Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 11001-03-15-000-2018-04540-01
Consejo de Estado · Sección Segunda
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Consejo de Estado · Sección Segunda
Acción de tutela contra providencia judicial: sentencia proferida en medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho
Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 11001-03-15-000-2018-04540-01
Consejo de Estado · Sección Segunda
República de Colombia
Consejo de Estado
Sección Segunda
Radicado 11001-03-15-000-2018-04540-01
Consejero ponente: Gabriel Valbuena Hernández
21 de marzo de 2019
ACCIÓN DE TUTELA CONTRA PROVIDENCIA JUDICIAL – Sentencia proferida en medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho / VULNERACIÓN DE LOS DERECHOS FUNDAMENTALES AL ACCESO A LA ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA Y AL DEBIDO PROCESO / DESCONOCIMIENTO DEL PRECEDENTE – Inexistencia / DEFECTO ORGÁNICO Y DESCONOCIMIENTO DEL PRINCIPIO DE CONGRUENCIA DE LA SENTENCIA – Se configura ya que se excedió el marco de la litis abordando un asunto ajeno a la controversia / REAJUSTE DE LA ASIGNACIÓN DE RETIRO DE MIEMBRO DE LA FUERZA PÚBLICA
[F]rente a la decisión de segunda instancia aprecia la Sala que no se configuró el desconocimiento del precedente judicial por parte del Tribunal Administrativo por cuanto, como se vio, consideró que le asistía razón a la entidad, para lo cual basó su decisión en la aplicación de la norma, razonamiento que hace parte de aquellos señalados en la providencia de esta Corporación que avoca el conocimiento del proceso para unificación en cuanto no se ha proferido un pronunciamiento que constituya precedente vinculante en la materia, razón que impone denegar el amparo derivado del defecto de desconocimiento del precedente judicial, en aras del respeto del principio de la autonomía judicial. (…) Ahora bien, como ya se explicó, luego de referirse a la fórmula de liquidación de la asignación de retiro, así como el porcentaje de inclusión de la prima de antigüedad en ella, el Tribunal confirmó la decisión impugnada, sin embargo, avanzó en indicar, según su parecer, cómo debía liquidarse la prima de antigüedad, lo que distaba de la forma como lo venía haciendo CREMIL en el acto de reconocimiento de la asignación de retiro. (…) Por esto, frente a esta partida señaló que CREMIL computó equivocadamente como prima de antigüedad el 38.50% del 100% de la asignación básica mensual, cuando en realidad la norma dispone que dicho porcentaje (38.50%), se debe calcular sobre el valor de la prima de antigüedad efectivamente devengada al momento del retiro del servicio (58.5% de la asignación básica mensual): (…) En este caso, aprecia la Sala que ambas partes presentaron recurso de alzada por lo que el Tribunal tenía plena competencia para pronunciarse sobre todos los extremos de la litis, sin embargo, ni la demanda versó sobre dicho aspecto, ni la entidad manifestó inconformidad sobre el mismo. (…) Se advierte entonces que el Tribunal Administrativo de Cundinamarca profirió un fallo donde se pronunció sobre un aspecto que no fue solicitado por el demandante y con ello hizo más gravosa su situación, con lo que transgredió el principio de congruencia por cuanto decidió estudiar la forma en que debía fijarse la prima de antigüedad y llegó a la conclusión de que la misma no debía concretarse sobre un 38.5 % del 100 % de la asignación básica, sino sobre el 38.5% del 58.5 % de aquella. (…) En este sentido, desconoció el marco de la demanda, la contestación, los recursos de apelación y los alegatos de las partes, lo que pone en evidencia la configuración del defecto orgánico y desconocimiento del principio de congruencia de la sentencia, pues el Tribunal Administrativo accionado excedió el marco de la litis, y abordó un asunto ajeno a la controversia, que no fue cuestionado ni por el demandante ni por la entidad, y que ocasionó efectos negativos al señor [C.E.S.] al disminuir el monto de su asignación de retiro, que por este aspecto pasó de $ 1´069.367, a $911.901,76 pesos, según la liquidación del Tribunal. (…) De acuerdo a lo expuesto, se ordenará al Tribunal accionado proferir un nuevo fallo en el cual atienda al marco de competencia que le ha dado el legislador y que no es otro que el marco de la litis, y el recurso de apelación. (…) Por tanto, se dejará sin efectos la sentencia de 20 de junio de 2018, proferida dentro del proceso de nulidad y restablecimiento del derecho radicado No. 11001333501620150078301. (…) En su lugar, se ordenará al Tribunal que dentro del término de veinte (20) días siguientes a la notificación de esta providencia, profiera una nueva decisión judicial que, atienda los lineamientos expuestos y los límites de competencia que le ha señalado el legislador y que no son otros que el marco de la Litis, así como el recurso de apelación, en los que no se encuentra la liquidación de la prima de antigüedad.
FUENTE FORMAL: DECRETO 2591 DE 1991 / DECRETO REGLAMENTARIO 4433 DE 2004.
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN SEGUNDA - SUBSECCIÓN A
Consejero ponente: GABRIEL VALBUENA HERNÁNDEZ
Bogotá D.C., veintiuno (21) de marzo de dos mil diecinueve (2019)
Radicación número: 11001-03-15-000-2018-04540-01(AC)
Actor: CARLOS EMILIO SÁNCHEZ SUESCA
Demandado: TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DE CUNDINAMARCA, SECCIÓN SEGUNDA, SUBSECCIÓN C
La Sección Segunda, Subsección A de la Sala de lo Contencioso Administrativo del Consejo de Estado, decide la impugnación interpuesta por la parte accionante contra la sentencia de 31 de enero de 2019 proferida por la Sección Primera del Consejo de Estado dentro de la acción de la referencia.
ANTECEDENTES
1. Pretensiones
El señor Carlos Emilio Sánchez Suesca, actuando a través de apoderado judicial, presentó acción de tutela en contra de la Subsección C de la Sección Segunda del Tribunal Administrativo de Cundinamarca y la Caja de Retiro de las Fuerzas Militares, CREMIL, al considerar que vulneraron sus derechos fundamentales a la igualdad y al acceso a la administración de justicia así como al principio de prevalencia del derecho sustancial. En consecuencia solicitó:
«[…] PRIMERO: Que sean amparados los derechos constitucionales del derecho a la igualdad del acceso a la administración de justicia, no discriminario (sic) progresividad y no regresividad, prevalencia del derecho sustancial, y los demás que estime pertinente ese Despacho tutelar, transgredidos al señor CARLOS EMILIO SANCHEZ (sic) SUESCA CC 7126462.
SEGUNDO: como consecuencia del amparo constitucional deje sin valor parcialmente la providencia dictada por el Honorable Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Segunda, Subsección “C”, el 20 de junio de 2018, que ordena otra liquidación de la prima de antigüedad, y niega la prima de navidad como factor pensional, dentro del medio de control (sic) nulidad y restablecimiento del derecho con radicado 11001333501620150078301.
TERCERO: como consecuencia el amparo constitucional, que se ordene al Honorable Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Segunda, Subsección “C”, adoptar una nueva decisión, en el sentido que se incluya como factor salarial en la asignación de retiro del señor CARLOS EMILIO SANCHEZ (sic) SUESCA CC 7126462, la duodécima parte de la prima de navidad, y la correcta liquidación de la prima de antigüedad, conforme al Art. 16 del Decreto 16 (sic) del (sic) Decreto (sic) 4433 de 2004 y la Jurisprudencia del Honorable Consejo de Estado […]».
2.- HECHOS
Se señalaron como fundamentos fácticos de la tutela, los siguientes:
El accionante prestó sus servicios al Ejército Nacional como soldado voluntario, condición en la cual devengó la prima de navidad, conforme con el artículo 5.º del Decreto 1794 del 2000, equivalente al 50 % del salario básico devengado en el mes de noviembre del respectivo año más la prima de antigüedad, la cual sería cancelada en diciembre de cada año.
Mediante la Resolución 2137 del 13 de marzo de 2014 se le reconoció la asignación de retiro.
El 5 de mayo de 2015, solicitó a la Caja de Retiro de las Fuerzas Militares, el reajuste de la asignación de retiro teniendo en cuenta: 1) El 20 % por el reajuste que se debió hacer a su salario básico por haber sido soldado voluntario; 2) que se liquidara la prima de antigüedad conforme al artículo 16 del Decreto 4433 de 2004; 3) que se le incluyera el subsidio familiar en el mismo porcentaje reconocido en actividad y 4) que se liquidara en la asignación de retiro la duodécima parte de la prima de navidad.
Dicha petición no obtuvo respuesta por lo que se configuró el silencio administrativo negativo, que fue demandado en el medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho, ante el Juzgado 16 Administrativo Oral de Bogotá, radicado 11001333501620150078300, donde solicitó, además de la nulidad del acto ficto, que se condenara a la entidad a:
1. Reliquidar y reajustar la asignación de retiro teniendo en cuenta un 20 % adicional, desde la fecha en que le fue reconocido el derecho hasta la inclusión en la mesada pensional conforme al parágrafo del artículo 1.º del Decreto 1794 de 2000, con incidencia en todas las partidas computables.
