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Consejo de Estado · Sección Primera

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Primera, radicado 11001-03-15-000-2018-04367-01

Acción de tutela contra providencia judicial: que niega mandamiento de pago

Fecha
16 de mayo de 2019
Consejero ponente
Roberto Augusto Serrato Valdés

01Lo que resolvió

Ficha de la providencia

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Primera, radicado 11001-03-15-000-2018-04367-01

Consejo de Estado · Sección Primera

Parte resolutiva

F A L L A PRIMERO: NEGAR la solicitud de desvinculación del proceso propuesta por la Unidad Administrativa Especial de Gestión Pensional y Contribuciones Parafiscales de la Protección Social - UGPP. SEGUNDO: REVOCAR la sentencia de 17 de enero de 2019, proferida por la Sección Segunda, Subsección B, del Consejo de Estado, que negó la acción de tutela y, en su lugar, CONCEDER el amparo de los derechos fundamentales al debido proceso y al acceso a la administración de justicia del señor Paulino Francisco Martínez Delgado, de acuerdo con las consideraciones de la parte motiva de la providencia. TERCERO: DEJAR sin efecto la providencia de 14 de marzo de 2018, proferida por el Tribunal Administrativo de Nariño, dentro del proceso ejecutivo con radicado 86001-33-33-751-2015-00155-01, presentado por el señor Paulino Francisco Martínez Delgado en contra de la Unidad Administrativa Especial de Gestión Pensional y Contribuciones Parafiscales de la Protección Social - UGPP. En consecuencia, ORDENAR al Tribunal Administrativo de Nariño, que dentro de los diez (10) días siguientes a la notificación de esta providencia, emita un nuevo fallo, de segunda instancia, en el que se tengan en cuenta las consideraciones de esta sentencia. CUARTO: REMITIR el expediente a la Corte Constitucional para su eventual revisión, dentro de los diez (10) días siguientes a la ejecutoria de esta providencia.

02Texto de la providencia

República de Colombia

Consejo de Estado

Sección Primera

Radicado 11001-03-15-000-2018-04367-01

Consejero ponente: Roberto Augusto Serrato Valdés

16 de mayo de 2019

ACCIÓN DE TUTELA CONTRA PROVIDENCIA JUDICIAL - Que niega mandamiento de pago / VULNERACIÓN DE LOS DERECHOS FUNDAMENTALES AL DEBIDO PROCESO Y AL ACCESO A LA ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA / DEFECTO FÁCTICO - Se configura / INTERESES MORATORIOS - Por pago tardío de obligación contenida en sentencia condenatoria

[L]a Sala encuentra que la sentencia (…) y la Resolución RDP 020382 (…) de la UGPP, conforman el título ejecutivo complejo, pues contienen una obligación clara, expresa y exigible; elementos que permiten exigir al deudor para efectos que dé cumplimiento a la obligación. En este orden de ideas, la Sala encuentra que la providencia judicial objeto de tutela al abstenerse de librar el mandamiento ejecutivo (…) bajo el argumento que no obra prueba que diera cuenta de la fecha en que se realizó el pago de la sentencia, incurrió en defecto fáctico, al no valorar en debida forma la resolución que dio cumplimiento al fallo judicial, así como la liquidación detallada del pago expedidas por la UGPP, elementos que permitían determinar el período por el cual se ocasiona el pago de los intereses moratorios. En relación con los defectos sustantivo y desconocimiento del precedente alegados, la Sala considera innecesario pronunciarse sobre estos, habida cuenta que se protegerá los derechos fundamentales vulnerados (…) por configurar el defecto fáctico. A partir de lo anterior, la Sala procederá revocar la sentencia proferida (…) por la Sección Segunda, Subsección B, del Consejo de Estado y, en su lugar, amparar los derechos fundamentales al debido proceso y al acceso a la administración de justicia del [actor] (…).

FUENTE FORMAL: CONSTITUCION POLÍTICA - ARTÍCULO 86 / LEY 1437 DE 2011 - ARTÍCULO 297 / LEY 1564 DE 2012 - ARTÍCULO 422 / LEY 1564 DE 2012 - ARTÍCULO 430 / DECRETO 2591 DE 1991

CONSEJO DE ESTADO

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCIÓN PRIMERA

Consejero ponente: ROBERTO AUGUSTO SERRATO VALDÉS

Bogotá, D.C., dieciséis (16) de mayo de dos mil diecinueve (2019)

Radicación número: 11001-03-15-000-2018-04367-01(AC)

Actor: PAULINO FRANCISCO MARTÍNEZ DELGADO

Demandado: JUZGADO SEGUNDO ADMINISTRATIVO DEL CIRCUITO DE MOCOA Y TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DE NARIÑO

La Sala decide la impugnación presentada por el apoderado judicial del señor Paulino Francisco Martínez Delgado en contra de la sentencia de 17 de enero de 2019, proferida por la Sección Segunda, Subsección B, del Consejo de Estado, mediante la cual se negó el amparo invocado.

LA SOLICITUD DE TUTELA

El accionante, por intermedio de apoderado judicial, promovió acción de tutela en contra del Juzgado Segundo Administrativo del Circuito de Mocoa y del Tribunal Administrativo de Nariño, con la finalidad de obtener la protección de sus derechos fundamentales a la igualdad, al debido proceso y al acceso a la administración de justicia, los cuales considera vulnerados con ocasión de las providencias proferidas el 9 de marzo de 2016 y el 14 de marzo de 2018, respectivamente, dentro del proceso ejecutivo con radicado 86001-33-33-751-2015-00155-00-01, que negaron el mandamiento de pago solicitado en la demanda instaurada en contra de la Unidad Administrativa Especial de Gestión Pensional y Contribuciones Parafiscales de la Protección Social (en adelante UGPP).

HECHOS

De conformidad con lo planteado por el apoderado judicial del actor, los hechos que motivan el ejercicio de la acción de tutela se contraen, en síntesis, a lo siguiente:

II.1. El señor Paulino Francisco Martínez Delgado instauró demanda de nulidad y restablecimiento del derecho en contra de la extinta Caja Nacional de Previsión Social (Cajanal), hoy UGPP, para obtener la reliquidación de la pensión de vejez, con la inclusión de todos los factores salariales devengados durante el último año de servicios.

II.2. El Juzgado Único Administrativo del Circuito de Mocoa, mediante sentencia de 14 de junio de 2012, accedió a las pretensiones de la demanda y, en consecuencia, ordenó a Cajanal la reliquidación de la pensión de vejez del demandante, en cuantía equivalente al 75 % del salario, teniendo en cuenta todos los factores salariales devengados en el último año de servicios.

II.3. Mediante Resolución RDP 020382 de 27 de junio de 2014, la UGPP dio cumplimiento al fallo judicial y reliquidó la pensión del señor Martínez Delgado, de conformidad con lo ordenado por la autoridad judicial, resolución que fue incluida en nómina en el mes de agosto de 2014.

II.4. El 6 de agosto de 2015, el accionante presentó demanda ejecutiva en contra de la UGPP, con el objeto de que se libre mandamiento de pago a su favor por los intereses moratorios causados por el cumplimiento tardío de la sentencia de nulidad y restablecimiento del derecho.

II.5. Mediante providencia de 9 de marzo de 2016, el Juzgado Segundo Administrativo del Circuito de Mocoa se abstuvo de librar mandamiento de pago, al considerar que en la parte resolutiva no obra de forma expresa la condena al pago de los intereses moratorios, por lo tanto el título ejecutivo no reúne los requisitos estipulados en el artículo 422 del Código General del Proceso -CGP «esto es ser expreso, claro, y exigible».

II.6. El actor apeló la anterior decisión y, mediante providencia de 14 de marzo de 2018, el Tribunal Administrativo de Nariño confirmó lo decidido por el a quo, con fundamento en que «[…] no obra prueba que dé cuenta de la fecha en que se realizó el pago de la sentencia, lo cual hace necesario para poder calcular de manera acertada y precisa, los valores correspondientes […]»

II.6. El apoderado judicial del accionante consideró que las providencias proferidas dentro del proceso ejecutivo incurrieron en los siguientes defectos:

Defecto sustantivo: en razón a que el «[…] rechazo de la demanda vulnera el artículo 229 del C.P., por el cual se garantiza a toda persona el derecho de acceso a la administración de justicia, es decir poner en movimiento el aparato judicial, de las garantías que se aplican específicamente a la actuación judicial. Este derecho tiene intima relación con el derecho fundamental al debido proceso regulado por el artículo 29 de la C.P. […]».

