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Consejo de Estado · Sección Primera

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Primera, radicado 11001-03-15-000-2018-04742-01

Acción de tutela contra providencia judicial

Fecha
9 de mayo de 2019
Consejero ponente
Roberto Augusto Serrato Valdés

01Lo que resolvió

Ficha de la providencia

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Primera, radicado 11001-03-15-000-2018-04742-01

Consejo de Estado · Sección Primera

Parte resolutiva

F A L L A PRIMERO: CONFIRMAR la sentencia de 7 de marzo de 2019, proferida por la Sección Quinta del Consejo de Estado, que accedió al amparo tutelar deprecado por los señores Jorge Duván Hernández, Adriano Gómez Santacruz, Rosalbina Opocue Julicue, Elvia Quitumbo de Mestizo y Gerardo Antonio Delgado, por las razones expuestas en la parte motiva de esta providencia. SEGUNDO: ADICIONAR la sentencia de 7 de marzo de 2019, proferida por la Sección Quinta del Consejo de Estado, para disponer que se resuelva sobre las pretensiones de la señora Graciela Pazu Martínez, respecto de su reclamación por la pérdida de bienes muebles y enseres. TERCERO: NOTIFICAR esta providencia por el medio más expedito, en los términos del Artículo 16 del Decreto Ley 2591 del 19 de noviembre de 1991. CUARTO: REMITIR el expediente a la H. Corte Constitucional para su eventual revisión, dentro de los diez (10) días siguientes a la ejecutoria de esta providencia, de conformidad con el artículo 31 del Decreto Ley No. 2591 de 1991. QUINTO: DEVOLVER el expediente ordinario de reparación directa, con radicación No. 19001-33-33-007-2013-00319-01, allegado en condición de préstamo al Juzgado Séptimo Administrativo del Circuito Judicial de Popayán, para lo pertinente.

02Texto de la providencia

República de Colombia

Consejo de Estado

Sección Primera

Radicado 11001-03-15-000-2018-04742-01

Consejero ponente: Roberto Augusto Serrato Valdés

9 de mayo de 2019

ACCIÓN DE TUTELA CONTRA PROVIDENCIA JUDICIAL / VULNERACIÓN DEL DERECHO A LA IGUALDAD / DEFECTO FÁCTICO - Se configura / ACCIÓN DE REPARACIÓN DIRECTA - Responsabilidad del estado con ocasión de atentados terroristas / CONFLICTO ARMADO - Detonación de artefacto explosivo dirigido en contra de la estación de policía del Municipio de Toribío- Cauca / PERJUICIOS INMATERIALES

En resumen, (…) esta Sala de Decisión confirmará el amparo tutelar efectuado por la Sección Quinta de esta Corporación, (…), salvo lo concerniente a la señora [G.P.M.] (sobre las reclamaciones relacionadas con el bien inmueble). Ello, por cuanto se encuentran acreditados el defecto fáctico únicamente relacionado con la indebida valoración de la declaración que acredita el daño inmaterial, en cuanto la afectación a bienes convencional y constitucionalmente protegidos sufrido por el señor [D.H.]; el desconocimiento del derecho a la igualdad y de si se encuentran acreditados los inmateriales reclamados; así como la vulneración al debido proceso por la omisión de pronunciamiento que atañe a la pérdida de bienes muebles y enseres de la señora [G.P.M.]