2. Efectuar «la reliquidación de la asignación de retiro sin afectar o tomar dos veces el porcentaje a la prima de antigüedad».
3. La inclusión del subsidio familiar en el 70%.
4. La inclusión de la duodécima parte de la prima de navidad liquidada con los últimos haberes percibidos a la fecha fiscal de retiro, en la asignación de retiro.
El Juzgado 16 Administrativo de Bogotá, profirió sentencia el 22 de agosto de 2017, mediante la cual accedió parcialmente a las pretensiones de la demanda y ordenó el reajuste de la asignación básica en un 20 %, así como la reliquidación de la prima de antigüedad conforme con el artículo 16 del Decreto 4433 del 2004, la inclusión del subsidio familiar en el porcentaje reconocido en actividad, pero negó la pretensión de inclusión de la duodécima parte de la prima de navidad como factor pensional conforme con lo señalado en el numeral 13.2 del artículo 13 del Decreto 4433 de 2004 que no la incluyó como partida computable para liquidar la asignación de los soldados profesionales.
Al resolver la apelación presentada por la entidad demandada, el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Segunda, Subsección C, en sentencia de 20 de junio de 2018, confirmó parcialmente la decisión del Juzgado, salvo el numeral 2.º de la parte resolutiva, por lo que frente al restablecimiento del derecho dispuso que la entidad debía:
«1. Computar la asignación básica en cuantía de un salario mínimo legal mensual incrementado en un 60%, al cual se le sumará el subsidio familiar en los términos del numeral 13.1.7 del artículo 13 del decreto 4433 de 2004, es decir «en el porcentaje que se encuentre reconocido a la fecha de retiro», esto es el 4% del salario básico mensual, sumado al 100% de la prima de antigüedad (58.5%), lo cual arroja un 62.5%. Resultado al cual se le aplica el 70%.
2. Al 70% de la asignación básica (1.6 s.m.l.v.) y del subsidio familiar (62.5%), se le deberá sumar el total de 38.5% de la prima de antigüedad devengada al momento del retiro del servicio (38.5% del 58.50%).
3. La reliquidación de la asignación de retiro se deberá efectuar a partir del 15 de abril de 2014.
4. La entidad demandada deberá efectuar el descuento indexado de los respectivos aportes en la proporción correspondiente, por concepto de cotizaciones a la seguridad social integral, a partir del 1° de noviembre de 2003 (fecha en que se incorporó como soldado profesional), hasta el 15 de abril de 2014, por una sola vez, conforme a lo ordenado en el artículo 18 del decreto 4433 de 2004, en concordancia con el artículo 48 de la Constitución que establece el principio de sostenibilidad financiera de los sistemas de seguridad social ».
3. Fundamentos jurídicos de la solicitud de tutela
De los argumentos expuestos por el accionante la Sala de Subsección entiende que los defectos alegados en contra de la providencia del Tribunal son los siguientes:
(i) defecto sustantivo por desconocimiento de precedente judicial:
Se indica en la tutela que la providencia judicial proferida por el Tribunal Administrativo de Cundinamarca que «revocó la pretensión de la inclusión de la duodécima parte de la prima de navidad» en la asignación de retiro del demandante, viola el derecho a la igualdad y trasgrede el derecho de acceso a la administración de justicia.
Específicamente, en lo que se refiere a la correcta liquidación de la prima de antigüedad, señaló que el Tribunal confirmó la decisión del Juzgado, para lo cual transcribió el artículo 16 del Decreto 4433 de 2004 y señaló que la liquidación de la entidad estuvo correcta.
Sin embargo, según el accionante, el 38,5 % de la prima de antigüedad se debe tomar del salario básico y no del 70 % como lo hizo la entidad y como fue confirmado por el Tribunal Administrativo de Cundinamarca; que no es correcto que se tome el salario básico y a ese monto se le saque el 38.5%, ya que eso no es lo que regula el artículo 16 del Decreto 4433 de 2004.
En cuanto a la inclusión de la duodécima parte de la prima de navidad, por vía de excepción de inconstitucionalidad, en la asignación de retiro del demandante, dijo que se viola el derecho a la igualdad y el acceso a la administración de justicia y se incurre en defecto sustantivo pues conforme al artículo 5.º del Decreto 1794 de 2004 el soldado profesional en servicio activo tendrá derecho a percibir anualmente una prima de navidad equivalente al 50 % del salario básico devengado en el mes de noviembre del respectivo año más la prima de antigüedad, la cual será cancelada en el mes de diciembre de cada año
De la Ley 923 de 2004 citó los criterios y objetivos para fijar el régimen pensional y de asignación de retiro de la Fuerza Pública, entre los cuales se encuentran la igualdad, la equidad, la eficiencia, la universalidad, la intangibilidad y la solidaridad y explicó que a partir de ellos se profirió el Decreto 4433 de 2004, el cual en su artículo 13 consagró las partidas computables para el personal de las Fuerzas Militares, señalando la duodécima parte de la prima de navidad como partida computable para los oficiales y suboficiales, pero no para los soldados.
Lo anterior, sumado a que los fundamentos constitucionales esgrimidos en la demanda no fueron considerados por el Tribunal Administrativo de Cundinamarca como son el derecho a la igualdad y el acceso a la seguridad social en materia pensional, según el cual para efectos pensionales se deben tener en cuenta los factores pensionales devengados por el trabajador y que en el presente caso la prima de navidad no fue tenida en cuenta como factor pensional en la asignación de retiro y que es devengada por el soldado profesional en servicio activo conforme al artículo 5.º del Decreto 1794 de 2000.
Esta discriminación no guarda coherencia con los objetivos y criterios fijados por la Ley 923 de 2004.
Dijo que deben tenerse en cuenta en este caso los fundamentos de la sentencia de 8 de junio de 2017 proferida por la Sección Segunda, Subsección B con ponencia del Magistrado Cesar Palomino Cortés dentro del proceso radicado 11001-03-25-000-2010-00065-00, donde con efectos ex tunc de declaró la nulidad total del Decreto 3770 de 2009, por el cual se deroga el artículo 11 del Decreto 1794 de 2000 y se dictan otras disposiciones. Que en dicha providencia se destaca que los derechos sociales se consolidaron para efectos pensionales o asignación de retiro para los oficiales y suboficiales en el sentido que para estas dos categorías se consagró la duodécima parte de la prima de navidad para efectos de reconocer la asignación de retiro, aspecto que no sucedió con los soldados profesionales, toda vez que el derecho social de devengar la prima de navidad se consolidó en actividad y fue cancelada en forma periódica en el mes de diciembre, únicamente que el artículo 13 del Decreto 4433 la excluyó para efectos de la liquidación de la asignación de retiro de los soldados profesionales.
Adicionalmente indicó que debe tenerse en cuenta que con dicha decisión del Tribunal se está afectando el principio de la seguridad jurídica por cuanto las Subsecciones A, D y F sí acceden a que la duodécima parte de la prima de navidad sea computada en la asignación de retiro de los soldados profesionales.
4.- Trámite procesal
Mediante auto del 11 de diciembre de 2018, se admitió la tutela de la referencia y se ordenó notificar a la parte accionada, al Juzgado 16 Administrativo del Circuito Judicial de Bogotá y a la Caja de Retiro de las Fuerzas Militares y la Agencia de Defensa Jurídica del Estado, para que, si a bien lo tuvieren, intervinieran en el proceso. Ni los magistrados del Tribunal Administrativo de Cundinamarca, ni los terceros vinculados se pronunciaron.
5. La sentencia de primera instancia
La Sección Primera de esta Corporación, a través de sentencia de 31 de enero de 2019, denegó el amparo solicitado.
Al efecto consideró que el Tribunal no incurrió en defecto sustantivo por desconocimiento del precedente judicial, toda vez que los criterios jurisprudenciales proferidos por sus diferentes Subsecciones no constituyen precedente, ya que solo lo constituyen las sentencias proferidas por el Consejo de Estado, que tiene fuerza vinculante y pueden llegar a ser considerados precedentes jurisprudenciales.
Precisó que tampoco se incurrió en defecto sustantivo toda vez que el precedente judicial invocado por el actor, señalado en sentencia de 9 de marzo de 2017, dentro del proceso radicado 13001233100020110016801, con ponencia del doctor Carmelo Perdomo Cuéter, no es aplicable al caso concreto pues dirime un caso totalmente diferente.
Frente al cargo por violación directa de la Constitución, manifestó que el accionante no estableció las razones juridicas segun las cuales el juez colegiado vulneró sus derechos fundamentales por haber efectuado una interpretación de las normas juridicas, contrarias a la Constitución o en la solución del caso se dejó de interpretar y aplicar una disposición legal de conformidad con el precedente constitucional.
