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Consejo de Estado · Sección Cuarta

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Cuarta, radicado 11001-03-15-000-2018-04688-00

Acción de tutela contra providencia judicial: auto que niega acción de Hábeas Corpus

Fecha
4 de abril de 2019
Consejero ponente
Stella Jeannette Carvajal Basto

01Lo que resolvió

Ficha de la providencia

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Cuarta, radicado 11001-03-15-000-2018-04688-00

Consejo de Estado · Sección Cuarta

Parte resolutiva

RESUELVE: Primero.- NIÉGANSE las pretensiones de la solicitud de tutela interpuesta por el señor Héctor Wilfredo Hernández Domínguez contra el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Primera, Subsección “B” y el Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección “A”. Segundo.-

02Texto de la providencia

República de Colombia

Consejo de Estado

Sección Cuarta

Radicado 11001-03-15-000-2018-04688-00

Consejero ponente: Stella Jeannette Carvajal Basto

4 de abril de 2019

ACCIÓN DE TUTELA CONTRA PROVIDENCIA JUDICIAL - Auto que niega acción de Hábeas Corpus / ACCIÓN DE HÁBEAS CORPUS - Solicitud de extinción de la pena / IMPROCEDENCIA DE LA ACCIÓN DE HÁBEAS CORPUS - No es una instancia para valorar y calificar las decisiones del juez de ejecución de penas / NEGACIÓN DE EXTINCIÓN DE LA PENA - Cuando no se ha cumplido la pena impuesta / AUSENCIA DE VULNERACIÓN DE DERECHOS FUNDAMENTALES

[S]e observa que la autoridad judicial accionada, para tomar la decisión, tuvo en cuenta las pruebas allegadas durante el trámite constitucional de hábeas corpus, en particular, las providencias judiciales dictadas por el Juzgado Primero de Ejecución de Penas y Medidas de Seguridad en las que revocó el beneficio de prisión domiciliaria otorgada al señor [H.W.H.D], así como aquellas proferidas en atención a las múltiples solicitudes de extinción de la pena promovidas por el apoderado del accionante, lo que la llevó a concluir que la acción de hábeas corpus, resultaba improcedente por cuanto el juez constitucional no puede hacer las veces de instancia para valorar y calificar si los razonamientos formulados por el juez de ejecución de penas, están ajustados a derecho, de modo que de resolverse de fondo conllevaría una injerencia indebida en las facultades propias del juez natural. Así mismo, consideró que con la decisión de negar la extinción de la pena no se actuó de manera arbitraria ni irracional, por cuanto el conteo del plazo o término de la pena cumplida que se realizó en el auto de 13 de diciembre de 2017, fue acertada en la medida en que se encontró que solo había cumplido hasta la fecha una pena de 59 meses y 24 días de los más de 71 meses de pena que le fueron impuestos, ya que el tiempo que supuestamente ha estado bajo restricción domiciliaria no es válido porque ese beneficio fue revocado desde el 19 de diciembre de 2016. Para esta Sala, la conclusión a la que llegó la providencia objeto de reproche constitucional resulta razonable y no vulnera los derechos fundamentales invocados por el actor, teniendo en cuenta que la acción de hábeas corpus, consagrada en el artículo 30 de la Constitución Política, es procedente en los términos de la Ley 1095 de 2006, por la cual se reglamenta la referida disposición constitucional, cuando alguien es privado de la libertad con violación de las garantías constitucionales o legales, o esta se prolongue ilegalmente (…) En este orden de ideas, la Sala no vislumbra que la autoridad judicial demandada haya vulnerado los derechos fundamentales invocados. Por el contrario, se encuentra que la decisión de declarar improcedente la acción de hábeas corpus resulta razonable en la medida en que el trámite constitucional no puede invadir la órbita de competencia del juez natural ni convertirse en una instancia adicional, a lo que debe agregarse que, previo a declarar la improcedencia, la autoridad judicial demandada verificó que la decisión proferida por el Juzgado Primero de Ejecución de Penas y Medidas de Seguridad en la que se negó la extinción de la pena impuesta al actor no constituyó una vía de hecho que hiciera necesaria su intervención a fin de salvaguardar el derecho fundamental a la libertad.

CONSEJO DE ESTADO

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCIÓN CUARTA

Consejera ponente: STELLA JEANNETTE CARVAJAL BASTO

Bogotá, D.C., cuatro (4) de abril de dos mil diecinueve (2019)

Radicación número: 11001-03-15-000-2018-04688-00(AC)

Actor: HÉCTOR WILFREDO HERNÁNDEZ DOMÍNGUEZ

Demandado: CONSEJO DE ESTADO, SECCIÓN SEGUNDA, SUBSECCIÓN A Y TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DE CUNDINAMARCA, SECCIÓN PRIMERA, SUBSECCIÓN B

SENTENCIA PRIMERA INSTANCIA

La Sección Cuarta del Consejo de Estado procede a decidir la solicitud de tutela promovida por el señor Héctor Wilfredo Hernández Domínguez, mediante apoderado, en contra del Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección “A” y del Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Primera, Subsección “B”, en la que pide el amparo constitucional de los derechos fundamentales al debido proceso, de acceso a la administración de justicia y a la libertad, así como, del principio de prevalencia del derecho sustancial, vulnerados, supuestamente, con las decisiones proferidas el 22 y 17 de mayo de 2018, en el marco del trámite constitucional de hábeas corpus, en el que se declaró improcedente su solicitud.

ANTECEDENTES

Hechos

De la lectura integral del cuaderno de tutela y del expediente en calidad de préstamo contentivo de la acción de hábeas corpus se advierten como hechos relevantes los siguientes:

El señor Héctor Wilfredo Hernández Domínguez se encuentra privado de la libertad desde el 22 de abril de 2012. Fue condenado a una pena de 71 meses y 15 días por el delito de violencia intrafamiliar, por el Juzgado Veintiséis Penal Municipal de Conocimiento de Bogotá mediante sentencia de 28 de septiembre de 2012.

En auto de 23 de abril de 2013, el Juzgado Primero de Ejecución de Penas y Medidas de Seguridad de Bogotá le otorgó al condenado el mecanismo sustitutivo de prisión domiciliaria con vigilancia electrónica. No obstante, mediante oficio Nº 113 COMEB-DOM-V.E. 4292, allegado el 30 de septiembre de 2015, el INPEC puso de presente las múltiples trasgresiones cometidas por él en torno a las obligaciones propias del beneficio que se encontraba disfrutando, por cuanto en varias ocasiones salió el lugar de reclusión sin autorización para ello.

Por esta razón, en autos de 24 de noviembre de 2015 y 18 de febrero de 2016, se dio inicio al trámite judicial consagrado el artículo 477 de la Ley 906 de 2004, con el fin de determinar la viabilidad de rescindir el sustituto punitivo. En virtud de dicho trámite, se dispuso revocar el mecanismo sustitutivo de prisión domiciliaria mediante auto interlocutorio de 12 de agosto de 2016, en el que se dispuso que una vez se encontrara en firme la providencia se expidieran las respectivas órdenes de captura.

