Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Primera, radicado 11001-03-15-000-2018-04434-00
Consejo de Estado · Sección Primera
Jurisprudencia › Consejo de Estado › Radicado 11001-03-15-000-2018-04434-00
Consejo de Estado · Sección Primera
Acción de tutela contra providencia judicial
Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Primera, radicado 11001-03-15-000-2018-04434-00
Consejo de Estado · Sección Primera
República de Colombia
Consejo de Estado
Sección Primera
Radicado 11001-03-15-000-2018-04434-00
Consejero ponente: Roberto Augusto Serrato Valdés
31 de enero de 2019
ACCIÓN DE TUTELA CONTRA PROVIDENCIA JUDICIAL / DEFECTO SUSTANTIVO – No se configura / DEFECTO PROCEDIMENTAL – No se configura / IMPUESTO AL SERVICIO DE ALUMBRADO PÚBLICO – COMPETENCIA DE LAS ENTIDADES TERRITORIALES
En cuanto a la naturaleza del impuesto al servicio de alumbrado público, esta Corporación ha señalado que se trata de un impuesto, toda vez que: i) de este servicio gozan todos los habitantes de una jurisdicción territorial, quieran o no acceder al mismo; ii) se genera por la mera prestación del servicio; iii) se cobra indiscriminadamente a todos sus beneficiarios; y, iv) el contribuyente puede o no beneficiarse con el servicio de acuerdo con las condiciones en que se preste, sin que pueda derivarse una relación directa entre el tributo cobrado y el beneficio al que se accede habitual o esporádicamente” (…) la Sala considera que la anterior interpretación es acertada y se ajusta a derecho, en tanto que el procedimiento de aforo no es aplicable a los eventos en los cuales el administrado no está obligado a presentar la declaración de este impuesto, como es el caso del municipio de Soledad. Ahora bien, lo cierto es que en el caso sub examine, el acto administrativo que exigía al contribuyente el pago del concepto adeudado, si bien se denominó “liquidación de aforo al contribuyente”, correspondía materialmente a una liquidación oficial, la cual se encontraba debidamente motivada y se sustentaba en los requerimientos previos, a través de los cuales el accionante tuvo conocimiento de su obligación, contenidos en la facturación mensual del servicio (…) La Sala comparte el criterio sostenido por la Sección Quinta conforme al cual las facturas de cobro constituyeron el acto previo a la liquidación del impuesto a través del cual se le garantizó el debido proceso al accionante en su calidad de contribuyente. En segundo lugar y respecto del presunto desconocimiento de los precedentes jurisprudenciales contenidos en las sentencias de 16 de octubre de 2014, 4 de mayo de 2015, 10 de febrero de 2016, 23 de febrero de 2017 y 18 de octubre de 2018, proferidas por la Sección Cuarta del Consejo de Estado, considera la Sala que dicho argumento tampoco cuenta con vocación de prosperidad,(…) para la Sala resulta claro que la Sección Quinta del Consejo de Estado, al expedir la providencia de 3 de mayo de 2018, no incurrió en el defecto sustancial alegado por el accionante.(..,.) , la Sala no comparte la afirmación sostenida por el accionante según la cual la Corporación judicial accionada efectuó una indebida valoración de las pruebas, puesto que las anteriores afirmaciones sirvieron de sustento para corroborar el ejercicio del derecho de defensa del contribuyente y que, efectivamente, se le puso en conocimiento la existencia del tributo, antes de la liquidación oficial, con miras a que éste se pronunciara al respecto (…) la decisión de la Sección Quinta de esta Corporación estuvo soportada en las pruebas aportadas al acervo probatorio, en los hechos que ambas partes dieron por ciertos y en la normatividad aplicable al caso y, en tal sentido, estima la Sala que no se configuró el referido defecto fáctico. (…) no se generó un vicio de procedimiento en la medida en que la competencia para resolver la apelación formulada recae legalmente en el Consejo de Estado. Por todo lo anterior, para la Sala resulta claro que la Sección Quinta del Consejo de Estado, al expedir la providencia de 3 de mayo de 2018, no incurrió en defectos sustantivo, fáctico y procedimental, teniendo en cuenta que profirió su providencia de manera razonable y ajustada a derecho, sin evidenciar por esta Sala una actuación arbitraria que haya traído como consecuencia la vulneración de los derechos fundamentales de la parte actora y, en consecuencia, se negará el amparo invocados por la sociedad TERMOBARRANQUILLA S.A. E.S.P.
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN PRIMERA
Consejero ponente: ROBERTO AUGUSTO SERRATO VALDÉS
Bogotá, D. C., treinta y uno (31) de enero de dos mil diecinueve (2019)
Radicación número: 11001-03-15-000-2018-04434-00(AC)
Actor: TERMOBARRANQUILLA S.A. EMPRESA DE SERVICIOS DOMICILIARIOS – TEBSA S.A., E.S.P.
Demandado: CONSEJO DE ESTADO - SECCIÓN QUINTA
La Sala procede a decidir la acción de tutela interpuesta por la sociedad TERMOBARRANQUILLA S.A. E.S.P. en contra de la sentencia de 3 de mayo de 2018, proferida por la Sección Quinta del Consejo de Estado.
LA SOLICITUD DE TUTELA
La sociedad TERMOBARRANQUILLA S.A. E.S.P., por intermedio de apoderado judicial, promovió acción de tutela en contra de la Sección Quinta del Consejo de Estado, con miras a obtener la protección de sus derechos fundamentales a la igualdad y al debido proceso, los cuales consideró vulnerados con ocasión de sentencia de 3 de mayo de 2018, proferida dentro del medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho con radicado No. 08001-23-31-000-2007-00005-01, promovido por el accionante en contra del municipio de Soledad.
HECHOS
De conformidad con lo planteado por la accionante, los hechos que motivan la solicitud de amparo se contraen, en síntesis, a lo siguiente:
Adujo que, mediante Resolución 0025 de 21 de septiembre de 2006, la Secretaria de Hacienda del municipio de Soledad practicó la liquidación de aforo por concepto del impuesto de alumbrado público de los meses de febrero de 2003 a agosto de 2006, cuyo valor adeudado fue estimado en una cuantía de $3’430.200.920 M/L.
Sostuvo que, en la Resolución ya mencionada, se afirmó que la sociedad había recibido mensualmente las facturas de liquidación del impuesto, expedidas por la Concesionaria de Alumbrado Público de Soledad, Unión Temporal Industrias Philips de Colombia -ISM S.A.-, aplicándose la tarifa establecida en los Acuerdos Municipales No. 032 de 2002 y 003 de 2003, por la suma mensual de $70.000.000 M/L.
Inconforme con la citada liquidación, presentó recurso de reconsideración en contra de la Resolución No. 0025, alegando que el municipio, al efectuar el procedimiento de cobro, incumplió el trámite establecido para tal efecto, consistente en que, previamente a la liquidación oficial del tributo, se debió haber expedido un emplazamiento para citar al contribuyente a declarar.
En respuesta a lo pretendido, el Municipio de Soledad, mediante la Resolución No. 0032 del 27 de noviembre de 2006, confirmó la citada decisión, luego de precisar que la facturación mensual, remitida por el concesionario, reemplazaba al emplazamiento, pues en ella se determinaban los valores que debía pagar.
TERMOBARRANQUILLA S.A. E.S.P., en ejercicio de la acción de nulidad y restablecimiento del derecho, establecida en el artículo 85 del Código Contencioso Administrativo, presentó demanda ante el Tribunal Administrativo del Atlántico, con miras a que se declarará la nulidad de las Resoluciones No. 0025 del 21 de septiembre y 0032 de 27 de noviembre de 2006.
Mediante sentencia de 21 de junio de 2013, el Tribunal Administrativo del Atlántico declaró no probada la excepción de cosa juzgada y negó las pretensiones de la demanda.
Al resolver el recurso de apelación interpuesto por la parte demandante, la Sección Quinta del Consejo de Estado, mediante sentencia de 3 de mayo de 2018, confirmó la decisión de primera instancia.
Como sustento de su solicitud de amparo, en primer lugar, reprochó el hecho consistente en que la Sección Quinta del Consejo de Estado hubiese conocido del recurso de apelación interpuesto en contra de la sentencia de 21 de junio de 2013, con base en lo dispuesto en el Acuerdo 057 de 2017 de descongestión, dado que este asunto, eminentemente tributario, debía ser fallado por la Sección Cuarta de esta Corporación judicial.
Puso de presente que los actos administrativos acusados fueron expedidos irregularmente, en la medida en que el emplazamiento previo es un acto indispensable y necesario para la validez de la liquidación de aforo, conforme con lo dispuesto en los artículos 415, 416 y 442 del Acuerdo 041 de 1998, razón por la el acto de liquidacion incurrió en la causal de nulidad prevista en el numeral 3 del articulo 442 del Acuerdo íbidem.
