Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 11001-03-15-000-2018-04466-00
Consejo de Estado · Sección Segunda
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Consejo de Estado · Sección Segunda
Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 11001-03-15-000-2018-04466-00
Consejo de Estado · Sección Segunda
República de Colombia
Consejo de Estado
Sección Segunda
Radicado 11001-03-15-000-2018-04466-00
Consejero ponente: Carmelo Darío Perdomo Cuéter
7 de febrero de 2019
ACCIÓN DE TUTELA CONTRA PROVIDENCIA JUDICIAL - Niega / DEFECTO FÁCTICO - Inexistencia / ACCIÓN DE REPARACIÓN DIRECTA - Solicitud de indemnización de daños por muerte de civil en combate con integrantes del ejército / CAUSAL EXCLUYENTE DE RESPONSABILIDAD - Culpa exclusiva de la víctima / RESPONSABILIDAD EXTRACONTRACTUAL DEL ESTADO - Nexo causal: Insuficiencia probatoria / EJECUCIÓN EXTRAJUDICIAL / CONFLICTO ARMADO / FALSO POSITIVO
[L]a Sala constata en el asunto sub judice, luego de analizar los medios de prueba adosados al pluricitado proceso de reparación directa, que estos no fueron valorados por las autoridades accionadas de manera arbitraria o caprichosa en la sentencia atacada, pues no demostraban que el deceso del señor [M.A.Z.M.] obedeció a una ejecución extrajudicial, como lo dice el actor, lo que impedía acceder a las pretensiones de la acción (…), dado que se configuraba el eximente de responsabilidad culpa exclusiva de la víctima. En otras palabras, no era dable imputarle a la Administración el deber de indemnizar los perjuicios reclamados en sede contencioso-administrativa, debido a que las pruebas arrimadas al trámite ordinario no daban cuenta de que la muerte del padre del tutelante se haya producido por un actuar inadecuado de los militares que lo abatieron, (…) la Sala concluye que la providencia objeto de censura (…) no adolece del defecto fáctico formulado en el escrito inicial, de manera que se impone negar el amparo deprecado.
FUENTE FORMAL: CONSTITUCIÓN POLÍTICA - ARTÍCULO 86 / DECRETO 2591 DE 1991 / DECRETO 1382 DE 2000
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO-ADMINISTRATIVO
SECCIÓN SEGUNDA
SUBSECCIÓN B
Consejero ponente: CARMELO PERDOMO CUÉTER
Bogotá, D. C., siete (7) de febrero de dos mil diecinueve (2019)
Radicación número: 11001-03-15-000-2018-04466-00(AC)
Actor: LEONARDO FABIO ZABALA ARCE
Demandado: TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DEL CAUCA
Procede la Sala a dictar la sentencia que en derecho corresponda dentro del trámite relacionado con la acción de tutela incoada por el señor Leonardo Fabio Zabala Arce contra los señores magistrados de la sala de decisión cuatro (4) del Tribunal Administrativo del Cauca, por la presunta vulneración de sus derechos constitucionales fundamentales al debido proceso, acceso a la administración de justicia e igualdad.
ANTECEDENTES
La solicitud de amparo (ff. 1 a 16 c. 1). El señor Leonardo Fabio Zabala Arce, quien actúa en nombre propio, presenta acción de tutela con el fin de obtener la protección de los derechos constitucionales fundamentales a los que se hizo referencia, presuntamente quebrantados por los señores magistrados de la sala de decisión cuatro (4) del Tribunal Administrativo del Cauca.
Como consecuencia de lo anterior, se deje sin efectos el fallo de 10 de mayo de 2018, por medio del cual el Tribunal Administrativo del Cauca (sala de decisión cuatro) revocó el de 3 de abril de 2013, dictado por el Juzgado Octavo (8.º) Administrativo de Descongestión de Popayán, para negar las pretensiones de la acción de reparación directa 19001-33-31-009-2009-00322-00 incoada contra la Nación – Ministerio de Defensa Nacional – Ejército Nacional; y, en su lugar, se ordene a las autoridades accionadas expedir una nueva providencia en la que confirmen la de primera instancia emitida en dicho trámite contencioso-administrativo.
1.2 Hechos. Relata el accionante que vivía con su familia en la vereda Las Perlas del municipio de Puerto Guzmán (Putumayo), donde se dedicaban a la agricultura y ganadería.
Que el 17 de abril de 2017, su padre, señor Manuel Antonio Zabala Moreno, salió de su casa con destino a la vereda Angostura, de la vecina municipalidad de Piamonte (Cauca), con el propósito de «lavar» unas vacas de su propiedad y cobrar un dinero que le adeudaban; cuando entró a una tienda a beber una gaseosa, fue retenido por miembros del Ejército Nacional, quienes lo condujeron a una zona boscosa en la que lo «fusilaron».
Dice que luego de que se enteró de lo ocurrido, se dirigió a la funeraria La Paz de la ciudad de Mocoa, en la que le indicaron que hacía pocos días enterraron a un sujeto con la descripción de su papá, motivo por el cual acudió al Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses donde, a través de unas fotografías, identificó el cuerpo de aquel, que recibió cinco (5) impactos de bala en la espalda.
Que el batallón de infantería 25 General Roberto Domingo Rico Díaz reportó que su progenitor era un guerrillero dado de baja en un combate que sostuvieron las tropas con alrededor de veinte (20) miembros de las FARC, a quien supuestamente se le encontró una subametralladora, un maletín, un proveedor y documentos relacionados con ese grupo armado ilegal.
Agrega que incoó, junto con otros familiares, la acción de reparación directa 19001-33-31-009-2009-00322-00 contra la Nación – Ministerio de Defensa Nacional – Ejército Nacional, con el propósito de que se declarara administrativamente responsable de la muerte de su ascendiente y se le ordenara indemnizar pecuniariamente los correspondientes perjuicios, dado que aquella obedeció a una ejecución extrajudicial y no a un enfrentamiento armado, como lo sostenían los militares.
Que el expediente fue asignado al Juzgado Octavo (8.º) Administrativo de Descongestión de Popayán, que el 3 de abril de 2013 accedió a las pretensiones de la demanda contencioso-administrativa, al estimar que de las pruebas adosadas al trámite ordinario no se lograba inferir que el señor Zabala Moreno fue abatido en un intercambio de disparos y no se evidenciaban hechos que «rompieran» el elemento de la responsabilidad extracontractual denominado nexo causal.
Sostiene que contra la anterior sentencia la parte allí demandada interpuso recurso de apelación, desatado el 9 de febrero de 2017 por el Tribunal Administrativo del Cauca, en el sentido de revocarla y, en su lugar, negar las súplicas formuladas, al considerar que como fueron archivadas las investigaciones disciplinarias y penales surtidas contra los soldados que tirotearon a su progenitor, se colegía que no hubo un actuar indebido de estos.