Defecto fáctico: toda vez que los operadores judiciales omitieron valorar en debida forma las pruebas aportadas en la demanda ejecutiva y, a su vez, solicitar «documentos o pruebas que no hacen parte del título ejecutivo».

Agregó que «[…] la fecha en que se realizó el pago de la sentencia, no hacen (sic) parte del título ejecutivo, y por edén (sic) no se hace necesario aportarlos, sin embargo, el honorable Tribunal echa de menos que en los anexos de la demanda se aportó como prueba la liquidación de (sic) detallada proferida por la UGPP, donde se evidencia que la inclusión en nómina de la reliquidación de la pensión del accionado fue realizada en AGOSTO DE 2014».

Concluyó que la liquidación expedida por la UGPP, es fiel prueba para determinar el incumplimiento y la omisión de la entidad ejecutada respecto al pago de los intereses moratorios que se ocasionaron durante el período comprendido desde el 10 de julio de 2012 hasta el 31 de julio de 2014, «de conformidad con el inciso 5 del artículo 177 del C.C.A, pese a que el Honorable el (sic) Tribunal no se ha detenido a analizar y tomarla en cuenta como prueba».

Defecto por desconocimiento del precedente del Consejo de Estado: por cuanto el Tribunal accionado desconoció la jurisprudencia del Consejo de Estado «[…] órgano de cierre de la jurisdicción contencioso administrativa, donde en múltiples fallos se ha pronuncia (sic) respecto de los documentos que constituyen título ejecutivo […]».

II.7. Precisó que la sentencia objeto de ejecución fue allegada en copia auténtica, así como la constancia de ejecutoria de forma tal que se cumple con lo dispuesto en el inciso 2º del artículo 215 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo - CPACA, y el numeral 2º del artículo 115 del Código General del Proceso – CGP.

II.8. Finalmente, señaló que las pruebas aportadas en el libelo introductorio prestan merito ejecutivo, comoquiera que no solo se aportaron en debida forma, sino que a través de ellos se establecieron los paramentos para realizar la respectiva liquidación, encontrándose así una obligación clara, expresa y exigible a favor del accionante.

PRETENSIONES

El accionante, por intermedio de apoderada judicial, solicita la declaratoria de las siguientes pretensiones:

AMPARAR los derechos de, (sic) DEBIDO PROCESO, ACCESO A LA ADMINISTRACION DE JUSTICIA, IGUALDAD y DERECHOS ADQUIRIDOS del señor PAULINO FRANCISCO MARTINEZ DELGADO.

ORDENAR al JUZGADO SEGUNDO ADMINISTRATIVO DEL CIRCUITO de MOCOA y al TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DE CUNDINAMARCA- SECCION SEGUNDA – SUBSECCION “B”(sic), en amparo a los derechos enunciados, revocar sus providencias de auto de fecha 09 de marzo de 2016 y auto de fecha 14 de marzo de 2018, notificandon (sic) personalmente del 21 de mayo de 2018 respectivamente, y en consecuencia se ordene librar mandamiento de pago.

3. Las demás que este Honorable Despacho considere para proteger los derechos aquí tutelados.

TRÁMITE DE LA TUTELA

Mediante auto de 26 de noviembre de 2018, se admitió la presente acción de tutela y se dispuso notificar a los magistrados del Tribunal Administrativo de Nariño y al Juez Segundo Administrativo del Circuito de Mocoa, con el fin de que ejercieran su derecho de defensa y contradicción. En la misma providencia se vinculó como tercero con interés en los resultados de la actuación a la UGPP. Igualmente se pidió la remisión del expediente contentivo dentro del proceso ejecutivo con radicado 86001-33-33-751-2015-00155-00.

INTERVENCIONES

Efectuadas las comunicaciones a las autoridades judiciales accionadas y a la entidad vinculada, intervinieron en los siguientes términos:

V.1. Mediante escrito de 4 de diciembre de 2018, el magistrado del Tribunal Administrativo de Nariño solicita que se niegue el amparo invocado por la parte actora, al considerar «que la fundamentación que se tuvo en cuenta para efectos de la decisión, fue que no obraba prueba en el proceso, que dé cuenta de la fecha en que se realiza el pago de la sentencia que se pretendió tener en cuenta como título ejecutivo, lo cual se hace necesario para poder calcular de manera acertada y precisa, los valores reclamados».

Aduce que no se vulneraron los derechos fundamentales invocados, «toda vez que las decisiones adoptadas en esta Corporación, están ajustadas a derecho y con anuencia de las reglas de derecho, es decir no se estructura el defecto material o sustantivo, por cuanto la decisión adoptada tuvo como fundamento las normas procesales y sustanciales vigentes, y su interpretación se encuentra dentro de un margen razonable En otras palabras la decisión se fundó en una interpretación sistemática del derecho y además se tuvo en cuenta otros pronunciamientos ya emitidos por esta Corporación en casos similares».

Señala que no se configura el defecto fáctico alegado, en la medida que «en la decisión tanto de primera como de segunda instancia se tuvo en cuenta el acervo probatorio que fue aportado por el mismo ejecutante, razón por la cual no podría decirse que se haya pretermitido etapa procesal alguna o que se haya adoptado una decisión sin certeza de la información que se haya reportado».

V.2. El subdirector de defensa judicial pensional de la UGPP, mediante escrito de 5 de diciembre de 2018, pide declarar la improcedencia de la acción de tutela en razón a que «LO PRETENDIDO POR LA PARTE ACCIONANTE ES SUSTITUIR UNA DECISIÓN JUDICIAL EJECUTORIADA PROFERIDA POR EL JUEZ NATURAL DE LA CAUSA, quien con base en la normativa y jurisprudencia de la Honorable Corte Constitucional y del Consejo de Estado, vigente para la época de los hechos, confirmó una providencia de primera instancia que negó de manera acertada el mandamiento de pago».

Indica que no se satisface el requisito de la inmediatez, toda vez que mediante este mecanismo constitucional pretende cuestionar una providencia judicial proferida hace más de 8 meses.

Asimismo, pidió la desvinculación de la sociedad, por falta de legitimación en la causa por pasiva.

V.3. Por intermedio del citador del Juzgado Segundo Administrativo del Circuito de Mocoa, se informa de la remisión, en calidad de préstamo, del expediente 86001-33-33-751-2015-00155-00, adelantado por la parte actora en contra de la UGPP. Aparte de lo anterior no hizo ninguna otra consideración.

VI. EL FALLO IMPUGNADO

La Subsección B de la Sección Segunda del Consejo de Estado, mediante sentencia de 17 de enero de 2019, negó el amparo deprecado por el apoderado judicial del accionante, al considerar que el auto proferido el 14 de marzo de 2018 por el Tribunal accionado, no incurrió en defecto procedimental por exceso de ritual manifiesto con fundamento en lo siguiente:

En el libelo introductorio la tutelante sostiene que la decisión enjuiciada incurre en defecto fáctico, en la medida que las autoridades accionadas no valoraron en debida forma las pruebas del proceso ejecutivo 86001-33-33-751-2015-00155-00, pues echaron de menos «[…] documentación que no hace parte del título ejecutivo», tal como la fecha en que se realizó el pago del fallo a efectos de liquidar el valor reclamado, sin tener en cuenta que esta información se puede establecer de la «liquidación detallada proferida por la UGPP».

No obstante, la Sala considera que tales aseveraciones hacen referencia a un defecto procedimental por exceso de ritual manifiesto, toda vez que el actor cuestiona que no se le debe exigir dicha prueba, dado que tal información «no hace parte del título ejecutivo, y por [ende] no es necesario aportarla» por lo que las autoridades accionadas le exigen un requisito que no debe allegar y que la documentación que anexó junto con la demanda es suficiente y «cumple con los requisitos del título ejecutivo».

En ese orden de ideas, y en atención al principio de oficiosidad del juez de tutela y a la obligación de que este adopte una interpretación extensiva del escrito inicial, la Sala analizará los argumentos planteados por el demandante a la luz de la advertida causal específica de procedibilidad de este mecanismo constitucional contra providencias judiciales, con el propósito de establecer si la cuestionada vulnera los derechos constitucionales fundamentales invocados por aquel.

