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Consejo de Estado · Sección Quinta

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Quinta, radicado 11001-03-15-000-2018-04568-00

Acción de tutela contra providencia judicial

Fecha
28 de febrero de 2019
Consejero ponente
Rocío Araújo Oñate
Citada por
2 providencias

01Lo que resolvió

Ficha de la providencia

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Quinta, radicado 11001-03-15-000-2018-04568-00

Consejo de Estado · Sección Quinta

Parte resolutiva

FALLA: PRIMERO: AMPARAR los derechos fundamentales al debido proceso y al acceso a la administración de justicia, vulnerados por el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Tercera, Subsección A, por incurrir en el defecto fáctico alegado, de acuerdo a lo señalado en esta sentencia. SEGUNDO: En consecuencia, DEJAR sin efectos la providencia del 11 de octubre de 2018 y ORDENAR al Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Tercera, Subsección A, que dentro de los 30 días siguientes a la notificación de esta providencia profiera sentencia de reemplazo, en la que tenga en cuenta las consideraciones contenidas en este fallo. TERCERO: NOTIFICAR a las partes y los intervinientes en la forma prevista en el artículo 30 del Decreto 2591 de 1991. CUARTO: Si no fuere impugnada esta decisión dentro de los tres (3) días siguientes a su notificación, al día siguiente a su ejecutoria, REMITIR el expediente a la Corte Constitucional para su eventual revisión y devolver el expediente en préstamo al despacho de origen.

02Texto de la providencia

República de Colombia

Consejo de Estado

Sección Quinta

Radicado 11001-03-15-000-2018-04568-00

Consejero ponente: Rocío Araújo Oñate

28 de febrero de 2019

ACCIÓN DE TUTELA CONTRA PROVIDENCIA JUDICIAL / MEDIO DE CONTROL DE REPARACIÓN DIRECTA / RESPONSABILIDAD DEL ESTADO BAJO EL RÈGIMEN OBJETIVO / SOLICITUD DE PAGO DE PERJUICIOS MORALES, DAÑO A LA SALUD, PERJUICIOS MATERIALES (LUCRO CESANTE) POR PÉRDIDA DE CAPACIDAD LABORAL DE SOLDADO EN PRESTACIÓN DE SERVICIO MILITAR OBLIGATORIO / DESCONOCIMIENTO DEL PRECEDENTE - Inexistencia / VULNERACIÓN DE LOS DERECHOS FUNDAMENTALES AL DEBIDO PROCESO Y AL ACCESO A LA ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA

[L]a Sala de igual forma considera pertinente exponer que analizados los elementos de la responsabilidad se concluye que no hay claridad probatoria frente al porcentaje de disminución de la capacidad laboral del demandante, es decir, si aquel deviene exclusivamente por la caída mientras efectuada (sic) la labor de aseo o cual es la incidencia en relación con la lesión en su columna por impacto de proyectil –lesión reseñada en antecedentes de la historia médica aportada al proceso, situación que corresponde asumir a la parte demandante, por cuanto debe demostrar cuál era el daño antijurídico por la lesión que se alega en la demanda. Sobre este punto, tal como se evidencia de los apartes del fallo del 11 de octubre de 2018 el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Tercera, Subsección A, si bien tuvo en cuenta los medios de convicción arrimados al proceso, no sustentó en debida forma las razones por las cuales en el caso concreto hubo ruptura del nexo causal, entre el daño y la prestación del servicio militar, para que la parte demandada fuera eximida de las pretensiones perseguidas a través del medio de control, situación que configura el defecto fáctico alegado, vulnerándose los derechos deprecados por el accionante. Así las cosas, se tutelarán las garantías superiores al debido proceso y al acceso a la administración de justicia y como consecuencia se ordenará al Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Tercera, Subsección A, que en el término de treinta (30) días contados a partir de la notificación del presente proveído dicte sentencia de reemplazo, dentro del medio de control de reparación directa que originó este mecanismo excepcional, teniendo en cuenta las consideraciones aquí expuestas. [E]l soldado que presta el servicio militar obligatorio se encuentra bajo una relación especial de sujeción, en la que el Estado se hace responsable por los daños que le sean irrogados durante la misma, pues adquiere una posición garante, que deviene de la intervención en la esfera de las libertades individuales. Indica que para determinar la responsabilidad por los daños causados a conscriptos el título de imputación aplicable por regla general, es de carácter objetivo –daño especial o riesgo excepcional- siempre que el actuar irregular de la administración no haya incidido en la producción del daño, pues en ese caso el título de imputación será falla del servicio. (…)Pues bien, sea lo primero señalar que la sentencia de tutela a la que hace referencia el accionante fue proferida por una Subsección de esta Corporación y no por el pleno de la Sala del Máximo Órgano de la Jurisdicción Constitucional, para que pueda ser considerada como precedente. Ahora, revisadas las sentencias de la Sección Tercera de esta Colegiatura, señaladas como desconocidas por la parte actora, advierte esta Sala, que si bien de la mismas se extrae que tratándose de la responsabilidad del Estado en caso de conscriptos, el régimen aplicable es el objetivo, salvo que exista prueba de que la administración incurrió en una falla del servicio; que dicho régimen se aplica por el vínculo con el servicio y porque la lesión ocurra en desarrollo del mismo, la autoridad judicial accionada no lo desconoció, pues en el asunto sometido a su estudio, aplicó el régimen de responsabilidad objetiva a fin de resolver las pretensiones perseguidas por el actor con la demanda de reparación directa. De igual forma es importante señalar, que la responsabilidad del Estado se analiza con fundamento en la imputación fáctica que se haga y no nace per se con la vinculación del soldado a la institución castrense, por cuanto se ha dicho que el mismo debe soportar aquellas limitaciones o inconvenientes que sean inherentes a la prestación del referido servicio.

Se quiere significar con lo anterior, que independientemente del régimen de responsabilidad a aplicar, debe existir una imputación a cargo de la institución militar o policial respectiva, que guarde relación como se ha dicho, con la ejecución de la carga pública impuesta». De lo anterior se colige, que el Tribunal como ya se dijo, no desconoció que en asuntos como el que tenía bajo estudio se aplicaba el régimen de responsabilidad objetiva, como quiera que la decisión de revocar el fallo de primera instancia se presentó no en virtud de la aplicación de un régimen de responsabilidad diferente, sino porque probatoriamente no encontró acreditado el nexo causal entre el daño y la actividad militar obligatoria, tal como se analizó en el defecto fáctico estudiado. Del argumento del el actor, para sustentar el defecto propuesto no es posible determinar con exactitud cuál fue la irregularidad procedimental en la que incurrió el juez colegiado, razón por la que esta Sección se releva de su estudio. Aunado a lo anterior, la afirmación se asocia a la exposición realizada para el defecto fáctico ya resuelto. De conformidad con las razones expuestas, la Sala concluye que en la decisión objeto de censura, no se presentó el desconocimiento del precedente ni el defecto procedimental por exceso de ritual manifiesto. No obstante, si se incurrió en el defecto fáctico alegado, por tanto se dejará sin efectos la decisión del 11 de octubre de 2018, y se tutelan los derechos al debido proceso y al acceso a la administración de justicia del [actor], ordenándose al Tribunal que profiera una sentencia de remplazo, teniendo en cuenta las consideraciones de esta providencia.

FUENTE FORMAL: CÓDIGO GENERAL DEL PROCESO - ARTÍCULO 610 / CÓDIGO DE PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO Y DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO - ARTÍCULO 256 / DECRETO 1976 DE 2000 - ARTÍCULO 24

CONSEJO DE ESTADO

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCIÓN QUINTA

Consejera ponente: ROCÍO ARAÚJO OÑATE

Bogotá, D.C., veintiocho (28) de febrero de dos mil diecinueve (2019)

Radicación número: 11001-03-15-000-2018-04568-00(AC)

Actor: MICHAEL ANDRÉS OSPINA OSORIO

Demandado: TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DE CUNDINAMARCA, SECCIÓN TERCERA, SUBSECCIÓN A

Temas: Acción de tutela contra providencia judicial

SENTENCIA PRIMERA INSTANCIA

OBJETO DE LA DECISIÓN

Procede la Sala a resolver, en primera instancia, la petición de amparo elevada por el señor Michael Andrés Ospina Osorio.

ANTECEDENTES

1. Solicitud de amparo

1.1. Con escrito radicado el 5 de diciembre de 2018 en la Secretaría General del Consejo de Estado, el señor Michael Andrés Ospina Osorio, por medio de apoderado judicial, instauró acción de tutela contra el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Tercera, Subsección A, con el fin de que sean amparados sus derechos fundamentales al debido proceso, de acceso a la administración de justicia e igualdad.

1.2. Aquél consideró vulneradas sus garantías con ocasión de la sentencia del 11 de octubre de 2018 dictada por la autoridad judicial accionada, en el marco del proceso de reparación directa con radicado número 11-001-3336-031-2015-00762-01, instaurado contra la Nación- Ministerio de Defensa – Ejército Nacional, por medio de la cual se revocó la providencia del 20 de febrero de 2018 del Juzgado Treinta y Uno Administrativo de Bogotá, que accedió a las pretensiones de la demanda.

