Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Primera, radicado 11001-03-15-000-2018-04480-00
Consejo de Estado · Sección Primera
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Consejo de Estado · Sección Primera
Acción de tutela contra providencia judicial
Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Primera, radicado 11001-03-15-000-2018-04480-00
Consejo de Estado · Sección Primera
República de Colombia
Consejo de Estado
Sección Primera
Radicado 11001-03-15-000-2018-04480-00
Consejero ponente: Roberto Augusto Serrato Valdés
31 de enero de 2019
ACCIÓN DE TUTELA CONTRA PROVIDENCIA JUDICIAL / IMPROCEDENCIA POR INCUMPLIMIENTO DEL REQUISITO DE SUBSIDIARIEDAD
la Sala concluye que la acción de tutela es improcedente comoquiera que no se cumplió con uno de los requisitos generales de procedibilidad de la acción de amparo, en este caso, respecto del agotamiento de los medios de defensa judicial ordinarios dispuestos en el ordenamiento jurídico, con miras a cuestionar la legalidad del acto administrativo de carácter general acusado y, si a ello hubiere lugar, la solicitud de suspensión provisional del mismo; y no se demostró la existencia de un peligro inminente que conllevara a la vulneración de los derechos invocados, por lo cual fuese necesario disponer la protección constitucional para evitar la ocurrencia de un perjuicio irremediable para el accionante.
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN PRIMERA
Consejero ponente: ROBERTO AUGUSTO SERRATO VALDÉS
Bogotá, D. C., treinta y uno (31) de enero de dos mil diecinueve (2019)
Radicación número: 11001-03-15-000-2018-04480-00(AC)
Actor: HÉCTOR OVIDIO CHAVES MARTÍNEZ
Demandado: CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA – SALA ADMINISTRATIVA
La Sala procede a decidir la acción de tutela formulada por el ciudadano Héctor Ovidio Chaves Martínez en contra del Acuerdo PCSJA18-11159 de 19 de noviembre de 2018 “Por el cual se adoptan unas medidas transitorias para algunos juzgados de pequeñas causas y competencia múltiple y juzgados civiles municipales en el Distrito Judicial de Pasto y se dictan otras disposiciones”, expedido por el Consejo Superior de la Judicatura – Sala Administrativa, por la presunta vulneración de los derechos fundamentales al debido proceso y al acceso a la administración de justicia.
I.- LA SOLICITUD DE TUTELA
El ciudadano Héctor Ovidio Chaves Martínez promovió acción de tutela en contra del Consejo Superior de la Judicatura – Sala Administrativa, con miras a obtener la protección de sus derechos fundamentales al debido proceso y al acceso a la administración de justicia, los cuales consideró vulnerados con ocasión de la expedición del Acuerdo PCSJA18-11159 de 2018 por medio del cual se dispuso la transformación transitoria de juzgados civiles a juzgados de pequeñas causas y competencia múltiple en el Distrito Judicial de Pasto.
II.- HECHOS
De conformidad con lo planteado por el accionante, los hechos que motivan el ejercicio de la acción de tutela se contraen, en síntesis, a lo siguiente:
• El Consejo Superior de la Judicatura profirió el Acuerdo PCSJA18 - 11159 de 19 de noviembre de 2018, el cual tiene por objeto la transformación transitoria de los Juzgados Civiles Municipales a Juzgados de Pequeñas Causas y Competencias Múltiples en el Distrito Judicial de Pasto.
• Mediante oficio calendado el 28 de noviembre de 2018, el ciudadano Héctor Ovidio Chaves Martínez presentó ante el Consejo Superior de la Judicatura – Sala Administrativa, una solicitud de revocatoria directa del citado acto administrativo.
• Manifestó que las cuatro determinaciones adoptadas en el mencionado Acuerdo denotan ineficacia en la medida en que « […] se explican los absurdos, ineficacias, perjuicios, consecuencias congestionantes y demás aclaraciones del perjuicio irremediable que me produce en forma particular como Litigante en los Ocho (8) Juzgados afectados, y en general, el perjuicio que produce a la Jurisdicción Civil de Pasto en las áreas Civil Municipal y de Pequeñas Causas y Competencia Múltiple […]».
• Aduce que el artículo 1º del acto administrativo acusado que pretende « […] la transformación de los juzgados Quinto y Sexto Municipales, en Tercero y Cuarto de Pequeñas causas […]», no trae ningún beneficio a los usuarios de la administración de justicia y desconoce que “[…] el Juzgado Sexto Civil Municipal de Pasto ha recibido múltiples reconocimientos de sus superiores y del Colegio de Abogados […]”; y, por tanto, « […] no se debería desbaratar, algo que ha venido funcionando correctamente para experimentar a riesgo […]».
• Considera que el artículo 2º del mismo acto administrativo reprochado genera consecuencias perjudiciales a la administración de justicia pues con el traslado de los cargos « […] se desperdicia (sic) el conocimiento individual que dicho funcionario tiene sobre todos y cada uno de los procesos que se vienen adelantando […]», y agregó que « […] les deviene una carga improductiva, que les tomará no menos de dos meses […]».
• Asimismo señala que las modificaciones propuestas en el artículo 3º traen consecuencias “congestionantes” en tanto a los dos juzgados que se trasladan, les deviene una carga improductiva que les tomará no menos de dos meses.
• Finalmente, señala que el artículo 4º crea una serie de actividades innecesarias y “congestionantes” en los seis (6) juzgados civiles municipales, «[…] pues allí se ordena: Relacionar, Remitir en estricto orden cronológico, radicar del más antiguo al más reciente, ubicar fecha de radicación, despacho de origen, clase de proceso, código de identificación […]. Esto es absurdo e improductivo en términos de eficiencia y eficacia que es lo que se busca […]».
