Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Tercera, radicado 11001-03-15-000-2018-04563-01
Consejo de Estado · Sección Tercera
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Consejo de Estado · Sección Tercera
Acción de tutela contra providencia judicial: sentencia de segunda instancia que niega pretensiones
Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Tercera, radicado 11001-03-15-000-2018-04563-01
Consejo de Estado · Sección Tercera
República de Colombia
Consejo de Estado
Sección Tercera
Radicado 11001-03-15-000-2018-04563-01
Consejero ponente: Nicolás Yepes Corrales
8 de abril de 2019
ACCIÓN DE TUTELA CONTRA PROVIDENCIA JUDICIAL – Sentencia de segunda instancia que niega pretensiones / MEDIO DE CONTROL DE NULIDAD Y RESTABLECIMIENTO DEL DERECHO – Reliquidación de pensión de jubilación de docente / AUSENCIA DE DEFECTO SUSTANTIVO - Adecuada aplicación normativa / RÉGIMEN PENSIONAL DEL DOCENTE - Leyes 33 y 62 de 1985 para los vinculado antes de la ley 812 de 2003 / DESCONOCIMIENTO DEL PRECEDENTE - Inexistencia / APLICACIÓN DEL PRINCIPIO DE AUTONOMÍA JUDICIAL - Criterio expuesto en la sentencia de unificación del 28 de agosto de 2018 del Consejo de Estado / FACTORES A TENER EN CUENTA PARA LA LIQUIDACIÓN PENSIONAL - Aquellos objeto de cotización / AUSENCIA DE VULNERACIÓN DE DERECHOS FUNDAMENTALES
[R]evisada la providencia que ahora es objeto de tutela, esto es, la proferida el 31 de octubre de 2018 por el Tribunal Administrativo del Valle del Cauca, se encuentra que para adoptar su decisión, dicho Tribunal tuvo en cuenta el criterio que ha venido usando la Corte Constitucional relativo al régimen pensional y las reglas de transición sobre los factores salariales a incluir en el ingreso base al liquidar su pensión de jubilación. (…) encuentra la Sala que contrario a lo que ahora afirma la tutelante, el Tribunal Administrativo del Valle del Cauca adoptó su decisión con fundamento en la sentencia de unificación de Sala Plena de esta Corporación y con base en las pruebas arrimadas al plenario, a partir de las cuales, encontró demostrado que la liquidación de la pensión de vejez que le había sido reconocida a la accionante por medio de la Resolución No. 4143.0.21.10462 de 8 de noviembre de 2010, incluyó los factores salariales sobre los cuales la accionante acreditó los aportes realizados y que sobre estos fue que determinó el ingreso base de liquidación. Pero además, se encuentra demostrado que la decisión adoptada por dicho Tribunal se ajusta al criterio general fijado por la Corte Constitucional, que deriva en que las pensiones de los docentes deben liquidarse conforme a los factores salariales frente a los cuales se realizaron efectivamente los aportes, en la aplicación de las Leyes 33 y 62 de 1985, para concluir que solo se deberían tener en cuenta los factores salariales sobre los cuales se realizaron los aportes pensionales. En este orden de ideas, se demuestra que el Tribunal Administrativo del Valle del Cauca adoptó su decisión sujetándose régimen pensional que consideró aplicable y que sustento suficientemente con base en su sana crítica, en las reglas de la lógica y de la experiencia y en ejercicio de su autonomía judicial. En conclusión, con la sentencia del 31 de octubre de 2018 el Tribunal Administrativo del Valle del Cauca no incurrió en un defecto sustantivo por apartarse del precedente judicial relativo al régimen pensional aplicable a los docentes nacionales, ni el correspondiente a los factores salariales a tener en cuenta para liquidar sus pensiones.
FUENTE FORMAL: LEY 100 DE 1993 - ARTÍCULO 279 / LEY 812 DE 2003 - ARTÍCULO 81 / PARÁGRAFO TRANSITORIO DEL ACTO LEGISLATIVO 01 DE 2005
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN TERCERA
SUBSECCIÓN C
Consejero ponente: NICOLÁS YEPES CORRALES
Bogotá, D.C., ocho (08) de abril de dos mil diecinueve (2019)
Radicación número: 11001-03-15-000-2018-04563-01(AC)
Actor: BETTSY CAROLA CAMACHO LOZANO
Demandado: TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DEL VALLE DEL CAUCA
Asunto: Acción de Tutela – Segunda instancia
Tema: Ingreso Base de Liquidación en pensiones de jubilación de docentes.
Subtema 1: Consideraciones generales sobre la procedencia de la acción de tutela contra providencias judiciales - Requisitos Generales de habilitación de la tutela contra providencias judiciales - Requisitos específicos de procedibilidad de la tutela contra providencias judiciales - Marco legal y jurisprudencial del régimen pensional aplicable a docentes - Factores salariales a tener en cuenta para liquidar la pensión de docentes.
Sentido del fallo de tutela: Se niega la solicitud de amparo constitucional porque no se acreditó una vulneración de los derechos fundamentales de la accionante.
La Sala decide la impugnación interpuesta por Bettsy Carola Camacho Lozano en contra del fallo de tutela proferido por la Sección Quinta del Consejo de Estado el 14 de febrero de 2019, de acuerdo con el Decreto 1983 de 2017.
I. ANTECEDENTES
1.1.- La Solicitud de tutela
Bettsy Carola Camacho Lozano, actuando en nombre propio, interpuso acción de tutela en contra del Tribunal Administrativo del Valle del Cauca el 6 de diciembre de 2019, con el objeto de que se amparen sus derechos fundamentales a la seguridad social y a la igualdad, los cuales consideró vulnerados con la providencia proferida el 31 de octubre de 2018, al configurarse un defecto sustantivo por desconocimiento del precedente jurisprudencial.
1.2.- Hechos en los que fundamenta la solicitud de amparo constitucional
1.2.1.- Mediante Resolución No. 4143.0.21.10462 del 8 de noviembre de 2010, la Secretaría de Educación del municipio de Santiago de Cali le reconoció a Bettsy Carola Camacho Lozano una pensión de vejez en cuantía mensual de $1.596.767 M/cte.
1.2.2.- La accionante mediante escrito radicado el 6 de septiembre de 2016, solicitó la revisión de la citada resolución con el fin de que fueran incluidos todos los factores salariales devengados por ella durante el año inmediatamente anterior a la fecha en la que adquirió la condición de pensionada, es decir, a partir del 28 de febrero de 2010. Dicha petición fue negada por la Secretaría de Educación del municipio de Santiago de Cali, mediante Resolución No. 4143.010.21.1110 de 13 de febrero de 2017.
1.2.3.- La accionante presentó demanda en ejercicio de la acción de nulidad y restablecimiento del derecho contra la Nación - Ministerio de Educación -Secretaría de Educación del municipio de Santiago de Cali - Fondo de Prestaciones Sociales del Magisterio y Fiduprevisora S.A., solicitando que se declarara la nulidad absoluta de la referida resolución y que en consecuencia se ordenara la reliquidación de su pensión de jubilación incluyendo en ella todos los factores salariales devengados durante el último año de servicios.