A su juicio, se configuró un defecto sustantivo por desconocimiento de los precedentes jurisprudenciales fijados por la Sección Cuarta del Consejo de Estado, contenidos en las sentencias de 16 de octubre de 2016, 4 de mayo de 2015, 10 de febrero de 2016, 23 de febrero de 2017 y 18 de octubre de 2018, conforme a los cuales “[…] es requisito indispensable que el Municipio directamente (no por intermedio del concesionario del impuesto), antes de proferir la liquidación oficial de impuesto de alumbrado público, debe necesariamente notificar un acto administrativo previo, debidamente motivado, en el cual se detallen los elementos de la obigación tributaria, so pena de la violación del debido proceso del administrado […]“.
Asimismo, alegó un desconocimiento del precedente fijado por la Seccion Cuarta de la Corporación, contenido en la sentencia de 22 de septiembre de 2004, conforme al cual,“[…] la autoridad tributaria municipal no puede delegar en un particular la facultad de determinar oficialmente el tributo […]“.
Igualmente advirtio la presunta configuración de un defecto factico con ocasion del valor probatorio otorgado a las facturas de cobro, las cuales fueron proferidas por un particular y no obran en el expediente, a pesar de que tal facultad le corresponde a la Secretaria de Hacienda Municipal, de conformidad con lo previsto en el articulo 6 del Acuerdo 024 de 2002, modificado por el Acuerdo 007 de 2004.
Por todo lo anterior, manifiesta que la providencia acusada incurre en un defecto sustantivo por la indebida interpretacion del artículo 6 del Acuerdo 024 de 2002, dado que el emplazamiento debió haber sido proferido por la Secretaria de Hacienda, dependencia que no puede delegar dicha facultad en un particular.
LAS PRETENSIONES
Las pretensiones formuladas por el accionante fueron las siguientes:
“[…] Con base en los anteriores hechos, fundamentos y pruebas, solicito a los señores magistrados que ampares los derechos fundamentales de la sociedad TERMOBARRANQUILLA S.A. E.S.P. (Sic), vulnerados a través de la sentencia proferida el día 3 de mayo de 2018 por el H. Consejo de Estado, Sección Quinta, dentro del proceso bajo radicación 08001-23-31-000-2007-00005-01, para que en consecuencia se modifique dicha providencia judicial, y se anulen por vicios del debido proceso los actos administrativos por medio de los cuales se determinó a TERMOBARRANQUILLA S.A. E.P.S. el impuesto al alumbrado público por los meses de febrero de 2003 a agosto de 2006 , a saber la resolución número 0025 de 21 de septiembre de 2006 mediante la cual el Secretario de Hacienda del Municipio de Soledad liquidó de aforo el referido impuesto y la resolución número 0032 de 27 de noviembre de 2006 que resolvió el recurso de reconsideración interpuesto y la confirmo en todas sus partes.[…]”.
TRÁMITE DE LA TUTELA
Mediante auto de 5 de diciembre de 2018, se admitió la presente acción de tutela y se dispuso notificar a los magistrados del Consejo de Estado, Sección Quinta, con el fin de que ejercieran su derecho de defensa y contradicción. En la misma providencia se vinculó como tercero con interés en los resultados de la actuación al Municipio de Soledad, a los magistrados del Tribunal Administrativo del Atlántico, Sección C y a la Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado.
INTERVENCIONES
Realizadas las comunicaciones a las autoridades accionadas y a las vinculadas, intervinieron en los siguientes términos:
V.1 Mediante memorial de 14 de diciembre de 2018, el doctor Alberto Yepes Berreiro, en su calidad de Magistrado de la Sección Quinta del Consejo de Estado, solicitó desestimar las pretensiones de la solicitud de amparo, con base en las siguientes consideraciones:
Puso de presente que el Estatuto de Rentas del Municipio de Soledad y los actos que modifican lo concerniente al impuesto de alumbrado público no contemplan expresamente que el contribuyente del impuesto de alumbrado público este obligado a presentar la liquidación privada del mismo, ni se especifica el método en que se cobrará tal impuesto, por consigiente, no resulta procedente el procedimiento de aforo.
En tal sentido, advirtio que “[…] si no existe la obligación de declarar, tampoco puede exigirse a la administración el cumplimiento de los requisitos propios del acto de determinacion del tributo por aforo, entre ellos el emplazamiento […]”. Y, por lo tanto, a su juicio, no se vulneraron los derechos fundamentales del accionante durante el procedimiento de liquidacion del tributo, puesto que el contribuyente, a traves de la facturación, contó con la oportunidad de oponerse a la determinacion del cobro, como en efecto ocurrió.
En lo que respecta al juicio del accionante sobre el análisis del acervo probatorio, señaló que aun cuando “[…] la parte actora reprocha que las facturas por medio de las cuales se realizó el cobro en cuestión, no obran el proceso, ella misma acepta que tanto en la demanda como en la contestación se aceptó dicho hecho, de modo que no se cuestionó su existencia. Y a partir de esta circunstancia, se pudo establecer que la empresa actora sí estaba enterada de los cobros y, por ende, podía ejercer su derecho de defensa. De hecho, TEBSA se opuso a dichos cobros […]”.
Adicionalmente, consideró que la falta de competencia alegada por el accionante en la emisión de las facturas, no existió, toda vez que el consecionartio simplemente funge como intermediario de cobro, dado que la liquidación fue proferida directamente por la Secretaria de Hacienda del Municipio de Soledad.
V.2. Mediante escrito de 13 de diciembre de 2018, el magistrado del Tribunal Administrativo del Atlántico, doctor Ángel Hernández Cano, advirtió que lo pretendido por el accionante, a través de la solicitud de amparo, es reabrir el debate jurídico concluido.
Sostuvo que “[…] el criterio jurídico trabajado en el fallo de primera instancia, refleja un criterio interpretativo razonable, dentro del marco de la independencia y autonomía judicial, dado que para ese momento (21 de junio de 2013) la posición jurisprudencial reclamada en el escrito de tutela, mal podría aplicarse, pues esa postura fue emitida en el 2014, es decir, con posterioridad al fallo ahora cuestionado por la tutelante […]”.
En cuanto al reproche respecto de las facturas de cobro, consideró que aquel planteamiento “[…] deviene contradictorio, por cuanto en la demanda se reconoció expresamente que las facturas fueron devueltas, exponiendo las razones de su renuencia, circunstancia que constituye una clara e inequívoca manifestación del ejercicio del derecho de defensa, resultando ajeno a este debate si la exposición de sus argumentos, como lo da a entender, debía realizarla ante el ente territorial y no ante el concesionario […]”:
V.3. El municipio de Soledad – Antioquia, por intermedio de apoderado judicial, solicitó denegar las pretensiones de la acción de tutela, luego de alegar la configuración de las excepciones relativas a la “inexistencia de un perjuicio irremediable”, a la “cosa juzgada” y a la “autonomía de los jueces naturales de la causa”.
Advirtió que el precedente jurisprudencial contenido en la sentencia de 16 de octubre de 2014, no es aplicable al caso concreto, puesto que dicho pronunciamiento se refiere al impuesto predial unificado, el cual difiere del impuesto de alumbrado público en el hecho generador, sujeto activo, sujeto pasivo y en la base gravable, entre otros. Indicó que igual acontece respecto del precedente fijado en la sentencia de 4 de mayo de 2015, el cual se relaciona con el impuesto de estampillas.
En lo que se refiere al juicio sobre la facturación, señaló que este reproche no fue discutido durante el medio de control judicial ordinario y, adicionalmente, para la época de los hechos dicha facultad podía delegarse puesto que fue a través de Ley 1386 de 2010 que se prohibió la entrega de terceros de la administración de tributos.
Conforme al artículo 230 de la Constitución Política, precisó que la jurisprudencia es criterio auxiliar de la actividad judicial, de manera que, en esta etapa procesal no es procedente controvertir una sentencia judicial ya ejecutoriada con base en dicho criterio y que, por ello, discutir un fallo judicial podía constituir una falta disciplinaria, de conformidad con el numeral 3 del artículo 33 de la Ley 1123 de 2007.
VI. CONSIDERACIONES DE LA SALA
VI.1. Competencia
Esta Sala es competente para pronunciarse sobre la acción de tutela promovida por la sociedad TERMOBARRANQUILLA S.A. E.S.P., en contra de la Sección Quinta del Consejo de Estado, de conformidad con lo establecido en el artículo 37 del Decreto 2591 de 19 de noviembre de 1991, en concordancia con el artículo 2.2.3.1.2.1 del Decreto 1069 de 26 de mayo de 2015, modificado por el artículo 1º del Decreto 1983 de 30 de noviembre de 2017.
VI.2. Problema Jurídico
De acuerdo a la situación fáctica planteada, a la Sala le corresponde establecer:
Si en el presente asunto se cumplen los requisitos generales de procedencia excepcional de la acción de tutela contra providencias judiciales.
