDA
SUBSECCIÓN B
Consejero ponente: CARMELO PERDOMO CUÉTER
Bogotá, D.C., diecisiete (17) de enero de dos mil diecinueve (2019)
Radicación número: 11001-03-15-000-2018-04329-00(AC)
Actor: JHON JAIRO JULIO DÍAZ
Demandado: MAGISTRADOS DEL TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DE CALDAS
Procede la Sala a dictar la sentencia que en derecho corresponda dentro del trámite relacionado con la acción de tutela incoada por el señor Jhon Jairo Julio Díaz contra los señores magistrados de la sala primera (1.ª) de oralidad del Tribunal Administrativo de Antioquia y Juez Veintidós (22) Administrativo de Medellín, por la presunta vulneración de sus derechos constitucionales fundamentales de acceso a la administración de justicia y debido proceso.
ANTECEDENTES
La solicitud de amparo (ff. 1 a 7 c. 1). El señor Jhon Jairo Julio Díaz, quien actúa en nombre propio, presenta acción de tutela con el fin de obtener la protección de los derechos constitucionales fundamentales a los que se hizo referencia, presuntamente quebrantados por los señores magistrados de la sala primera (1.ª) de oralidad del Tribunal Administrativo de Antioquia y Juez Veintidós (22) Administrativo de Medellín.
Como consecuencia de lo anterior, se dejen sin efectos los autos de (i) 17 de noviembre de 2017, por medio del cual el Juzgado Veintidós (22) Administrativo de Medellín rechazó, respecto a él, el medio de control de reparación directa 05001-33-33-022-2017-00492-00 incoado contra la Nación – Ministerio de Justicia y del Derecho – Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario (Inpec) y Unidad de Servicios Penitenciarios y Carcelarios (Uspec); y (ii) 9 de octubre de 2018, con el que el Tribunal Administrativo de Antioquia (sala primera de oralidad) confirmó aquella decisión; y, en su lugar, se ordene a las autoridades accionadas expedir una nueva providencia en la que admitan la mencionada demanda contencioso-administrativa en lo que a él atañe y surtan el trámite correspondiente.
1.2 Hechos. Relata el accionante que está recluido en la cárcel Bellavista de Medellín, donde ha sido objeto de tratos crueles e inhumanos debido al hacinamiento, el cual le ha producido afecciones físicas y mentales, como angustia, ansiedad, etc., sin que el Estado adopte medidas eficaces para superar la difícil situación en la que se encuentran los presos del país.
Que en razón a dicha problemática, junto con otros internos, instauró el 4 de octubre de 2017 medio de control de reparación directa 05001-33-33-022-2017-00492-00 contra la Nación – Ministerio de Justicia y del Derecho – Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario (Inpec) y Unidad de Servicios Penitenciarios y Carcelarios (Uspec), con el propósito de que se declarara administrativamente responsable de los daños que sufre en prisión y se le ordenara indemnizarlos.
Dice que para promover ese trámite judicial le otorgó poder a un abogado sin la presentación personal ante notario, por cuanto está privado de la libertad y solo puede salir del centro de reclusión por solicitud de un juez o fiscal o al sufrir problemas de salud, y no para efectuar diligencias notariales, las cuales no podría adelantar porque no tiene a su disposición la cédula de ciudadanía y tampoco cuenta con recursos económicos.
Que en la demanda contencioso-administrativa puso en conocimiento su imposibilidad de autenticar el memorial-poder, de ahí que pidiera autorizar su traslado al despacho judicial de conocimiento en aras de agotar esa gestión o comisionar para ello al director de la cárcel de Bellavista; pese a lo anterior, el Juzgado Veintidós (22) Administrativo de Medellín, el 18 de octubre de 2017, inadmitió la demanda por no surtirse la mentada formalidad y le concedió diez (10) días para superar tal omisión.
Agrega que ante la dificultad de subsanar el escrito inicial, no lo hizo, motivo por el cual dicho juzgado lo rechazó, con auto de 17 de noviembre de 2017, contra el que su apoderado interpuso recurso de apelación, bajo el argumento de que no atendía su condición de sujeto de especial protección y en él no se analizaron las peticiones formuladas con el fin de que se adoptaran ciertas medidas tendientes a que él hiciera la nota de presentación personal.
Que el Tribunal Administrativo de Antioquia (sala primera de oralidad), por medio de proveído de 9 de octubre de 2018, desató la alzada en el sentido de confirmar el rechazo de la demanda respecto de él, porque a pesar de que el sistema normativo establece procedimientos para que la población carcelaria realice gestiones notariales, no los utilizó.
Sostiene que en las providencias censuradas las autoridades accionadas no tuvieron en cuenta que la única forma que tenía de otorgar en debida forma el mandato judicial era a través de la oficina de apoyo, dado que estaba recluido y no tenía recursos para cubrir los gastos notariales, lo que quebranta sus derechos constitucionales fundamentales aludidos en la solicitud de amparo, máxime cuando no estaba en la posibilidad de surtir esa formalidad, y configura un exceso ritual manifiesto por aplicar con excesiva ritualidad el ordenamiento jurídico-procesal.
Que de comisionarse al director de la cárcel donde se encuentra preso, como lo pidió, hubiere podido cumplir con la referida exigencia, pero ello no ocurrió, lo que soslaya su calidad de sujeto de especial protección constitucional e ignora la realidad de las prisiones en el país, la cual impide que haya una notaría en todos los centros de reclusión.
II. TRÁMITE PROCESAL
Por alcanzar a satisfacer los requisitos formales, el Consejo de Estado, a través de auto de 22 de noviembre de 2018 (f. 47 c. 1), admitió la presente acción y ordenó notificar a los señores magistrados de la sala primera (1.ª) de oralidad del Tribunal Administrativo de Antioquia y Juez Veintidós (22) Administrativo de Medellín.