1.2.4.- Por medio de la sentencia del 24 de noviembre de 2017 el Juzgado Tercero Administrativo Oral de Cali declaró la nulidad de la Resolución No. 4143.010.21.1110 de 13 de febrero de 2017 y en consecuencia ordenó reliquidar la pensión de jubilación de Bettsy Carola Camacho Lozano, en el equivalente al 75% del salario devengado en el año inmediatamente anterior a la adquisición del estatus pensional, incluyendo todos los factores salariales devengados.
Para adoptar esa decisión consideró: i) Que teniendo en cuenta que a la accionante se le aplicaba el régimen pensional contenido en la Ley 91 de 1989, las prestaciones económicas y sociales serían las establecidas en las normas vigentes aplicables para los empleados públicos del orden nacional. ii) Agregó que a los docentes nacionalizados, de acuerdo con lo establecido en dicha ley, se les debe aplicar el régimen pensional del que venían gozando en cada entidad territorial (artículo 6, inciso 3º Ley 60 de 1993). iii) En consecuencia, el monto de la pensión debería incluir la totalidad de los factores salariales devengados durante el año anterior a la consolidación del estatus de pensionado, con independencia de que se hubieran efectuado o no las cotizaciones. Enfatizó que dicha lista no tiene carácter taxativo sino simplemente enunciativo, y que se debe entender que para la determinación del IBL, deben incluirse todos los factores que constituyan salario, es decir toda retribución directa percibida por el trabajador de manera habitual y periódica por los servicios prestados. iv) Concluyó que, al haberse realizado la solicitud de reliquidación el 6 de septiembre de 2016, habría lugar a declarar la prescripción de mesadas causadas antes del 6 de septiembre de 2013.
1.2.5.- Contra dicha decisión las accionadas presentaron, en la oportunidad procesal debida, recurso de apelación. En sentencia del 31 de octubre de 2018 el Tribunal Administrativo el Valle del Cauca, Sala Segunda de Decisión Oral, revocó la sentencia apelada, argumentando que conforme con las Leyes 33 y 62 de 1985, aplicables al sub judice, para la liquidación de la pensión de vejez se tendrán en cuenta sólo los factores salariales enlistados en dichas normas pero siempre y cuando sobre ellos se hayan efectuado las cotizaciones respectivas.
1.3.- Fundamentos de la solicitud de amparo constitucional
1.3.1.- Bettsy Carola Camacho Lozano alega que con la sentencia del 31 de octubre de 2018, el Tribunal Administrativo del Valle del Cauca vulneró sus derechos fundamentales a la seguridad social y a la igualdad, al no ordenar la reliquidación de la pensión de vejez con la inclusión de todos los factores salariales devengados durante el último año de prestación de servicios; desconocer el precedente judicial relativo a la inclusión de todos los factores que constituyen salario en el ingreso base de liquidación para la situación de pensionados vinculados con anterioridad a la entrada en vigencia de la Ley 812 de 2003; y fundar su decisión en lo expuesto en las sentencias C-258 de 2013 y SU- 230 de 2015.
1.3.2.- Como requisito específico, alegó el defecto sustantivo por desconocimiento del precedente judicial, con fundamento en los siguientes argumentos:
1.3.2.1.- Manifestó que el Tribunal Administrativo del Valle del Cauca incurrió en defecto sustantivo, por desconocer el precedente judicial vertical y horizontal relativo al contenido y alcance del régimen pensional establecido en la Ley 33 de 1985, más específicamente el relacionado con los factores salariales a incluir en el ingreso base de liquidación de las pensiones de docentes afiliados al Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio, en especial las sentencias de unificación proferidas por la Sección Segunda del Consejo de Estado i) el 4 de agosto de 2010, bajo el radicado No. 25000-23-25-000-2006-07509-01 (0112-09); ii) el 25 de febrero de 2016 bajo el radicado No. 25000-23-42-000-2013-01541-01 (4683-13) y; iii) el 28 de agosto de 2018, bajo el radicado No. 52001-23-33-000-2012-00143-01.
1.3.2.2.- Alegó que también se desconoció el precedente judicial fijado por las diferentes secciones de esta Corporación en los fallos de tutela expedidos iv) el 8 de febrero de 2018, bajo el radicado No. 11001-03-15-000-2017-03146-00; v) el 10 de mayo de 2018 bajo el radicado No. 11001-03-15-000-2018-00518-00 y; vi) el 19 de julio de 2018, bajo el radicado No. 11001-03-15-000-2018-01861-00.
1.3.2.3.- Concluyó que la sentencia de unificación de la Sala Plena del Consejo de Estado del 28 de agosto de 2018 reconoce que a los docentes no se les aplica el régimen de transición previsto en la Ley 100 de 1993 y que, por lo tanto, la reliquidación pensional en favor de esta categoría especial de trabajadores deberá incluir todos los factores salariales.
1.3.2.4.- Expresó además que la Sala de Decisión Oral del Tribunal Administrativo del Valle del Cauca vulneró el parágrafo transitorio 1º del Acto Legislativo No. 01 de 2005 y el artículo 81 de la Ley 812 de 2002, disposiciones conforme a las cuales el régimen pensional aplicable a los docentes nacionales, nacionalizados y territoriales, vinculados al servicio público educativo oficial es el previsto en las Leyes 33 y 62 de 1985.
1.4.- Trámite Procesal del amparo constitucional
Por medio de auto del 11 de diciembre de dos mil 2019 la Sección Quinta del Consejo de Estado admitió la solicitud de amparo constitucional presentada por Bettsy Carola Camacho Lozano, ordenó su notificación a los magistrados de la Sala Primera de Decisión del Tribunal Administrativo del Valle del Cauca y vinculó como terceros interesados al Juzgado Tercero Administrativo del Circuito de Cali, al Ministro de Educación Nacional en su condición de presidente del Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio, al representante legal de Fiduprevisora S.A. y al secretario de Educación de Cali.
1.5.- Contestaciones e intervenciones de terceros
1.5.1.- Efectuadas las respectivas comunicaciones y notificaciones el Ministerio de Educación Nacional manifestó en su escrito de contestación que no se vulneraron los derechos fundamentales en la decisión del Tribunal de instancia y que al acoger éste la posición de la Corte Constitucional lo único que quedaba demostrado era la evolución del tema de manera acorde con el ordenamiento constitucional vigente. Reiteró que el mecanismo de amparo no era viable en el caso de autos y alegó como excepción su falta de legitimación por pasiva.
1.5.2.- En su momento, Fiduprevisora S.A. consideró que la tutela era improcedente por ausencia absoluta de las causales genéricas y específicas de procedibilidad de ésta.