Que inconforme con la determinación adoptada por el Tribunal Administrativo del Cauca, promovió acción de tutela 11001-03-15-000-2017-02184-00, decidida por el Consejo de Estado (sección segunda, subsección A), a través de providencia de 15 de marzo de 2018, en la que (i) amparó el derecho constitucional fundamental al debido proceso del allí accionante; (ii) dejó sin efectos aquella; y (iii) ordenó a los magistrados del referido tribunal que dentro de los veinte (20) días siguientes profirieran una nueva en la que analizaran las declaraciones de los militares, los testimonios practicados y «en general las circunstancias de hecho que rodearon la muerte» del señor Manuel Antonio Zabala Moreno.
Asevera que en cumplimiento de las mencionadas órdenes de amparo, las autoridades accionadas dictaron el fallo de 10 de mayo de 2018, en el cual revocaron el de 3 de abril de 2013, emitido por el Juzgado Octavo (8.º) Administrativo de Descongestión de Popayán, para en su lugar, negar las pretensiones de la demanda ordinaria, bajo el argumento de que una vez estudiadas las pruebas allegadas al proceso contencioso-administrativo, se lograba inferir que el occiso fue muerto en combate.
Que en dicha decisión se indicó que si bien había inconsistencias entre las afirmaciones de los uniformados, estas concuerdan en las condiciones de modo y tiempo en las que se presentó el enfrentamiento, de ahí que sea dable concluir que el difunto fue abatido en una contienda armada, cuanto más si no se justificó su presencia en la zona en la que fue ultimado; además, tampoco se demostró que el deceso haya obedecido a una ejecución extrajudicial, circunstancia que se traduce en un incumplimiento de la carga probatoria en cabeza del actor, que imponía negar lo reclamado en sede judicial.
Indica que en la providencia cuestionada no se tuvo en cuenta que en procesos concernientes a «falsos positivos» no media prueba directa, motivo por el cual debe acudirse a los indicios para determinar la responsabilidad extracontractual, que en el sub lite permiten dilucidar que la muerte de su padre tuvo ocasión por un asesinato perpetrado por agentes del Estado que impone otorgar la reparación solicitada en el trámite 19001-33-31-009-2009-00322-00.
Que las autoridades accionadas no examinaron en la sentencia reprochada el sitio donde ocurrieron los hechos, en el que no se encontraron más cuerpos, pese a que los militares aseveraron que los atacaron entre quince (15) y veinte (20) guerrilleros; tampoco se advirtió que (i) no se registran armas en las fotos tomadas al cadáver; (ii) la supuesta maleta de su propiedad no presentaba impactos de bala, a pesar de que los proyectiles los recibió en su espalda; y (iii) las declaraciones de los conscriptos, rendidas en las investigaciones adelantadas en su contra, eran contradictorias.
Concluye que tales cuestiones probatorias no fueron analizadas en el fallo objeto de censura, de lo que se infiere que este se enmarca dentro de la causal específica de procedibilidad de la acción de tutela contra pronunciamientos judiciales denominada defecto fáctico, que quebranta las garantías superiores invocadas en el libelo introductorio y hace menester acceder al amparo deprecado, máxime cuando el asunto involucra una grave violación de derechos humanos.
II. TRÁMITE PROCESAL
Por alcanzar a satisfacer los requisitos formales, el Consejo de Estado, a través de auto de 4 de diciembre de 2018 (f. 40 c. 1), admitió la presente acción, ordenó notificar a los señores magistrados de la sala de decisión cuatro (4) del Tribunal Administrativo del Cauca y dispuso vincular al señor Ministro de Defensa Nacional, en los términos del artículo 13 del Decreto 2591 de 1991.
2.1 Contestaciones de la acción.
2.1.1 La señora coordinadora del grupo contencioso-constitucional del Ministerio de Defensa Nacional (ff. 46 a 48 c. 1) pide rechazar por improcedente la acción de tutela de la referencia, habida cuenta que entre la expedición del fallo atacado y la instauración de aquella transcurrió un lapso excesivo, de ahí que no se colme la exigencia de procedibilidad de ese mecanismo denominada inmediatez.
Que el actor emplea el mentado instrumento con el objeto de revivir una controversia dirimida en debida forma, pues expone argumentos que ya fueron desestimados en sede ordinaria, lo que hace imprósperas las pretensiones formuladas en esta instancia judicial, cuanto más si la sentencia reprochada se dictó de acuerdo con el sistema normativo.
2.1.2 Los señores magistrados de la sala de decisión cuatro (4) del Tribunal Administrativo del Cauca guardaron silencio.
III. CONSIDERACIONES
3.1 Competencia. Corresponde a esta Colegiatura, en virtud de las reglas de reparto de la acción de tutela, previstas en el Decreto 1382 de 2000, determinar si en el presente caso hay lugar al amparo deprecado por el accionante, quien aduce quebranto de sus derechos constitucionales fundamentales al debido proceso, acceso a la administración de justicia e igualdad.
3.2 La acción. Como se sabe, la acción de tutela prevista en el artículo 86 de la Carta Política y reglamentada por los Decretos 2591 de 1991, 306 de 1992 y 1382 de 2000, como mecanismo directo y expedito para la protección de los derechos constitucionales fundamentales, permite a las personas reclamar ante los jueces, en todo momento y lugar, mediante un procedimiento preferente y sumario, el amparo inmediato de ellos cuando quiera que resulten amenazados o vulnerados por la acción o la omisión de cualquier autoridad pública o de los particulares, siempre que no se disponga de otro medio de defensa judicial, salvo que se trate de impedir un daño irremediable, en cuyo evento procede como mecanismo transitorio.
3.3 Problema jurídico. Se contrae a determinar si es dable a través de la acción de tutela, examinar el eventual quebranto de derechos de linaje constitucional fundamental que pueda comportar la sentencia de 10 de mayo de 2018, por medio de la cual el Tribunal Administrativo del Cauca (sala de decisión cuatro) revocó la de 3 de abril de 2013, dictada por el Juzgado Octavo (8.º) Administrativo de Descongestión de Popayán, para en su lugar, negar las pretensiones de la acción de reparación directa 19001-33-31-009-2009-00322-01 incoada contra la Nación – Ministerio de Defensa Nacional – Ejército Nacional; y en caso afirmativo, si se han vulnerado las garantías superiores al debido proceso, acceso a la administración de justicia e igualdad invocadas en la solicitud de amparo.