FUENTE FORMAL: CONSTITUCIÓN POLÍTICA - ARTÍCULO 86 / DECRETO 2591 DE 1991 / DECRETO 1069 DE 2015 / DECRETO 1983 DE 2017 - ARTÍCULO 1

CONSEJO DE ESTADO

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCIÓN PRIMERA

Consejero ponente: ROBERTO AUGUSTO SERRATO VALDÉS

Bogotá, D. C., nueve (9) de mayo de dos mil diecinueve (2019)

Radicación número: 11001-03-15-000-2018-04742-01(AC)

Actor: GRACIELA PAZU MARTÍNEZ, JORGE DUVÁN HERNÁNDEZ, ADRIANO GÓMEZ SANTACRUZ, ROSALBINA OPOCUE JULICUE, ELVIA QUITUMBO DE MESTIZO Y GERARDO ANTONIO DELGADO

Demandado: TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DEL CAUCA Y JUZGADO SÉPTIMO ADMINISTRATIVO DEL CIRCUITO JUDICIAL DE POPAYÁN

La Sala decide las impugnaciones oportunamente presentadas por la señora Graciela Pazu Martínez y por la Nación – Ministerio de Defensa Nacional – Policía Nacional, en contra de la sentencia de 7 de marzo de 2019, proferida por la Sección Quinta del Consejo de Estado, que accedió a las pretensiones de la acción de tutela de la referencia.

LA SOLICITUD DE TUTELA

Los señores Graciela Pazu Martínez, Jorge Duván Hernández, Adriano Gómez Santacruz, Rosalbina Opocue Julicue, Elvia Quitumbo de Mestizo y Gerardo Antonio Delgado, en causa propia, presentaron acción de tutela en contra del Juzgado Séptimo Administrativo del Circuito Judicial de Popayán y del Tribunal Administrativo del Cauca, con el fin de obtener el amparo de sus derechos constitucionales fundamentales al debido proceso, a la igualdad y al acceso a la administración de justicia, cuya vulneración le atribuyen a las sentencias fechadas el 3 de diciembre de 2015 y el 23 de agosto de 2018, respectivamente, dictadas por las autoridades judiciales mencionadas, dentro del medio de control de reparación directa con radicado 19001-33-33-007-2013-00319-01.

HECHOS

De conformidad con lo planteado por los accionantes, los hechos que motivan la solicitud de amparo se contraen, en síntesis, a lo siguiente:

II.1. Los señores Graciela Pazu Martínez, Jorge Duván Hernández, Adriano Gómez Santacruz, Rosalbina Opocue Julicue, Elvia Quitumbo de Mestizo, Gerardo Antonio Delgado y otros, refirieron que interpusieron demanda en ejercicio del medio de control de reparación directa contra la Nación – Ministerio de Defensa Nacional, Policía Nacional y Ejército Nacional, con el fin de que dichas entidades fueran declaradas responsables por los perjuicios materiales y morales derivados de la destrucción de sus bienes muebles e inmuebles, con ocasión de los hechos sucedidos el día 9 de julio de 2011, en la cabecera del municipio de Toribío – Cauca, cuando se detonó una “chiva bomba” que estaba dirigida en contra de la estación de policía de dicho municipio.

II.2. Indicaron que, mediante sentencia de 3 de diciembre de 2015, el Juzgado Séptimo Administrativo del Circuito Judicial de Popayán declaró administrativamente responsable a la Nación – Ministerio de Defensa Nacional – Policía Nacional y, como consecuencia, ordenó la reparación de los perjuicios morales y materiales causados a los demandantes, a excepción de la señora Rosalbina Opocue Julicue. Para tal efecto, indicó:

[…] En ese contexto el título de imputación aplicable en los eventos en los cuales se examina la responsabilidad patrimonial del Estado como consecuencia de Ia producción de daños derivados del enfrentamiento entre miembros de la Fuerza Pública y grupos al margen de la ley, es el régimen objetivo en la modalidad de daño especial.