III.- LAS PRETENSIONES
Las pretensiones formuladas por el accionante fueron las siguientes:
« […] 1. Tutelar - como mecanismo transitorio - los derechos fundamentales vulnerados y/o en peligro de consumarse a favor de: HECTOR OVIDIO CHAVES MARTÍNEZ:
AL DEBIDO PROCESO (art. 29 C.N).
AL DERECHO A LA ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA (Art. 228 C.N).
2. Ordenar al Dr. EDGAR CARLOS SANABRIA MELO - PRESIDENTE DEL CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA: Suspender transitoriamente la aplicación de las determinaciones tomadas en el ACUERDO PCSJA18 - 11159, hasta que Él mismo resuelva la solicitud de revocación directa del Acto Administrativo contenido en el Acuerdo PCSJA18 - 11159, incoada por el Abogado HECTOR OVIDIO CHÁVEZ MARTÍNEZ, agregando que: En el caso de negativa de la revocatoria directa incoada, la suspensión de la aplicación aquí ordenada se extenderá hasta que se resuelva la demanda de nulidad del Acto Administrativo contenido en el Acuerdo PCSJA18 - 11159, para lo cual, se le concede al Accionante un término de tres meses contados a partir de la notificación de la negativa de revocatoria directa, para que presente la demanda contencioso administrativa de Nulidad del ACUERDO PCSJA1 - 11159.
3. Condenar a pagar las costas y perjuicios de esta Acción de Tutela al CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA, en los rubros de: Agotamiento de Vía Gubernativa, Gastos de Comunicaciones y Agencias en Derecho que las estimo en VEINTE MILLONES DE PESOS $20.000.000. Los pasajes y alojamientos en caso necesario de viajes Pasto - Bogotá - Pasto. […]».
IV.- TRÁMITE DE LA TUTELA
El Magistrado sustanciador del proceso, mediante auto de 6 de diciembre de 2018, admitió la presente acción de tutela y se dispuso notificar al Consejo Superior de la Judicatura – Sala Administrativa, con el fin de que ejerciera su derecho de defensa y contradicción.
En la misma providencia vinculó como tercero con interés en los resultados de la actuación a los Jueces Primero, Segundo, Tercero, Cuarto, Quinto y Sexto Civiles Municipal de Pasto, Primero y Segundo de Pequeñas Causas y Competencia Múltiple de Pasto y a la Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado - ANDJE.
V.- INTERVENCIONES
Realizadas las comunicaciones a la autoridad accionada y a las vinculadas, intervinieron en los siguientes términos:
V.1 Mediante oficio de 13 diciembre de 2018, la Directora de la Unidad de Desarrollo y Análisis Estadístico del Consejo Superior de la Judicatura, doctora Luz Marina Veloza Ibañez, solicitó declarar improcedente el citado amparo, con base en los siguientes argumentos:
Puso de presente que « […] el Acuerdo PCSJA18-11159 de 19 de noviembre de 2018 se encuentra ajustado al marco legal y goza de presunción de legalidad, hasta tanto no sea retirado de la vida jurídica por la autoridad competente, por tanto, no se evidencia ningún motivo para que el Consejo de Estado mediante una acción de tutela, revoque o suspenda los efectos del acto administrativo, ni que se indemnice por veinte millones de pesos al accionante, quien denota un interés pecuniario […]”.
Manifestó que el accionante, mediante escrito de 26 de noviembre de 2018, presentado al Consejo Superior de la Judicatura, solicitó revocar el Acuerdo PCSJA18 - 11159 del 19 de noviembre de 2018, contando dicha entidad con «[…] un término de dos meses para resolverse, siendo el día 26 de enero de 2018 la fecha límite para tal respuesta. Por tanto, considera (sic) que la acción de tutela impetrada por el accionante ha sido un desgaste al aparato jurisdiccional pues el término que se tiene para responder la solicitud de revocaría directa no ha culminado aún […]».
Adicionalmente, señaló que el Consejo Superior de la Judicatura expidió el Acuerdo PCSJA18 - 11159 del 19 de noviembre de 2018, en cumplimiento de sus deberes legales, basándose en un estudio previo técnico objetivo enfocado a satisfacer una necesidad del servicio del Distrito Judicial de Pasto, en tal sentido, manifestó que « […] la acción de tutela por sus características y su función residual y subsidiario no es el mecanismo idóneo para reclamar indemnizaciones administrativas por gastos, perjuicios o tiquetes aéreos […]».
VI.- CONSIDERACIONES DE LA SALA
VI.1. Competencia
Esta Sala es competente para pronunciarse sobre la acción de tutela promovida por el señor Héctor Ovidio Chaves Martínez en contra de la Sala Administrativa del Consejo Superior de la Judicatura, de conformidad con lo establecido en el artículo 37 del Decreto 2591 de 19 de noviembre de 1991, en concordancia con el artículo 2.2.3.1.2.1 del Decreto 1069 de 26 de mayo de 2015, modificado por el artículo 1º del Decreto 1983 de 30 de noviembre de 2017.
VI.2. Generalidades de la acción de tutela
La acción de tutela ha sido instituida como instrumento preferente y sumario, destinado a proteger de manera efectiva e inmediata los derechos constitucionales fundamentales cuando han sido vulnerados o amenazados por las autoridades públicas, o por los particulares, en los casos expresamente señalados. Procede, a falta de otro medio de defensa judicial, a menos que se utilice como mecanismo transitorio, para prevenir un perjuicio irremediable.
VI.3. Planteamiento del problema jurídico
Corresponde establecer a la Sala si, en efecto, el Consejo Superior de la Judicatura violó los derechos fundamentales invocados por el actor, con ocasión de la expedición del Acuerdo PCSJA18-11159 de 19 de noviembre de 2018.