Aduce que al analizar los elementos probatorios aportados al proceso ejecutivo, se encuentra que el actor no aportó «la prueba que dé cuenta del pago de la sentencia», documento que, a juicio de las autoridades judiciales accionadas, es indispensable para establecer los valores reclamados por concepto de intereses moratorios.
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Concluye que no se puede cuestionarse el requisito exigido por el Tribunal, dado que se encuentra dentro de su autonomía y discrecionalidad su verificación, posición valida a la luz del artículo 430 del Código General del Proceso -CGP, en tanto coligieron que para calcular las sumas presuntamente adeudadas requieren «determinar si la pate ejecutada incumplió la obligación».

VII. FUNDAMENTOS DE LA IMPUGNACIÓN

El señor Paulino Francisco Martínez Delgado, a través de apoderado judicial, impugna la sentencia de 17 de enero de 2019, dictada por la Sección Segunda, Subsección B, de esta Corporación, con la finalidad de obtener su revocatoria y, en su lugar, el amparo de los derechos fundamentales que estima conculcados, con fundamento en lo siguiente:

[…] es claro que las dos instancias tanto el Juzgado Segundo Administrativo de Mocoa y el Tribunal Administrativo de Nariño, incurren en defecto procedimental por exceso ritual manifiesto, el primero por desconocer que los interés moratorios operan de pleno derecho, es decir son de ley, conforme a lo manifestado por la jurisprudencia reiterada del honorable Consejo de Estado, y el segundo por desconocer que en el expediente obra el documento que contiene la liquidación detallada, con el cual se prueba la fecha en la que se realizó el pago de la sentencia, que permite precisar los valores correspondientes para poder calcular de manera acertada el valor adeudado, conforme lo manifiesta el mismo tribunal en su proveído.

[…]

En el presente caso es evidente, que el documento a que hace referencia el tribunal (sic) de Nariño, para con el tener certeza de fecha y valor para elaboración de liquidaciones y obtención de montos, obra como anexo en la demanda, expedido por la Unidad Administrativa de Gestión Pensional y Contribuciones Parafiscales - UGPP en 3 folios.

Se observa que el defecto factico (sic) propuesto en la tutela objeto de estudio, salta a la luz del derecho, pues no se valoró el acervo probatorio en debida forma, ajustado como debe ser a las reglas de la sana critica; pues si bien las instancias accionadas; una desconoce la existencia de una norma art 177 del C.C.A, y la segunda desconoce la existencia de un documento que obra en el expediente como atrás se mencionó, entonces seguramente si se hubiera actuado con rigurosidad normativa y probatoria, se hubiese librado mandamiento de pago, pues el título de recaudo reúne los requisitos que exige la norma

[…]

Injusto seria desconocer el derecho de mi mandante por exceso ritual manifiesto al indicar el Tribunal Administrativo de Nariño que no obra prueba que cuente la fecha en que se realizó el pago de la sentencia, pues en ejerció (sic) de un correcta administración se debe propender por la garantía y prevalencia los derechos sustanciales y la búsqueda de la verdad en el proceso, e incurría en el defecto procedimental de falta valoración de la pruebas, si se desconoce la obligación legal y constitucional de apreciarlas en su conjunto, pues ignoro la existencia y valoración del documento aportado como prueba.'

[…]

Aunado a lo anterior, y para reforzar el argumento expuesto de una vulneración al debido proceso de mi mandante, téngase en cuenta que el motivo de apelación sobre el fallo del aquo (sic) recaía sobre << Referente a los intereses del artículo 177 del CCA se evidencia que el fallo proferido por el juzgado Único Administrativo de Mocoa [...] no ordena el pago de estos conceptos, por tal razón no es procedente su solicitud >>, no obstante el Tribunal Administrativo de Pasto vulnera el principio de NON REFORMATIO IN PEJUS, confirmando la negativa del Juzgado no compartiendo su negativa si no por argumento adicional al ya establecido.

Por otro lado, en el trámite de la impugnación, mediante escrito de 16 de abril de 2018, la subdirectora de defensa judicial pensional de la UGPP solicita se confirme el fallo de primera instancia reiterando, en líneas generales, los argumentos consignados en la contestación de la acción de tutela.

Aduce que la entidad pensional no ha vulnerado los derechos invocados por el accionante, pues lo que se pretende con este mecanismo constitucional es que se le pague la «mesada 14 lo cual debe ser resuelta por TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DE NARIÑO Y JUZGADO SEGUNDO ADMINISTRATIVO DE MOCOA»

Agrega que «no podría ser entonces de recibo, a la luz de los postulados del derecho, ni de la lógica formal, que se condenara a una entidad a enfrentar una obligación que se torna imposible, pues no se ha determinado dentro de sus competencias y que por el contrario su trámite se le ha atribuido a otro órgano judicial».

CONSIDERACIONES DE LA SALA

VIII.1. Competencia

Esta Sala es competente para conocer de la impugnación presentada por el apoderado judicial del señor Paulino Francisco Martínez Delgado, en contra de la sentencia de 17 de enero de 2019, proferida por la Subsección B de la Sección Segunda del Consejo de Estado, de conformidad con lo establecido en el artículo 32 del Decreto 2591 de 19 de noviembre de 1991, en concordancia con el artículo 2.2.3.1.2.1 del Decreto 1069 de 26 de mayo de 2015, modificado por el artículo 1º del Decreto 1983 de 2017.

VIII.2. Cuestión previa

Previamente a resolver el fondo del asunto, la Sala observa que el juez de primera instancia no desató lo pretendido por el subdirector de defensa judicial pensional de la UGPP, en su escrito de contestación de la tutela, en la cual solicitó la desvinculación del proceso, por lo que se realizará el pronunciamiento que corresponda en la presente providencia.

Al respecto, se advierte que tal desvinculación procesal no procede teniendo en cuenta que la entidad pensional obra como tercero con interés en el resultado de éste y no como accionada, dado que es la parte demandada dentro del proceso ejecutivo en el que se cuestiona las decisiones adoptadas por las autoridades judiciales que dentro del proceso se abstuvieron de librar mandamiento de pago

Por otra parte, cabe precisar que, el accionante pretende que se deje sin efectos las decisiones de primera y segunda instancia. Sin embargo, la Sala concentrará su estudio en la providencia proferida el 14 de marzo de 2019 por el Tribunal Administrativo de Nariño, por ser la decisión que puso fin al proceso ejecutivo.

VIII.3. Problema Jurídico

De acuerdo a la situación fáctica planteada y teniendo en cuenta que corresponde al juez de tutela en segunda instancia verificar si el fallo impugnado carece de fundamento, la Sala debe establecer si, en el presente asunto se cumplen los requisitos generales de procedencia excepcional de la acción de tutela presentada en contra de una providencia judicial.

En caso afirmativo, corresponde determinar: si el Tribunal Administrativo de Nariño, vulneró los derechos fundamentales al debido proceso y al acceso a la administración de justicia del accionante, al proferir la providencia de 14 de marzo de 2018, dentro del medio de control ejecutivo contractual con radicado 86001-33-33-751-2015-00155-01, mediante la cual confirmó la decisión de primera instancia, que negó el mandamiento ejecutivo solicitado por el señor Paulino Francisco Martínez Delgado en contra de la UGPP, por cuanto no obra constancia de la fecha en que se realizó el pago por parte de la entidad, dando cumplimiento de la sentencia de nulidad y restablecimiento del derecho presentada como título ejecutivo.

Con el fin de resolver tales interrogantes resulta pertinente pronunciarse de manera previa sobre: i) la procedencia de la acción de tutela contra providencias judiciales. Requisitos generales y especiales de procedibilidad; ii) los defectos fáctico, sustantivo, desconocimiento del precedente y procedimental; iii) regulación del proceso ejecutivo en la Ley 1437 de 2011 - Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo y el Código General del Proceso, para posteriormente iv) resolver el caso concreto.

VIII.4. Procedencia de la acción de tutela contra providencias judiciales. Requisitos generales y especiales de procedibilidad

La Sala Plena de lo Contencioso Administrativo del Consejo de Estado, en sentencia de 31 de julio de 2012, cambió su postura inicial y decidió asumir el estudio de fondo de las acciones de tutela dirigidas en contra de providencias judiciales violatorias de derechos fundamentales siguiendo los lineamientos dispuestos por la Corte Constitucional y su propia jurisprudencia.