3.4 La acción de tutela contra providencias judiciales. El debate jurisprudencial sobre la procedencia de la tutela contra decisiones judiciales tiene génesis en la sentencia C-543 de 1992 de la Corte Constitucional que declaró la inexequibilidad del artículo 40 del Decreto 2591 de 1991. Más adelante, la misma Corte permitió de manera excepcional y frente a la amenaza de derechos fundamentales, el reexamen de la decisión judicial en sede de tutela, con la finalidad de establecer si el fallo judicial se adoptó, en apariencia revestida de forma jurídica, cuando en realidad envolvía una vía de hecho.
La vía de hecho entendida como una manifestación burda, flagrante y desprovista de todo vestigio de legalidad, inspiró la posibilidad de instaurar la acción de tutela contra decisiones judiciales, pues no obstante el reconocimiento al principio de autonomía funcional del juez, quien la administra quebranta, bajo la forma de una providencia judicial, derechos fundamentales.
La evolución de la jurisprudencia condujo a que desde la sentencia T-231 de 1994 se determinaran cuáles defectos podían conducir a que una sentencia fuera calificada como vía de hecho, para lo cual sostuvo que esta se configura cuando se presenta, al menos, uno de los siguientes vicios o defectos protuberantes: (i) defecto sustantivo, que se produce cuando la decisión controvertida se funda en una norma indiscutiblemente inaplicable; (ii) defecto fáctico, que ocurre cuando resulta indudable que el juez carece de sustento probatorio suficiente para proceder a aplicar el supuesto legal en el que se sustenta la decisión; (iii) defecto orgánico, se presenta cuando el funcionario judicial que profirió la providencia impugnada, carece, absolutamente, de competencia para ello; y (iv) defecto procedimental, que aparece en aquellos eventos en los que se actuó completamente al margen del procedimiento previsto.
Esta doctrina constitucional ha sido reiterada en varias decisiones de unificación proferidas por la sala plena de la Corte Constitucional, entre las cuales están las sentencias SU-1184 de 2001 y SU-159 de 2002.
Posteriormente, mediante sentencia C-590 de 2005, la Corte Constitucional destacó el carácter excepcional de la acción de tutela, vale decir cuando de manera protuberante se vulneren o amenacen derechos fundamentales. La regla general de improcedencia de la acción de tutela contra tales decisiones, se expone en la citada providencia al destacar que incluso las sentencias judiciales constituyen ámbitos ordinarios de reconocimiento y realización de los derechos fundamentales y, además, porque el valor de cosa juzgada de las sentencias, la garantía del principio de seguridad jurídica y la autonomía e independencia son principios que caracterizan a la jurisdicción en la estructura del poder público.
En otro aparte, en la mencionada decisión se precisó:
[…] 22. Con todo, no obstante que la improcedencia de la acción de tutela contra sentencias es compatible con el carácter de ámbitos ordinarios de reconocimiento y realización de los derechos fundamentales inherente a los fallos judiciales, con el valor de cosa juzgada de las sentencias y con la autonomía e independencia que caracteriza a la jurisdicción en la estructura del poder público; ello no se opone a que en supuestos sumamente excepcionales la acción de tutela proceda contra aquellas decisiones que vulneran o amenazan derechos fundamentales […].
Así las cosas, se elaboró el test de procedencia de la acción de tutela contra decisiones judiciales, con fin de destacar los eventos excepcionales de aplicación, los cuales deben satisfacerse plenamente para identificar cuándo una sentencia judicial puede someterse al examen de orden estrictamente constitucional, con el fin de precisar si con la actuación se afectan derechos de relevancia constitucional o si no alcanza a vulnerarlos puesto que se profirió dentro del marco de actuación propio de los órganos judiciales ordinarios.
Tales presupuestos son: (i) Que la cuestión que se discuta resulte de evidente relevancia constitucional; lo anterior porque el juez constitucional no puede entrar a estudiar cuestiones que no tienen una clara y marcada importancia constitucional so pena de involucrarse en asuntos que corresponde definir a otras jurisdicciones. (ii) Que se hayan agotado todos los medios ordinarios y extraordinarios de defensa judicial al alcance de la persona afectada, salvo que se trate de evitar la consumación de un perjuicio iusfundamental irremediable. Al respecto señala la Corte Constitucional que de no ser así, esto es, de asumirse la acción de tutela como mecanismo de protección alternativo, se correría el riesgo de vaciar las competencias de las distintas autoridades judiciales. (iii) Que se cumpla el requisito de la inmediatez, es decir, que la tutela se hubiere interpuesto en un término razonable y proporcionado a partir del hecho que originó la vulneración. (iv) Cuando se trate de una irregularidad procesal, debe quedar claro que la misma tiene un efecto decisivo o determinante en la sentencia que se impugna y que afecta los derechos fundamentales de la parte actora. Dicha irregularidad debe comportar grave lesión de derechos fundamentales, tal como ocurre con los casos de pruebas ilícitas susceptibles de imputarse frente a crímenes de lesa humanidad, y la protección de tales derechos se genera independientemente de la incidencia que tengan en el litigio, por ello hay lugar a la anulación del juicio. (v) Que el actor identifique de manera razonable tanto los hechos que generaron la vulneración como los derechos quebrantados y que lo hubiere alegado en el proceso judicial siempre que esto hubiese sido posible. Sobre este punto, la Corte anota que esta exigencia es comprensible, pues sin que la acción de tutela llegue a rodearse de unas exigencias formales contrarias a su naturaleza y no previstas por el constituyente, sí es menester que el accionante tenga claridad en cuanto al fundamento de la afectación de derechos que imputa a la decisión judicial, que la haya planteado al interior del proceso y que dé cuenta de todo ello al momento de pretender la protección constitucional de sus derechos. (vi) Que no se trate de sentencias de tutela, dado el riguroso proceso de selección que hace la Corporación.
Asimismo, bajo el rótulo de las causales de procedibilidad se rediseñó el ámbito de comprensión de la acción de tutela contra sentencias judiciales y quedó superada la noción de vía de hecho por la de decisión ilegítima con el propósito de destacar la excepcionalidad de la acción de tutela contra decisiones judiciales, la cual solamente cuando tenga eminente relevancia constitucional resulta procedente.