2.1 Contestaciones de la acción.
2.1.1 El señor Juez Veintidós (22) Administrativo de Medellín (ff. 51 y 52 c. 1) pide desestimar las pretensiones de la acción de tutela de la referencia, comoquiera que en el trámite ordinario se le brindó la posibilidad al tutelante de enmendar su omisión de autenticar el poder que concedió para la instauración de la mencionada demanda contencioso-administrativa, ya que en el proveído inadmisorio de 18 de octubre de 2017 se le dieron diez (10) días, pero no lo hizo pese a que podía acceder a los turnos que se otorgan a los reclusos para prestarles los servicios notariales, lo que impide atribuirle desconocimiento de las garantías superiores aludidas en el escrito inicial.
Que el actor promovió la acción de tutela de la referencia con el fin de revivir una controversia decidida debidamente, propósito que contraría su naturaleza jurídica, cuanto más si sobre el particular operó el fenómeno de la cosa juzgada.
2.1.2 Los señores magistrados de la sala primera (1.ª) de oralidad del Tribunal Administrativo de Antioquia guardaron silencio.
III. CONSIDERACIONES
3.1 Competencia. Corresponde a esta Colegiatura, en virtud de las reglas de reparto de la acción de tutela, previstas en el Decreto 1382 de 2000, determinar si en el presente caso hay lugar al amparo deprecado por el accionante, quien aduce quebranto de sus derechos constitucionales fundamentales de acceso a la administración de justicia y debido proceso.
3.2 La acción. Como se sabe, la acción de tutela prevista en el artículo 86 de la Carta Política y reglamentada por los Decretos 2591 de 1991, 306 de 1992 y 1382 de 2000, como mecanismo directo y expedito para la protección de los derechos constitucionales fundamentales, permite a las personas reclamar ante los jueces, en todo momento y lugar, mediante un procedimiento preferente y sumario, el amparo inmediato de ellos cuando quiera que resulten amenazados o vulnerados por la acción o la omisión de cualquier autoridad pública o de los particulares, siempre que no se disponga de otro medio de defensa judicial, salvo que se trate de impedir un daño irremediable, en cuyo evento procede como mecanismo transitorio.
3.3 Cuestión preliminar. El accionante pide dejar sin efectos los autos de (i) 17 de noviembre de 2017, por medio del cual el Juzgado Veintidós (22) Administrativo de Medellín rechazó, respecto a él, el medio de control de reparación directa 05001-33-33-022-2017-00492-00 incoado contra la Nación – Ministerio de Justicia y del Derecho – Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario (Inpec) y Unidad de Servicios Penitenciarios y Carcelarios (Uspec); y (ii) 9 de octubre de 2018, con el que el Tribunal Administrativo de Antioquia (sala primera de oralidad) confirmó aquella decisión.
Sin embargo, la Sala únicamente centrará su estudio jurídico en la providencia de 9 de octubre de 2018, por ser la que al decidir el recurso de apelación interpuesto contra la de 17 de noviembre de 2017, puso fin a dicho trámite contencioso-administrativo frente al aquí demandante.
3.4 Problema jurídico. Se contrae a determinar si es dable a través de la acción de tutela, examinar el eventual quebranto de derechos de linaje constitucional fundamental que pueda comportar el auto de 9 de octubre de 2018, por medio del cual el Tribunal Administrativo de Antioquia (sala primera de oralidad) confirmó el de 17 de noviembre de 2017, emitido por el Juzgado Veintidós (22) Administrativo de Medellín, en lo que respecta al rechazo del medio de control de reparación directa 05001-33-33-022-2017-00492-00, en relación con el tutelante, incoado contra la Nación – Ministerio de Justicia y del Derecho – Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario (Inpec) y Unidad de Servicios Penitenciarios y Carcelarios (Uspec); y en caso afirmativo, si se han vulnerado las garantías superiores de acceso a la administración de justicia y debido proceso invocadas en la solicitud de amparo.
3.5 La acción de tutela contra providencias judiciales. El debate jurisprudencial sobre la procedencia de la tutela contra decisiones judiciales tiene génesis en la sentencia C-543 de 1992 de la Corte Constitucional que declaró la inexequibilidad del artículo 40 del Decreto 2591 de 1991. Más adelante, la misma Corte permitió de manera excepcional y frente a la amenaza de derechos fundamentales, el reexamen de la decisión judicial en sede de tutela, con la finalidad de establecer si el fallo judicial se adoptó, en apariencia revestida de forma jurídica, cuando en realidad envolvía una vía de hecho.
La vía de hecho entendida como una manifestación burda, flagrante y desprovista de todo vestigio de legalidad, inspiró la posibilidad de instaurar la acción de tutela contra decisiones judiciales, pues no obstante el reconocimiento al principio de autonomía funcional del juez, quien la administra quebranta, bajo la forma de una providencia judicial, derechos fundamentales.
La evolución de la jurisprudencia condujo a que desde la sentencia T-231 de 1994 se determinaran cuáles defectos podían conducir a que una sentencia fuera calificada como vía de hecho, para lo cual sostuvo que esta se configura cuando se presenta, al menos, uno de los siguientes vicios o defectos protuberantes: (i) defecto sustantivo, que se produce cuando la decisión controvertida se funda en una norma indiscutiblemente inaplicable; (ii) defecto fáctico, que ocurre cuando resulta indudable que el juez carece de sustento probatorio suficiente para proceder a aplicar el supuesto legal en el que se sustenta la decisión; (iii) defecto orgánico, se presenta cuando el funcionario judicial que profirió la providencia impugnada, carece, absolutamente, de competencia para ello; y (iv) defecto procedimental, que aparece en aquellos eventos en los que se actuó completamente al margen del procedimiento previsto.
Esta doctrina constitucional ha sido reiterada en varias decisiones de unificación proferidas por la sala plena de la Corte Constitucional, entre las cuales están las sentencias SU-1184 de 2001 y SU-159 de 2002.
Posteriormente, mediante sentencia C-590 de 2005, la Corte Constitucional destacó el carácter excepcional de la acción de tutela, vale decir cuando de manera protuberante se vulneren o amenacen derechos fundamentales. La regla general de improcedencia de la acción de tutela contra tales decisiones, se expone en la citada providencia al destacar que incluso las sentencias judiciales constituyen ámbitos ordinarios de reconocimiento y realización de los derechos fundamentales y, además, porque el valor de cosa juzgada de las sentencias, la garantía del principio de seguridad jurídica y la autonomía e independencia son principios que caracterizan a la jurisdicción en la estructura del poder público.
