Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Tercera, radicado 11001-03-15-000-2018-04680-01
Consejo de Estado · Sección Tercera
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Consejo de Estado · Sección Tercera
Acción de tutela contra providencia dictada en otra tutela
Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Tercera, radicado 11001-03-15-000-2018-04680-01
Consejo de Estado · Sección Tercera
República de Colombia
Consejo de Estado
Sección Tercera
Radicado 11001-03-15-000-2018-04680-01
Consejero ponente: Ramiro Pazos Guerrero
6 de junio de 2019
ACCIÓN DE TUTELA CONTRA PROVIDENCIA DICTADA EN OTRA TUTELA / IMPROCEDENCIA POR INCUMPLIMIENTO DE LOS REQUISITOS ESPECIALES DE PROCEDIBILIDAD / PRINCIPIO DE FRAUS OMNIA CORRUMPIT - No configuración / IMPROCEDENCIA POR INCUMPLIMIENTO DEL REQUISITO DE INMEDIATEZ - No se presentó en un término razonable
[C]orresponde a la Sala establecer, en primer término, si el mecanismo de amparo cumple o no los requisitos generales de procedibilidad contra providencias judiciales. (…) [R]eitera la Sala que la presente acción de tutela se dirige a cuestionar providencias judiciales proferidas al interior de una acción de tutela, con las que los jueces constitucionales declararon la improcedencia del amparo deprecado por el señor [J.J.S.E.], en atención al carácter subsidiario y residual de este mecanismo de amparo, como quiera que el actor atacó actos administrativos que definieron la suspensión de las mesadas pensionales que le fueron inicialmente reconocidas, a causa de unas investigaciones adelantadas por el ISS –hoy Colpensiones-, respecto a pensiones obtenidas de manera fraudulenta. (…) [No obstante,] durante el presente trámite procesal, [la parte actora] no acreditó el cumplimiento de las específicas causales de procedencia de la acción de tutela contra sentencias de tutela, en concreto la presencia de un fraude procesal que amerite la intervención urgente del juez de amparo, razón suficiente para declarar improcedente este mecanismo de amparo. (…) [Ahora bien, se] debe indicar que (…), esta tutela tampoco superó el requisito general relacionado con la inmediatez para la interposición de esta vía constitucional, (…) [en tanto que] la providencia acusada y que puso fin a la acción de tutela objeto de reproche constitucional, fue proferida por el Tribunal Administrativo del Valle del Cauca y comunicada al actor [el] 10 de noviembre de 2008, [mientras que] [l]a [presente] acción de tutela fue radicada el 14 de diciembre de 2018 ante la Secretaría General de esta Corporación (…), es decir, a la fecha de la presentación de la acción transcurrieron 10 años, 2 meses, y 4 días, [razón por la que,] la Sala colige que la acción es improcedente, ante el incumplimiento de los presupuestos que la jurisprudencia exige para controvertir decisiones judiciales dentro de una acción de tutela y por aquel relacionado con el término razonable -inmediatez. (…) En consecuencia, esta Sala confirmará la sentencia de primera instancia.
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN TERCERA
SUBSECCIÓN B
Consejero ponente: RAMIRO PAZOS GUERRERO
Bogotá, D.C., seis (06) de junio de dos mil diecinueve (2019)
Radicación número: 11001-03-15-000-2018-04680-01(AC)
Actor: JUSTO JAVIER SILVA ESCOBAR
Demandado: TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DEL VALLE DEL CAUCA
1. Procede la Sala a resolver la impugnación presentada por el señor Justo Silva Escobar, como parte accionante, en contra de la sentencia de primera instancia, proferida el 11 de febrero de 2019 por la Sección Segunda, Subsección B, de esta Corporación, mediante la cual se declaró improcedente la acción de tutela.
SÍNTESIS DEL CASO
2. El actor cuestiona la sentencia de tutela de 24 de octubre de 2008, proferida por el Tribunal Administrativo del Valle del Cauca, mediante la cual se confirmó la sentencia de 30 de septiembre de 2008 del Juzgado Once Administrativo del Circuito Judicial de Cali que declaró improcedente la acción de tutela en que el señor Justo Javier Silva Escobar solicitó el pago de unas mesadas pensionales suspendidas mediante Resolución no. 17825 de 2008 por parte del ISS.
I. ANTECEDENTES
Solicitud de amparo
3. Mediante escrito radicado el 14 de diciembre de 2018 ante esta Corporación, el señor Justo Javier Silva Escobar, actuando a nombre propio, formuló acción de tutela con el fin de que se amparen sus derechos fundamentales al mínimo vital, integridad personal y seguridad social, presuntamente conculcados por el Juzgado Once Administrativo del Circuito Judicial de Cali y el Tribunal Administrativo del Valle del Cauca.
4. Las pretensiones del actor consisten en lo siguiente:
De resultar ciertos los hechos relacionados, contundentes las pruebas allegadas a esta acción de tutela que demuestran la vulneración por parte de los accionados, procédase a la protección de los citados derechos.
Como consecuencia de lo anterior, declárese la nulidad de todo lo actuado a partir del 17 del auto (sic) No. 561 de septiembre 17 de 2008 mediante el cual fue notificado el GERENTE del SEGURO SOCIAL del conocimiento de la acción de tutela por parte del Juzgado Once Administrativo de Cali.