1.5.3.- El Tribunal Administrativo del Valle del Cauca alegó que la sentencia proferida por esa Corporación había acatado los postulados normativos y jurisprudenciales aplicables a este tipo de casos y que la decisión adoptada no incurrió en un defecto sustantivo por desconocimiento del precedente sino que por el contrario al momento de fallar, la Sala había tenido en cuenta todos los elementos de juicio arrimados al proceso y analizado tanto los medios de convicción allegados por las partes como los debidamente recaudados en el trámite del mismo para resolver de fondo el asunto sometido a su consideración.
1.6.- Sentencia Objeto de impugnación
Mediante sentencia del 14 de febrero de 2019, la Sección Quinta del Consejo de Estado negó el amparo solicitado.
Consideró que el Tribunal demandado realizó un análisis del marco normativo del régimen pensional de los docentes estatales, en el que inició por advertir que esos están exceptuados del régimen de seguridad social previsto en la Ley 100 de 1993, por expresa disposición del artículo 279, excepción posteriormente reafirmada en el Acto Legislativo 01 de 2005. Y que, esos elementos de juicio lo llevaron a concluir que a los docentes vinculados al servicio antes de la Ley 812 de 2003, como en el caso de la actora, se les debía respetar el régimen pensional anterior, en decir, el previsto en la Ley 91 de 1989, norma que a su turno, remitió a la Ley 33 de 1985.
Por lo tanto, a juicio del Juez constitucional, el Tribunal no incurrió en el desconocimiento del precedente de la sentencia del 4 de agosto de 2010, sino que por el contrario, ante la falta de una posición unificada del Consejo de Estado frente a los factores a incluir para calcular el IBL a efectos de la liquidación de los docentes afiliados al Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio, el juzgador aplicó el criterio constitucional que defiende la tesis de que para la reliquidación pensional de esta categoría de trabajadores, deben tenerse en cuenta sólo los factores salariales sobre los cuales se haya cotizado.
Por último, mencionó que la sentencia de unificación del 28 de agosto de 2018, advirtió que el régimen especial previsto para los trabajadores del Estado no era aplicable “a los docentes afiliados al Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio”. Y afirmó además que si bien la jurisprudencia de la Corte Constitucional no se pronunció en concreto sobre el régimen aplicable a los docentes, lo cierto es que, indicó que en procura de la sostenibilidad financiera del sistema pensional, todas las pensiones, independientemente del régimen que les sea aplicable, deben liquidarse conforme a los factores salariales frente a los cuales se realizaron efectivamente los aportes.
II.- CONSIDERACIONES
2.1.- Competencia
Esta Subsección es competente para conocer de la impugnación interpuesta por Bettsy Carola Camacho Lozano en contra la sentencia proferida el 14 de febrero de 2019 por la Sección Quinta del Consejo de Estado, de conformidad con lo establecido en el artículo 86 de la Constitución Política, el numeral 5 del artículo 2.2.3.1.2.1, de los Decretos Nos. 1069 de 2015 y 1983 de 2017 y el Acuerdo No. 377 del 11 de diciembre de 2018 de la Sala Plena del Consejo de Estado.
2.2- Problema jurídico
2.2.1.- Le corresponde a la Sala determinar si con la decisión adoptada el 31 de octubre de 2018, el Tribunal Administrativo del Valle del Cauca vulneró los derechos fundamentales alegados por la accionante, al incurrir en un defecto sustantivo por desconocimiento del precedente judicial.
2.2.2.- Para resolver el problema jurídico así planteado se procederá en primer lugar, a verificar si se cumplen los requisitos generales o habilitantes de la acción de tutela contra providencias judiciales.
2.2.3.- De encontrar una respuesta afirmativa, se determinará sí con la decisión adoptada el 31 de octubre de 2018 el Tribunal Administrativo del Valle del Cauca, incurrió en un defecto sustantivo por desconocimiento del precedente judicial. Para ello, se reiterará el marco legal y jurisprudencial aplicable a los docentes y, posteriormente, se pasara a resolver el caso concreto.
3.- Consideraciones generales de procedencia de la acción de tutela contra providencias judiciales
Por medio de la sentencia C-590 de 2005, la Corte Constitucional precisó que la tutela contra providencias judiciales no sólo se constituía en un mecanismo de garantía y protección de derechos fundamentales, cuando éstos se han visto amenazados o vulnerados por la acción u omisión de una autoridad judicial, sino también en un avance frente a los valores y principios que orientan el estado social y democrático de derecho.
Resaltó igualmente, que en aras de garantizar los principios constitucionales a la seguridad jurídica, la cosa juzgada y la autonomía judicial, el mecanismo de la tutela contra providencias judiciales sólo procede de forma excepcional y en su ejercicio y trámite, la función del juez de tutela es la protección de los derechos fundamentales que se han visto vulnerados con una providencia judicial.
Esta Corporación, a través de la sentencia de unificación de jurisprudencia proferida el cinco (5) de agosto de dos mil catorce (2014) acogió y reiteró la postura ya fijada por la Corte Constitucional en la sentencia referida, dejando claro que con la acción constitucional de tutela contra providencias judiciales no se vulneraba ni la autonomía e independencia judicial, ni el principio del Juez natural, pues dicho mecanismo no se constituía en una “instancia adicional” y su ejercicio tampoco daba lugar a que el Juez de tutela se convirtiera “en el intérprete máximo de la legalidad ni [puede] suplantar al juez natural en su función esencial como juez de instancia”.
De esta forma, se entiende que conforme a los postulados fijados por la Corte Constitucional y posteriormente acogidos por la Sala Plena de ésta Corporación, la acción constitucional de tutela procede de forma excepcionalísima en contra de las providencias judiciales y siempre y cuando se verifique el cumplimiento de ciertos requisitos genéricos y específicos de procedibilidad.
Los requisitos generales de procedibilidad son exigibles en su totalidad, porque la ausencia de alguno de ellos impide el estudio de fondo de la vía de hecho planteada. Ello son los siguientes: (i) La cuestión que se discute tiene relevancia constitucional; (ii) se agotaron todos los medios de defensa judicial con los que cuenta la persona afectada; (iii) se cumple el requisito de inmediatez; (iv) si se alega una irregularidad procesal, la misma debe ser determinante; (v) se expresaron de manera clara los hechos y argumentos que controvierten la providencia bajo estudio; y (vi) la providencia objeto de la presente acción no fue dictada dentro de una acción de tutela.