La referida decisión fue confirmada por el Juzgado Veintiséis Penal Municipal de Conocimiento de Bogotá, por auto de 19 de diciembre del mismo año. En tal virtud, el 11 de enero de 2017, se dictó la orden de captura Nº 12.

Posteriormente, el accionante solicitó ante el Juzgado Primero de Ejecución de Penas y Medidas de Seguridad de Bogotá, que se declarara la extinción de la pena, por haberse cumplido la condena que le fue impuesta. Sin embargo, dicha solicitud fue negada mediante providencia de 13 de diciembre de 2017, bajo el argumento de que una vez se dispuso rescindir el beneficio de la vigilancia electrónica que se le había concedido, el señor Héctor Wilfredo Hernández Domínguez huyó de su lugar de reclusión, por lo que el tiempo que ha permanecido evadiendo la justicia, contado a partir de la ejecutoria del auto que revocó la medida de prisión domiciliaria, no se tendrá en cuenta a efectos de determinar el cumplimiento de la pena. En este sentido, se encontró que de los 71 meses y 15 días a los que fue condenado, sólo había cumplido 59 meses y 24 días. Dicha solicitud fue nuevamente elevada, por lo que en auto de 20 de abril de 2018, se dispuso atenerse a lo resuelto por dicha autoridad judicial.

Posteriormente, el apoderado del actor reiteró la solicitud, a lo que el Juzgado Primero de Ejecución de Penas y Medidas de Seguridad de Bogotá, respondió en auto de 16 de mayo de 2018, que debía estarse a lo resuelto con anterioridad, máxime si se tiene en cuenta que en ese momento se encontraba prófugo de la justicia con orden de captura vigente.

El 16 de mayo de 2018, el señor Héctor Wilfredo Hernández Domínguez, mediante apoderado, elevó solicitud de hábeas corpus con el objetivo de que ordenara su libertad por cuanto el Juzgado Primero de Ejecución de Penas y Medidas de Seguridad de Bogotá no resolvió favorablemente su petición de extinción de la sanción. Lo anterior, bajo el argumento de que desde el 7 de abril de 2018, cumplió la pena impuesta.

La acción de hábeas corpus radicada bajo el Nº 25000234100020180052300, correspondió por reparto al Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Primera Subsección “B”, la cual fue “denegada por improcedente” mediante auto interlocutorio de 17 de mayo de 2018, bajo los siguientes argumentos:

“(…) el señor Héctor Wilfrido Hernández Domínguez no se encuentra recluido en ningún centro carcelario o penitenciario, ni en ningún otro lugar válido, habilitado y/o autorizado por la autoridad competente para que continúe con la purga de la pena que le fue impuesta, este Despacho acoge la posición jurídica expuesta por el juzgado de ejecución de penas accionado consistente en que el señor (…) es prófugo de la justicia, por ende, forzoso es concluir que, éste actualmente no se encuentra privado de la libertad ni en centro de reclusión, ni en prisión domiciliaria.

(…) por ende, en este caso, la acción constitucional de hábeas corpus es improcedente.

ii) Respecto de la petición del accionante, tenemos que se centra en solicitar la declaración de la extinción de la sanción y /o pena, solicitud frente a la cual no procede la acción de la referencia ante la existencia de otros mecanismos ordinarios idóneos para buscar lo pretendido ante el juez de ejecución de penas, pues el juez de hábeas corpus no puede usurpar las funciones propias del juez ordinario (…)”.

La decisión fue confirmada por el Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección “A”, en providencia de 15 de noviembre de 2018, con la precisión de que la acción se declaró improcedente, al encontrar que:

“(…) es razonable el conteo del plazo o término de la pena cumplida teniendo como sustento el auto anterior del 13 de diciembre de 2017, que indicó que solo había cumplido hasta la fecha una pena de 59 meses y 24 días de los más de 71 meses de pena que le fueron impuestos, porque el tiempo que «supuestamente» ha estado bajo restricción domiciliaria no es válido porque ese beneficio fue revocado y esta interpretación, se repite, no puede considerarse como irracional o arbitraria.

Pero, se insiste, definir si las valoraciones del cómputo de términos por pena cumplida están ajustadas al ordenamiento jurídico escapa al control de esta acción de amparo, donde solo se puede estudiar, como en efecto se hace, que no son arbitrarias ni irrazonables y, por ende, no comportan una vía de hecho.

Así las cosas, se confirmará la decisión impugnada que declaró improcedente el amparo deprecado.

No obstante lo anterior, en criterio de esta Sala Unitaria, el hecho de que en el auto del 20 de abril de 2018 no le hubiese otorgado la oportunidad al condenado o a su defensor de impetrar los recursos que la ley procesal le otorga, constituye una irregularidad procesal que quebranta el debido proceso y por ello, además de estar íntimamente relacionado con el derecho a la libertad, se conminará al juez de ejecución de penas para que resuelva y otorgue los recursos procedentes. Pero en todo caso, el que resuelve la alzada (si se impetra) es el que define sobre su procedencia”.

Para el accionante, tanto las decisiones de negar la extinción de pena y/o sanción emitidas por el Juzgado Primero de Ejecución de Penas y Medidas de Seguridad de Bogotá, como las decisiones de primera y segunda instancia proferidas por la Sección Primera, Subsección “B” del Tribunal Administrativo de Cundinamarca y la Sección Segunda, Subsección “A” del Consejo de Estado, en el marco de la acción de hábeas corpus, vulneraron su derecho a la libertad.

2. Fundamentos de la acción

El accionante sostiene que las autoridades judiciales demandadas vulneraron sus derechos fundamentales al debido proceso, de acceso a la administración de justicia y a la libertad, así como el principio de prevalencia del derecho sustancial, al proferir las providencias de primera y segunda instancia de 17 y 22 de mayo de 2018, dentro del trámite de hábeas corpus radicado bajo el Nº 25000234100020180052300, bajo los siguientes argumentos:

Indicó que el Juzgado Primero de Ejecución de Penas y Medidas de Seguridad de Bogotá “debió declarar la extinción de la sanción penal el 11 de diciembre de 2017, por cuanto el artículo 88 del C.P, enseña que ‘Son causas de extinción de la sanción penal: 4. La prescripción’. Y el artículo 89 del mismo C.P., modificado por el artículo 99 de la Ley 1709 de 2014, dice que ‘La pena privativa de la libertad, salvo lo previsto en tratados internacionales debidamente incorporados al ordenamiento jurídico, prescribe en el término fijado para ella en la sentencia o en el que falte por ejecutar, pero en ningún caso podrá ser inferior a cinco años contados a partir de la ejecutoria de la correspondiente sentencia’. [Aseguró que] la ejecutoria de la sentencia ocurrió hace más de seis años, y su tiempo de prescripción, por ser superior a 5 años, comprendía del 22 de abril de 2012 a 8 de abril de 2018, debido a lo cual cumplidos 59 meses 24 días de pena física intramural y faltando, 11 meses y 21 días, la prescripción de la sanción corrió durante este tiempo pues era la sanción que ‘faltaba por ejecutar’. Es decir, que, a partir del 10 de diciembre de 2017, debió declararse la extinción de la pena. Desde el 11 de diciembre de 2017 en adelante, el juzgado 1° de Ejecución de Penas de Bogotá, ha actuado por fuera de toda competencia, que solo la tiene para declarar la extinción de la sanción penal”.