Que las cosas vuelvan a su (sic) estado en que se encontraban desde el 25 de septiembre de 2003 fecha del acto de reconocimiento de pensión de vejez y lo que en derecho corresponde.
Hechos y fundamentos de la vulneración.
5. El actor afirmó que el hoy extinto Instituto de Seguros Sociales – ISS, le reconoció una pensión de vejez en Resolución no. 10256 de 25 de septiembre de 2003.
6. El ISS adelantó auditorías a varios expedientes pensionales, entre ellos el del accionante, donde evidenció que su historia laboral sólo registraba 129 semanas cotizadas, por ello, mediante Resolución no. 17825 de 10 de septiembre de 2008 revocó la Resolución no. 10256 de 2003, tras considerarla ilegal. En consecuencia ordenó la suspensión de las mesadas pensionales por el periodo comprendido entre julio de 2008 y diciembre de 2018.
7. Alega el accionante que la Resolución no. 17825 no le fue notificada en debida forma y por esa razón no pudo interponer los recursos legales para controvertirla.
8. El ISS interpuso el medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho, en la modalidad de lesividad, contra la Resolución no. 10256 de 2003. Ese proceso correspondió al Tribunal Administrativo del Valle del Cauca, autoridad judicial que en auto de 10 de junio de 2015 se declaró inhibida para resolver la controversia, ante el hecho de que el acto administrativo ya se encontraba revocado por la misma entidad. Esa providencia fue apelada y la alzada se encuentra pendiente de decisión en el Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección B.
9. Manifiesta el actor que el 5 de septiembre de2008 radicó una acción de tutela contra el ISS, en la que solicitó el amparo de sus derechos fundamentales al mínimo vital, vida, integridad personal y seguridad, así como el reintegro de las mesadas pensionales suspendidas, alegando la inexistencia de pruebas que acrediten la ilegalidad del acto de reconocimiento y una orden judicial para tal efecto.
10. Esa tutela correspondió por reparto al Juzgado Once Administrativo del Circuito Judicial de Cali, despacho que la admitió y requirió al ISS para que se pronunciara sobre los hechos sometidos a su consideración. La entidad respondió con informe del 23 de septiembre de 2008 donde advirtió que el actor ya había interpuesto una tutela previa por los mismos hechos.
11. El Juzgado profirió sentencia de primera instancia el 30 de septiembre de 2008 donde declaró improcedente la acción de tutela en atención al carácter subsidiario de la acción de tutela, por cuanto el actor contaba con la posibilidad de demandar la Resolución no. 17825 a través del medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho, lo anterior sin que se analizaran de fondo los argumentos que, a juicio del actor, permitían verificar la vulneración a sus derechos fundamentales.
12. El accionante impugnó la anterior decisión ante el Tribunal Administrativo del Valle del Cauca, autoridad judicial que en sentencia de 24 de octubre de 2008 confirmó la providencia de primera instancia.
13. Sostiene el aquí accionante que las providencias del Juzgado y el Tribunal Administrativo del Valle no valoraron en debida forma el material probatorio allegado al expediente de tutela, con el que pretendió demostrar que él no fue notificado personalmente de la Resolución no. 17825 de 10 de septiembre de 2008.
14. Por último, aseveró que las autoridades judiciales accionadas no tuvieron en cuenta que dentro de la acción de tutela se argumentó que la carpeta prestacional del actor fue denunciada como sustraída de sus archivos el 18 de julio de 2008, razón por la cual el ISS no tenía pruebas para advertir la ilegalidad de la Resolución 10256 de 2003 que reconoció a su favor el derecho pensional.
II. TRÁMITE PROCESAL
15. Mediante auto de 18 de diciembre de 2018, la Sección Segunda de esta Corporación avocó el conocimiento de la tutela, ordenó notificar al Juzgado Once Administrativo del Circuito Judicial de Cali y al Tribunal Administrativo del Valle del Cauca, como autoridades accionadas, y a la Administradora Colombiana de Pensiones - Colpensiones, en calidad de entidad interesada en el resultado del proceso, por lo que les remitió copia de la tutela y los instó a presentar un informe sobre los hechos que dieron lugar a la presente acción.
Intervenciones
Administradora Colombiana de Pensiones - Colpensiones
16. La entidad vinculada como tercera interesada en el resultado del proceso, presentó memorial de respuesta a la acción de tutela. En él, solicitó que se declare la improcedencia del amparo en atención a su naturaleza subsidiaria y residual, toda vez que, con la presente, el accionante pretende el reconocimiento de prestaciones económicas.
17. Afirmó que lo pretendido por el actor, relacionado con el pago de mesadas pensionales suspendidas, ya fue materia de análisis dentro de la acción de tutela que decidieron el Juzgado Once Administrativo del Circuito Judicial de Cali y el Tribunal Administrativo del Valle del Cauca, cuyas providencias no fueron seleccionadas para revisión por parte de la Corte Constitucional.
18. La situación planteada por el señor Justo Javier Silva constituye una cosa juzgada y el actor pretende desnaturalizar este mecanismo de amparo constitucional, para que se retome el estudio de un caso que ya fue resuelto por las autoridades judiciales competentes desde el año 2008.
El Tribunal Administrativo del Valle del Cauca y el Juzgado Once Administrativo del Circuito Judicial de Cali (autoridad que remitió el expediente de tutela que contiene las providencias judiciales cuestionadas) no dieron respuesta a la acción de tutela de la referencia.
