RuleX

Jurisprudencia › Consejo de Estado › Radicado 11001-03-15-000-2018-04557-01

Consejo de Estado · Sección Quinta

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Quinta, radicado 11001-03-15-000-2018-04557-01

Acción de tutela contra providencia judicial

Fecha
1 de agosto de 2019
Consejero ponente
Rocío Araújo Oñate

01Lo que resolvió

Ficha de la providencia

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Quinta, radicado 11001-03-15-000-2018-04557-01

Consejo de Estado · Sección Quinta

Parte resolutiva

FALLA: PRIMERO: NEGAR la solicitud de desvinculación formulada por la Corporación para el Desarrollo Sostenible de la Mojana y el San Jorge – CORPOMOJANA, de conformidad con lo expuesto en la parte motiva de esta providencia. SEGUNDO: DELCARAR LA IMPROCEDENCIA DE LA ACCIÓN, respecto al cargo relacionado con violación al principio de congruencias, por las razones señaladas a la parte motiva de este proveído. TERCERO: REVOCAR la sentencia del 11 de abril de 2019, proferida por la Sección Segunda, Subsección B del Consejo de Estado, por medio de la cual, se amparó los derechos fundamentales del señor Teobaldo de Jesús Núñez Rodríguez y, en su lugar, negar el amparo deprecado de conformidad con lo expuesto en este proveído. CUARTO: Dejar SIN EFECTOS la sentencia de reemplazo que en virtud del cumplimiento del fallo de tutela de primera del 11 de abril de 2019 el Tribunal Administrativo de Sucre haya dictado, de conformidad con lo expuesto en este proveído. QUINTO: NOTIFICAR a las partes y los intervinientes en la forma prevista en el artículo 30 del Decreto 2591 de 1991. SEXTO: Dentro de los diez (10) días siguientes a la ejecutoria de esta providencia, envíese el expediente a la Corte Constitucional para su eventual revisión, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 32, inciso 2° del Decreto 2591 de 1991.

02Texto de la providencia

República de Colombia

Consejo de Estado

Sección Quinta

Radicado 11001-03-15-000-2018-04557-01

Consejero ponente: Rocío Araújo Oñate

1 de agosto de 2019

ACCIÓN DE TUTELA CONTRA PROVIDENCIA JUDICIAL / AUSENCIA DE DEFECTO SUSTANTIVO - Adecuada aplicación normativa / DESCONOCIMIENTO DEL PRECEDENTE JUDICIAL - Inexistencia / ACTO ADMINISTRATIVO DE INSUBSISTENCIA DE EMPLEADO DE LIBRE NOMBRAMIENTO Y REMOCIÓN - Ilegal / LÍMITE A INDEMNIZACIÓN POR INSUBSISTENCIA DE EMPLEADO DE LIBRE NOMBRAMIENTO Y REMOCIÓN - Desde su desvinculación hasta la fecha en que su nominador hizo parte de la entidad / AUSENCIA DE VULNERACIÓN DE DERECHOS FUNDAMENTALES

[L]a Sala destaca que no encuentra configurado el defecto sustantivo alegado en el escrito de tutela, por cuanto como el mismo (…) actor lo plantea, no existe dentro del ordenamiento jurídico una norma que defina de manera expresa la forma como se debe restablecer el derecho de una persona cuyo nombramiento declarado insubsistente es objeto de estudio en la jurisdicción contenciosa administrativa y esta concluye que el acto administrativo carece de legalidad. Si bien es cierto, dentro de las causales de retiro del servicio que consagra el artículo 41 de la Ley 909 de 2004 para quienes desempeñan empleos de libre nombramiento y remoción y de carrera administrativa, no se contempla la regla fijada por la autoridad judicial accionada, también lo es, que la misma fue aplicada en virtud de la autonomía judicial que le asiste al referido Tribunal como principio fundamental de la administración de justicia, para fijar los límites que consideró pertinentes a efectos de establecer el restablecimiento del derecho de la parte demandante con base en la magnitud del daño. Lo anterior, en consideración a que hasta la fecha en que dictó la sentencia objeto de censura, e incluso a la fecha, no existe una posición unificada frente a la materia y justamente, por esta razón es que tampoco tiene vocación de prosperidad el cargo relacionado con el desconocimiento del precedente, dado que el actor tampoco trajo a colación pronunciamiento alguno con tal connotación que haya sido desconocido por el Tribunal accionado porque el mismo es inexistente y, en ese orden de ideas, la autoridad judicial accionada estaba en libertad de efectuar el análisis normativo y jurisprudencial que encontró procedente (…) Así las cosas, la Sala advierte que el Tribunal Administrativo de Sucre desarrolló una postura razonada y debidamente argumentada en la providencia objeto de censura, pues buscó establecer límites al restablecimiento del derecho para que se reparara de forma real y cierta al daño probado, y para ello, empleó la regla de fijar como límite para el pago de salarios y prestaciones sociales el período de su desvinculación hasta la fecha en que su nominador hizo parte de Corpomojana. Este criterio de limitar el período de indemnización a fin de que el mismo no sea indeterminado e indefinido tiene asidero, como como lo mencionó en el escrito de impugnación la autoridad judicial accionada, en la línea de desarrollo jurisprudencial que ha implementado la Corte Constitucional, sentencia SU – 556 de 2014, que como vimos, concluyó que cuando se estudian casos de empleados que tienen una estabilidad relativa se parte de la base de que su permanencia es precaria, y por ello, no pueden recibir un tratamiento como un empleado de carrera administrativa de quien sí se predica estabilidad laboral. Bajo este análisis, se concluye que la autoridad judicial obró bajo el principio de autonomía judicial ante la ausencia legal y jurisprudencial que existe sobre la materia y, en consecuencia, esta Sección revocará la decisión adoptada en primera instancia que amparó los derechos fundamentales del actor y en su lugar, negará el amparo deprecado.

CONSEJO DE ESTADO

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCIÓN QUINTA

Consejero ponente: ROCÍO ARAÚJO OÑATE

Bogotá, D.C., primero (1) de agosto de dos mil diecinueve (2019)

Radicación número: 11001-03-15-000-2018-04557-01(AC)

Actor: TEOBALDO DE JESÚS NÚÑEZ RODÍGUEZ

Demandado: TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DE SUCRE

Temas: Tutela contra providencia judicial - Declara improcedencia por el requisito de subsidiariedad frente a uno de los cargos y revoca el amparo deprecado.

SENTENCIA SEGUNDA INSTANCIA

OBJETO DE LA DECISIÓN

La Sala decide la impugnación interpuesta por el Tribunal Administrativo de Sucre contra el fallo del 11 de abril de 2019, por medio del cual el Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección B, amparó los derechos fundamentales del actor al considerar que dicha autoridad al dictar la sentencia del 31 de julio de 2018 incurrió en defecto fáctico y sustantivo.

ANTECEDENTES

1.1. Solicitud de amparo

1. Con escrito radicado el 5 de diciembre de 2018, en la Secretaría General de la Corporación, el señor Teobaldo de Jesús Núñez Rodríguez, a través de apoderado, instauró acción de tutela contra el Tribunal Administrativo de Sucre, con el fin de que le sea amparado su derecho fundamental al debido proceso.

2. El actor consideró vulnerada dicha garantía con ocasión a la providencia del 31 de julio de 2018 mediante la cual la referida autoridad judicial confirmó parcialmente la sentencia del 27 de junio de 2014 proferida por el Juzgado Tercero Administrativo de Descongestión del Circuito Judicial de Sincelejo, que accedió a las pretensiones de la demanda y declaró la nulidad de la Resolución No. 061 del 20 de junio de 2011, mediante la cual se declaró insubsistente el nombramiento del accionante en el cargo de secretario General Código 0037, Grado 16 adscrito a la Dirección General de la Corporación para el Desarrollo Sostenible de la Mojana y el San Jorge – CORPOMOJANA; no obstante, modificó el numeral tercero en los siguientes términos “Como consecuencia de la nulidad anterior y a título de restablecimiento del derecho, condénese a la CORPORACIÓN PARA EL DESARROLLO SOSTENIBLE DE LA MOJANA Y EL SAN JORGE – CORPORMOJANA, a pagar al accionante todos los salarios, prestaciones sociales y emolumentos a que tiene derecho desde la fecha en que se efectuó su desvinculación hasta el 30 de junio de 2012, teniendo en cuenta la última asignación básica percibida por él, descontando lo que durante el período de desvinculación haya percibido como retribución por cualquier concepto laboral, público o privado, dependiente o independiente.” y revocó el numeral cuarto de la citada providencia así: “se entenderá que no ha existido solución de continuidad en la relación del demandante y el demandado” dentro del medio de control de nulidad y restablecimiento con radicado No. 70-001-33-31-703-2010-00569-01, instaurado por el señor Núñez Rodríguez contra la Corporación para el Desarrollo Sostenible de las Mojana y el San Jorge - Corpomojanas.