En otro aparte, en la mencionada decisión se precisó:
[…] 22. Con todo, no obstante que la improcedencia de la acción de tutela contra sentencias es compatible con el carácter de ámbitos ordinarios de reconocimiento y realización de los derechos fundamentales inherente a los fallos judiciales, con el valor de cosa juzgada de las sentencias y con la autonomía e independencia que caracteriza a la jurisdicción en la estructura del poder público; ello no se opone a que en supuestos sumamente excepcionales la acción de tutela proceda contra aquellas decisiones que vulneran o amenazan derechos fundamentales […].
Así las cosas, se elaboró el test de procedencia de la acción de tutela contra decisiones judiciales, con fin de destacar los eventos excepcionales de aplicación, los cuales deben satisfacerse plenamente para identificar cuándo una sentencia judicial puede someterse al examen de orden estrictamente constitucional, con el fin de precisar si con la actuación se afectan derechos de relevancia constitucional o si no alcanza a vulnerarlos puesto que se profirió dentro del marco de actuación propio de los órganos judiciales ordinarios.
Tales presupuestos son: (i) Que la cuestión que se discuta resulte de evidente relevancia constitucional; lo anterior porque el juez constitucional no puede entrar a estudiar cuestiones que no tienen una clara y marcada importancia constitucional so pena de involucrarse en asuntos que corresponde definir a otras jurisdicciones. (ii) Que se hayan agotado todos los medios ordinarios y extraordinarios de defensa judicial al alcance de la persona afectada, salvo que se trate de evitar la consumación de un perjuicio iusfundamental irremediable. Al respecto señala la Corte Constitucional que de no ser así, esto es, de asumirse la acción de tutela como mecanismo de protección alternativo, se correría el riesgo de vaciar las competencias de las distintas autoridades judiciales. (iii) Que se cumpla el requisito de la inmediatez, es decir, que la tutela se hubiere interpuesto en un término razonable y proporcionado a partir del hecho que originó la vulneración. (iv) Cuando se trate de una irregularidad procesal, debe quedar claro que la misma tiene un efecto decisivo o determinante en la sentencia que se impugna y que afecta los derechos fundamentales de la parte actora. Dicha irregularidad debe comportar grave lesión de derechos fundamentales, tal como ocurre con los casos de pruebas ilícitas susceptibles de imputarse frente a crímenes de lesa humanidad, y la protección de tales derechos se genera independientemente de la incidencia que tengan en el litigio, por ello hay lugar a la anulación del juicio. (v) Que el actor identifique de manera razonable tanto los hechos que generaron la vulneración como los derechos quebrantados y que lo hubiere alegado en el proceso judicial siempre que esto hubiese sido posible. Sobre este punto, la Corte anota que esta exigencia es comprensible, pues sin que la acción de tutela llegue a rodearse de unas exigencias formales contrarias a su naturaleza y no previstas por el constituyente, sí es menester que el accionante tenga claridad en cuanto al fundamento de la afectación de derechos que imputa a la decisión judicial, que la haya planteado al interior del proceso y que dé cuenta de todo ello al momento de pretender la protección constitucional de sus derechos. (vi) Que no se trate de sentencias de tutela, dado el riguroso proceso de selección que hace la Corporación.
Asimismo, bajo el rótulo de las causales de procedibilidad se rediseñó el ámbito de comprensión de la acción de tutela contra sentencias judiciales y quedó superada la noción de vía de hecho por la de decisión ilegítima con el propósito de destacar la excepcionalidad de la acción de tutela contra decisiones judiciales, la cual solamente cuando tenga eminente relevancia constitucional resulta procedente.
Al respecto, la Corte indica que los defectos o vicios que debe presentar la decisión que se juzga, son: (i) defecto orgánico, que se presenta cuando el funcionario judicial que profirió la providencia impugnada, carece de competencia; (ii) defecto procedimental absoluto, se origina cuando el juez actuó completamente al margen del procedimiento establecido; (iii) defecto fáctico, que surge cuando el juzgador carece del apoyo probatorio que permita la aplicación del supuesto legal en el que se sustenta la decisión; (iv) defecto material o sustantivo, cuando se funda la decisión en normas inexistentes o inconstitucionales o que presentan una evidente y grosera contradicción entre las consideraciones y la decisión; (v) error inducido, se da cuando el juez o tribunal fue víctima de un engaño por parte de terceros y esto lo condujo adoptar una decisión que afecta derechos fundamentales; (vi) decisión sin motivación, que implica el incumplimiento por parte de los servidores judiciales de dar cuenta de los fundamentos fácticos y jurídicos de sus decisiones; (vii) desconocimiento del precedente, según la Corte Constitucional, en estos casos la tutela procede como mecanismo para garantizar la eficacia jurídica del contenido constitucionalmente vinculante del derecho fundamental quebrantado; y (viii) violación directa de la Constitución, que procede cuando la decisión judicial supera el concepto de vía de hecho, vale decir, en eventos en los que si bien no se está ante una burda trasgresión de la Carta, sí se trata de decisiones ilegítimas que afectan derechos fundamentales.
La Sala se ha detenido en el análisis de la posición de la Corte Constitucional en lo concerniente a la procedencia de la acción de tutela contra decisiones judiciales, por las razones que se exponen a continuación:
La primera es que en este aspecto, comparte plenamente la idea cardinal de que en el Estado social de derecho la prevalencia de los derechos constitucionales fundamentales compromete la actuación de «cualquier autoridad pública» (artículo 86 de la CP), incluidos desde luego los jueces de la República de todas las jurisdicciones y rangos.
En segundo lugar, de acuerdo con los derroteros jurisprudenciales de la Corte Constitucional aunque la acción de tutela resulta procedente contra providencias judiciales, esta comporta carácter excepcional y no puede significar, en modo alguno, una prolongación indefinida del debate jurídico.