Ahora bien, la sentencia C-590 de 8 de junio de 2005, proferida por la Corte Constitucional, estableció los siguientes presupuestos generales y especiales para que proceda la acción de tutela en contra de decisiones judiciales:

Como requisitos generales de procedibilidad fijó: i) la relevancia constitucional del asunto; ii) el agotamiento de todos los medios de defensa judicial, salvo la existencia de un perjuicio irremediable; iii) el cumplimiento del principio de inmediatez; iv) si se trata de una irregularidad procesal, que ésta tenga efecto decisivo en la providencia objeto de inconformidad; v) la identificación clara de los hechos causantes de vulneración y su alegación en el proceso, y vi) que la acción no se dirija contra un fallo de tutela, salvo las excepciones previstas en la sentencia SU-627 de 2015.

Como requisitos especiales de procedencia del amparo, y que permiten al juez constitucional dejar sin efectos una providencia judicial, la sentencia C-590 de 2005 estableció la existencia de los siguientes defectos: orgánico, procedimental absoluto, fáctico, material o sustantivo, error inducido, decisión sin motivación, desconocimiento del precedente y violación directa de la Constitución.

De lo expuesto, la Sala advierte que, cuando el juez constitucional conoce una demanda impetrada en ejercicio de la acción de tutela y en la que se alega la vulneración de derechos fundamentales con ocasión de la expedición de una providencia judicial, en primer lugar, debe verificar la presencia de los requisitos generales y, en segundo lugar, le corresponde examinar si en el caso objeto de análisis se configura uno de los defectos especiales ya explicados, permitiéndole de esta manera «dejar sin efecto o modular la decisión» que se encaje en dichos parámetros.

Se trata, entonces, de una rigurosa constatación de los presupuestos de procedibilidad, por cuanto resulta a todas luces necesario evitar que este instrumento excepcional se convierta en una manera de desconocer principios y valores constitucionales tales como los de cosa juzgada, debido proceso, seguridad jurídica e independencia judicial que gobiernan todo proceso jurisdiccional.

El criterio expuesto fue reiterado en pronunciamiento de la Sala Plena de la Corporación, en sentencia de unificación de 5 de agosto de 2014, radicado: 11001-03-15-000-2012-02201-01, Consejero Ponente, Jorge Octavio Ramírez Ramírez.

VIII.5. El defecto fáctico

En la sentencia SU-062 de 7 de junio de 2018, la Corte Constitucional expone que el defecto fáctico tiene una dimensión negativa y otra positiva. La dimensión negativa se configura cuando el juez i) niega una prueba, ii) no se valora una prueba o se valora de manera arbitraria, irracional o caprichosa u iii) omite por completo la valoración de las pruebas determinantes para identificar la veracidad de los hechos analizados o determinante en el desenlace del proceso. La dimensión positiva se configura, al contrario, i) cuando el juez admite pruebas que no ha debido admitir ni valorar, por ejemplo, por tratarse de pruebas ilícitas o ii) cuando el juez decide conforme a elementos probatorios que, por disposición de la ley, no conducen a demostrar el hecho sobre el cual se fundamenta la decisión.

De igual manera, el alto Tribunal Constitucional establece que la dimensión positiva se presenta cuando el juez efectúa una valoración por «completo equivocada», o fundamenta su decisión en una prueba no apta para ello. Dicha dimensión implica la evaluación de errores en la apreciación del hecho o de la prueba que se presentan cuando el juzgador se equivoca: «i) al fijar el contenido de la misma, porque la distorsiona, cercena o adiciona en su expresión fáctica y hace que produzca efectos que objetivamente no se establecen de ella; o ii) porque al momento de otorgarle mérito persuasivo a una prueba, el juez se aparta de los criterios técnico-científicos o los postulados de la lógica, las leyes de la ciencia o las reglas de la experiencia, es decir, no aplica los principios de la sana crítica, como método de valoración probatoria».

La Corte Constitucional indica que las reglas de la sana crítica son, ante todo, las reglas del correcto entendimiento humano, a su vez señala que:

En ellas interfieren las reglas de la lógica, con las reglas de la experiencia del juez. Unas y otras contribuyen de igual manera a que el magistrado y/o juez puedan analizar la prueba (ya sea de testigos, peritos, de inspección judicial) con arreglo a la sana razón y a un conocimiento experimental de las cosas.

En la doctrina, se denomina sana crítica al conjunto de reglas que el juez observa para determinar el valor probatorio de la prueba. Estas reglas no son otra cosa que el análisis racional y lógico de la misma. Es racional, por cuanto se ajusta a la razón o el discernimiento humano. Es lógico, por enmarcarse dentro de las leyes del conocimiento. Dicho análisis se efectúa por regla general mediante un silogismo, cuya premisa mayor la constituyen las normas de la experiencia y la menor, la situación en particular, para así obtener una conclusión

En esa medida, el sistema de la libre apreciación o de sana crítica, faculta al juez para valorar de una manera libre y razonada el acervo probatorio, en donde el juez llega a la conclusión de una manera personal sin que deba sujetarse a reglas abstractas preestablecidas. La expresión sana crítica, conlleva la obligación para el juez de analizar en conjunto el material probatorio para obtener, con la aplicación de las reglas de la lógica, la psicología y la experiencia, la certeza que sobre determinados hechos se requiere para efectos de decidir lo que corresponda.

Por su parte, las máximas de la experiencia son aquellas reglas de la vida y de la cultura general formadas por inducción, que constituyen una vocación espontánea o provocada de conocimientos anteriores y que se producen en el pensamiento como nutrientes de consecutivas inferencias lógicas. Una máxima de experiencia por definición es una conclusión empírica fundada sobre la observación de lo que ocurre comúnmente, es decir, un juicio hipotético de contenido general, sacado de la experiencia y tomado de las distintas ramas de la ciencia.

La sentencia que razona en contra de esas máximas, o que se funda en pretendidas máximas de experiencia inexistentes, contiene un vicio indudable en su motivación, que configuraría la causal por defecto fáctico y, por tanto, el juez de tutela podría dejar sin efectos la providencia atacada.

En cuanto a la segunda dimensión del defecto fáctico, la negativa, se produce cuando el juez omite o ignora la valoración de una prueba determinante o no decreta su práctica sin justificación alguna. Esta dimensión comprende las omisiones en la apreciación de pruebas determinantes para identificar la veracidad de los hechos analizados por el juez.

En conclusión, «el defecto fáctico ha sido definido por la jurisprudencia constitucional como aquel que surge o se presenta por omisión en el decreto y la práctica de las pruebas; la no valoración del acervo probatorio y el desconocimiento de las reglas de la sana crítica». Así como los problemas intrínsecos relacionados con los soportes probatorios.

VIII.6. El desconocimiento del precedente judicial

La jurisprudencia ha entendido por precedente, la sentencia o el conjunto de sentencias proferidas con anterioridad al asunto que debe resolverse, que presentan similitudes con un caso nuevo materia de escrutinio en relación con: i) patrones fácticos y ii) problemas jurídicos, y en las que en su ratio decidendi se ha fijado una regla general para resolver la controversia, que también sirve para solucionar el nuevo caso.

Hace distinción entre el precedente horizontal y el vertical teniendo en cuenta la autoridad que profiere la providencia, para explicar que el primero hace referencia a aquellas sentencias fijadas por las autoridades de la misma jerarquía o por el mismo operador judicial, y el segundo se relaciona con los lineamientos sentados por las instancias superiores encargadas de unificar la jurisprudencia dentro de la respectiva jurisdicción. Un juez individual o colegiado no puede separarse, sin una explicación suficientemente sustentada, del precedente fijado en sus propias sentencias, ni tampoco del establecido por las autoridades superiores, específicamente del emanado de las Altas Cortes.
De una forma más específica sostiene que el desconocimiento del precedente tiene dos modalidades a saber: i) como causal autónoma contra providencia judicial cuando se trata de precedente constitucional, y ii) como defecto sustantivo por desconocimiento del precedente, la cual se configura cuando la autoridad jurisdiccional se aparta del precedente horizontal o vertical sin justificación suficiente, lo cual conduce a concluir que la providencia adolece de un defecto sustantivo.

En la sentencia T-309 de 22 de mayo de 2015, la Corte Constitucional precisa que el precedente constitucional puede llegar a desconocerse cuando: i) se aplican disposiciones legales que han sido declaradas inexequibles por sentencias de control de constitucionalidad, ii) se contraría la ratio decidendi de sentencias de control de constitucionalidad, especialmente, la interpretación de un precepto que la Corte ha señalado es la que debe acogerse a la luz del texto superior, o iii) se desconoce la parte resolutiva de una sentencia de exequibilidad condicionada, o iv) se desconoce el alcance de los derechos fundamentales fijado por la Corte Constitucional a través de la ratio decidendi de sus sentencias de control de constitucionalidad o de revisión de tutela.