Encuentra la Sala que lo que se persigue, a través de la presente acción, es controvertir el contenido de dicho acto administrativo, por lo que en el caso sub examine, los problemas jurídicos que debe resolver la Sala consisten en determinar si, en efecto: i) es procedente la acción de tutela en contra del Acuerdo PCSJA18-11159 de 19 de noviembre de 2018 “Por el cual se adoptan unas medidas transitorias para algunos juzgados de pequeñas causas y competencia múltiple y juzgados civiles municipales en el Distrito Judicial de Pasto y se dictan otras disposiciones”; y de ser así, ii) si el Consejo Superior de la Judicatura - Sala Administrativa vulneró los derechos fundamentales del ciudadano Héctor Ovidio Chaves Martínez al debido proceso y al acceso a la administración de justicia, al haber transformado transitoriamente los Juzgados Civiles Municipales a Juzgados de Pequeñas Causas y Competencia Múltiple en el Distrito Judicial de Pasto.
Para ello, y con miras a desatar el asunto objeto de análisis, la Sala estima pertinente referirse a la procedencia general de la tutela contra actos administrativos; en aras de dar claridad al asunto planteado y proceder a resolver el caso concreto.
VI.4. Procedencia de la acción de tutela contra actos administrativos de carácter general
En cuanto a la procedencia de la acción de tutela contra actos administrativos de carácter general, de conformidad con lo establecido por el numeral 5° del artículo 6° del Decreto 2591 de 1991, relativo a la subsidiaridad de la acción de tutela; ésta no procede para controvertir actos administrativos de carácter general, toda vez que el legislador previó como mecanismo de defensa judicial para desvirtuar su legalidad, el medio de control de nulidad.
La Corte Constitucional en sentencia T-494 de 2014, respecto de la procedencia de la acción de tutela contra actos administrativos de carácter general, señaló que:
« […] Esa residualidad que caracteriza la acción de tutela, fue prevista taxativamente en el numeral 5 del artículo 6° del Decreto 2591 de 1991 al establecer que es improcedente para controvertir actos de carácter general, impersonal y abstracto. Ello en razón a que esos actos generales producidos por autoridades públicas, que sean causantes de amenazas o vulneración de derechos fundamentales pueden ser revisados y sus efectos controlados, a través de los mecanismos ordinarios de defensa judicial, que el legislador consagró en la jurisdicción contencioso administrativa para dicho fin, específicamente mediante la acción de nulidad.
Este mandato legal ha sido respaldado desde un principio por la jurisprudencia constitucional, así en la sentencia T-321 de 1993 esta Corte determinó que:
«Cuando el desconocimiento, la vulneración o el recorte de los derechos fundamentales se origina en actos jurídicos de carácter general producidos por instancias subordinadas a la Constitución (y todos los poderes constituidos lo son), su efecto general pernicioso puede ser contrarrestado mediante mecanismos especialmente dispuestos para ello, V.gr.: la acción de inconstitucionalidad contra las leyes, o las acciones de nulidad (y de restablecimiento del derecho) contra los actos administrativos. Mediante tales instrumentos se provoca la actuación de un organismo público competente para que, también por vía de disposición general, restablezca el imperio de la juridicidad”.
Lo anterior indica que la regla general es la improcedencia de la acción de tutela contra actos de carácter general, impersonal y abstracto. No obstante, esta regla de improcedencia de la acción de tutela tiene una excepción cuando lo que se persigue no es anular, - por vicios de inconstitucionalidad o de ilegalidad – esta clase de actos, sino dejar sin efecto su aplicación, en un caso particular y concreto, cuando ella conlleve la vulneración de un derecho fundamental. Al respecto, la jurisprudencia de esta Corporación ha señalado:
«En efecto, aunque, según el artículo 6, numeral 5, del Decreto 2591 de 1991, no cabe la acción de tutela contra actos de carácter general, impersonal y abstracto, ésta debe proceder en los casos en que se persigue la inaplicación en el caso concreto de un acto abiertamente contrario a los derechos fundamentales.”
En síntesis, la acción de tutela, por regla general, no procede frente a actos de carácter general, impersonal y abstracto, excepto cuando su aplicación en un caso concreto vulnere abiertamente derechos fundamentales, en ese evento procederá solicitar la inaplicación del acto, sin que con ello haya lugar a controvertir la legalidad o constitucionalidad del mismo. […]».
Asimismo, la Sala en sentencia de 3 de noviembre de 2016, se pronunció sobre la procedencia de la acción de tutela contra actos administrativos de carácter general en el siguiente sentido:
« […] Por lo anterior, es viable analizar que tanto por la naturaleza como por la finalidad de las petición elevada en el plenario, la acción de tutela no sería procedente, toda vez que, no hay de por medio un perjuicio irremediable y la parte accionante podría acudir a otros mecanismos de defensa judicial distintos a la acción de tutela, como lo serían los medios de control contencioso administrativos, consagrados en el Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo – CPACA; porque lo que se busca, es dejar sin efectos, un acto administrativo de carácter general, impersonal y abstracto, como se desprende de las pretensiones y su escrito de demanda.
Es así como de conformidad con las disposiciones vigentes, no procede el amparo constitucional, dirigido a la protección de derechos fundamentales, cuando se pretenda reprochar dichos actos administrativos generales, de conformidad con lo establecido en los numerales 1º y 5º del artículo 6º del Decreto Ley 2591 de 1991, los cuales disponen lo siguiente:
ARTICULO 6º-Causales de improcedencia de la tutela. La acción de tutela no procederá:
1. Cuando existan otros recursos o medios de defensa judiciales, salvo que aquélla se utilice como mecanismo transitorio para evitar un perjuicio irremediable. La existencia de dichos medios será apreciada en concreto, en cuanto a su eficacia, atendiendo las circunstancias en que se encuentra el solicitante.