Si de la sentencia de 3 de mayo de 2018, proferida por la Sección Quinta del Consejo de Estado, a través de la cual se confirmó la decisión de primera instancia, se configura: i) un defecto sustantivo por la indebida interpretación de los artículos 415, 416 y 442 del Acuerdo 041 de 1998 y, por el desconocimiento de los precedentes jurisprudenciales contenidos en las sentencias de 22 de septiembre de 2004, 16 de octubre de 2016, 4 de mayo de 2015, 10 de febrero de 2016, 23 de febrero de 2017 y 18 de octubre de 2018, proferidas por la Sección Cuarta de esta Corporación judicial; ii) así como un defecto factico con ocasión del valor probatorio otorgado a las facturas de cobro de febrero de 2003 a agosto de 2006, expedidas por la Concesionaria de Alumbrado Público de Soledad, Unión Temporal Industrias Philips de Colombia -ISM S.A; y, finalmente, iii) un defecto procedimental por la falta de competencia de la Sección Quinta del Consejo de Estado para actuar como juez de segunda instancia.
Con el fin de resolver tales interrogantes resulta pertinente pronunciarse de manera previa sobre: i) la procedencia de la acción de tutela contra providencias judiciales. Requisitos generales y especiales de procedibilidad; ii) el defecto sustantivo y presupuestos para la afectación del debido proceso por indebida interpretación normativa y desconocimiento de los precedentes jurisprudenciales; iii) el defecto factico y sus presupuestos de configuración; iv) el defecto procedimiental absoluto; y, v) el impuesto de alumbrado público; para posteriormente vi) resolver el caso concreto.
VI.2.1. Procedencia de la acción de tutela contra providencias judiciales. Requisitos generales y especiales de procedibilidad
La Sala Plena de lo Contencioso Administrativo del Consejo de Estado, en sentencia de 31 de julio de 2012, cambió su postura inicial y decidió asumir el estudio de fondo de las acciones de tutela dirigidas en contra de providencias judiciales violatorias de derechos fundamentales siguiendo los lineamientos dispuestos por la Corte Constitucional y su propia jurisprudencia.
Ahora bien, la sentencia C-590 de 8 de junio de 2005, proferida por la Corte Constitucional, estableció los siguientes presupuestos generales y especiales para que proceda la acción de tutela en contra de decisiones judiciales:
Como requisitos generales de procedibilidad fijó: i) la relevancia constitucional del asunto; ii) el agotamiento de todos los medios de defensa judicial, salvo la existencia de un perjuicio irremediable; iii) el cumplimiento del principio de inmediatez; iv) si se trata de una irregularidad procesal, que ésta tenga efecto decisivo en la providencia objeto de inconformidad; v) la identificación clara de los hechos causantes de vulneración y su alegación en el proceso, y vi) que la acción no se dirija contra un fallo de tutela, salvo las excepciones previstas en la sentencia SU-627 de 2015.
Como requisitos especiales de procedencia del amparo, y que permiten al juez constitucional dejar sin efectos una providencia judicial, la sentencia C-590 de 2005 estableció la existencia de los siguientes defectos: orgánico, procedimental absoluto, fáctico, material o sustantivo, error inducido, decisión sin motivación, desconocimiento del precedente y violación directa de la Constitución.
De lo expuesto, la Sala advierte que, cuando el juez constitucional conoce una demanda impetrada en ejercicio de la acción de tutela y en la que se alega la vulneración de derechos fundamentales con ocasión de la expedición de una providencia judicial, en primer lugar, debe verificar la presencia de los requisitos generales y, en segundo lugar, le corresponde examinar si en el caso objeto de análisis se configura uno de los defectos especiales ya explicados, permitiéndole de esta manera “dejar sin efecto o modular la decisión” que se encaje en dichos parámetros.
Se trata, entonces, de una rigurosa constatación de los presupuestos de procedibilidad, por cuanto resulta a todas luces necesario evitar que este instrumento excepcional se convierta en una manera de desconocer principios y valores constitucionales tales como los de cosa juzgada, debido proceso, seguridad jurídica e independencia judicial que gobiernan todo proceso jurisdiccional.
El criterio expuesto fue reiterado en pronunciamiento de la Sala Plena de la Corporación, en sentencia de unificación de 5 de agosto de 2014, radicado: 11001-03-15-000-2012-02201-01, Consejero Ponente, Jorge Octavio Ramírez Ramírez.
VI.2.2. Defecto sustantivo y presupuestos para la afectación del debido proceso por indebida interpretación normativa y desconocimiento de los precedentes jurisprudenciales.
En lo concerniente al defecto sustantivo, la jurisprudencia ha establecido que éste se presenta cuando la decisión que toma el juez desborda el marco de acción que la Constitución y la ley le reconocen, al apoyarse en una norma evidentemente inaplicable al caso concreto, bien sea, entre otras, “[…] porque, a pesar de estar vigente y ser constitucional, no se adecua a la circunstancia fáctica a la cual se aplicó, porque a la norma empleada, por ejemplo, se le reconocen efectos distintos a los expresamente señalados por el legislador […]”.
Dicho entendimiento implica que los funcionarios judiciales tienen independencia y autonomía para elegir las normas jurídicas pertinentes a un caso concreto y determinar su forma de aplicación, pero, en todos los casos, con sujeción a la Constitución y la ley vigente en el ejercicio hermenéutico que sustente sus decisiones judiciales, en el cual, con fundamento en el artículo 230 de la Constitución Política, también concurrirá la interpretación que por vía de autoridad hayan fijado, dentro del ámbito específico y concreto de sus competencias, los órganos de cierre de cada jurisdicción, entiéndase el Consejo de Estado en la jurisdicción contencioso administrativa, la Corte Suprema de Justicia en la jurisdicción ordinaria y la Corte Constitucional, en la jurisdicción constitucional.
En este sentido, al tiempo que el artículo 230 Constitucional hace un esquema del sistema de fuentes formales al que está sometido el funcionario judicial para la toma de sus decisiones, el artículo 228, de la misma Carta Política, establece como principios constitucionales la independencia y autonomía judicial, en los siguientes términos:
“[…] ARTICULO 228. La Administración de Justicia es función pública. Sus decisiones son independientes. Las actuaciones serán públicas y permanentes con las excepciones que establezca la ley y en ellas prevalecerá el derecho sustancial. Los términos procesales se observarán con diligencia y su incumplimiento será sancionado. Su funcionamiento será desconcentrado y autónomo […]”.
Atendiendo al marco constitucional referido, la jurisprudencia constitucional ha restringido la configuración del defecto sustantivo a eventos concretos. Así, la Corte Constitucional expresó al respecto lo siguiente:
“[…] En otras palabras, una providencia judicial adolece de un defecto sustantivo (i) cuando la norma aplicable al caso es claramente inadvertida o no tenida en cuenta por el fallador, (ii) cuando a pesar del amplio margen interpretativo que la Constitución le reconoce a las autoridades judiciales, la aplicación final de la regla es inaceptable por tratarse de una interpretación contraevidente (interpretación contra legem) o claramente perjudicial para los intereses legítimos de una de las partes (irrazonable o desproporcionada), y finalmente (iii) cuando el fallador desconoce las sentencias con efectos erga omnes tanto de la jurisdicción constitucional como de la jurisdicción de lo contencioso administrativo, cuyos precedentes se ubican en el mismo rango de la norma sobre la que pesa la cosa juzgada respectiva […]” (Resalta la Sala).
De manera particular, respecto del defecto sustantivo por interpretación indebida de una disposición legal, se ha sostenido que le está vedado al juez constitucional configurar el defecto sustantivo a partir de la elección realizada por el operador judicial, cuando la escogencia se ha efectuado entre interpretaciones constitucionalmente admisibles.
Así las cosas, es claro que la jurisprudencia constitucional ha reconocido que, en especiales circunstancias, se puede configurar un defecto sustantivo por interpretación normativa. En este sentido, la Corte Constitucional indica lo siguiente:
“[…] El defecto sustantivo se configura cuando el juez “en ejercicio de su autonomía e independencia, desborda la Constitución o la ley en desconocimiento de los principios, derechos y deberes superiores”. Lo cual puede ocurrir, entre otros, por la errónea interpretación o aplicación de la norma. Como puede suceder, por ejemplo, cuando se desborda el contenido de la norma y se imponen mayores barreras a las exigidas por el legislador para conceder el derecho o se desconocen normas que debían aplicarse […]”.
Asimismo, puede configurarse un defecto sustantivo a partir del desconocimiento del precedente jurisprudencial fijado por Consejo de Estado, en el cual se haya fijado la interpretación y alcance de una disposición de orden legal atendiendo a su atribución constitucional como Tribunal Supremo de lo Contencioso Administrativo y órgano de cierre de la jurisdicción.
Dicho defecto surge como un ataque al debido proceso, en tanto desconoce la forma de aplicar las normas en casos concretos en desarrollo de su deber de unificar la jurisprudencia. Lo anterior en tanto dicho desconocimiento implica una afectación del principio de igualdad pues conduce a dar soluciones distintas a problemas jurídicos semejantes, a reconocer derechos a unos y negarlo a otros, aunque compartan los mismos supuestos de hecho y de derecho lo que debería llevar a aplicar la norma de manera uniforme.
Este derecho a la igualdad en la aplicación de la ley se ha concretado a través de la función de unificación de la jurisprudencia que tiene el Consejo de Estado, como órgano de cierre de la jurisdicción, y respecto de la cual la Corte Constitucional se ha pronunciado desde los primeros desarrollos jurisprudenciales y en vigencia de la Ley 1437 de 18 de enero de 2011.