3. Con base en lo anterior, la parte actora solicitó el amparo de los derechos invocados y, en consecuencia, pidió:

“1. Sírvase tutelar la protección del derecho fundamental al debido proceso del señor Teobaldo de Jesús Núñez Rodríguez, por flagrante vía de hecho materializada por el accionado de la referencia en sentencia de 31 de julio de 2018.

2. Ordenar al Tribunal Administrativo de Sucre, Sala Escritural, que profiera nuevamente decisión en el expediente con radicado 70001333170320110056901, en la que se confirme integralmente, sin modulación o restricción alguna, la sentencia proferida por el Juzgado Tercero Administrativo de Descongestión del Circuito de Sincelejo, Sucre, el 27 de junio de 2014.

3. De no encontrar procedente la pretensión anterior, proceder el Honorable Consejo de Estado a proferir sentencia de sustitución en la que no se module o restrinja el restablecimiento del derecho, confirmando íntegramente la decisión del juez de primera instancia”.”

1.2. Hechos probados y/o admitidos

La Sala encontró demostrados los siguientes supuestos fácticos relevantes para la decisión que se adoptará en la sentencia:

4. Por Resolución No. 225 del 1° de diciembre de 2008, el señor Teobaldo de Jesús Núñez Rodríguez fue designado en el cargo de Secretario General, Grado 16, Código 0037 adscrito a la Dirección General de la Corporación para el Desarrollo Sostenible de la Mojana y el San Jorge, en adelante Corpomojana. De dicho cargo, tomó posesión el 3 de diciembre de 2008, según consta en el acta No. 136.

5. De acuerdo con el Manual Específico de Funciones y Competencias Laborales de Corpomojana el cargo era de libre nombramiento y remoción, pertenecía al Nivel Directivo y su jefe inmediato era el Director General.

6. Mediante Resolución No. 061 del 20 de junio de 2011, el Director General de Corpomojana declaró insubsistente el nombramiento del accionante en el cargo de Secretario General, a partir del 28 del mismo mes y año.

7. Contra el referido acto administrativo, el actor ejerció el medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho con miras a obtener la nulidad de la Resolución No. 0061 del 20 de junio de 2011, y en consecuencia, solicitó el reintegro como Secretario General de la planta de la entidad o un cago de mayor denominación y el pago de los salarios demás prestaciones sociales dejados de percibir.

8. El conocimiento del asunto en primera instancia le correspondió al Juzgado Tercero Administrativo de Descongestión del Circuito de Sincelejo, que con sentencia de 27 de junio de 2014 accedió a las pretensiones de la demanda.

9. Inconforme con la decisión, Corpomojana interpuso recurso de apelación y el Tribunal Administrativo de Sucre, mediante providencia de 31 de julio de 2018 confirmó parcialmente la decisión impugnada; sin embargo, dispuso que no habría lugar al reintegro, y en relación con el pago de los salarios y demás prestaciones dejados de percibir por el demandante, se haría únicamente respecto del lapso comprendido entre la fecha de desvinculación y el 30 de junio de 2012.

10. Lo anterior, en consideración a que la fecha señalada correspondía a la finalización del período constitucional del Director General de Corpomajana, hecho que suponía que el cargo del señor Núñez Rodríguez quedara en suspenso, pues se trataba de un nombramiento de libre nombramiento y remoción.

11. El 30 de agosto de 2018 Corpomojana presentó una solicitud de aclaración de la providencia, la cual fue negada por el Tribunal Administrativo de Sucre, mediante auto de 5 de febrero de 2019.

1.3. Fundamentos de la solicitud

12. La parte actora alude que la providencia cuestionada incurrió en un defecto sustantivo en tanto la decisión para restringir el período de tiempo en que se debió restablecer el derecho “desde la fecha en que se efectuó su desvinculación hasta el 30 de junio de 2012” fue aplicada sin justificación legal alguna, pues en el ordenamiento jurídico no existe una norma que regule la situación que plantea el Tribunal.

13. Explicó que el cargo de libre nombramiento y remoción no está sujeto a un período de tiempo, y en tal sentido, no comparte la tesis expuesta por la autoridad judicial accionada pues sugiere que en el caso concreto no procede reintegro y que solo es posible reconocer el pago de salarios y prestaciones hasta el momento en que su nominador cumplió el período en el cargo de Director General.

14. Agregó que la permanencia en un cargo de libre nombramiento y remoción no depende de la continuidad de la persona que realizó el nombramiento, hacerlo implicaría desconocer situaciones como el buen desempeño, el conocimiento, las cualidades y calidades académicas y profesionales que propende por una adecuada gestión pública.

15. Insistió en que el Tribunal, analógicamente otorgó características propias del cargo de período a uno que no lo es, y esto ocurrió por no ceñirse a la regulación expresa y aplicable a la situación concreta que lo llevó a adoptar una decisión carente de soporte legal y de precedente judicial.

16. De otra parte, el accionante alegó que la decisión violó el principio de congruencia pues en ningún momento procesal, la parte demandada solicitó que se modulara el fallo de primera instancia o se limitara el período de reconocimiento del establecimiento del derecho por cuanto sus argumentos estuvieron encaminados a que se negaran las pretensiones de la demanda.

17. Este hecho, demuestra que el Tribunal obró de manera oficiosa, violando su derecho al debido proceso e incurriendo en vía de hecho por violación directa a la constitución porque Corpomojana no solicitó que el restablecimiento del derecho se fijara con base en el período del Director General partiendo de la base de que el Secretario General es un funcionario de confianza y por ello, debía cambiar cuando se nombrara al nuevo nominador.

18. También sostuvo que la providencia atacada incurrió en desconocimiento del precedente porque la decisión de limitar temporalmente el restablecimiento y descontar las sumas percibidas por el demandante como retribución por cualquier concepto laboral no tiene sustento en los pronunciamientos de la Sección Segunda del Consejo de Estado o de la Sala Plena de la referida Corporación.

1.4. Actuaciones procesales relevantes

1.4.1. Admisión de la demanda

19. Mediante auto del 11 de diciembre de 2018, el Magistrado Ponente de la Sección Segunda, Subsección B del Consejo de Estado admitió la demanda de tutela y ordenó notificar a los Magistrados del Tribunal Administrativo de Sucre.

20. Igualmente, ordenó la vinculación en calidad de terceros con interés jurídico legítimo, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 13 del Decreto Ley 2591 de 1991, a la Corporación para el Desarrollo Sostenible de la Mojana – Corpomojana y al Juzgado Tercero Administrativo de Sincelejo.

21. Finalmente, se requirió a las autoridades judiciales para que aportaran copia del expediente ordinario con el fin de contar con el referido medio de prueba dentro del presente trámite.

1.4.2. Intervenciones: realizadas las notificaciones ordenadas, de conformidad con las constancias visibles a folios 93 a 96, se presentaron las siguientes intervenciones.

1.4.2.1. Corporación para el Desarrollo Sostenible de la Mojana – Corpomojana

22. Con escrito radicado por correo electrónico el 15 de diciembre de 2018 la Directora General de la entidad solicitó se negaran las pretensiones de la acción de tutela, al estimar que el fallo se encuentra debidamente sustentado en la normatividad y la jurisprudencia que le era aplicable, así como la prueba existente sin que con ello se vulneraran los derechos fundamentales del señor Núñez Rodríguez, o en su defecto la desvincularan del presente trámite.

23. Expuso que al accionante se le brindaron todas las garantías procesales y se respetaron sus derechos, razón por la cual no existe fundamento ni fáctico ni jurídico para tutelar sus garantías constitucionales pues hacerlo implicaría desconocer los principios de seguridad jurídica, cosa juzgada y de no ser juzgado dos veces por el mismo hecho, entre otros.

1.4.2.2. Tribunal Administrativo de Sucre

24. Mediante correo electrónico del 18 de diciembre de 2018, la Magistrada Ponente de la decisión cuestionada, solicitó que negara el amparo pretendido.

