Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Cuarta, radicado 11001-03-15-000-2018-04736-00
Consejo de Estado · Sección Cuarta
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Consejo de Estado · Sección Cuarta
Acción de tutela contra providencia judicial
Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Cuarta, radicado 11001-03-15-000-2018-04736-00
Consejo de Estado · Sección Cuarta
República de Colombia
Consejo de Estado
Sección Cuarta
Radicado 11001-03-15-000-2018-04736-00
Consejero ponente: Jorge Octavio Ramírez Ramírez
19 de marzo de 2019
ACCION DE TUTELA CONTRA PROVIDENCIA JUDICIAL / IMPROCEDENCIA POR INCUMPLIMIENTO DEL REQUISITO DE SUBSIDIARIEDAD - Existe otro medio de defensa judicial, idóneo y eficaz ordinario en trámite
En el caso sub examine la edad de la accionante y sus padecimientos de salud, no guardan relación directa con el objeto de la acción de tutela, es decir, no se evidencia cómo el no conocimiento del asunto en esta sede, agravaría sus padecimientos o podría en riesgo su mínimo vital, o de otra parte, la manera en que el conocimiento del asunto, y digamos, el acceder a sus pretensiones mejoría estos padecimientos. De manera que el análisis de las particularidades del caso concreto de cara con la jurisprudencia constitucional, lleva a concluir que la invocación de las condiciones de edad y padecimientos de salud como hipertensión, hipotiroidismo e hiperglicemia no son suficientes para superar el requisito de subsidiariedad para el conocimiento de fondo de la acción de tutela. No obstante, se informa a la accionante que tiene la posibilidad de presentar estos y otros argumentos ante la Sección Primera de esta Corporación, que conoce de su proceso en segunda instancia, y de ser el caso, solicitar la prelación del fallo de conformidad con el artículo 16 de la ley 1285 de 2009. De acuerdo con lo expuesto, la Sala declara la improcedencia de la acción de tutela instaurada por la [actora] por no cumplir con el requisito de subsidiariedad.
FUENTE FORMAL: LEY 1285 DE 2009 - ARTÍCULO 16 - NUMERAL 1
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN CUARTA
Consejero ponente: JORGE OCTAVIO RAMÍREZ RAMÍREZ
Bogotá, D.C., diecinueve (19) de marzo de dos mil diecinueve (2019)
Radicación número: 11001-03-15-000-2018-04736-00(AC)
Actor: ISABEL SÁNCHEZ DE JIMÉNEZ
Demandado: TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DEL TOLIMA
Referencia: ACCIÓN DE TUTELA
Temas: Tutela contra providencia judicial. Requisitos generales de procedencia de la acción. Subsidiariedad. Idoneidad y eficacia del recurso ordinario de apelación.
SENTENCIA PRIMERA INSTANCIA
Decide la Sala la acción de tutela instaurada por Isabel Sánchez de Jiménez, de acuerdo con el Decreto 1983 de 2017.
ANTECEDENTES
El 18 de diciembre de 2018, Isabel Sánchez de Jiménez, por conducto de apoderado judicial, instauró acción de tutela contra del Tribunal Administrativo de Tolima, por considerar vulnerados sus derechos fundamentales al debido proceso, acceso a la administración de justicia y tutela judicial efectiva. .
1. Pretensiones
Las pretensiones de la demanda de tutela son las siguientes:
“1. Se tutelen los derechos fundamentales de mi poderdante a un debido proceso, a la defensa y contradicción, al libre acceso a la administración de justicia y a la tutela judicial efectiva.
2. Se deje sin efectos la sentencia proferida por el TRIBUNAL ADMINSTRATIVO DEL TOLIMA, el pasado 20 de junio de 2018, dentro del proceso de nulidad y restablecimiento del derecho bajo el número de radicación 2015-00195.
3. Como consecuencia de lo anterior, se acceda a las pretensiones invocadas en la demanda de nulidad y restablecimiento del derecho.”
2. Hechos
Del expediente, se advierten como hechos relevantes los siguientes:
2.1. Isabel Sánchez de Jiménez presentó demanda en ejercicio del medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho contra las Resoluciones 0264 del 21 de agosto de 2014 y 0356 del 14 de noviembre de 2014, por medio de las cuales el Municipio de Melgar ordenó la expropiación por vía administrativa del derecho de dominio del predio denominado ’Los Kioskos’.
2.2. La demandante aportó al proceso avalúo realizado por Alejandro Santamaría que fue decretado por el juez y debidamente incorporado al proceso. Este avalúo comercial fijó el precio del predio en $1.458.777.725.