En tercer lugar, la metodología contenida en la jurisprudencia constitucional para verificar si una decisión judicial debe o no ser tutelada, constituye un valioso mecanismo para resolver el asunto, cuya adopción facilita el análisis de este complejo problema.
Por último, es pertinente destacar que la sala plena de lo contencioso- administrativo del Consejo de Estado, la cual había sostenido que la acción de tutela resultaba improcedente para controvertir decisiones judiciales, rectificó su posición, mediante sentencia de 31 de julio de 2012, y dispuso que la acción constitucional es procedente contra providencias, cuando vulneren derechos constitucionales fundamentales, con observancia de los parámetros fijados jurisprudencialmente, así como los que en el futuro determine la ley y la jurisprudencia; lineamientos que esta subsección con anterioridad al fallo citado ha aplicado en los términos antes expuestos.
3.6 Caso concreto. Analizados los requisitos generales de procedibilidad de la acción de tutela contra providencias judiciales, en el sub lite se observa que: (i) el asunto planteado es de relevancia constitucional, pues recae sobre la presunta vulneración de los derechos fundamentales de acceso a la administración de justicia y debido proceso del tutelante; (ii) contra el auto objeto de censura no procede recurso alguno; (iii) se establecieron los hechos que originaron el presunto quebranto de las aludidas garantías superiores; (iv) la exigencia de inmediatez está satisfecha, porque el proveído atacado quedó ejecutoriado el 29 de octubre de 2018 y la solicitud de amparo de instauró el 19 de noviembre siguiente, es decir, dentro de un término prudencial (20 días), y (v) la decisión acusada no decidió una acción de tutela.
3.6.1 Hechos probados. Del escrito de tutela y las pruebas obrantes en el expediente, se destaca lo siguiente:
a) El 4 de octubre de 2017, el señor Jhon Jairo Julio Díaz incoó, junto con otras personas y por intermedio de apoderado, el medio de control de reparación directa 05001-33-33-022-2017-00492-00 contra la Nación – Ministerio de Justicia y del Derecho – Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario (Inpec) y Unidad de Servicios Penitenciarios y Carcelarios (Uspec), con el propósito de que se declarara administrativamente responsable de los daños que ha sufrido durante su reclusión en la cárcel Bellavista de Medellín y se ordenara resarcirlos (ff. 1 a 23 c. 1 del expediente ordinario).
Con la demanda contencioso-administrativa se adosaron los poderes especiales otorgados por los accionantes a su abogado, pero el único que carecía de presentación personal era el del aquí tutelante (f. 24 c. 1 del expediente ordinario).
En el libelo introductorio, el actor pidió inaplicar en el auto admisorio el artículo 74 del Código General del Proceso (CGP), que exige la autenticación del mandato judicial, comoquiera que estaba privado de la libertad y, por ende, no tenía la posibilidad de agotar ese trámite notarial; recalcó que si bien se asignan turnos a los reclusos para que accedan a los servicios notariales, estos tienen un valor económico que no puede cubrir; además, no tiene la cédula de ciudadanía, indispensable para satisfacer dichas diligencias (f. 41 c. 1 del expediente ordinario).
b) El Juzgado Veintidós (22) Administrativo de Medellín, el 18 de octubre de 2017, inadmitió la pluricitada demanda, toda vez que no se allegó constancia de cumplimiento del requisito de procedibilidad de conciliación, certificado de existencia y representación de los organismos accionados y presentación personal del poder conferido por el señor Julio Díaz (f. 44 c. 1 del expediente ordinario).
c) Con escrito de 23 de octubre de 2017, el apoderado de los demandantes adosó al expediente ordinario solo el certificado emitido por la procuraduría 31 judicial II para asuntos administrativos de Medellín, donde constaba el fracaso de la conciliación prejudicial (ff. 21 y 22 c. 1 del expediente ordinario).
d) El 17 de noviembre de 2017, el mencionado juzgado rechazó la demanda contencioso-administrativa respecto del señor Jhon Jairo Julio Díaz, en razón a que no se subsanó la omisión advertida en el auto de inadmisión, y en relación con las pretensiones dirigidas contra la Uspec, porque no se aportó «certificado de existencia y representación»; sin embargo, admitió aquella en lo que concernía a los demás accionantes y las súplicas formuladas contra la Nación – Ministerio de Justicia y del Derecho – Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario (Inpec) [f. 67 c. 1 del expediente ordinario].
e) Contra la anterior decisión los demandantes interpusieron recurso de apelación, al estimar que el aquí tutelante no estaba en la posibilidad de hacerle presentación personal al poder especial, dado que se encontraba preso, y si bien podía acceder a la asignación de un turno para agotar ese trámite notarial, este tiene un costo económico que no está en la posibilidad de sufragar y tampoco lo podía cumplir porque no tenía su cédula de ciudadanía (ff. 68 a 76 c. 1 del expediente ordinario).
f) El Juzgado Veintidós (22) Administrativo de Medellín, el 6 de diciembre de 2017, desató desfavorablemente unas solicitudes promovidas por quien decía actuar como abogado del señor Julio Díaz, en el que deprecaba fuera relevado de la carga señalada en el artículo 74 del CPG o se comisionara al director del centro de reclusión donde aquel estaba interno para que realizara la autenticación del poder, bajo el argumento de que «[en] la inadmisión [se otorgó un plazo] suficiente, [por] lo que no [se] requiere de comisión o formalismo alguno para [cumplir esa ritualidad]» (f. 66 c. 1 del expediente ordinario).
g) El Tribunal Administrativo de Antioquia (sala primera de oralidad), por medio de proveído de 9 de octubre de 2018, desató la alzada en el sentido de confirmar el rechazo del medio de control de reparación directa 05001-33-33-022-2017-00492-00 respecto del aquí tutelante, por cuanto pese a que el ordenamiento jurídico dispone el procedimiento que debe colmarse para que las personas privadas de la libertad otorguen poderes en debida forma, el actor no lo cumplió, pues no pidió el turno en atención a la Resolución 14221 de 22 de diciembre de 2016, mediante la cual la Superintendencia de Notariado y Registro fijó la prestación de servicios notariales en las cárceles del país (ff. 112 a 119 c. 1 del expediente ordinario).