Providencia Impugnada.
19. El Consejo de Estado, Sección Segunda, en sentencia de 11 de febrero de 2019, declaró improcedente la acción de tutela.
20. Al sustentar la decisión, el a quo planteó el problema jurídico y expuso las causales de procedencia de la acción de tutela contra providencias judiciales, desarrolladas por la jurisprudencia constitucional. Analizó de manera detallada la procedencia excepcional de este mecanismo de tutela cuando se dirige contra actuaciones judiciales de los jueces de tutela y su carácter excepcional.
21. Aseveró que la tutela impetrada por el señor Justo Javier Silva Escobar no cumplió con el presupuesto procesal de inmediatez, como quiera que se impetró mucho tiempo después de que fuera notificada la sentencia de segunda instancia del Tribunal Administrativo del Valle del Cauca, al interior de la acción de tutela 2008-00089-00/01.
22. La acción de tutela se ejerció contra las actuaciones de las autoridades judiciales dentro de ese trámite constitucional y no cuestiona el proceder del trámite surtido en el proceso de nulidad y restablecimiento del derecho que actualmente se adelanta en el Consejo de Estado, razón por la cual no hay lugar a verificar la inmediatez con hechos que no fueron objeto de debate en el presente asunto.
23. Agregó el a quo que la presente acción de tutela se dirige contra providencias proferidas dentro de otra acción de amparo, lo que desconoce que frente a la alegada trasgresión a sus derechos fundamentales ya existe una decisión y no es posible que pretenda interponer reiteradas solicitudes de esta naturaleza para que el juez constitucional revise los argumentos que debió exponer con los instrumentos jurídicos idóneos previstos por el legislador, de ser así, se produciría una cadena indefinida de litigios que afectaría la seguridad jurídica del Estado.
Impugnación.
24. El accionante presentó un memorial de impugnación donde no expuso ningún argumento de contradicción al fallo de primera instancia. En su escrito, el actor insistió en los planteamientos expuestos en la tutela, según los cuales, las providencias del Juzgado Once Administrativo del Circuito Judicial de Cali y el Tribunal Administrativo del Valle del Cauca, dentro de la acción de tutela 2008-00284-00/01 trasgredieron sus derechos fundamentales por una indebida valoración probatoria.
III. CONSIDERACIONES
Competencia
25. La Sala es competente para conocer de la impugnación al fallo de tutela de 11 de febrero de 2019, proferido por la Sección Segunda del Consejo de Estado, de conformidad con lo establecido en los Decretos 2591 de 1991, 1069 de 2015 y 1983 de 2017, y el Acuerdo 377 de 2018 de la Sala Plena de esta Corporación.
Cuestión preliminar: de las providencias judiciales cuestionadas.
26. Como cuestión previa, la Sala considera pertinente aclarar que si bien la acción de tutela se dirigió contra la sentencia de 30 de septiembre de 2008 del Juzgado Once Administrativo del Circuito Judicial de Cali y el fallo de 24 de octubre de 2008 del Tribunal Administrativo del Valle del Cauca, por medio del cual se resolvió la impugnación interpuesta contra el fallo de primera instancia y se confirmó en su totalidad esa decisión, dentro de la acción de tutela no. 76001-33-31-011-2008-00284-00/01, lo cierto es que los argumentos de reproche de la entidad accionante se dirigen a controvertir el contenido de la providencia de segunda instancia, siendo aquella la que define el marco de decisión de la presente providencia.
27. Lo anterior, aunado al hecho de que la sentencia de segunda instancia fue la que puso fin al proceso de tutela y en contra de la cual se enfilan los cuestionamientos de la parte actora. Además, ante la eventualidad de que deba accederse al amparo pretendido la autoridad judicial encargada de cumplir la orden y dictar una sentencia de reemplazo sería el Tribunal Administrativo del Valle del Cauca. En suma, el análisis de las providencias cuestionadas, se circunscribirá a lo decidido en segunda instancia por dicho Tribunal.
Cuestión preliminar: el alcance de la presunción de veracidad.
28. En atención a las particularidades del presente asunto, esta Sala considera necesario analizar la figura de la presunción de veracidad, para ello se tiene que el artículo 20 del Decreto 2591 de 1991 establece dicha figura en los siguientes términos: “Si el informe no fuere rendido dentro del plazo correspondiente, se tendrán por ciertos los hechos y se entrará a resolver de plano, salvo que el juez estime necesaria otra averiguación previa.”
29. Así, el funcionario judicial puede decretar el amparo del derecho, si cuenta con cualquier medio de prueba del que se deduzca su evidente amenaza o violación. De otra parte, el juez de tutela debe presumir la veracidad de los hechos narrados en el mecanismo de protección, si las autoridades o entidades accionadas no responden el requerimiento efectuado al momento de adelantarse la acción.
30. Al respecto, en sentencia T-214 de marzo 28 de 2011, M. P. Jorge Iván Palacio Palacio, el Alto Tribunal Constitucional explicó que “la presunción de veracidad fue concebida como un instrumento para sancionar el desinterés o negligencia de la entidad pública o particular contra quien se ha interpuesto la demanda de tutela, en aquellos eventos en los que el juez de la acción requiere informaciones y las entidades o empresas no las rinden dentro del plazo respectivo, buscando de esa manera que el trámite constitucional siga su curso, sin verse supeditado a la respuesta de las entidades referidas”.