2.3. El 29 de marzo de 2016, en desarrollo de audiencia inicial, se decretó prueba pericial con la finalidad de establecer si el predio denominado ‘Los Kioskos’ había sido utilizado, y con el fin de determinar el valor de la indemnización debida.
Con este propósito se nombró de la lista de auxiliares de la justicia al perito Julio Cesar Arguelles Ochoa.
2.4. El perito indicó que “al no (sic) declararse la nulidad de los actos administrativos se debe reconocer como restablecimiento dl derecho (DAÑO EMERGENTE) el valor comercial del predio presentado por la parte demandante en el avalúo del arquitecto Alejandro Santamaría, es decir, la suma de $1.458.777.425…”
2.5. El 20 de junio de 2018, el Tribunal Administrativo de Tolima profirió sentencia denegando las pretensiones de la demanda.
2.6. La providencia de segunda instancia fue apelada por la parte demandante ante la Sección Primera del Consejo de Estado.
3. Fundamentos de la acción
3.1. En relación con el requisito de subsidiariedad, la accionante aclara que si bien en la actualidad está pendiente de resolución el recurso de apelación que se cuyo conocimiento le corresponde a la Sección Primera del Consejo de Estado, lo cierto es que la congestión que tienen las altas cortes impide que se realice justicia pronta, y no permite si quiera tener una expectativa del tiempo que va a tomar la decisión del recurso interpuesto. Considera que esta demora concreta una violación al derecho fundamental a la tutela judicial efectiva.
Recordó que mediante el Acuerdo 357 de 2017 la Sala Plena del Consejo de Estado determinó que cada despacho de la Sección Primera remitiera a la Sección Quinta los 100 expedientes más antiguos, para permitir la descongestión de esos despachos.
Solicita que por su estado de salud debilitado en razón de su edad (estado de debilidad manifiesta), se analice en sede de tutela el presente asunto.
3.2. Por otra parte, considera que la providencia objeto de acción de tutela incurrió en defecto factico porque el Tribunal Administrativo del Tolima no tomó en consideración el avalúo comercial del predio objeto de expropiación debidamente aportado proceso, que le asignó un precio de $1.458.777.725.
Agrega que la autoridad judicial no valoró el dictamen pericial rendido por el ingeniero Julio Cesar Arguelles Ochoa que ratificó la metodología y conclusiones del avalúo aportado por la demandante.
4. Trámite impartido e intervenciones
4.1. Por auto del 15 de enero de 2019 se admitió la presente acción, se ordenó notificar a la autoridad judicial accionada, y se dispuso vincular como terceros con interés a Segundo Antonio Castro Abril, Luz Marina Osma Fajardo, José Hernando Jiménez Prieto, a la Sociedad Autopista Bogotá Girardot S.A. y a la Agencia Nacional de Infraestructura – ANI. Además, se dispuso notificar a la Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado de la existencia de la presente acción de tutela.
4.2. La Concesión Autopista Bogotá Girardot S.A., por conducto de apoderado judicial, solicitó ser desvinculado del proceso judicial por carecer de legitimación en causa por pasiva para atender las pretensiones de la accionante, dado que no participó en la expedición de los actos administrativos que presuntamente vulneran sus derechos fundamentales.
4.3. El Tribunal Administrativo del Tolima, por conducto del ponente de la providencia, solicitó que se declare la improcedencia de la acción de tutela en razón al incumplimiento del requisito de subsidiariedad. Recuerda que la herramienta judicial idónea para atacar los argumentos de una sentencia que decide en primera instancia sobre la legalidad de actos administrativos, es el recurso de apelación.
Alega que no procede la acción de tutela como mecanismo transitorio para prevenir un perjuicio irremediable, porque no se probó una especial situación de vulnerabilidad que justificara esta excepción.
Como argumento subsidiario, solicitó que se nieguen las pretensiones de la acción de tutela comoquiera que la providencia objeto de estudio se profirió de conformidad con el ordenamiento jurídico, jurisprudencia aplicable al caso individual, y con respeto a los derechos fundamentales de los sujetos procesales.
4.4. La Agencia Nacional de Infraestructura – ANI, por conducto de apoderada judicial, presentó algunas consideraciones en relación con la acción de la referencia:
4.4.1. La acción no acredita los requisitos generales de procedencia exigidos por la jurisprudencia constitucional cuando se atacan providencias judiciales. Dice que el asunto no tiene relevancia constitucional porque se está asumiendo la tutela como una instancia adicional para exponer los desacuerdos de las partes con el sentido de la decisión.