Al respecto, la Corte indica que los defectos o vicios que debe presentar la decisión que se juzga, son: (i) defecto orgánico, que se presenta cuando el funcionario judicial que profirió la providencia impugnada, carece de competencia; (ii) defecto procedimental absoluto, se origina cuando el juez actuó completamente al margen del procedimiento establecido; (iii) defecto fáctico, que surge cuando el juzgador carece del apoyo probatorio que permita la aplicación del supuesto legal en el que se sustenta la decisión; (iv) defecto material o sustantivo, cuando se funda la decisión en normas inexistentes o inconstitucionales o que presentan una evidente y grosera contradicción entre las consideraciones y la decisión; (v) error inducido, se da cuando el juez o tribunal fue víctima de un engaño por parte de terceros y esto lo condujo adoptar una decisión que afecta derechos fundamentales; (vi) decisión sin motivación, que implica el incumplimiento por parte de los servidores judiciales de dar cuenta de los fundamentos fácticos y jurídicos de sus decisiones; (vii) desconocimiento del precedente, según la Corte Constitucional, en estos casos la tutela procede como mecanismo para garantizar la eficacia jurídica del contenido constitucionalmente vinculante del derecho fundamental quebrantado; y (viii) violación directa de la Constitución, que procede cuando la decisión judicial supera el concepto de vía de hecho, vale decir, en eventos en los que si bien no se está ante una burda trasgresión de la Carta, sí se trata de decisiones ilegítimas que afectan derechos fundamentales.
La Sala se ha detenido en el análisis de la posición de la Corte Constitucional en lo concerniente a la procedencia de la acción de tutela contra decisiones judiciales, por las razones que se exponen a continuación:
La primera es que en este aspecto, comparte plenamente la idea cardinal de que en el Estado social de derecho la prevalencia de los derechos constitucionales fundamentales compromete la actuación de «cualquier autoridad pública» (artículo 86 de la CP), incluidos desde luego los jueces de la República de todas las jurisdicciones y rangos.
En segundo lugar, de acuerdo con los derroteros jurisprudenciales de la Corte Constitucional aunque la acción de tutela resulta procedente contra providencias judiciales, esta comporta carácter excepcional y no puede significar, en modo alguno, una prolongación indefinida del debate jurídico.
En tercer lugar, la metodología contenida en la jurisprudencia constitucional para verificar si una decisión judicial debe o no ser tutelada, constituye un valioso mecanismo para resolver el asunto, cuya adopción facilita el análisis de este complejo problema.
Por último, es pertinente destacar que la sala plena de lo contencioso- administrativo del Consejo de Estado, la cual había sostenido que la acción de tutela resultaba improcedente para controvertir decisiones judiciales, rectificó su posición, mediante sentencia de 31 de julio de 2012, y dispuso que la acción constitucional es procedente contra providencias, cuando vulneren derechos constitucionales fundamentales, con observancia de los parámetros fijados jurisprudencialmente, así como los que en el futuro determine la ley y la jurisprudencia; lineamientos que esta subsección con anterioridad al fallo citado ha aplicado en los términos antes expuestos.
3.5 Caso concreto. Analizados los requisitos generales de procedibilidad de la acción de tutela contra providencias judiciales, en el sub lite se observa que: (i) el asunto planteado es de relevancia constitucional, pues recae sobre la presunta vulneración de los derechos fundamentales al debido proceso, acceso a la administración de justicia e igualdad del tutelante; (ii) contra el fallo objeto de censura no procede recurso alguno, dado que se emitió en segunda instancia; (iii) se establecieron los hechos que originaron el presunto quebranto de las aludidas garantías superiores; (iv) la exigencia de inmediatez está satisfecha, porque la decisión atacada quedó ejecutoriada el 31 de mayo de 2018 y la solicitud de amparo de instauró el 28 de noviembre siguiente, es decir, dentro de un término prudencial (5 meses y 27 días), y (v) la sentencia acusada no decidió una acción de tutela.
3.5.1 Hechos probados. Del escrito de tutela y las pruebas obrantes en el expediente, se destaca lo siguiente:
a) El 17 de abril de 2007, el encargado del pelotón Atila 1, adscrito al batallón de infantería 25 General Roberto Domingo Rico Díaz, le informó al comandante de la guarnición que ese día, a las 3:30 p. m., patrullaba, con otros uniformados, por la zona rural del municipio de Piamonte (Cauca), en cumplimiento de la misión táctica «Winchester 34», cuando miembros de un grupo armado ilegal les dispararon, por lo que respondieron al ataque; luego de realizar un registro del área, encontraron a un supuesto subversivo dado de baja, el cual tenía una subametralladora y un maletín (f. 58 c. 3 expediente ordinario).
b) El 18 de abril de 2007, empleados de la Fiscalía General de la Nación practicaron inspección al cadáver en el Hospital José Mario Hernández de Mocoa, el cual estaba envuelto en un plástico negro y sus extremidades embaladas; vestía botas «pantaneras», pantalón azul petróleo y camisa «habano» (ff. 10 a 16 c. 3 expediente ordinario), en la que se encontró una lista de alimentos y una letra de cambio por valor de $1ʼ000.000 (f. 165 c. 3 expediente ordinario). Asimismo, se realizó la necropsia, en la que se determinó que el cuerpo sin vida presentaba cinco (5) impactos de bala; en la nuca, espalda, mejilla y regiones supraescapulares derecha e izquierda (ff. 31 a 36 c. 3 expediente ordinario).
c) El 23 de abril de 2007, el ente investigador recibió la declaración de la señora Isabel Arce Barón, quien manifestó que su esposo, Manuel Antonio Zabala Moreno, salió de su casa, ubicada en la vereda Las Torres de Puerto Guzmán (Putumayo), con destino a la «bota caucana», con el propósito de cobrar un dinero, pero al día siguiente le informaron que lo habían retenido miembros del Ejército Nacional, quienes posiblemente lo mataron, ya que luego de su aprehensión se escucharon unos disparos (ff. 2 y 3 c. 3 expediente ordinario).
Ese mismo día, el señor Gabriel Antonio Zabala Moreno le indicó a funcionarios de la policía judicial que unas personas le contaron que su hermano fue detenido a la fuerza por unos militares y luego escucharon detonaciones y el sobrevuelo de un helicóptero; por ello, acudió a Mocoa a indagar sobre lo sucedido y al preguntar en la Funeraria La Paz, le informaron que un hombre con las características de su familiar fue enterrado, por lo que acudió al Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses, donde identificó al occiso luego de ver unas fotografías (ff. 4 y 5 c. 3 expediente ordinario).
d) El día del combate, el Ejército Nacional abrió investigación disciplinaria contra los involucrados (ff. 187 y 188 c. 3 expediente ordinario) y en diligencia de versión libre celebrada el 12 de julio de 2007, el sargento segundo Jairo Díaz Cerón, al mando del pelotón Atila 1, y los soldados Jorge Iván Arrieta Sena, Óscar Fernando Aguilera Morales, Rubel Lasso Díaz y Julio César Banquez Ozuna dijeron que el 17 de abril de ese año obtuvieron información de que cerca de su ubicación habían guerrilleros, por lo que «salieron» a inspeccionar el terreno, en el que fueron atacados con armas de fuego, de ahí que tuvieran que accionar las que tenían de dotación oficial; tras esperar un rato y recibir apoyo, registraron el área y encontraron a un sujeto muerto, con una subametralladora al lado y un maletín, que fue traslado en helicóptero hasta Mocoa, dado que la Fiscalía General de la Nación no pudo efectuar su levantamiento.