1.3. Por tanto, solicitó:

«[S]e declare sin validez ni efectos jurídicos la sentencia del 11 de octubre de 2018, proferida por EL TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DE CUNDINAMARCA, SECCIÓN TERCERA, SUBSECCIÓN A, proceso con radicado 11001-33-366-031-2015-00762-01

Se requiere que el citado Tribunal profiera una nueva providencia en el (sic) que, en respeto al precedente judicial proferido por el Consejo de Estado y las pruebas aportadas al proceso, se declare la responsabilidad extracontractual de Estado por los daños adquiridos durante la prestación del servicio militar obligatorio, por causa y razón del mismo. Del mismo modo, que se liquiden los perjuicios materiales, morales y de daño a la saludo (sic) de conformidad con la disminución de la capacidad laboral diagnosticada en el Acta de Junta Médica Laboral No. 91384 de 21 de noviembre de 2016. Esta liquidación debe respetar las tablas de reparación comprendidas en sentencia de unificación de agoto (sic) de 2014 y las ecuaciones matemáticas para lucro cesante».

2. Hechos probados y/o admitidos

La Sala encontró demostrados los siguientes supuestos fácticos relevantes para la decisión que se adoptará en la sentencia:

2.1. El señor Michael Andrés Ospina Osorio, prestó su servicio militar obligatorio, en el Batallón de Infantería Aerotransportado número 28, Colombia, Base Militar de Viotá, Cundinamarca, de la Décimo Tercera Brigada del Ejército Nacional

2.2. El 24 de septiembre de 2013, en cumplimiento de la orden impartida por el CP. Miguel Alonso Martínez, de realizar el aseo al rancho de la tropa, sufrió una caída desde su propia altura, golpeándose fuertemente una de sus extremidades inferiores, razón por la que fue trasladado al centro hospitalario del municipio de Viotá y posteriormente al Hospital Central Militar.

2.3. El Coronel Augusto Lemos Osorio, en calidad de Comandante del Batallón, suscribió el informativo administrativo por lesión, de fecha 28 de noviembre de 2013, en el cual se consignó:

«CONCEPTO COMANDANTE DE LA UNIDAD

Teniendo como referencia el informe presentado por el señor Capitán CHAPARRO L[Ó]PEZ ALBERTO Comandante de la Compañía “DARDO”, se conceptúa que el día 24 de septiembre del año 2013, siendo aproximadamente las 08:00 horas, en la Base Militar del municipio de [V]iotá, Cundinamarca, el señor CP ALONSO MARTÍNEZ MIGUEL, le dio la orden al SLR. OSPINA OSORIO MICHAEL ANDR[É]S CM1106895677, de que realizara el aseo general al rancho de tropa después del paso del desayuno, pasados veinte minutos aproximadamente pasa revista del aseo el Suboficial antes mencionado, encontrando la novedad que el soldado regular OSPINA OSORIO estaba sentado en una silla manifestando que había resbalado y sufrido una caída desde su propia altura golpeándose fuertemente la pierna derecha, posterior a esto es evacuado al Hospital Regional del municipio de Viotá, donde es atendido y luego es remitido al Hospital Militar Central, a que recibiera atención especializada, donde le dictaminan traumatismo de la m[é]dula espinal nivel no especificado

TESTIGOS

C3 ALONSO MART[Í]NEZ MIGUEL
SLR. S[Á]NCHE[Z] ACOSTA LIBARDO

IMPUTABILIDAD: De acuerdo al artículo 24 del Decreto 1976 del 14 de septiembre de 2000, literales (A, B, C, D) la lesión o afección ocurrió en:

Literal B: En el servicio y por causa y razón del mismo

(…)

2.4. El 26 de octubre de 2015, el aquí accionante promueve medio de control de reparación directa contra la Nación – Ministerio de Defensa – Ejército Nacional, a fin de que fuera declarada responsable de los perjuicios derivados de las lesiones e incapacidad laboral obtenida, con ocasión de los hechos acaecidos el 24 de septiembre de 2013.

2.5. Mediante acta de junta médica laboral número 91384 del 21 de noviembre de 2016, la Dirección de Sanidad del Ejército Nacional concluyó que el señor Ospina Osorio «EN EL SERVICIO SUFRIÓ CAÍDA DE SU ALTURA QUE PRODUCE POLITRAUMATISMO ASOCIADO A TRAUMA CRANEOENCEFÁLICO LEVE CON TAC DE CRÁNEO SIMPLE SIN LESIONES Y TRAUMA LUMBAR CON FRACTURA DE CADERA Y COMPROMISO DEL FEMOROCUTÁNEO DERECHO VALORADO CON POTENCIALES EVOCADOS SOMATOSENSORIALES NEUROCIRUGÍA Y ORTOPEDIA QUE DEJA COMO SECUELA A) LESIÓN DEL HUESO DE LA PELVIS CON COMPROMISO DE LA DINÁMICA DE LA MARCHA POR ATRAPAMIENTO DEL FEMOROCUTÁNEO», razón por la que se determinó incapacidad permanente parcial, no apto para la actividad militar, con disminución de la capacidad laboral del 30%, lesión ocurrida en el servicio y por causa y razón del mismo.

2.6. Del medio de control conoció el Juzgado Treinta y Uno Administrativo del Circuito Judicial de Bogotá, Sección Tercera, que en fallo del 20 de febrero de 2018, accedió a las pretensiones de la demanda y condenó a la convocada al pago de perjuicios morales, daño a la salud, perjuicios materiales (lucro cesante) a favor del actor.

2.7. El Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Tercera, Subsección A, desató el recurso de apelación interpuesto por la enjuiciada y en sentencia del 11 de octubre de 2018, revocó la decisión de primera instancia, para en su lugar negar las pretensiones perseguidas.

2.8. A juicio del ad quem no existía nexo de causalidad entre el daño y su imputación a la demandada, pues si bien es cierto el señor Ospina Osorio durante la obediencia de una orden de su superior (aseo del rancho de tropa) sufrió una caída que fue la causa directa del daño, dicha actividad «no es propia y exclusiva del servicio en el Ejército Nacional, sino una actividad que puede realizar cualquier persona que tenga las condiciones que lo califiquen como apto para prestar el servicio militar, si bien el joven se resbaló –de acuerdo con el argumento del demandante., aquella no es una causa suficiente para imputar la responsabilidad del Estado, sino una omisión en el cuidado de las personas al realizar actividades de tipo normal».

2.8.1. Así mismo indicó que «analizados los elementos de la responsabilidad se concluye que no hay claridad probatoria frente al porcentaje de disminución de la capacidad laboral del demandante, es decir, si aquel deviene exclusivamente por la caída mientras efectuada (sic) la labor de aseo o cual es la incidencia en relación con la lesión en su columna por impacto de proyectil – lesión reseñada en antecedentes de la historia médica aportada al proceso (…)».

3. Fundamentos de la solicitud

3.1. A juicio del tutelante, la autoridad judicial accionada vulneró sus derechos fundamentales al debido proceso, de acceso a la administración de justicia e igualdad, pues con la sentencia del 11 de octubre de 2018, incurrió en desconocimiento del precedente judicial, defectos fáctico y procedimental por exceso de ritual manifiesto.

3.2. Señala que la jurisprudencia del Consejo de Estado ha diferenciado el régimen de responsabilidad patrimonial del Estado entre quienes prestan el servicio militar obligatorio y aquellos que voluntariamente ejercen funciones de alto riesgo relacionadas con la defensa y seguridad del Estado.

3.3. Afirma que el soldado que presta el servicio militar obligatorio se encuentra bajo una relación especial de sujeción, por tanto el Estado se hace responsable por los daños que le sean irrogados durante la misma, pues adquiere una posición garante, que deviene de la intervención en la esfera de las libertades individuales.

3.4. Indica que para determinar la responsabilidad por los daños causados a conscriptos el título de imputación aplicable por regla general, es de carácter objetivo –daño especial o riesgo excepcional- siempre que el actuar irregular de la administración no haya incidido en la producción del daño, pues en ese caso el título de imputación será falla del servicio.

3.5. Adujo que la Sección Tercera de esta Colegiatura ha destacado que los soldados conscriptos únicamente tienen el deber de soportar aquellas limitaciones o inconvenientes inherentes a la prestación del servicio militar obligatorio, pero si durante la ejecución de su deber constitucional, les sobrevienen lesiones a derechos que tienen protección jurídica como la vida, la integridad personal y la salud, ellas pueden ser causa de imputación de daño al Estado.

3.6. Luego de citar apartes de varias sentencias de la referida Sección, sostuvo que esta Colegiatura ha mantenido un precedente pacífico sobre la existencia de responsabilidad del Estado cuando el daño antijurídico ocurre por causa y razón del servicio (militar obligatorio) y en cumplimiento de funciones u órdenes dadas por los superiores.

3.7. Para el actor, la jurisprudencia ha acudido a las pruebas documentales que la misma entidad profiere con el fin de describir los hechos y cuantificar las lesiones (informe administrativo por lesiones y acta de junta médica laboral) aunado a que el precedente es tan claro que incluso en eventos en los cuales no se aportaron pruebas que esclarecieran todas las circunstancias fácticas se ha confirmado la responsabilidad de la demandada.