31. Para el caso concreto observa la Sala que, a la fecha, estando en curso el trámite procesal de segunda instancia, el Tribunal Administrativo del Valle del Cauca, como autoridad accionada, no presentó un informe acerca de los supuestos fácticos contenidos en el texto de tutela.
32. Bastarían las anteriores elucubraciones para afirmar que en el presente caso es dable aplicar a plenitud la presunción de veracidad de que trata el artículo 20 del Decreto 2591 de 1991, sin embargo se debe precisar que dicha aplicación no puede ser absoluta, sino que debe ir acompasada con el deber de probar los supuestos fácticos que se alegan, esto es, la obligación del accionante de demostrar los hechos que pretende aducir, institución que ha sido denominada históricamente como la carga de la prueba.
33. En este punto, recuerda la Sala que si bien la acción de tutela tiene un trámite informal, esto no exime al demandante de probar los supuestos de hecho, aun en los eventos en que se dé aplicación a la presunción de veracidad, como bien lo advirtió la Corte Constitucional:
Tal como lo ha sostenido en innumerables pronunciamientos este Tribunal, el ejercicio de la acción de tutela se encuentra orientado por el principio de informalidad, lo cual supone que el rigor formal propio de otras áreas del derecho procesal no se hace presente en este contexto, teniendo en cuenta que el fin último de este mecanismo constitucional es la protección efectiva e inmediata de los derechos fundamentales. Sin embargo, este parámetro no debe ser entendido como una patente de corso para que el juez constitucional acceda a todo lo pedido por quien se considera afectado, en virtud de la presunción de veracidad prevista en el artículo 20 del Decreto 2591 de 1991, pues la carga mínima que se impone para quien accede a la jurisdicción constitucional, es probar sumariamente la vulneración o amenaza de sus garantías individuales (onus probandi incumbit actori) (Se resalta)
34. En atención a los anteriores planteamientos y dando aplicación a los lineamientos jurisprudenciales en cita, esta Sala de decisión tendrá por ciertos únicamente aquellos hechos alegados en la demanda que se encuentren plenamente verificados.
Problema jurídico
35. De conformidad con las circunstancias que motivaron la presente acción de tutela y los argumentos de la impugnación, corresponde a la Sala determinar si modifica, revoca o confirma la providencia de 11 de febrero de 2019, proferida por la Sección Segunda de esta Corporación, que declaró improcedente la acción de tutela. Para ello, esta instancia deberá establecer, en primer término, si el mecanismo de amparo cumple o no los requisitos generales de procedibilidad contra providencias judiciales.
Hechos probados
36. Conforme al expediente no. 76001-33-31-011-2008-00284-00, donde obró como accionante el señor Justo Javier Silva Escobar, consta a la Sala que el aquí demandante interpuso una acción de tutela contra el ISS – Seccional Valle del Cauca, para que se ordene el pago, contra esa entidad, de las mesadas pensionales a que aduce tener derecho y que le fueron suspendidas. En esa oportunidad, alegó el actor que no existía un acto administrativo que hubiera dispuesto tal suspensión.
37. Una vez surtido el trámite de rigor, el Juzgado Once Administrativo del Circuito Judicial de Cali, profirió sentencia de primera instancia declarando improcedente esa acción de tutela por las siguientes razones:
Del análisis probatorio allegado al proceso, observa este Despacho, que la institución demandada llevó a cabo todos los procedimientos previos necesarios y acordes con la situación presentada, que dieron lugar a la suspensión del pago de la mesada pensional, pues de ello dan cuenta los Actos administrativos que fueron emitidos con anterioridad, con lo son la Resolución 14412 del 30 de Julio de 2008, por medio de la cual se comunica al actor y a otras personas involucradas la apertura de la investigación Administrativa exhortándolos, para que ejercieran su derecho de contradicción y defensa, el Auto de Pruebas No. 2870 del 2008, mediante el cual se abrió a pruebas la investigación, requiriendo nuevamente a los implicados de los cuales hace parte el actor, para que allegaran las pruebas que estimaran convenientes a favor de su defensa, el Auto de cierre de pruebas No. 4008 de Septiembre de 2008, que pone fin a la etapa probatoria y finalmente el Acto Administrativo No. 17825 del mismo mes, mediante el cual se revocó la Resolución No. 010256 del 25 de Septiembre del año 2003, que había reconocido la pensión de vejez al señor JUSTO PASTOR SILVA ESCOBAR, conforme a las nuevas pruebas recolectadas por el Instituto de Seguro Social, de las cuales hace parte esencial la historia laboral del afiliado, en la que se observa que el número de semanas cotizadas por éste, es de 129, en toda la vida laboral, quedando en evidencia la carencia del cumplimiento de requisitos mínimos de Ley, por parte del demandante, necesarios para haberle reconocido el derecho pensional.
De la misma manera se observa que en la situación planteada de una parte; es innegable la necesidad de que sea adelantada la investigación correspondiente por la autoridad competente, misma, que ya está cursando ante la Fiscalía 92 Seccional de Cali, a fin de que sean aclarados los hechos y/o posibles irregularidades presentadas en el reconocimiento de la pensión de vejez del accionante, circunstancias que no permiten que pueda considerarse la suspensión de la mesada pensional como violatoria del derecho fundamental del mínimo vital, dado a que los hallazgos en el reconocimiento de la prestación económica, sin duda alguna ponen en tela de juicio el verdadero derecho que le pueda asistir al reclamante y de otra parte tampoco le es dado al Juez Constitucional entrar (a) determinar el derecho pensional que le pueda asistir a un afiliado, habida cuenta que esta facultad corresponde a la vía gubernativa o en su derecho a la vía ordinaria y máxime si la negativa del Fondo de Pensiones se fundamenta en la presunta ocurrencia de hechos fraudulentos que están siendo investigados.