Que en ese orden de ideas, no se evidenciaba violación de la prerrogativa del señor Jhon Jairo Julio Díaz de acceso a la administración de justicia, dado que el marco jurídico establece un mecanismo para que los encarcelados puedan acceder a los trámites notariales, el cual no fue utilizado por aquel.
Hechas las anteriores precisiones fácticas, la Sala efectuará las siguientes acotaciones jurídicas con el propósito de dilucidar si el pronunciamiento atacado quebranta preceptos superiores.
3.6.2 Defecto procedimental por exceso ritual manifiesto. El demandante sostiene que la providencia acusada adolece de defecto procedimental por exceso ritual manifiesto, toda vez que en ella se privilegiaron aspectos formales que no atienen su condición de sujeto de especial protección constitucional, en desconocimiento de los derechos fundamentales invocados en el libelo introductorio y que no estaba en la posibilidad de cumplir, dado que por estar privado de la libertad no podía realizar la presentación personal del poder que le otorgó al abogado que incoó la pluricitada demanda de reparación directa; además, aunque en el penal donde está interno podía pedir turno para recibir atención notarial, no tenía dinero para sufragarlo, y tampoco su cédula de ciudadanía, porque está retenida por la guardia del Inpec.
Con la finalidad de determinar si el anterior argumento está llamado a prosperar, es menester advertir que el defecto procedimental se fundamenta en los artículos 29 y 228 de la Constitución Política, referentes a las prerrogativas al debido proceso, acceso a la administración de justicia y prevalencia del derecho sustancial en las actuaciones judiciales, y puede presentarse en dos modalidades: (i) absoluto, cuando el funcionario judicial se aparta por completo del procedimiento legalmente estipulado, y (ii) por exceso ritual manifiesto, que ocurre en el evento en que «[…] hay una renuncia consciente de la verdad jurídica objetiva evidente en los hechos, por extremo rigor en la aplicación de las normas procesales […]».
La jurisprudencia constitucional, según se deduce de las sentencias SU-195 de 2002, C-590 de 2005 y T-737 de 2007, ha precisado que en esta causal deben concurrir los siguientes elementos: (i) que no se pueda corregir la irregularidad por otra vía; (ii) que el defecto procesal afecte directamente la decisión acusada de vulnerar derechos constitucionales fundamentales; (iii) que la irregularidad haya sido alegada, salvo que las propias circunstancias del caso lo impidieran; (iv) que como consecuencia de lo anterior, se vulneren garantías superiores; y (v) que el desconocimiento del procedimiento que se arguye no pueda ser atribuible al afectado.
Cabe anotar que la Corte Constitucional ha señalado que el defecto procedimental de carácter absoluto se configura cuando el juez se aparta del procedimiento preestablecido, bien porque sigue uno ajeno al autorizado ora porque omite una etapa sustancial, esto es, cuando soslaya el debido proceso de las partes e intervinientes con trámites o requisitos que no corresponden.
Por su parte, el exceso ritual manifiesto se presenta cuando el funcionario judicial privilegia aspectos procesales sobre el derecho sustancial, es decir, al abstenerse de plantear soluciones efectivas al decidir una controversia bajo el pretexto de falta de cumplimiento de algunas formalidades, situación que merma la efectividad de las providencias judiciales y atenta contra la finalidad de la administración de justicia, la cual es adoptar la mejor solución en los litigios que conoce, con el objeto de evitar que se vuelvan a presentar.
Con el fin de establecer la prosperidad de las pretensiones de la acción de tutela de la referencia, es menester efectuar el siguiente análisis jurídico.
3.6.3 Derecho de postulación. El artículo 229 de la Carta Política prevé que toda persona está facultada para acudir ante la administración de justicia en aras de que sus conflictos sean resueltos, y dispone que el legislador habrá de especificar los eventos en que pueda hacerlo sin la asistencia de un abogado.
Del mencionado precepto constitucional se infiere que, por regla general, es necesario que quien concurra ante los estrados judiciales lo haga a través de un profesional del derecho, para lo cual debe conferir un poder, que no es otra cosa que un mandato en el que este asume la responsabilidad de actuar en su nombre y representación, conforme lo estipula el artículo 2142 del Código Civil.
Con dicho poder, el apoderado adquiere autorización para ejercer las actividades a que haya lugar con el propósito de defender los intereses de quien se lo otorgó, lo que constituye una «[…] habilitación jurídica para realizar la actuación procesal […], lo que se conoce como derecho de postulación».
Ahora bien, el inciso 2 del artículo 74 del CGP, aplicable en sede contencioso-administrativa en virtud del artículo 306 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo (CPACA), establece que al poder especial concedido por escrito a un profesional del derecho debe hacérsele presentación personal, en los siguientes términos:
[… ]
El poder especial puede conferirse verbalmente en audiencia o diligencia o por memorial dirigido al juez del conocimiento. El poder especial para efectos judiciales deberá ser presentado personalmente por el poderdante ante juez, oficina judicial de apoyo o notario. Las sustituciones de poder se presumen auténticas.
[…].
La presentación personal del mandato judicial tiene como finalidad brindarle certeza a la autoridad que conoce el trámite judicial de la intención del poderdante, es decir, de que tiene el deseo de promover un litigio ante la administración de justicia y que quien dice actuar como su apoderado efectivamente lo es.
Con el objeto de dilucidar si la exigencia impuesta al tutelante por los accionados atiende el ordenamiento jurídico superior, resulta oportuno hacer las siguientes precisiones jurídicas.
3.6.4 Personas privadas de la libertad como sujetos de especial protección constitucional. Las personas privadas de la libertad están sometidas a una relación especial de sujeción con el Estado, esto es, a un vínculo jurídico que limita legítimamente el ejercicio de algunos derechos constitucionales fundamentales, tales como la libertad, educación, entre otros.