25. Explicó que “revisada la providencia objeto de Tutela (sic), no se avizora que con ella se hubiera vulnerado normas de carácter sustancial ni procesal en perjuicio de dicha parte, por el contrario la misma fue proferida con el respecto de las garantías constitucionales, con observancia de las disposiciones legales aplicables al caso y teniendo en cuenta el material probatorio obrante en el expediente, por ello al ostentar el demandante la condición de empleado de libre nombramiento y remoción, cargo de especial confianza de un funcionario de período como lo era el Director General de la Corporación para el Desarrollo Sostenible de la Mojana y el San Jorge “CORPOMOJANA”, se modificó el restablecimiento ordenado por el A quo, quien lo dispuso como si se tratara de un empleado de carrera, razones que fueron consignadas en la aludida sentencia.”

1.4.3. Auto de trámite

26. A través de auto del 7 de febrero de 2019, el despacho sustanciador dispuso la devolución del expediente del proceso ordinario al Tribunal Administrativo de Sucre, porque la sentencia contra la cual se dirigía el amparo constitucional carecía de fuerza ejecutoria. Lo anterior, por cuanto identificó que dentro del proceso ordinario existía una solicitud de aclaración pendiente por resolver. Así las cosas, ordenó que se surtiera ese trámite en forma previa a proferir sentencia.

27. El 6 de marzo de 2019, la Secretaría General del Consejo de Estado remitió el expediente al despacho sustanciador; sin embargo, al advertirse que no se había dado cumplimiento a lo dispuesto en el auto del 7 de febrero de 2019, el Magistrado Ponente mediante providencia del 7 de marzo de 2019, ordenó dar cumplimiento a la orden impartida y abstenerse de remitir el expediente para fallo hasta tanto no se acreditara el trámite por parte de la autoridad judicial accionada.

28. En respuesta al anterior requerimiento, el Tribunal Administrativo de Sucre, mediante oficio del 22 de marzo de 2019, informó que a través de auto de 5 de febrero de 2019, denegó la solicitud de aclaración.

1.5. Fallo impugnado

29. En decisión del 11 de abril de 2019, la Sección Segunda, Subsección B del Consejo de Estado, amparó los derechos fundamentales al debido proceso y de acceso a la administración de justicia al considerar que la providencia cuestionada incurrió en defecto fáctico y sustantivo.

30. En consecuencia ordenó dejar sin efectos la sentencia de 31 de julio de 2018 proferida por el Tribunal Administrativo de Sucre dentro del proceso de nulidad y restablecimiento del derecho con radicado No. 70001-33-31-703-2011-00569-01 y ordenó que, dentro de las 48 horas siguientes a la notificación de esta decisión, profiriera una nueva sentencia teniendo en cuenta lo expuesto en su decisión.

31. Para arribar a la referida decisión, el a quo de esta acción constitucional dijo que resolvería en conjunto los yerros alegados por el actor por encontrarse estrechamente relacionados.

32. Estimó que el actor consideró lesionados sus derechos fundamentales al debido proceso y de acceso a la administración de justicia, como consecuencia de los presuntos errores sustantivo, fáctico y desconocimiento del precedente judicial en que incurrió el Tribunal Administrativo de Sucre, toda vez que con la sentencia recurrida: “(i) modificó injustificadamente las órdenes dictadas por el juez de primera instancia, respecto de su reincorporación a la planta de personal de Corpomojana; (ii) asimiló el cargo que desempeñaba, el cual era de libre nombramiento y remoción, a un empleo de período fijo, lo cual disminuyó ostensiblemente la indemnización decretada en su favor y (iii) desconoció el precedente judicial trazado por esta Sala en asuntos similares.”

33. Dijo que el señor Teobaldo de Jesús, señaló que de las pruebas practicadas dentro del trámite de la demanda de nulidad y restablecimiento del derecho se podía constatar su excelente gestión en el cargo que desempeñaba en Corpomojana, motivo por el cual la autoridad judicial accionada no tenía elementos para asumir que su vinculación finalizaría con el cambio de director de la entidad.

34. Afirmó que el Tribunal Administrativo de Sucre, en sentencia proferida el 31 de julio de 2018, modificó la decisión tomada por el Juzgado Tercero (3º) Administrativo de Descongestión del Circuito de Valledupar, en el sentido de negar la reincorporación del señor Núñez Rodríguez a Corpomojana y limitar el período de indemnización, haciéndolo coincidir con la permanencia del director de esa entidad en el cargo.

35. Apuntó que la autoridad judicial accionada encontró probado que: “(i) el cargo que desempeñaba el señor Teobaldo de Jesús Núñez Rodríguez era de libre nombramiento y remoción, por ser este un empleo de confianza; (ii) en razón de lo anterior el actor podía ser desvinculado en cualquier momento; (iii) no obstante, se evidenció que su retiro del servicio se produjo con desviación del poder por parte del nominador, en la medida que no se acreditó la mejora del servicio en razón de su salida; (iv) lo anterior debido a que la persona que lo sustituyó en sus funciones carecía de los requisitos mínimos para ocupar el empleo y (v) la continuidad del señor Núñez Rodríguez en la planta de personal de Corpomojana era incierto, debido a las particularidades de su nombramiento”.

36. Advirtió que “lo dispuesto por la autoridad judicial accionada no guarda relación con lo probado dentro del proceso, lo cual ciertamente constituye una vulneración al principio de congruencia propio de las providencias judiciales, puesto que el Tribunal Administrativo de Sucre centró su decisión en una consideración de índole subjetiva, es decir, en el convencimiento que el Director de Corpomojana y el señor Núñez Rodríguez terminarían su relación laboral en forma concomitante, una vez hubiese finalizado el período legal de aquél” (Negrilla fuera de texto) sin tener en cuenta, por ejemplo, el buen desempeño del accionante.

37. Sostuvo que los derechos fundamentales del actor se vulneraron como consecuencia de la incongruencia suscitada en la providencia, pues la actividad del operador jurídico se debe contraer a lo dicho en la demanda, su contestación, la normativa y la jurisprudencia aplicable al caso en concreto.

38. Citó la sentencia de 28 de marzo de 2019 con ponencia del Magistrado César Palomino Cortés para explicar que frente al alcance del restablecimiento del derecho para el pago de salarios y demás prestaciones económicas de orden legal y extralegal solo se presenta una limitación, la cual consiste, en la deducción que debería hacerse de las sumas adeudadas, correspondientes a los dineros devengados por el demandante en caso de que se hubiese desempeñado en otro cargo público o privado durante el tiempo que duró el proceso judicial, lo anterior en aplicación del artículo 128 de la Constitución Política. En este punto también citó la sentencia de la Corte Constitucional T-372 de 2012 con ponencia del Magistrado Jorge Iván Palacio Palacio.

39. Dijo que la autoridad judicial accionada limitó el restablecimiento del derecho del señor Núñez Rodríguez, en aplicación de criterios que no tienen fundamento en la Ley ni en la jurisprudencia y su decisión se fundamentó “en forma preeminente en una situación ajena al ámbito del proceso, que por lo demás no podía ser acreditada por el juez o por las partes”. Lo anterior, en tanto señaló que se trataba de un cargo de libre nombramiento y remoción, pero limitó su continuidad a la permanencia de su nominador en la entidad en la cual prestaba sus servicios.

40. Aseguró que el Tribunal trató de crear una causal de retiro del servicio público que no está prevista en el artículo 41 de la Ley 906 de 2004, razón por la cual no es correcto indicar que los empleos de libre nombramiento y remoción finalizan de manera automática cuando se cumple el período constitucional o legal de su nominador.

41. Manifestó que la autoridad judicial accionada no agotó la carga argumentativa necesaria para justificar la decisión adoptada, y por ello, se niega el acceso a la administración de justicia de la parte actora para que se resuelva de fondo su caso concreto con base en las circunstancias fácticas y jurídicas que corresponden.

42. Concluyó que el “Tribunal Administrativo de Sucre incurrió en defecto fáctico cuando profirió la sentencia de 31 de julio de 2018, habida cuenta que desbordó su autonomía judicial al haber afirmado que la continuidad del señor Teobaldo de Jesús Núñez Rodríguez dependía esencialmente de la permanencia de su nominador, debido a la especial confianza que representaba el desempeño del cargo. Hecho este, que a su vez devino en la existencia de un yerro sustantivo, por cuanto aplicó en forma arbitraria el ordenamiento jurídico, especialmente las normas referentes a la desvinculación de los servidores públicos nombrados en cargos de libre nombramiento y remoción; con ocasión de pronunciarse respecto del restablecimiento del derecho en su favor”.