6. Impugnación
El apoderado del accionante presentó inconformidad con la decisión de la Sección Primera, para lo cual precisó lo siguiente:
Sin embargo, no se tuvieron en cuenta los fallos de 19 de abril de 2015, Subsección A, Sección Segunda del Consejo de Estado, expediente con radicado 11001031500020150080101, con ponencia del doctor Gustavo Gómez Aranguren, confirmado por la Sección Cuarta el 16 de septiembre de 201, y de 11 de mayo de 2016, proferido dentro del proceso con radicado 11001031500020160082200, en el cual se dejó sin efectos una providiencia del Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Segunda, Subsección C y se ordenó adoptar una nueva decisión donde liquide o reliquide de forma correcta la asignación de retiro conforme al artículo 16 del Decreto 4433 de 2004 y por desconocimiento del precedente judicial; así como la sentencia de la Sección Primera del Consejo de Estado, de 11 de diciembre de 2016, proferida dentro del proceso radicado bajo el número 110010315000201440229201 y, finalmente, la sentencia de 9 de marzo de 2017, de la Subsección A, Sección Segunda, con ponencia del doctor William Hernández Gómez, a través de la cual dejó sin efectos la providencia del Tribunal Administrativo de Cundinamarca, dentro del proceso con radicado 660012333000201300079-01.
Explicó que la tutela debió ser concedida a favor del actor en relación con la forma correcta en que se debe liquidar la prima de antiguedad, conforme con el artículo 16 del Decreto 4433 de 2004, y no como lo hizo el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, segun el cual la prima de antiguedad se debe liquidar sobre lo que devengó en actividad (58.5%) y de este porcentaje tomar el 38.5%; y que, en este sentido, el valor de la prima no aumentó sino que disminuyó.
Agregó que en lo que se refiere a que se tenga en cuenta como factor pensional la partida prima de navidad, en el escrito de tutela se citó un importante pronunciamiento del Consejo de Estado, donde las normas declaradas sin efectos son las relacionadas con el subsidio familiar que fue suspendido en el 2009, providencia en la que se analizan varias sentencias de la Corte Constitucional tales como la C- 101 de 2003, C- 508 de 1997; C- 834 de 2007 y los principios de progresividad, prohibición, regresividad y discriminación.
CONSIDERACIONES
1. Competencia
Corresponde a esta Sala conocer de la impugnación contra la sentencia de primera instancia, en la acción de la referencia interpuesta contra Tribunal Administrativo de Cundinamarca, de conformidad con el artículo 2.° del Acuerdo 377 de 2018 según el cual las tutelas que sean de competencia del Consejo de Estado en primera instancia y en segunda instancia se someterán a reparto por igual entre todos los magistrados de la Sala de lo Contencioso Administrativo y serán resueltas por la sección o subsección de la cual haga parte el magistrado a quien le haya correspondido el reparto.
2. Problema jurídico
Corresponde a la Sala verificar si en este caso la acción de tutela cumple con los requisitos generales de procedencia, al formularse contra una providencia judicial. Solo en caso que la respuesta al anterior interrogante sea afirmativa se verificará si se produjo una vulneración iusfundamental por parte del Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Segunda, Subsección C, con ocasión de la sentencia 20 de junio de 2018 proferida dentro del proceso de nulidad y restablecimiento del derecho radicado 11001-33-35-016-2015-00783-01, interpuesto por el accionante, por los presuntos defectos orgánico, violación al principio de incongruencia de la sentencia, y desconocimiento del precedente judicial.
Planteado de ese modo el debate jurídico en el presente asunto, a continuación, y con el fin de resolver los cuestionamientos formulados, la Sala de Decisión analizará las pruebas obrantes en el expediente frente al marco normativo y jurisprudencial aplicable al caso.
3.- La acción de tutela contra providencias judiciales
En términos generales y de acuerdo con la jurisprudencia constitucional vigente, aceptada mayoritariamente por la Sala Plena de esta Corporación, es posible acudir al recurso de amparo para obtener la protección material de los derechos fundamentales, cuando éstos resulten amenazados o vulnerados por decisiones judiciales. Esto, atendiendo a que el ejercicio de la judicatura, como cualquier rama del poder en el Estado democrático, supone la absoluta sujeción a los valores, principios y derechos que la propia Constitución establece; y en esa perspectiva, cualquier autoridad investida de la potestad de administrar justicia, sin importar su linaje, es susceptible de ser controlada a través de ese mecanismo constitucional cuando se desbordan los límites que la Carta le impone.
Ahora bien, siendo la tutela una acción de carácter excepcional y residual, supone el cumplimiento de ciertas exigencias por parte de quien pretende la protección de sus derechos, en tanto que el ejercicio natural de la jurisdicción se inscribe dentro de procedimientos destinados a la eficacia de los mismos y en esa medida las irregularidades que allí surjan son subsanables en el contexto del proceso.
De ahí que la Corte Constitucional estructurara, después de años de elaboración jurisprudencial, los requisitos generales de procedencia de la acción de tutela contra decisiones judiciales, que tienen como propósito garantizar el delicado equilibrio entre el principio de seguridad jurídica, la autonomía e independencia de los jueces para interpretar la ley y la necesidad de asegurar la vigencia efectiva de los derechos constitucionales fundamentales.
Tales requisitos generales de procedencia de la acción de tutela contra decisiones judiciales son los siguientes:
a. Que la cuestión que se discuta resulte de evidente relevancia constitucional.
b. Que se hayan agotado todos los medios -ordinarios y extraordinarios- de defensa judicial al alcance de la persona afectada, salvo que se trate de evitar la consumación de un perjuicio iusfundamental irremediable.
c. Que se cumpla el requisito de la inmediatez, es decir, que la tutela se hubiere interpuesto en un término razonable y proporcionado a partir del hecho que originó la vulneración.
d. Cuando se trate de una irregularidad procesal, debe quedar claro que la misma tiene un efecto decisivo o determinante en la sentencia que se impugna y que afecta los derechos fundamentales de la parte accionante.
e. Que la parte accionante identifique de manera razonable tanto los hechos que generaron la vulneración como los derechos vulnerados y que hubiere alegado tal vulneración en el proceso judicial siempre que esto hubiere sido posible.
f. Que no se trate de sentencias de tutela.
Además de estas exigencias, la Corte en la mencionada sentencia C- 590 de 2005, precisó que era imperioso acreditar la existencia de unos requisitos especiales de procedibilidad, que el propio Tribunal Constitucional los ha considerado como las causales concretas que «de verificarse su ocurrencia autorizan al juez de tutela a dejar sin efecto una providencia judicial».
Así pues, el juez debe comprobar la ocurrencia de al menos uno de los siguientes defectos:
1.- Defecto orgánico, que tiene lugar cuando el funcionario judicial que emite la decisión carece, de manera absoluta, de competencia para ello.
2.- Defecto procedimental absoluto, que tiene lugar cuando el juez actuó al margen del procedimiento establecido.
3.- Defecto fáctico, que surge cuando el juez carece del apoyo probatorio que permita la aplicación del supuesto legal en el que se sustenta la decisión.
4.- Defecto material o sustantivo, que se origina cuando las decisiones son proferidas con fundamento en normas inexistentes o inconstitucionales, o que presentan una evidente contradicción entre los fundamentos y la decisión.
5.- Error inducido, que se presenta cuando la autoridad judicial ha sido engañada por parte de terceros y ese engaño lo llevó a tomar una decisión que afecta derechos fundamentales.
6.- Decisión sin motivación, que tiene lugar cuando el funcionario judicial no da cuenta de los fundamentos fácticos y jurídicos de su decisión, pues es en dicha motivación en donde reposa la legitimidad de sus providencias.
7.- Desconocimiento del precedente, que se origina cuando el juez ordinario, por ejemplo, desconoce o limita el alcance dado por esta Corte a un derecho fundamental, apartándose del contenido constitucionalmente vinculante del derecho fundamental vulnerado.
8. -Violación directa de la Constitución.
De acuerdo con lo anterior, la procedencia de la acción de tutela contra providencias judiciales es excepcional, de allí que la interpretación de los requisitos generales y de los defectos específicos en la providencia, deba ser restrictiva, a la luz de los argumentos planteados por los intervinientes en el proceso de amparo.
3.1.1. En el presente caso, advierte la Sala que la pretensión de amparo constitucional cumple con los requisitos generales diseñados por la jurisprudencia, que habilitan su interposición.
En efecto, el asunto a resolver es de marcada relevancia constitucional, en la medida que se contrae a establecer de manera central si el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Segunda, Subsección C, con la expedición de la sentencia cuestionada incurrió en la violación de los derechos fundamentales ya señalados.
Se advierte igualmente que la interposición del mecanismo constitucional se dio en un lapso «razonable y proporcionado» por cuanto la providencia de segunda instancia se profirió el 20 de junio de 2018 (fol. 11 y s.s.) y la acción se interpuso el 4 de diciembre de 2019 (fol. 1).
No se trata de irregularidades procesales, ni de tutela contra tutela y se encuentran identificados de manera razonable tanto los hechos que generaron la trasgresión como los derechos vulnerados.
3.2. Los defectos a que alude la acción de tutela en la sentencia analizada
La argumentación de la acción de tutela se dirige a atacar la sentencia objeto de análisis por la presunta configuración del defecto sustantivo, desconocimiento del precedente judicial, y violación directa de la Constitución. Sin embargo, advierte la Sala, la posible configuración de los defectos fáctico por incongruencia de la sentencia y orgánico, según se desprende de los fundamentos de la acción, por lo que se referirá a estos y al defecto de desconocimiento del precedente judicial.