El mencionado suboficial aseveró que el enfrentamiento, con alrededor de treinta (30) insurgentes, tardó «media hora», luego de las ráfagas esperaron diez (10) minutos para revisar el área, y curiosos, que llegaron al sitio, aseguraron que el muerto era un subversivo que extorsionaba en la región hacía quince (15) años y era conocido con el alias de Zabala (ff. 49 a 51 c. 3 expediente ordinario), versión que coincide con la del conscripto Jorge Iván Arrieta Sena (f. 206 c. 3 expediente ordinario).
Por su parte, el uniformado Óscar Fernando Aguilera Morales afirmó que el intercambio de disparos duró treinta (30) minutos, pasados los cuales se refugiaron por ese mismo lapso antes de registrar el sitio (ff. 46 a 48 c. 3 expediente ordinario), el militar Rubel Lasso Díaz sostuvo que el «testaseo» demoró veinte (20) minutos (ff. 211 y 212 c. 3 expediente ordinario), y el joven Julio César Banque Ozuna expuso que fueron quince (15) minutos de confrontación (f. 215 c. 3 expediente ordinario).
Las diligencias disciplinarias fueron archivadas el 13 de marzo de 2008 por el comandante del batallón de infantería 25 General Roberto Domingo Rico Díaz, al estimar que no obraban pruebas que evidenciaran un indebido actuar de los investigados (ff. 220 a 225 c. 3 expediente ordinario).
e) El 3 de julio de 2009, el señor Leonardo Fabio Zabala Arce, junto con otros familiares, al considerar que el difunto fue ejecutado extrajudicialmente, incoaron acción de reparación directa 19001-33-31-009-2009-00322-01 contra la Nación – Ministerio de Defensa Nacional – Ejército Nacional, con el propósito de que se declarara administrativamente responsable de la muerte de su pariente y se le ordenara resarcirles pecuniariamente los correspondientes perjuicios (ff. 26 a 41 c. 2 expediente ordinario).
f) El 13 de julio de 2009, el Juzgado Séptimo (7.º) Administrativo de Popayán admitió la demanda contencioso-administrativa (ff. 44 y 45 c. 2 expediente ordinario) y el 1.º de junio de 2011 decretó como pruebas (i) las diligencias disciplinarias adelantadas contra los conscriptos que intervinieron en los hechos en los que murió el señor Zabala Moreno, y las surtidas por parte de la policía judicial; (ii) los testimonios de los señores Isabel Arce Barón y Luis Carlos y Rubén Dario Zabala Arce; y (iii) un dictamen pericial encaminado a determinar a qué distancia se realizaron los disparos, la posición en la que estaba el sujeto que los recibió y demás circunstancias relevantes para esclarecer lo sucedido (ff. 73 a 76 c. 2 expediente ordinario).
g) El Juzgado Octavo (8.º) Administrativo de Descongestión de Popayán, con sentencia de 3 de abril de 2013, accedió a las súplicas de la acción ordinaria, al estimar que los medios de convicción no daban cuenta de que el occiso era miembro de un grupo armado ilegal, por el contrario, la letra de cambio y lista de alimentos permitían colegir que era un campesino que, mientras se dirigía a cobrar un dinero, fue aprehendido por personal del Ejército Nacional y posteriormente ejecutado.
Que no se determinó que la supuesta arma encontrada era suya ni que la accionó; además, no se entendía como luego de que el combate duró un lapso considerable, no resultara muerta otra persona, máxime cuando los uniformados dicen que fueron atacados por cerca de treinta (30) guerrilleros (ff. 160 a 195 c. 4 expediente ordinario).
h) Contra la anterior providencia la Nación – Ministerio de Defensa Nacional – Ejército Nacional interpuso recurso de apelación, bajo el argumento de que no existían elementos probatorios que demostraran falla del servicio por el deceso del señor Manuel Antonio Zabala Moreno, cuanto más si los adosados al expediente ordinario sugerían que fue dado de baja durante una contienda armada, de ahí que se haya configurado el eximente de responsabilidad culpa exclusiva de la víctima (ff. 198 a 207 c. 4 expediente ordinario).
i) El Tribunal Administrativo del Cauca (sala de decisión 1), con fallo de 9 de febrero de 2017, desató la alzada, en el sentido de revocar el de primera instancia, para en su lugar, negar las pretensiones de la demanda, en razón a que si bien mediaba un daño antijurídico, este no le era atribuible a la Administración, puesto que se produjo dentro de un enfrentamiento, conforme lo indican las pruebas allegadas al proceso ordinario, más aun si no se justificó la presencia del occiso en el sitio donde fue abatido, que es una zona de difícil acceso (ff. 275 a 283 c. 4 expediente ordinario).
j) Contra la determinación enunciada en la letra precedente, los allí demandantes incoaron acción de tutela 11001-03-15-000-2017-02184-00, decidida en segunda instancia por el Consejo de Estado (sección segunda, subsección A), con sentencia de 15 de marzo de 2018, en la que (i) amparó el derecho constitucional fundamental al debido proceso de los tutelantes; (ii) dejó sin efectos aquella decisión; y (iii) ordenó a los tutelados proferir otra en la que analizaran integralmente los medios de convicción arrimados al trámite contencioso-administrativo, pues no se advirtieron las inconsistencias en las declaraciones de quienes le causaron la muerte al señor Zabala Moreno ni los informes de necropsia y de desarrollo de la misión táctica «Winchester 34» (ff. 298 a 305 c. 5 expediente ordinario).
k) En cumplimiento del mencionado fallo de tutela, el Tribunal Administrativo del Cauca (sala de decisión 4), el 10 de mayo de 2018, profirió uno nuevo en el cual hizo referencia a las pruebas aludidas en aquel y concluyó que si bien las afirmaciones de los militares no coincidían en algunas cuestiones, de ello no era dable colegir que el fallecimiento del señor Zabala Moreno obedeció a una ejecución extrajudicial, pues tales inconsistencias son «apreciaciones subjetivas» propias de un momento de exaltación, como lo es un combate, pero no influyen en la decisión de fondo, pues todas las aseveraciones coinciden en señalar que el deceso del individuo se dio tras un intercambio de disparos, lo que configuró una culpa exclusiva de la víctima (ff. 306 a 325 c. 5 expediente ordinario).