Causales específicas: Las causales específicas de procedencia de la acción de tutela contra providencia judicial son aquellos defectos o errores en los cuales puede incurrir la decisión cuestionada. Son las siguientes: (i) Defecto orgánico, que se presenta cuando el juez carece de competencia; (ii) defecto procedimental, el cual ocurre cuando la autoridad judicial actuó al margen del procedimiento establecido; (iii) defecto fáctico, esto es, cuando el juez no tuvo en cuenta el material probatorio obrante en el expediente para proferir decisión; (iv) defecto material o sustantivo, el cual se origina en el evento en que se decida con fundamento en normas inexistentes o inconstitucionales, en contravía de ellas, o existe una evidente y grosera contradicción entre los fundamentos y la decisión; (v) error inducido, cuando la autoridad judicial es víctima de engaño por terceros y el mismo lo condujo a tomar una decisión que afecta derechos fundamentales; (vi) decisión sin motivación, cuando la providencia atacada carece de legitimación debido a que el servidor judicial incumplió su obligación de dar cuenta de los fundamentos fácticos y jurídicos que la soportan; (vii) desconocimiento del precedente judicial, que se configura cuando por vía judicial se ha fijado un alcance sobre determinado tema, y el funcionario judicial, desconoce la regla jurisprudencial establecida. En estos casos eventos, la acción de tutela busca garantizar la eficacia jurídica del derecho fundamental a la igualdad y (viii) violación directa de la Constitución, que deriva del principio de supremacía de la Constitución, el cual reconoce a la Carta fundamental como documento plenamente vinculante y con fuerza normativa.
Finalmente, se precisó que la tutela contra providencias judiciales, como mecanismo de protección y garantía frente a la amenaza o vulneración de derechos fundamentales, procedería una vez verificado el cumplimiento de todos los requisitos generales de procedibilidad y por lo menos uno de los defectos o vicios específicos.
3.1.- Revisión del cumplimiento de requisitos generales o de habilitación de tutela contra providencias judiciales en la presente solicitud de amparo constitucional
3.1.1.- La tutelante cumple con el requisito de evidente relevancia constitucional, teniendo en cuenta que se debe proceder a determinar si la autoridad judicial vulneró los derechos fundamentales alegados por la accionante por desconocer el precedente judicial relativo al alcance e interpretación de la Ley 33 de 1985, más específicamente de los factores salariales a incluir al liquidar la pensión de jubilación en favor de los docentes.
3.1.2.- Se cumple con la subsidiariedad, pues la providencia objeto de impugnación, esto es, la emitida el 31 de octubre de 2018, se dictó en el trámite de segunda instancia y en contra de la misma no resulta procedente ningún otro medio ordinario o extraordinario de impugnación para controvertirla.
3.1.3.- Se acredita la inmediatez, pues la decisión objeto de impugnación se produjo el 31 de octubre de 2018 -dentro del proceso de nulidad y restablecimiento del derecho radicado bajo el No. 76001-33-33-003-2017-00091-00-, fue notificada vía correo electrónico el 19 de noviembre de 2018 y la solicitud de amparo constitucional se presentó el 6 de diciembre de 2018, esto es, dentro de un término razonable.
3.1.4.- En el presente caso, no se verifica ninguna irregularidad procesal que pueda incidir en la decisión, que sea determinante en la providencia objeto de impugnación y que afecte derechos fundamentales de la accionante.
3.1.5.- La Sala encuentra que en el caso bajo examen, Bettsy Carola Camacho Lozano indicó de forma razonable los hechos y los motivos que dieron lugar a la presunta vulneración de sus derechos fundamentales, razones por las que se da cumplimiento al requisito de la motivación.
3.1.6.- La sentencia objeto del mecanismo constitucional se profirió en el trámite de un proceso ordinario de nulidad y restablecimiento del derecho, es decir, no se trata de tutela contra tutela.
3.2.- Requisitos específicos o de procedibilidad de la tutela contra providencias judiciales
Verificado el cumplimiento de los requisitos generales o de habilitación de la tutela contra providencias judiciales, para su procedencia se requiere corroborar el cumplimiento de al menos uno de los defectos o vicios de carácter específico alegados.
En el presente asunto, alega la tutelante que el Tribunal Administrativo del Valle del Cauca incurrió en un defecto sustantivo por desconocimiento del precedente judicial que le era aplicable, por lo que se pasará a verificar el acaecimiento o no del mismo.
3.2.1.- Defecto sustantivo por desconocimiento del precedente judicial
La Corte Constitucional, ha explicado que el defecto sustantivo se presenta en aquellos casos en que la autoridad judicial funda su decisión en una norma que resulta claramente inaplicable al caso u omite tener en cuenta la que evidentemente lo es, u opta por una interpretación que contraríe los postulados mínimos de la razonabilidad jurídica. De esta manera, ha venido construyendo los distintos supuestos que pueden configurar este defecto conforme a las situaciones fácticas que se exponen:
“(i) Cuando la decisión judicial tiene como fundamento una norma que no es aplicable, ya que (i) no es pertinente HYPERLINK "http://www.corteconstitucional.gov.co/relatoria/2012/SU195-12.htm" \l "_ftn42" \o "" , (ii) ha perdido su vigencia por haber sido derogada, (iii) es inexistente HYPERLINK "http://www.corteconstitucional.gov.co/relatoria/2012/SU195-12.htm" \l "_ftn44" \o "" , (iv) ha sido declarada contraria a la Constitución HYPERLINK "http://www.corteconstitucional.gov.co/relatoria/2012/SU195-12.htm" \l "_ftn45" \o "" , (v) a pesar de que la norma en cuestión está vigente y es constitucional, no resulta adecuada su aplicación a la situación fáctica objeto de estudio, así ocurre por ejemplo cuando se le reconocen efectos distintos a los señalados por el legislador.
(ii) Cuando pese a la autonomía judicial, la interpretación o aplicación de la norma al caso concreto, no se encuentra, prima facie, dentro del margen de interpretación razonable HYPERLINK "http://www.corteconstitucional.gov.co/relatoria/2012/SU195-12.htm" \l "_ftn47" \o "" o el operador judicial hace una aplicación inaceptable de la norma al interpretarla de forma contraevidente -interpretación contra legem- o claramente perjudicial para los intereses legítimos de una de las partes o cuando en una decisión judicial se aplica una norma jurídica de manera manifiestamente errada, sacando del marco de la juridicidad y de la hermenéutica jurídica aceptable tal decisión judicial.
(iii) Cuando no toma en cuenta sentencias que han definido su alcance con efectos erga omnes.
(iv) Cuando la disposición aplicada se muestra injustificadamente regresiva HYPERLINK "http://www.corteconstitucional.gov.co/relatoria/2012/SU195-12.htm" \l "_ftn51" \o "" o contraria a la Constitución.
(v) Cuando un poder concedido al juez por el ordenamiento se utiliza para un fin no previsto en la disposición HYPERLINK "http://www.corteconstitucional.gov.co/relatoria/2012/SU195-12.htm" \l "_ftn53" \o "" .
(vi) Cuando la decisión se funda en una interpretación no sistemática de la norma, omitiendo el análisis de otras disposiciones aplicables al caso HYPERLINK "http://www.corteconstitucional.gov.co/relatoria/2012/SU195-12.htm" \l "_ftn54" \o "" .
(vii) Cuando el operador judicial con una insuficiente sustentación o justificación de la actuación afecta derechos fundamentales.
(viii) Cuando se desconoce el precedente judicial sin ofrecer un mínimo razonable de argumentación que hubiere permitido una decisión diferente de acogerse la jurisprudencia.