3.8. Refiere que la Sala Plena de la Sección Tercera del Consejo de Estado, en sentencia del 26 de febrero de 2018, sostuvo que a pesar de no haberse allegado el informe administrativo por lesiones del accidente de un conscripto, para la jurisdicción contencioso administrativa resultaba probada la imputación del daño, en razón a que los hechos ocurrieron mientras se encontraba en servicio activo de sus funciones y por tanto, bajo el cuidado y sujeción de la demandada, proveído que transcribe in extenso.

3.9. De acuerdo con el accionante, el Tribunal desconoció que tanto en el informativo por lesión número 10 de 2013, como en el acta de junta médica laboral número 91384 de 2016, los hechos y lesiones fueron imputados «en el servicio y por causa y razón del mismo», siendo injustificada la argumentación del ad quem respecto de la inexistencia de la actividad propia del servicio, pues precisamente se efectuó durante la prestación del servicio militar obligatorio y en cumplimiento de una orden de un superior. De lo contrario, otro hubiera sido el literal de imputación (en el servicio, pero no por causa y razón del mismo; en actos realizados contra la ley, reglamento u orden superior).

3.10. Sostuvo que el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Tercera, Subsección A, desconoció el precedente e incurrió en un defecto fáctico, como quiera que le restó importancia a la imputación de los hechos y a las lesiones que realizó la convocada a juicio, efecto para el cual transcribió extensos apartes de la sentencia del 17 de agosto de 2017, proferida por la Sección Segunda dentro del radicado 11001-03-15-000-2017-01877-00.

3.11. Finalmente, asegura que se configuró un defecto procedimental por exceso de ritual manifiesto, como quiera que a pesar de haberse demostrado el daño antijurídico ocurrido durante y con ocasión de la prestación del servicio militar obligatorio, dentro de las instalaciones del Ejército Nacional, en cumplimiento de órdenes de superiores, el Tribunal se negó a reconocer la responsabilidad del Estado.

4. Actuaciones procesales relevantes

4.1. Admisión de la demanda

4.1.1. Mediante auto del 12 de diciembre del 2018, se inadmitió la acción, como quiera que no se encontró acreditada la calidad de agente oficioso de quien promovió la acción. No obstante, de manera posterior se allegó el poder otorgado por el señor Michael Andrés Ospina Osorio al profesional del derecho Jorge Andrés Almanza Alarcón.

4.1.2. Por tanto, con auto del 28 de enero de 2019, se admitió la tutela, se dispuso la notificación de la autoridad judicial accionada, así como la vinculación del Juzgado Treinta y Uno Administrativo del Circuito Judicial de Bogotá y de la Nación –Ministerio de Defensa –Ejército Nacional

4.1.3. Así mismo en los términos y para los efectos previstos en el artículo 610 del Código General del Proceso se ordenó la notificación de la Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado. Igualmente, se reconoció al abogado Almanza Alarcón, como apoderado del actor.

4.2. Intervenciones: realizadas las notificaciones ordenadas, conforme las constancias visibles de folios 47 a 54, se presentaron las siguientes intervenciones.

4.2.1. Tribunal Administrativo de Cundinamarca

4.2.1.1. El magistrado ponente de la decisión censurada manifestó que con la decisión cuestionada no se vulneraron los derechos fundamentales del actor; pues no contiene ninguno de los defectos alegados.

4.2.1.2. Indicó que al analizar el nexo de imputación del daño antijurídico al Estado, la Sala concluyó la inexistencia de relación de causalidad, como quiera que se constató una contradicción en la fecha de origen del daño que se pretende imputar, así como una omisión al deber de cuidado. Textualmente anotó:

«En consecuencia se valoró el presunto daño antijurídico y se concluyó que i) la actividad que estaba efectuando el demandante si bien fue dentro de las fuerzas militares, no es una actividad propia y exclusiva del servicio en el Ejército Nacional, sino una actividad que puede efectuar cualquier persona que tenga las condiciones que lo califique como apto para prestar el servicio militar. ii) si bien el joven se resbaló -de acuerdo al argumento del demandante- aquella no es una causa suficiente para imputar la responsabilidad al Estado, sino una omisión en el cuidado de las personas al realizar actividades de tipo normal y, iii) no hay claridad probatoria frente al porcentaje de disminución de la capacidad laboral del demandante, es decir, si aquel deviene exclusivamente por la caída mientras efectuada (sic) la labor de aseo o cual es la incidencia en la relación con la lesión en su columna por impacto de proyectil».

3.2.2. Ministerio de Defensa

3.2.2.1. La coordinadora del Grupo Contencioso Constitucional de dicha cartera, solicitó denegar el amparo deprecado, como quiera que a su juicio el fallo atacado, se ajustó al marco probatorio obrante en el expediente.

II. CONSIDERACIONES DE LA SALA

1. Competencia

1.1. Esta Sala es competente para conocer de la acción de tutela interpuesta contra el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Tercera, Subsección A, de conformidad con los Decretos 2591 de 1991, 1983 de 2017 y los Acuerdos 55 de 2003 y 377 de 2018.

2. Problema jurídico

2.1. Corresponde a la Sala dar respuesta a los siguientes interrogantes:

¿Se superan en el caso concreto los requisitos de procedibilidad adjetiva de la acción de tutela contra providencia judicial?

2.2. De ser positiva la respuesta a la pregunta anterior, la Sala analizará lo siguiente:

¿Vulneró los derechos invocados el Tribunal Administrativo Cundinamarca, con ocasión de la sentencia del 11 de octubre de 2018 al haber incurrido en el desconocimiento del precedente y defectos procedimental por exceso de ritual manifiesto y fáctico alegados?

2.3. Para resolver el interrogante planteado, se analizarán los siguientes temas: (i) criterio de la Sección sobre la procedencia excepcional de la acción de tutela contra providencia judicial; (ii) de los requisitos de procedibilidad adjetiva; (iii) generalidades de los defectos alegados; y (iv) análisis del caso concreto.

3. Procedencia excepcional de la acción de tutela contra providencia judicial

3.1. La Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, en fallo del 31 de julio de 2012 unificó la diversidad de criterios que la Corporación tenía sobre la procedencia de la acción de tutela contra providencias judiciales, por cuanto las distintas Secciones y la misma Sala Plena habían adoptado posturas diversas sobre el tema.

3.1.2. Así, después de un recuento de los criterios expuestos por cada Sección, decidió modificarlos y unificarlos para declarar expresamente, en la parte resolutiva de la providencia, la procedencia de la acción de tutela contra providencias judiciales.

3.1.3. Sin embargo, fue importante precisar bajo qué parámetro procedería ese estudio, pues la sentencia de unificación simplemente se refirió a los «fijados hasta el momento jurisprudencialmente».

3.1.4. Al efecto, en virtud de la sentencia de unificación del 5 de agosto de 2014, la Sala Plena de lo Contencioso Administrativo adoptó los criterios expuestos por la Corte Constitucional en la sentencia C-590 de 2005, para determinar la procedencia de la acción constitucional contra providencia judicial, y reiteró que la tutela era un mecanismo residual y excepcional para la protección de derechos fundamentales como lo señala el artículo 86 Constitucional y, por ende, el amparo frente a decisiones judiciales no puede ser ajeno a esas características.

3.1.5. A partir de esa decisión, quedó claro que la acción de tutela se puede interponer contra decisiones judiciales, incluidas las de las Altas Cortes, específicamente, las del Consejo de Estado, autos o sentencias, que desconozcan derechos fundamentales, asunto que en cada caso deberá probarse y, en donde el actor tendrá la carga de argumentar las razones de la violación.

3.1.6. Sobre el tema, la Corte Constitucional se ha referido en forma amplia a unos requisitos generales y otros específicos de procedencia de la acción de tutela, sin distinguir cuáles dan origen a que se conceda o niegue el derecho al amparo -procedencia sustantiva- y cuáles impiden efectivamente adentrarnos en el fondo del asunto - procedencia adjetiva.

3.1.7. Esta Sección ha determinado que, en primer lugar, se debe verificar que la solicitud de tutela cumpla unos presupuestos generales de procedencia adjetiva, esto es: i) que no se trate de tutela contra tutela; ii) subsidiariedad, es decir, agotamiento de los requisitos ordinarios y extraordinarios, siempre y cuando ellos sean idóneos y eficaces para la protección del derecho que se dice vulnerado; e iii) inmediatez.

3.1.8. Luego de ello, sería posible realizar el estudio de la procedibilidad sustantiva a través de los posibles errores específicos en que podría incurrir una providencia judicial. Estos últimos, según la doctrina fijada en la sentencia C-590 de 2005, y acogida por esta Sección se resumen, de manera general, de la siguiente manera:

a. Defecto orgánico, que se presenta cuando el funcionario judicial que profirió la providencia impugnada, carece, absolutamente, de competencia para ello; b. Defecto procedimental absoluto, que se origina cuando el juez actuó completamente al margen del procedimiento establecido; c. Defecto fáctico, que surge cuando el juez carece del apoyo probatorio que permita la aplicación del supuesto legal en el que se sustenta la decisión; d. Defecto material o sustantivo, como son los casos en que se decide con base en normas inexistentes o inconstitucionales o que presentan una evidente y grosera contradicción entre los fundamentos y la decisión; f. Error inducido, que se presenta cuando el juez o tribunal fue víctima de un engaño por parte de terceros y ese engaño lo condujo a la toma de una decisión que afecta derechos fundamentales; g. Decisión sin motivación, que implica el incumplimiento de los servidores judiciales de dar cuenta de los fundamentos fácticos y jurídicos de sus decisiones en el entendido que precisamente en esa motivación reposa la legitimidad de su órbita funcional; y h. Desconocimiento del precedente.