Dicho error procesal, en su sentir, fue “amparado por el Consejo de Estado cuando negó el hábeas corpus interpuesto”.

Sostuvo que la acción de tutela cumple con el requisito de inmediatez, pues “fue interpuesta por mi defensor, en un término razonable y proporcionado de tres meses, a partir del hecho que originó la vulneración- negar el hábeas corpus-. Y pese a que firmé coadyuvando la tutela, ella fue rechazada por ausencia de poder. Y como mi defensor salió del país, no hubo oportunidad de recurrir la decisión de rechazo de trámite de la tutela”.

3. Pretensiones

El demandante formuló en su escrito de tutela la siguiente:

“Busca la presente excepcional tutela, que se decrete la nulidad de los fallos mencionados y, en su lugar, que las autoridades accionadas, decreten a favor de HÉCTOR WILFREDO HERNÁNDEZ DOMÍNGUEZ, identificado con la C.C. (…) el derecho de hábeas corpus solicitado y se otorgue su libertad por haberse presentado la extinción de la sanción penal”.

4. Pruebas relevantes

El accionante no allegó con el escrito de tutela documento alguno.

5. Trámite procesal

Mediante auto de 11 de enero de 2019, se admitió la acción de tutela y se ordenó notificar a las partes, así como al Juzgado Primero de Ejecución de Penas y Medidas de Seguridad de Bogotá, como tercero interesado en el resultado del proceso, a quien se le remitió copia de la solicitud de amparo.

En el mismo auto, se ofició al Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección “A” y al Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Primera, Subsección “B”, en el evento que el expediente hubiera sido devuelto, para que en calidad de préstamo, allegara el expediente del proceso Nº 25000234100020180052301, actor: Héctor Wilfredo Hernández Domínguez.
La Secretaría General de esta Corporación libró los oficios 2484 a 2487 y DB00077 de 17 de enero de 2019, a fin de darle cumplimiento a la referida decisión.

6. Oposición

6.1. Respuesta del Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección “A”

En memorial presentado el 21 de enero de 2019, el Consejero Ponente Rafael Francisco Suárez Vargas manifestó que “la acción de tutela no es el mecanismo idóneo para pretender la revocación de una decisión de hábeas corpus, pues no constituye una instancia más dentro del proceso, máxime cuando la persona afectada ejerció los recursos legales y las razones de hecho y de derecho que sustentan la providencia atacada se encuentran debidamente precisadas en su parte motiva. Pero, además, se indica que la providencia censurada fue emitida y notificada el 22 de mayo de 2018, mientras que la acción de amparo de la referencia se radicó el 13 de diciembre de 2018, es decir, después de 6 meses, con lo que se rompe el principio de la inmediatez”.

6.2. Respuesta del Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Primera, Subsección “B”

En escrito de 18 de enero de 2019, el magistrado ponente de la decisión de primera instancia en la que se denegó por improcedente la solicitud de hábeas corpus solicitó que se nieguen las pretensiones del actor, por cuanto considera que no se quebrantó derecho fundamental alguno durante ese trámite constitucional.

Aseguró que resolvió denegar por improcedente la acción de hábeas corpus “en tanto el conjunto probatorio relevante allegado al expediente como también en la legislación y en la jurisprudencia de la Corte Suprema de Justicia aplicables al caso, (…) se pudo constatar que la cuestión examinada no tenía vocaciones de prosperidad, por las siguientes razones: El señor Héctor Wilfrido Hernández Domínguez (…) estuvo recluido desde el 22 de abril de 2012 hasta el 19 de diciembre de 2016 purgando la pena que le [fue] impuesta, habiéndole incluso otorgado el mecanismo sustitutivo de la vigilancia electrónica (…) por auto del 12 de agosto de 2016 se revocó ese mecanismo sustitutivo, decisión contra la cual, el condenado interpuso recurso de apelación, el que fue resuelto por el Juzgado 26 Penal Municipal de Conocimiento de Bogotá, despacho que, en providencia del 19 de diciembre de 2016 confirmó la decisión recurrida, razón por la que, el 11 de enero de 2017 el Juzgado Primero de Ejecución de Penas y Medidas de Seguridad expidió la Orden de Captura No. 12, la cual a la fecha de la decisión tutelada no se había hecho efectiva. (…) al no estar el [señor] Héctor Wilfrido Hernández Domínguez detenido y/o arrestado por parte de ningún agente público o privado, sino que, se encontraba prófugo y/o fugitivo, era más que evidente que esa acción constitucional no tenía vocación de prosperidad (…) respecto de la petición del accionante consistente en que se declarara la extinción de la sanción y/o pena, se precisó que frente a esta solicitud no procede la acción de hábeas corpus ante la existencia de otros mecanismos ordinarios idóneos (…). Finalmente frente a la supuesta imposibilidad de ejercerse los recursos de reposición y en subsidio apelación al haber el Juzgado Primero de Ejecución de Penas y Medidas de Seguridad dictado las decisiones de la solicitud de extinción de la sanción como de ‘entérese y cúmplase’, se precisó que ello estaba íntimamente relacionado con una posible violación del derecho al debido proceso, frente a lo cual, se advirtió que la acción de habeas corpus fue instituida única y exclusivamente para la defensa del derecho fundamental a la libertad, por lo tanto, el derecho constitucional fundamental al debido proceso no admitía protección a través de ese mecanismo judicial”.

En este orden de ideas, sostuvo que la decisión cuestionada se emitió conforme a derecho y se sustentó en el material probatorio relevante para el caso, además, advirtió que trámite dado a la acción de hábeas corpus no es violatorio del derecho al debido proceso, en tanto el accionante pudo actuar dentro del mismo y se tramitó con estricto apego a la ley.

6.3. Respuesta del Juzgado Primero de Ejecución de Penas y Medidas de Seguridad de Bogotá

En memorial allegado el 22 de enero de 2019, la Juez Raquel Aya Montero manifestó que a ese despacho el correspondió la ejecución de la pena de 71 meses y 15 días de prisión, que por el delito de violencia intrafamiliar, en concurso homogéneo y sucesivo, le impuso al señor Héctor Wilfredo Hernández Domínguez el Juzgado Veintiséis Penal Municipal con Funciones de Conocimiento de Bogotá en sentencia de 28 de septiembre de 2012.