2. Cuando para proteger el derecho se pueda invocar el recurso de hábeas corpus.
3. Cuando se pretenda proteger derechos colectivos, tales como la paz y los demás mencionados en el artículo 88 de la Constitución Política. Lo anterior no obsta, para que el titular solicite la tutela de sus derechos amenazados o violados en situaciones que comprometan intereses o derechos colectivos siempre que se trate de impedir un perjuicio irremediable.
4. Cuando sea evidente que la violación del derecho originó un daño consumado, salvo cuando continúe la acción u omisión violatoria del derecho.
5. Cuando se trate de actos de carácter general, impersonal y abstracto.” (Negrillas fuera del texto)
Al respecto, la jurisprudencia de la Corte Constitucional se ha pronunciado en el siguiente sentido:
“[…] El ámbito propio para tramitar los reproches de los ciudadanos contra las actuaciones de la administración es la Jurisdicción Contenciosa Administrativa, quien está vinculada con el deber de guarda y promoción de las garantías fundamentales. Es en este contexto donde demandados y demandantes pueden desplegar una amplia y exhaustiva controversia argumentativa y probatoria, teniendo a su disposición los diversos recursos que la normatividad nacional contempla. El recurso de amparo sólo será procedente, en consecuencia, cuando la vulneración de las etapas y garantías que informan los procedimientos administrativos haya sido de tal magnitud que los derechos fundamentales de los asociados no cuenten con otro medio de defensa efectivo. El amparo constitucional como sucede para el caso de protección de los derechos fundamentales, es subsidiario y residual, lo que implica que si la persona tiene a su alcance un medio de defensa efectivo o, habiendo contado con el mismo, de manera negligente lo ha dejado vencer, la tutela devendrá improcedente […]».
De igual forma esta Sección, se ha pronunciado sobre la improcedencia de la acción de tutela frente a actos administrativos de carácter general, en la siguiente forma:
« […] Respecto de la procedencia de la acción de tutela para controvertir la legalidad del acto contentivo de la convocatoria a un concurso, la Sala ha sido enfática en señalar que ella no es el mecanismo idóneo, por cuanto al tratarse de un acto de contenido general y abstracto, el actor se encuentra facultado para acudir a la Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo a través del medio de control de nulidad […]».
VI.5. Procedencia de la acción de tutela contra actos administrativos de carácter particular
Sobre el particular, resulta importante poner de presente que, de conformidad con lo establecido por el artículo 6° del Decreto 2591 de 1991, relativo a la subsidiaridad de la acción de tutela; por regla general, ésta no procede para controvertir actos administrativos de carácter particular y concreto, toda vez que el legislador previó como mecanismo de defensa judicial para desvirtuar su legalidad, el medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho; y, en su defecto, el medio de control de nulidad.
En ese sentido, la jurisprudencia de la Corte Constitucional ha sido reiterativa en expresar que:
« […] En principio, la acción de tutela es improcedente como mecanismo principal para proteger derechos fundamentales que resulten amenazados o vulnerados con ocasión de la expedición de actos administrativos de contenido particular y concreto, ya que para controvertir estos actos el juez natural es la jurisdicción contenciosa administrativa, instancia en la cual los afectados pueden hacer uso de dos mecanismos de defensa.
De un lado, en ejercicio del artículo 85 del Código Contencioso Administrativo, se puede interponer la acción de nulidad y restablecimiento del derecho y, según el artículo 152, numeral 2° del mismo código, en caso de que sea manifiesta la infracción de una de las disposiciones invocadas, también se puede solicitar la suspensión provisional del acto administrativo demandado.
De otro lado, el artículo 84 del Código Contencioso Administrativo dispone que toda persona podrá solicitar que se declare la nulidad de los actos administrativos cuando quebranten las normas en que deberían fundarse, hayan sido expedidos por funcionarios u organismos incompetentes, o en forma irregular, o con desconocimiento del derecho de audiencias y defensa, o mediante falsa motivación, o con desviación de las atribuciones propias del funcionario o corporación que los profirió. […]
Sobre la base de lo expuesto, la persona que estime vulnerados sus derechos por un acto administrativo puede solicitar alternativamente la nulidad y restablecimiento del derecho o, en la medida en que esta acción no se ejerza dentro del término legalmente establecido para ello, pedir la nulidad simple del acto, caso en el cual la pretensión debe ser exclusivamente el control de legalidad en abstracto de dicho acto. […]».
No obstante lo anterior, también la jurisprudencia ha reconocido que, en algunas circunstancias especiales, procede la acción de tutela contra actos administrativos, siempre que, i) se esté ante la presencia de la vulneración de derechos fundamentales y, ii) exista peligro de la ocurrencia de un perjuicio irremediable; con lo que el amparo procedería como mecanismo transitorio.
En ese sentido, en sentencia T-514 de 2003, la Corte Constitucional determinó:
« […] la Corte concluye (i) que por regla general, la acción de tutela es improcedente como mecanismo principal para la protección de derechos fundamentales que resulten amenazados o vulnerados con ocasión de la expedición de actos administrativos, como quiera que existen otros mecanismos tanto administrativos como judiciales para su defensa; (ii) que procede la acción de tutela como mecanismo transitorio contra las actuaciones administrativas cuando se pretenda evitar la configuración de un perjuicio irremediable; y (iii) que solamente en estos casos el juez de tutela podrá suspender la aplicación del acto administrativo (artículo 7 del Decreto 2591 de 1991) u ordenar que el mismo no se aplique (artículo 8 del Decreto 2591 de 1991) mientras se surte el proceso respectivo ante la jurisdicción de lo contencioso administrativo. […]».
Además, la Corte Constitucional ha admitido que, cuando se presenta una vía de hecho administrativa y se demuestra un perjuicio irremediable, la acción de tutela puede incluso proceder, excepcionalmente como mecanismo definitivo.