En síntesis, según la Corte Constitucional, para determinar si una sentencia constituye precedente aplicable se deben satisfacer los siguientes requisitos: i) que los hechos relevantes del caso se asemejen a los del caso a decidir, ii) que la regla de la decisión fijada en la providencia que se invoca como precedente se mantenga vigente, esto es, que no haya variado o evolucionado en otra sentencia más específica, y iii) que la consecuencia jurídica del caso resulte aplicable al caso actual.

La jurisprudencia constitucional también ha diferenciado los conceptos de antecedente y precedente, así:

[…] El antecedente se refiere a una decisión de una controversia anterior a la que se estudia, que puede tener o no algunas similitudes desde el punto de vista fáctico, pero lo más importante es que contiene algunos puntos de derecho (e.g. conceptos, interpretaciones, preceptos legales, etc.) que guían al juez para resolver el caso objeto de estudio. Por tanto, los antecedentes tienen un carácter orientador, lo que no significa (a) que no deban ser tenidos en cuenta por el juez a la hora de fallar, y (b) que lo eximan del deber de argumentar las razones para apartarse, en virtud de los principios de transparencia e igualdad […] ”
[…]
Por su parte, el precedente, por regla general, es aquella sentencia o conjunto de sentencias que presentan similitudes con un caso nuevo objeto de escrutinio en materia de (i) patrones fácticos y (ii) problemas jurídicos, y en las que en su ratio decidendi se ha fijado una regla para resolver la controversia, que sirve también para solucionar el nuevo caso” […].

En el mismo sentido se pronunció la Sección Primera del Consejo de Estado, en la sentencia de 12 de mayo de 2016, dentro de la acción de tutela radicada bajo el número 2015-02793-00.

VIII.7. Defecto sustantivo

En lo concerniente al defecto sustantivo, la jurisprudencia ha establecido que éste se presenta cuando la decisión que toma el juez desborda el marco de acción que la Constitución y la Ley le reconocen, al apoyarse en una norma evidentemente inaplicable al caso concreto, bien sea, entre otras, «[…] porque, a pesar de estar vigente y ser constitucional, no se adecua a la circunstancia fáctica a la cual se aplicó, porque a la norma empleada, por ejemplo, se le reconocen efectos distintos a los expresamente señalados por el legislador […]», e igualmente puede suceder cuando no se aplica la disposición que regula el asunto sometido a decisión judicial.

Si bien los jueces tienen autonomía para elegir las normas jurídicas pertinentes a un caso concreto y para establecer la manera de interpretar e integrar el ordenamiento jurídico, no les es dable apartarse de las disposiciones de la Constitución o la ley que resultan aplicables al caso concreto.

Cabe destacar, además, que la jurisprudencia ha restringido la configuración del defecto sustantivo cuando éste se estructura a partir de la interpretación que el juez ordinario ha dado a la disposición legal, en razón a que le está vedado al juez constitucional configurar el defecto sustantivo a partir de la elección realizada por el operador judicial, cuando la escogencia se ha efectuado entre interpretaciones constitucionalmente admisibles.

Al respecto, en la sentencia T-1001 de 2001 la Corte Constitucional explicó:
«En materia de interpretación judicial, los criterios para definir la existencia de una vía de hecho son especialmente restrictivos, circunscritos de manera concreta a la actuación abusiva del juez y flagrantemente contraria al derecho. El hecho de que los sujetos procesales, los particulares y las distintas autoridades judiciales no coincidan con la interpretación acogida por el operador jurídico a quien la ley asigna la competencia para fallar el caso concreto, o no la compartan, en ningún caso invalida su actuación ya que se trata, en realidad, de “una vía de derecho distinta” que, en consecuencia, no es posible acomodar dentro de los requisitos de procedibilidad de la acción de tutela contra providencias judiciales. De esta manera, queda a salvo, pues, el respeto por el principio democrático de la autonomía funcional del juez que reserva para éste, tanto la adecuada valoración probatoria como la aplicación razonable del derecho». (Subraya fuera de texto original)

VIII.9. Del proceso ejecutivo en la Ley 1437 de 2011 - Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo - CPACA y el Código General del Proceso - CGP

El artículo 422 del Código General del Proceso señala que pueden demandarse ejecutivamente las obligaciones expresas, claras y exigibles que consten en documentos que provengan del deudor o su causante, en los siguientes términos:

ARTÍCULO 422. TÍTULO EJECUTIVO. Pueden demandarse ejecutivamente las obligaciones expresas, claras y exigibles que consten en documentos que provengan del deudor o de su causante, y constituyan plena prueba contra él, o las que emanen de una sentencia de condena proferida por juez o tribunal de cualquier jurisdicción, o de otra providencia judicial, o de las providencias que en procesos de policía aprueben liquidación de costas o señalen honorarios de auxiliares de la justicia, y los demás documentos que señale la ley. La confesión hecha en el curso de un proceso no constituye título ejecutivo, pero sí la que conste en el interrogatorio previsto en el artículo 184. (Resaltado fuera de texto)

En la citada norma se establece las condiciones formales y de fondo que debe reunir un documento para que de él pueda predicarse la existencia de un título ejecutivo. Aun cuando sus condiciones son, en general, aplicables al ámbito de las ejecuciones adelantadas ante lo contencioso administrativo, debe señalarse que la Ley 1437 de 2011 – CPACA - se ha ocupado expresamente de regular el proceso ejecutivo administrativo.

En el artículo 297 del CPACA se define las reglas particulares de los títulos ejecutivos ante el contencioso administrativo en los siguientes términos:

1. Las sentencias debidamente ejecutoriadas proferidas por la Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo, mediante las cuales se condene a una entidad pública al pago de sumas dinerarias.

2. Las decisiones en firme proferidas en desarrollo de los mecanismos alternativos de solución de conflictos, en las que las entidades públicas queden obligadas al pago de sumas de dinero en forma clara, expresa y exigible.

3. Sin perjuicio de la prerrogativa del cobro coactivo que corresponde a los organismos y entidades públicas, prestarán mérito ejecutivo los contratos, los documentos en que consten sus garantías, junto con el acto administrativo a través del cual se declare su incumplimiento, el acta de liquidación del contrato, o cualquier acto proferido con ocasión de la actividad contractual, en los que consten obligaciones claras, expresas y exigibles, a cargo de las partes intervinientes en tales actuaciones.

4. Las copias auténticas de los actos administrativos con constancia de ejecutoria, en los cuales conste el reconocimiento de un derecho o la existencia de una obligación clara, expresa, y exigible a cargo de la respectiva autoridad administrativa. La autoridad que expida el acto administrativo tendrá el deber de hacer constar que la copia auténtica corresponde al primer ejemplar. (Resaltado fuera del texto).

VIII.9.Del mandamiento de pago cuando el título ejecutivo se conforma por una providencia judicial y la resolución a través de la cual la administración da cumplimiento a la decisión judicial (Título complejo)

Respecto del mandamiento de pago, el artículo 430 del CGP prevé que la demanda debe ir acompañada del documento que presta mérito ejecutivo, en el caso que se pretenda el pago de una condena ordenada en sentencia judicial, lo sería la sentencia, su constancia de ejecutoria y el acto administrativo por medio del cual la entidad pública condenada cumplió imperfectamente lo ordenado.

Asimismo, dicha normativa ordena que el juez debe librar el mandamiento de pago en la forma pedida por el actor, si es procedente, o en la que el operador judicial lo considere legal, y que los requisitos formales del título solamente pueden discutirse mediante recurso de reposición contra el mandamiento ejecutivo. La norma en comento ordena lo siguiente:

ARTÍCULO 430. MANDAMIENTO EJECUTIVO. Presentada la demanda acompañada de documento que preste mérito ejecutivo, el juez librará mandamiento ordenando al demandado que cumpla la obligación en la forma pedida, si fuere procedente, o en la que aquel considere legal.

Los requisitos formales del título ejecutivo sólo podrán discutirse mediante recurso de reposición contra el mandamiento ejecutivo. No se admitirá ninguna controversia sobre los requisitos del título que no haya sido planteada por medio de dicho recurso. En consecuencia, los defectos formales del título ejecutivo no podrán reconocerse o declararse por el juez en la sentencia o en el auto que ordene seguir adelante la ejecución, según fuere el caso.