En razón a lo expuesto es de anotar que con el actuar de la Entidad demandada en el presente caso, este Despacho, considera que no se le ha vulnerado derecho fundamental alguno al actor, toda vez que si bien es cierto que le fue suspendida la mesada pensional que venía devengando, también lo es que esta conducta fue plenamente justificada y llevada a cabo por el demandado con respeto y acatamiento del debido proceso.
38. El anterior fallo fue apelado, por lo que el Tribunal Administrativo del Valle del Cauca profirió sentencia de segunda instancia el 24 de octubre de 2008, mediante el cual esa autoridad judicial confirmó en todas sus partes la decisión impugnada, tras considerar que el actor controvierte el contenido de actos administrativos en firme, frente a los cuales cuenta con la posibilidad de acudir a los mecanismos judiciales pertinentes a rebatir su legalidad.
39. Así entonces, reitera la Sala que la presente acción de tutela se dirige a cuestionar providencias judiciales proferidas al interior de una acción de tutela, con las que los jueces constitucionales declararon la improcedencia del amparo deprecado por el señor Justo Javier Silva Escobar, en atención al carácter subsidiario y residual de este mecanismo de amparo, como quiera que el actor atacó actos administrativos que definieron la suspensión de las mesadas pensionales que le fueron inicialmente reconocidas, a causa de unas investigaciones adelantadas por el ISS –hoy Colpensiones-, respecto a pensiones obtenidas de manera fraudulenta.
Procedencia excepcional de la tutela contra providencias judiciales
40. De conformidad con lo establecido en el artículo 86 de la Constitución Política, toda persona tiene derecho a acudir a la acción de tutela para reclamar ante los jueces la protección inmediata de sus derechos constitucionales fundamentales cuando quiera que sean violados o amenazados por la acción u omisión de las autoridades, o de particulares en los casos que señala la ley, y procede solo cuando el afectado no disponga de otro medio judicial de defensa, salvo que la utilice como mecanismo transitorio para evitar un perjuicio irremediable.
41. Desde el año 2012, la Sala Plena de lo Contencioso Administrativo de esta Corporación aceptó la procedencia de la acción de tutela contra providencias judiciales. De hecho, en la sentencia de unificación de 5 de agosto de 2014, se dispuso que la acción de tutela, incluso, es procedente para cuestionar providencias judiciales dictadas por el Consejo de Estado, pues, de conformidad con el artículo 86 de la Constitución Política, este mecanismo puede ejercerse contra cualquier autoridad.
42. Para tal efecto, se ha instituido que el juez de tutela debe verificar el cumplimiento de los requisitos generales (procesales o de procedibilidad) que fijó la Corte Constitucional en la sentencia C-590 de 2005.
43. Según exige la mencionada providencia, los casos en que procede la acción de tutela contra decisiones judiciales deben cumplir ciertos y rigurosos requisitos de procedibilidad. Unos de carácter general que habilitan la interposición de la tutela, y otros específicos que tocan con la procedencia del amparo, una vez interpuesto.
44. De acuerdo a los lineamientos jurisprudenciales aludidos los requisitos generales de procedencia excepcional de la acción de tutela contra providencias judiciales son: (i) que la cuestión que se discuta tenga relevancia constitucional; (ii) que se hayan agotado todos los medios -ordinarios y extraordinarios- de defensa judicial al alcance de la persona afectada, salvo que se trate de evitar la consumación de un perjuicio fundamental irremediable; (iii) que se cumpla el requisito de inmediatez; (iv) cuando se trate de una irregularidad procesal, debe quedar claro que la misma tiene un efecto decisivo o determinante en la sentencia que se impugna y que afecta los derechos fundamentales de la parte actora; (v) que la parte actora identifique de manera razonable tanto los hechos que generaron la vulneración como los derechos vulnerados y que hubiere alegado tal vulneración en el proceso judicial siempre que esto hubiere sido posible; y (vi) que no se trate de sentencias de tutela.
45. Agotada la observancia de los anteriores requisitos, el paso a seguir por el juez de tutela es el de verificar, en el caso particular y concreto, si hay lugar a conceder la protección por la configuración de cualquiera de las siguientes causales especiales de procedibilidad o defectos materiales fijados por la jurisprudencia constitucional: (i) defecto sustantivo, (ii) defecto fáctico, (iii) defecto procedimental absoluto, (iv) defecto orgánico, (v) error inducido, (vi) decisión sin motivación, (vii) desconocimiento del precedente y (viii) violación directa de la Constitución.
46. Las aludidas causales específicas se instauraron con el objeto de que la tutela no se convierta en una instancia adicional para que las partes reabran el debate jurídico procesal que es propio de los procesos ordinarios o expongan los argumentos que, por negligencia o desidia, dejaron de plantear ante el juez natural de la causa.