(ix) Cuando el juez se abstiene de aplicar la excepción de inconstitucionalidad ante una violación manifiesta de la Constitución siempre que se solicite su declaración por alguna de las partes en el proceso” HYPERLINK "http://www.corteconstitucional.gov.co/relatoria/2012/SU195-12.htm" \l "_ftn57" \o "" .
Por último, la Corte Constitucional ha señalado que una providencia judicial adolece de defecto sustantivo cuando la autoridad jurisdiccional se “aparta del precedente judicial – horizontal o vertical – sin justificación suficiente” pues el precedente es de carácter obligatorio, en atención a que de acuerdo con el artículo 230 de la Constitución Política, los jueces si bien “tienen una autonomía interpretativa e independencia para fallar” deben “hacerlo dentro de los parámetros que les presenta la ley”.
Con fundamento en lo anterior, esa misma Corporación ha precisado que es procedente apartarse del precedente jurisprudencial siempre y cuando se dé cumplimiento a los siguientes requisitos: (i) hacer una referencia expresa, amplia y suficiente del precedente aplicado a casos similares; (ii) exponer las razones suficientes por las que considera que el mismo no resulta ajustado al asunto estudiado.
Por último, esta Corporación ha señalado que cuando un juez se aleja del precedente judicial sin exponer los motivos para hacerlo, tal actuación constituye una vulneración al derecho a la igualdad.
3.2.2.- Marco legal del régimen pensional de docentes
Por medio de la Ley 91 de 1989 se creó el Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio (FNPSM), entidad encargada de reconocer y cancelar en favor de docentes afiliados (orden nacional y nacionalizado) las prestaciones de salud, pensiones y cesantías y de administrar los recursos destinados a esos fines.
Mediante el artículo 15 de la referida ley, se dispuso:
“Artículo 15.- A partir de la vigencia de la presente Ley el personal docente nacional y nacionalizado y el que se vincule con posterioridad al 1 de enero de 1990 será regido por las siguientes disposiciones:
1.- Los docentes nacionalizados que figuren vinculados hasta el 31 de diciembre de 1989, para efectos de las prestaciones económicas y sociales, mantendrán el régimen prestacional que han venido gozando en cada entidad territorial de conformidad con las normas vigentes.
Los docentes nacionales y los que se vinculen a partir del 1 de enero de 1990, para efectos de las prestaciones económicas y sociales se regirán por las normas vigentes aplicables a los empleados públicos del orden nacional, Decretos 3135 de 1968, 1848 de 1969 y 1045 de 1978, o que se expidan en el futuro, con las excepciones consagradas en esta Ley.
2-. Pensiones:
A. Los docentes vinculados hasta el 31 de diciembre de 1980 que por mandato de las Leyes 114 de 1913, 116 de 1928, 37 de 1933 y demás normas que la hubieran desarrollado o modificado, tuviesen o llegaren a tener derecho a la pensión de gracia, se les reconocerá siempre y cuando cumplan con la totalidad de los requisitos. Esta pensión seguirá reconociéndose por la Caja Nacional de Previsión Social conforme al Decreto 081 de 1976 y será compatible con la pensión ordinaria de jubilación, aún en el evento de estar ésta a cargo total o parcial de la Nación
B. Para los docentes vinculados a partir del 1º de enero de 1981, nacionales y nacionalizados, y para aquellos que se nombren a partir del 1º de enero de 1990, cuando se cumplan los requisitos de ley, se reconocerá sólo una pensión de jubilación equivalente al 75% del salario mensual promedio del último año. Estos pensionados gozarán del régimen vigente para los pensionados del sector público nacional”. (Resaltado propio).
De esta forma, se entiende que el régimen pensional aplicable a los docentes nacionales vinculados desde el 1º de enero de 1990, es el contenido en las normas vigentes a las que se sujetan los empleados públicos de orden nacional (Decretos Nos. 3135 de 1968, 1848 de 1969, 1045 de 1978 y sus modificatorios) y que a los docentes nacionalizados vinculados hasta el 31 de diciembre de 1989, se les seguiría aplicando el régimen pensional del que se beneficiaban a nivel territorial.
Ahora bien, para la fecha en la que entró a regir la Ley 91 de 1989, ya se encontraba vigente la Ley 33 del 19 de enero de 1985, que dispuso que los empleados oficiales solo debían tener 55 años de edad y haber prestado 20 años de servicios para acceder al reconocimiento de una pensión de jubilación equivalente al 75% del salario promedio devengado dentro del último año de prestación de servicios y que quienes hubieran cumplido 15 años de prestación de servicios para la fecha en la que entró a regir dicha ley, se sujetarían al régimen pensional anterior.
Por medio de la Ley 62 de 1985 se modificó la referida Ley 33 de 1985 al disponer mediante su artículo 1º que todos los empleados oficiales debían cancelar sus aportes y que la base de liquidación estaría constituida por los factores salariales de asignación básica, gastos de representación, primas de antigüedad, técnica, ascensional y de capacitación; dominicales y feriados; horas extras; bonificación por servicios prestados; y trabajo suplementario o realizado en jornada nocturna o en día de descanso obligatorio.
Por su parte, el inciso 2º el artículo 279 de Ley 100 de 1993 estableció que a los afiliados al Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio no se les aplicaría el régimen general de seguridad social previsto en dicha norma, por lo que a través del artículo 115 de la Ley 115 del 8 de febrero de 1994 “Ley General de Educación”, se señaló que el régimen prestacional de los educadores estatales, sería el previsto en las Leyes 91 de 1989 y 60 de 1993.
Posteriormente, la Ley 812 de 2003 en su artículo 81 señaló que el régimen pensional aplicable a los docentes que estuvieran vinculados al sector público educativo oficial antes del 27 de junio de 2003, era el consagrado para el magisterio en las disposiciones emanadas con anterioridad a la entrada en vigencia de la citada ley.
En ese mismo sentido, el parágrafo transitorio del Acto Legislativo 01 de 2005 dispuso que el régimen pensional de los docentes, vinculados al sector público oficial antes de la entrada en vigencia de la Ley 812 de 2003, era el señalado en las disposiciones legales vigentes hasta entonces.
De ésta forma, se entiende que el régimen pensional aplicable a los docentes nacionalizados se determina en consideración a la fecha de vinculación al servicio educativo estatal y por tal motivo, para aquellos docentes afiliados al Fondo de Prestaciones Sociales del Magisterio que se vincularon antes de la entrada en vigencia de la Ley 812 de 2003, corresponde al establecido en la Ley 33 de 1985 por remisión expresa de la Ley 91 de 1989.
Sin embargo, se resalta, que este régimen resulta aplicable por expresa disposición de la Ley 91 de 1989, sin que se pueda llegar a afirmar que la vigencia de la Ley 33 de 1985 respecto de los docentes oficiales sea consecuencia del régimen de transición previsto en el inciso 2º del artículo 36 de la Ley 100 de 1993, toda vez que, como se dijo, dicha legislación excluyó de forma expresa a los afiliados al Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio.