Manifestó que mediante auto de 23 de abril de 2013, ese despacho le otorgó al condenado el mecanismo sustitutivo de vigilancia electrónica. No obstante, a través del oficio Nº 113 COMEB-DOM-V.E. 4292, allegado el 30 de septiembre de 2015, las autoridades penitenciarias pusieron de presente múltiples transgresiones cometidas por el penado en torno a las obligaciones connaturales al beneficio judicial otorgado. Por esta razón, a través de autos de 24 de noviembre de 2015 y de 18 febrero de 2016 se dio inicio al trámite consagrado en el artículo 477 de la Ley 906 de 2004, a efecto de determinar la viabilidad de rescindir el sustituto punitivo, para lo cual se le otorgó al actor el término de 3 días para que presentara las explicaciones que considerara pertinentes.

Afirmó que en providencia interlocutoria de 12 de agosto de 2016, se revocó el mecanismo sustitutivo, disponiéndose que una vez alcanzara firmeza, se expidieran las respectivas órdenes de captura. Dicha providencia fue confirmada por el Juzgado Veintiséis Penal Municipal de Conocimiento de Bogotá, en providencia de 19 de diciembre de 2016. En consecuencia, el 11 de enero de 2017, se expidió la orden de captura número Nº 12, la cual a la fecha no se ha hecho efectiva.

Indicó que el accionante estuvo privado de la libertad desde el 22 de abril 2012, fecha en la que fue capturado, hasta el 19 diciembre de 2016, fecha en la que cobró ejecutoria el auto que revocó el beneficio de vigilancia electrónica, acreditando un descuento físico de 55 meses y 29 días, así:

2012
08 meses
10 días
2013
12 meses
00 días
2014
13 meses
00 días
2015
14 meses
00 días
2016
11 meses
19 días
TOTAL:
55 meses
29 días

Sostuvo que a lo anterior, deben sumarse 3 meses y 25 días de redención punitiva, por lo que el tiempo de pena efectivamente purgado es de 59 meses y 24 días.

Por esta razón, manifestó que aún le restan 11 meses y 21 días para purgar materialmente la sanción de 71 meses y 15 días de prisión. Agregó que no es posible tener en cuenta el tiempo que ha transcurrido desde el 20 de diciembre de 2016, por cuanto las órdenes de captura expedidas en su contra no se han materializado y el señor Héctor Wilfredo Hernández Domínguez continúa prófugo de la justicia.

Informó que su defensor ha solicitado insistentemente la extinción de la sanción penal, pero dichas solicitudes han sido negadas con base en lo anteriormente expuesto.

Aseveró que las inconformidades que el actor tenga en torno a la interpretación dada a la ley por ese Despacho, deben ser ventiladas al interior de la actuación penal y no haciendo uso de las acciones constitucionales de hábeas corpus o acción de tutela.

Afirmó que en varias oportunidades el accionante ha interpuesto acciones de hábeas corpus y ha presentado acciones de tutela en contra de ese juzgado cuando no está de acuerdo con las decisiones que allí se emiten, no obstante, todas ellas han tenido resultados desfavorables a sus intereses.

Por último, indicó que “en lo concerniente a la prescripción de la sanción penal, se precisa que en la actuación no obra petición por parte del accionante deprecando tal petición, sin embargo, de manera oficiosa, este Juzgado en auto interlocutorio de la fecha resolvió sobre el mismo, decisión que sea de paso es susceptible de los recursos de ley en caso de que por parte de los sujetos procesales no estén conformes con lo allí decidido”.

En este orden de ideas, solicitó que se denieguen las pretensiones formuladas por el accionante.

7. Intervenciones posteriores a la admisión de la acción de tutela

7.1. En escrito de 24 de enero de 2019, quien fuera el apoderado del señor Héctor Wilfredo Hernández Domínguez en el trámite de hábeas corpus y del proceso penal promovido en su contra, manifestó que las decisiones emitidas por el Juzgado Primero de Ejecución de Penas y Medidas de Seguridad de Bogotá no fueron notificadas ni al Ministerio Público, ni al penado, ni a su defensor, por lo que no se ha permitido el ejercicio de los recursos de reposición o apelación. Insistió en que el citado despacho judicial debió declarar la extinción de la sanción penal desde el 11 de diciembre de 2017, por cuanto el artículo 88 del Código Penal indica que “Son causas de extinción de la sanción penal: (…) 4. La prescripción”, y el artículo 99 de la Ley 1709 de 2014, contempla que “la pena privativa de la libertad, salvo lo previsto en tratados internacionales debidamente incorporados al ordenamiento jurídico, prescribe en el término fijado para ella en la sentencia o en el que falte por ejecutar, pero en ningún caso podrá ser inferior a cinco años contados a partir de la ejecutoria de la correspondiente sentencia”.

En este orden de ideas, afirmó que, en su sentir, el fallo de tutela “deberá señalar como ha de interpretarse el artículo 89 del Código Penal, y si aquellos jueces y tribunales del país que han decretado la extinción de la pena por prescripción cuando no ha habido captura, y una vez transcurrido el tiempo de condena están equivocados y sus decisiones deberán revocarse para tener a los beneficiados con el reconocimiento de la prescripción. Y que debe procederse al llenado de las cárceles”.

7.2. En memorial allegado el 18 de febrero de 2019, encontrándose el proceso al despacho para emitir la decisión respectiva, el accionante manifestó que en cumplimiento de la orden de captura expedida por el Juzgado Primero de Ejecución de Penas y Medidas de Seguridad de Bogotá, fue aprehendido el 15 de febrero de 2019, por lo que se encuentra recluido en la Unidad de Reacción Inmediata de la Fiscalía, sede Puente Aranda, en donde no se le ha permitido acceder a la colchoneta y cobijas que le llevaron sus familiares, ni tener acceso a su defensor. Sostuvo que su pena está siendo aumentada a 83 meses y 6 días, violando la disposición contenida en el artículo 99 de la Ley 1709 de 2014.

II. CONSIDERACIONES DE LA SALA

1. Competencia

De conformidad con lo previsto en los artículos 86 de la Constitución Política, 29 del Decreto 2591 de 1991 y el 13 del reglamento interno, la Sección Cuarta del Consejo de Estado es competente para decidir el asunto objeto de estudio.