3.2.1. Violación del principio de congruencia
Según la Corte Constitucional si la sentencia o providencia judicial recae sobre materias no debatidas en el proceso, ausentes de la relación jurídico-procesal trabada, la incongruencia, además de sorprender a una de las partes, la coloca en situación de indefensión que, de subsistir, pese a la interposición de los recursos, y con mayor razón cuando éstos no caben o se han propuesto infructuosamente, se traduce inexorablemente en la violación definitiva de su derecho de defensa.
Este principio se encuentra consagrado en el artículo 305 del Código de Procedimiento Civil, modificado a su vez por el Decreto Ley 2282 de 1989, y hoy en el artículo 281 del Código General del Proceso, según el cual el juez, en su sentencia, no puede reconocer lo que no se le ha pedido (extra petita) ni más de lo pedido (ultra petita); de no ser así, con su actuación estaría excediendo, positiva o negativamente, los límites de su potestad.
Al efecto, la Corte ha explicado que el principio de congruencia es una manifestación concreta de un valor constitucional supremo que limita el ejercicio de todo poder público. En este sentido, quien es investido de autoridad no detenta un poder nudo y propio, sino que adquiere la responsabilidad de servir a los asociados y contestar a sus demandas dando razones que demuestren que su acción no es caprichosa, arbitraria o desviada (artículos 1° y 2° de la C.P.).
Conforme a lo anterior, cuando esa autoridad es jurisdiccional la exigencia que pesa sobre el funcionario, por las facultades que tiene de afectar derechos individuales y por su misión de garante del Estado Social de Derecho, es mayor en la medida en que las razones que debe dar para justificar sus decisiones deben ser construidas y articuladas de manera mucho más rigurosa que la de los órganos políticos, lo cual se encuentra delimitado por el debido proceso, siendo por tanto la congruencia un elemento de este derecho fundamental en la medida que impide determinadas decisiones porque su justificación no surge del proceso por no responder en lo que en él se pidió, debatió, o probó.
Sin embargo la Alta Corporación aclaró que la incongruencia que es capaz de tornar en vía de hecho una providencia judicial, es sólo aquella que subvierte completamente los términos de referencia que sirvieron al desarrollo del proceso, generando una alteración sustancial, dentro de la respectiva jurisdicción, que quiebra irremediablemente el principio de contradicción y del derecho de defensa.
De esta forma, cuando se realice un juicio sobre la actividad del juez, para establecer si la violación del principio de congruencia constituye o no una vía de hecho, se deberá tener en cuenta:
La naturaleza de las pretensiones hechas -lo pedido- y el campo de aplicación de los derechos en juego.
Si la sentencia o providencia judicial recae sobre materias no demandadas, debatidas o probadas en el proceso;
Si el proceso conservó, desde su apertura hasta su culminación, un espacio abierto y participativo para las partes en contienda, de modo que se asegure la existencia del debate y de la contradicción -que le son consustanciales y que son el presupuesto de una sentencia justa- sobre una base de lealtad y de pleno conocimiento de sus extremos fundamentales.
3.2.1. 1. Principio de congruencia en materia de recurso de apelación
Esta Corporación se ha manifestado en numerosas ocasiones, para destacar que en los procesos ordinarios el recurso de apelación tiene límites, pues debe guardar correspondencia con el petitum de la demanda, los fundamentos fácticos y jurídicos que la sustentan, los argumentos de oposición a la misma y las consideraciones que sirven de sustento al a quo para fundamentar su sentencia. No de otra forma se respetan los derechos al debido proceso, a la igualdad procesal y la garantía de la doble instancia.
Frente a los límites del juez en segunda instancia, esta Corporación, en sentencia de 5 de julio de 2007 precisó que: «[…] en el recurso de apelación […] la competencia de la Corporación está restringida a los motivos de inconformidad expuestos por el recurrente contra la providencia objeto del recurso y que se relacionen, desde luego, con las causales de nulidad planteadas en la demanda, o con las consideraciones que sirvieron de sustento al Tribunal para dictar la sentencia».
Asimismo, en sentencia de 26 de julio de 2012, la Sección Cuarta de la Corporación expresó que el recurso de apelación «[…] pretende […] provocar la revisión de la providencia que cuestiona por parte del superior funcional de quien la profirió, para que, según su ponderado análisis y juicio jurídico, la revoque, modifique o, si lo encuentra pertinente, la confirme. La especialidad y exclusividad de este objeto, unido al principio de congruencia de la sentencia, sugiere plena unidad temática y consecuente entre el petitum de la demanda, las razones fácticas y jurídicas que lo fundamentan, los argumentos de oposición a las mismas, la sentencia que examinó y proveyó sobre éstos y aquéllas, y los cuestionamientos de la apelación, conforme al parámetro fijado por el ya referido artículo 350».
La anterior argumentación guarda correspondencia con lo dicho por la Corte Constitucional en sentencia T - 516 de 2005 (M.P. Clara Inés Vargas Hernández), frente a los límites de la competencia del juez de segunda instancia. En ella se lee:
«[…]la competencia del superior jerárquico[…] no debe ser entendida únicamente en términos de economía procesal, sino que se encuentra limitada por el respeto al derecho fundamental del debido proceso, por la garantía de la doble instancia, y el derecho a la igualdad procesal […] en el trámite de la segunda instancia, un juez no tiene siempre plena competencia para pronunciarse sobre todos los asuntos que tengan alguna relación con la apelación, pues podría estar actuando por fuera del marco de su competencia, por ejemplo, cuando profiere decisiones que resuelven de manera directa un asunto que no fue objeto de decisión por parte del a quo». (Se resalta)
3.2.2 Defecto orgánico
Este defecto se edifica sobre la garantía constitucional del juez natural, consagrada en el artículo 29 de la Constitución, por lo que se configura cuando una persona o un asunto objeto de litigio es juzgado por quien carece de los elementos de la competencia fijados previamente por la ley. En este sentido, la inobservancia de la competencia en un proceso judicial configura un yerro de carácter orgánico que afecta al debido proceso, porque el grado de jurisdicción correspondiente a un juez, tiene por finalidad delimitar el campo de acción de la autoridad judicial para asegurar así el principio de seguridad jurídica que representa un límite para la autoridad pública que administra justicia, en la medida en que «las atribuciones que le son conferidas sólo las podrá ejercer en los términos que la Constitución y la ley establecen».
3.2.3. Del desconocimiento del precedente judicial
El desconocimiento del precedente judicial ha sido considerado por la doctrina constitucional como una de las causales constitutivas de vías de hecho, que se configura cuando no se aplica ante un mismo supuesto fáctico o caso similar, una misma razón de derecho que se haya adoptado en otro caso de igual naturaleza, a menos que el juez de la causa lo justifique de manera razonada.
Es de anotar que la misma jurisprudencia constitucional ha clasificado el precedente jurisprudencial en razón de la jerarquía que presentan las autoridades judiciales. Por tanto, los fallos no sólo se comparan en relación con juzgadores del mismo nivel, sino que también se hace el cotejo tomando como referentes las decisiones de sus superiores. El primero de ellos considerado como en precedente en sentido horizontal y el segundo en sentido vertical.
Para lo que al asunto interesa, en cuanto al precedente vertical ha establecido la Corte Constitucional, que con todo, también existe la posibilidad de que un funcionario judicial pueda apartarse de su propio precedente, teniendo en cuenta los caracteres instrumental y sustancial, referentes al órgano que realiza el cambio de precedente y las condiciones de realización del mismo. En ese sentido es viable que dentro de un mismo cuerpo Colegiado los Magistrados se aparten de las decisiones constitutivas del precedente o el de otra Sala, siempre y cuando expongan en su decisión los argumentos razonables que sirvieron de fundamento para ello, resguardando de esta forma tanto las exigencias de igualdad como las garantías de independencia judicial exigidas.
Ahora bien, las reglas de derecho que por su carácter amplio y general inspiran el sentido de una decisión, configuran criterios que el juez de instancia puede adoptar y/o adaptar para encontrar una solución al caso pendiente de fallo, pero no resultan en ningún modo obligatorios.
Como se ve, la imposición de aplicar la misma regla que solucionó un caso del pasado al posterior, depende de si los supuestos de hecho de los dos asuntos son similares. Pero, las pautas que se presentan más generales son solamente una guía para el juez ordinario, que le puede indicar una de varias formas de fallar. Ha dicho la Corte que:
«[…]el precedente judicial se construye a partir de los hechos de la demanda. El principio general en el cual se apoya el juez para dictar su sentencia, contenida en la ratio decidendi, está compuesta, al igual que las reglas jurídicas ordinarias, por un supuesto de hecho y una consecuencia jurídica. El supuesto de hecho define el ámbito normativo al cual es aplicable la subregla identificada por el juez. De ahí que, cuando en una situación similar, se observe que los hechos determinantes no concuerdan con el supuesto de hecho, el juez esté legitimado para no considerar vinculante el precedente. Lo anterior se apoya en el principio de igualdad, que obliga aplicar la misma regla a quienes estén en la misma situación de hecho».
Igualmente, se debe tener en cuenta que de manera general el precedente judicial no lo conforma un sólo caso, sino como se dijo, una serie de pronunciamientos que la mayoría de las veces evolucionan hacia reglas más claras, que definen con mayor especificidad su alcance.