Sobre este punto, en Sentencia T-912 de 2006, señaló:
« […] No obstante, esta Corporación también ha admitido que en ciertos casos, cuando existe una vía de hecho en un acto administrativo y se observa la existencia de un perjuicio irremediable, la acción de tutela procederá no sólo como mecanismo transitorio, sino que excepcionalmente podrá concederse de forma definitiva. En efecto, en la sentencia T-418 de 2003, se señaló sobre este punto lo siguiente:
[…], si se trata de una decisión proferida en proceso administrativo, fiscal o disciplinario, en la que se alega la existencia de una vía de hecho en la decisión correspondiente, el examen del juez de tutela es distinto, pues, en estos casos, el afectado siempre puede acudir ante la jurisdicción contenciosa administrativa. En estos eventos, cuando existe indudablemente la vía de hecho, según las circunstancias del caso concreto, y frente a un perjuicio irremediable, debidamente sustentado, el juez de tutela puede conceder la acción de tutela, como mecanismo transitorio, o, excepcionalmente, en forma definitiva.’
Así también lo señaló en la sentencia T-811 de 2003, en donde la Corte resaltó lo siguiente:
‘No obstante lo afirmado, ha de manifestarse que la acción de tutela resulta excepcionalmente procedente contra actuaciones administrativas en todos aquellos casos en los que la actuación de la autoridad respectiva carezca de fundamento objetivo y sus decisiones sean el producto de una actitud arbitraria y caprichosa que traiga como consecuencia la vulneración de derechos fundamentales de la persona, incurriendo de esa manera en lo que se ha denominado como ‘vía de hecho” […]» (Negrillas fuera de texto original).
Así las cosas, se resume, en principio la acción de tutela resulta improcedente para controvertir la legalidad de actos administrativos, a menos de que esté en juego la vulneración de derechos fundamentales y se busque evitar la ocurrencia de un perjuicio irremediable, caso en el cual, procedería el amparo de manera transitoria. Sin embargo, cuando se está frente a una vía de hecho administrativa y un perjuicio irremediable, el juez de tutela podría conceder la protección definitiva mediante la acción constitucional.
En este sentido, la Sala reitera que el Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo – Ley 1437 de 2011 – en los artículos 229 y siguientes, consagra la posibilidad, en los procesos declarativos que se adelanten ante esta jurisdicción, de solicitar medidas cautelares que inclusive pueden llegar a otorgarse con carácter de urgencia cuando el Juez o Magistrado Ponente considere que la situación fáctica lo amerita, en un trámite cuya duración puede equipararse con el tiempo en el cual se resuelve una acción de tutela.
La Corte Constitucional en la sentencia SU-355 de 2015, al examinar la procedencia de la acción de tutela contra actos administrativos sancionatorios, señaló:
« […] 5.3.1. El ordenamiento vigente y, en particular, el actual artículo 138 de la Ley 1437 de 2011, establece como uno de los medios de control de la actuación de las autoridades estatales, la nulidad y restablecimiento del derecho, confiriéndole a toda persona la posibilidad de solicitar que se declare la nulidad del acto administrativo que lesiona un derecho subjetivo y le sea restablecido. Tal nulidad debe ser declarada cuando los actos se expidan (a) desconociendo las normas en que deberían fundarse, (b) por un órgano que carece de competencia, (c) de manera irregular, (d) violando el derecho de audiencia y defensa, (e) mediante falsa motivación o (f) con desviación de las atribuciones propias de quien los profirió (art. 137 inc. 2º).
[…]
Si bien la Corte reitera la regla de procedencia establecida en la SU-712 de 2013, su aplicación en el caso ahora estudiado no conduce a la misma conclusión a la que se arribó en aquella ocasión. En efecto, la regulación que en materia de suspensión provisional introdujo la Ley 1437 de 2011 y la comprensión que de ella ha tenido la jurisprudencia del Consejo de Estado, permiten a este Tribunal concluir que el accionante cuenta, prima facie, con un medio judicial no solo idóneo sino también temporalmente eficaz para debatir oportunamente la posible violación de sus derechos y plantear la adopción de una medida de protección si se cumplen las condiciones para ello.
(…)
5.3.7. En síntesis, con independencia del sentido que puedan tener en cada caso las decisiones del juez administrativo respecto de la solicitud de suspensión provisional, debe concluirse -en lo que resulta relevante para un juicio de subsidiariedad- que esa alternativa ofrece, en la actualidad, una amplia posibilidad de controlar en un término breve de tiempo los efectos de la decisión de la autoridad disciplinaria. En atención a ello no puede acogerse la misma decisión de la sentencia SU-712 de 2003, adoptada en vigencia del Decreto 01 de 1984 […]» (Énfasis de la Sala).
En conclusión, la sentencia en cita, con motivo de la entrada en vigencia del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo – Ley 1437 de 2011, modificó la línea jurisprudencial que la Corte Constitucional había fijado en materia de procedencia de la acción de tutela contra actos administrativos, y que hasta ese momento se encontraba resumida en la SU-712 de 2013, en el sentido de establecer que por regla general no procede la acción de tutela como mecanismo definitivo o transitorio para cuestionar la validez constitucional de las decisiones adoptadas en sede administrativa.
No obstante, la sentencia referida advirtió que la regla general de improcedencia no se opone a que, en circunstancias excepcionales y debidamente consideradas por el juez, pueda admitirse la procedencia de la acción de tutela para proteger los derechos fundamentales desconocidos durante el trámite de una actuación administrativa. Siguiendo para tal efecto la regla establecida en la SU-712 de 2013, donde se dejó claro que ello será posible cuando, además de cumplirse las otras condiciones fijadas por la Corte en esa providencia “los medios ordinarios de defensa no sean lo suficientemente expeditos como para controlar la legalidad y constitucionalidad de las medidas sancionatorias impugnadas.”.