Tampoco supera el examen de subsidiariedad comoquiera que no se han agotado todos los mecanismos judiciales ordinarios y extraordinarios para lograr la protección a los derechos alegados como conculcados.
No se cumple con el requisito de inmediatez, pues si la presunta vulneración fuera latente no se hubiera esperado hasta los 6 meses para instaurar la acción protección urgente de los derechos fundamentales.
Finalmente, señala que no se presentó una irregularidad procesal, sino percepciones subjetivas del actor frente al sentido de la decisión. Además, la actora no identificó de manera razonable los hechos que generaron la vulneración ni los alegó oportunamente en el proceso, por lo que, reitera, se toma la acción de tutela como una instancia adicional.
4.4.2. La actora invoca la configuración de defecto fáctico, pero no justifica las razones por la cuales considera que el juez de la causa incurrió en errada valoración del material probatorio.
4.4.3. Solicita que se declare la falta de legitimación en causa de la entidad que representa en razón a que las funciones que adelanta no guardan relación con los hechos ni las pretensiones de la acción de amparo.
4.4.4. Solicita que se tenga en cuenta la presunción de legalidad de los actos administrativos y que el procedimiento idóneo para desvirtuarla es el administrativo y contencioso administrativo, no la acción de tutela.
4.4.5. Solicita que se decrete de oficio cualquier excepción que se pruebe.
4.5. El señor José Hernando Jiménez Prieto, vinculado como tercero interesado, presentó escrito de coadyuvancia a las pretensiones de la acción de tutela.
CONSIDERACIONES DE LA SALA
1. La acción de tutela, consagrada en el artículo 86 de la Constitución Política, reglamentado por el Decreto 2591 de 1991, fue concebida como un mecanismo para la protección inmediata, oportuna y adecuada de derechos fundamentales, ante situaciones de amenaza o vulneración, por la acción u omisión de las autoridades públicas, o de los particulares en casos concretos y excepcionales. Sin embargo, es subsidiaria a otras herramientas judiciales, salvo cuando se interponga como mecanismo transitorio para evitar un perjuicio irremediable.
2. La acción de tutela contra providencias judiciales
La acción de tutela es procedente contra providencias judiciales. Así lo ha reconocido la Corte Constitucional y el Consejo de Estado. Sin embargo, la procedencia de la acción de tutela contra providencias judiciales es excepcional. Por esto, la jurisprudencia ha establecido una serie de requisitos generales y especiales que deben cumplirse de forma estricta. Si no se cumplen todos los requisitos generales y por lo menos uno de los defectos o requisitos especiales la acción no será procedente.
El análisis sobre el cumplimiento de los requisitos debe restringirse únicamente a los argumentos planteados por los intervinientes en el proceso. En consecuencia, la procedencia de la acción de tutela contra providencias judiciales exige un mayor rigor en la fundamentación del vicio que se atribuye a la sentencia judicial objeto de la acción.
3. Planteamiento del problema jurídico
De manera preliminar, corresponde a la Sala determinar si la acción amparo cumple con los requisitos generales de procedencia contra providencias judiciales, específicamente el de subsidiariedad, teniendo en cuenta que, como lo afirma la accionante, se encuentra en trámite ante la Sección Primera del Consejo de Estado, el recurso de apelación que interpuso contra la decisión judicial cuestionada.
De superar el anterior análisis, corresponderá establecer si al proferir la sentencia del 20 de junio de 2018, el Tribunal Administrativo del Tolima incurrió en defecto fáctico, al negar las pretensiones de la demanda de nulidad y restablecimiento del derecho presentada por la actora –según lo afirma–, sin apoyo probatorio y omitiendo apreciar pruebas determinantes del proceso como el avalúo comercial del predio objeto de expropiación, debidamente aportado proceso, según el cual el precio del predio era de $1.458.777.725.
4. Aspecto previo. De la solicitud de coadyuvancia
La Sala admitirá la solicitud de coadyuvancia presentada por el señor José Hernando Jiménez Prieto, toda vez que en el expediente ordinario se encuentra acreditado su interés legítimo en las resultas de la presente acción de tutela, derivada de la calidad de tercero con interés que ostenta en el proceso de nulidad y restablecimiento del derecho con radicado N° 73001-23-33-004-2015-00195-00.