1.6. Impugnación

43. El fallo de tutela fue notificado el 13 de junio de 2019 y el 17 del mismo mes y año, los Magistrados del Tribunal Administrativo de Sucre, dentro del término legal, impugnaron la decisión de primera instancia para que, en su lugar, se denegara el amparo deprecado, y en tal sentido, expusieron lo siguiente:

44. Aseguró que “no existe incongruencia en la sentencia proferida por este Tribunal; por el contrario, dicha providencia acoge lo pretendido por la parte demandante, lo que a su vez implica, que no se denegó justicia, sino que se brindó una solución jurídica a un problema que ni legal, ni jurisprudencialmente se había tratado, al menos hasta ese momento”.

45. Indicó que el problema jurídico a resolver consiste en definir la regla de restablecimiento del derecho en aquellos eventos en los cuales un empleado de libre nombramiento y remoción es declarado insubsistente y con ocasión a un fallo judicial, se anula dicha declaración para establecer si lo definido en la providencia cuestionada se ajusta a las previsiones normativas y al precedente judicial.

46. Consideró que para el caso concreto no se podían aplicar las reglas previstas para los casos de empleos provisionales ni de carrera administrativa, razón por la cual decidió crear una regla que respondiera a los principios y valores constitucionales.

47. Estableció que cuando ha transcurrido un período desde el momento de la desvinculación hasta el momento del reintegro debe entenderse que por el mismo cargo han pasado otros empleados cuyo nombramiento depende de la discrecionalidad y confianza del nominador motivo por el cual, no es proporcional ni equitativo disponer del empleo cuando quien lo ocupa se vinculó conociendo la naturaleza del cargo así como tampoco es razonable pensar en una indemnización que se extienda intemporalmente.

48. Relató “De ahí la lógica y la naturaleza del empleo de libre nombramiento y remoción indique, que el nombramiento solo pueda subsistir mientras quien depositó su confianza con la designación, permanezca en el cargo, sin que esto implique una posición peligrosista o atentatoria de derechos laborales, sino más bien acorde con la realidad del empleo público de libre nombramiento y remoción y con la noción de reparación integral (…) el parámetro de restablecimiento del derecho no puede extenderse por más tiempo que aquel por el cual se podía mantener, pues, es un hecho cierto que el cambio del nominador, normalmente – regla de la experiencia, por ende, de la sana crítica – conlleva al cambio de los colaboradores del mismo, siendo este límite de permanencia, el que en verdad asiste a empleados como el considerado.”

49. Citó la Ley 790 de 2002 “Por la cual se expiden disposiciones para adelantar el programa de renovación de la administración pública y se otorgan facultades Extraordinarias al Presidente de la República” para significar que en materia de restructuración de entidades se han previsto parámetros de indemnización que pueden ser aplicados al caso concreto en tanto al tratarse de un cargo de libre nombramiento y remoción el mismo carece de estabilidad.

50. Aseveró que la decisión del a quo en materia de indemnización asimila el cargo de libre nombramiento y remoción a uno de carrera administrativa y tal circunstancia desconoce la naturaleza del mismo y la proporcionalidad que se debe evaluar.
51. Refirió que, con posterioridad al fallo cuestionado, esto es con sentencia de marzo de 2019, radicado No. 11001-03-25-000-2012-00014-00 con ponencia del Magistrado César Palomino Cortés se consideró que no es procedente el reintegro del trabajador vinculado a la administración en un cargo de libre nombramiento y remoción.

52. Finalmente, dijo que en materia de indemnización no puede considerarse “el pago de los salarios dejados de percibir desde el momento de su insubsistencia hasta cuando sea efectivamente reintegrado” como en su momento lo estableció la Corte Constitucional en sentencia T - 372 de 2012 en tanto la sentencia SU – 556 de 2014 previó:

“3.6.3.13.8. Conforme a lo expuesto, las ordenes que se deben adoptar en los casos de retiro sin motivación de las personas vinculadas en provisionalidad en un cargo de carrera, son (i) el reintegro del servicio público a su empleo, siempre y cuando el cargo que venía ocupando antes de la desvinculación no haya sido provisto mediante concurso, no haya sido suprimido o el servidor no haya llegado a la edad de retiro forzoso; y, (ii) a título indemnizatorio, pagar el equivalente a los salarios y prestaciones dejados de percibir hasta el momento de la sentencia, descontando de ese monto las sumas que por cualquier concepto laboral, público o privado, dependiente o independiente, haya recibido la personal, sin que la suma a pagar por la indemnización sea inferior a seis (6) meses ni pueda exceder de veinticuatro (24) meses de salario.

Atendiendo este precedente jurisprudencial, la Sala dispondrá que la Nación – Procuraduría General de la Nación con cargo a su propio presupuesto cancele los salarios y prestaciones sociales sin solución de continuidad desde que se ejecutó la sanción de destitución 21 de julio de 2011 hasta el 21 de julio de 2013, que es el término máximo que reconoce la Corte Constitucional para los empleados que tienen estabilidad relativa, de ahí que se haga extensiva esta tesis para los servidores de libre nombramiento y remoción cuya permanencia es precaria o retribuida.

Entonces se ordenará a título de restablecimiento del derecho el reconocimiento y pago de los sueldos y prestaciones y demás emolumentos que la señora Luz Stella Nieto Agudelo dejó de percibir desde el momento en que se hizo efectivo el retiro del servicio por la sanción de destitución, es decir desde el 21 de julio de 2011 hasta el 21 de julio de 2013” (Negrilla fuera de texto).

1.7. Trámite en la segunda instancia.

1.7.1. Escrito de oposición a la impugnación por parte del actor

53. Con escrito radicado el 11 de julio de 2019, en la Secretaría General de la Corporación, el apoderado del señor Núñez Rodríguez solicitó confirmar la sentencia de primera instancia en tanto la Sección Segunda, Subsección B del Consejo de Estado como sala especializada en la función pública, realizó un profundo análisis del caso para concluir que se presentó una vulneración de sus garantías constitucionales.

54. Agregó que el escrito de impugnación no logró desvirtuar los argumentos que sustentaron la decisión adoptada por el a quo y se distrae en exponer ideas y citar sentencias que no resultan aplicables al caso concreto pues parte de la base de hechos diferentes al que ocupó en su momento la Sala.

55. Expuso que no existe prueba en el expediente que permitiera a la autoridad judicial accionada llegar a la convicción de que la permanencia en el cargo corría peligro y tampoco podía ampararse en la autonomía judicial para dar un alcance diferente a las pruebas aportadas al proceso, máxime si ello significa desconocer la satisfacción de los derechos del actor.

56. Resaltó que la actividad del operador se debe ceñir a las actuaciones procesales del trámite como la demanda, la contestación, la normativa y la jurisprudencia aplicable al caso concreto.

57. Dijo que la providencia de primera instancia de esta acción de tutela citó en extenso la argumentación de la T-372 de 2012 en materia de reintegros de personas que ostentaban cargos de libre nombramiento y remoción y fueron declarados insubsistentes que los impugnantes quieren darles una interpretación y alcance diferentes.

58. Así mismo, enfatizó en que la limitación en el restablecimiento del derecho no gozó de sustento legal ni jurisprudencial, en cuanto además se fundamentó en situaciones ajenas que no podían ser acreditadas por el juez o las partes. Se creó una causal de retiro del servicio público sin tener en cuenta que las mismas están previstas en el artículo 41 de la Ley 909 de 2004, sin que en ninguna de ella se establezca que los cargos de libre nombramiento y remoción deban terminar automáticamente cuando se cumpla el período legal o constitucional del nominador.

1.7.2. Tribunal Administrativo de Sucre

59. Con escrito radicado por correo electrónico el 15 de julio de 2019, los Magistrados del citado Tribunal agregaron que la autonomía judicial es la piedra angular de las decisiones judiciales, más aún, como sucede en el caso concreto pues ni la Ley ni la jurisprudencia habían tratado el tema y, por ello, se habilita al juez ordinario a dictar un concepto autónomo.