Una vez aclarados los conceptos antes planteados, le corresponde a la Sala establecer si, en el caso bajo examen, se presentan las condiciones establecidas por la jurisprudencia constitucional para la procedencia excepcional de la acción de tutela contra actos administrativos.
VI.6. Análisis del caso en concreto
El ciudadano Héctor Ovidio Chaves Martínez pretende mediante la presente acción constitucional que se suspenda transitoriamente el Acuerdo PCSJA18-11159 de 19 de noviembre de 2018 “Por el cual se adoptan unas medidas transitorias para algunos juzgados de pequeñas causas y competencia múltiple y juzgados civiles municipales en el Distrito Judicial de Pasto y se dictan otras disposiciones”, expedido por el Consejo Superior de la Judicatura – Sala Administrativa, hasta que se resuelva la solicitud de revocatoria directa solicitada, o hacer extensiva tal suspensión, hasta que se decida la demanda de nulidad que se presente en contra del mismo acto, ante la jurisdicción de lo contencioso administrativo.
Ahora bien, dado que con la presente solicitud de amparo se persigue la “suspensión transitoria” del acto acusado, la Sala advierte que el accionante pretende, a través de la acción de tutela, efectuar una acción paralela a los instrumentos judiciales ordinarios con los que cuenta, lo cual desconoce con el carácter subsidiario y residual de esta acción constitucional.
En efecto, el actor pone de presente que el trámite en sede administrativa de su solicitud de revocatoria directa del Acuerdo PCSJA18-11159 de 2018 aún no ha resuelto y, sin embargo, utiliza el mecanismo de amparo. Sumado a ello, el accionante claramente cuenta con un instrumento jurídico ordinario para controvertir su legalidad y obtener la suspensión provisional del mismo.
Nótese que en la sentencia T-840 de 2014 (M.P. María Victoria Calle Correa), la Corte Constitucional advirtió que la tutela no resulta procedente ante la existencia de los medios de control de nulidad simple o de nulidad y restablecimiento, dado que aquellos fueron los mecanismos previstos por el legislador para controvertir la legalidad de los actos administrativos y, por ello:
« […] La regla general de improcedencia de la tutela contra actos administrativos no solo tiene como fundamento la existencia de la jurisdicción de lo contencioso administrativo, sino también la presunción de legalidad de que gozan dichos actos. Al presumirse válidos, la prueba de la ilicitud de los mismos debe tener lugar en un proceso que tenga un trámite idóneo para valorar estas manifestaciones de la voluntad de la administración. Por ello, salvo que circunstancias especiales lo requieran, no debería ser la acción de tutela el espacio en el cual se trate de controvertir las mencionadas presunciones […]».
Así, las pretensiones de la acción de tutela impetrada por el actor, encaminadas a dejar sin efectos jurídicos el Acuerdo arriba citado, deberían formularse utilizando el medio de control nulidad, previsto en el artículo 137 de la Ley 1437 de 2011 o, de contener pretensiones resarcitorias, a través el medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho, establecido en el artículo 138 de la norma ibídem.
En ese orden y con fundamento en el acervo probatorio que reposa en el expediente, es notorio que el accionante no ha agotado dichos mecanismos por medido de los cuales podía solicitar la suspensión provisional del acto administrativo mientras se analizaba la legalidad del Acuerdo atacado.
Cabe resaltar la posibilidad que tiene el accionante, de solicitar el decreto de medidas cautelares para efectos de suspender los actos administrativos que considera que resultan lesivos a sus derechos fundamentales, cuestión de la cual se ocupa el nuevo Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo – CPACA, Ley 1437 de 2011, y ha sido motivo de análisis por parte de esta Sección, en la siguiente forma:
« […] con fundamento en el acervo probatorio que reposa en el expediente observa la Sala que el accionante no agotó el mecanismo ordinario de defensa judicial que tenía a su disposición, esto es, el medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho ante la jurisdicción contencioso administrativa con el que podía controvertir la legalidad de las Resoluciones atacadas, por ende, no puede exigir a través del ejercicio de esta acción constitucional que se suspendan o se dejen sin efectos dichos actos administrativos, pues el recurso de amparo es de carácter residual y subsidiario para la efectiva protección de derechos fundamentales, sin que sea dable para el juez de tutela invadir las competencias del juez ordinario […]»
« […] la Sala pone de presente que en los artículos 229 y siguientes de la Ley 1437 de 2011 (18 de enero), se consagra la posibilidad de solicitar medidas cautelares que inclusive pueden llegar a otorgarse con carácter de urgencia cuando el Juez o Magistrado Ponente considere que la situación fáctica lo amerita, dentro los procesos declarativos que se adelanten ante esta jurisdicción. El término para que el operador jurídico conceda tales medidas puede equipararse con el tiempo en el cual se resuelve una acción de tutela… es claro que la Jurisdicción de lo Contencioso – Administrativo es la llamada a dirimir el conflicto planteado en la presente acción de tutela, a través del medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho, donde el actor tiene la posibilidad de solicitar medidas cautelares, pues dentro de dicho trámite se analizarán además de la presunta vulneración de los derechos fundamentales deprecados por el actor, la legalidad de las Resoluciones cuestionadas, lo cual le está vedado al juez constitucional […]».
Se pone de presente que tampoco prospera la tutela como mecanismo transitorio toda vez que el actor no acreditó, ni siquiera de manera sumaria, los requisitos jurisprudenciales que se exigen para que el perjuicio irremediable se configure.