En éste orden de ideas, teniendo en cuenta que en el asunto que ahora es objeto de la solicitud de amparo constitucional, Bettsy Carola Camacho Lozano se vinculó al servicio público desde el 28 de abril de 1983, es decir, previamente a la entrada en vigencia de la Ley 812 de 2003, esto es, antes del 27 de junio de 2003, le resultaba aplicable el régimen pensional contenido en las Leyes 91 de 1989 y 33 de 1985.
3.2.3.- Jurisprudencia relativa a los factores salariales que deben tenerse en cuenta para liquidar las pensiones de jubilación de docentes.
Mediante las Sentencias C- 258 2013, SU- 230 de 2015 y SU – 395 de 2017, la Corte Constitucional indicó que en aras de garantizar el principio de sostenibilidad fiscal, las pensiones de jubilación debían liquidarse incluyendo en el ingreso base de liquidación los factores salariales frente a los cuales el pensionado realizó efectivamente los aportes, con independencia del régimen pensional que le fuera aplicable.
Por su parte, ésta Corporación ha adoptado varias posiciones en lo relativo a los factores salariales que deben tenerse en cuenta para liquidar las pensiones de jubilación de docentes y el tiempo de servicios, empezando por sostener que al liquidar la pensión de jubilación debían tenerse en cuenta todos los factores salariales percibidos dentro del último año de prestación de servicios, conforme a lo dispuesto en la Ley 33 de 1985, luego señalar que contrario a ello el IBL no hacía parte del régimen de transición y que por tal razón las pensiones de jubilación debían liquidarse teniendo en cuenta los factores salariales contenidos en el artículo 36 de la Ley 100 de 1993
Finalmente, esta Corporación en sentencia de unificación del veintiocho (28) de agosto de dos mil dieciocho (2018) fijó unas subreglas frente a la aplicación del artículo 36 de la Ley 100 de 1993, así:
“94. La primera subregla es que para los servidores públicos que se pensionen conforme a las condiciones de la Ley 33 de 1985, el periodo para liquidar la pensión es:
Si faltare menos de diez (10) años para adquirir el derecho a la pensión, el ingreso base de liquidación será (i) el promedio de lo devengado en el tiempo que les hiciere falta para ello, o (ii) el cotizado durante todo el tiempo, el que fuere superior, actualizado anualmente con base en la variación del Índice de Precios al consumidor, según certificación que expida el DANE.
Si faltare más de diez (10) años, el ingreso base de liquidación será el promedio de los salarios o rentas sobre los cuales ha cotizado el afiliado durante los diez (10) años anteriores al reconocimiento de la pensión, actualizados anualmente con base en la variación del índice de precios al consumidor, según certificación que expida el DANE.
(…)
96. La segunda subregla es que los factores salariales que se deben incluir en el IBL para la pensión de vejez de los servidores públicos beneficiarios de la transición son únicamente aquellos sobre los que se hayan efectuado los aportes o cotizaciones al Sistema de Pensiones”.
No obstante lo anterior, la Corporación ha señalado que en la actualidad no existe una posición unificada sobre los factores salariales que se deben incluir para calcular el IBL a efecto de la liquidación de las pensiones de jubilación de los docentes afiliados al Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio, a diferencia de lo que ocurre con los beneficiarios del régimen de transición previsto en el artículo 36 de la Ley 100 de 1993.
Por ello, la Sección Segunda del Consejo de Estado decidió asumir el conocimiento en el medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho con el fin de unificar la jurisprudencia sobre los siguientes temas:
“1.- Alcance de la subregla fijada sobre los factores salariales que deben incluirse en la liquidación de la mesada pensional bajo el régimen general de la Ley 33 de 1985, en el sentido que: “solo los factores sobre los que se haya realizado el aporte o cotización pueden incluirse como elemento salarial en la liquidación de la mesada pensional”. La Sección Segunda del Consejo de Estado debe definir si esta subregla aplica para los docentes oficiales nacionales y nacionalizados vinculados al Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio cuyo régimen pensional se rige por la Ley 91 de 1989.
2.- Régimen de pensión ordinaria de jubilación de los docentes vinculados al servicio público educativo oficial afiliados al Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio de acuerdo con las reglas señaladas en el artículo 15, numeral 2, literales A y B de la Ley 91 de 1989.
En este tema se debe abordar la interpretación del régimen previsto en los literales A y B de la norma citada, que comprende, según la fecha de vinculación al servicio:
A.- Una pensión ordinaria de jubilación para los docentes vinculados hasta el 31 de diciembre de 1980 que es compatible con la pensión gracia.
B.- Una única pensión de jubilación equivalente al 75% del salario mensual promedio del último año para los docentes vinculados a partir del 1 de enero de 1981, nacionales y nacionalizados, y para aquellos que se nombren a partir del 1o. de enero de 1990, cuando se cumplan los requisitos de ley.
3.- Régimen pensional de prima media establecido en las leyes del Sistema General de Pensiones, aplicable a los docentes en los términos del artículo 81 de la Ley 812 de 2003, en concordancia con el Acto Legislativo 01 de 2005.”
Así las cosas, observa la Sala que en relación con los factores salariales a tener en cuenta para liquidar las pensiones de jubilación de docentes, no existe un único criterio ante las diferentes posturas aplicables fijadas por la jurisprudencia emitida, tanto por la Corte Constitucional, como por ésta Corporación, generando con ello cierta ambigüedad al momento de aplicar las normas respectivas que, ante el carácter vinculante del precedente de una y otra corporación, conduce a que los jueces en ejercicio de su autonomía judicial apliquen los criterios que más se ajusten a los supuestos fácticos de cada caso con una debida motivación,
3.2.4.- Examen del requisito específico de procedibilidad por defecto sustantivo al apartarse del precedente judicial aplicable
Las líneas anteriores ponen de manifiesto que, sobre el salario base de liquidación se presentan diferentes criterios expuestos por la Corte Constitucional y por el Consejo de Estado, lo que implica que los órganos judiciales, en ejercicio de su autonomía, puedan adoptar el criterio que se ajuste a las circunstancias fácticas de cada caso con una suficiente motivación.
En este contexto, revisada la providencia que ahora es objeto de tutela, esto es, la proferida el 31 de octubre de 2018 por el Tribunal Administrativo del Valle del Cauca, se encuentra que para adoptar su decisión, dicho Tribunal tuvo en cuenta el criterio que ha venido usando la Corte Constitucional relativo al régimen pensional y las reglas de transición sobre los factores salariales a incluir en el ingreso base al liquidar su pensión de jubilación.
En efecto, para adoptar su decisión dicho Tribunal observó las normas aplicables al caso y la sentencia de unificación de la Sala Plena del Consejo de Estado del 28 de agosto de 2018, radicado No. 52001-23-33-000-2012-00143-01.