60. Expresó que ante la ausencia de precedente que guarde identidad en el problema jurídico abordado, lo procedente era la interpretación de la Ley ante la laguna jurídica, motivo por el cual el análisis efectuado por el a quo de este trámite constitucional en el que citó la providencia de marzo de 2019 con ponencia de la Sección Segunda, del Consejo de Estado como línea jurisprudencia no guarda relación con el caso concreto, pues el mismo versa sobre un cargo de carrera administrativa y no de libre nombramiento y remoción que era el desempeñado por el accionante, hecho que supone la resolución de problemas jurídicos diferentes.

II. CONSIDERACIONES DE LA SALA

2.1. Competencia

61. Esta Sala es competente para conocer la impugnación presentada contra la sentencia del 11 de abril de 2019, proferida por la Sección Segunda, Subsección B del Consejo de Estado, de conformidad con lo señalado en los Decretos 2591 de 1991 y 1069 de 2015, modificado por el Decreto 1983 de 2017 y el artículo 2° del Acuerdo 080 de 2019 de Sala Plena de esta Corporación.

2.2 Problema jurídico

62. Corresponde a la Sección determinar si confirma, modifica o revoca la sentencia dictada el 11 de abril de 2019, por medio de la cual el Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección B amparó los derechos fundamentales al debido proceso y de acceso a la administración de justicia, para lo cual se deberán resolver los siguientes problemas jurídicos:

¿Se supera frente a todos los cargos propuestos por el actor el requisito de procedibilidad adjetiva de la subsidiariedad? De superarse lo anterior, ¿La providencia del 31 de julio de 2018, dictada por el Tribunal Administrativo de Sucre, incurrió en los defectos alegados por la parte actora y, por consiguiente, se vulneraron sus derechos fundamentales?

63. Para resolver el interrogante planteado, se analizarán los siguientes temas: (i) criterio de la Sección sobre la procedencia excepcional de la acción de tutela contra providencia judicial; (ii) marco normativo de la subsidiariedad (iii) requisito de subsidiariedad frente a los cargos (iv) generalidades de los defectos alegados; y (v) análisis del caso concreto.

2.3. Cuestión previa

64. La Corporación para el Desarrollo Sostenible de las Mojanas y el San Jorge – Corpomojana solicitó en su escrito de contestación de la acción de tutela ser desvinculada del proceso.

65. Al respecto, se precisa que la entidad fue vinculada al presente trámite teniendo en cuenta que le puede asistir un interés directo o indirecto en las resultas del presente proceso comoquiera que actuó como parte demandada en el medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho que se adelantó bajo el radicado No. 70001-33-31-703-2011-00569-01 en el que se profirió la decisión del 31 de julio de 2018 objeto de estudio en esta acción de tutela.

66. Bajo esas condiciones es evidente que sí existe una justificación para mantenerla vinculada como tercera interesada, por lo que será negada la petición de desvinculación.

2.4. Razones jurídicas de la decisión

2.4.1. Procedencia excepcional de la acción de tutela contra providencia judicial

67. La Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, en fallo del 31 de julio de 2012, unificó la diversidad de criterios que la Corporación tenía sobre la procedencia de la acción de tutela contra providencias judiciales, por cuanto las distintas Secciones y la misma Sala Plena habían adoptado posturas diversas sobre el tema.

68. Así, después de un recuento de los criterios expuestos por cada Sección, decidió modificarlos y unificarlos para declarar expresamente, en la parte resolutiva de la providencia, la procedencia de la acción de tutela contra providencias judiciales.

69. Sin embargo, fue importante precisar bajo qué parámetros procedería ese estudio, pues la sentencia de unificación simplemente se refirió a los “fijados hasta el momento jurisprudencialmente”.

70. Al efecto, en virtud de la sentencia de unificación del 5 de agosto de 2014, la Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, adoptó los criterios expuestos por la Corte Constitucional en la sentencia C-590/2005, M.P. JAIME CÓRDOBA TRIVIÑO, para determinar la procedencia de la acción constitucional contra providencia judicial y reiteró que la tutela es un mecanismo residual y excepcional para la protección de derechos fundamentales, como lo señala el artículo 86 Constitucional, y, por ende, el amparo frente a decisiones judiciales no puede ser ajeno a esas características.

71. A partir de esa decisión, se dejó en claro que la acción de tutela se puede interponer contra decisiones de las Altas Cortes, específicamente, las del Consejo de Estado, autos o sentencias, que desconozcan derechos fundamentales, asunto que en cada caso deberá probarse y, en donde el actor tendrá la carga de argumentar las razones de la violación.

2.4.2. Marco normativo del requisito de subsidiariedad

72. El inciso 3º del artículo 86 de la Constitución consagra este requisito como presupuesto de procedencia de la acción de tutela y determina que “[e]sta acción sólo procederá cuando el afectado no disponga de otro medio de defensa judicial”, precepto reglamentado por el numeral 1º del artículo 6º del Decreto Ley 2591 de 1991.

73. Del texto de la norma referida se evidencia que, existiendo otros mecanismos de defensa judicial que resulten idóneos y eficaces para solicitar la protección de los derechos que se consideran amenazados o vulnerados, se debe recurrir a estos y no a la tutela.

2.4.3. Requisito de subsidiariedad en el caso concreto

74. Al abordar el caso concreto, con fundamento en el marco normativo expuesto y siguiendo la línea de pensamiento que ha mantenido esta Sección, se considera que en el sub lite no concurre el requisito de subsidiariedad frente a uno de los cargos propuestos por la parte actora en sus fundamentos de derecho, cuando sugiere que la providencia cuestionada violó el principio de congruencia pues en ningún momento procesal, la parte demandada solicitó que se modulara el fallo de primera instancia o se limitara el período de reconocimiento del establecimiento del derecho por cuanto sus argumentos estuvieron encaminados a que se negaran las pretensiones de la demanda.

75. Así mismo, expuso que el Tribunal obró de manera oficiosa y violó su derecho al debido proceso incurriendo en vía de hecho por violación directa a la constitución porque Corpomojana no solicitó que el restablecimiento del derecho se fijara con base en el período del Director General partiendo de la base de que el Secretario General es un funcionario de confianza y por ello, debía cambiar cuando se nombrara al nuevo nominador.

76. Lo anterior, ante la existencia del recurso extraordinario de revisión, que la parte accionante puede interponer, con fundamento en la causal 5ª de revisión consagrada en el artículo 250 de la Ley 1437 de 2011 “Existir nulidad originada en la sentencia que puso fin al proceso y contra la que no procede recurso de apelación”.

77. Esto por cuanto la principal alegación de la parte actora en el libelo introductorio de la acción de tutela se fundamenta en la violación del principio de congruencia por considerar que Tribunal actuó por fuera de su competencia al modular los efectos de la decisión.

78. Es así, que esta Sala en fallo de tutela del 31 de octubre de 2017, expediente 2017-02400-00, Magistrada Ponente Rocío Araujo Oñate, adelantó un estudio de diversos fallos proferidos por el Consejo de Estado, sobre la vulneración al principio de congruencia, así:

“- Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, Sala Veintidós Especial de Decisión, sentencia del 2 de febrero de 2016, C.P. Alberto Yepes Barreiro:

“2.5. Nulidad originada en la sentencia

El artículo 250 del CPACA consagra en su numeral 5º, como causal de procedencia del recurso extraordinario de revisión “existir nulidad originada en la sentencia que puso fin al proceso y contra la que no procede recurso de apelación”.

(…)

2.6. Desconocimiento del principio de congruencia como causal de nulidad de la sentencia

Dentro del contexto expuesto en el acápite anterior, la jurisprudencia de la Sala Plena Contenciosa ha indicado que debe aceptarse que la causal 6ª del artículo 188 del C.C.A., hoy 5 del artículo 250 del CPACA, por nulidad originada en la sentencia, se configura, entre otras razones, cuando al demandado se le condena por cantidad superior, o por objeto distinto del pretendido en la demanda o por causa diferente a la invocada en la misma.

Circunstancia que también podría encuadrarse en la causal de falta de competencia, en este caso, en cuanto el juez se pronuncia por fuera de los límites impuestos en la causa petendi.

(…)

En el primer caso, se trata de la congruencia externa de la sentencia. Se puede identificar porque en líneas generales es lo que preceptuaba el artículo 170 del C.C.A., y las normas del procesal civil, según los cuales el fallo debe estar en armonía con lo pedido y alegado tanto por la parte demandante como por la parte demandada. Y, en el segundo evento, corresponde a la congruencia interna, que es la coherencia que ha de existir entre lo dispuesto en la parte resolutiva y lo argüido en la parte motiva de la providencia.