5. De la improcedencia de la acción de amparo por no cumplir con el requisito de subsidiariedad- mecanismo judicial ordinario en trámite-
5.1. Del carácter subsidiario de la acción de amparo deriva que los mecanismos ordinarios de defensa para la protección de los derechos no pueden ser desplazados o suplantados por la acción de tutela, siempre que estos sean idóneos y eficaces.
En consecuencia, la tesis de la Sección expuesta en diversas sentencias consiste, en que, por regla general, cuando existe otro medio de defensa judicial, idóneo y eficaz, no es procedente la acción de tutela. Por supuesto, la idoneidad y eficacia del medio de defensa se definen en función del caso concreto, atendiendo a las circunstancias en que se encuentra el solicitante y, además, dependen de la existencia o no de un perjuicio irremediable, en los términos del numeral 1 del artículo 6 del Decreto 2591 de 1991 y la jurisprudencia de la Corte Constitucional.
5.2. Para sobre la acreditación del requisito de subsidiariedad, es necesario relacionar algunas actuaciones que se han surtido dentro del proceso ordinario de nulidad y restablecimiento del derecho, veamos:
5.2.1. La señora Isabel Sánchez de Jiménez, en calidad de poseedora del bien objeto de expropiación, presentó medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho contra la Resolución 264 de 2014 que ordenó la expropiación del predio denominado “los kioskos”.
5.2.2. El asunto fue decidido en primera instancia por el Tribunal Administrativo de Tolima que negó las pretensiones de la demanda en sentencia del 20 de junio de 2018.
5.2.3. La apoderada de la señora Isabel Sánchez de Jiménez presentó recurso de apelación contra la sentencia negativa a sus pretensiones. En el escrito expuso, entre otros, el cargo denominado “3.4.-El Tribunal omitió valorar pruebas válidamente decretadas y practicadas dentro del proceso judicial, estructurando así una clara violación al derecho fundamental al debido proceso”, acápite relacionado con la alegada omisión del dictamen pericial rendido por el ingeniero Julio Cesar Argüelles Ochoa.
5.2.4. El recurso de apelación fue admitido por el despacho del magistrado Hernando Sánchez Sánchez, en proveído del 8 de octubre de 2018.
De acuerdo con lo expuesto, resulta claro que la protección del derecho al debido proceso del accionante, cuenta con un mecanismo ordinario y principal de protección, como lo es la decisión en segunda instancia del recurso de apelación por ella interpuesto.
5.3. Ahora, la jurisprudencia constitucional ha sido enfática al indicar que la identificación de un mecanismo principal de protección de derechos no habilita de plano la declaración de improcedencia de la acción de tutela, es necesario, que el juez constitucional estudie si la herramienta judicial comporta los requisitos de idoneidad y eficacia para proteger los derechos presuntamente afectados, de cara con la posible configuración de un perjuicios irremediable.
5.3.1. El requisito de idoneidad hace referencia a la aptitud del mecanismo judicial para producir un efecto protector de los derechos fundamentales.
Como en el caso concreto se acusa la vulneración del derecho al debido proceso, derivado de la presunta omisión en la valoración de determinados medios de convicción, es diáfano que el recurso de apelación es el mecanismo judicial principal idóneo para lograr la protección del derecho conculcado, pues la revisión por parte del superior funcional, que es autoridad judicial especializada en la materia, previa petición de los sujetos procesales interesados, otorga la garantía de que se verifique que el trámite del asunto se desarrolló de conformidad con las prerrogativas del debido proceso y que se analicen los asuntos sustanciales expuestos por el recurrente.
En conclusión, es competencia del juez natural en segunda instancia, previa interposición oportuna del recurso de apelación, proceder con el estudio de las inconformidades de orden procesal y sustancial de las partes respecto de la providencia acusada.
5.3.2. Ahora, el requisito de eficacia hace referencia a la potestad del mecanismo judicial de brindar un amparo eficaz, oportuno e integral de los derechos, no obstante, la jurisprudencia constitucional ha aclarado que el examen del requisito no se puede restringir a la mera consideración respecto de la prontitud para resolver el conflicto, pues aparece obvio que en todo caso la acción de tutela, en atención a los principios que la rigen, desplazaría las demás jurisdicciones. El examen de este requisito se debe adelantar en armonía con los principio de autonomía e independencia del juez natural y en respeto del marco jurídico que lo ha dotado de competencia para conocer de manera principal determinados asuntos.