Sin embargo, hay prerrogativas de esta índole que por ser absolutas no pueden restringirse, por lo que las autoridades penitenciarias y carcelarias deben respetarlas, dentro de las que se encuentran la vida, dignidad humana, debido proceso y acceso a la administración de justicia, etc.; sobre esta última, el principio V del compendio denominado «principios y buenas prácticas sobre la protección de las personas privadas de la libertad en las Américas», acogido por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos a través de Resolución 1 de 2008, señala:
Toda persona privada de libertad tendrá derecho, en todo momento y circunstancia, a la protección […] y al acceso regular a jueces y tribunales competentes, independientes e imparciales, establecidos con anterioridad por la ley.
[…].
La jurisprudencia constitucional ha señalado que en razón a la situación de encierro de los reclusos, estos no tienen de la posibilidad de atender los trámites judiciales previstos en el ordenamiento jurídico como lo podría hacer una persona en libertad, circunstancia que hace menester flexibilizar ciertas formalidades en aras de minimizar las desventajas de aquellos y alcanzar un grado aceptable de igualdad, máxime cuando gozan de la calidad de sujetos de protección especial por parte del Estado.
En otras palabras, cuando una de las partes en el proceso judicial es una persona que se encuentra interna en una cárcel, al juez de conocimiento le asiste la obligación de adoptar medidas tendientes a garantizar que pueda acceder a la administración de justicia en debida forma, pues de lo contrario, extendería los efectos de la reclusión a otros ámbitos que no puede afectar, conforme lo indicó la Corte Constitucional, así:
[…] el juez tiene una mayor carga de igualación de las partes en el proceso. Así, actuaciones que exclusivamente dependen de la intervención y gestión del apoderado se sujetan, por no estar privado de la libertad, a la regla ordinaria sobre diligencia; mientras que aquellas actuaciones que dependen de la actividad de la parte que se encuentra privada de la libertad demanda una especial consideración y atención por parte del juez.
Una actuación en sentido contrario implicaría extender las consecuencias de la medida privativa de la libertad, sea sancionatoria o preventiva, más allá de lo que la Constitución y la ley admiten […].
En ese orden de ideas, cuando una norma procesal establezca determinada formalidad y en el litigio está involucrada una persona privada de la libertad, el juez de conocimiento debe determinar que aquella no sea excesiva, esto es, que esta la pueda cumplir, y en caso negativo, tomar las decisiones a que haya lugar con el objeto de atender las circunstancias de vulnerabilidad manifiesta en las que se encuentra.
Visto lo anterior, en el sub lite la Sala evidencia que el señor Jhon Jairo Julio Díaz incoó, junto con otras personas, medio de control de reparación directa 05001-33-33-022-2017-00492-00 contra la Nación – Ministerio de Justicia y del Derecho – Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario (Inpec) y Unidad de Servicios Penitenciarios y Carcelarios (Uspec), con el propósito de que se declarara administrativamente responsable de los daños que le ha causado el hacinamiento y tratos crueles e inhumanos de los que ha sido víctima en su condición de recluso en la cárcel Bellavista de Medellín, y se ordenara indemnizarlos.
La demanda contencioso-administrativa fue inadmitida por el Juzgado Veintidós (22) Administrativo de Medellín, el 18 de octubre de 2017, en razón a que el aquí tutelante no le hizo presentación personal al poder que confirió a su apoderado, por lo que se le concedieron diez (10) días para subsanar dicha omisión, pero como ello no ocurrió, ese despacho judicial rechazó el trámite ordinario respecto de aquel, con auto de 17 de noviembre siguiente, apelado oportunamente.
El Tribunal Administrativo de Antioquia (sala primera de oralidad), a través de proveído de 9 de octubre de 2018, desató la alzada en el sentido de confirmar el recurrido, al considerar que a pesar de que el actor contaba con la posibilidad de pedir un turno en el centro de reclusión donde se encuentra en aras de acceder a los servicios notariales, conforme lo señala la Resolución 14221 de 22 de diciembre de 2016, emitida por la Superintendencia de Notariado y Registro, no lo agotó, lo que equivale a una desatención del artículo 74 del CGP.
Al analizar las circunstancias particulares del caso concreto, se observa que la decisión de rechazar el medio de control de reparación directa 05001-33-33-022-2017-00492-00 porque el ahora actor no hizo presentación personal al poder conferido al abogado que instauró esa demanda, no atiende el deber que le asiste a los jueces de adoptar medidas para garantizar el acceso a la administración de justicia de los reclusos, pues allí se privilegió un aspecto procesal.
En otros términos, los señores magistrados accionados no tuvieron en cuenta que el accionante tenía la condición de sujeto de especial protección constitucional, lo que les imponía flexibilizar las disposiciones formales dado que no cuenta con las mismas posibilidades de quien acude a la jurisdicción en libertad, pues la movilidad de los enclaustrados es reducida, lo que les impide satisfacer los trámites judiciales de manera estricta.
Así las cosas, como en el auto atacado se aplicó con excesivo rigorismo un aspecto procesal, cual es la presentación personal del poder conforme lo consagra el artículo 74 del CGP, en desconocimiento de la especial protección que la jurisprudencia constitucional le ha otorgado a los internos en centros penitenciarios y carcelarios, la Sala estima que aquel incurre en la causal específica de procedibilidad de la acción de tutela contra providencias judiciales denominada exceso ritual manifiesto, pues el privilegio de las formas sin atender las circunstancias particulares de las personas configura esa irregularidad, tal como lo indicó esta subsección al decidir una solicitud de amparo que versaba sobre un asunto similar.
Esa estrictez, aunque se fundamentó en la necesidad de tener certeza de que quien decía actuar como apoderado del accionante efectivamente lo era, no advirtió la vulnerabilidad manifiesta de este, la cual imponía a los tutelados flexibilizar la mentada exigencia procesal y no lo hicieron, a pesar de la petición que se formuló en el sentido de comisionar a la dirección de la cárcel Bellavista de Medellín en aras de que hiciera la respectiva autenticación del mandato judicial, lo que se traduce en apego injustificado a la norma procedimental y afectación de preceptos superiores, cuanto más si había varias formas de satisfacerla.