Que pese a que resultaba contradictoria la aserción de que fueron encontrados documentos relacionados con un grupo armado ilegal, de ello no era posible inferir que los uniformados modificaron la escena, toda vez que pudo ser consecuencia de una confusión; además, no se allegaron pruebas que acreditaran que los miembros del Ejército Nacional aprehendieron al difunto en una tienda mientras bebía una gaseosa.
3.5.2 Eventual cosa juzgada. La Sala considera oportuno advertir que el Consejo de Estado (sección segunda, subsección A), con sentencia de 15 de marzo de 2018, decidió la acción de tutela 11001-03-15-000-2017-02184-00, en el sentido de dejar sin efectos la de 9 de febrero de 2017, mediante la cual el Tribunal Administrativo del Cauca decidió en segunda instancia la demanda de reparación directa 19001-33-31-009-2009-00322-00, en razón a que en esta no analizaron las inconsistencias de las declaraciones de los uniformados que abatieron al señor Manuel Antonio Zabala Moreno, ni los informes de necropsia y de desarrollo de la misión táctica «Winchester 34», por lo que ordenó estudiar esos elementos de convicción y fallar nuevamente el asunto de la manera que se estimara pertinente.
En ese orden de ideas, se constata que en la acción de tutela 11001-03-15-000-2017-02184-00 se debatió la omisión de las autoridades accionadas de valorar las pruebas enunciadas en el párrafo precedente, mientras que en la de la referencia se discute las conclusiones a las que arribaron aquellas luego de estudiar esos medios probatorios, situación que permite evidenciar que no se configura el fenómeno procesal de la cosa juzgada y, por ende, es dable efectuar un pronunciamiento de fondo en esta instancia judicial.
Hechas las anteriores precisiones fácticas, la Sala efectuará las siguientes acotaciones jurídicas con el propósito de dilucidar si el pronunciamiento atacado quebranta preceptos superiores.
3.5.3 Defecto fáctico. El demandante sostiene que la sentencia objeto de censura adolece de defecto fáctico, toda vez que en ella las autoridades accionadas no valoraron integralmente los medios de convicción adosados a la acción de reparación directa 19001-33-31-009-2009-00322-00, de los cuales se infiere, bajo los criterios de la sana crítica, que la muerte de su padre obedeció a una ejecución extrajudicial y no a un combate.
Con la finalidad de establecer la procedencia de la anterior aseveración, es menester advertir que una providencia judicial se encuentra viciada por defecto fáctico en el evento en que el juez aplica la norma al caso concreto sin contar con supuestos ciertos, esto es, «[…] surge cuando carece del apoyo probatorio que permita la aplicación del supuesto legal en el que se sustenta la decisión».
La Corte Constitucional ha sostenido que el defecto fáctico contiene dos aspectos o dimensiones. El primero hace referencia al aspecto positivo que se presenta cuando el funcionario judicial fundamenta su decisión en una prueba no apta para ello. Por su parte, la segunda dimensión se trata de un aspecto negativo que alude a aquella valoración probatoria arbitraria del juez, que se configura en los eventos en que da por no probado un hecho caprichosamente a pesar de obrar suficiente material probatorio que lo demuestra. Al respecto, el alto tribunal constitucional indicó:
[…] el defecto fáctico positivo, procede de una inadecuada valoración del acervo probatorio o cuando se funda una decisión en una prueba no apta para ello. Por su parte el defecto negativo, alude a aquella omisión en la valoración de pruebas determinantes para identificar la veracidad de los hechos analizados por el juez. En esta situación se incurre cuando se produce la negación de una prueba o valoración arbitraria, irracional y caprichosa de la prueba que se presenta cuando el juez simplemente ignora la prueba u omite su valoración, o cuando sin razón valedera da por no probado el hecho o la circunstancia que de la misma emerge clara y objetivamente.
Es menester advertir que si bien el juez goza de un amplio margen de autonomía al momento de valorar las pruebas, no está facultado para ejercer dicha prerrogativa de manera arbitraria puesto que debe observar criterios objetivos que garanticen la razonabilidad de las deducciones de cada medio probatorio, lo que se logra en atención a las reglas de la sana crítica, conforme lo prevé el artículo 176 del Código General del Proceso (CGP), norma aplicable en la jurisdicción contencioso-administrativa a partir del 1.º de enero de 2014, como lo explicó la sala plena de esta Corporación. El tenor de esa norma es el siguiente:
Las pruebas deberán ser apreciadas en conjunto, de acuerdo con las reglas de la sana crítica, sin perjuicio de las solemnidades prescritas en la ley sustancial para la existencia o validez de ciertos actos.
El juez expondrá siempre razonadamente el mérito que le asigne a cada prueba.
Asimismo, cabe anotar que las aludidas reglas de la sana crítica hacen referencia a parámetros impuestos por la lógica, ciencia y experiencia.
Visto lo anterior, con el fin de establecer si las inferencias probatorias planteadas por las autoridades accionadas en la sentencia acusada se ajustan al sistema normativo, resulta menester efectuar el siguiente análisis jurídico.
3.5.3.1 Nexo de causalidad como elemento de la responsabilidad extracontractual del Estado. El artículo 90 de la Constitución Política se constituye en la fuente de la responsabilidad extracontractual del Estado, pues es su «cláusula general», ya que prevé los elementos que deben concurrir para que se configure, los cuales son: (i) un daño antijurídico, esto es, un perjuicio que la persona no está en la obligación de soportar; (ii) una acción u omisión de los servidores públicos relacionadas con el cumplimiento de sus funciones; y (iii) una relación causal entre el hecho dañoso y la actuación o negligencia de aquellos.
En virtud de dichos requisitos, es de afirmar que hay lugar a declarar la responsabilidad extracontractual del Estado cuando sus agentes, en acatamiento de sus tareas, por acción u omisión, causan merma a una persona que no debe aguantarlo.
Así las cosas, el nexo causal hace referencia a la relación necesaria que debe mediar entre el hecho generador del detrimento y el resultado, es decir, para que se comprometa patrimonialmente a la Administración, es menester que haya causado el agravio y no concurran alguno de los eximentes de responsabilidad.
En este orden de ideas, la Sala constata en el asunto sub judice, luego de analizar los medios de prueba adosados al pluricitado proceso de reparación directa, que estos no fueron valorados por las autoridades accionadas de manera arbitraria o caprichosa en la sentencia atacada, pues no demostraban que el deceso del señor Manuel Antonio Zabala Moreno obedeció a una ejecución extrajudicial, como lo dice el actor, lo que impedía acceder a las pretensiones de la acción 19001-33-31-009-2009-00322-00, dado que se configuraba el eximente de responsabilidad culpa exclusiva de la víctima.