Luego, en aplicación de las reglas y subreglas allí establecidas y de las pruebas arrimadas al expediente, encontró demostrado que Bettsy Carola Camacho Lozano fue vinculada como docente el 28 de abril de 1983, esto es antes del 26 de junio de 2003, fecha de entrada en vigencia de la Ley 812 de 2003. Que mediante Resolución No. 4143..0.21.10462 del 8 de noviembre de 2018 expedida por la Secretaría de Educación del municipio de Santiago de Cali, se le reconoció una pensión mensual vitalicia de jubilación a partir del 1º de marzo de 2010, teniendo en cuenta que tenía una edad de 55 años, un tiempo de servicios de 20 años y un porcentaje de liquidación del 75% del salario promedio mensual devengado durante el último año de servicio anterior a la fecha en que adquirió el estatus pensional, tal y como lo exigen las Leyes 33 y 62 de 1985.
La entidad tuvo en cuenta para determinar el ingreso base de liquidación lo devengado por la trabajadora por concepto de asignación básica promedio, prima de vacaciones y horas extras, que correspondían a lo efectivamente devengado durante el año anterior. Razón por la cual no había lugar a acceder a un nuevo reajuste, ni a obligar a las demandadas a incluir en el IBL las sumas por otros conceptos sobre las cuales no se demostró que hubiese realizado algún aporte.
Así las cosas, encuentra la Sala que contrario a lo que ahora afirma la tutelante, el Tribunal Administrativo del Valle del Cauca adoptó su decisión con fundamento en la sentencia de unificación de Sala Plena de esta Corporación y con base en las pruebas arrimadas al plenario, a partir de las cuales, encontró demostrado que la liquidación de la pensión de vejez que le había sido reconocida a la accionante por medio de la Resolución No. 4143.0.21.10462 de 8 de noviembre de 2010, incluyó los factores salariales sobre los cuales la accionante acreditó los aportes realizados y que sobre estos fue que determinó el ingreso base de liquidación.
Pero además, se encuentra demostrado que la decisión adoptada por dicho Tribunal se ajusta al criterio general fijado por la Corte Constitucional, que deriva en que las pensiones de los docentes deben liquidarse conforme a los factores salariales frente a los cuales se realizaron efectivamente los aportes, en la aplicación de las Leyes 33 y 62 de 1985, para concluir que solo se deberían tener en cuenta los factores salariales sobre los cuales se realizaron los aportes pensionales.
En este orden de ideas, se demuestra que el Tribunal Administrativo del Valle del Cauca adoptó su decisión sujetándose régimen pensional que consideró aplicable y que sustento suficientemente con base en su sana crítica, en las reglas de la lógica y de la experiencia y en ejercicio de su autonomía judicial.
Con todo, se tiene que, contrario a lo que afirma la tutelante, en el presente asunto el Tribunal no vulneró los derechos fundamentales alegados, y que lo que realmente pretende es que se emita un nuevo fallo que sea favorable a sus pedimentos, lo cual resulta del todo improcedente en sede del mecanismo constitucional de amparo de tutela.
Así pues, no resulta de recibo que por medio de la acción de tutela, se busque revivir el análisis jurídico y probatorio efectuado por el juez de segunda instancia dentro del proceso iniciado en ejercicio de la acción de nulidad y restablecimiento del derecho contra la Nación- Ministerio de Educación Nacional y otros, para de esta manera obtener un incremento en el monto de la mesada pensional vitalicia que ya le fue reconocida.
En conclusión, con la sentencia del 31 de octubre de 2018 el Tribunal Administrativo del Valle del Cauca no incurrió en un defecto sustantivo por apartarse del precedente judicial relativo al régimen pensional aplicable a los docentes nacionales, ni el correspondiente a los factores salariales a tener en cuenta para liquidar sus pensiones.
Con fundamento en las consideraciones expuestas, la Sala procederá a negar el amparo constitucional solicitado.
En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado en Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, Subsección C, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley,
RESUELVE:
PRIMERO: CONFIRMAR la sentencia del 14 de febrero de 2019 proferida por la Sección Quinta del Consejo de Estado que negó la solicitud de amparo constitucional, por las razones expuestas en la parte motiva de esta providencia.
SEGUNDO: NOTIFICAR la presente decisión a los interesados por el medio más expedito.
TERCERO: ENVIAR a la Corte Constitucional para su eventual revisión.
CÓPIESE, NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE,
JAIME ENRIQUE RODRÍGUEZ NAVAS
Presidente de Sala
GUILLERMO SÁNCHEZ LUQUE
Magistrado
(Ausente con excusa)
NICOLÁS YEPES CORRALES
Magistrado Ponente
Fls.69-70 del C. Ppal. Por el cual se modifican los artículos 2.2.3.1.2.1, 2.2.3.1.2.4 y 2.2.3.1.2.5 del Decreto 1069 de 2015, Único Reglamentario del sector Justicia y del Derecho, referente a las reglas de reparto de la acción de tutela. Fl.11 del C. Ppal. Fls.1-10 del C. Ppal. Fls. 4 y 5 del C. en préstamo. Fls. 9-12 del C. en préstamo. Fls. 13 y 14 del C. en préstamo. Fls. 15-21 del C. en préstamo. Fls. 98-108 del C. en préstamo. Decretos 3135 de 1968, 1848 de 1969 y 1045 de 1978. Fls. 119-123 del C. en préstamo. Fls.137-144 del C. en préstamo. Fl. 9 del C. Ppal. Según lo preceptuado en el numeral primero del artículo 6 de la Ley 91 de 1989. Como entidad encargada de administrar el Fondo Nacional de prestaciones Sociales del Magisterio. Fls. 10-22 del C. Ppal. Fls. 23 y 24 del C. Ppal. Fls. 28 y 29 del C. Ppal. Fls. 35-37 del C. Ppal.
“ARTICULO 86. Toda persona tendrá acción de tutela para reclamar ante los jueces, en todo momento y lugar, mediante un procedimiento preferente y sumario, por sí misma o por quien actúe a su nombre, la protección inmediata de sus derechos constitucionales fundamentales, cuando quiera que éstos resulten vulnerados o amenazados por la acción o la omisión de cualquier autoridad pública. La protección consistirá en una orden para que aquel respecto de quien se solicita la tutela, actúe o se abstenga de hacerlo. El fallo, que será de inmediato cumplimiento, podrá impugnarse ante el juez competente y, en todo caso, éste lo remitirá a la Corte Constitucional para su eventual revisión. Esta acción solo procederá cuando el afectado no disponga de otro medio de defensa judicial, salvo que aquella se utilice como mecanismo transitorio para evitar un perjuicio irremediable. En ningún caso podrán transcurrir más de diez días entre la solicitud de tutela y su resolución. La ley establecerá los casos en los que la acción de tutela procede contra particulares encargados de la prestación de un servicio público o cuya conducta afecte grave y directamente el interés colectivo, o respecto de quienes el solicitante se halle en estado de subordinación o indefensión”.
“Artículo 2.2.3.1.2.1. Reparto de la acción de tutela.
(…)
5. Las acciones de tutela dirigidas contra los Jueces o Tribunales serán repartidas, para su conocimiento en primera instancia, al respectivo superior funcional de la autoridad jurisdiccional accionada”.