Por último, en virtud de la autonomía interpretativa con que cuentan los jueces, puede aceptarse tanto en el precedente horizontal, como en el vertical, que las distintas Salas de Decisión se aparten de los precedentes judiciales, sólo si exponen unas razones debidamente fundadas, que justifiquen tal criterio.
4. El caso concreto.
Ahora bien, para poder verificar si en el presente caso se presentó una vulneración ius fundamental, analizará esta Sala de Subsección las pretensiones del medio de control de nulidad y restablecimiento, las decisiones que se tomaron frente a cada una de ellas, en primera y segunda instancia, así como los defectos a que alude el accionante para cada una de ellos, específicamente frente a los temas de la prima de antigüedad, su liquidación e inclusión en la liquidación de la asignación de retiro, así como a la inclusión de la duodécima parte de la prima de navidad, aspectos sobre los cuales gira la acción de tutela y la impugnación.
El señor Carlos Emilio Sánchez Suesca, interpuso demanda de nulidad y restablecimiento del derecho, radicado 11001 -33-35-016-2015-00783-00, contra la Caja de Retiro de las Fuerzas Militares, cuyo conocimiento correspondió al Juzgado 16 Administrativo Oral del Circuito Judicial de Bogotá, para obtener las siguientes declaraciones:
a. Que se declare la nulidad del acto administrativo ficto o presunto, que se configuró el 6 de agosto de 2015, donde la CREMIL, negó: 1) El incremento o reajuste del 20% en la asignación de retiro; 2) La re liquidación de la asignación de retiro sin afectar o tomar dos veces porcentaje a la partida de antigüedad; 3) La inclusión del subsidio familiar en el 70%; 4) La inclusión de la duodécima parte de la prima de navidad liquidada con los últimos haberes percibidos a la fecha fiscal de retiro.
b. A título de restablecimiento del derecho, solicitó se reajuste y reliquide la asignación de retiro teniendo en cuenta un 20% adicional, desde la fecha en que le fue reconocido el derecho hasta la inclusión en la mesada pensional.
c. Reliquidar la asignación de retiro con la correcta aplicación del cálculo del valor de las partidas y porcentajes, sin liquidar o tomar dos porcentajes a la prima de antigüedad, desde la fecha en que le fue reconocido el derecho hasta la inclusión en la mesada pensional, conforme al artículo 16 del Decreto 4433 de 2004.
d. Reconocer el subsidio familiar en un 70 %, en asignación de retiro desde la fecha en que le fue concedido el derecho hasta la inclusión en la mesada pensional.
e. Tener en cuenta la duodécima parte de la prima de navidad liquidada con los últimos haberes percibidos a la fecha fiscal de retiro, desde la fecha en que le fue reconocido el derecho hasta la inclusión en la mesada pensional.
El Juzgado Dieciséis Administrativo del Circuito Judicial de Bogotá, mediante sentencia de 29 de agosto de 2017, decidió:
«[…] PRIMERO: DECLARAR PARCIALMENTE NULO (sic) acto administrativo ficto o presunto negativo producto de la falta de respuesta expresa a la petición elevada por el accionante el 5 de mayo de 2015 bajo el N° 2015-00040889, ante la CAJA DE RETIRO DE LAS FUERZAS MILITARES – CREML, a través de la cual la entidad le negó a la parte demandante la reliquidación de la asignación de retiro con el incremento del 60% del salario mínimo, el 38.5% de la prima de antigüedad y la inclusión del 30% del subsidio familiar en la liquidación de su asignación de retiro, por las razones expuestas. Se inaplica por inconstitucional el parágrafo único del artículo 13.2 del Decreto 4433 del 2004, en cuanto no permitió incluir la partida del subsidio familiar como cómputo para liquidar la asignación de retiro, por las razones expuestas.
SEGUNDO: A título de restablecimiento del derecho se CONDENA a la CAJA DE RETIRO DE LAS FUERZAS MILITARES –CREMIL a que reliquide y pague en forma indexada la asignación de retiro del Soldado Profesional CARLOS EMILIO SÁNCHEZ SUESCA, a partir del 15 de abril de 2014 (fecha de efectividad de la asignación de retiro), teniendo en cuenta: a) La asignación básica para la pensión será la equivalente a un salario mínimo legal vigente, incrementado en un 60%, conforme a lo dispuesto en el inciso 2° en el artículo 1° del Decreto 1794 del 2.000; b) Una vez efectuado lo anterior, al salario le aplicará el 70% y al resultado le adicionará el 38.5% de la prima de antigüedad; c) incluir como partida computable en la asignación de retiro el subsidio familiar en la forma expuesta en el artículo 1 del Decreto 1162 del 24 de junio de 2014 y la jurisprudencia del Consejo de Estado citada (30%) y d) deberá pagarle en forma indexada la diferencia de las mesadas que resulte entre el reajuste aquí ordenado y lo que se venía pagando, por las razones expuestas en la parte motiva de esta sentencia […]».
Específicamente en lo que se refiere al cómputo de la prima de antigüedad para liquidar la asignación de retiro el juzgado se refirió al artículo 16 del Decreto 4433 de 2004 norma que señaló que los soldados profesionales que cumplan 20 años de servicio, gozan del derecho a una asignación de retiro equivalente al 70% del salario básico indicado en el numeral 13.2.1, adicionado con un 38.5% de la prima de antigüedad, lo que implica que primero debe sacarse el 70% al salario y a este valor, adicionarle el 38.5% de la prima de antigüedad.
En este caso CREMIL al momento de liquidar la asignación de retiro, interpretó de manera equivocada el artículo 16 del Decreto 4433 de 2004, toda vez que tomó el sueldo básico más el 38.5% de la prima de antigüedad y al respectivo resultado le aplicó el 70% como consta en la Resolución núm. 2137 de 2014. A partir de lo anterior concluyó que en el caso del demandante la prima de antigüedad sufrió dos descuentos ilegalmente: i) el primero al tomar el 38.5% y ii) el segundo al aplicar sobre este el 70%, teniendo en cuenta que una lectura correcta de la norma jurídica, implica que al 70% del salario mensual señalado en el artículo 13 numeral 13.2.1 del Decreto 4433 de 2004, se debe adicionar el 38.5% de la prima de antigüedad.
Frente a la inclusión de la duodécima parte de la prima de navidad como parte integrante de la asignación de retiro, indicó que este no tenía derecho con fundamento en el numeral 13.2 del artículo 13 del Decreto 4433 de 2004 que no incluyó la prima de navidad como partida computable para liquidar la asignación o pensión de los soldados profesionales. Expresó que:
«[…] No obstante, la parte demandante considera que la prima de navidad debe tenerse en cuenta para liquidar la asignación de retiro de los soldados, en aplicación del principio de igualdad previsto en el artículo 13 de la Constitución Política, como ocurre con todos los demás miembros de la Fuerza Pública y el Ministerio de Defensa Nacional.
Revisado el expediente y la hoja de servicios expedida el 15 de febrero de 2015 por la Dirección de Personal del Ejército Nacional (fls.3), verifica el Despacho que el accionante no percibió la prima de navidad, por cuanto no está relacionada dentro de las partidas que certificó el Ejército Nacional en la Hoja de servicios […]».
La anterior decisión judicial fue objeto de apelación por el demandante únicamente en cuanto se refiere a la negativa del a quo de ordenar la inclusión del subsidio familiar devengado en actividad y la inclusión de la duodécima parte de la prima de navidad como factor pensional en la asignación de retiro. Esto por violación del principio de la igualdad frente a oficiales y suboficiales frente a su tratamiento en los Decretos 4433 de 2004 y 1162 de 2014.
Igualmente, la entidad demandada CREMIL, precisó que de conformidad con lo señalado en el artículo 16 del Decreto 4433 de 2004 debe reconocerse la asignación de retiro equivalente al 70% del salario básico incrementado en el 38.5% de la prima de antigüedad tal como lo aplicó esa entidad; que no existe fundamento jurídico para incluir como partida computable la duodécima parte de la prima de navidad en la asignación de retiro del soldado profesional conforme con el artículo 13 del Decreto 4433 de 2004; que no se configuró la violación del derecho a la igualdad y en este caso el legislador fue quien estableció los parámetros para efectos del reconocimiento de la asignación de retiro a través del Decreto 4433 de 2004.
Al resolver los recursos, la Sección Segunda, Subsección C del Tribunal Administrativo de Cundinamarca, mediante sentencia de 20 de junio de 2018, dispuso:
«[…]
Primero. Confirmar parcialmente la sentencia proferida el 29 de agosto de 2017, por medio de la cual el Juzgado Dieciséis Administrativo del Circuito Judicial de Bogotá, accedió parcialmente a las súplicas de la demanda dentro del proceso promovido por el señor Carlos Emilio Sánchez Suesca, contra la Caja de Retiro de las Fuerzas Militares, de conformidad con las razones expresadas en la parte motiva de esta providencia.