[…]

Ahora bien, con relación a la calidad de propietaria de la señora ROSALBINA OPOCUE JULICUE, si bien aportó copia de escritura pública No. 145 donde adquirió mediante compra venta un lote de terreno ubicado en área urbana del municipio de Toribio Cauca, con una dimensión de aproximadamente 290,4 mts2, dicho terreno fue vendido al señor Jesús Antonio Galvis Fernández según el certificado de tradición del bien inmueble con matrícula No. 124-13638, el cual evidencia que para el año 2001 se registró la escritura pública No. 62 de compraventa de lote de 286 mts2, siendo el titular del derecho real de dominio, el señor Galvis Fernández. Por lo anterior, la señora Rosalbina Opocue Julicue no se encuentra legitimada en Ia causa por activa para actuar dentro del presente asunto pues no logró demostrar la calidad de propietaria con la que actúa dentro del presente proceso.

[…]

7. El daño antijurídico

[…]

En el caso sub lite, los daños ocasionados a los bienes inmuebles de propiedad y/o posesión de los demandantes se originó como consecuencia del conflicto interno armado y los constantes ataques a la estación de policía del municipio de Toribio Cauca con artefactos explosivos, en este caso la activación de un vehículo tipo bus escalera que fue cargado con explosivos, así como la realización de hostigamientos con armamento de largo alcance, según Ias pruebas recaudadas dentro del proceso de la referencia.

[…]

8. La imputación

[…]

De Io anterior se concluye que, en aquelIos eventos donde el daño que se originó es consecuencia de ataque guerrillero en contra de la fuerza pública, no se debe demostrar a quien pertenece el arma que causó el daño, sino, el objeto del atentando. En consecuencia, y conforme Ias pruebas recaudadas dentro del proceso se demostró que el atentado terrorista -Chiva bomba-acontecida (sic) el 09 de julio de 2011 en el municipio de Toribío - Cauca iba dirigida (sic) contra la estación de policía de la localidad, que se encuentra ubicada en el perímetro urbano de la cabecera municipal, por ello, los daños padecidos por los demandantes son atribuibles a la Policía Nacional, en cuanto se presentó un rompimiento de las cargas públicas.

Por Io anterior, los argumentos presentados por Ia entidad demandada (Policía Nacional) resultan infundados pues como ya se mencionó el ataque se dirigió contra Ias instalaciones de la Policía, sin que exista prueba que los miembros del Ejército pernoctaban en Ia estación, razón por la cual, se declarará probada la excepción de falta de legitimación por pasiva en favor del Ejército Nacional, de conformidad con Io previsto en el artículo 187 del CPACA.
[…]

9. Tasación De Perjuicios

9.1. Perjuicios Morales

[…]

En el sub lite, la parte actora solicitó le sean reconocidos perjuicios morales a causa del padecimiento de (sic) atentado terrorista contra Ias instalaciones de Policía del Municipio de Toribío, Cauca. Probada la incursión guerrillera, la disminución patrimonial sufrida por los demandantes y el relato de los testigos el despacho reconocerá en favor de la demandante perjuicios morales.

[…]

De igual manera y con base en Ia jurisprudencia del Consejo do Estado anteriormente relacionada, se presume la zozobra y angustia que implica sufrir un ataque terrorista, y teniendo en cuenta que se logró demostrar Ia afectación relevante de los bienes inmuebles de propiedad de los demandantes, se reconocerá a cada uno de ellos, a título de indemnización por daño moral, Ia suma equivalente a cinco (5) salarios mínimos legales mensuales vigentes.

[…]

9.2. Por concepto de perjuicios fisiológicos o daño a la salud
Se solicita también el reconocimiento y pago de Ia indemnización por daño a la salad, el equivalente a cien (100) Salarios Mínimos Legales Mensuales Vigentes para cada uno de los demandantes.

[…]

Sin embargo, no es posible en el presente asunto el reconocimiento del mencionado perjuicio pues dentro del proceso no se logró demostrar una afectación física o psíquica de los demandantes.