En otras palabras, no era dable imputarle a la Administración el deber de indemnizar los perjuicios reclamados en sede contencioso-administrativa, debido a que las pruebas arrimadas al trámite ordinario no daban cuenta de que la muerte del padre del tutelante se haya producido por un actuar inadecuado de los militares que lo abatieron, de lo que se infiere que no cumplió su carga probatoria, sobre la cual esta Colegiatura explicó:
Como lo ha precisado la Sala en varias oportunidades, de acuerdo con el artículo 177 del C.P.C. [Código de Procedimiento Civil] la carga de la prueba compete a la parte que alega un hecho o a quien lo excepciona o lo controvierte; por lo tanto, es indispensable demostrar, por los medios legalmente dispuestos para tal fin, los hechos que sirven de fundamento fáctico de la demanda, de modo que la mera afirmación de los mismos no sirve para ello.
Así, es necesario establecer cuál es la actividad del ente demandado que guarda el necesario nexo de causalidad con el daño y que permite imputarle responsabilidad a aquél, situación que acá no se dio; por lo tanto y como la parte actora no cumplió con la carga probatoria mínima que le era exigible, relativa principalmente a acreditar la responsabilidad de la entidad demandada, la Sala debe concluir que no se encuentra acreditada la responsabilidad de dicha entidad por los hechos que le fueron imputados.
Ahora bien, el demandante indica que los accionados no advirtieron que el maletín que supuestamente cargaba su papá en la espalda al momento de ser abatido, no presentaba impactos de bala, pese a que los que le causaron la muerte los recibió en esa parte del cuerpo, de lo que se infiere que este no lo llevaba puesto y, por ende, no es cierta la aserción de que su deceso se produjo durante un intercambio de disparos.
No obstante, al revisar el expediente no se observa alguna prueba de la que se evidencie, bajo los criterios de la sana crítica, que la valija no tenía agujeros o estaba en perfecto estado, por lo que la afirmación del tutelante carece de respaldo probatorio; además, a guisa de pedagogía judicial, en el hipotético evento en que aquel objeto no tuviere perforaciones, no es posible inferir per se que los militares ultimaron de manera irregular al difunto, pues esos aspectos se dilucidan mediante un dictamen pericial, dada su tecnicidad, tal como lo prevé el artículo 226 del Código General del Proceso (CGP), aplicable en sede contencioso-administrativa en observancia del artículo 267 del Código Contencioso Administrativo (CCA), el cual no obra en el expediente ordinario.
Cabe advertir que si bien es cierto que en las fotografías del cadáver, que están en el proceso contencioso-administrativo en blanco y negro y con regular resolución, no se observa presencia de armas, también lo es que existen otros medios de prueba que dan cuenta de la existencia de la subametralladora, como la diligencia de inspección a cadáver, de manera que no se puede asumir, como lo hace el demandante, que tal artefacto no existió.
Por otra parte, el tutelante afirma que eran contradictorias las declaraciones de los miembros del Ejército Nacional rendidas dentro de las investigaciones adelantadas en contra de ellos, con lo que sugirió que el enfrentamiento armado nunca ocurrió; empero, analizada la providencia objeto de censura, se evidencia que en ella las autoridades accionadas advirtieron que aunque las manifestaciones de los conscriptos no coincidían sobre el tiempo en que duraron las detonaciones y el interregno que esperaron para registrar el área, sí lo hicieron respecto de las circunstancias fácticas en las que se produjo el intercambio de disparos, de ahí que fuera dable concluir que este sí acaeció, máxime cuando la variación de la percepción de lo sucedido es propia del momento de exaltación que vivieron los combatientes.
Tal deducción de los tutelados no resulta contraria al ordenamiento jurídico, comoquiera que los uniformados concordaron en indicar el escenario en el que tuvo lugar el combate, de manera que no es posible asumir que a aquella se arribó por una errada valoración probatoria, pues es una inferencia razonable.
Resulta oportuno advertir que el hecho de que los accionados no hayan valorado las pruebas en el sentido que pretendía el demandante, no involucra la causal específica de procedibilidad de la acción de tutela contra providencias judiciales denominada defecto fáctico, pues en obedecimiento de sus competencias jurisdiccionales tienen la potestad de otorgar diferentes grados de certeza a las pruebas obrantes en el expediente, siempre que lo hagan de manera integral y bajo los criterios de la sana crítica, conforme aconteció en el asunto materia de controversia.
Por ende, las conclusiones probatorias del funcionario judicial (natural) están amparadas por la presunción de buena fe, situación que imposibilita al juez de tutela cuestionarlas, salvo que sean evidentemente contrarias a las garantías superiores, supuesto que no se da en el sub lite. Acerca de este aspecto, la Corte Constitucional sostuvo lo siguiente:
Las diferencias de valoración que puedan surgir en la apreciación de una prueba no pueden considerarse ni calificarse como errores fácticos.
Frente a interpretaciones diversas y razonables, es el juez natural quien debe determinar, conforme a los criterios de la sana crítica, y en virtud de su autonomía e independencia, cuál es la que mejor se ajusta al caso concreto.
El juez del proceso, en ejercicio de sus funciones, no sólo es autónomo sino que sus actuaciones están amparadas por el principio de la buena fe, lo que le impone al juez de tutela la obligación de asumir, en principio y salvo hechos que acrediten lo contrario, que la valoración de las pruebas realizadas por aquél es razonable y legítima.
Para que la acción de tutela pueda proceder por error fáctico, “[e]l error en el juicio valorativo de la prueba debe ser de tal entidad que sea ostensible, flagrante y manifiesto, y el mismo debe tener una incidencia directa en la decisión, pues el juez de tutela no puede convertirse en una instancia revisora de la actividad de evaluación probatoria del juez que ordinariamente conoce de un asunto” […].
Por último, el actor asevera que los señores magistrados tutelados debieron acudir a la prueba indiciaria para desatar la demanda de reparación directa 19001-33-31-009-2009-00322-00, pues esta demostraba que la muerte de su padre fue una ejecución extrajudicial.
Con el objeto de atender ese argumento, es menester advertir que los indicios «[…] son medios de prueba indirectos y no representativos, como sí lo son el testimonio y la prueba documental, y no pueden ser observados directamente por el juez […]», por consiguiente, la inferencia que este haga de aquellos obedecen a las «[…] reglas de la experiencia, o principios técnicos o científicos […]».