2. Delimitación y planteamiento del problema jurídico

2.1. Aun cuando el accionante en el escrito de tutela manifestó sus inconformidades frente a la decisión de negar su solicitud de extinción de la pena proferida el 13 de diciembre de 2017, por el Juzgado Primero de Ejecución de Penas y Medidas de Seguridad de Bogotá, la Sala observa que las pretensiones formuladas se dirigen a controvertir únicamente las providencias de primera y segunda instancia de 2 y 15 de noviembre de 2018, emitidas por la Sección Primera, Subsección “B” del Tribunal Administrativo de Cundinamarca y la Sección Segunda, Subsección “A” del Consejo de Estado, respectivamente, dentro del trámite de hábeas corpus radicado bajo el Nº 25000234100020180052300.

En efecto, de la lectura integral de la solicitud de amparo se advierte que las inconformidades frente a la providencia del Juzgado Primero de Ejecución de Penas y Medidas de Seguridad de Bogotá, sirvieron de sustento para la acción de hábeas corpus, a través de las cuales pretende evidenciar la supuesta vulneración de los derechos fundamentales por parte de las providencias que resolvieron dicha acción constitucional, pero no se trata de cargos individuales que se dirijan a controvertir de forma directa la decisión proferida en el marco del proceso penal que se adelanta en su contra. En cualquier caso, la acción de tutela resultaría improcedente para debatir las inconformidades contra dicha providencia por cuanto no se cumple con el requisito de la inmediatez en la medida en que han transcurrido más de 11 meses desde su notificación.

Además, a pesar de que en escrito de 18 de febrero de 2019, el actor aseguró que se encuentra privado de la libertad desde el 15 del mismo mes y año y que su pena estaría siendo aumentada, esta Sala no puede emitir pronunciamiento alguno al respecto, por cuanto se trata de hechos nuevos que no se relataron en la acción de tutela y frente a los cuales, de estudiarse, se estarían vulnerado los derechos de defensa y de contradicción de las autoridades judiciales demandadas.

De este modo, el debate de la Sala se limitará a estudiar únicamente los reproches formulados frente a los autos interlocutorios que resolvieron el trámite de hábeas corpus, concretamente, el proferido en segunda instancia por la Sección Segunda, Subsección “A” del Consejo de Estado el 22 de mayo de 2018, en tanto este puso fin al debate propuesto por el actor en el referido trámite constitucional.

Aun cuando el actor no atribuye a dichas providencias la configuración de un defecto de manera específica, el estudio se abordará desde la garantía de los derechos fundamentales al debido proceso, de acceso a la administración de justicia y a la libertad, así como el principio de prevalencia del derecho sustancial, invocados en el escrito de tutela.

2.2. Así las cosas, le corresponde a la Sala establecer si la providencia de 22 de mayo de 2018, proferida por la Sección Segunda, Subsección “A” del Consejo de Estado, en la que se confirmó el auto de 17 de mayo de 2018, por medio de la cual la Sección Primera, Subsección “B” del Tribunal Administrativo de Cundinamarca “negó por improcedente” la solicitud de hábeas corpus, vulneró los derechos fundamentales al debido proceso, de acceso a la administración de justicia y a la libertad, así como el principio de prevalencia del derecho sustancial, al no haber ordenado la libertad inmediata del señor Héctor Wilfredo Hernández Domínguez, aun cuando la pena que le fue impuesta debía declararse extinta.

3. Procedencia excepcional de la acción de tutela contra providencias judiciales

El artículo 86 de la Constitución Política señala que toda persona tendrá acción de tutela para reclamar ante los jueces la protección inmediata de sus derechos constitucionales fundamentales, “cuando quiera que estos resulten vulnerados por la acción o la omisión de cualquier autoridad pública”, mandato que materializa las obligaciones internacionales contenidas en los artículos 25 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos y 2.3 literal a) del Pacto de Derechos Civiles y Políticos, instrumentos que hacen parte de la legislación interna en virtud del bloque de constitucionalidad (art. 93 de la Carta).

Esta Corporación judicial en la sentencia de unificación emanada por la Sala Plena de lo Contencioso Administrativo el 31 de julio de 2012, acogió la tesis de admitir la procedencia excepcionalísima de la solicitud de tutela contra providencias judiciales, cuando se advierta una manifiesta vulneración iusfundamental.

Más adelante, la misma Sala en sentencia de unificación del 5 de agosto de 2014, precisó el ámbito de aplicación de la acción de tutela contra providencias judiciales, lo que llevó a concluir que su procedencia se debe predicar, también, respecto “de sus máximos tribunales”, en tanto se trata de autoridades públicas que “pueden eventualmente vulnerar los derechos fundamentales de personas”. En la misma decisión, el Consejo de Estado acogió las condiciones de aplicación que sistematizó la Corte Constitucional en la sentencia C-590 de 2005.

Los requisitos generales de procedencia que deben ser verificados, son: (i) Que la cuestión que se discuta resulte de evidente relevancia constitucional; (ii) Que se hayan agotado todos los medios -ordinarios y extraordinarios- de defensa judicial al alcance de la persona afectada; (iii) Que se cumpla el requisito de la inmediatez, es decir, que la tutela se hubiere interpuesto en un término razonable y proporcionado a partir del hecho que originó la vulneración (…); (iv) Cuando se trate de una irregularidad procesal, debe quedar claro que la misma tiene un efecto decisivo o determinante en la sentencia que se impugna y que afecta los derechos fundamentales de la parte actora (…); (v) Que la parte actora identifique de manera razonable tanto los hechos que generaron la vulneración como los derechos vulnerados y que hubiere alegado tal vulneración en el proceso judicial siempre que esto hubiere sido posible (…) y (vi) Que no se trate de sentencias de tutela.

Ahora bien, los requisitos específicos de procedencia que ha precisado la jurisprudencia constitucional en la misma sentencia C-590 de 2005, son los siguientes: (i) Defecto orgánico; (ii) Defecto procedimental absoluto; (iii) Defecto fáctico; (iv) Defecto material o sustantivo; (v) Error inducido; (vi) Decisión sin motivación; (vii) Desconocimiento del precedente y (viiii) Violación directa de la Constitución.

Al juez de tutela le corresponde verificar el cumplimiento estricto de todos los requisitos generales de procedencia, de tal modo que una vez superado ese examen formal pueda constatar si se configura, por lo menos, uno de los defectos arriba mencionados, siempre y cuando, en principio, hayan sido alegados por el interesado. Estos presupuestos han sido acogidos en reiterada jurisprudencia del Tribunal Supremo de lo Contencioso Administrativo y de la Corte Constitucional.

En definitiva, la acción de tutela contra providencias judiciales, como mecanismo excepcional, se justifica en el carácter prevalente que se debe dar a la cosa juzgada y a los principios constitucionales de autonomía e independencia del juez natural, atributos que debe tener en consideración el juez constitucional al momento de estudiar la constitucionalidad de cualquier fallo.