Del mismo modo, en relación con la observancia del precedente, resulta imperioso tener en cuenta lo que establece el artículo 103 de la Ley 1437 de 2011, conforme al cual:
“[…] ARTÍCULO 103. Objeto y principios. Los procesos que se adelanten ante la jurisdicción de lo Contencioso Administrativo tienen por objeto la efectividad de los derechos reconocidos en la Constitución Política y la ley y la preservación del orden jurídico.
En la aplicación e interpretación de las normas de este Código deberán observarse los principios constitucionales y los del derecho procesal.
En virtud del principio de igualdad, todo cambio de la jurisprudencia sobre el alcance y contenido de la norma, debe ser expresa y suficientemente explicado y motivado en la providencia que lo contenga […]” (resaltado fuera del texto).
VI.2.3. Defecto factico y sus presupuestos de configuración
Desde una dimensión negativa, este defecto surge de las omisiones o descuidos de los funcionarios judiciales en las etapas probatorias, a saber: i) cuando sin justificación alguna no valora los medios de convicción existentes en el proceso, los cuales determinan la solución del caso objeto de análisis, ii) resuelve el caso sin tener las pruebas suficientes que sustentan la decisión, y iii) por no ejercer la actividad probatoria de oficio cuando las normas procesales y constitucionales así lo determinan.
Desde una dimensión positiva, este defecto se configura: i) cuando se evalúa y resuelve con fundamento en pruebas ilícitas, siempre que estas sean el fundamento de la providencia, y ii) cuando se adopta la determinación pertinente con fundamento en pruebas que por disposición de la ley no son demostrativas del hecho objeto de la decisión.
En síntesis, de conformidad con lo expuesto en la sentencia SU-004 de 8 de febrero de 2018, el defecto fáctico se estructura cuando la decisión judicial es producto de un proceso en el cual: i) se omitió la práctica de pruebas esenciales para definir el asunto, ii) se practicaron pero no se valoraron bajo el tamiz de la sana crítica; y iii) los medios de convicción son ilegales o carecen de idoneidad. El error debe ser palmario y que incida directamente en la decisión, puesto que el juez de tutela no puede convertirse en una tercera instancia.
VI.2.4. Defecto procedimental absoluto
Frente al defecto procedimental la Corte Constitucional ha establecido que existen dos clases, a saber: i) defecto procedimental absoluto y ii) exceso ritual manifiesto. En sentencia SU-159 de 2002 la Alta Corporación consideró que el defecto procedimental absoluto se configura cuanto “[…] el juez se desvía por completo del procedimiento fijado por la ley para dar trámite a determinadas cuestiones […]” y actúa “[…] en forma arbitraria y con fundamento en su sola voluntad […]”. Asimismo, señala que el proceso está viciado cuando “[…] se pretermiten eventos o etapas señaladas en la ley para asegurar el ejercicio de todas las garantías que se le reconocen a los sujetos procesales de forma tal que, por ejemplo, (i.) puedan ejercer el derecho a una defensa técnica, que supone la posibilidad de contar con la asesoría de un abogado –en los eventos en los que sea necesario -, ejercer el derecho de contradicción y presentar y solicitar las pruebas que considere pertinentes para sustentar su posición; (ii.) se les comunique de la iniciación del proceso y se permita su participación en el mismo y (iii.) se les notifiquen todas las providencias proferidas por el juez, que de acuerdo con la ley, deben serles notificadas […]”.
En ese orden de ideas, el defecto procedimental absoluto se configura, cuando el juez se desvía de manera arbitraria de los diferentes procedimientos establecidos en la ley, como ocurre en los eventos en que: “[…] i) se tramita un proceso de forma diferente a la establecida legalmente o ii) se desconocen etapas del procedimiento que comprometen los derechos fundamentales de las partes como, por ejemplo, una notificación, un momento probatorio, o la posibilidad de que una decisión sea revisada en segunda instancia cuando era procedente la apelación […]”.
VI.2.5. Procedimiento de cobro del impuesto al servicio de alumbrado público
En relación con el impuesto al servicio de alumbrado público, el artículo 1º de la Ley 97 de 1913 autorizó al Concejo de Bogotá para crear y organizar dicho tributo, potestad que se hizo extensiva a los demás entes territoriales de orden municipal, de conformidad con el artículo 1º de la Ley 84 de 1915.
Las normas señaladas no establecieron qué se entiende por “alumbrado público”, razón por la cual el Gobierno Nacional, en el artículo 2° del Decreto 2424 de 2006, lo definió como un servicio no domiciliario cuyo objeto exclusivo es “[…] proporcionar la iluminación de los bienes de uso público y de los espacios de libre circulación vehicular o peatonal en el área urbana y rural del respectivo municipio o distrito; al igual que comprende las actividades de suministro de energía, administración, operación, mantenimiento, modernización, reposición y expansión del sistema de alumbrado público […]”.
En cuanto a la naturaleza del impuesto al servicio de alumbrado público, esta Corporación ha señalado que se trata de un impuesto, toda vez que: i) de este servicio gozan todos los habitantes de una jurisdicción territorial, quieran o no acceder al mismo; ii) se genera por la mera prestación del servicio; iii) se cobra indiscriminadamente a todos sus beneficiarios; y, iv) el contribuyente puede o no beneficiarse con el servicio de acuerdo con las condiciones en que se preste, sin que pueda derivarse una relación directa entre el tributo cobrado y el beneficio al que se accede habitual o esporádicamente”.
Ahora bien, la Sección Cuarta de esta Corporación judicial ha reconocido la facultad de los municipios de fijar los elementos del impuesto de alumbrado público, precisando, respecto de su procedimiento de cobro, que en los eventos en los cuales el administrado no está obligado a presentar la declaración del impuesto a este servicio, el procedimiento de aforo no es aplicable, dado que supone la omisión de dicho deber formal; sin embargo, ello no exonera al municipio de su deber de garantizar el debido proceso de los contribuyentes a través de un acto previo a la liquidación que le permita manifestar sus opiniones con respecto al requerimiento de hecho.
Precisamente, en un caso en el que el que se discutía si antes de liquidar oficialmente el tributo, la Administración debía expedir un emplazamiento para declarar, la Sección Cuarta, en la sentencia de 12 de noviembre de 2015, precisó lo siguiente:
“[…] Como se advierte, el artículo 8º del Acuerdo 023 de 2008 expresamente dispone que los sujetos pasivos, a quienes no se les factura el servicio, no están obligados a presentar declaración privada. En otras palabras, en Uribia no existe la obligación formal de declarar el impuesto de alumbrado público.
En esas condiciones, la Sala advierte que en el sub examine, contrario a lo sostenido por la demandante, no resulta procedente el proceso de aforo, toda vez que es un trámite particular dirigido contra quienes, estando obligados a presentar declaraciones tributarias, omitan su cumplimiento, por tanto, si en el ordenamiento local no está prevista la obligación de declarar el tributo, frente a éste, el proceso de aforo se torna improcedente […]”. (Se subraya).
V.3. El caso concreto
En el caso sub lite pretende sociedad TERMOBARRANQUILLA S.A. E.S.P. el amparo de sus derechos fundamentales a la igualdad y al debido proceso, para que como consecuencia de lo anterior, se ordene dejar sin efectos la sentencia de 3 de mayo de 2018, proferida por la Sección Quinta del Consejo de Estado, mediante la cual se confirmó la sentencia 21 de junio de 2013 que negó las pretensiones del accionante en el medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho con radicado No. 08001-23-31-000-2007-00005-01 y, en su lugar, “[…] se anulen por vicios del debido proceso los actos administrativos por medio de los cuales se determinó a TERMOBARRANQUILLA S.A. E.P.S. el impuesto al alumbrado público por los meses de febrero de 2003 a agosto de 2006 , a saber la resolución número 0025 de 21 de septiembre de 2006 mediante la cual el Secretario de Hacienda del Municipio de Soledad liquidó de aforo el referido impuesto y la resolución número 0032 de 27 de noviembre de 2006 que resolvió el recurso de reconsideración interpuesto y la confirmo en todas sus partes […]”.
En ese orden de ideas, la controversia gira en torno a establecer si la Sección Quinta del Consejo de Estado, quebrantó los aludidos derechos fundamentales del accionante a través de la providencia cuestionada.
Ahora bien, de acuerdo con los parámetros planteados en el acápite anterior, la Sala entrará a examinar el cumplimiento de los requisitos generales de procedencia de la acción de tutela contra providencias judiciales, según la jurisprudencia trazada por la Corte Constitucional, acogida por la Sala Plena de esta Corporación.