3.1.9. De esta manera, la acción de tutela será procedente una vez verificado:(i) la concurrencia de los requisitos adjetivos de procedencia de la acción de tutela contra providencias judiciales; (ii) la configuración de alguno de estos requisitos específicos mencionados -siempre y cuando hayan sido alegados por el interesado-; y que (iii) el vicio o defecto es de tal trascendencia que implica la amenaza o la afectación de derechos fundamentales.

3.2. Estudio sobre los requisitos de procedibilidad adjetiva

3.2.1. La Sala observa que no existe reparo alguno en cuanto hace referencia al juicio de procedibilidad, toda vez que, frente al primero de estos aspectos, no se trata de una tutela contra decisión de tutela, pues la providencia cuestionada fue proferida dentro del trámite del medio de control de reparación directa instaurado por la parte actora contra la Nación – Ministerio de Defensa – Ejército Nacional radicada con el número 11001333603120150076201.
3.2.2. En relación con el requisito de inmediatez, no se advierte ningún reproche, en vista que la providencia del Tribunal Administrativo de Cundinamarca fue dictada el 11 de octubre de 2018 y si bien el término se contabiliza a partir del día siguiente de la ejecutoria, en este caso, no hay necesidad de establecer dicha fecha, como quiera que la solicitud de amparo fue presentada el 12 de diciembre de 2018, es decir sólo dos meses después, tiempo que esta Sala ha considerado razonable para el uso del mecanismo excepcional.

3.2.3. En cuanto a la subsidiariedad, por tratarse de una providencia que resolvió en segunda instancia la acción de reparación directa, es evidente el agotamiento de los recursos ordinarios. Contra la misma, tampoco proceden los extraordinarios, pues los motivos que sustentan esta acción constitucional no se compadecen con los requisitos que hacen procedente el recurso extraordinario de revisión ni el de unificación de jurisprudencia al que se refiere el artículo 256 del CPACA.

3.2.4. Respecto a la relevancia constitucional, para la Sala es necesario precisar que, el requisito se encuentra plenamente configurado, lo anterior por cuanto al realizar el test de procedibilidad de la acción de tutela en relación con los supuestos fácticos de la demanda, las pretensiones, la carga argumentativa y probatoria, se advierte que la parte actora solicita la garantía de sus derechos a la igualdad, al debido proceso, de acceso a la administración de justicia e involucra el reconocimiento del daño ocasionado al tutelante mientras prestaba el servicio militar obligatorio.

3.2.5. Teniendo en cuenta lo anterior, las garantías constitucionales al acceso a la administración de justicia y al debido proceso que subyacen en el sub lite, por ser aquellos cuya protección pretende la parte actora, tienen rango constitucional al tenor de lo dispuesto en los artículos 13 y 29 de la Carta, lo que implica que la misma trascienda el ámbito meramente legal.

3.2.5.1. Así las cosas, se observa que no se trata de un debate de orden exclusivamente legal, el cual basado en la tutela judicial efectiva no admite que el titular del derecho o el interesado legítimo quede en un estado de indefensión, de tal manera que al existir la eventualidad de que no haya obtenido la protección de sus derechos ante el juez contencioso administrativo, natural de la causa ordinaria, quien tenía igualmente la obligación de constituirse en garante de los derechos fundamentales asumiendo el rol de juez de constitucionalidad y/o de convencionalidad, puede comparecer al juez constitucional quien deberá realizar el análisis del caso a la luz de los postulados del Estado Social de Derecho, como garante de la dignidad humana.

3.2.5.2. En virtud de lo expuesto, el asunto es de relevancia constitucional cuando prima facie resulta necesario verificar si subsiste violación o amenaza al derecho fundamental, después de haber agotado el procedimiento legal administrativo de policía o judicial establecido por la ley para su protección

3.2.5.3. Adicionalmente, la relevancia constitucional implica que el asunto de la acción de tutela tiene importancia para la interpretación de la Constitución, para su aplicación, para su eficacia y para la determinación del contenido y alcance de los derechos fundamentales y libertades públicas.

3.3. Del defecto fáctico

3.3.1. Esta Sala en decisión del 12 de noviembre del 2015 precisó los alcances y requisitos que deben atenderse al momento de alegarse la ocurrencia de un defecto fáctico en una providencia judicial, los cuales son traídos a colación en la presente decisión:

3.3.2. Los eventos de configuración del defecto fáctico son: i) omisión de decretar o practicar pruebas indispensables para fallar el asunto; ii) desconocimiento del acervo probatorio determinante para identificar la veracidad de los hechos alegados por las partes; iii) valoración irracional o arbitraria de las pruebas aportadas; y iv) dictar sentencia con fundamento en pruebas obtenidas con violación del debido proceso, los cuales tienen las siguientes características:

Evento
Características

Omisión de decreto y práctica de pruebas indispensables para fallar el asunto

Se da cuando la parte, con el fin de probar los hechos que alega, solicitó al juez el decreto de una prueba relevante para resolver el problema jurídico sometido a consideración, y ésta fue negada; ello sin desconocer la facultad del juez ordinario de negar pruebas que no atiendan los requisitos de conducencia, pertinencia e idoneidad. Así las cosas, es importante considerar que no toda negativa a un decreto de pruebas abre la posibilidad a la configuración del defecto, ya que éste procederá cuando se rechace el decreto y práctica de la prueba que, solicitada oportunamente, no cumpla con los parámetros arriba señalados.

De esta manera, se requiere:

Que la parte identifique el elemento probatorio que solicitó
Que la parte demuestre que lo solicitó en oportunidad legal
Se expongan las razones por la cuales la prueba solicitada era conducente, pertinente o idónea.
Señalar de manera razonada la razón por la cual, de haberse decretado la prueba, el sentido de la decisión hubiere sido otro.

Desconocimiento del acervo probatorio determinante para identificar la veracidad de los hechos alegados por las partes

Se presenta cuando, obrando los elementos de convicción en el expediente, y estos resultan decisivos frente a los hechos que se pretenden probar, éstos no son tenidos en cuenta por el fallador ordinario. En este punto, se requiere que de forma específica, se concrete en el escrito de amparo, cuales pruebas, aportadas oportuna y legalmente, fueron desconocidas por el juez.

Así las cosas, se configura siempre que:

Se identifiquen los elementos de prueba no valorados por el juez.
Se demuestre que éstos fueron aportados en forma legal y oportunamente al proceso
Señale las razones por las cuales eran relevantes para la decisión
Se precise, razonadamente, la incidencia de los mismos para variar el sentido del fallo.

Valoración irracional o arbitraria de las pruebas aportadas

Procede cuando, a la luz de los postulados de la sana crítica, la apreciación efectuada por el fallador, resulta manifiestamente equivocada o arbitraria, y por ello, el peso otorgado a la prueba se entiende alterado.

requiere entonces que:

La parte precise cual o cuales de las pruebas fueron objeto de indebida valoración por el juez
La razón del por qué, en cada caso en particular, la consideración del operador judicial se aleja de las reglas de la lógica, la experiencia y la sana crítica.

El segundo de los elementos señalados, resulta de vital importancia, pues es claro que un sencillo desacuerdo en relación con la conclusión a la cual arribó el juez de instancia, en ninguna manera puede ser razón para ordenar el amparo constitucional por este aspecto. Aceptar lo contrario, implicaría una sustitución arbitraria del juez natural.

Incidencia de la prueba en el fallo atacado

Dictar sentencia con fundamento en pruebas obtenidas con violación del debido proceso

Refiere al supuesto cuando el fallador de instancia decide el asunto con base en pruebas que no observaron los requisitos legales para su producción o introducción al proceso. Así las cosas, el juez no ignora la prueba ni se equivoca en su apreciación, pero yerra al haberla tenido en cuenta para decidir el problema jurídico que le fue planteado, al ser ésta una prueba que desconoce el debido proceso de las partes.

Para su configuración corresponde señalar:

Señalar con claridad los elementos probatorios aportados con violación al artículo 29 constitucional.
Exponer las razones que sustentan dicha vulneración.
Demostrar que estos elementos de convicción fueron el sustento de la decisión.

3.3.3. Como se ve en los elementos señalados, la parte accionante debe precisar en su escrito el cargo que plantea, para demostrar no solo la configuración del defecto, sino también, su incidencia en la decisión judicial.

3.3.4. Lo anterior se suma a la exigencia de una carga argumentativa razonable para lograr la prosperidad del cargo, toda vez que, en el caso de una tutela contra una providencia judicial, están en juego valores importantes para el ordenamiento jurídico, como lo son la cosa juzgada, los derechos de terceros, la seguridad, la buena fe y los derivados de los artículos 1º, 2º, 4º, 5º y 6º de la Constitución Política.