4. Estudio y solución del caso concreto

4.1. Verificación de los requisitos generales de procedencia

El caso bajo estudio, ha superado los requisitos generales de procedibilidad de la acción de tutela contra providencias judiciales, en tanto:

(i) Goza de relevancia constitucional en la medida en que debe decidirse si con la providencia dictada el 22 de mayo de 2018, por el Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección “A”, se vulneraron los derechos fundamentales al debido proceso, de acceso a la administración de justicia y a la libertad, así como, del principio de prevalencia del derecho sustancial, cuya protección se invoca.

(ii) Se agotaron los medios de defensa judicial que tenía el accionante para controvertir la providencia objeto de tutela, en tanto la decisión motivo de censura constitucional se profirió en el marco la impugnación que se interpuso contra la decisión de primera instancia en el trámite de hábeas corpus;

(iii) Respecto al cumplimiento del requisito de la inmediatez, la Sala advierte que la decisión atacada se dictó el 22 de mayo de 2018, la cual se notificó mediante correo electrónico del mismo día. La solicitud de amparo se presentó el 13 de diciembre de 2018, transcurridos seis (6) meses y veinte (20) días de su notificación, por lo que se interpuso por fuera del plazo razonable de los 6 meses fijados por esta Corporación. Sin embargo, teniendo en cuenta que el Juez de tutela debe analizar en cada caso particular el cumplimiento de dicho requisito, el cual no es un término de caducidad, sino más bien una condición que busca que la acción se presente en un término razonable contado desde el momento en que se tuvo conocimiento de la violación o amenaza de los derechos fundamentales, se entiende que, de acuerdo con lo manifestado por el actor, con anterioridad a la presente acción de tutela su apoderado judicial presentó una solicitud de amparo a su nombre, que fue rechazada por no allegar la documentación que lo acreditara como tal, circunstancia que no puede ser reprochada al señor Héctor Hernández Domínguez, sino a su abogado. Adicionalmente, por estar privado de la libertad en la actualidad, se justifica el estudio de fondo y se excepciona el cumplimiento del referido plazo.

En efecto, de acuerdo con la información suministrada por el Sistema de Gestión Judicial Siglo XXI, se observa que el 12 de septiembre de 2018 (3 meses y 19 días después de la notificación de la providencia demandada) quien fungió como apoderado del actor en el trámite judicial de carácter penal y en la acción de hábeas corpus, interpuso acción de tutela radicada bajo el Nº 11001031500020180327100, la cual fue rechazada mediante auto de 12 de octubre de 2018, porque el abogado no allegó la documentación que lo acreditara como apoderado del señor Héctor Wilfredo Hernández Domínguez.

Por lo anterior, en aras de facilitar el acceso a la administración de justicia (artículo 229 de la Constitución Política) y la obtención de una decisión de fondo a sus inconformidades, como parte del derecho convencional a gozar de una tutela judicial efectiva (artículos 8 y 25 del Pacto de San José), esta Sala considera que, en las circunstancias particulares que rodean el caso del señor Héctor Wilfredo Hernández Domínguez, se entiende razonable que haya tardado un poco más de 6 meses para interponer la acción de tutela, por cuanto la tardanza no es atribuible a él sino a su apoderado. De modo que se considera superado el requisito de la inmediatez.

(iv) Los hechos y las pretensiones fueron desarrollados de manera clara, de tal manera que se puede determinar el debate jurídico y, por último,

(v) La acción de tutela no es contra un fallo de la misma naturaleza.

Cumplidos los requisitos genéricos de procedencia de la solicitud de amparo, procede la Sala a efectuar el estudio de fondo.

4.2. La decisión judicial objeto de reproche constitucional no vulneró los derechos fundamentales invocados

En el sub lite, el señor Héctor Wilfredo Hernández Domínguez solicita el amparo de tutela de los derechos fundamentales al debido proceso, de acceso a la administración de justicia y a la libertad, así como, del principio de prevalencia del derecho sustancial, los cuales considera vulnerados con la providencia de 22 de mayo de 2018, proferida por el Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección “A”, en la que se confirmó el auto de 17 del mismo mes y año, por medio del cual el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Primera, Subsección “B”, “denegó por improcedente” la solicitud de hábeas corpus, bajo el argumento de que se debió ordenar su libertad por cuanto su pena debería declararse extinta, encontrándose injustamente privado de la libertad.

Al respecto, se observa que el Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección “A”, en el auto interlocutorio de 22 de mayo de 2018, confirmó la decisión del a quo, por las siguientes razones:

“Como se observa el juez de ejecución de penas sustentó las razones por las cuales consideró que no se daban las condiciones para que el accionante obtuviese su libertad reiterando la decisión anterior del 13 de diciembre de 2017, en la que ya se había hecho el cómputo de la pena cumplida, esto es, 59 meses y 24 días, de una pena de 71 meses y 15 días de prisión.

La anterior circunstancia impide que esta Sala, en acción de amparo de habeas corpus, proceda a hacer las veces de instancia para valorar y calificar si los razonamientos formulados por el juez de ejecución de penas, están ajustados a derecho.

En otras palabras, como ya se indicó arriba, una vez impuesta la pena por la autoridad jurisdiccional competente es el juez de ejecución de penas quien debe evaluar las peticiones de libertad que deben ser resueltas al interior del proceso penal, y, por supuesto, la discusión del contenido de la decisión también debe darse en esa misma jurisdicción. Se repite, la acción constitucional no puede suplir los mecanismos ordinarios de defensa judicial. Al respecto la Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Penal, en providencia del 2 de junio de 2017, en acción de habeas corpus, dictada dentro del proceso número 00025-2017, magistrada ponente Clara Cecilia Dueñas Quevedo, precisó:

Ahora bien, resulta preciso señalar que el debido proceso corresponde a una sucesión ordenada y preclusiva de actos procesales, que obedecen a unas reglas preestablecidas, las cuales de ninguna manera pueden ser reemplazadas, en tanto ellas se han instituido precisamente para preservar las garantías constitucionales que conlleven a un ordenamiento social justo.

Dentro de este conjunto de disposiciones y garantías, se encuentra que contra las decisiones que resuelven las solicitudes de libertad por vencimiento de términos y en los eventos que la Ley lo permite, proceden los recursos de reposición y apelación, medios de impugnación de los cuales no hicieron uso los accionantes y, por tanto, no es dable que esta acción constitucional sea usada como un medio supletorio para excusarse de su propia incuria al ejercer los mecanismos de defensa que la ley les dispensa.

d). Además de lo anterior vale la pena resaltar, que siendo que la providencia que resuelve en forma adversa una solicitud de libertad no hace tránsito a cosa juzgada, los encausados pueden insistir en la excarcelación pretendida y frente a lo resuelto al interior del proceso, si lo estiman procedente, interponer los recursos ordinarios de reposición y/o apelación (CSJ Penal, 28014, 26 julio 2007, y 28287, 7 septiembre 2007).

e). Ahora bien, si en gracia de discusión lo pretendido por los actores es que el juez constitucional reevalúe la decisión adoptada por el juez natural, frente a la procedencia de su solicitud de libertad, es necesario reiterar que el asunto ya fue examinado por el juez natural, de tal suerte que no corresponde por esta vía excepcional emitir un nuevo pronunciamiento sobre el particular, salvo si se adopta decisión manifiestamente arbitraria, que no es el caso, tal como lo estableció la Corte en providencia AHP970-2016:

Lo antes dicho no desconoce que, eventualmente, la decisión judicial por medio de la cual se deniega el derecho a la libertad personal, pueda estar incursa en una vía de hecho, ante esta situación y para proteger el derecho fundamental del condenado y así evitar un perjuicio irremediable o una situación más gravosa, se deben evaluar las razones presentadas por el juez en su providencia definitoria. En este caso los argumentos esbozados por la juez 1ª de ejecución de penas y medidas de seguridad aducidas en auto del 20 de abril del presente año no comportan una vía de hecho.