(…)

En este orden de ideas, esta Sala Especial advierte, conforme a lo expuesto, que la causal de revisión contenida en el numeral 5º del artículo 250 del CPACA -antes 6 del artículo 188 del C.C.A.-, es decir, nulidad originada en la sentencia, se puede configurar cuando el fallo objeto de revisión ha desatendido la congruencia interna y/o la externa, pues, en uno y otro caso, el fallador incurre en una clara violación del debido proceso, artículo 29 constitucional, dado que la providencia proferida en esos términos resulta contraria a las formas propias de cada juicio, en específico, la falta de competencia del juez para abordar asuntos frente a los cuales no se podía pronunciar.

(…)

Fuerza concluir, entonces, que la sentencia debe ser objeto de revisión cuando falta al principio de congruencia, es decir, cuando aquella carece de la coherencia externa o interna, razón suficiente para calificar de inválida la decisión, porque el fallador excede su competencia, la que se repite está determinada por los cargos y pretensiones de la demanda.” (Negrilla fuera de texto)

79. De acuerdo con lo anterior, como existe un mecanismo judicial idóneo de defensa de los intereses del accionante, no se estudiará este cargo planteado en la tutela, toda vez que el juez constitucional no puede pronunciarse sobre el fondo de esta pretensión, pues ello implicaría reemplazar al juez ordinario, a quien el legislador le confirió la potestad de resolver los recursos extraordinarios de revisión.

2.4.4. Generalidades del defecto sustantivo

80. La Corte Constitucional, ha explicado que el defecto sustantivo se presenta cuando “la autoridad judicial aplica una norma claramente inaplicable al caso o deja de aplicar la que evidentemente lo es, u opta por una interpretación que contraríe los postulados mínimos de la razonabilidad jurídica”.

81. Puntualmente, lo configuran los siguientes supuestos:

El fundamento de la decisión judicial es una norma que no es aplicable al caso concreto, por impertinente o porque ha sido derogada, es inexistente, inexequible o se le reconocen efectos distintos a los otorgados por el Legislador.
No se hace una interpretación razonable de la norma.
La disposición aplicada es regresiva o contraria a la Constitución.
El ordenamiento otorga un poder al juez y este lo utiliza para fines no previstos en la disposición.
La decisión se funda en una interpretación no sistemática de la norma .
Se afectan derechos fundamentales, debido a que el operador judicial sustentó o justificó de manera insuficiente su actuación.

82. Procederá entonces el amparo constitucional cuando se acredite la existencia de un defecto sustantivo, en cualquiera de los supuestos que se han presentado anteriormente, siempre que la parte accionante cumpla con la carga argumentativa.

2.4.5. Generalidades del desconocimiento del precedente

83. La Sala precisa que constituye precedente aquella regla creada por una Alta Corte para solucionar un determinado conflicto jurídico, sin que sea necesario un número plural de decisiones en el mismo sentido para que dicha regla sea considerada como precedente. También se considera que constituyen precedente las sentencias de constitucionalidad y las sentencias de unificación expedidas tanto por la Corte Constitucional, como por el Consejo de Estado.

2.4.6. Análisis del caso en concreto

84. En el sub judice la parte actora alega que la autoridad judicial incurrió en los defectos sustantivo y desconocimiento del precedente, al proferir la providencia del 31 de julio de 2018, a través de la cual el Tribunal Administrativo de Sucre confirmó parcialmente la decisión de primera instancia proferida el 27 de junio de 2014 por el Juzgado Tercero Administrativo de Descongestión del Circuito Judicial de Sincelejo, que accedió a las pretensiones de la demanda del medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho que el actor inició contra Corpomojana, en tanto modificó y revocó los siguientes ordinales:

“SEGUNDO: MODIFÍCASE el numeral TERCERO de la providencia el cual quedará así:

“Como consecuencia de la nulidad anterior y a título de restablecimiento del derecho, condénese a la CORPORACIÓN PARA EL DESARROLLO SOSTENIBLE DE LA MOJANA Y EL SAN JORGE – CORPORMOJANA, a pagar al accionante todos los salarios, prestaciones sociales y emolumentos a que tiene derecho desde la fecha en que se efectuó su desvinculación hasta el 30 de junio de 2012, teniendo en cuenta la última asignación básica percibida por él, descontando lo que durante el período de desvinculación haya percibido como retribución por cualquier concepto laboral, público o privado, dependiente o independiente.”

TERCERO: REVÓCASE el numeral CUARTO de la mencionada providencia, por lo dicho en la parte motiva.”

85. El citado numeral cuarto revocado rezaba: “se entenderá que no ha existido solución de continuidad en la relación del demandante y el demandado”.

86. En el fallo de primera instancia del presente trámite constitucional, esto es, el del 11 de abril de 2019 proferido por la Sección Segunda, Subsección B del Consejo de Estado, se ampararon los derechos fundamentales del actor al considerar que el “Tribunal Administrativo de Sucre incurrió en defecto fáctico cuando profirió la sentencia de 31 de julio de 2018, habida cuenta que desbordó su autonomía judicial al haber afirmado que la continuidad del señor Teobaldo de Jesús Núñez Rodríguez dependía esencialmente de la permanencia de su nominador, debido a la especial confianza que representaba el desempeño del cargo. Hecho este, que a su vez devino en la existencia de un yerro sustantivo, por cuanto aplicó en forma arbitraria el ordenamiento jurídico, especialmente las normas referentes a la desvinculación de los servidores públicos nombrados en cargos de libre nombramiento y remoción; con ocasión de pronunciarse respecto del restablecimiento del derecho en su favor”. (Negrilla fuera de texto).

87. En este orden de ideas, la Sala destaca que en los fundamentos de derecho en los cuales el señor Núñez Rodríguez sustentó su escrito de tutela no hizo alusión a un defecto fáctico, sus argumentos estuvieron enfocados a un defecto sustantivo por cuanto, a su juicio, se desconoció su derecho a ser reintegrado y se restringió el período de tiempo en que se debió restablecer el derecho; es decir, desde la fecha en que ocurrió su desvinculación hasta el momento en el cual su nominador cumplió su período de permanencia en la entidad, sin justificación legal alguna, pues en el ordenamiento jurídico no existe un norma que regule tal situación.

88. Frente a este cargo, agregó que la permanencia en un cargo de libre nombramiento y remoción no depende de la continuidad de la persona que realizó el nombramiento, pues hacerlo implicaría desconocer situaciones como el buen desempeño, el conocimiento, las cualidades y calidades académicas y profesionales que propende por una adecuada gestión pública.

89. Así mismo, sostuvo que la providencia atacada incurrió en desconocimiento del precedente porque la decisión de limitar temporalmente el restablecimiento y descontar las sumas percibidas por el demandante como retribución por cualquier concepto laboral no tiene sustento en los pronunciamientos de la Sección Segunda del Consejo de Estado o de la Sala Plena de la referida Corporación. Es decir, sobre este cargo el accionante no especificó una providencia en especial.

90. De esta manera, la Sala precisa que no comparte el amparo a los derechos fundamentales de la parte actora, en tanto el a quo consideró que el Tribunal incurrió en un defecto fáctico pues dicho cargo no fue presentado por el accionante y por esta razón, es claro que no cumplió con la correspondiente carga argumentativa que se requiere para demostrar que la autoridad judicial accionada incurrió en el mismo.

91. Lo anterior si se tiene en cuenta, que el señor Teobaldo de Jesús no señaló ninguno de los eventos para la configuración del defecto fáctico los cuales tienen que ver con: i) la omisión de decretar o practicar pruebas indispensables para fallar el asunto; ii) el desconocimiento del acervo probatorio determinante para identificar la veracidad de los hechos alegados por las partes; iii) la valoración irracional o arbitraria de las pruebas aportadas; y iv) dictar sentencia con fundamento en pruebas obtenidas con violación del debido proceso.

92. Ahora bien, la providencia de primera instancia de esta acción de tutela fue impugnada por los Magistrados del Tribunal Administrativo de Sucre en tanto, en su sentir, se brindó una solución jurídica de manera razonable y bajo su autonomía judicial de cómo debía restablecerse el derecho de los empleados de libre nombramiento y remoción pues hasta el momento en que dictó la sentencia cuestionada nada se había dicho.