Lo anterior aplicado a un test de proporcionalidad, equivaldría a afirmar que si bien la finalidad de la presentación personal del poder era generar convencimiento de la intención del señor Jhon Jairo Julio Díaz de instaurar el pluricitado medio de control, su relevancia es inferior a la prerrogativa de acceso a la administración de justicia de las personas privadas de la libertad, máxime cuando tienen la condición de sujetos de especial protección, por cuanto ello no es el único medio idóneo para obtener la mencionada certidumbre ni la medida necesaria, pues sin valorar previamente las posibilidades a su alcance para superar dicha dificultad, el Tribunal Administrativo de Antioquia (sala primera de oralidad) adoptó una que desconoce los preceptos superiores de quien se encuentra en una circunstancia de debilidad, imposibilitándole obtener una decisión de fondo emitida por la jurisdicción contencioso-administrativa.
Por otra parte, los tutelados afirmaron en el auto censurado que el ordenamiento jurídico prevé un instrumento para que los presos puedan acceder a trámites notariales, el cual fue fijado por la Superintendencia de Notariado y Registro, a través de Resolución 14221 de 22 de diciembre de 2016, y consiste en asignarles turnos el primer día hábil de cada semana.
Al estudiar dicho acto administrativo, se constata que aunque en él se establecieron unas fechas para prestarle a los internos los servicios de notaría, en el asunto sub examine la Sala considera que no es inequívocamente un medio adecuado para que el demandante colmara la exigencia señalada en el artículo 74 del CGP, pues no obra prueba en el expediente de que efectivamente los turnos fueron otorgados en la cárcel Bellavista de Medellín los días allí estipulados, y tampoco se tiene convicción de que, de haber sido así, hayan sido suficientes para atender a todos los enclaustrados, cuyo número es superior a la capacidad del centro de reclusión, conforme se ha aseverado en múltiples oportunidades.
En ese orden de ideas, no se tiene certeza de que el procedimiento señalado en la Resolución 14221 de 22 de diciembre de 2016 sea efectivo, esto es, que garantice el acceso a los servicios notariales de toda la población carcelaria, que sobrepasa el aforo del sistema penitenciario del país, tal como lo ha indicado en reiteradas ocasiones la Corte Constitucional, motivo por el cual se impone desestimar la afirmación de que el tutelante estaba en la posibilidad de efectuar la presentación personal del poder.
Tal postura obedece a la necesidad de salvaguardar las garantías superiores del actor, en particular el de acceso a la administración de justicia, pues su condición de persona privada de la libertad le otorga la calidad de sujeto de especial protección, la cual hace menester, como ya se dijo, que las autoridades judiciales acojan medidas que minimicen la desventaja en la que se encuentra respecto de quienes acudan libres a la jurisdicción, conforme lo ha dispuesto la jurisprudencia constitucional.
Así las cosas, se observa que el proveído cuestionado incurrió en exceso ritual manifiesto al rechazar la demanda de reparación directa 05001-33-33-022-2017-00492-00 porque el aquí peticionario no hizo presentación personal al poder conferido al abogado que la instauró, pues fue una decisión en la cual se aplicó con extremo rigor procesal el artículo 74 del CGP, en desconocimiento de su estado de vulnerabilidad y, por ende, de sus derechos constitucionales fundamentales de acceso a la administración de justicia y debido proceso, último que «[…] no admite dilaciones injustificadas en el trámite de los asuntos puestos en conocimiento de los jueces […]», como lo es darle prevalencia a aspectos formales en desatención de las circunstancias del caso concreto.
En virtud de lo anterior, la Sala (i) amparará los derechos constitucionales fundamentales de acceso a la administración de justicia y debido proceso del señor Jhon Jairo Julio Díaz; (ii) dejará sin efectos el ordinal segundo de la parte decisoria del auto de 9 de octubre de 2018, por medio del cual el Tribunal Administrativo de Antioquia (sala primera de oralidad) confirmó el rechazo de la demanda de reparación directa 05001-33-33-022-2017-00492-00 respecto del aquí tutelante, dispuesta por el Juzgado Veintidós (22) Administrativo de Medellín en el proveído de 17 de noviembre de 2017; y (iii) ordenará a los señores magistrados accionados que dentro de los diez (10) días siguientes a la notificación de esta providencia, profieran una nueva en la que atiendan las consideraciones esbozadas en este fallo.
En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, sala de lo contencioso-administrativo, sección segunda, subsección B, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la Constitución Política,
FALLA:
1.º Ampáranse los derechos constitucionales fundamentales de acceso a la administración de justicia y debido proceso del señor Jhon Jairo Julio Díaz, en armonía con lo expuesto en la parte motiva.
2.º Déjase sin efectos el ordinal segundo de la parte decisoria del auto de 9 de octubre de 2018, proferido por el Tribunal Administrativo de Antioquia (sala primera de oralidad), que confirmó el rechazo de la demanda de reparación directa 05001-33-33-022-2017-00492-00 respecto del aquí tutelante, dispuesta por el Juzgado Veintidós (22) Administrativo de Medellín, con proveído de 17 de noviembre de 2017, conforme a la motivación.
3.º En consecuencia, ordénase a los señores magistrados de la sala primera (1.ª) de oralidad del Tribunal Administrativo de Antioquia que en el término de diez (10) días siguientes a la notificación de esta providencia, profieran un nuevo proveído en el que desaten el recurso de apelación interpuesto contra el de 17 de noviembre de 2017, emitido por el Juzgado Veintidós (22) Administrativo de Medellín, en relación con el rechazo del mencionado medio de control frente al señor Julio Díaz, en atención a las consideraciones expuestas en esta decisión.
4.º Adviértese a las autoridades indicadas en el ordinal anterior, que el incumplimiento de lo dispuesto en este fallo dará lugar a las sanciones establecidas en el artículo 52 del Decreto 2591 de 1991.