Segundo. Modificar el ordinal “SEGUNDO” de la sentencia apelada, el cual quedará en los siguientes términos:
SEGUNDO: Como consecuencia de la declaración de nulidad del acto administrativo demandado y a título de restablecimiento del derecho, se condena a la Caja de Retiro de las Fuerzas Militares a reliquidar y pagar en forma indexada, la asignación de retiro del señor Carlos Emilio Sánchez Suesca, con base en los siguientes parámetros:
Computar la asignación básica en cuantía de un salario mínimo legal mensual incrementado en un 60%, al cual se le sumará el subsidio familiar en los términos del numeral 13.1.7 del artículo 13 del decreto 4433 de 2004, es decir “en el porcentaje que se encuentre reconocido a la fecha de retiro”, esto es el 4% del salario básico mensual, sumado al 100% de la prima de antigüedad (58.5%), lo cual arroja un 62.5%. Resultado al cual se le aplica el 70%.
Al 70% de la asignación básica (1.6 s.m.l.v.) y del subsidio familiar (62.5%), se le deberá sumar el total de 38.5% de la prima de antigüedad devengada al momento del retiro del servicio (38.5% del 58.50%).
La reliquidación de la asignación de retiro se deberá efectuar a partir del 15 de abril de 2014.
La entidad demandada deberá efectuar el descuento indexado de los respectivos aportes en la proporción correspondiente, por concepto de cotizaciones a la seguridad social integral, a partir del 1° de noviembre de 2003 (fecha en que se incorporó como soldado profesional), hasta el 15 de abril de 2014, por una sola vez, conforme a lo ordenado en el artículo 18 del decreto 4433 de 2004, en concordancia con el artículo 48 de la Constitución que establece el principio de sostenibilidad financiera de los sistemas de seguridad social […]».
Especificamente, frente a la inclusión de la prima de antiguedad como partida computable en la liquidación de la asignación de retiro del demandante señaló: «[...] de confomidad con la jurisprudencia del Consejo de Estado en virtud del principio de favorabilidad laboral, consagrado en el artículo 53 de la Constitución se debe entener que en la liquidación de la asignación de retiro de los soldados profesionales se computa la asignación básica en el 70 %, y a ese valor se le suma el 38.5 % de la prima de antiguedad. Por tanto, esta Sala de decisión en sujeción a los principios constitucionales de seguridad jurídica e igualdad de trato, acoge y aplica la orientación expuesta por la máxima autoridad de la jurisdicción de lo contencioso administrativo.» Sin embargo, sí introdujo una modificación a la orden de primera instancia frente a la liquidación individual de la prima de antiguedad, al señalar:
«En segundo lugar, advierte la Sala que CREMIL computó equivocadamente como prima de antiguedad el 38.50% del 100% de la asignación básica mensual, cuando en realidad la norma dispone que dicho porcentaje ( 38.50%), se debe calcular sobre el valor de la prima de antiguedad efectivamente devengada al momento del retiro del servicio ( 58.5% de la asignación básica mensual).
En efecto, el artículo 16 del decreto 4433 de 2004, establece claramente que en la liquidación de la asignación de retiro se debe incluir “ un treinta y ocho punto cin por ciento (35.8%) de la prima de antiguedad“. En el caso concreto se demostró que el demandante al momento del retiro del servicio tenía reconocida la prima deantiguedad en un 58.50% dela asignación básica mensual.
[...]
En consecuencia, en la liquidación de la asignación de retiro se debe computar el 38.50% de la prima de antiguedad efectivamente reconocida y devengada al momento del retiro del servicio, esto es sobre el valor correspondiente al 58.5% de la asignación basica mensual, no sobre el 100% de la asignación básica.
También se acreditó que la entidad demandada sumó el valor de la asignación básica con el 38.50% correspondiente a la prima de antiguedad y a ese resultado aplicó el 70%. Sin embargo, conforme a la orientación del Consejo de Estado, en la liquidación de la asignación de retiro de los soldados profesionales, se debe calcular el 70% de la asignación básica (1.6. s.m.m.l.v) y a ese valor adicionar el 38.50% de la prima de antiguedad devengada».
En cuanto a la inclusión de la duodécima parte de la prima de navidad en la respectiva liquidación de la asignación de retiro, el Tribunal sostuvo que no había lugar por cuanto la naturaleza y objeto de dicho emolumento era totalmente diferente a la del subsidio familiar, único argumento que expuso el Consejo de Estado para ordenar la inclusión del referido subsidio, al señalar «[…] En criterio de la Sala, la orientación del Consejo de Estado sobre la inclusión del subsidio familiar en las liquidaciones de la asignación de retiro de los soldados profesionales, no se aplica a la duodécima parte de la prima de navidad, puesto que la naturaleza y objeto de dicho emolumento es totalmente diferente a la del subsidio familiar, dado que no fue consagrada para ayudar a los trabajadores de menores ingresos al sostenimiento de su núcleo familiar, único argumento que expuso el Consejo de Estado para ordenar la inclusión del referido subsidio. No se advierte violación del derecho a la igualdad de los soldados profesionales frente a los Oficiales y Suboficiales, si se tiene en cuenta que los últimos sí efectuaron aportes para su asignación de retiro sobre dicho factor durante toda su relación laboral, conforme lo ordena el artículo 17 del decreto 4433 de 2004, mientras que los soldados profesionales no […]».
5. Análisis de la Sala.
Ahora bien, recordemos que lo que discute el accionante de la sentencia del Tribunal proferida dentro del medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho con radicado 11001333501620150078301 es que ordenó otra liquidación de la prima de antigüedad y le negó la prima de navidad como factor computable en la asignación de retiro.
Para resolver, considera necesario la Sala recordar que en relación con las partidas computables para la asignación de retiro, la Sección Segunda de esta Corporación a través de auto de 31 de octubre de 2018, proferido dentro del proceso de nulidad y restablecimiento del derecho 85-001-3333-000-2013-00237 01 (1701-2016), demandante: Julio César Benavides Borja, dispuso avocar el conocimiento de ese asunto con el objeto proferir sentencia de unificación jurisprudencial frente a los siguientes temas:
«En ese orden, la Sala considera necesario unificar el criterio sobre los siguientes puntos, con la finalidad de fijar reglas aplicables a los casos que se encuentren en similar situación fáctica de manera uniforme y en condiciones de igualdad, para luego resolver los problemas jurídicos correspondientes al caso objeto del recurso de alzada:
El reajuste del 40% al 60% de la asignación de retiro de los soldados voluntarios que se incorporaron como profesionales. Asignación salarial que debe tenerse en cuenta para liquidar la asignación de retiro.
Legitimación de CREMIL para decidir sobre el reajuste de la asignación de retiro.
La interpretación del artículo 16 del Decreto 4433 de 2003, sobre la forma de computar la prima de antigüedad en la liquidación de la asignación de retiro de los soldados profesionales.
Las partidas computables que deben tenerse en cuenta para la liquidación de la asignación de retiro de los soldados profesionales.
Porcentaje de liquidación de la asignación de retiro de soldados profesionales. Aplicación de los incrementos previstos por el Decreto 991 de 2015.»
En cuanto a las partidas computables que deben tenerse en cuenta para la liquidación de la asignación de retiro de los soldados profesionales, la Corporación señaló en el auto de 31 de octubre de 2018:
« En lo que respecta al subsidio familiar se ha discutido si el mismo debe o no ser tenido en cuenta para la liquidación de la asignación de retiro. Ello por cuanto los soldados profesionales están reclamando la inclusión del subsidio familiar como partida computable para la liquidación de la asignación de retiro con fundamento en lo dispuesto en el artículo 5 del Decreto 1161 de 2014 y el Decreto 1162 de 2014, que establecieron que a partir de julio de 2014 debe tenerse en cuenta el subsidio familiar como partida computable, en cuantía del 30%.
Es de anotar que con anterioridad a dicha normativa, los soldados profesionales en actividad devengaban, con fundamento en el Decreto 1794 de 2000, un subsidio familiar que equivalía al 4% de su salario básico mensual más la prima de antigüedad. Tal norma fue derogada por el Decreto 3770 de 2009 el cual pese a eliminar el subsidio familiar precisó que este se mantendría para los soldados que venían devengándolo hasta la fecha de su retiro, con la aclaración de que el valor del subsidio familiar consagrado en el Decreto 1794 de 2000, era el resultado de aplicar la siguiente fórmula: 4% del salario básico mensual +100% de la prima de antigüedad mensual.
Por su parte, el artículo 13 del Decreto 4433 de 2004, que contempla cuáles son las partidas computables para efectos de liquidar la asignación de retiro del personal de las Fuerzas Militares, no prevé para los soldados profesionales el subsidio familiar. El texto del artículo en cita es del siguiente tenor:
«ARTÍCULO 13. PARTIDAS COMPUTABLES PARA EL PERSONAL DE LAS FUERZAS MILITARES. La asignación de retiro, pensión de invalidez, y de sobrevivencia, se liquidarán según corresponda en cada caso, sobre las siguientes partidas así:
13.1 Oficiales y Suboficiales:
13.1.1 Sueldo básico.
13.1.2 Prima de actividad.
13.1.3 Prima de antigüedad.
13.1.4 Prima de estado mayor.
13.1.5 Prima de vuelo, en los términos establecidos en el artículo 6o del presente Decreto.
13.1.6 Gastos de representación para Oficiales Generales o de Insignia.
13.1.7 Subsidio familiar en el porcentaje que se encuentre reconocido a la fecha de retiro.
13.1.8 Duodécima parte de la Prima de Navidad liquidada con los últimos haberes percibidos a la fecha fiscal de retiro.
13.2 Soldados Profesionales:
13.2.1 Salario mensual en los términos del inciso primero del artículo 1o del Decreto-ley 1794 de 2000.
13.2.2 Prima de antigüedad en los porcentajes previstos en el artículo 18 del presente decreto.
PARÁGRAFO. En adición a las partidas específicamente señaladas en este artículo, ninguna de las demás primas, subsidios, bonificaciones, auxilios y compensaciones, serán computables para efectos de asignación de retiro, pensiones y sustituciones pensionales.»