En efecto, es razonable el conteo del plazo o término de la pena cumplida teniendo como sustento el auto anterior del 13 de diciembre de 2017, que indicó que solo había cumplido hasta la fecha una pena de 59 meses y 24 días de los más de 71 meses de pena que le fueron impuestos, porque el tiempo que «supuestamente» ha estado bajo restricción domiciliaria no es válido porque ese beneficio fue revocado y esta interpretación, se repite, no puede considerarse como irracional o arbitraría.

Pero, se insiste, definir si las valoraciones del cómputo de términos por pena cumplida están ajustadas al ordenamiento jurídico escapa al control de esta acción de amparo, donde solo se puede estudiar, como en efecto se hace, que no son arbitrarias ni irrazonables y, por ende, no comportan una vía de hecho” (subrayado por la Sala).

Además, encontró que el hecho de que el Juzgado Primero de Ejecución de Penas y Medidas de Seguridad de Bogotá en el auto del 20 de abril de 2018, que fue proferido en respuesta a la reiteración de la solicitud de extinción de la pena, ordenando estarse a lo resuelto en el auto de 13 de diciembre de 2017, “no le hubiese otorgado la oportunidad al condenado o a su defensor de impetrar los recursos que la ley procesal le otorga, constituye una irregularidad procesal que quebranta el debido proceso y (…) el derecho a la libertad”. Por esta razón, resolvió conminar “al juez de ejecución de penas para que resuelva y otorgue los recursos procedentes. Pero en todo caso, el que resuelve la alzada (si se impetra) es el que define sobre su procedencia”.

De acuerdo con lo anterior, se observa que la autoridad judicial accionada, para tomar la decisión, tuvo en cuenta las pruebas allegadas durante el trámite constitucional de hábeas corpus, en particular, las providencias judiciales dictadas por el Juzgado Primero de Ejecución de Penas y Medidas de Seguridad en las que revocó el beneficio de prisión domiciliaria otorgada al señor Héctor Wilfredo Hernández Domínguez, así como aquellas proferidas en atención a las múltiples solicitudes de extinción de la pena promovidas por el apoderado del accionante, lo que la llevó a concluir que la acción de hábeas corpus, resultaba improcedente por cuanto el juez constitucional no puede hacer las veces de instancia para valorar y calificar si los razonamientos formulados por el juez de ejecución de penas, están ajustados a derecho, de modo que de resolverse de fondo conllevaría una injerencia indebida en las facultades propias del juez natural. Así mismo, consideró que con la decisión de negar la extinción de la pena no se actuó de manera arbitraria ni irracional, por cuanto el conteo del plazo o término de la pena cumplida que se realizó en el auto de 13 de diciembre de 2017, fue acertada en la medida en que se encontró que solo había cumplido hasta la fecha una pena de 59 meses y 24 días de los más de 71 meses de pena que le fueron impuestos, ya que el tiempo que supuestamente ha estado bajo restricción domiciliaria no es válido porque ese beneficio fue revocado desde el 19 de diciembre de 2016.

Para esta Sala, la conclusión a la que llegó la providencia objeto de reproche constitucional resulta razonable y no vulnera los derechos fundamentales invocados por el actor, teniendo en cuenta que la acción de hábeas corpus, consagrada en el artículo 30 de la Constitución Política, es procedente en los términos de la Ley 1095 de 2006, por la cual se reglamenta la referida disposición constitucional, cuando alguien es privado de la libertad con violación de las garantías constitucionales o legales, o esta se prolongue ilegalmente.

Sobre el particular, la Corte Constitucional en la sentencia C-010 de 1994, consideró que “las peticiones de libertad de quien se encuentre privado de ella en virtud de una orden judicial, no se pueden tramitar, en principio, a través del recurso de Habeas Corpus. Para ello deben utilizarse los recursos ordinarios que permiten la revisión del acto judicial por un juez imparcial, salvo que se trate de una auténtica actuación de hecho”.

Posteriormente, dicha corporación estimó que “la garantía de la libertad personal puede ejercerse mediante la acción de Habeas Corpus en alguno de los siguientes eventos: (1) siempre que la vulneración de la libertad se produzca por orden arbitraria de autoridad no judicial; (2) mientras la persona se encuentre ilegalmente privada de la libertad por vencimiento de los términos legales respectivos; (3) cuando, pese a existir una providencia judicial que ampara la limitación del derecho a la libertad personal, la solicitud de Habeas Corpus se formuló durante el período de prolongación ilegal de la libertad, es decir, antes de proferida la decisión judicial; (4) si la providencia que ordena la detención es una auténtica vía de hecho judicial”.

La Corte Suprema de Justicia, por su parte, ha reiterado que la acción de hábeas corpus no puede impetraste con el fin de: “(i) sustituir los procedimientos judiciales comunes dentro de los cuales deben formularse las peticiones de libertad; (iii) Remplazar los recursos ordinarios de reposición y apelación establecidos como mecanismos legales idóneos para impugnar las decisiones que interfieren el derecho a la libertad personal; (iii) Desplazar al funcionario judicial competente y, (iv) Obtener una opinión diversa –a manera de instancia adicional – de la autoridad llamada a resolver lo atinente a la libertad de las personas”. Salvo cuando se promueva con el fin de proteger de forma inmediata el derecho fundamental a la libertad, cuando se pueda configurar un perjuicio irremediable mientras se resuelven los recursos ordinarios.

En cualquier caso, para la Corte no basta con señalar la existencia de otro mecanismo de defensa, sino que debe verificarse si este es idóneo y eficaz para salvaguardar el derecho fundamental a la libertad y, en caso de existir una decisión judicial, se debe determinar si esta “consulta razonablemente los fundamentos fácticos, probatorios y legales”.