47. Así, para esta Sala es claro que los principios de seguridad jurídica y de coherencia del ordenamiento jurídico no permiten la revisión permanente y a perpetuidad de las decisiones de los jueces y, por tanto, no puede admitirse, sin mayores excepciones, la procedencia de la tutela contra providencias judiciales.
48. En esos términos, la acción de la referencia en tanto mecanismo excepcional debe sujetarse al cumplimiento de tales requisitos cuando se propone contra una providencia judicial.
Cumplimiento de los requisitos generales de procedibilidad conforme a la sentencia C-590 de 2005 en el caso concreto.
49. Sin lugar a mayores elucubraciones, esta Sala constata que el presente caso no cumple los requisitos genéricos de procedibilidad enunciados por la jurisprudencia constitucional, en concreto la inmediatez y el hecho de tratarse de una acción de tutela contra sentencias de tutela, tal y como fuera resuelto por parte del a quo, por las razones que pasan a explicarse.
De la acción de tutela contra sentencias de tutela.
50. La Corte Constitucional, interpretando el artículo 86 de la Carta Política, ha explicado que “de conformidad con el concepto constitucional de autoridades públicas, no cabe duda de que los jueces tienen esa calidad en cuanto les corresponde la función de administrar justicia y sus resoluciones son obligatorias para los particulares y también para el Estado. En esa condición no están excluidos de la acción de tutela respecto de actos u omisiones que vulneren o amenacen derechos fundamentales (…)”
51. Al respecto y en tratándose de acciones de tutela contra sentencias de tutela, en sentencia SU-627 de 2015, la Corte señaló que para determinar la viabilidad o no del recurso de amparo se debe tener en cuenta lo siguiente:
(a) “Si la acción de tutela se dirige contra la sentencia de tutela, la regla general es la de que no procede”.
(b) “Esta regla no admite ninguna excepción cuando la sentencia ha sido proferida por la Corte Constitucional, sea por su Sala Plena o sea por sus Salas de Revisión de Tutela. En este evento solo procede el incidente de nulidad de dichas sentencias, que debe promoverse ante la Corte Constitucional”.
(c) “Si la sentencia de tutela ha sido proferida por otro juez o tribunal de la República, la acción de tutela puede proceder de manera excepcional, cuando exista fraude y por tanto, se esté ante el fenómeno de la cosa juzgada fraudulenta, siempre y cuando, además de cumplir con los requisitos genéricos de procedibilidad de la tutela contra providencias judiciales, (i) la acción de tutela presentada no comparta identidad procesal con la solicitud de amparo cuestionada; (ii) se demuestre de manera clara y suficiente, que la decisión adoptada en la sentencia de tutela fue producto de una situación de fraude (Fraus omnia corrumpit); y (iii) no exista otro medio, ordinario o extraordinario, eficaz para resolver la situación”.(Se resalta)
Resolución del caso en concreto sobre la improcedencia de la tutela contra sentencias de tutela
52. La Sala considera que la acción de tutela interpuesta por el señor Justo Javier Silva no satisface los requisitos de viabilidad excepcional de la acción de tutela contra fallos de amparo y, en consecuencia, como lo resolvió el a quo, la misma es improcedente. En efecto, esta Corporación advierte que si bien el recurso de amparo puede llegar a ser viable contra una sentencia proferida dentro de un proceso de la misma naturaleza, ello sólo resulta posible en situaciones de fraude, lo cual no se encuentra demostrado en la presente oportunidad.
53. Los disensos que el demandante invoca para cuestionar las providencias que declararon improcedente el amparo se refieren, de manera exclusiva, a la valoración probatoria efectuada por la autoridad judicial accionada que, según su parecer, permitía rebatir la legalidad de un acto administrativo, sin embargo frente a ese planteamiento concreto, el Tribunal Administrativo del Valle resolvió que, como juez de tutela, se encontraba vedado para referirse sobre la legalidad de la Resolución proferida por el ISS que ordenó la suspensión de las mesadas pensionales del demandante, ante la existencia de otros mecanismos judiciales idóneos y pertinentes para que sea el juez natural de la causa quien determine tal legalidad.
54. Lo anterior, aunado al evidente hecho de que las pretensiones del actor en la acción de tutela donde se originaron las sentencias cuestionadas, fueron de una evidente raigambre prestacional, lo que constituyó un argumento adicional para concluir la improcedencia de ese mecanismo de amparo.
55. Sobre el particular, esta Sala debe recordar que el reconocimiento de derechos prestacionales por la vía del amparo constitucional es excepcional, regla que encuentra respaldo en el artículo 6° del Decreto 2591 de 1991, reglamentario de la acción de tutela, el cual, al referirse a las causales de improcedencia del amparo constitucional, señala claramente que la existencia de otros medios de defensa judicial tendrá que ser apreciada “en concreto” por el juez, habida cuenta del grado de eficiencia y efectividad del mecanismo judicial frente a las circunstancias en que se encuentre el solicitante al momento de invocar la protección del derecho presuntamente conculcado.