Se observa entonces que la norma transcrita incluye como partidas computables para la asignación de retiro de los soldados profesionales el salario mensual y la prima de antigüedad, sin embargo, para los oficiales y suboficiales se incluyen otros factores, dentro de ellos, el subsidio familiar, situación que ha llevado a los primeros a reclamar la inclusión del emolumento en mención para efectos de calcular su mesada, asunto que ha sido objeto de estudio por parte del Consejo de Estado en sus Secciones.
En este contexto, se observa que algunos tribunales administrativos se ajustaron al criterio literal y taxativo de la norma que definía los factores computables para la asignación de retiro, situación que dio lugar a la interposición de acciones de tutela ante esta Corporación, lo cual propició la formulación de una nueva tesis a partir de la sentencia del 17 de octubre de 2013, dentro de la cual la Subsección B de la Sección Segunda del Consejo de Estado, analizó que la exclusión del subsidio familiar en la liquidación de la asignación de retiro de los soldados profesionales atenta contra el derecho a la igualdad, con base en el siguiente razonamiento:
«En efecto, el artículo 13 del Decreto 4433 de 2004, establece un trato diferenciado, al incluir el subsidio familiar en la liquidación de los Oficiales y Suboficiales, empero, no la incluyó en los Soldados Profesionales, sin que se vislumbre justificación razonable para tal exclusión.
Por el contrario, si se tiene en cuenta que la finalidad del plurimencionado subsidio es la de ayudar al trabajador al sostenimiento de las personas que se encuentran a su cargo en consideración a sus ingresos, resulta desproporcionado y en consecuencia, inconstitucional, que se haya previsto dicha partida para los Oficiales y Suboficiales que se encuentran un rango salarial más alto que los Soldados Profesionales.
Así pues, a luz de la Carta Política y los postulados del Estado Social de Derecho, resulta inaceptable que el Decreto 4433 de 2004 haya previsto el subsidio familiar como partida computable para los miembros de las Fuerza Pública que tienen una mejor categoría – los Oficiales y Suboficiales – dejando por fuera a los que devengan un salario inferior y en consecuencia, a quienes más lo necesitan, los Soldados Profesionales.»
Acorde con lo anterior, la vulneración al derecho a la igualdad y la finalidad del subsidio familiar han sido el punto de partida para distintos pronunciamientos dentro de acciones de tutela instauradas contra las sentencias proferidas por los tribunales administrativos del país, y se ha asumido como el argumento central para restarle validez al criterio de la taxatividad en relación con los factores que se deben incluir en la liquidación de la prestación objeto de estudio, el cual, a su vez, se vio reflejado en el pronunciamiento emitido dentro de un proceso de restablecimiento del derecho del 27 de octubre de 2016, empero, no se ha proferido un pronunciamiento que se constituya en precedente vinculante.
Así mismo, precisa la Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado en el oficio atrás referido que dada la diversidad de porcentajes y criterios se están presentando demandas en contra de CREMIL con el fin de que la asignación de retiro se liquide incluyendo como partida el subsidio familiar y en el porcentaje más favorable.
En lo que respecta a la duodécima parte de la prima de navidad, es importante anotar que, de conformidad con el artículo 16 del Decreto 4433 de 2004, esta integra las partidas que se deben tener en cuenta para liquidar la asignación de retiro de los oficiales y suboficiales, pero no para los soldados profesionales.
A su turno, el artículo 18 del Decreto 4433 de 2004, que contempla los aportes que deben realizar los soldados profesionales a CREMIL, solo prevé cotizaciones sobre el salario mensual y sobre la prima de antigüedad.
La Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado informa que «actualmente se presentan demandas por parte de soldados profesionales en las que solicitan, que se reajuste su asignación de retiro teniendo en cuenta como partida computable la duodécima parte de la prima de navidad», por lo que la aludida Agencia solicita a esta Corporación que se defina si tal partida debe ser tenida en cuenta para efectos de liquidar la asignación de retiro mensual de los soldados profesionales.
Con base en lo anterior, esta Corporación considera que es indispensable definir cuáles son las partidas computables que deben considerarse para la liquidación de la asignación de retiro de los soldados profesionales.»
Como se aprecia de todo lo anterior, se tiene que los argumentos para acceder a las pretensiones de la demanda en primera instancia se basaron en el desconocimiento del derecho a la igualdad al indicar que existió un grave trato discriminatorio frente a los soldados profesionales, en lo que corresponde al porcentaje en el cual debe ser reconocido el subsidio familiar en la asignación de retiro del actor, así como la inclusión de la duodécima parte de la prima de navidad.
Sin embargo, frente a la decisión de segunda instancia aprecia la Sala que no se configuró el desconocimiento del precedente judicial por parte del Tribunal Administrativo por cuanto, como se vio, consideró que le asistía razón a la entidad, para lo cual basó su decisión en la aplicación de la norma, razonamiento que hace parte de aquellos señalados en la providencia de esta Corporación que avoca el conocimiento del proceso para unificación en cuanto no se ha proferido un pronunciamiento que constituya precedente vinculante en la materia, razón que impone denegar el amparo derivado del defecto de desconocimiento del precedente judicial, en aras del respeto del principio de la autonomía judicial.
Ahora bien, como ya se explicó, luego de referirse a la fórmula de liquidación de la asignación de retiro, así como el porcentaje de inclusión de la prima de antigüedad en ella, el Tribunal confirmó la decisión impugnada, sin embargo, avanzó en indicar, según su parecer, cómo debía liquidarse la prima de antigüedad, lo que distaba de la forma como lo venía haciendo CREMIL en el acto de reconocimiento de la asignación de retiro.
Por esto, frente a esta partida señaló que CREMIL computó equivocadamente como prima de antiguedad el 38.50% del 100% de la asignación básica mensual, cuando en realidad la norma dispone que dicho porcentaje ( 38.50%), se debe calcular sobre el valor de la prima de antiguedad efectivamente devengada al momento del retiro del servicio ( 58.5% de la asignación básica mensual):
«En efecto, el artículo 16 del decreto 4433 de 2004, establece claramente que en la liquidación de la asignación de retiro se debe incluir “ un treinta y ocho punto cinco por ciento (38.5%) de la prima de antiguedad“. En el caso concreto se demostró que el demandante al momento del retiro del servicio tenía reconocida la prima deantiguedad en un 58.50% de la asignación básica mensual.
[...]
En consecuencia, en la liquidación de la asignación de retiro se debe computar el 38.50% de la prima de antiguedad efectivamente reconocida y devengada al momento del retiro del servicio, esto es sobre el valor correspondiente al 58.5% de la asignación basica mensual, no sobre el 100% de la asignación básica.
También se acreditó que la entidad demandada sumó el valor de la asignación básica con el 38.50% correspondiente a la prima de antiguedad y a ese resultado aplicó el 70%. Sin embargo, conforme a la orientación del Consejo de Estado, en la liquidación de la asignación de retiro de los soldados profesionales, se debe calcular el 70% dela asignación básica (1.6. s.m.m.l.v) y a ese valor adicionar el 38.50% de la prima de antiguedad devengada».
En este caso, aprecia la Sala que ambas partes presentaron recurso de alzada por lo que el Tribunal tenía plena competencia para pronunciarse sobre todos los extremos de la litis, sin embargo, ni la demanda versó sobre dicho aspecto, ni la entidad manifestó inconformidad sobre el mismo.
En efecto, las pretensiones del libelo demandatorio consistieron en lo siguiente:
1. Reliquidar y reajustar la asignación de retiro teniendo en cuenta un 20% adicional, desde la fecha en que le fue reconocido el derecho hasta la inclusión en la mesada pensional conforme al parágrafo del artículo 1.º del Decreto 1794 de 2000, con incidencia en todas las partidas computables.
2. Efectuar «la reliquidación de la asignación de retiro sin afectar o tomar dos veces el porcentaje a la prima de antigüedad».
3. Incluir el subsidio familiar en el 70%.
4. Incluir la duodécima parte de la prima de navidad liquidada con los últimos haberes percibidos a la fecha fiscal de retiro, en la asignación de retiro.
Se advierte entonces que el Tribunal Administrativo de Cundinamarca profirió un fallo donde se pronunció sobre un aspecto que no fue solicitado por el demandante y con ello hizo más gravosa su situación, con lo que transgredió el principio de congruencia por cuanto decidió estudiar la forma en que debía fijarse la prima de antigüedad y llegó a la conclusión de que la misma no debía concretarse sobre un 38.5 % del 100 % de la asignación básica, sino sobre el 38.5% del 58.5 % de aquella.