Esta Corporación ha compartido la posición de la Corte Constitucional y de la Corte Suprema de Justicia, en la medida en que ha considerado que la acción de hábeas corpus, pese a su carácter principal, no puede convertirse en una instancia adicional en la que se revisen o discutan los argumentos del juez natural de la causa, como es el caso de aquellos expuestos por el juez de ejecución de penas y medidas de seguridad, por cuanto el legislador ha previsto diversos mecanismos judiciales en el marco el proceso penal para solicitar la sustitución o extinción de penas y/o sanciones.

En este orden de ideas, la Sala no vislumbra que la autoridad judicial demandada haya vulnerado los derechos fundamentales invocados. Por el contrario, se encuentra que la decisión de declarar improcedente la acción de hábeas corpus resulta razonable en la medida en que el trámite constitucional no puede invadir la órbita de competencia del juez natural ni convertirse en una instancia adicional, a lo que debe agregarse que, previo a declarar la improcedencia, la autoridad judicial demandada verificó que la decisión proferida por el Juzgado Primero de Ejecución de Penas y Medidas de Seguridad en la que se negó la extinción de la pena impuesta al actor no constituyó una vía de hecho que hiciera necesaria su intervención a fin de salvaguardar el derecho fundamental a la libertad.

En consecuencia, la Sala negará las pretensiones formuladas por el señor Héctor Wilfredo Hernández Domínguez.

5. Razón de la decisión

La Sala negará las pretensiones formuladas por el demandante, pues vislumbra que la decisión del Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección “A”, de declarar improcedente la acción de hábeas corpus instaurada por el señor Héctor Wilfredo Hernández Domínguez, fue razonable en la medida en que dicho trámite constitucional no puede reemplazar la competencia del juez natural ni convertirse en una instancia adicional.

III. DECISIÓN

En mérito de lo expuesto, la Sección Cuarta del Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley,

RESUELVE:

Primero.- NIÉGANSE las pretensiones de la solicitud de tutela interpuesta por el señor Héctor Wilfredo Hernández Domínguez contra el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Primera, Subsección “B” y el Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección “A”.

Segundo.- NOTIFÍQUESE esta decisión por el medio más eficaz y expedito posible, como lo dispone el artículo 30 del Decreto 2591 de 1991.

Tercero.- En caso de no ser impugnada esta providencia, REMÍTASE el expediente de tutela a la Corte Constitucional para que surta el trámite de eventual revisión previsto en el artículo 86 de la Constitución Política.

Cópiese, notifíquese y cúmplase,

JULIO ROBERTO PIZA RODRÍGUEZ
Presidente de la Sección
STELLA JEANNETTE CARVAJAL BASTO
Consejera

MILTON CHAVES GARCÍA
Consejero
JORGE OCTAVIO RAMÍREZ RAMÍREZ
Consejero

Folio 19 del expediente en calidad de préstamo contentivo de la acción de hábeas corpus radicada bajo el Nº 25000234100020180052300.
M.P Oscar Armando Dimaté Cárdenas.
. Folio 72 del expediente en calidad de préstamo contentivo de la acción de Hábeas Corpus radicada bajo el Nº 25000234100020180052300.
C.P. Rafael Francisco Suárez Vargas.
Folios 61 (reverso) y 162 del expediente en calidad de préstamo contentivo de la acción de Hábeas Corpus radicada bajo el Nº 25000234100020180052301.
Folio 3 del cuaderno de tutela.
Folio 5 ibíd.
Ibíd.
Folio 1 ibíd.
Folio 8 ibíd.
Folio 16 ibíd.
Folios 6 y 7 ibíd.
Folio 19 (reverso) ibíd.
Folio 44 ibíd.
Aprobada por medio de la Ley 16 de 1972.
Aprobado por medio de la Ley 74 de 1968.
Expediente Nº 2009-01328-01, C. P. María Elizabeth García González.
Expediente Nº 2012-02201-01, C. P. Jorge Octavio Ramírez Ramírez.
M. P. Jaime Córdoba Triviño.
Se presenta cuando el funcionario judicial que profirió la providencia impugnada, carece, absolutamente, de competencia para ello.
Que se origina cuando el juez actuó completamente al margen del procedimiento establecido.
Que surge cuando el juez carece del apoyo probatorio que permita la aplicación del supuesto legal en el que se sustenta la decisión.
Como son los casos en que se decide con base en normas inexistentes o inconstitucionales o que presentan una evidente y grosera contradicción entre los fundamentos y la decisión.
Que se presenta cuando el juez o tribunal fue víctima de un engaño por parte de terceros y ese engaño lo condujo a la toma de una decisión que afecta derechos fundamentales.
Que implica el incumplimiento de los servidores judiciales de dar cuenta de los fundamentos fácticos y jurídicos de sus decisiones en el entendido que precisamente en esa motivación reposa la legitimidad de su órbita funcional.
Se presenta cuando la Corte Constitucional establece el alcance de un derecho fundamental y el juez ordinario aplica una ley limitando sustancialmente dicho alcance. En estos casos la tutela procede como mecanismo para garantizar la eficacia jurídica del contenido constitucionalmente vinculante del derecho fundamental vulnerado.
Cfr., Sentencia del 7 de diciembre de 2016, C. P. Stella Jeannette Carvajal Basto (exp. 2016 00134-01), Sentencia del 7 de diciembre de 2016, C. P. Carlos Enrique Moreno Rubio (exp. Nº 2016-02213-01), Sentencia del 24 de noviembre de 2016, C. P. Lucy Jeannette Bermúdez Bermúdez (exp. Nº 2016-02568-01, Sentencia del 27 de noviembre de 2016, C. P. Roberto Augusto Serrato Valdés, entre otras.
Cfr., Sentencias SU-556 de 2016, M. P. María Victoria Calle Correa, SU-542 de 2016, M. P. Gloria Stella Ortíz Delgado, SU-490 de 2016, M. P. Gabriel Eduardo Mendoza Martelo, SU-659 de 2015, M. P. Alberto Rojas Ríos y SU-874 de 2014, M. P. Martha Victoria Sáchica Méndez, entre otras.
Expediente: 11001-03-15-000-2012-02201-01 (IJ). Demandante: Alpina Productos Alimenticios S.A. Demandado: Consejo de Estado, Sección Primera. M.P.: Jorge Octavio Ramírez Ramírez.
Folios 161 y 162 del expediente en calidad de préstamo contentivo de la acción de Hábeas Corpus radicada bajo el Nº 25000234100020180052300.
Folio 162 ibíd.
M.P. Fabio Morón Díaz.
Ver: Corte Constitucional, sentencia T 260 de 1999, M.P. Eduardo Cifuentes Muñoz
Ibíd.
Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Penal, auto de 11 de mayo de 2018, Rad. Nº 52704, M.P. José Francisco Acuña Vizcaya.
Ibíd.
Cfr. Consejo de Estado, Sección Cuarta, exp. Nº 08001-23-33-000-2018-00509-01, C.P. Jorge Octavio Ramírez Ramírez.

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