La Sala encuentra que, efectivamente, tales requisitos se cumplen, en razón a que: i) se invoca la vulneración del derecho de orden fundamental al debido proceso; ii) el accionante agotó los medios de defensa judicial de que disponía (la causal de reproche del accionante sobre el fallo proferido en el medio de control de nulidad y restablecimiento 2007-00005 no está concorde con las causales de procedencia del recurso extraordinario de revisión o del recurso extraordinario de unificación de jurisprudencia); iii) la acción de tutela se presentó dentro de un término razonable, pues la sentencia fue proferida el 3 de mayo de 2018 y notificada mediante edicto desfijado el 25 de mayo de 2018 y la acción de amparo que ocupa la atención de la Sala, fue interpuesta el 27 de noviembre de 2018; iv) la irregularidad manifestada por la accionante es de naturaleza sustancial y fáctica, lo que de ser cierto, afecta la decisión de fondo; v) la situación que generó la vulneración de derechos fundamentales fue debidamente puntualizada en el escrito de tutela; y iv) no se trata de una providencia contentiva de una sentencia de tutela.
Como consecuencia de lo anterior, pasa la Sala a revisar si se cumple alguno de los requisitos especiales de procedibilidad establecidos en la sentencia C-590 de 2005 de la Corte Constitucional.
De los hechos relatados en el escrito de la tutela, la sociedad accionante hace referencia a la configuración de un defecto sustantivo por el desconocimiento de los precedentes jurisprudenciales contenidos en las sentencias de 22 de septiembre de 2004, 16 de octubre de 2016, 4 de mayo de 2015, 10 de febrero de 2016, 23 de febrero de 2017 y 18 de octubre de 2018, proferidas por la Sección Cuarta de esta Corporación judicial; así como un defecto factico con ocasión del valor probatorio otorgado a las facturas de cobro de febrero de 2003 a agosto de 2006, expedidas por la Concesionaria de Alumbrado Público de Soledad, Unión Temporal Industrias Philips de Colombia -ISM S.A.
V.3.1. De la eventual configuración de un defecto sustancial.
En ese orden de ideas, la Sala pasa a revisar las normas cuyo alcance critica el actor, así como la interpretación que de las mismas efectuó la Sección Quinta del Consejo de Estado para así establecer si se configuró o no el primer defecto alegado.
Nótese, sobre el particular, que la sentencia de 3 de mayo de 2018 precisa lo siguiente:
“[…] Para decidir, se advierte que el Acuerdo 041 de 1998, por el cual se expide el Estatuto de Rentas para el Municipio de Soledad – Atlántico, respecto al procedimiento para proferir liquidación de aforo, el contenido de la misma y las causales de nulidad de los actos de liquidación de impuestos, señalaba:
“ARTÍCULO 415.- EMPLAZAMIENTO PREVIO Quienes incumplan con la obligación de presentar las declaraciones tributarias estando obligados a ello, o quienes no estando obligados a ellos no cancelen los impuestos, serán emplazados por la autoridad competente de la Secretaría de Impuestos o quien haga sus veces, previa comprobación de su omisión, para que declaren o incumplan con su obligación en el término perentorio de un (1) mes, advirtiéndoles de las consecuencias legales en caso de persistir en su omisión.”
“ARTÍCULO 416.- LIQUIDACIÓN DE AFORO Una vez agotado el procedimiento previsto en el Artículo anterior se podrá determinar la obligación tributaria al contribuyente obligado a declarar que no hubiere presentado la declaración, mediante la práctica de una liquidación de aforo que se debe notificar dentro de los cinco (5) años siguientes al vencimiento del plazo señalado para declarar.
“ARTÍCULO 417.- CONTENIDO DE LA LIQUIDACIÓN DE AFORO
La liquidación de aforo debe tener el mismo contenido de la liquidación de revisión, con explicación sumaria de los fundamentos de hecho y de derecho en los cuales se sustenta el aforo.”
“ARTÍCULO 442.- CAUSALES DE NULIDAD.
Los actos de liquidación de Impuestos, resolución de sanciones y resolución de recursos, son nulos:
(…)
3.- Cuando se omita el pliego de cargos o el emplazamiento en los casos en que fueren obligatorios.” (Subraya la Sala).
El 4 de diciembre de 2002, el Concejo Municipal profirió el Acuerdo No. 024, “Por medio del cual se adoptan modificaciones, procedimientos tributarios y se armoniza con el Estatuto Tributario Nacional modificando a los Acuerdos No. 030/01 y el 041/98, se toman medidas de carácter impositivo y se dictan otras disposiciones”, en el artículo 134 dispuso:
“Artículo 134. EMPLAZAMIENTO PREVIO POR NO DECLARAR. Quienes incumplan con la obligación de presentar las declaraciones tributarias, estando obligados a ello, serán emplazados por la Secretaría de Impuestos, previa comprobación de su obligación, para que los hagan en el término perentorio de un (1) mes, advirtiéndoseles de las consecuencias legales en caso de persistir su omisión.
“El contribuyente, responsable, agente retenedor o declarante, que presente la declaración con posterioridad al emplazamiento, deberá liquidar y pagar la sanción por extemporaneidad, en los términos previstos en el presente acuerdo”.
En el mismo sentido, los artículos 715 y 716 del Estatuto Tributario disponen:
“Artículo 715. Emplazamiento previo por no declarar. Quienes incumplan con la obligación de presentar las declaraciones tributarias, estando obligados a ello, serán emplazados por la Administración de Impuestos, previa comprobación de su obligación, para que lo hagan en el término perentorio de un (1) mes, advirtiéndoseles de las consecuencias legales en caso de persistir su omisión.
“El contribuyente, responsable, agente retenedor o declarante, que presente la declaración con posterioridad al emplazamiento, deberá liquidar y pagar la sanción por extemporaneidad, en los términos previstos en el artículo 642.
“Artículo 716. Consecuencia de la no presentación de la declaración con motivo del emplazamiento. Vencido el término que otorga el emplazamiento de que trata el artículo anterior, sin que se hubiere presentado la declaración respectiva, la Administración de Impuestos procederá a aplicar la sanción por no declarar prevista en el artículo 643”.
(…) Entonces, conforme con las normas en cita, en los eventos en los que el sujeto pasivo tiene la obligación de presentar la liquidación privada de un impuesto, la Administración debe proferir un emplazamiento previo por no declarar, que tiene por objeto conminar al contribuyente que no ha declarado, para que lo haga en el plazo de un mes. Y, si este presenta la declaración después del emplazamiento, debe liquidar y pagar la sanción por extemporaneidad del artículo 643 del Estatuto Tributario. Si vencido el término otorgado en el emplazamiento el contribuyente no declara, la Administración debe imponer la sanción por no declarar y, dentro de los cinco años siguientes, podrá determinar, mediante liquidación de aforo, la obligación tributaria a cargo del sujeto pasivo.
Sobre el particular, la Sala precisa que en el Estatuto de Rentas del Municipio de Soledad (Decreto 041 de 1998), ni en los actos que modifican lo concerniente al impuesto de alumbrado público (Decretos 032 de 2003 y 003 de 2003) se dice expresamente que el contribuyente del impuesto de alumbrado público está obligado a presentar la liquidación privada del mismo. Tampoco se especifica con claridad el método en que se cobrará tal impuesto. Únicamente en el artículo 8 del Acuerdo 032 se dispone que el municipio podrá contratar con un concesionario para que facture y cobre dicho impuesto.
Y, en efecto, el Municipio de Soledad alega que por intermedio del concesionario efectuó el cobro del impuesto de alumbrado público a TEBSA, pero que no podía ejecutar las facturas de cobro porque estas fueron objetadas por la sociedad. Agrega que, en consecuencia, entendió que el cobro debía hacerse a través de la liquidación de aforo, habida cuenta de que la sociedad ya sabía que adeudaba el impuesto, pues así le fue informado en las facturas, las que considera reemplazan el emplazamiento para declarar.
De conformidad con la normativa reguladora del tributo, la actora, en su condición de empresa generadora de energía eléctrica en el municipio de Soledad, sería sujeto pasivo del impuesto de alumbrado público, no obligada a presentar declaración, toda vez que el concesionario cobra el impuesto mediante factura mensual, por lo que, en principio, sí estaría obligada a pagarlo de acuerdo con el esquema tarifario correspondiente.
En esas condiciones, la Sala advierte que en el sub examine no resulta procedente el proceso de aforo, toda vez que es un trámite particular dirigido contra quienes, estando obligados a presentar declaraciones tributarias, omitan su cumplimiento. Por tanto, si en el ordenamiento local no está prevista la obligación de declarar el tributo, frente a éste, el proceso de aforo se torna improcedente.
En consonancia con lo anterior, la Sala precisa que la liquidación de aforo se estructura a partir de la obligación de declarar y del incumplimiento de dicha obligación. En consecuencia, si no existe la obligación de declarar, tampoco puede exigirse a la administración el cumplimiento de los requisitos propios de los actos de determinación del tributo por aforo […]”
A partir de los párrafos citados, la Sala considera que la anterior interpretación es acertada y se ajusta a derecho, en tanto que el procedimiento de aforo no es aplicable a los eventos en los cuales el administrado no está obligado a presentar la declaración de este impuesto, como es el caso del municipio de Soledad.
Ahora bien, lo cierto es que en el caso sub examine, el acto administrativo que exigía al contribuyente el pago del concepto adeudado, si bien se denomino “liquidación de aforo al contribuyente”, correspondía materialmente a una liquidación oficial, la cual se encontraba debidamente motivada y se sustentaba en los requerimientos previos, a través de los cuales el accionante tuvo conocimiento de su obligación, contenidos en la facturación mensual del servicio.