En este sentido, desconoció el marco de la demanda, la contestación, los recursos de apelación y los alegatos de las partes, lo que pone en evidencia la configuración del defecto orgánico y desconocimiento del principio de congruencia de la sentencia, pues el Tribunal Administrativo accionado excedió el marco de la litis, y abordó un asunto ajeno a la controversia, que no fue cuestionado ni por el demandante ni por la entidad, y que ocasionó efectos negativos al señor Carlos Emilio Sánchez Suesca al disminuir el monto de su asignación de retiro, que por este aspecto pasó de $ 1´069.367, a $911.901,76 pesos, según la liquidación del Tribunal.
De acuerdo a lo expuesto, se ordenará al Tribunal accionado proferir un nuevo fallo en el cual atienda al marco de competencia que le ha dado el legislador y que no es otro que el marco de la litis, y el recurso de apelación.
Por tanto, se dejará sin efectos la sentencia de 20 de junio de 2018, proferida dentro del proceso de nulidad y restablecimiento del derecho radicado No. 11001333501620150078301.
En su lugar, se ordenará al Tribunal que dentro del término de veinte (20) días siguientes a la notificación de esta providencia, profiera una nueva decisión judicial que, atienda los lineamientos expuestos y los límites de competencia que le ha señalado el legislador y que no son otros que el marco de la Litis, así como el recurso de apelación, en los que no se encuentra la liquidación de la prima de antigüedad.
En mérito de lo expuesto la Sección Segunda, Subsección “A” de la Sala de lo Contencioso Administrativo del Consejo de Estado, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley,
FALLA
PRIMERO.- SE REVOCA la sentencia de 31 de enero de 2019, proferida por la Sección Primera de esta Corporación, que negó el amparo de los derechos fundamentales invocados por el señor Carlos Emilio Sánchez Suesca dentro de la acción de la referencia, conforme con lo expuesto en la parte motiva. En consecuencia se dispone:
SEGUNDO.- SE CONCEDE el amparo de los derechos fundamentales de acceso a la administración de justicia y al debido proceso del señor Carlos Emilio Sánchez Suesca de conformidad con lo señalado en precedencia.
TERCERO.- SE DEJA sin efectos la sentencia de 20 de junio de 2018, proferida por el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Segunda, Subsección C, dentro del proceso de nulidad y restablecimiento radicado con el No. 11001333501620150078301.
CUARTO.- SE ORDÉNA al Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Segunda, Subsección C, que dentro del término de veinte (20) días siguientes a la notificación de esta providencia, profiera una nueva sentencia en la que atienda los lineamientos expuestos en la parte motiva.
QUINTO.- LÍBRENSE las comunicaciones de que trata el artículo 30 del Decreto 2591 de 1991, para los fines ahí contemplados.
La anterior decisión fue discutida y aprobada por la Sala en sesión de la fecha.
CÓPIESE, NOTIFÍQUESE Y COMUNÍQUESE
GABRIEL VALBUENA HERNÁNDEZ
RAFAEL FRANCISCO SUÁREZ VARGAS WILLIAM HERNÁNDEZ GÓMEZ
Folios 1 a 3 del expediente.
Folios 5 a 14 del expediente.
Folio 50 del expediente.
Ff. 78 y s.s.
Por medio del cual se modificó el reglamento interno del Consejo de Estado.
Corte Constitucional. Sentencia C -590-05.
Sentencia de treinta y uno (31) de julio de dos mil doce (2012). Radicación número: 11001-03-15-000-2009-01328-01(IJ) Accionante: Nery Germania Álvarez Bello. C.P. María Elizabeth García González.
Corte Constitucional Sentencia T-231 de 1994 M.P. Eduardo Cifuentes Muñoz.
Hoy se encuentra consagrado en el artículo 281 del Código General del Proceso, que señala:
“Artículo 281. Congruencias.
La sentencia deberá estar en consonancia con los hechos y las pretensiones aducidos en la demanda y en las demás oportunidades que este código contempla y con las excepciones que aparezcan probadas y hubieren sido alegadas si así lo exige la ley.
No podrá condenarse al demandado por cantidad superior o por objeto distinto del pretendido en la demanda ni por causa diferente a la invocada en esta.
Si lo pedido por el demandante excede de lo probado se le reconocerá solamente lo último.
En la sentencia se tendrá en cuenta cualquier hecho modificativo o extintivo del derecho sustancial sobre el cual verse el litigio, ocurrido después de haberse propuesto la demanda, siempre que aparezca probado y que haya sido alegado por la parte interesada a más tardar en su alegato de conclusión o que la ley permita considerarlo de oficio.
Parágrafo 1°.
En los asuntos de familia, el juez podrá fallar ultrapetita y extrapetita, cuando sea necesario para brindarle protección adecuada a la pareja, al niño, la niña o adolescente, a la persona con discapacidad mental o de la tercera edad, y prevenir controversias futuras de la misma índole.
Parágrafo 2°.
En los procesos agrarios, los jueces aplicarán la ley sustancial teniendo en cuenta que el objeto de este tipo de procesos es conseguir la plena realización de la justicia en el campo en consonancia de los fines y principios generales del derecho agrario, especialmente el relativo a la protección del más débil en las relaciones de tenencia de tierra y producción agraria.
En los procesos agrarios, cuando una de las partes goce del amparo de pobreza, el juez de primera o de única instancia podrá, en su beneficio, decidir sobre lo controvertido o probado aunque la demanda sea defectuosa, siempre que esté relacionado con el objeto del litigio. Por consiguiente, está facultado para reconocer u ordenar el pago de derechos e indemnizaciones extra o ultrapetita, siempre que los hechos que los originan y sustenten estén debidamente controvertidos y probados.
En la interpretación de las disposiciones jurídicas, el juez tendrá en cuenta que el derecho agrario tiene por finalidad tutelar los derechos de los campesinos, de los resguardos o parcialidades indígenas y de los miembros e integrantes de comunidades civiles indígenas.”
Sentencia T-450 de 2001 M.P. Manuel José Cepeda Espinosa. Ver también al respecto Sentencia T-025 de 2002 M.P. Marco Gerardo Monroy Cabra
Corte Constitucional Sentencia T-231 de 1994 M.P. Eduardo Cifuentes Muñoz
Sentencia T-450 de 2001.
Consejo de Estado, Sección Primera, Consejero Ponente (E): ROBERTO AUGUSTO SERRATO VALDÉS, de 3 de noviembre de 2016, dentro del proceso radicado con el No. 3001233100020010202301
Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección A. Sentencia de 5 de julio de 2007, Rad.: 97082005, Actora: Aura Isabel Rubio Morán, M.P. Jaime Moreno García.
M.P. Dra. Carmen Teresa Ortiz de Rodríguez.
Corte Constitucional, Sentencia T-1057 de 2002. Con reiteración en las Sentencias T-929 de 2008 y T-757 de 2009
Sentencia C-104 de 1993. M.P. Alejandro Martínez Caballero.
Sentencia T-268 de 2010 M.P. Jorge Iván Palacio Palacio.
Sentencia T-1092 de 2007 M.P. Humberto Antonio Sierra Porto.
CD a folio 32 del expediente de nulidad y restablecimiento del derecho.
Ff. 127 y s.s. del expediente de nulidad y restablecimiento del derecho.
Ff. 214 y s.s. expediente de nulidad y restablecimiento del derecho.
Por el cual se crea el subsidio familiar para soldados profesionales e infantes de marina profesionales y se dictan otras disposiciones.
Por el cual se dictan disposiciones en materia de asignación de retiro y pensiones de invalidez para los Soldados Profesionales e Infantes de Marina Profesionales de las Fuerzas Militares.
El cual por su parte, fue declarado nulo por la Sección Segunda del Consejo de Estado.
Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección B, sentencia del 17 de octubre de 2013, radicación: 110010315000201301821 01 (AC), actor: José Narcés López Bermúdez.
Dentro de las sentencias en las que se reitera la posición expuesta se pueden ver las siguientes providencias del Consejo de Estado: Sección Cuarta, sentencia del 29 de abril de 2015, radicación: 110010315000201500380 00 (AC), actor: Jairo Jaraba Morales; Sección Segunda, Subsección A, sentencia del 29 de abril de 2015, radicación: 110010315000201500801 00(AC), actor: José Edgar Moncada Rangel; Sección Primera, sentencia del 28 de mayo de 2015, radicación: 110010315000201500001 01(AC), actor: Eduar Chica Zea; Sección Primera, sentencia del 12 de noviembre de 2015, radicación: 11010315000201500009 00(AC), actor: José Ober Dávila Bueno; Sección Primera, sentencia del 23 de junio de 2017, radicación: 110010315000201701058 00 (AC), actor: Aedwing Guerrero Galvis; Sección Segunda, sentencia del 4 de septiembre de 2017, radicación: 110010315000201701922 00(AC), actor: Oscar Daniel Lenis Morales; Sección Primera, sentencia del 8 de noviembre de 2017, radicación: 110010315000201701527 00 (AC), actor: José Alirio Camargo Pérez.
Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección A, sentencia del 27 de octubre de 2016, radicación: 250002342000201300143 01 (3663-2014), actor: Armando Guarín Cujaban.
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