93. En ese sentido, consideró que para el caso concreto no se podían aplicar las reglas previstas para los casos de empleos provisionales ni de carrera administrativa, razón por la cual decidió crear una regla que respondiera a los principios y valores constitucionales; esto es, que la persona nombrada en el cargo de libre nombramiento y remoción subsista “mientras quien depositó su confianza con la designación, permanezca en el cargo, sin que esto implique una posición peligrosista o atentatoria de derechos laborales, sino más bien acorde con la realidad del empleo público de libre nombramiento y remoción y con la noción de reparación integral (…) el parámetro de restablecimiento del derecho no puede extenderse por más tiempo que aquel por el cual se podía mantener, pues, es un hecho cierto que el cambio del nominador, normalmente – regla de la experiencia, por ende, de la sana crítica – conlleva al cambio de lo colaboradores del mismo, siendo este límite de permanencia, el que en verdad asiste a empleados como el considerado.”

94. Finalmente, dijo que en materia de indemnización no puede considerarse “el pago de los salarios dejados de percibir desde el momento de su insubsistencia hasta cuando sea efectivamente reintegrado” como en su momento lo estableció la Corte Constitucional en sentencia T - 372 de 2012, en tanto la sentencia SU – 556 de 2014 previó que las reglas aplicables a los cargos en provisionalidad sobre los cuales también existe inestabilidad, los cuales podían tenerse en cuenta para los cargos de libre nombramiento y remoción “a título indemnizatorio, pagar el equivalente a los salarios y prestaciones dejados de percibir hasta el momento de la sentencia, descontando de ese monto las sumas que por cualquier concepto laboral, público o privado, dependiente o independiente, haya recibido la personal, sin que la suma a pagar por la indemnización sea inferior a seis (6) meses ni pueda exceder de veinticuatro (24) meses de salario. (…) Atendiendo este precedente jurisprudencial, la Sala dispondrá que la Nación – Procuraduría General de la Nación con cargo a su propio presupuesto cancele los salarios y prestaciones sociales sin solución de continuidad desde que se ejecutó la sanción de destitución 21 de julio de 2011 hasta el 21 de julio de 2013, que es el término máximo que reconoce la Corte Constitucional para los empleados que tienen estabilidad relativa, de ahí que se haga extensiva esta tesis para los servidores de libre nombramiento y remoción cuya permanencia es precaria o retribuida.”

95. A juicio de esta Sala, los cargos propuestos están íntimamente relacionados, razón por la cual se hará un análisis en conjunto de estos y para tales efectos, se hace indispensable tener en cuenta los fundamentos que constan en la providencia cuestionada, esto es la del 31 de julio de 2018 luego de que la autoridad judicial accionada consideró que el acto administrativo demandado era nulo:

“No obstante, habrá lugar a modificar el restablecimiento del derecho ordenado por el A quo, por cuanto, atendiendo a que el cargo desempeñado por el demandante reviste la connotación de libre nombramiento y remoción en virtud de la especial confianza dependía del Director General de la Corporación para el Desarrollo Sostenible de la Mojana y el San Jorge “CORPOMOJANA”, no procede su reintegro y el pago de salarios y prestaciones no puede extenderse más allá del tiempo que este funcionario, que es de período, permaneciera en su cargo.

En el asunto, se encuentra demostrado que el Señor (sic) Miguel Andrés Palencia, fue nombrado como Director de CORPOMOJANA, por el término de tres (3) años contados a partir del 1° de enero de 2007, según consta en el Acuerdo 020 de diciembre 29 de 2008.

También, que dicho período se prorrogó hasta el 30 de junio de 2012, en virtud del Decreto Ley 3665 de septiembre 26 de 2011, según se desprende de la Resolución 167 del 30 de diciembre de 2011.

Así mismo, que el mencionado Señor (sic) Miguel Andrés Palencia, en su condición de Director de CORPOMOJANA, nombró al señor Teobaldo de Jesús Núñez Rodríguez, como Secretario General Grado 16, Código 00307 de dicha Corporación, cargo del cual el mismo funcionario lo declaró insubsistente el 20 de junio de 2011, a partir del día 28 de junio.

En esas condiciones a título de restablecimiento se ordenará el pago de los salarios y prestaciones dejadas de percibir durante el lapso transcurrido entre el 28 de junio de 2011 cuando se produjo su retiro hasta el 30 de junio de 2012, cuando culminó el período de su nominador, con la salvedad de que la liquidación que se efectúe para tal efecto, se descuente las sumas que durante el período de desvinculación haya percibido como retribución por cualquier concepto laboral , público o privado, dependiente o independiente.” (Negrilla fuera de texto).

96. En este sentido, la Sala destaca que no encuentra configurado el defecto sustantivo alegado en el escrito de tutela, por cuanto como el mismo el actor lo plantea, no existe dentro del ordenamiento jurídico una norma que defina de manera expresa la forma como se debe restablecer el derecho de una persona cuyo nombramiento declarado insubsistente es objeto de estudio en la jurisdicción contenciosa administrativa y esta concluye que el acto administrativo carece de legalidad.

97. Si bien es cierto, dentro de las causales de retiro del servicio que consagra el artículo 41 de la Ley 909 de 2004 para quienes desempeñan empleos de libre nombramiento y remoción y de carrera administrativa, no se contempla la regla fijada por la autoridad judicial accionada, también lo es, que la misma fue aplicada en virtud de la autonomía judicial que le asiste al referido Tribunal como principio fundamental de la administración de justicia, para fijar los límites que consideró pertinentes a efectos de establecer el restablecimiento del derecho de la parte demandante con base en la magnitud del daño.

98. Lo anterior, en consideración a que hasta la fecha en que dictó la sentencia objeto de censura, e incluso a la fecha, no existe una posición unificada frente a la materia y justamente, por esta razón es que tampoco tiene vocación de prosperidad el cargo relacionado con el desconocimiento del precedente, dado que el actor tampoco trajo a colación pronunciamiento alguno con tal connotación que haya sido desconocido por el Tribunal accionado porque el mismo es inexistente y, en ese orden de ideas, la autoridad judicial accionada estaba en libertad de efectuar el análisis normativo y jurisprudencial que encontró procedente.

99. Ahora bien, el a quo de esta tutela citó dentro de sus argumentos la sentencia del 28 de marzo de 2019 a través de la cual indicó que la finalidad del restablecimiento del derecho era retrotraer las cosas a su estado anterior lo que a su juicio, no es otra cosa que ordenar el reintegro del servidor público por cuanto la desvinculación se produjo por acto ilegal de manera que es necesario realizar una ficción legal; no obstante, al revisar el citado caso, la Sala encuentra que esa oportunidad se estudiaba la situación jurídica de una funcionaria de la Procuraduría General de la Nación que ocupaba un cargo de carrera administrativa y fue encargada temporalmente en un cargo superior dentro de la misma entidad, pero que posteriormente fue declarada insubsistente a raíz de la investigación disciplinaria que se inició en su contra.

100. Al declarar la nulidad de los actos administrativos que surtieron el proceso disciplinario se estableció a título de restablecimiento del derecho “(…) a la demandante le asiste el derecho a ser reintegrada en las mismas condiciones, al cargo que ocupaba en la Procuraduría General de la Nación al momento de hacer efectiva la sanción de destitución e inhabilidad por dos años para ejercer funciones públicas y del que fue declarada insubsistente mediante la Resolución 308 de 13 de septiembre de 2002, esto es, de Profesional Universitario, Código 3PU, grado 15” es decir, a su cargo de carrera de administrativa.

101. En esas condiciones, para esta Sección es claro que la providencia que tuvo en cuenta el a quo en sus consideraciones reguló una situación diferente al caso sub examine en tanto el que nos ocupa está relacionado con un cargo de naturaleza distinta, es decir, uno de libre nombramiento y remoción.

102. Frente a las deducciones, el juez de primera instancia de esta acción de tutela consideró que la decisión del Tribunal fue correcta al ordenar los descuentos por concepto de otros empleos, públicos o privados, dependiente o independientes y para tal fin citó la sentencia T- 372 de 2012.

103. Así las cosas, la Sala advierte que el Tribunal Administrativo de Sucre desarrolló una postura razonada y debidamente argumentada en la providencia objeto de censura, pues buscó establecer límites al restablecimiento del derecho para que se reparara de forma real y cierta al daño probado, y para ello, empleó la regla de fijar como límite para el pago de salarios y prestaciones sociales el período de su desvinculación hasta la fecha en que su nominador hizo parte de Corpomojada.