56. En punto al reconocimiento y pago de prestaciones en sede de acción de tutela, se pronunció el máximo tribunal constitucional en sentencia T-609 de 2011, en donde expuso:
Esta Corporación ha indicado que, por regla general, los conflictos referentes al reconocimiento y pago de prestaciones sociales, y concretamente de pensiones, deben ser dirimidos en la jurisdicción ordinaria laboral o ante la jurisdicción contencioso administrativa, de acuerdo con el caso específico. De ahí que, el mecanismo de amparo, en principio, no es el medio judicial idóneo para procurar la protección de esta clase de derechos. Conforme con las anteriores reglas generales de procedibilidad de la acción constitucional en el tema de reconocimiento y pago de prestaciones pensionales, la jurisprudencia de este Tribunal también ha señalado que, excepcionalmente, la tutela procede para la protección de esa clase de derechos, cuando la persona, analizadas sus circunstancias específicas, necesita de una protección urgente. Esto es, cuando se presenta como mecanismo transitorio con el propósito de impedir la ocurrencia de un perjuicio irremediable, o cuando el medio de defensa judicial ordinario, previsto por el ordenamiento para su protección se torna inocuo, ineficaz o no es lo suficientemente expedito para proporcionar una protección oportuna de los derechos, aspecto que debe ser analizado por el juez, teniendo en cuenta las circunstancias propias de cada caso concreto. (Resalta la Sala)
57. En suma, durante el presente trámite procesal, el señor Justo Silva Escobar no acreditó el cumplimiento de las específicas causales de procedencia de la acción de tutela contra sentencias de tutela, en concreto la presencia de un fraude procesal que amerite la intervención urgente del juez de amparo, razón suficiente para declarar improcedente este mecanismo de amparo.
58. Aunado a lo expuesto, debe indicar que, como lo resolvió el a quo, esta tutela tampoco superó el requisito general relacionado con la inmediatez para la interposición de esta vía constitucional, como pasa a explicarse.
Requisito de inmediatez como presupuesto general de procedencia de la acción de tutela contra providencias judiciales.
59. El artículo 86 de la Constitución Política establece que “toda persona tendrá acción de tutela para reclamar ante los jueces, en todo momento y lugar, mediante un procedimiento preferente y sumario, por sí misma o por quien actúe a su nombre, la protección inmediata de sus derechos constitucionales fundamentales”. Ahora bien, aun cuando la Carta Política hace uso de la expresión “en todo momento y lugar”, lo que podría dar a entender que la acción de amparo puede solicitarse en cualquier tiempo, sin importar la urgencia, ni la relevancia de los derechos vulnerados, lo único cierto es que se trata de un requisito que se debe valorar en cada caso concreto.
60. Sin embargo, la Corte Constitucional ha señalado que si bien no es posible establecer un término de caducidad que limite el ejercicio de la acción de la tutela, ésta no puede presentarse en cualquier tiempo y, por lo tanto, debe existir un término razonable entre la ocurrencia de la vulneración o puesta en riesgo de los derechos fundamentales del actor y la presentación de la demanda, en la medida en que la naturaleza misma de este medio de defensa judicial no sólo tiene que ver con la urgencia en la protección de las garantías constitucionales de una persona, sino también con el respeto de la seguridad jurídica y de los derechos de los terceros afectados.
61. En este orden de ideas, la inmediatez es más bien una condición que busca que la acción se presente en un plazo razonable contado desde el momento en que se tuvo conocimiento de la violación o amenaza de los derechos fundamentales y no un término de caducidad. Justamente, porque la acción de tutela es un medio excepcional para la protección pronta y eficaz, es que se requiere que se ejerza en un tiempo prudencial. Por ello, el presupuesto de la inmediatez constituye un requisito para habilitar el estudio de fondo de la acción de tutela, pues se evita “el uso de este mecanismo constitucional como herramienta que consienta la negligencia o indiferencia de los actores, o que propicie la inseguridad jurídica.”
62. La jurisprudencia constitucional ha identificado cinco criterios orientadores para que el juez de tutela pueda determinar, en cada caso, si se ha cumplido con el requisito de la inmediatez. Tales criterios se precisaron en la sentencia SU-391 de 2016, así:
(i) La situación personal del peticionario: debe analizarse la situación personal del peticionario, pues en determinados casos esta hace desproporcionada la exigencia de presentar la acción de tutela en un término breve; (ii) El momento en el que se produce la vulneración: pueden existir casos de vulneraciones permanentes a los derechos fundamentales. En estos casos, para analizar la inmediatez el juez de tutela no debe contar el término desde el momento en el que la vulneración o amenaza inició hasta la fecha de presentación de la tutela, sino que debe tomar en cuenta el tiempo por el que esta se prolongó; (iii) La naturaleza de la vulneración: existen casos donde se presenta un nexo causal entre el ejercicio inoportuno de la acción de tutela y la vulneración de los derechos de los interesados. De acuerdo con este criterio, el juez debe analizar si la demora en la presentación de la tutela guarda relación con la situación de vulneración de derechos fundamentales que alega el peticionario; (iv) La actuación contra la que se dirige la tutela: la jurisprudencia constitucional ha señalado que el análisis de la inmediatez puede variar dependiendo de la actuación que se identifica como vulneratoria de los derechos invocados en la tutela. Específicamente, ha señalado que este análisis debe ser más estricto tratándose de acciones de tutela contra providencias judiciales y (v) Los efectos de la tutela: la Corte ha considerado que, aún si se encuentra un motivo que justifique la demora en la interposición de la tutela, el juez debe tener en cuenta los efectos que esta tendría en los derechos de terceros si se declarara procedente
63. Específicamente, en torno a la verificación de este presupuesto cuando la tutela que se analiza está dirigida contra una providencia judicial, la Sala Plena de esta Corporación mediante sentencia de unificación de 5 de agosto de 2014 estableció, como regla general, que el mecanismo de amparo debe promoverse en un plazo máximo de seis meses contados a partir de la notificación de la sentencia o providencia objeto de reproche constitucional, límite temporal que también ha sido acogido por la Corte Constitucional.