Esta Corporación ha explicado que en casos en que se discuta violaciones de derechos humanos, el indicio es un instrumento adecuado para imputar responsabilidad extracontractual al Estado, pero para ello es imperativo que concurran elementos que permitan evidenciar que la conclusión que se haga de aquel es razonable, ya que de lo contrario se entenderá caprichosa y arbitraria.
En el asunto sub judice no se observa que concurran indicios de los cuales sea dable colegir, bajo las reglas de la experiencia o principios técnicos o científicos, que el señor Manuel Antonio Zabala Moreno fue ultimado de manera irregular por parte de miembros del Ejército Nacional, pues aunque se le encontró una lista de alimentos y una letra de cambio, ello no constata el mencionado ilícito, por ende, aseverar lo contrario sería una interpretación errada.
En ese orden de ideas, la Sala concluye que la providencia objeto de censura, que negó en segunda instancia las pretensiones de la acción de reparación directa 19001-33-31-009-2009-00322-00, no adolece del defecto fáctico formulado en el escrito inicial, de manera que se impone negar el amparo deprecado.
En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, sala de lo contencioso-administrativo, sección segunda, subsección B, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la Constitución Política,
FALLA:
1. º Niégase el amparo de los derechos constitucionales fundamentales al debido proceso, acceso a la administración de justicia e igualdad del señor Leonardo Fabio Zabala Arce, conforme a la parte motiva.
2. º Notifíquese esta providencia en la forma y término previstos en el artículo 30 del Decreto ley 2591 de 1991.
3. º Si el presente fallo no fuere impugnado dentro de los tres (3) días siguientes a su notificación como lo prevé el artículo 31 del Decreto 2591 de 1991, envíese el expediente a la honorable Corte Constitucional para su eventual revisión.
Notifíquese y cúmplase,
Este proyecto fue estudiado y aprobado en sala de la fecha.
CARMELO PERDOMO CUÉTER
SANDRA LISSET IBARRA VÉLEZ
CÉSAR PALOMINO CORTÉS
No especifica la fecha.
Como representante de la Nación – Ministerio de Defensa Nacional – Ejército Nacional.
Sobre el particular pueden consultarse las siguientes providencias de la sala plena de lo contencioso-administrativo del Consejo de Estado: 1) 29 de enero de 1992, AC – 009, C. P. Dolly Pedraza de Arenas. 2) 31 de enero de 1992, AC – 016, C. P. Guillermo Chahín Lizcano. 3) 3 de febrero de 1992, AC – 015, C. P. Luis Eduardo Jaramillo. 4) 27 de enero de 1993, AC-429, C. P. Carlos Arturo Orjuela Góngora. 5) 29 de junio de 2004, exp. 2000-10203-01, C. P. Nicolás Pájaro Peñaranda. 6) 2 de noviembre de 2004, exp. 2004-0270-01, C. P. Rafael E. Ostau de Lafont Pianeta. 7) 13 de junio de 2006, exp. 2004-03194-01, C. P. Ligia López Díaz. 8) 16 de diciembre de 2009, exp. 2009-00089-01, C. P. Rafael E. Ostau De Lafont Pianeta.
Expediente 11001-03-15-000-2009-01328-01. C. P. María Elizabeth García González.
Entre otras, de esta subsección pueden consultarse las siguientes providencias: 1) 28 de agosto de 2008, exp. 2008-00779-00, C. P. Gerardo Arenas Monsalve. 2) 22 de octubre de 2009, exp. 2009-00888-00, C. P. Víctor Hernando Alvarado Ardila. 3) 22 de octubre de 2009, exp. 2009-00889-00, C. P. Víctor Hernando Alvarado Ardila. 4) 3 de febrero de 2010, exp. 2009-01268-00, C. P. Gerardo Arenas Monsalve. 5) 25 de febrero de 2010, exp. 2009-01082-01, C. P. Víctor Hernando Alvarado Ardila. 6) 19 de mayo de 2010, exp. 2010-00293-00, C. P. Gerardo Arenas Monsalve. 6) 28 de junio de 2011, exp. 2010-00540-00, C. P. Gerardo Arenas Monsalve. 7) 30 de noviembre de 2011, exp. 2011-01218-00, C. P. Víctor Hernando Alvarado Ardila. 8) 2 de febrero de 2012, exp. 2011-01581-00, C. P. Gerardo Arenas Monsalve. 9) 23 de febrero de 2012, exp. 2011-01741-00, C. P. Víctor Hernando Alvarado Ardila. 10) 15 de marzo de 2012, exp. 2012-00250-00, C. P. Gerardo Arenas Monsalve.
Notificada por edicto desfijado el 28 de mayo de 2018.
Ejecutada por información que indicaba presencia de guerrilleros en la zona.
No determina quién.
Los testimonios y la prueba pericial no se practicaron.
Corte Constitucional, sentencia C-590 de 2005, M. P. Jaime Córdoba Triviño.
Sentencia T- 474 de 2008, M. P. Clara Inés Vargas Hernández.
Sentencia T-599 de 2009, M. P. Juan Carlos Henao Pérez.
Auto del 25 de junio de 2014, M. P. Enrique Gil Botero, expediente: 25000-23-36-000-2012-00395-01.
«El Estado responderá patrimonialmente por los daños antijurídicos que le sean imputables, causados por la acción o la omisión de las autoridades públicas.
En el evento de ser condenado el Estado a la reparación patrimonial de uno de tales daños, que haya sido consecuencia de la conducta dolosa o gravemente culposa de un agente suyo, aquél deberá repetir contra éste».
Corte Constitucional, sentencia C-38 de 2006, M. P. Humberto Antonio Sierra Porto.
Sección tercera, subsección A, sentencia de 12 de septiembre de 2012, C. P. Carlos Alberto Zambrano Barrera, expediente: 76001-23-25-000-1998-01471-01 (25426).
«La prueba pericial es procedente para verificar hechos que interesen al proceso y requieran especiales conocimientos científicos, técnicos o artísticos.
[…]».
«En los aspectos no contemplados en este código se seguirá el Código de Procedimiento Civil [derogado por el Código General del Proceso] en lo que sea compatible con la naturaleza de los procesos y actuaciones que correspondan a la jurisdicción en lo contencioso administrativo».
Sentencia T-590 de 2009, M. P. Luis Ernesto Vargas Silva.
Consejo de Estado, sección tercera, subsección A, sentencia de 10 de julio de 2013, C. P. Carlos Alberto Zambrano Barrera, expediente 52001-23-31-000-2002-01619-01.
Ibidem.
Sección tercera, subsección B, sentencia del 14 de abril de 2011, C.P. Stella Conto Díaz del Castillo, expediente 05001-23-31-000-1996-00237-01 (20145).
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO-ADMINISTRATIVO
SECCIÓN SEGUNDA
SUBSECCIÓN B
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