Ello concluyó la Sección Quinta de esta Corporación judicial en el fallo objeto de reproche, al siguiente tenor:
“[…] En este caso, el impuesto de alumbrado público es un impuesto determinable directamente por la administración local y si bien la Secretaría de Hacienda de Soledad denominó formalmente como liquidación de aforo al acto administrativo por el que efectuó el cobro del impuesto de alumbrado público a cargo de TEBSA, lo cierto es que dicho acto, materialmente no constituye una liquidación de aforo, sino simplemente el acto administrativo de determinación del impuesto a cargo de la contribuyente. Lo importante es que, en cualquier caso, se dé la oportunidad al sujeto pasivo de oponerse a la determinación que del tributo efectuada por la administración.
En este caso, como bien se expuso, el Municipio del Soledad, por intermedio de su concesionario, envió a TEBSA las facturas en las que se estableció el monto a pagar por concepto de impuesto de alumbrado público, a los que, en efecto la actora se opuso. En esas circunstancias, la Sala considera que la finalidad de la oponibilidad al acto previo de determinación del tributo se cumplió y, en consecuencia, no se estructuró la expedición irregular atribuida a los actos acusados […]”.
La Sala comparte el criterio sostenido por la Sección Quinta conforme al cual las facturas de cobro constituyeron el acto previo a la liquidación del impuesto a través del cual se le garantizó el debido proceso al accionante en su calidad de contribuyente.
En segundo lugar y respecto del presunto desconocimiento de los precedentes jurisprudenciales contenidos en las sentencias de 16 de octubre de 2014, 4 de mayo de 2015, 10 de febrero de 2016, 23 de febrero de 2017 y 18 de octubre de 2018, proferidas por la Sección Cuarta del Consejo de Estado, considera la Sala que dicho argumento tampoco cuenta con vocación de prosperidad, con base en las siguientes consideraciones:
Los precedentes jurisprudenciales a los que hace referencia el accionante, no son sentencias de unificación del Consejo de Estado, en los términos del artículo 271 de CPACA.
Las situaciones fácticas que en su momento se analizaron a través de las providencias de 10 de febrero de 2016, 23 de febrero de 2017 y 18 de octubre de 2018, difieren claramente a las circunstancias analizadas en el presente asunto, toda vez que en este último expediente las facturas tienen la virtualidad de constituir el acto a través del cual se le garantizó el derecho a la defensa de la sociedad TERMOBARRANQUILLA S.A. E.S.P., de manera previa a la expedición de la Resolución 0025 de 21 de septiembre de 2006, mediante la cual se liquidaron las sumas adeudadas por concepto del impuesto de alumbrado público.
Las situaciones fácticas y los argumentos jurídicos a los que se refieren las sentencias de 16 de octubre de 2014, y 4 de mayo de 2015, también difieren del caso bajo estudio, dado que en dichas oportunidades las controversias giraron en torno al impuesto predial unificado y al impuesto de estampillas, respectivamente.
Los argumentos que el accionante pretende hacer valer en sede de tutela, no fueron presentados durante el debate judicial sostenido a través del medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho, razón por la cual su abordaje desnaturaliza la acción constitucional, en lo atinente a su carácter residual y subsidiario, convirtiendo a la acción de tutela en una tercera instancia, lo cual contraria los principios de autonomía del juez natural y de la seguridad jurídica.
Por todo lo anterior, para la Sala resulta claro que la Sección Quinta del Consejo de Estado, al expedir la providencia de 3 de mayo de 2018, no incurrió en el defecto sustancial alegado por el accionante.
V.3.2. De la eventual configuración de un defecto factico.
Tal como se señaló en precedencia, el defecto fáctico se presenta cuando la valoración probatoria realizada por el juez resulta arbitraria o abusiva por: a) dejar de valorar pruebas debidamente allegadas, b) valorar las que debió haber desconocido (por no haber sido arrimadas en debida forma) y, c) al interpretar el acervo de manera irracional; siempre que esas pruebas resulten ser determinantes en el sentido del fallo; de lo contrario, se entiende que las interpretaciones que realice el juez de instancia se encuentran dentro de la autonomía e independencia propias del juez natural.
De los argumentos sostenidos en el escrito de amparo, encuentra la Sala que el accionante hace referencia a la configuración de un defecto factico desde su dimensión negativa, en el sentido en que la autoridad judicial profirió la sentencia de 3 de mayo de 2018 “[…] sin tener las pruebas suficientes que sustentan la decisión […]”, pues pone de presente que las facturas, que sirvieron para demostrar el cumplimiento del requisito de requerimiento previo, no hacen parte del acervo probatorio.
Sin embargo, lo cierto es que dicho planteamiento de la parte actora, efectuado en sede de la acción de tutela tampoco hizo parte del análisis jurídico desarrollado en la Jurisdicción Contencioso Administrativa. Así, se resalta que durante el debate judicial ambas partes aceptaron como hechos ciertos la entrega, recepción y posterior devolución de dichas facturas.
Precisamente, en el acápite de hechos de la demanda de nulidad y restablecimiento, interpuesta el 11 de enero de 2007, por la sociedad accionante, se lee:
“[…] En efecto, TERMOBARRANQUILLA S.A. E.S.P ha recibido en forma mensual las facturas de liquidación de alumbrado público en el municipio de Soledad, las cuales han sido expedidas por la Unión Temporal Industrias Philips de Colombia ISM S.A. en su condición de concesionaria del alumbrado público en el citado municipio. En las citadas facturas se realiza la liquidación del referido tributo aplicando la tarifa fija establecida en los Acuerdos Municipales 032 de 2002 y 003 de 2003, por la suma de $Z0.000.000 mensuales, la cual ha venido siendo actualizada de acuerdo con el IPC año a año.
La totalidad de las facturas recibidas por parte de TEBSA S. A E. S. P han sido devueltas a la sociedad concesionaria con una nota de no aceptación, ya que se ha considerado que el citado cobro del impuesto de alumbrado público riñe contra los principios constitucionales de progresividad, igualdad y generalidad de los tributos […]”.
La misma manifestación hace parte del recurso de reconsideración de 20 de noviembre de 2006, interpuesto por la sociedad TERMOBARRANQUILLA S.A. E.S.P. en contra de la Resolución No. 0025 de 2006, así como de la parte motiva de la Resolución 0032 de 27 de noviembre de 2006, “por medio de la cual se resuelve un recurso de reconsideración”.
Así las cosas, la Sala no comparte la afirmación sostenida por el accionante según la cual la Corporación judicial accionada efectuó una indebida valoración de las pruebas, puesto que las anteriores afirmaciones sirvieron de sustento para corroborar el ejercicio del derecho de defensa del contribuyente y que, efectivamente, se le puso en conocimiento la existencia del tributo, antes de la liquidación oficial, con miras a que éste se pronunciara al respecto.
Tal actuación demostrable en el recurso de reconsideración de 20 de noviembre de 2006 y en el escrito de la demanda de nulidad y restablecimiento de 11 de enero de 2007, documentos a través de los cuales se señala de manera expresa que en el escrito de no aceptación de la factura el contribuyente manifestó que: “[…] el citado cobro del impuesto de alumbrado público riñe contra los principios constitucionales de progresividad, igualdad y generalidad de los tributos […]”.
Recuérdese que el artículo 8 del Acuerdo 32 de 2002, había facultado al Concesionario de Alumbrado Público a facturar y recaudar, a través de Fideicomiso, el impuesto de alumbrado público y, por ello, dada la naturaleza especial de este tributo, cuyo recaudo difiere del procedimiento de aforo, no le resultaban aplicables las consideraciones que la Sección Cuarta de esta Corporación judicial había sostenido, mediante sentencia de 22 de septiembre de 2004, al referirse al impuesto de industria y comercio.
Por ello, acertadamente la Sección Quinta concluyó que el concesionario era competente para emitir las facturas de cobro del impuesto a cargo del contribuyente puesto que “[…] simplemente funge como un intermediario del cobro […]”, mientras que la liquidación oficial del tributo, contenida en la Resolución 0025 de 21 de septiembre de 2006, fue proferida por la Secretaría de Hacienda de Soledad.
Así, contrariamente a lo afirmado por la parte actora, la decisión de la Sección Quinta de esta Corporación estuvo soportada en las pruebas aportadas al acervo probatorio, en los hechos que ambas partes dieron por ciertos y en la normatividad aplicable al caso y, en tal sentido, estima la Sala que no se configuró el referido defecto fáctico.
V.3.3. De la eventual configuración de un defecto procedimental absoluto
Finalmente, en lo relativo al reproche que de manera extemporánea efectúa el accionante, en lo concerniente al reparto del asunto al interior de esta Corporación judicial en segunda instancia, lo cierto es que la Sala acoge los fundamentos que sobre el particular señaló la Sección Quinta en la citada providencia, los cuales son del siguiente tenor:
“[…] La Sala pone de presente que la controversia planteada en el presente asunto es de carácter eminentemente tributario, por lo que, en principio, su conocimiento correspondería a la Sección Cuarta de esta Corporación, encargada de los asuntos tributarios y de cobro coactivo y no a la Sección Primera.