Solución del caso concreto respecto a la inmediatez
64. En el sub lite, la solicitud de amparo formulada por la entidad accionante no cumple con el requisito de inmediatez, como quiera que la providencia acusada y que puso fin a la acción de tutela objeto de reproche constitucional, fue proferida por el Tribunal Administrativo del Valle del Cauca y comunicada al actor mediante telegrama TELEX BG no. 2694 de 10 de noviembre de 2008
65. La acción de tutela fue radicada el 14 de diciembre de 2018 ante la Secretaría General de esta Corporación, como consta en la correspondiente Acta Individual de Reparto, es decir, a la fecha de la presentación de la acción transcurrieron 10 años, 2 meses, y 4 días, desde el momento en que fue notificada la providencia reprochada, término que evidentemente, supera con creces aquel que pueda considerarse como razonable para cuestionar la providencia de tutela aludida.
66. Esta Sala reconoce que no siempre el simple transcurso del tiempo puede llevar al juez a concluir que la tutela se ha presentado de forma tardía, ante la posibilidad que existan circunstancias especiales que no solo justifiquen que la acción de tutela no se haya presentado en un término razonable, sino que demuestren que el hecho o la omisión que vulnera el derecho fundamental sean permanentes, persisten en el tiempo, y hacen que la violación sea siempre actual, sin embargo, el actor no expuso razones admisibles que justificaran la tardanza en la presentación de la acción constitucional.
67. Por consiguiente, la Sala colige que la acción es improcedente, ante el incumplimiento de los presupuestos que la jurisprudencia exige para controvertir decisiones judiciales dentro de una acción de tutela y por aquel relacionado con el término razonable -inmediatez, para ventilar los cargos de reproche contra las providencias judiciales como quedó expuesto.
Conclusión
68. Bastan las anteriores razones para concluir que esta instancia comparte las consideraciones de la Sección Segunda de esta Corporación, que llevaron a decidir que la presente acción de tutela es improcedente. En consecuencia, esta Sala confirmará la sentencia de primera instancia.
69. Por lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, Subsección B, administrando justicia en nombre de la República de Colombia y por autoridad de la ley,
FALLA
PRIMERO. CONFIRMAR la sentencia de 11 de febrero de 2019, proferida por el Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección B, de conformidad con las razones expuestas en la parte motiva de esta providencia.
SEGUNDO. NOTIFICAR a las partes por el medio que resulte más expedito y eficaz, conforme a los artículos 30 y 31 del Decreto 2591 de 1991 y 5 del Decreto 306 de 1992.
TERCERO. ENVIAR el expediente de tutela a la Corte Constitucional para lo de su cargo.
Cópiese, notifíquese y cúmplase.
La anterior providencia fue discutida y aprobada en sesión de la fecha.
RAMIRO PAZOS GUERRERO
Presidente
MARTÍN BERMÚDEZ MUÑOZ
ALBERTO MONTAÑA PLATA
Magistrado
Magistrado
Folio 5
Folios 7 y 7 reverso
Folios 20 a 22
Folios 61 a 70 reverso
CORTE CONSTITUCIONAL. Sentencia T-808 de 2010.
Folios 1 a 3, expediente de tutela 76001-33-31-011-2008-00284-00
Folios 116 a 121 expediente de tutela 76001-33-31-011-2008-00284-00
Folios 139 a 144 expediente de tutela 76001-33-31-011-2008-00284-00
Ver sentencia del 31 de julio de 2012.
Expediente (IJ) 11001-03-15-000-2012-02201-01.
Nota de la Sala: Estas causales han sido reiteradas y tenidas en cuenta para fallar varios casos. Entre ellos, Sentencia T-324 de 1996 (M.P. Eduardo Cifuentes Muñoz); Sentencia SU-014 de 2001 (M.P. Martha Victoria Sáchica Méndez); SU-298 de 2015 (M.P. Gloria Ortiz Delgado); T-090 de 2017 (M.P. Luis Guillermo Guerrero); T-398 de 2017 (M.P. Cristina Pardo Schlesinger), entre muchas otras.
Corte Constitucional. Sentencia C-543 de 1992 (M.P. José Gregorio Hernández Galindo).
Corte Constitucional, sentencia T- 123 de 2007, M.P. Álvaro Tafur Galvis.
Ibídem.
Ver al respecto: Corte Constitucional, sentencia SU 391 de 2016 M.P. Alejandro Linares Cantillo, sentencia T-246 de 2015 M.P. Martha Victoria Sáchica Méndez, sentencia T-594 de 2008 M.P. Jaime Córdoba Triviño , sentencia T-158 de 2006 M.P. Humberto Antonio Sierra Porto, sentencia T-1110 de 2005 M.P. Humberto Antonio Sierra Porto, sentencia SU-961 de 1999 M.P. Vladimiro Naranjo Mesa.
Corte Constitucional. M. P. Alejandro Linares Cantillo.
Ibídem.
11001-03-15-000-2012-02201-01 (IJ)
T-031 de 2016, M. P. Luis Guillermo Guerrero Pérez.
Folio 114 expediente de tutela 76001-33-31-011-2008-00284-00
Folio 5
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