En efecto, sobre este asunto, en sentencia de 27 de abril de dos mil 2017, esta Sección, al resolver en primera instancia la acción de tutela formulada por la señora Blanca Alicia Moncayo de Muñoz en contra del Juzgado Cuarto Administrativo de Pasto y el Tribunal Administrativo de Nariño, autoridades judiciales que negaron librar el mandamiento de pago, al estimar que el título ejecutivo se encontraba constituido en el cupón de pago y no en la sentencia, en esta oportunidad la Sala planteó el siguiente problema jurídico: «[…] si, en efecto, los autos proferidos respectivamente el 15 de diciembre 2015 y el 8 de julio de 2016, por el Juzgado Cuarto Administrativo de Pasto y del Tribunal Administrativo de Nariño, incurren en un defecto procedimental por exceso de ritualidad manifiesto y en un defecto fáctico […]».

Para resolver lo anterior, esta Sección consideró lo siguiente:

De conformidad con la anterior jurisprudencia y las pruebas allegadas al proceso, se puede constatar que la sentencia de 25 de marzo de 2011, ejecutoriada el 26 de abril del mismo año y la Resolución UGM 012513 de 2011 de CAJANAL EICE– En Liquidación, conforman el título ejecutivo complejo del proceso que cursó ante Juzgado Cuarto Administrativo de Pasto y el Tribunal Administrativo de Nariño, pues contienen una obligación clara, expresa y exigible; elementos que permiten compeler al deudor para efectos de que satisfaga la obligación.

Dicho título se adjuntó a la demanda ejecutiva interpuesta el 28 de agosto de 2015, ante al Juzgado Cuarto Administrativo de Pasto, en la que la accionante solicitó que la UGPP le pagara los intereses de mora causados entre el día siguiente de la ejecutoria del fallo y el del cumplimiento de la condena. La constancia original de la ejecutoria del fallo obra a folio 42 vuelto, firmada por el Secretario del Tribunal Administrativo de Nariño.

Respecto del pago de intereses moratorios derivados de las condenas en sentencia, la Corte Constitucional en sentencia C-188 de 1999 señaló: “En cuanto al artículo 177 del Código Contencioso Administrativo, a menos que la sentencia que impone la condena señale un plazo para el pago -evento en el cual, dentro del mismo se pagarán intereses comerciales-, los intereses moratorios se causan a partir de la ejecutoria de la respectiva sentencia, sin perjuicio de la aplicación del término de dieciocho (18) meses que el precepto contempla para que la correspondiente condena sea ejecutable ante la justicia ordinaria”.

Así las cosas, la Sala considera que tanto el Juez Cuarto Administrativo de Pasto como el Tribunal Administrativo de Nariño vulneraron los derechos fundamentales al debido proceso y al acceso a la administración de justicia de la accionante, pues mediante proveídos de 15 de diciembre 2015 y de 8 de julio de 2016 se abstuvieron de librar mandamiento de pago en contra de la UGPP, debiendo haberlo hecho, de conformidad con las razones expuestas en precedencia.

Justamente, se encuentra que los proveídos atacados incurren en un defecto procedimental por exceso de ritualidad manifiesto y en un defecto fáctico, porque establecen que el título ejecutivo que presentó la accionante se encuentra constituido en el cupón de pago nro. 143900 de BANCOLOMBIA, cuando lo cierto es que se encontraba constituido, de forma compleja, en la sentencia de 25 de marzo de 2011, la cual fue adjuntada, con su constancia de ejecutoria, a la demanda ejecutiva interpuesta en contra de la UGPP, y en la Resolución UGM 012513 de 2011de CAJANAL EICE– En Liquidación.

Bajo ese orden de ideas, la Sala amparo los derechos fundamentales al debido proceso y al acceso a la administración de justicia de la accionante.

Ahora bien, esta Sección en sentencia de 31 de mayo de 2018, fijo las siguientes reglas en lo que respecta al título ejecutivo complejo:

1.- Que cuando se persiga el cumplimiento de una sentencia judicial ejecutoriada que no fue acatada en su totalidad por la entidad pública condenada, el interesado puede acudir a la jurisdicción de lo contencioso administrativo a través del proceso ejecutivo, para lo cual deberá allegar el título ejecutivo que, en este caso, es complejo.

2.- Que el título complejo se conforma por la sentencia, su constancia de ejecutoria y el acto administrativo por medio del cual la administración pretendió dar cumplimiento a la obligación, de tal manera que las liquidaciones presentadas por el ejecutante no hacen parte del mismo, pues solamente es la estimación de lo que, a su juicio, le adeuda la entidad pública, lo cual puede ser controvertido por el ejecutado a través del recurso de reposición, de las excepciones o en la etapa de liquidación del crédito. Siendo ello así, las imprecisiones o inexactitudes de la liquidación presentada con la demanda, de ninguna manera pueden dar lugar al rechazo de plano del mandamiento de pago.

3.- Que si el Juez encuentra que el título ejecutivo, que se repite, está conformado por la sentencia, su constancia de ejecutoria y el acto administrativo por medio del cual la administración pretendió dar cumplimiento a la obligación y del cual no hace parte la liquidación privada efectuada por la ejecutante, es claro, expreso y exigible, esto es: i) que haya una obligación determinada o determinable; ii) la ejecutante acredite que la obligación está a su favor; iii) se tiene certeza de quién es el deudor; iv) transcurrió el término legal o se cumplió la condición sin que el deudor cumpliera con la obligación que tenía a su cargo, deberá librar mandamiento de pago en la forma pedida por el actor, si fuere procedente, o en la que el Juez considere legal.

[…]

De acuerdo con lo previsto en las citadas disposiciones y en la jurisprudencia fijada por esta Sección, el título ejecutivo para reclamar los intereses moratorios derivados de la ejecución de una sentencia reviste el carácter de título complejo, lo que significa que debe integrarse con (i) la sentencia debidamente ejecutoriada de la condena a una entidad pública al pago de una suma de dinero y (ii) los actos administrativos que efectuaron la liquidación correspondiente.

VIII.11. Caso concreto

En el caso sub lite la parte actora pretende el amparo de sus derechos fundamentales a la igualdad, al debido proceso y al acceso a la administración de justicia, para que, como consecuencia de ello, se deje sin efectos la providencia de 14 de marzo de 2018, proferida por el Tribunal Administrativo de Nariño, mediante la cual se confirmó el auto de 9 de marzo de 2016, que se abstuvo de librar mandamiento ejecutivo.

A juicio del apoderado judicial del accionante, el Tribunal incurrió i) en defecto sustantivo al vulnerar los derechos fundamentales al debido proceso y al acceso a la administración de justicia, teniendo en cuenta que, en el presente caso no se evidenció «un estudio sustancial sobre los actos tendientes agotar la vía gubernativa respecto de las resoluciones que reconociera la prestación principal los cuales permitieron contar nuevamente el termino (sic) de prescripción para posteriormente poder demandar ante la Jurisdicción Contenciosa Administrativo»; ii) en desconocimiento del precedente fijado por esta Corporación en «múltiples fallos […] respecto de los documentos que constituyen título ejecutivo»; iii) en defecto fáctico en razón a que no se valoró en debida forma las pruebas allegadas al proceso ejecutivo.

En ese orden de ideas, la controversia gira en torno a establecer si el Tribunal Administrativo de Nariño, quebrantó los aludidos derechos fundamentales del accionante a través de la providencia cuestionada.

VIII.11.1. Análisis de los requisitos generales de procedibilidad de la acción de tutela

La Sala encuentra que se cumplen los requisitos generales de procedibilidad, en razón a que: i) se solicita la protección de unos derechos fundamentales como lo son la igualdad, el debido proceso y el acceso a la administración de justicia; ii) el accionante no tiene a su disposición otro medio de defensa judicial para procurar el amparo de los derechos que estima conculcados; iii) el requisito de inmediatez se satisface, toda vez que la providencia atacada (14 de marzo de 2018) fue notificada vía correo electrónico el 21 de mayo de 2018 y quedó ejecutoriada el 24 del mismo mes y año, y la solicitud de amparo fue instaurada el 22 de noviembre siguiente, es decir, se ejerció dentro de un término que se estima razonable; iv) la situación que generó la vulneración de derechos fundamentales fue debidamente puntualizada en el escrito de tutela, destacándose que es contra providencia judicial; y v) la acción constitucional no se dirige contra una sentencia dictada en un proceso de idéntica naturaleza.