Sin embargo, en atención a que ninguna de las partes advirtió sobre la competencia, y en razón a que finalmente la competencia para resolver la apelación formulada recae en el Consejo de Estado, no se configura causal de nulidad alguna que impida el estudio del asunto por parte de esta Sección, habida cuenta de que el expediente fue cobijado por el Acuerdo 357 de 2017, cuyo objeto es la descongestión de la Corporación.
En consecuencia, se procederá a resolver de fondo la pretensión de la demanda, como lo ha hecho la Sección en otras ocasiones […]”.
En este orden de ideas, no se generó un vicio de procedimiento en la medida en que la competencia para resolver la apelación formulada recae legalmente en el Consejo de Estado.
Por todo lo anterior, para la Sala resulta claro que la Sección Quinta del Consejo de Estado, al expedir la providencia de 3 de mayo de 2018, no incurrió en defectos sustantivo, fáctico y procedimental, teniendo en cuenta que profirió su providencia de manera razonable y ajustada a derecho, sin evidenciar por esta Sala una actuación arbitraria que haya traído como consecuencia la vulneración de los derechos fundamentales de la parte actora y, en consecuencia, se negará el amparo invocados por la sociedad TERMOBARRANQUILLA S.A. E.S.P.
En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la Ley,
F A L L A
PRIMERO: NEGAR la solicitud de amparo promovida por la sociedad TERMOBARRANQUILLA S.A. E.S.P. en contra de la Sección Quinta del Consejo de Estado, por las razones expuestas en la parte motiva de esta providencia.
SEGUNDO: NOTIFÍQUESE a las partes en la forma prevista en el artículo 30 del Decreto Ley 2591 de 1991.
TERCERO: En caso de que esta providencia no sea impugnada y quede en firme, REMÍTASE el expediente a la Corte Constitucional para su eventual revisión.
CÓPIESE, NOTIFÍQUESE, COMUNÍQUESE Y CÚMPLASE,
Se deja constancia que la anterior providencia fue leída, discutida y aprobada por la Sala en la sesión de la fecha.
OSWALDO GIRALDO LÓPEZ
Consejero de Estado
Presidente
HERNANDO SÁNCHEZ SÁNCHEZ ROBERTO AUGUSTO SERRATO VALDÉS
Consejero de Estado Consejero de Estado
Consejo de Estado, Sección Cuarta, Consejero ponente: Martha Teresa Briceño De Valencia, Bogotá D. C., dieciséis (16) de octubre de dos mil catorce (2014), Radicación número: 54001-23-31-000-2007-00380-01 (19126)
Consejo de Estado, Sección Cuarta, Consejero ponente: Jorge Octavio Ramirez Ramirez, Bogotá D.C., cuatro (4) de mayo de dos mil quince (2015), Radicación número: 68001-23-33-000-2012-00133-01(20615)
Consejo De Estado, Sección Cuarta, Consejero ponente: Carmen Teresa Ortiz de Rodriguez, Bogotá D.C., diez (10) de febrero de dos mil dieciséis (2016), Radicación número: 73001-23-31-000-2012-00188-01(20712)
Consejo de Estado, Sección Cuarta, Consejero ponente: HUGO FERNANDO BASTIDAS BÁRCENAS, Bogotá D.C., veintitrés (23) de febrero de dos mil diecisiete (2017), Radicación número: 20001-23-31-000-2012-00164-01(21735)
Consejo de Estado, Sección Cuarta, Consejero ponente: MILTON CHAVES GARCÍA, Bogotá D.C., dieciocho (18) de octubre de dos mil dieciocho (2018), Radicación número: 44001-23-33-000-2013-00153-01(22892)
Consejo de Estado, Sección Cuarta, Consejero ponente: HÉCTOR J. ROMERO DÍAZ, Bogotá, D.C. veintidós (22) de septiembre de dos mil cuatro (2004), Radicación número: 66001-23-31-000-1999-0902-01(13255)
Cuaderno acción de tutela, folio 51. Cuaderno acción de tutela folios 60 y ss. Cuaderno Acción de tutela folio 75 al 76
“Por la cual se prohíbe que las entidades territoriales deleguen, a cualquier título, la administración de los diferentes tributos a particulares y se dictan otras disposiciones.”
ARTÍCULO 33. Son faltas contra la recta y leal realización de la justicia y los fines del Estado: (…)
3. Promover la presentación de varias acciones de tutela respecto de los mismos hechos y derechos, caso en el cual se aplicarán las sanciones previstas en el artículo 38 del Decreto 2591 de 1991.
“Por la cual se establece el Código Disciplinario del Abogado”.
"Por el cual se reglamenta la acción de tutela consagrada en el artículo 86 de la Constitución Política".
"Por medio del cual se expide el decreto único reglamentario del sector justicia y del derecho".
“Por la cual se modifican os artículos HYPERLINK "http://www.alcaldiabogota.gov.co/sisjur/normas/Norma1.jsp?i=62503" \l "2.2.3.1.2.1" 2.2.3.1.2.1, HYPERLINK "http://www.alcaldiabogota.gov.co/sisjur/normas/Norma1.jsp?i=62503" \l "2.2.3.1.2.4" 2.2.3.1.2.4 y HYPERLINK "http://www.alcaldiabogota.gov.co/sisjur/normas/Norma1.jsp?i=62503" \l "2.2.3.1.2.5" 2.2.3.1.2.5 del Decreto 1069 de 2015, Único Reglamentario del sector Justicia y del Derecho, referente a las reglas de reparto de la acción de tutela”. Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, Radicación: 2009-01328-01(IJ), sentencia de 31 de julio de 2012. Consejera Ponente: Dra. María Elizabeth García González. Corte Constitucional, Sala Novena de Revisión, Sentencia T-619 de 3 de septiembre de 2009, Magistrado Jorge Iván Palacio Palacio. Defecto orgánico, que tiene lugar cuando el funcionario judicial que emite la decisión carece, de manera absoluta, de jurisdicción o competencia para ello. Defecto procedimental absoluto, que tiene lugar cuando el juez actuó al margen del procedimiento establecido. Defecto fáctico, que surge cuando la providencia judicial carece del apoyo probatorio que permita la aplicación del supuesto legal en el que se sustenta la decisión, valora erradamente los elementos de juicio; o da por demostrada una situación fáctica sin existir evidencia probatoria de la misma. Defecto material o sustantivo, existe cuando las decisiones se fundamentan en normas inexistentes o inconstitucionales, o que presentan una evidente contradicción entre los fundamentos y la decisión. Error inducido, que se presenta cuando la autoridad judicial ha sido engañada por las partes o intervinientes y ese engaño lo llevó a tomar una determinación que afecta derechos fundamentales.
Decisión sin motivación, que tiene lugar cuando el funcionario judicial no expone los fundamentos fácticos y jurídicos de la decisión adoptada en la parte resolutiva de la providencia judicial. Desconocimiento del precedente, que se origina cuando el juez ordinario desconoce o limita el alcance dado por esta Corte Constitucional a una disposición constitucional o derecho fundamental, apartándose del contenido constitucionalmente vinculante del derecho fundamental vulnerado. Violación directa de la Constitución, que se presenta cuando la actuación de la autoridad se opone de manera directa a las normas establecidas en la Constitución Política. Corte Constitucional, Sala Segunda de Revisión, Sentencia T- 225 del 23 de marzo de 2010, Magistrado Ponente: Dr. Mauricio González Cuervo. Corte Constitucional, Sala Novena de Revisión, Sentencia T-064 de 4 de febrero de 2010. M.P. Luis Ernesto Vargas Silva. Artículo 230. Los jueces, en sus providencias, sólo están sometidos al imperio de la ley. La equidad, la jurisprudencia, los principios generales del derecho y la doctrina son criterios auxiliares de la actividad judicial. Corte Constitucional, Sala Séptima de Revisión, sentencia T-462 de 5 de junio de 2003, M.P. Eduardo Montealegre Lynett. Corte Constitucional, sentencia SU-573 de 14 de septiembre de 2017
Establece el artículo 237 de la Constitución Política que es atribución del Consejo de Estado: “[…] 1. Desempeñar las funciones de tribunal supremo de lo contencioso administrativo, conforme a las reglas que señale la ley […]”.
“Por la cual se expide el Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo”
Corte Constitucional, MP. José Fernando Reyes Cuartas. Corte Constitucional, Sentencia SU-159 de 6 de marzo de 2002, M.P. Manuel José Cepeda Espinosa. Corte Constitucional, Sentencia T-667 de 26 de octubre de 2015, M.P. Gloria Stella Ortiz Delgado.