3.3.5. Así mismo, debe ser cuidadoso el interesado al formular el cargo, en la medida en que los supuestos de hecho hasta aquí mencionados, se excluyen entre sí, de tal manera que no será posible alegar uno y otro respecto de una misma prueba, como suele ocurrir, pues además de ser desacertado, genera confusión al fallador.

3.4. Del desconocimiento del precedente

3.4.1. La Sala precisa que constituye precedente aquella regla creada por una Alta Corte para solucionar un determinado conflicto jurídico, sin que sea necesario un número plural de decisiones en el mismo sentido para que dicha regla sea considerada como precedente. También se considera que constituyen precedente las sentencias de constitucionalidad y las sentencias de unificación expedidas tanto por la Corte Constitucional, como por el Consejo de Estado.

3.5. Defecto procedimental por exceso de ritual manifiesto

3.5.1. De conformidad con los lineamientos fijados por la Corte Constitucional, ampliamente expuestos en la sentencia T- 234 de 2017, la cual representa criterio auxiliar para la Sala, este defecto se presenta cuando un funcionario judicial utiliza o concibe los procedimientos como un obstáculo para la eficacia del derecho sustancial y por esa vía, sus actuaciones devienen en una denegación de justicia, «por cuanto sacrifica el derecho de acceso a la administración de justicia y las garantías sustanciales, so pretexto de preferir el tenor literal de las formas procesales».

3.5.2. El defecto procedimental por exceso ritual manifiesto no se configura ante cualquier irregularidad de carácter procedimental, sino que debe tratarse de una omisión en la aplicación de las formas propias de cada juicio particularmente grave, que lleva al juez a utilizar irreflexivamente normas procesales que lo hacen apartarse del derecho sustancial.

3.5.3. La Corte ha indicado igualmente que dicho defecto se presenta por i) dejar de inaplicar disposiciones procesales que se oponen a la vigencia de derechos constitucionales en un caso concreto; ii) exigir el cumplimiento de requisitos formales de forma irreflexiva, que puedan constituir cargas imposibles de cumplir para las partes, siempre que esa situación se encuentre comprobada; o iii) incurrir en un rigorismo procedimental en la apreciación de las pruebas.

3.6. Análisis del caso en concreto

3.5.1. En el sub judice la parte actora alega la configuración de los defectos fáctico y procedimental por exceso de rigor manifiesto y desconocimiento del precedente.

3.5.2. Defecto fáctico

3.5.2.1. La parte actora indicó que dicho yerro se configuró, pues el Tribunal de Cundinamarca desconoció que tanto en el informativo por lesión número 10 de 2013, como en el acta de junta médica laboral número 91384 de 2016, los hechos y lesiones fueron imputados «en el servicio y por causa y razón del mismo», siendo injustificada la argumentación de la autoridad judicial accionada respecto de la inexistencia de la actividad propia del servicio, pues precisamente se efectuó durante la prestación del servicio militar obligatorio y en cumplimiento de una orden de un superior; de lo contrario, otro hubiera sido el «literal» de imputación (esto es, en el servicio, pero no por causa y razón del mismo; en actos realizados contra la ley, reglamento u orden superior, etc.).

3.5.2.2. Teniendo en cuenta lo anterior, la Sala advierte que el accionante cumplió con la carga argumentativa requerida para que el defecto pueda ser estudiado, pues claramente indicó los elementos de prueba indebidamente valorados por el juez; las razones por las cuales eran relevantes para la decisión, así como la incidencia de los mismos para variar el sentido del fallo.

3.5.2.3. A continuación se transcribe el contenido de las documentales que el actor señala como indebidamente valoradas por el Tribunal de Cundinamarca:

a. Informativo Administrativo, suscrito por el Comandante del Batallón de Infantería Aerotransportado No. 28 Colombia, Teniente Coronel Augusto Lemus Osorio, de fecha noviembre 28 de 2013, en el que textualmente se indicó:

«CONCEPTO COMANDANTE DE LA UNIDAD

Teniendo como referencia el informe presentado por el señor Capitán CHAPARRO L[Ó]PEZ ALBERTO Comandante de la Compañía “DARDO”, se conceptúa que el día 24 de septiembre del año 2013, siendo aproximadamente las 08:00 horas, en la Base Militar del municipio de [V]iotá, Cundinamarca, el señor CP ALONSO MARTÍNEZ MIGUEL, le dio la orden al SLR. OSPINA OSORIO MICHAEL ANDR[É]S CM1106895677, de que realizara el aseo general al rancho de tropa después del paso del desayuno, pasados veinte minutos aproximadamente pasa revista del aseo el Suboficial antes mencionado, encontrando la novedad que el soldado regular OSPINA OSORIO estaba sentado en una silla manifestando que había resbalado y sufrido una caída desde su propia altura golpeándose fuertemente la pierna derecha, posterior a esto es evacuado al Hospital Regional del municipio de Viotá, donde es atendido y luego es remitido al Hospital Militar Central, a que recibiera atención especializada, donde le dictaminan traumatismo de la m[é]dula espinal nivel no especificado

TESTIGOS

C3 ALONSO MART[Í]NEZ MIGUEL
SLR. S[Á]NCHE[Z] ACOSTA LIBARDO

IMPUTABILIDAD: De acuerdo al artículo 24 del Decreto 1976 del 14 de septiembre de 2000, literales (A, B, C, D) la lesión o afección ocurrió en:

Literal B: En el servicio y por causa y razón del mismo

(…)
Acta de junta médica laboral número 91384, de la Dirección de Sanidad del Ejército Nacional, del 21 de noviembre de 2016 (transcripción textual):

«Fecha 12/06/2015 Servicio: NEUROCIRUGÍA

FECHA DE INICIO: PACIENTE DE 21 AÑOS CON ANTECEDENTE DE POLITRAUMATISMO EN EL 2013
SIGNOS Y SÍNTOMAS: TAC CRANEO SIMPLE SIN LESIONES RAYOS X DE CADERA FRACTURA CON COMPROMISO DE NERVIO FEMOROCUTÁNEO RAYOS X COLUMNA TORACOLUMBAR NORMALES
DIAGNÓSTICO 1- TRAUMA CRANEOENCEFÁLICO LEVE 2- NEUROPPATIA FEMOROCUTANEA
ETIOLOGIA: FISIOTERAPIA ESTADO ACTUAL BUEN ESTADO GENERAL NO DEFICIT NEUROLOGICO
PRONOSTICO DE ACUERDO A EVOLUCION

Fecha 02/03/2015 Servicio ORTOPEDIA

FECHA DE INICIO: PACIENTE SUFRIO HPAF BAJA VELOCIDAD EN REGION LUMBOSACRA PARAVERTEBRAL DERECHA EN ACTIVIDADES FUERA DE SERVICIO MANEJADO SINTOMATICAMENTE
SIGNOS Y SINTOMAS: EMG 18/11/2013 POTENCIALES EVOCADOS SOMATOSENSORIALES DEL N FEMOROCUTANEO MUESTRAN ADECUADA REPRODUCTIVIDAD CON PROLONGACION DE LALATENCIA DEL LADO DERECHO RX COLUMNA NORMAL DIGNOSTICO NEUROPRAXIA N FEMOROCUTANEO DERECHO ETIOLOGIA: TRAUMATICA ESTADO ACTUAL: SINTOMATICO
PRONOSTICO: RESERVADO
:
Fecha 18/11/2013 Servicio POTENCIALES MOTOR Y SOMATOSENSORIALES

POTENCIALES EVOCADOS SOMATOSENSORIALES DEL NERVIO FEMOROCUTANEO MUESTRAN ADECUADA REPRODUCTIVIDAD CON PROLONGACION DE LA LATENCIA DEL LADO DEREHO QUE CONCLUYE ATRAPAMIENTO DEL NERVIO FEMORAL CUTANEO LATERAL DEL LADO DERECHO
(..)

V SITUACIÓN ACTUAL

ANAMNESIS

DOLOR EN PIERNA DERECHA NO LA PUEDE APOYAR CORRIENTAZOS Y SE LE SECO LA PIERNA

EXAMEN FÍSICO
ALERTA ORIENTADO HIDRATADO AFEBRIL SIGNOS VITALES ESTABLES P78 R 18 INGRESA CAMINANDO CONMULETA PINRAL MUCOSAS HUMEDAS CUELLO MOVIL OROFARINGE NORMAL C/P RSCSRS NO SOPLOS PULMONES MURMULLO VESICULAR CONSERVADO ABDOMEN BLANDO DEPRESIBLE NO DOLOROSO EXTREMIDADES LEVE HIPOTROFIA PIERNA DERECHA LIMITACION FUNCIONAL DE LA MARCHA MANIFIESTA QUE NO PUEDE APOYAR LA PIERNA DERECHA POR DOLOR

VI. CONCLUSIONES

DIAGNÓSTICO POSITIVO DE LAS LESIONES O AFECCIONES

EN EL SERVICIO SUFRIO CAIDA DE SU ALTURA QUE PRODUCE POLITRAUMATISMO ASOCIADO A TRAUMA CRANEOENCEFALICO LEVE CON TAC DE CRANEO SIMPLE SIN LESIONES Y TRAUMA LUMBAR CON FRACTURA DE CADERA Y COMPROMISO DEL FEMOROCUTANEO DERECHO VALORADO CON POTENCIALES EVOCADOS SOMATOSENSORIALES NEUROCIRUGIA Y ORTOPEDIA QUE DEJA COMO SECUELA A) LESION DEL HUESO DE LA PELVIS CON COMPROMISO DE LA DINAMICA DE LA MARCHA POR ATRAPAMIENTO DEL FEMOROCUTANEO DERECHO.