VIII.11.2. Análisis de los requisitos especiales de procedibilidad de la acción de tutela

La parte actora considera que el Tribunal Administrativo de Nariño incurrió en un defecto fáctico en la providencia de 14 de marzo de 2018, por cuanto no se tuvieron en cuenta los elementos probatorios allegado al proceso ejecutivo con el cual pretendía conformar el título ejecutivo complejo.
VIII.11.3. La providencia judicial objeto de tutela incurrió en defecto fáctico

El apoderado judicial del accionante presentó demanda ejecutiva en contra de la UGPP, para que se librara mandamiento de pago por concepto de intereses moratorios, causados desde el 10 de julio de 2012 hasta el 31 de julio de 2014, derivados del pago tardío de la condena judicial contenida en la sentencia de 14 de junio de 2012, proferida por el Juzgado Único Administrativo del Circuito de Mocoa dentro del medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho con radicado 2011-00112.

El conocimiento del proceso ejecutivo en primera instancia, le correspondió al Juzgado Segundo Administrativo del Circuito de Mocoa, autoridad judicial que, mediante providencia de 9 de marzo de 2016, se abstuvo de librar mandamiento de pago, al considerar que:

En el presente caso, esta Judicatura observa que el petitum de la demanda ejecutiva se centra en el PAGO DE INTERESES MORATORIOS los cuales no se encuentran contenidos en forma expresa, pues no aparece de forma precisa la declaración de condena por este concepto tal y como se puede observar en la parte resolutiva de la Sentencia antes mencionada, de igual manera la obligación no es clara por cuanto no se encuentra determinada, en este sentido, no es procedente librar mandamiento de pago por cuanto no se puede exigir el cumplimiento de algo que no está definido formalmente por el juez, en ese sentido, se observa que no se reúnen los requisitos esenciales de todo título ejecutivo de conformidad al artículo 422 del C.G.P -esto es ser expreso, claro y exigible-, por este motivo esta Judicatura mal mandamiento de pago por tal concepto.

En contra de la anterior decisión, el apoderado judicial del actor interpuso recurso de apelación en el que, en esencia, expuso que los documentos aportados al proceso cumplían con las exigencias del artículo 422 del CGP, es decir que el título ejecutivo es claro, expreso y exigible. En proveído de 14 de marzo de 2018, el Tribunal Administrativo de Nariño confirmó la decisión en cuanto a la orden de no librar el mandamiento de pago, con fundamento en lo siguiente:

Por otra parte, en lo que concierte a los aspectos formales del título, se tiene que la obligación es clara cuando aparece fácilmente determinada; debe ser fácilmente inteligible y entenderse en un solo sentido.

Por último, es exigible cuando puede exigirse el cumplimiento de la misma por no estar sometida a plazo o condición.

Aclarado esto y teniendo en cuenta el referente jurisprudencial, así como también la normatividad aplicable al caso, se concluye que si bien en la sentencia judicial referenciada, no se especificó de forma expresa la condena y pago de intereses moratorios, no se puede exigir entonces lo contrario, cuando la jurisprudencia del H. Consejo de Estado, ha considerado que los mismos operan de pleno de derecho.

Desde esta perspectiva, se comparte la tesis adoptada por el A quo en el sentido de abstenerse de librar mandamiento de pago, pero principalmente porque se desconoce el monto de los intereses reclamados, es decir no obra prueba que la fecha en que se realizó el pago de la sentencia lo cual se hace necesario para poder calcular de manera acertada y precisa, los valores correspondientes.

En este orden de ideas, se confirmará la decisión de primera instancia, consistente en abstenerse de librar mandamiento de pago, brindando de esta manera, respuesta positiva al problema jurídico principal planteado.

Pues bien, del expediente aportado en condición de préstamo a esta instancia constitucional, la Sala observa que el accionante allegó al proceso ejecutivo, las siguientes pruebas:

Copia auténtica de la sentencia proferida el 14 de junio de 2012 por el Juzgado Único administrativo del Circuito de Mocoa.

Copia auténtica de constancia secretarial de notificación y ejecutoria de 25 de junio al 9 de julio de 2012..

Copia de la Resolución No. 020382 de 27 de junio de 2014 expedida por la subdirectora (e) de determinación de derechos pensionales de la UGPP, por medio de la cual se dio cumplimiento a la sentencia de 14 de junio de 2012.

Copia de la liquidación detallada del pago, elaborada por la UGPP el 16 de septiembre de 2014.

Liquidación de los intereses moratorios adeudados, realizada por el apoderado judicial del señor Paulino Francisco Martínez Delgado.

De acuerdo con lo expuesto en precedencia y de las pruebas aportados al plenario, la Sala encuentra que la sentencia de 14 de junio de 2012, ejecutoriada el 9 de julio del mismo año y la Resolución RDP 020382 de 27 de junio de 2014 de la UGPP, conforman el título ejecutivo complejo, pues contienen una obligación clara, expresa y exigible; elementos que permiten exigir al deudor para efectos que dé cumplimiento a la obligación.

En este orden de ideas, la Sala encuentra que la providencia judicial objeto de tutela al abstenerse de librar el mandamiento ejecutivo solicitado por el señor Paulino Francisco Martínez Delgado, bajo el argumento que no obra prueba que diera cuenta de la fecha en que se realizó el pago de la sentencia, incurrió en defecto fáctico, al no valorar en debida forma la resolución que dio cumplimiento al fallo judicial, así como la liquidación detallada del pago expedidas por la UGPP, elementos que permitían determinar el período por el cual se ocasiona el pago de los intereses moratorios.

En relación con los defectos sustantivo y desconocimiento del precedente alegados, la Sala considera innecesario pronunciarse sobre estos, habida cuenta que se protegerá los derechos fundamentales vulnerados al señor Paulino Francisco Martínez Delgado por configurar el defecto fáctico.

A partir de lo anterior, la Sala procederá revocar la sentencia proferida el 17 de enero de 2019 por la Sección Segunda, Subsección B, del Consejo de Estado y, en su lugar, amparar los derechos fundamentales al debido proceso y al acceso a la administración de justicia del señor Paulino Francisco Martínez Delgado. En consecuencia, se dejará sin efectos la providencia de 14 de marzo de 2018 proferida por el Tribunal Administrativo de Nariño y se ordenará que emita un una nueva decisión conforme a los lineamientos expuestos en esta sentencia.

En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la Ley,

F A L L A

PRIMERO: NEGAR la solicitud de desvinculación del proceso propuesta por la Unidad Administrativa Especial de Gestión Pensional y Contribuciones Parafiscales de la Protección Social - UGPP.
SEGUNDO: REVOCAR la sentencia de 17 de enero de 2019, proferida por la Sección Segunda, Subsección B, del Consejo de Estado, que negó la acción de tutela y, en su lugar, CONCEDER el amparo de los derechos fundamentales al debido proceso y al acceso a la administración de justicia del señor Paulino Francisco Martínez Delgado, de acuerdo con las consideraciones de la parte motiva de la providencia.

TERCERO: DEJAR sin efecto la providencia de 14 de marzo de 2018, proferida por el Tribunal Administrativo de Nariño, dentro del proceso ejecutivo con radicado 86001-33-33-751-2015-00155-01, presentado por el señor Paulino Francisco Martínez Delgado en contra de la Unidad Administrativa Especial de Gestión Pensional y Contribuciones Parafiscales de la Protección Social - UGPP.

En consecuencia, ORDENAR al Tribunal Administrativo de Nariño, que dentro de los diez (10) días siguientes a la notificación de esta providencia, emita un nuevo fallo, de segunda instancia, en el que se tengan en cuenta las consideraciones de esta sentencia.

CUARTO: REMITIR el expediente a la Corte Constitucional para su eventual revisión, dentro de los diez (10) días siguientes a la ejecutoria de esta providencia.

CÓPIESE, NOTIFÍQUESE, COMUNÍQUESE Y CÚMPLASE,

Se deja constancia que la anterior providencia fue leída, discutida y aprobada por la Sala en la sesión de la fecha.