5.º Notifíquese esta sentencia a las partes por el medio más expedito, en la forma y término previstos en el Decreto 2591 de 1991.
6.º Si la presente decisión no fuere impugnada dentro de los tres (3) días siguientes a su notificación como lo prevé el artículo 31 del Decreto 2591 de 1991, envíese el expediente a la honorable Corte Constitucional para su eventual revisión.
Notifíquese y cúmplase,
Este proyecto fue estudiado y aprobado en sala de la fecha.
CARMELO PERDOMO CUÉTER
SANDRA LISSET IBARRA VÉLEZ CÉSAR PALOMINO CORTÉS
Sobre el particular pueden consultarse las siguientes providencias de la sala plena de lo contencioso-administrativo del Consejo de Estado: 1) 29 de enero de 1992, AC – 009, C. P. Dolly Pedraza de Arenas. 2) 31 de enero de 1992, AC – 016, C. P. Guillermo Chahín Lizcano. 3) 3 de febrero de 1992, AC – 015, C. P. Luis Eduardo Jaramillo. 4) 27 de enero de 1993, AC-429, C. P. Carlos Arturo Orjuela Góngora. 5) 29 de junio de 2004, exp. 2000-10203-01, C. P. Nicolás Pájaro Peñaranda. 6) 2 de noviembre de 2004, exp. 2004-0270-01, C. P. Rafael E. Ostau de Lafont Pianeta. 7) 13 de junio de 2006, exp. 2004-03194-01, C. P. Ligia López Díaz. 8) 16 de diciembre de 2009, exp. 2009-00089-01, C. P. Rafael E. Ostau De Lafont Pianeta. Expediente 11001-03-15-000-2009-01328-01. C. P. María Elizabeth García González. Entre otras, de esta subsección pueden consultarse las siguientes providencias: 1) 28 de agosto de 2008, exp. 2008-00779-00, C. P. Gerardo Arenas Monsalve. 2) 22 de octubre de 2009, exp. 2009-00888-00, C. P. Víctor Hernando Alvarado Ardila. 3) 22 de octubre de 2009, exp. 2009-00889-00, C. P. Víctor Hernando Alvarado Ardila. 4) 3 de febrero de 2010, exp. 2009-01268-00, C. P. Gerardo Arenas Monsalve. 5) 25 de febrero de 2010, exp. 2009-01082-01, C. P. Víctor Hernando Alvarado Ardila. 6) 19 de mayo de 2010, exp. 2010-00293-00, C. P. Gerardo Arenas Monsalve. 6) 28 de junio de 2011, exp. 2010-00540-00, C. P. Gerardo Arenas Monsalve. 7) 30 de noviembre de 2011, exp. 2011-01218-00, C. P. Víctor Hernando Alvarado Ardila. 8) 2 de febrero de 2012, exp. 2011-01581-00, C. P. Gerardo Arenas Monsalve. 9) 23 de febrero de 2012, exp. 2011-01741-00, C. P. Víctor Hernando Alvarado Ardila. 10) 15 de marzo de 2012, exp. 2012-00250-00, C. P. Gerardo Arenas Monsalve. Notificado por estado el 24 de octubre de 2018. Corte Constitucional, sentencia T-620 de 2013, M. P. Jorge Iván Palacio Palacio. M. P. Claudia Inés Vargas Hernández. M. P. Jaime Córdoba Triviño. M. P. Jaime Córdoba Triviño. Corte Constitucional, sentencia T-264 de 2009, M. P. Luis Ernesto Vargas Silva. Al respecto, ver las sentencias T-538 de 1994, SU-478 de 1997, T-654 de 1998 y T-781 de 2011, entre otras. Sentencias SU-159 de 2002, T-996 de 2003 y T-363 de 2013 de la Corte Constitucional, entre otras. Artículo 2144 del Código Civil: «Los servicios de las profesiones y carreras que suponen largos estudios, o a que está unida la facultad de representar y obligar a otra persona, respecto de terceros, se sujetan a las reglas del mandato».
«El mandato es un contrato en que una persona confía la gestión de uno o más negocios a otra, que se hace cargo de ellos por cuenta y riesgo de la primera. La persona que concede el encargo se llama comitente o mandante, y la que lo acepta apoderado, procurador, y en general mandatario». ROJAS GÓMEZ, Miguel Enrique. El proceso civil colombiano. Universidad Externado de Colombia. Tercera edición. 2007. Bogotá. P. 75. Corte Constitucional, sentencia C-646 de 2002, M. P. Álvaro Tafur Galvis. Sentencia T-881 de 2002, M. P. Eduardo Montealegre Lynett. Corte Constitucional, sentencia T-283 de 2013, M. P. Alberto Rojas Ríos: «El derecho a la administración de justicia ha sido definido por la jurisprudencia constitucional como la posibilidad reconocida a todas las personas residentes en Colombia de poder acudir en condiciones de igualdad ante los jueces y tribunales de justicia, para propugnar por la integridad del orden jurídico y por la debida protección o el restablecimiento de sus derechos e intereses legítimos, con estricta sujeción a los procedimientos previamente establecidos y con plena observancia de las garantías sustanciales y procedimentales previstas en las leyes.
Aquella prerrogativa de la que gozan las personas, naturales o jurídicas, de exigir justicia, impone a las autoridades públicas, como titulares del poder coercitivo del Estado y garantes de todos los derechos ciudadanos, distintas obligaciones para que dicho servicio público y derecho sea real y efectivo […]». Corte Constitucional, sentencia T-950 de 2003, M. P. Eduardo Montealegre Lynett. Ibidem. Sentencia de 27 de septiembre de 2018, expediente 11001-03-15-000-2018-02836-00.
http://www.inpec.gov.co/web/guest/estadistica/estadisticas. Sentencias (i) T-762 de 2015, M. P. Gloria Stella Ortiz Delgado; y (ii) T-197 de 2017, M. P. Luis Guillermo Guerrero Pérez. Corte Constitucional, sentencia T-404 de 2018, M. P. Antonio José Lizarazo Ocampo.
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