104. Este criterio de limitar el período de indemnización a fin de que el mismo no sea indeterminado e indefinido tiene asidero, como como lo mencionó en el escrito de impugnación la autoridad judicial accionada, en la línea de desarrollo jurisprudencial que ha implementado la Corte Constitucional, sentencia SU – 556 de 2014, que como vimos, concluyó que cuando se estudian casos de empleados que tienen una estabilidad relativa se parte de la base de que su permanencia es precaria, y por ello, no pueden recibir un tratamiento como un empleado de carrera administrativa de quien sí se predica estabilidad laboral.

105. Bajo este análisis, se concluye que la autoridad judicial obró bajo el principio de autonomía judicial ante la ausencia legal y jurisprudencial que existe sobre la materia y, en consecuencia, esta Sección revocará la decisión adoptada en primera instancia que amparó los derechos fundamentales del actor y en su lugar, negará el amparo deprecado.

106. De esta manera, la Sala dejará sin efectos la sentencia de reemplazo que se haya dictado por parte del Tribunal Administrativo de Sucre en virtud del cumplimiento de la orden judicial del 11 de abril de 2019 que falló la de primera instancia dentro del presente trámite constitucional.

5. Conclusión:

107. Por lo anterior, al no encontrar configurados los defectos sustantivos y desconocimiento del precedente alegados por la parte actora, la Sala revocará el fallo del 11 de abril de 2019 proferido por la Sección Segunda, Subsección B del Consejo de Estado que amparó los derechos fundamentales de la parte accionante, para en su lugar, negar las pretensiones de la acción de tutela.

III. DECISIÓN

Por lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Quinta, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley

FALLA:

PRIMERO: NEGAR la solicitud de desvinculación formulada por la Corporación para el Desarrollo Sostenible de la Mojana y el San Jorge – CORPOMOJANA, de conformidad con lo expuesto en la parte motiva de esta providencia.

SEGUNDO: DELCARAR LA IMPROCEDENCIA DE LA ACCIÓN, respecto al cargo relacionado con violación al principio de congruencias, por las razones señaladas a la parte motiva de este proveído.

TERCERO: REVOCAR la sentencia del 11 de abril de 2019, proferida por la Sección Segunda, Subsección B del Consejo de Estado, por medio de la cual, se amparó los derechos fundamentales del señor Teobaldo de Jesús Núñez Rodríguez y, en su lugar, negar el amparo deprecado de conformidad con lo expuesto en este proveído.

CUARTO: Dejar SIN EFECTOS la sentencia de reemplazo que en virtud del cumplimiento del fallo de tutela de primera del 11 de abril de 2019 el Tribunal Administrativo de Sucre haya dictado, de conformidad con lo expuesto en este proveído.

QUINTO: NOTIFICAR a las partes y los intervinientes en la forma prevista en el artículo 30 del Decreto 2591 de 1991.

SEXTO: Dentro de los diez (10) días siguientes a la ejecutoria de esta providencia, envíese el expediente a la Corte Constitucional para su eventual revisión, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 32, inciso 2° del Decreto 2591 de 1991.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE.

CARLOS ENRIQUE MORENO RUBIO
Presidente

ROCÍO ARAÚJO OÑATE
Magistrada

LUCY JEANNETTE BERMÚDEZ BERMÚDEZ
Magistrada

NUBIA MARGOTH PEÑA GARZÓN
Magistrada (E)

Folio 89 del expediente. Folios 87 y 88 del expediente. Folio 92 del expediente. Folios 97 a 104 del expediente. Folios 105 108 del expediente. Folio 107 y 108 del expediente. Folios 113 y 114 del expediente. Folios 126 del expediente. Folios 128 a 139 del expediente. Al respecto se precisa que, dentro de las pretensiones de la acción de tutela, el actor solicitó en exclusiva la protección del derecho fundamental al debido proceso. Sobre el particular, la Sala advierte que el defecto fáctico no fue expuesto por el señor Teobaldo de Jesús Núñez Rodríguez como fundamento de derecho. Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Segunda, Subsección B, Radicado: 25000-23-25-000-2002-12641-01 (1179-2010); Demandante: Marly María Mosquera Rentería; Demandada: Nación - Procuraduría General de la Nación. Folio 144 del expediente. Reverso del folio 143 del expediente. Folios 161 a 164 del expediente. Folios 166 a 168 del expediente. Consejo de Estado. Sala Plena de lo Contencioso Administrativo. Expediente No. 2009-01328-01. Actora: Nery Germania Álvarez Bello. M.P. María Elizabeth García González. El recuento de esos criterios se encuentra en las páginas 13 a 50 del fallo de la Sala Plena antes reseñada. Se dijo en la mencionada sentencia: “DECLÁRASE la procedencia de la acción de tutela contra providencias judiciales, de conformidad con lo expuesto a folios 2 a 50 de esta providencia”. Consejo de Estado. Sala Plena de lo Contencioso Administrativo. Sentencia del 5 de agosto de 2014, Expediente No. 11001-03-15-000-2012-02201-01 (IJ). Actor: Alpina Productos Alimenticios. M. P. Jorge Octavio Ramírez Ramírez. Sobre el particular, de esta Sección pueden apreciarse entre otras las siguientes providencias: 1) Consejo de Estado, Sección Quinta, sentencia del 1° de diciembre de 2016, C.P. Rocío Araújo Oñate, Rad.11001-03-15-000-2016-03224-00. 2) Consejo de Estado, Sección Quinta, sentencia del 25 de octubre de 2017, C.P. Carlos Enrique Moreno Rubio, Rad. 11001-03-15-000-2017-00617-01. Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, Sala Veintidós Especial de Decisión, providencia del 2 de febrero de 2016, C.P. Alberto Yepes Barreiro, Rad. 11001-03-15-000-2015-02342-00(REV). Corte Constitucional, Sentencia SU-195 del 12 de marzo de 2012. M.P. Dr. Jorge Iván Palacio Palacio. Corte Constitucional, Sentencias SU.159 del 6 de marzo de 2002. M.P. Manuel José Espinosa, T-043 del 27 de enero de 2005, M.P. Marco Gerardo Monroy Cabra, T-295 del 31 de marzo de 2005, M.P. Manuel José Cepeda Espinosa, T-657 del 10 de agosto de 2006, M.P. Marco Gerardo Monroy Cabra, T-686 del 31 de agosto de 2007, M.P. Jaime Córdoba Triviño, T-743 del 24 de julio de 2008, M.P. Manuel José Cepeda Espinosa, T-033 del 1º de febrero de 2010, M.P. Jorge Iván Palacio Palacio, T-792 del 1º de octubre 2010, M.P. Jorge Iván Palacio Palacio entre otras. Corte Constitucional, Sentencia T-189 del 3 de marzo de 2005. M.P. Manuel José cepeda Espinosa
Corte Constitucional, Sentencia T-205 del 4 de marzo de 2004. M.P. Clara Inés Vargas Hernández
Corte Constitucional, Sentencia T-800 del 22 de septiembre de 2006, M.P. Jaime Araujo Rentería
Corte Constitucional, Sentencia T-522 de 2001M.P. Manuel José Cepeda Espinosa
Corte Constitucional, Sentencia SU-159 del 6 de marzo de 2002. M.P. Manuel José Cepeda Espinosa
Corte Constitucional, Sentencias T-051 del 30 de enero de 2009. M.P. Manuel José Cepeda Espinosa y T-1101 del 28 de octubre de 2005, M.P. Rodrigo Escobar Gil
Corte Constitucional, Sentencia T-018 del 22 de enero de 2008, M.P. Jaime Córdoba Triviño
Corte Constitucional, Sentencia T-086 del 8 de febrero de 2007, M.P. Manuel José Cepeda Espinosa
Corte Constitucional, Sentencia T-231 del 13 de mayo de 1994. M.P. Eduardo Cifuentes Muñoz
Corte Constitucional, Sentencia T-807 del 26 de agosto de 2004. M.P. Clara Inés Vargas
Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Segunda, Subsección B, Radicado:

25000-23-25-000-2002-12641-01 (1179-2010); Demandante: Marly María Mosquera Rentería; Demandada: Nación - Procuraduría General de la Nación.

Sigue leyendo

Lee la providencia completa en RuleX

RuleX es la IA para el trabajo legal: inteligencia artificial y software jurídico, todo en una sola plataforma. Crea tu cuenta y RuleX abre esta providencia completa, te explica sus reglas y la lleva a tu escrito con la cita puesta. Siete días de prueba sin tarjeta.