Clasificación de las lesiones o afecciones y calificación de capacidad psicofísica para el servicio

INCAPACIDAD PERMANENTE PARCIAL
NO APTO – PARA ACTIVIDAD MILITAR SEGÚN ARTICULO 68 LITERAL A Y B

Evaluación de la disminución de la capacidad laboral
LE PRODUCE UNA DISMINUCION DE LA CAPACIDAD LABORAL DEL TREINTA POR CIENTO (30%)

Imputabilidad del Servicio

LESION 1- OCURRIO EN EL SERVICIO POR CAUSA Y RAZON DEL MISMO. LITERAL (B) (AT) DE ACUERDO A INFORMATIVO No. 10/2013
(…)»

3.5.2.4. Ahora, al revisar el proveído atacado, se observa que la autoridad judicial accionada al abordar el estudio del caso concreto transcribió el contenido de los medios de convicción, así como el de la historia clínica del 24 de septiembre de 2013, del Hospital del municipio de Viotá (Cundinamarca), para concluir:

De los elementos probatorios allegados (sic) solo permiten demostrar que si bien se encontraba realizando aseo al rancho de tropa cuando el señor MICHAEL ANDR[É]S OSPINA OSORIO sufrió una caída, estas circunstancias no conllevan a establecer la relación de causalidad entre el hecho generador y la responsabilidad que se pretende de la Entidad Pública

Se quiere significar que la actividad que realizaba el señor MICHAEL ANDR[É]S OSPINA OSORIO y que fue la causa directa del daño, si bien se sufrió durante la obediencia de una orden de su superior, la actividad que estaba efectuando el demandante si bien fue dentro de las Fuerzas Militares, no es una actividad propia y exclusiva del servicio en el Ejército Nacional, sino una actividad que puede efectuar cualquier persona que tenga las condiciones que lo califiquen como apto para prestar el servicio militar; si bien el joven se resbaló –de acuerdo al argumento del demandante- aquella no es una causa suficiente para imputar la responsabilidad al Estado, sino una omisión en el cuidado de las personas al realizar actividades de tipo normal.

Finalmente, la Sala de igual forma considera pertinente exponer que analizados los elementos de la responsabilidad se concluye que no hay claridad probatoria frente al porcentaje de disminución de la capacidad laboral del demandante, es decir, si aquel deviene exclusivamente por la caída mientras efectuada (sic) la labor de aseo o cual es la incidencia en relación con la lesión en su columna por impacto de proyectil –lesión reseñada en antecedentes de la historia médica aportada al proceso, situación que corresponde asumir a la parte demandante, por cuanto debe demostrar cuál era el daño antijurídico por la lesión que se alega en la demanda.

3.5.2.5. Sobre este punto, tal como se evidencia de los apartes del fallo del 11 de octubre de 2018 el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Tercera, Subsección A, si bien tuvo en cuenta los medios de convicción arrimados al proceso, no sustentó en debida forma las razones por las cuales en el caso concreto hubo ruptura del nexo causal, entre el daño y la prestación del servicio militar, para que la parte demandada fuera eximida de las pretensiones perseguidas a través del medio de control, situación que configura el defecto fáctico alegado, vulnerándose los derechos deprecados por el accionante.

3.5.2.6. Así las cosas, se tutelarán las garantías superiores al debido proceso y al acceso a la administración de justicia y como consecuencia se ordenará al Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Tercera, Subsección A, que en el término de treinta (30) días contados a partir de la notificación del presente proveído dicte sentencia de reemplazo, dentro del medio de control de reparación directa que originó este mecanismo excepcional, teniendo en cuenta las consideraciones aquí expuestas.

3.5.3. Desconocimiento del precedente

3.5.3.1. De acuerdo a lo afirmado por el accionante, la jurisprudencia del Consejo de Estado ha diferenciado el régimen de responsabilidad patrimonial del Estado entre quienes prestan el servicio militar obligatorio y aquellos que voluntariamente ejercen funciones de alto riesgo relacionadas con la defensa y seguridad del Estado.

3.5.3.2. Así, el soldado que presta el servicio militar obligatorio se encuentra bajo una relación especial de sujeción, en la que el Estado se hace responsable por los daños que le sean irrogados durante la misma, pues adquiere una posición garante, que deviene de la intervención en la esfera de las libertades individuales.

3.5.3.3. Indica que para determinar la responsabilidad por los daños causados a conscriptos el título de imputación aplicable por regla general, es de carácter objetivo –daño especial o riesgo excepcional- siempre que el actuar irregular de la administración no haya incidido en la producción del daño, pues en ese caso el título de imputación será falla del servicio.

3.5.3.4. Adujo que la Sección Tercera de esta Colegiatura ha destacado que los soldados conscriptos únicamente tienen el deber de soportar aquellas limitaciones o inconvenientes inherentes a la prestación del servicio militar obligatorio, pero si durante la ejecución de su deber constitucional, les sobrevienen lesiones a derechos que tienen protección jurídica como la vida, la integridad personal y la salud, ellas pueden ser causa de imputación de daño al Estado.

3.5.3.5. Sostiene que esta Colegiatura ha mantenido un precedente pacífico sobre la existencia de responsabilidad del Estado cuando el daño antijurídico ocurre por causa y razón del servicio (militar obligatorio) y en cumplimiento de funciones u órdenes dadas por los superiores.

3.5.3.6. Para el actor, la jurisprudencia ha acudido a las pruebas documentales que la misma entidad profiere con el fin de describir los hechos y cuantificar las lesiones (informe administrativo por lesiones y acta de junta médica laboral) aunado a que incluso en eventos en los cuales no se aportaron pruebas que esclarecieran todas las circunstancias fácticas se ha confirmado la responsabilidad de la demandada.

3.5.3.7. Refiere que la Sala Plena de la Sección Tercera del Consejo de Estado, en sentencia del 26 de febrero de 2018, sostuvo que a pesar de no haberse allegado el informe administrativo por lesiones del accidente de un conscripto, para la jurisdicción contencioso administrativa resultaba probada la imputación del daño, en razón a que los hechos ocurrieron mientras se encontraba en servicio activo de sus funciones y por tanto, bajo el cuidado y sujeción de la demandada, proveído que transcribe in extenso.

3.5.3.8. Sostuvo que el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Tercera, Subsección A, desconoció el precedente, como quiera que le restó importancia a la imputación de los hechos y las lesiones, que realizó la convocada a juicio, efecto para el cual transcribió extensos apartes de la sentencia del 17 de agosto de 2017, proferida por la Sección Segunda dentro del radicado 11001-03-15-000-2017-01877-00.

3.5.3.9. Como se indicó, el precedente es aquella regla creada por una Alta Corte para solucionar un conflicto jurídico, sin que sea una camisa de fuerza que exista un número determinado de pronunciamientos en el mismo sentido, para que la regla sea considerada precedente. En el presente asunto, el accionante hace referencia a diferentes sentencias proferidas por la Sección Tercera y a una sentencia de tutela dictada por la Sección Segunda de este Cuerpo Colegiado, razón por la que se efectuará su estudio, a fin de determinar, si en efecto son precedente judicial y si fueron desconocidas por el Tribunal accionado. Veamos:

Identificación del expediente
Síntesis

Alexander Ramírez Murillo Vs. La Nación, Ministerio de Defensa, Ejército Nacional
Rad. 73001-23-31-000-1999-01311-01(22462)
Consejo de Estado Sección Tercera Subsección A
Sentencia de Julio 7 de 2011

Hechos: El señor Alexander Ramírez Murillo, prestó servicio militar obligatorio (SLR) durante la jornada militar, debido a los pesados ejercicios de instrucción y a peligrosas bromas que le impusieron (…), se le ordenó al personal pasar a pernoctar en el alojamiento, en el que encontró un falso tendido de tablas en su cama (dejaron sólo dos, una en cada extremo para sostener el colchón), por tal motivo al disponerse a dormir se precipitó al piso, causándose una grave lesión en la rodilla izquierda (…)
Al término del servicio militar, continúo padeciendo los rigores de esa grave lesión, sin que haya sido posible su recuperación.

Esta Corporación al desatar el recurso de apelación incoado por la parte actora, contra la sentencia que declaró la caducidad de la acción, señaló que de conformidad con las conclusiones emitidas por la Dirección de sanidad del Ejército Nacional mediante Acta de la Junta Médico Laboral de fecha 14 de julio de 1997, que el paciente presentó lesiones o afecciones consistentes en una “meniscopatia” en rodilla izquierda que le dejan como secuelas una limitación funcional de dicha extremidad y atrofia en cuadriceps izquierdo. La lesión fue calificada como imputable al servicio por cuanto ocurrió “en servicio por causa y razón del mismo”; que le produce una incapacidad relativa y permanente “no apto para el servicio” y que le determina una disminución de la capacidad laboral equivalente al 30.04%.