Adicionalmente, es menester recordar que, en el evento en que se demuestre sumariamente la acusación de un perjuicio irremediable, excepcionalmente, el juez constitucional podría conocer de los asuntos reservados al juez ordinario. Sin embargo, en el sub lite, el accionante sustentó el presunto daño en los siguientes juicios subjetivos de los efectos de la medida de descongestión, las cuales no fueron debidamente soportados:
“[…] La solución no puede ser: quitar dos juzgados civiles municipales, dejando sólo cuatro en esta área, y llevarlos a pequeñas causas, lo cual, va a generar un problema mayor: caos total en la oferta de justicia, en lo que toca a los juzgados civiles municipales, pues, ya se dijo, que en esta área: hacen falta en Pasto, al menos otros 4 juzgados civiles municipales más, para quedar con 10, comparación hecha con otras capitales más pequeñas que tienen hasta 14 juzgados y con menos solicitud de servicio.
[…]
De llevar adelante la determinación, posiblemente se descongestionarían los dos Juzgados de Pequeñas Causas, pero, de contera ocurriría el caos total en los seis (6) Juzgados Civiles Municipales que actualmente funcionan en Pasto. Agréguese, que la sola puesta en funcionamiento del pretendido Acuerdo No. 11159, conllevaría a un retraso integral en las tareas cotidianas de los seis Jueces Civiles Municipales afectados (dos se trasladan y cuatro reciben sobrecargas), igual que, de cada uno de los cuatro Funcionarios de cada Juzgado, ocupados inicialmente en inventariar y llenar las estadísticas que ordena el Acuerdo. Así, la directiva propuesta, tal vez estaría desarrollándose más allá del mes de febrero de 2.019 […]”.
Es de recordar que el Consejo Superior de la Judicatura expidió el Acuerdo PCSJA18-11159 de 2018, dentro del marco de las facultades legales establecidas en el numeral 2° del artículo 257 de la Constitución Política, esto es, su función de:
“[…] 2. Crear, suprimir, fusionar y trasladar cargos en la administración de justicia. En ejercicio de esta atribución, el Consejo superior de Ia Judicatura no podrá establecer a cargo de Tesoro obligaciones que excedan del monto global fijado para el respectivo servicio en la ley de apropiaciones iniciales […]”.
Ello en concordancia con lo dispuesto en los artículos 22 y 85 de la Ley 270 de 1996, donde se indica que esta autoridad administrativa le corresponde determinar la estructura de los despachos judiciales de conformidad con las necesidades de la justicia.
En ejercicio de dichas atribuciones, previo a la expedición del Acuerdo, el Consejo Superior de la Judicatura realizó un estudio técnico que permitió determinar las necesidades de la administración de justicia y evaluar el comportamiento de la demanda de justicia de los juzgados civiles municipales y juzgados de pequeñas causas y competencia múltiple en la ciudad de Pasto, a efectos de equilibrar sus cargas de trabajo, razón por la cual el reproche esgrimido por el accionante carece de sustento.
En ese orden, la Sala concluye que la acción de tutela es improcedente comoquiera que no se cumplió con uno de los requisitos generales de procedibilidad de la acción de amparo, en este caso, respecto del agotamiento de los medios de defensa judicial ordinarios dispuestos en el ordenamiento jurídico, con miras a cuestionar la legalidad del acto administrativo de carácter general acusado y, si a ello hubiere lugar, la solicitud de suspensión provisional del mismo; y no se demostró la existencia de un peligro inminente que conllevara a la vulneración de los derechos invocados, por lo cual fuese necesario disponer la protección constitucional para evitar la ocurrencia de un perjuicio irremediable para el accionante.
En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la Ley,
F A L L A
PRIMERO: DECLARAR IMPROCEDENTE la solicitud de amparo promovida por el señor Héctor Ovidio Chaves Martínez en contra del Consejo Superior de la Judicatura – Sala Administrativa, por las razones expuestas en la parte motiva de esta providencia.
SEGUNDO: NOTIFICAR a las partes en la forma prevista en el artículo 30 del Decreto Ley 2591 de 1991.
TERCERO: En caso de que esta providencia no sea impugnada y quede en firme, REMÍTASE el expediente a la Corte Constitucional para su eventual revisión.
CÓPIESE, NOTIFÍQUESE, COMUNÍQUESE Y CÚMPLASE,
Se deja constancia que la anterior providencia fue leída, discutida y aprobada por la Sala en la sesión de la fecha.
OSWALDO GIRALDO LÓPEZ
Consejero de Estado
Presidente
HERNANDO SÁNCHEZ SÁNCHEZ ROBERTO AUGUSTO SERRATO VALDÉS
Consejero de Estado Consejero de Estado
“Por el cual se adoptan medidas transitorias para algunos juzgados de pequeñas causas y competencia múltiple y juzgados municipales en el Distrito Judicial de Pasto y se dictan otras disposiciones”.
Folios 12 a 16. Expediente de tutela.
Folio 3. Expediente de tutela.
Folio 4. Expediente de tutela.
Folios 4 y 5. Expediente de tutela.
Folio 5. Expediente de tutela.
Folio 7. Expediente de tutela.
Expediente de tutela, folio 19.
Folio 31 y ss. Expediente de tutela.
Folios 34 a 36. Expediente de tutela.
Ibídem.
Ibídem.
"Por el cual se reglamenta la acción de tutela consagrada en el artículo 86 de la Constitución Política".
"Por medio del cual se expide el decreto único reglamentario del sector justicia y del derecho".
“Por la cual se modifican os artículos HYPERLINK "http://www.alcaldiabogota.gov.co/sisjur/normas/Norma1.jsp?i=62503" \l "2.2.3.1.2.1" 2.2.3.1.2.1, HYPERLINK "http://www.alcaldiabogota.gov.co/sisjur/normas/Norma1.jsp?i=62503" \l "2.2.3.1.2.4" 2.2.3.1.2.4 y HYPERLINK "http://www.alcaldiabogota.gov.co/sisjur/normas/Norma1.jsp?i=62503" \l "2.2.3.1.2.5" 2.2.3.1.2.5 del Decreto 1069 de 2015, Único Reglamentario del sector Justicia y del Derecho, referente a las reglas de reparto de la acción de tutela”.