5.3.3. Es así que, la sola consideración de la accionante referida que la congestión de la Sección Primera de esta Corporación y la falta de seguridad frente al término de resolución de su recurso, no son suficientes para superar el requisito de subsidiariedad, pues acceder al conocimiento de fondo de la acción de amparo bajo esta consideración se traduciría como una intromisión a los asuntos del juez de tutela, el desplazamiento de sus competencias y la vulneración al derecho de debido proceso de las personas que en atención al turno están a la espera de resolución de los conflictos que han puesto en conocimiento de la jurisdicción ordinaria.
5.4. Finalmente, se tiene que aunque en la acción de tutela se invoca la edad de la accionante –66 años– y su estado de salud como justificaciones para superar el requisito de subsidiariedad.
Al respecto, advierte la Sala que si bien la jurisprudencia constitucional ha aceptado como factor relevante para flexibilizar el requisito de subsidiariedad la pertenencia del accionante a alguno de los grupos de especial protección constitucional, lo cierto es que estas consideraciones se han aplicado, en su mayoría, para asuntos relacionados con acreencias pensionales, en las que la prestación efectiva influye directamente en sus necesidades básicas del accionante, como mínimo vital y vida en condiciones dignas.
Es decir, la Corte Constitucional estableció que en el análisis para superar el requisito de subsidiariedad, se erige como condición necesaria pero no suficiente, la pertenencia del actor a un sector poblacional protegido constitucionalmente, entonces, adicional a ello debe acreditar, entre otras, que el no reconocimiento de las pretensiones pone en riesgo derechos como la vida, la dignidad humana, la integridad física y moral y/o el libre desarrollo de la personalidad.
En el caso sub examine la edad de la accionante y sus padecimientos de salud, no guardan relación directa con el objeto de la acción de tutela, es decir, no se evidencia cómo el no conocimiento del asunto en esta sede, agravaría sus padecimientos o podría en riesgo su mínimo vital, o de otra parte, la manera en que el conocimiento del asunto, y digamos, el acceder a sus pretensiones mejoría estos padecimientos.
De manera que el análisis de las particularidades del caso concreto de cara con la jurisprudencia constitucional, lleva a concluir que la invocación de las condiciones de edad y padecimientos de salud como hipertensión, hipotiroidismo e hiperglicemia no son suficientes para superar el requisito de subsidiariedad para el conocimiento de fondo de la acción de tutela.
No obstante, se informa a la accionante que tiene la posibilidad de presentar estos y otros argumentos ante la Sección Primera de esta Corporación, que conoce de su proceso en segunda instancia, y de ser el caso, solicitar la prelación del fallo de conformidad con el artículo 16 de la ley 1285 de 2009.
5.5. De acuerdo con lo expuesto, la Sala declara la improcedencia de la acción de tutela instaurada por Isabel Sánchez de Jiménez por no cumplir con el requisito de subsidiariedad.
En mérito de lo expuesto, la Sección Cuarta de la Sala de lo Contencioso Administrativo del Consejo de Estado, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley,
FALLA
1. Declarar la improcedencia de la solicitud de amparo presentada por Isabel Sánchez de Jiménez y coadyuvada por José Hernando Jiménez Prieto, de conformidad con las razones expuestas en la parte motiva de esta providencia.
2. Notificar la presente decisión a los interesados, por el medio más expedito.
3. De no ser impugnada la presente providencia, enviarla a la Corte Constitucional para su eventual revisión.
Cópiese, notifíquese y cúmplase
Esta sentencia se estudió y aprobó en sesión celebrada en la fecha.
JULIO ROBERTO PIZA RODRÍGUEZ
Presidente de la Sección
STELLA JEANNETTE CARVAJAL BASTO
Consejera
MILTON CHAVES GARCÍA
Consejero
JORGE OCTAVIO RAMÍREZ RAMÍREZ
Consejero
Ver folio 1 del cuaderno de tutela.
Ver folio 25 del cuaderno de tutela.
Ver folio 1 del cuaderno de tutela.
Ver fol. 4, hecho 6 del cuaderno de tutela.
La accionante indica que tiene 66 años y sufre de patologías como hipertensión arterial, hipotiroidismo, dislipidemia, hiperglicemia, entre otras.
Ver fols. 183 a 188 del expediente en préstamo contentivo del medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho con radicado No. 73001-23-33-004-2015-00195-00.