Refirió que la responsabilidad del Estado se edificaba “a través del título de imputación denominado “daño especial” por cuanto se tiene por establecido que el soldado ALEXANDER RAMÍREZ MURILLO durante la prestación del servicio obligatorio sufrió una lesión invalidante que ocurrió por causa y razón del mismo, en ese orden el daño por el cual se depreca la responsabilidad del Estado le resulta imputable, razón por la cual deberá ser indemnizado”.

Que “en consideración al Estado de conscripción en la que se encontraba el soldado RAMÍREZ MURILLO, únicamente le asistía el deber de soportar aquellas limitaciones o inconvenientes inherentes a la prestación del servicio militar obligatorio, como la restricción a los derechos fundamentales de locomoción, libertad, etc., sin embargo se advierte que durante la ejecución de su deber constitucional le sobrevinieron lesiones o afecciones a bienes que tienen protección jurídica como la vida, la integridad personal y la salud, de allí que ellas son la causa de imputación de daño antijurídico al Estado, por cuanto en dicho caso, el soldado conscripto no comparte ni asume ese tipo de riesgos con el Estado”.

José Darío Mejía Herrera y Otros Vs Nación-Ministerio de Defensa-Ejercito Nacional
Rad. 05001-23-31-000-2007-00139-01(38222)
Consejo de Estado Sección Tercera
Sentencia del 14 de septiembre de 2011

Hechos: En desarrollo de una operación militar –ocultándose de la guerrilla que se encuentra radicada en esa zona, el SLR Fabián Andrés Mejía se enredó en la maleza y para evitar caer al vacío se apoyó en una piedra húmeda que hizo que se resbalara y cayera rodando a un voladero de aproximadamente diez o doce metros. Al final del vacío el soldado fue detenido por un pedrusco sobre el que aterrizó sentado lo que implicó que su columna vertebral recibiera un fuerte impacto, así como sus miembros inferiores, razón por la que fue necesario extraerlo con el empleo de sogas.

El Tribunal accedió parcialmente las pretensiones de la parte actora. Ambas partes recurrieron la decisión. La Sala Plena de la Sección, al abordar el asunto sostuvo que los perjuicios ocasionados a soldados regulares, conscriptos, en la medida que su voluntad se ve doblegada por el imperium del Estado, al someterlos a la prestación de un servicio (que, no es nada distinto, a la imposición de una carga o un deber público), los debe asumir la organización estatal, bien porque frente a ellos el daño provenga de i) un rompimiento de las cargas públicas que no tenga la obligación jurídica de soportar; ii) de un riesgo excepcional que desborda aquel al que normalmente estaría sometido, y que puede tener origen en el riesgo actividad o en el riesgo de la cosa, o iii) de una falla del servicio, a partir de la cual se produce el resultado perjudicial.

En el caso concreto, se encontraron estructurados los citados elementos o presupuestos de la responsabilidad “comoquiera que el daño está demostrado las actas de la junta médico laboral del Ejército Nacional y del Instituto de Medicina Legal; éste tuvo su origen en una actividad que desplegaba el soldado al interior servicio militar obligatorio y esa lesión representa un resquebrajamiento de las cargas públicas, pues no está demostrado que haya tenido su génesis en una falla del servicio o en la concreción de un riesgo excepcional al cual se le hubiere sometido. Por lo tanto, a los demandantes les bastaba acreditar la existencia del daño, su concreción durante la prestación del servicio militar obligatorio y a causa del mismo, mientras que, desde el otro extremo, le correspondía a la entidad demandada a efectos de exonerarse de responsabilidad, establecer la configuración de una causa extraña que desvirtuara la imputación jurídica del daño en cabeza del Ministerio de Defensa - Ejército Nacional, circunstancia que se echa de menos en el proceso. Así las cosas, el daño deviene imputable en el plano fáctico y jurídico a la entidad demandada porque fue producido durante la prestación del servicio militar obligatorio, durante una actividad u operativo militar y la lesión resquebraja la igualdad frente a las cargas públicas, por lo que el daño reviste la connotación de especial y anormal”.

En esta sentencia se hizo la reformulación jurisprudencial del concepto de daño fisiológico

Bairon Alexander Erazo Toro y Otros Vs Nación-Ministerio de Defensa-Ejercito Nacional
Rad.85001-2331-001-2009-00034-01
Consejo de Estado Sección Tercera, Subsección B.
Sentencia del 8 de julio de 2016
Hechos: En cumplimiento del servicio militar obligatorio, cuando se encontraba recibiendo instrucción de polígono, Bairon Alexander Erazo Toro sufrió una caída que le produjo una lesión (hernia muscular) en la pierna derecha. Con el transcurso del tiempo la hernia se hizo insufrible y visiblemente notoria, por lo cual fue sometido a tratamiento de ortopedia y, posteriormente valorado y calificado por la Junta Médica Laboral, con una incapacidad permanente parcial que le representó una disminución del 16% de la capacidad laboral.

En este caso, no se contaba con la historia clínica del actor que daba cuenta de la atención recibida en el dispensario de Tauramena – Yopal, (inexistencia o pérdida que se ordenó investigar). No obstante, con la valoración de los medios de convicción allegados al expediente (informe administrativo y acta de junta médica laboral) se determinó que el daño ocurrió en el servicio y por causa y razón del mismo, por tanto se afirmó “la responsabilidad del estado emerge paladina bajo un régimen objetivo, amén del deber que el Estado tiene de brindarle protección a los soldados conscriptos y preservar el statu quo sicofísico existente al momento del ingreso”

Luis Carlos Durán y Otros Vs Nación- Ministerio de Defensa- Ejército Nacional
Rad. 66001-23-31-000-2007-00005-01(36853)
Consejo de Estado Sección Tercera
Sentencia del 26 de febrero de 2018
Hechos: El actor resultó lesionado por arma de fuego por un compañero, estando prestando el servicio militar obligatorio.

En este proveído la Sala Plena de la Sección Tercera del Consejo de Estado, reitera la sentencia de unificación del 28 de agosto de 2013, sobre el valor probatorio de los medios de convicción aportados en copia simple.

Allí se advirtió que la entidad demandada que no aportó un informe de los hechos en los cuales resultó herido el soldado regular, ni un certificado acerca de las condiciones de terminación de la prestación del servicio militar obligatorio por parte de este sujeto -siendo su deber elaborar esta clase de documentos-, sino que se limitó a guardar silencio y no hizo ningún esfuerzo probatorio por desestimar los hechos probados por la parte demandante, ni por acreditar algún eximente de responsabilidad.

Por lo anterior, concluyór que la entidad demandada es responsable por el daño ocasionado al entonces soldado regular Luis Carlos Durán y a sus familiares aquí demandantes en virtud a una obligación de protección reforzada del Estado en relación con quienes son sometidos a cumplir con el servicio militar obligatorio como requisito legal.
Eduin Andrés Camacho Colo Vs Tribunal de Cundinamarca
Rad. 11001-03-15-000-2017-01877-00.
Acción de Tutela
Consejo de Estado Sección Segunda
Sentencia Agosto 17 de 2017
Acción de tutela incoada por el actor contra la sentencia de segunda instancia proferida por el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Tercera, Subsección A, que no accedió a las pretensiones del demandante, al considerar que no existía medio probatorio que permitiera inferir la relación de causalidad entre la lesión del actor y la conducta atribuible a la entidad demandada. Concluyó que la caída en el baño que sufrió el demandante no era una actividad propia del servicio.
Se tutelaron los derechos fundamentales del actor al debido proceso y acceso a la administración de justicia, pues el Tribunal no apreció el informe administrativo, ni el acta de junta médica laboral que indicaban que la lesión ocurrió en el servicio y por causa y razón del mismo.

3.5.3.10. Pues bien, sea lo primero señalar que la sentencia de tutela a la que hace referencia el accionante fue proferida por una Subsección de esta Corporación y no por el pleno de la Sala del Máximo Órgano de la Jurisdicción Constitucional, para que pueda ser considerada como precedente.

3.5.3.11. Ahora, revisadas las sentencias de la Sección Tercera de esta Colegiatura, señaladas como desconocidas por la parte actora, advierte esta Sala, que si bien de la mismas se extrae que tratándose de la responsabilidad del Estado en caso de conscriptos, el régimen aplicable es el objetivo, salvo que exista prueba de que la administración incurrió en una falla del servicio; que dicho régimen se aplica por el vínculo con el servicio y porque la lesión ocurra en desarrollo del mismo, la autoridad judicial accionada no lo desconoció, pues en el asunto sometido a su estudio, aplicó el régimen de responsabilidad objetiva a fin de resolver las pretensiones perseguidas por el actor con la demanda de reparación directa. Refirió textualmente el proveído atacado:

«2.2. DEL RÉGIMEN DE RESPONSABILIDAD DEL ESTADO ANTE DAÑOS SUFRIDOS POR SOLDADOS CONSCRIPTOS

En relación con la responsabilidad patrimonial del Estado frente a quienes se encuentren prestando el servicio militar obligatorio, se ha establecido por vía jurisprudencial, que el régimen bajo el cual debe resolverse su situación es diferente al que se aplica frente a quienes de manera voluntaria ejercen funciones de alto riesgo.