Corte Constitucional, sentencia T-494 de 10 de julio de 2014. Expediente T- 4.266.096. Actores: José Heliodoro Forero Ruiz y Jorge Eliécer Bayona. M.P. Mauricio González Cuervo.
Consejo de Estado, Sección Primera. Sentencia de 3 de noviembre de 2016. Rad.: 66001-23-33-000-2016-00274-01. Actor: Personería Municipal de Dosquebradas (Risaralda) en calidad de agente oficioso del señor Hernán Perilla Prieto.
Corte Constitucional, Sentencia T-461 julio 13 de 2009. Magistrado Ponente: Mauricio González Cuervo.
Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera. C.P.: María Elizabeth García González. Bogotá, D.C., 31 de agosto de 2015. Radicación número: 25000-23-42-000-2015-03361-01(AC). Actor: Clara Inés Gaitán Aguilar. Demandado: Fiscalía General de la Nación - Comisión Nacional de Administración de Carrera de la Fiscalía.
Corte Constitucional. Sentencia T-956 de 2011. M.P.: Jorge Iván Palacio Palacio.
Artículo 229. Procedencia de medidas cautelares. En todos los procesos declarativos que se adelanten ante esta jurisdicción, antes de ser notificado, el auto admisorio de la demanda o en cualquier estado del proceso, a petición de parte debidamente sustentada, podrá el Juez o Magistrado Ponente decretar, en providencia motivada, las medidas cautelares que considere necesarias para proteger y garantizar, provisionalmente, el objeto del proceso y la efectividad de la sentencia, de acuerdo con lo regulado en el presente capítulo.
(…)
Artículo 230. Contenido y alcance de las medidas cautelares. Las medidas cautelares podrán ser preventivas, conservativas, anticipativas o de suspensión, y deberán tener relación directa y necesaria con las pretensiones de la demanda. Para el efecto, el Juez o Magistrado Ponente podrá decretar una o varias de las siguientes medidas:
(…)
Artículo 233. Procedimiento para la adopción de las medidas cautelares. La medida cautelar podrá ser solicitada desde la presentación de la demanda y en cualquier estado del proceso.
El Juez o Magistrado Ponente al admitir la demanda, en auto separado, ordenará correr traslado de la solicitud de medida cautelar para que el demandado se pronuncie sobre ella en escrito separado dentro del término de cinco (5) días, plazo que correrá en forma independiente al de la contestación de la demanda.
Esta decisión, que se notificará simultáneamente con el auto admisorio de la demanda, no será objeto de recursos.
(…)
El auto que decida las medidas cautelares deberá proferirse dentro de los diez (10) días siguientes al vencimiento del término de que dispone el demandado para pronunciarse sobre ella. En este mismo auto el Juez o Magistrado Ponente deberá fijar la caución. La medida cautelar solo podrá hacerse efectiva a partir de la ejecutoria del auto que acepte la caución prestada.
(…)
Artículo 234. Medidas cautelares de urgencia. Desde la presentación de la solicitud y sin previa notificación a la otra parte, el Juez o Magistrado Ponente podrá adoptar una medida cautelar, cuando cumplidos los requisitos para su adopción, se evidencie que por su urgencia, no es posible agotar el trámite previsto en el artículo anterior. Esta decisión será susceptible de los recursos a que haya lugar.
(Énfasis de la Sala).
Sentencia del 11 de junio de 2015. Referencia: Expediente T-4.325.260. Fallos de tutela objeto revisión: Sentencia de la Sala Plena de lo Contencioso Administrativo del Consejo de Estado de fecha cinco (5) de marzo de 2014 que confirmó la Sentencia del Tribunal Administrativo de Cundinamarca mediante la cual se declaró improcedente la acción de tutela. Accionante: Gustavo Francisco Petro Urrego. Accionado: Procuraduría General de la Nación. Magistrado Ponente: Mauricio González Cuervo.
Sentencia del 17 de octubre de 2013. Referencia: expediente T-3005221. Acción de tutela presentada por Piedad Esneda Córdoba Ruíz contra la Procuraduría General de la Nación. Magistrado Ponente: Jorge Iván Palacio Palacio.
“Toda persona podrá solicitar por sí, o por medio de representante, que se declare la nulidad de los actos administrativos de carácter general.
Procederá cuando hayan sido expedidos con infracción de las normas en que deberían fundarse, o sin competencia, o en forma irregular, o con desconocimiento del derecho de audiencia y defensa, o mediante falsa motivación, o con desviación de las atribuciones propias de quien los profirió.
También puede pedirse que se declare la nulidad de las circulares de servicio y de los actos de certificación y registro”.
“Por la cual se expide el Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo.”
Artículo 138. Nulidad Y Restablecimiento Del Derecho. Toda persona que se crea lesionada en un derecho subjetivo amparado en una norma jurídica, podrá pedir que se declare la nulidad del acto administrativo particular, expreso o presunto, y se le restablezca el derecho; también podrá solicitar que se le repare el daño. La nulidad procederá por las mismas causales establecidas en el inciso segundo del artículo anterior.
Igualmente podrá pretenderse la nulidad del acto administrativo general y pedirse el restablecimiento del derecho directamente violado por este al particular demandante o la reparación del daño causado a dicho particular por el mismo, siempre y cuando la demanda se presente en tiempo, esto es, dentro de los cuatro (4) meses siguientes a su publicación. Si existe un acto intermedio, de ejecución o cumplimiento del acto general, el término anterior se contará a partir de la notificación de aquel.
Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera. C.P.: María Claudia Rojas Lasso. Bogotá, D.C. 26 de noviembre de 2015. Radicación número: 25000-23-36-000-2015-02250-01(AC). Actor: Félix Roberto Sierra Sierra. Demandado: Consejo Nacional Electoral y Otro
Corte Constitucional. Sentencia C-285 de 2016.
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