Los requisitos generales para la procedencia de la acción de tutela contra providencias judiciales son: i) que el actor indique los hechos y las razones en que se fundamenta la acción; ii) el accionante haya utilizado todos los mecanismos judiciales ordinarios y extraordinarios a su alcance para la protección de sus derechos fundamentales (subsidiariedad); iii) que la acción se haya interpuesto en un término prudencial (inmediatez); iv) que el asunto sea de evidente relevancia constitucional; y v) que no se trate de una decisión proferida en sede de tutela. Los requisitos especiales para la procedencia de la acción de tutela contra providencias judiciales son: i) defecto orgánico, ii) defecto procedimental, iii) defecto fáctico, iv) defecto material o sustantivo, v) defecto por error inducido, vi) defecto por falta de motivación, vii) defecto por desconocimiento del precedente y viii) defecto por violación directa de la Constitución. Decreto 2591 de 1991. Por el cual se reglamenta la acción de tutela consagrada en el artículo 86 de la Constitución Política. Artículo 13. Personas contra quien se dirige la acción e intervinientes. La acción se dirigirá contra la autoridad pública o el representante del órgano que presuntamente violó o amenazó el derecho fundamental. Si uno u otro hubiesen actuado en cumplimiento de órdenes o instrucciones impartidas por un superior, o con su autorización o aprobación, la acción se entenderá dirigida contra ambos, sin perjuicio de lo que se decida en el fallo. De ignorarse la identidad de la autoridad pública, la acción se tendrá por ejercida contra el superior. Quien tuviere un interés legítimo en el resultado del proceso podrá intervenir en él como coadyuvante del actor o de la persona o autoridad pública contra quien se hubiere hecho la solicitud. Ver fol. 365 reverso del expediente en préstamo contentivo del medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho con radicado No. 73001-23-33-004-2015-00195-00. Ver fols. 33 a 50 del expediente en préstamo contentivo del medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho con radicado No. 73001-23-33-004-2015-00195-00. Ver fols. 352 a 365 del expediente en préstamo contentivo del medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho con radicado No. 73001-23-33-004-2015-00195-00
Ver fols. 375 a 411 del expediente en préstamo contentivo del medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho con radicado No. 73001-23-33-004-2015-00195-00
Ver fol. 4 del cuaderno No. 2 del expediente en préstamo contentivo del medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho con radicado No. 73001-23-33-004-2015-00195-00
Este concepto ha sido relacionado en las sentencia: T-211 de 2009, T-470 de 2009, T-1054 de 2010, T-480 de 2011, T-662 de 2013, SU-772 de 2014, T-040 de 2016 y T-186 de 2017. Al respecto consultar sentencia T-186 de 2017 con ponencia de la magistrada María Victoria Calle Correa. Al respecto consultar sentencia Su 772 de 2014 con ponencia del magistrado Jorge Ignacio Pretelt Chaljub. A folio 12 se lee: “Hipertensión Arterial, Hipotiroidismo, Dislipidemia, hiperglicemia, entre otras”. Cfr. Corte Constitucional de Colombia. Sentencia T-413 de 1998 M.P. Hernando Herrera Vergara, T-426 de 1992M.P. Eduardo Cifuentes Muñoz, T-076 de 1996 M.P. Jorge Arango Mejía., T-323 de 1996 M.P. Eduardo Cifuentes Muñoz, T-588 de 2000 M.P. Álvaro Tafur Galvis y T-719 de 2000 M.P. Álvaro Tafur Galvis. Cfr. Corte Constitucional de Colombia. Sentencia SU-005 de 2018 M.P. Carlos Bernal Pulido. Artículo 16. Adiciona el Artículo 63A de la Ley 270 de 1996. Apruébase como artículo nuevo de la Ley 270 de 1996 el siguiente: Artículo 63A. Del orden y prelación de turnos.
Cuando existan razones de seguridad nacional o para prevenir la afectación grave del patrimonio nacional, o en el caso de graves violaciones de los derechos humanos, o de crímenes de lesa humanidad, o de asuntos de especial trascendencia social, las Salas Especializadas de la Corte Suprema de Justicia, las Salas, Secciones o Subsecciones del Consejo de Estado, la Sala Jurisdiccional del Consejo Superior de la Judicatura o la Corte Constitucional, señalarán la clase de procesos que deberán ser tramitados y fallados preferentemente. Dicha actuación también podrá ser solicitada por el Procurador General de la Nación. Igualmente, las Salas o Secciones de la Corte Suprema de Justicia, del Consejo de Estado y del Consejo Superior de la Judicatura podrán determinar motivadamente los asuntos que por carecer de antecedentes jurisprudenciales, su solución sea de interés público o pueda tener repercusión colectiva, para que los respectivos procesos sean tramitados de manera preferente.
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