“Artículo 1º.-El Concejo Municipal de la ciudad de Bogotá, puede crear libremente los siguientes impuestos y contribuciones, además de los existentes hoy legalmente, organizar su cobro y darles el destino que juez fue más conveniente para atender a los servicios municipales, sin necesidad de previa autorización de la Asamblea Departamental:
(…)
d) Impuesto sobre el servicio de alumbrado público. (…)”
“Artículo 1° Los Concejos Municipales tendrán las siguientes atribuciones, además de las que les confiere el artículo 169 de la Ley 4ª de 1913:
a) Las que le fueron conferidas al Municipio de Bogota por el artículo 1° de la Ley 97 de 1913, excepto la de que trata el inciso b) del mismo artículo siempre que las Asambleas Departamentales les hayan concedido o les concedan en lo sucesivo dichas atribuciones (…)”. Sentencia 16315 del 6 de agosto del 2009, C.P. Dr. Hugo Fernando Bastidas
CONSEJO DE ESTADO. SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO. SECCIÓN CUARTA. Magistrada ponente: CARMEN TERESA ORTIZ DE RODRIGUEZ. Sentencia de diecinueve (19) de julio de dos mil doce (2012). Radicado nro. 25000-23-24-000-2002-00978-01. Nro. interno 18379. Ver entre otras, sentencias de 7 de abril de 2011, exp. 19649 y de 24 de octubre de 2013, exp. 18394, ambas con ponencia del Consejero de Estado doctor Hugo Fernando Bastidas Bárcenas. La Sección Cuarta ha precisado que este procedimiento “[…] inicia con la expedición de un emplazamiento para declarar en el que la Administración invita al contribuyente a cumplir con el deber formal de declarar el impuesto y le advierte de las consecuencias de no hacerlo; continua con la imposición de la sanción por no declarar si dicho contribuyente no accede a cumplir con el deber formal, y termina con la expedición de la liquidación de aforo, que debe tener el mismo contendido de la liquidación de revisión […]” (sentencia de 10 de febrero 2016, radicación número: 73001-23-31-000-2012-00188-01(20712) Consejero ponente: CARMEN TERESA ORTIZ DE RODRIGUEZ)
Al respecto ver las sentencias de: 10 de febrero 2016, radicación número:
73001-23-31-000-2012-00188-01(20712) Consejero ponente: CARMEN TERESA ORTIZ DE RODRIGUEZ; 23 de febrero de 2017, Radicación número: 20001-23-31-000-2012-00164-01(21735), Consejero ponente: HUGO FERNANDO BASTIDAS BÁRCENAS; y, 18 de octubre de 2018, radicación número: 44001-23-33-000-2013-00153-01(22892), Consejero ponente: MILTON CHAVES GARCÍA
Sentencia 20633 del 12 de noviembre de 2015, C.P. Dra. Martha Teresa Briceño de Valencia. En el mismo sentido la Sala, en sentencia del 4 de mayo de 2015, Exp. 20615, C.P. Jorge Octavio Ramírez Ramírez, precisó: “Repárese que la liquidación de aforo es un acto administrativo que expide la administración para suplir la falta de declaración por parte del contribuyente siempre y cuando, esté obligado a hacerlo./ Por sustracción de materia, si no hay obligación de declarar, no puede exigirse liquidación de aforo y, menos, para el caso, emplazamiento para declarar”. Proferida por el Tribunal Administrativo del Atlántico
Artículo 250. Causales de revisión. Sin perjuicio de lo previsto en el artículo 20 de la Ley 797 de 2003, son causales de revisión: Haberse encontrado o recobrado después de dictada la sentencia documentos decisivos, con los cuales se hubiera podido proferir una decisión diferente y que el recurrente no pudo aportarlos al proceso por fuerza mayor o caso fortuito o por obra de la parte contraria. Haberse dictado la sentencia con fundamento en documentos falsos o adulterados. Haberse dictado la sentencia con base en dictamen de peritos condenados penalmente por ilícitos cometidos en su expedición. Haberse dictado sentencia penal que declare que hubo violencia o cohecho en el pronunciamiento de la sentencia. Existir nulidad originada en la sentencia que puso fin al proceso y contra la que no procede recurso de apelación. Aparecer, después de dictada la sentencia a favor de una persona, otra con mejor derecho para reclamar. No tener la persona en cuyo favor se decretó una prestación periódica, al tiempo del reconocimiento, la aptitud legal necesaria o perder esa aptitud con posterioridad a la sentencia o sobrevenir alguna de las causales legales para su pérdida. Ser la sentencia contraria a otra anterior que constituya cosa juzgada entre las partes del proceso en que aquella fue dictada. Sin embargo, no habrá lugar a revisión si en el segundo proceso se propuso la excepción de cosa juzgada y fue rechazada. Artículo 257. Procedencia. El recurso extraordinario de unificación de jurisprudencia procede contra las sentencias dictadas en única y segunda instancia por los tribunales administrativos (…). Sentencia del 30 de agosto de 2014, Consejero ponente: Jorge Octavio Ramírez Ramírez, Radicado No. 11001-03-15-000-2012-02201-01, Demandante: Alpina Productos Alimenticios S.A., Demandado: Consejo de Estado – Sección Primera. El término es establecido por la Sala Plena de Corporación, acogiendo la jurisprudencia de la Corte Constitucional que ha determinado que, si bien en principio no puede crearse una caducidad de la acción de tutela fijando términos inamovibles, debido a que debe encontrarse un equilibrio entre los principios de cosa juzgada y seguridad jurídica, y el derecho fundamental al debido proceso en acciones de tutela contra providencia judicial; encontraba que, en principio, era razonable que se presentara el amparo, máximo seis (6) meses después de notificada la providencia que se cuestionaba en sede constitucional, sin perjuicio de que se estudiaran, en cada caso, las circunstancias particulares para determinar el cumplimiento del requisito de inmediatez. El día 25 de noviembre de 2018 fue día sábado, razón por la cual el término de seis meses para cumplir con el requisito de inmediatez culminó el día lunes 27 de noviembre de 2018. Acuerdo 32 de 2002, ARTÍCULO OCTAVO:
Facúltese al Concesionario de Alumbrado Público a facturar y recaudar a través de Fideicomiso, el impuesto de alumbrado público a todas aquellas personas naturales o jurídicas que se encuentran gravadas según lo establecido en los artículos del presente acuerdo y que no sean atendidos por empresas comercializadoras con las que el Municipio de Soledad no tenga suscrito algún tipo de convenio para tal fin” Cfr. fl. 64 c.p
Resoluciones No. 0025 del 21 de septiembre de 2006, “por medio de la cual se profiere liquidación de aforo al contribuyente de alumbrado público TERMOBARRANQUILLA S.A.E.S.P.- TEBSA S.S. E.S.P. Consejo De Estado, Sección Cuarta, Consejero ponente: Carmen Teresa Ortiz de Rodriguez, Bogotá D.C., diez (10) de febrero de dos mil dieciséis (2016), Radicación número: 73001-23-31-000-2012-00188-01(20712)
Consejo de Estado, Sección Cuarta, Consejero ponente: HUGO FERNANDO BASTIDAS BÁRCENAS, Bogotá D.C., veintitrés (23) de febrero de dos mil diecisiete (2017), Radicación número: 20001-23-31-000-2012-00164-01(21735)
Consejo de Estado, Sección Cuarta, Consejero ponente: MILTON CHAVES GARCÍA, Bogotá D.C., dieciocho (18) de octubre de dos mil dieciocho (2018), Radicación número: 44001-23-33-000-2013-00153-01(22892)
Consejo de Estado, Sección Cuarta, Consejero ponente: Martha Teresa Briceño De Valencia, Bogotá D. C., dieciséis (16) de octubre de dos mil catorce (2014), Radicación número: 54001-23-31-000-2007-00380-01 (19126)
Consejo de Estado, Sección Cuarta, Consejero ponente: Jorge Octavio Ramirez Ramirez, Bogotá D.C., cuatro (4) de mayo de dos mil quince (2015), Radicación número: 68001-23-33-000-2012-00133-01(20615)
Ver folio 5 del cuaderno principal del expediente de Nulidad y Restablecimiento. Ver folio 47 del cuaderno principal del expediente de Nulidad y Restablecimiento. Ver folio 32 y 33 del cuaderno principal del expediente de Nulidad y Restablecimiento. ARTÍCULO OCTAVO: Facúltese al Concesionario de Alumbrado Público a facturar y recaudar a través de Fideicomiso, el impuesto de alumbrado público a todas aquellas personas naturales o jurídicas que se encuentran gravadas según lo establecido en los artículos del presente acuerdo y que no sean atendidos por empresas comercializadoras con las que el Municipio de Soledad no tenga suscrito algún tipo de convenio para tal fin” Cfr. fl. 64 c.p
La Sala advierte que la parte accionante no interpuso recurso de reposición en contra del auto a través del cual se admitió la apelación interpuesta en contra de la sentencia de segunda instancia. En el mismo sentido se pronunció la Sala en reciente sentencia de 19 de abril de 2018, dictada en el expediente No. 2002-03828-01, M.P. Carlos Enrique Moreno Rubio.
Sigue leyendo
RuleX es la IA para el trabajo legal: inteligencia artificial y software jurídico, todo en una sola plataforma. Crea tu cuenta y RuleX abre esta providencia completa, te explica sus reglas y la lleva a tu escrito con la cita puesta. Siete días de prueba sin tarjeta.