OSWALDO GIRALDO LÓPEZ
Consejero de Estado
Presidente

NUBIA MARGOTH PEÑA GARZÓN
Consejera de Estado

HERNANDO SÁNCHEZ SÁNCHEZ
Consejero de Estado

ROBERTO AUGUSTO SERRATO VALDÉS
Consejero de Estado

Cuaderno acción de tutela, folios 32 y 33
Folio 58 del expediente de tutela.
Doctor Álvaro Montenegro Calvachy, magistrado ponente de la providencia objeto de controversia.
Folios 41 al 56 del expediente de tutela. Resaltado del texto original.
"Por el cual se reglamenta la acción de tutela consagrada en el artículo 86 de la Constitución Política".
"Por medio del cual se expide el decreto único reglamentario del sector justicia y del derecho”.
Artículo 32 del Decreto Ley 2591 del 19 de noviembre de 1991.
Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, Radicación: 2009-01328-01(IJ), sentencia de 31 de julio de 2012. Consejera Ponente: Dra. María Elizabeth García González.
Corte Constitucional, Sala Novena de Revisión, Sentencia T-619 de 3 de septiembre de 2009, Magistrado Jorge Iván Palacio Palacio.
Defecto orgánico, que tiene lugar cuando el funcionario judicial que emite la decisión carece, de manera absoluta, de jurisdicción o competencia para ello.
Defecto procedimental absoluto, que tiene lugar cuando el juez actuó al margen del procedimiento establecido.
Defecto fáctico, que surge cuando la providencia judicial carece del apoyo probatorio que permita la aplicación del supuesto legal en el que se sustenta la decisión, valora erradamente los elementos de juicio; o da por demostrada una situación fáctica sin existir evidencia probatoria de la misma.
Defecto material o sustantivo, existe cuando las decisiones se fundamentan en normas inexistentes o inconstitucionales, o que presentan una evidente contradicción entre los fundamentos y la decisión.
Error inducido, que se presenta cuando la autoridad judicial ha sido engañada por las partes o intervinientes y ese engaño lo llevó a tomar una determinación que afecta derechos fundamentales.
Decisión sin motivación, que tiene lugar cuando el funcionario judicial no expone los fundamentos fácticos y jurídicos de la decisión adoptada en la parte resolutiva de la providencia judicial.
Desconocimiento del precedente, que se origina cuando el juez ordinario desconoce o limita el alcance dado por esta Corte Constitucional a una disposición constitucional o derecho fundamental, apartándose del contenido constitucionalmente vinculante del derecho fundamental vulnerado.
Violación directa de la Constitución, que se presenta cuando la actuación de la autoridad se opone de manera directa a las normas establecidas en la Constitución Política.
Corte Constitucional, T- 225 de 2010.
Corte Constitucional, sentencia T-041 de 2018.
Sentencia C-622 de 1998, M. P. Fabio Morón Díaz.
Azula Camacho, Jaime. Manual de Derecho Procesal civil, Teoría General del Proceso, Tomo VI. Editorial Temis, Bogotá, 2015. Página 66.
Giacomette Ferrer, Ana. Introducción a la teoría general de la prueba. Señal Editora: Universidad del Rosario, Ediciones Rosaristas, Bogotá, 2009. Página 232.
López Blanco, Hernán Fabio. Procedimiento Civil, Tomo III. Segunda Edición. DUPRE Editores. Bogotá, 2008. Página 79.
Muñoz Sabaté, Luis. Fundamentos de Pruebas Judicial Civil. J.M. Bosch Editor. Barcelona, 2001. Página 437.
Corte Constitucional, T-041 de 2018.
Corte Constitucional, T-464 de 2001.
Corte Constitucional T-458 de 2007.
Corte Constitucional T-436 de 2009.
T-102 de 25 de febrero de 2014. M.P. Jorge Ignacio Pretelt Chaljub.
T-292 de 6 de abril de 2006. M.P. Manuel José Cepeda Vargas.
Texto tomado de la sentencia de 27 de noviembre de 2015, proferida por la Sección Segunda, Subsección B del Consejo de Estado, M.P. Carmelo Perdomo Cuéter.
Consejero Ponente Roberto Augusto Serrato Valdés.
Corte Constitucional, Sentencia T-064 de 2010. M.P. Luis Ernesto Vargas Silva.

Consejo de Estado, Sección Primera, consejero ponente: Hernando Sánchez Sánchez, sentencia de 27 de abril de 2017, radicación número: 11001-03-15-000-2016-03128-00(AC), actor: Blanca Alicia Moncayo De Muñoz, demandado: Juzgado Cuarto Administrativo de Pasto y Tribunal Administrativo de Nariño.
Dentro del proceso de nulidad y restablecimiento del derecho, en el proceso radicada con el número 00030 (2755); actor: José Félix Muñoz Castillo, demandado: Caja Nacional de Previsión Social, CAJANAL
Sentencia de 24 de marzo de 1999, Magistrado Ponente doctor José Gregorio Hernández Galindo.
"Artículo  177.  Efectividad de condenas contra entidades públicas. Cuando se condene a la Nación, a una entidad territorial o descentralizada al pago o devolución de una cantidad líquida de dinero, se enviará inmediatamente copia de la sentencia a quien sea competente para ejercer las funciones del ministerio público frente a la entidad condenada.
El agente del ministerio público deberá tener una lista actual de tales sentencias, y dirigirse a los funcionarios competentes cuando preparen proyectos de presupuestos básicos o los adicionales, para exigirles que incluyan partidas que permitan cumplir en forma completa las condenas, todo conforme a las normas de la ley orgánica del presupuesto.
El Congreso, las asambleas, los concejos, el Contralor General de la República, los contralores departamentales, municipales y distritales, el Consejo de Estado y los tribunales contencioso administrativos y las demás autoridades del caso deberán abstenerse de aprobar o ejecutar presupuestos en los que no se hayan incluido partidas o apropiaciones suficientes para atender al pago de todas las condenas que haya relacionado el Ministerio Público.
Será causal de mala conducta de los funcionarios encargados de ejecutar los presupuestos públicos, pagar las apropiaciones para cumplimiento de condenas más lentamente que el resto. Tales condenas, además, serán ejecutables ante la justicia ordinaria dieciocho (18) meses después de su ejecutoria.
Las cantidades líquidas reconocidas en tales sentencias devengarán intereses comerciales durante los seis (6) meses siguientes a su ejecutoria y moratorios después de este término. Texto Subrayado declarado INEXEQUIBLE por la Corte Constitucional mediante Sentencia C-188 de 1999”
Folio 49 del expediente de tutela.
Consejo de Estado, Sección Primera, consejera ponente: María Elizabeth García González, sentencia de 31 de mayo de 2018, radicación número: 11001-03-15-000-2018-00824-00(AC), actor: Marta Isabel Ramírez Vanegas, demandado: Juzgado Dieciocho Administrativo Oral del Circuito de Medellín y el Tribunal Administrativo de Antioquia.

Consejo de Estado, Sección Primera consejero ponente: Hernando Sánchez Sánchez, sentencia de 19 de diciembre 2018, radicación número: 11001-03-15-000-2018-03351-01(AC), actor: Ocaris de Jesús Londoño Hernández, demandado: Juzgado Primero Administrativo de Oralidad del Circuito de Medellín y Sala Primera del Tribunal Administrativo de Antioquia. En esta oportunidad la sección señaló que: «como requisitos del título ejecutivo: i) de fondo: que la obligación sea clara, expresa y exigible y, además, que en el título aparezca consignada una suma líquida o liquidable por simple operación aritmética, siempre y cuando se trate de obligaciones dinerarias; ii) de forma: cuando se trate de sentencias judiciales, se debe acompañar la constancia de ejecutoria, asimismo, los documentos que hagan parte del título deben conformar una unidad jurídica, ser auténticos, emanen del deudor o el causante, entre otros». Resaltado fuera del texto
Cuaderno del proceso ejecutivo, folio 72.
Al respecto, ver sentencia de unificación por importancia jurídica proferida por la sala plena de lo contencioso-administrativo el 5 de agosto de 2014, consejero ponente Jorge Octavio Ramírez Ramírez, expediente: 11001-03-15-000-2012-02201-01 (IJ), demandante: Alpina Productos Alimenticios S.A., que fijó parámetros en relación con los requisitos de inmediatez y subsidiaridad. En la cual estableció que el término de 6 meses, se cuenta a partir de la notificación o ejecutoria de la sentencia, término razonable para ejercer la acción de tutela
Resaltado fuera del texto.
Resaltado fuera del texto
Cuaderno del proceso ejecutivo, folios
Ibíd., folio 23.
Ibíd., folios 28 al 34.
ibíd., folios 38 a 40.
ibíd., folio 41.

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