Lo anterior en razón a que el sometimiento de los soldados conscriptos a los riesgos inherentes a la actividad militar, no se realiza de manera voluntaria, sino que corresponde al cumplimiento de un deber constitucional, por lo tanto se ha considerado que cuando la persona ingresa a prestar el servicio militar obligatorio en buenas condiciones de salud, debe dejar el servicio en condiciones similares.

El estado adquiere con la persona que está prestando el servicio militar una obligación de protección, que se materializa en que mientras el conscripto permanezca en los lugares de reclusión o en la prestación del servicio, la administración deberá responder por su vida e integridad, devolviéndolo luego de la prestación del servicio en condiciones de salud similares las que tenía cuando ingresó.

Al respeto la jurisprudencia contenciosa ha señalado en relación con el título de imputación que se aplica a los daños que se causen a los soldados conscriptos, que es posible que se dé aplicación a títulos de imputación objetivo, como el daño especial o el riesgo excepcional, de una parte y de otra se puede aplicar el título de imputación subjetiva de la falla del servicio, siempre y cuando de los hechos y pruebas de la demanda se encuentre acreditada la misma.

De igual forma es importante señalar, que la responsabilidad del Estado se analiza con fundamento en la imputación fáctica que se haga y no nace per se con la vinculación del soldado a la institución castrense, por cuanto se ha dicho que el mismo debe soportar aquellas limitaciones o inconvenientes que sean inherentes a la prestación del referido servicio.

Se quiere significar con lo anterior, que independientemente del régimen de responsabilidad a aplicar, debe existir una imputación a cargo de la institución militar o policial respectiva, que guarde relación como se ha dicho, con la ejecución de la carga pública impuesta».

3.5.3.12. De lo anterior se colige, que el Tribunal como ya se dijo, no desconoció que en asuntos como el que tenía bajo estudio se aplicaba el régimen de responsabilidad objetiva, como quiera que la decisión de revocar el fallo de primera instancia se presentó no en virtud de la aplicación de un régimen de responsabilidad diferente, sino porque probatoriamente no encontró acreditado el nexo causal entre el daño y la actividad militar obligatoria, tal como se analizó en el defecto fáctico estudiado.

3.5.3.13. Por lo anteriormente expuesto, el desconocimiento del precedente no está llamado a prosperar.

3.6. Defecto procedimental por exceso de ritual manifiesto

3.6.1. Asegura el actor, que dicho defecto se configuró como quiera que a pesar de haberse demostrado el daño antijurídico ocurrido durante y con ocasión de la prestación del servicio militar obligatorio, dentro de las instalaciones del Ejército Nacional, en cumplimiento de órdenes de superiores, el Tribunal se negó a reconocer la responsabilidad del Estado.

3.6.2. Del argumento del el actor, para sustentar el defecto propuesto no es posible determinar con exactitud cuál fue la irregularidad procedimental en la que incurrió el juez colegiado, razón por la que esta Sección se releva de su estudio. Aunado a lo anterior, la afirmación se asocia a la exposición realizada para el defecto fáctico ya resuelto.

4. Conclusión

4.1. De conformidad con las razones expuestas, la Sala concluye que en la decisión objeto de censura, no se presentó el desconocimiento del precedente ni el defecto procedimental por exceso de ritual manifiesto. No obstante, si se incurrió en el defecto fáctico alegado, por tanto se dejará sin efectos la decisión del 11 de octubre de 2018, y se tutelan los derechos al debido proceso y al acceso a la administración de justicia del señor Michael Andrés Ospina Osorio, ordenándose al Tribunal que profiera una sentencia de remplazo, teniendo en cuenta las consideraciones de esta providencia.

Por lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Quinta, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley

FALLA:

PRIMERO: AMPARAR los derechos fundamentales al debido proceso y al acceso a la administración de justicia, vulnerados por el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Tercera, Subsección A, por incurrir en el defecto fáctico alegado, de acuerdo a lo señalado en esta sentencia.

SEGUNDO: En consecuencia, DEJAR sin efectos la providencia del 11 de octubre de 2018 y ORDENAR al Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Tercera, Subsección A, que dentro de los 30 días siguientes a la notificación de esta providencia profiera sentencia de reemplazo, en la que tenga en cuenta las consideraciones contenidas en este fallo.

TERCERO: NOTIFICAR a las partes y los intervinientes en la forma prevista en el artículo 30 del Decreto 2591 de 1991.

CUARTO: Si no fuere impugnada esta decisión dentro de los tres (3) días siguientes a su notificación, al día siguiente a su ejecutoria, REMITIR el expediente a la Corte Constitucional para su eventual revisión y devolver el expediente en préstamo al despacho de origen.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE

CARLOS ENRIQUE MORENO RUBIO
Presidente

ROCÍO ARAÚJO OÑATE
Magistrada

LUCY JEANNETTE BERMÚDEZ BERMÚDEZ
Magistrada

ALBERTO YEPES BARREIRO
Magistrado

Folio 1 del expediente.
El abogado Jorge Andrés Almanza Alarcón, radicó la acción, actuando como agente oficioso. Sin embargo, al no acreditar tal calidad, se inadmitió la acción. Una vez allegó el poder conferido por el señor Ospina Osorio, la misma se admitió y se impartió el trámite pertinente.
Folio 9.
Folios 38 y 39 del expediente del medio de control de reparación directa, originario del trámite tutelar.
Citada por el actor, Sección Tercera, Consejo de Estado, sentencia de 9 de febrero de 2011, exp. 18113
Alexander Ramírez Murillo Vs. La Nación, Ministerio de Defensa, Ejército Nacional; Rad. 73001-23-31-000-1999-01311-01(22462); Consejo de Estado Sección Tercera Subsección A; Sentencia de Julio 7 de 2011; José Darío Mejía Herrera y Otros Vs Nación-Ministerio de Defensa-Ejercito Nacional Rad. 05001-23-31-000-2007-00139-01(38222) Consejo de Estado Sección Tercera, Sentencia del 14 de septiembre de 2011, José Darío Mejía Herrera y Otros Vs Nación-Ministerio de Defensa-Ejercito Nacional Rad. 05001-23-31-000-2007-00139-01(38222) Consejo de Estado Sección Tercera, Sentencia del 14 de septiembre de 2011; Bairon Alexander Erazo Toro y Otros Vs Nación-Ministerio de Defensa-Ejercito Nacional, Rad.85001-2331-001-2009-00034-01, Consejo de Estado Sección Tercera, Subsección B., Sentencia del 8 de julio de 2016; Luis Carlos Durán y Otros Vs Nación- Ministerio de Defensa- Ejército Nacional, Rad. 66001-23-31-000-2007-00005-01(36853), Consejo de Estado Sección Tercera, Sentencia del 26 de febrero de 2018, Eduin Andrés Camacho Colo Vs Tribunal de Cundinamarca, Rad. 11001-03-15-000-2017-01877-00, Acción de Tutela, Consejo de Estado Sección Segunda, Sentencia agosto 17 de 2017.

Folios 34 al 38.
Si bien quien dijo actuar como agente oficio recurrió en reposición el auto de inadmisión, el Despacho se relevó de su estudio, como quiera que allegó el poder para actuar en representación del accionante.
Folios 56 a 58.
Folios 60 a 62.
Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, Sentencia del 31 de julio de 2012, Expediente No. 2009-01328-01, M.P. MARÍA ELIZABETH GARCÍA GONZÁLEZ.
El recuento de esos criterios se encuentra de las páginas 13 a 50 del fallo antes reseñado.
Se dijo en la mencionada sentencia: “DECLÁRASE la procedencia de la acción de tutela contra providencias judiciales, de conformidad con lo expuesto a folios 2 a 50 de esta providencia” (negrillas dentro del texto).
Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, Sentencia del 5 de agosto de 2014, Expediente No. 2012-02201-01 (IJ), M.P. JORGE OCTAVIO RAMÍREZ RAMÍREZ.
M.P. Jaime Córdoba Triviño.
Entre otras en las sentencias T-949 del 16 de octubre de 2003; T-774 del 13 de agosto de 2004 y C-590 de 2005.
Sentencia del 7 de diciembre de 2016, M. P. Carlos Enrique Moreno Rubio (Exp. Nº 2016-02213-01) y Sentencia del 24 de noviembre de 2016, M. P. Lucy Jeannette Bermúdez Bermúdez (Exp. Nº 2016-02568-01.
Corte Constitucional. Sentencia SU-337/2017, M.P Antonio José Lizarazo Ocampo.
Consejo de Estado, sentencia del 12 de noviembre de 2015, M.P. Lucy Jeannette Bermúdez Bermúdez, Radicación No. 11001-03-15-000-2015-01471-01,
Citada por el actor, Sección Tercera, Consejo de Estado, sentencia de 9 de febrero de 2011, exp. 18113

Radicado: Rad. 11001-03-15-000-2018-04568-00
Accionante: Michael Andrés Ospina Osorio

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