“Por medio del cual se expide el Decreto Único Reglamentario del Sector Justicia y del Derecho”
“Por el cual se modifican los artículos 2.2.3.1.2.1, 2.2.3.1.2.4 y 2.2.3.1.2.5 del Decreto 1069 de 2015, Único Reglamentario del Sector Justicia y del Derecho, referente a las Reglas de Reparto de las Acciones de Tutela”.
“Por medio del cual se modifica el reglamento del Consejo de Estado”
“Su competencia está orientada a proteger los derechos fundamentales vulnerados y a proferir órdenes encaminadas a su restablecimiento. La acción de tutela no puede convertirse en una instancia judicial adicional. Por ello, es importante que el actor cumpla con la carga de identificar razonablemente los hechos que dieron origen a la vulneración de los derechos fundamentales y de argumentar por qué el asunto reviste relevancia constitucional.
(…)
En ese sentido, se reitera, la acción de tutela no puede ser usada como un mecanismo judicial que desplace al juez ordinario en la decisión de la respectiva causa. El juez de tutela no es, ni puede convertirse en el intérprete máximo de la legalidad, ni suplantar al juez natural en su función esencial como juez de instancia. Mucho menos, apropiarse de las jurisdicciones ordinarias y de lo contencioso administrativo ni puede remediar la negligencia de alguna de las partes procesales.” Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, sentencia de 5 de agosto de 2014. Sentencias T-352 de 2012, T-103 de 2014, T-125 de 2012, entre otras.
El Consejo de Estado estableció, como regla general, que el mecanismo de amparo debe promoverse en un plazo máximo de seis meses contados a partir de la notificación o ejecutoria de la sentencia o providencia objeto de reproche constitucional, límite temporal que también ha sido acogido por la Corte Constitucional. Consejo de Estado. Sala Plena. Sentencia de unificación del 05 de agosto de 2014. Rad. 11001-03-15-000-2012-02201-01. Corte Constitucional, Sentencia SU-195 del 12 de marzo de 2012. Sentencias T-343 de 2011, T-138 de 2011, T-792 de 2010, T-364 de 2009, T-808 de 2007 y T-086 de 2007. Sobre el precedente horizontal y vertical, la Corte Constitucional ha señalado: “Esta Corporación ha diferenciado entre dos clases de precedentes, el horizontal y el vertical HYPERLINK "http://www.corteconstitucional.gov.co/relatoria/2014/T-102-14.htm" \l "_ftn23" \o "" , de conformidad con quién es el que profiere la providencia previa. El primero hace referencia a aquellas sentencias fijadas por autoridades de la misma jerarquía o el mismo operador judicial, y el segundo se relaciona con los lineamientos sentados por las instancias superiores encargadas de unificar jurisprudencia dentro de la respectiva jurisdicción o a nivel constitucional. Así, para la mayoría de asuntos, el precedente vertical que deben seguir los funcionarios judiciales es determinado por la Corte Suprema de Justicia o por el Consejo de Estado, como órganos de cierre dentro de su respectiva jurisdicción. En los casos en los que no son susceptibles de ser revisados por las autoridades mencionadas, son los tribunales los encargados de establecer criterios hermenéuticos para los operadores judiciales inferiores”. Corte Constitucional. Sentencia T -794 de 2011, T-082 de 2011, T-209 de 2011 y T -102 de 2014. Corte Constitucional. Sentencia T -102 de 2014. Corte Constitucional. Sentencia T -446 de 2013 y T – 328 de 2018. Consejo de Estado. Sala de lo Contencioso Administrativo. Sección Segunda, Subsección A. Sentencia del 9 de agosto de 2018. Rad. 11001-03-15-000-2018-02377-00(AC).
“ARTÍCULO 81. RÉGIMEN PRESTACIONAL DE LOS DOCENTES OFICIALES. El régimen prestacional de los docentes nacionales, nacionalizados y territoriales, que se encuentren vinculados al servicio público educativo oficial, es el establecido para el Magisterio en las disposiciones vigentes con anterioridad a la entrada en vigencia de la presente ley. Los docentes que se vinculen a partir de la entrada en vigencia de la presente ley, serán afiliados al Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio y tendrán los derechos pensionales del régimen pensional de prima media establecido en las Leyes 100 de 1993 y 7797 de 2003, con los requisitos previstos en él, con excepción de la edad de pensión de vejez que será de 57 años para hombres y mujeres. Los servicios de salud para los docentes afiliados al Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio, serán prestados de conformidad con la Ley 91 de 1989, las prestaciones correspondientes a riesgos profesionales serán las que hoy tiene establecido el Fondo para tales efectos. Fecha de entrada en vigencia de la Ley 812 de 2003”.
“[…] Artículo 1o. Se adicionan los siguientes incisos y parágrafos al artículo 48 de la Constitución Política: […] Parágrafo transitorio 1o. El régimen pensional de los docentes nacionales, nacionalizados y territoriales, vinculados al servicio público educativo oficial es el establecido para el Magisterio en las disposiciones legales vigentes con anterioridad a la entrada en vigencia de la Ley 812 de 2003, y lo preceptuado en el artículo 81 de esta. Los docentes que se hayan vinculado o se vinculen a partir de la vigencia de la citada ley, tendrán los derechos de prima media establecidos en las leyes del Sistema General de Pensiones […]". Corte Constitucional. Sentencia C – 258 del 7 de mayo de 2013. Corte Constitucional. Sentencia SU – 230 del 29 de abril de 2015. Corte Constitucional.
Sentencia SU – 395 del 22 de junio de 2017. Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, Sección Segunda, Sentencia del 4 de agosto de 2010, Expediente: 25000-23-25-000-2006-07509-01, Sentencia del 25 de febrero de 2016, Expediente: 25000-23-42-000-2013-01541-01. Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, Sección Quinta, Sentencia del 15 de diciembre de 2016, Expediente: 11001-03-15-000-2016-01334. Actualmente en sede de tutela, las Secciones Primera y Segunda, no amparan los derechos deprecados en este tipo de asuntos. Ver entre otros, radicados número 11001-03-15-000-2018-02109-01, noviembre 19 de 2018, y 11001-03-15-000-2018-03531-00 del 21 de noviembre de 2018. Corte Constitucional. Sentencia T – 328 de 2018. “Existe un precedente constitucional consolidado según el cual quienes son beneficiarios del régimen de transición previsto en el artículo 36 de la Ley 100 de 1993 tienen la posibilidad de que se les aplique el régimen anterior en lo referente a edad, tiempo de servicios o semanas cotizadas y monto de la pensión, el cual se refiere a la tasa de remplazo. El IBL debe corresponder a lo previsto en la legislación vigente, esto es, el promedio de los factores salariales devengados en los últimos 10 años de servicio”
Radicado número 68001-23-33-000-2015-00569-01, auto del 31 de octubre de 2018. Fls. 7 y 8 del C. en préstamo.
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