9.3. Perjuicios Materiales

[…]

En la demanda se solicitó como indemnización por perjuicios materiales en Ia modalidad de daño emergente de los demandantes los valores sufragados por los mismos, por concepto de reparación de un bien inmueble y pérdida de bines (sic) muebles, para ello se relacionan las pruebas recaudadas dentro del proceso, así […]
[…] dentro del expediente no reposa prueba alguna que permita establecer una pérdida a futuro de utilidades por parte de los demandantes, no resulta procedente el reconocimiento de indemnización por concepto de perjuicio materiaI, lucro cesante, pues Ia carga probatoria recaía en la parte interesada en obtener el monto indemnizatorio […].

II.3. Manifestaron que, conforme a lo anterior, el Juzgado Séptimo Administrativo del Circuito Judicial de Popayán resolvió lo siguiente:

PRIMERO: DECLARAR de oficio Ia excepción de FALTA DE LEGITIMACIÓN MATERIAL EN LA CAUSA POR PASIVA en favor de la NACIÓN - MINISTERIO DE DEFENSA - EJÉRCITO NACIONAL, por los motivos expuestos en la sentencia.

SEGUNDO: DECLARAR administrativamente responsable a la NACIÓN - MINISTERIO DE DEFENSA - POLICÌA NACIONAL por los perjuicios causados a los demandantes, en hechos ocurridos el nueve (09) de julio de dos mil once (2011) con ocasión del atentado terrorista "chiva bomba" perpetrado por un grupo armado Ilegal en contra de la Estación de Policía del municipio de Toribío Cauca, de conformidad con la parte considerativa de esta providencia.

TERCERO: En consecuencia[,] de lo anterior, y a título de reparación, SE CONDENA a la NACIÓN - MINISTERIO DE DEFENSA - POLICÍA NACIONAL, a pagar a la parte demandante, a título de indemnización por PERJUICIOS MORALES, las siguientes sumas de dinero […]

CUARTO: CONDENAR a la NACIÓN - MINISTERIO DE DEFENSA - POLICÍA NACIONAL a pagar a la parte demandante, a título de indemnización por PERJUICIOS MATERIALES, discriminados así […]

QUINTO: NEGAR las demás pretensiones de la demanda.

SEXTO: CONDENAR a la parte demandada NACIÓN - MINISTERIO DE DEFENSA - POLICÍA NACIONAL a reconocer la suma de cero punto cinco por ciento (0.5%) del valor de las pretensiones concedidas, las cuales deben liquidarse a través de las Secretarías.

II.4. Advirtieron que, inconformes con la decisión de primer grado, tanto los demandantes como la Policía Nacional, presentaron recurso de apelación, el cual sustentaron brevemente de la siguiente manera:

La Nación - Ministerio de Defensa - Policía Nacional: El apoderado judicial que las representa manifestó su desacuerdo con la valoración probatoria, en virtud de la cual se desconoció que en efecto para el día de Ios hechos, algunos miembros del Ejército Nacional se encontraban pernoctando en la estación de policía. Así mismo, cuestionó la calidad de propietaria que Ie fue reconocida por Ia autoridad judicial a la señora Graciela Pazu Martínez y, en consecuencia, adujo Ia falta de legitimación en la causa por activa de dicha ciudadana.

Por otro lado, puso en entre dicho la inspección judicial realizada a Ios inmuebles de los señores Graciela Pazu Martínez, Jorge Duván Hernández y Rosalbina Opocue Julicue.

Solicitó tener en cuenta que lo sucedido el día 9 de julio de 2011, es atribuible a un hecho de un tercero -FARC-, por lo que Ios daños derivados de ese atentado no le eran atribuibles a esa entidad.

Los demandantes: indicaron que el juez omitió, dentro del daño emergente, incluir el valor pagado a los peritos que efectuaron el dictamen sobre Ios predios, prueba que resultó necesaria para adelantar el proceso de reparación directa. Agregó que los perjuicios materiales de daño emergente y lucro cesante debían ser reconocidos a todos Ios demandantes, en especial, a los señores Gerardo Antonio Delgado y Rosalbina Opocue Julicue, en relación con esta última por cuanto a pesar de que había vendido parte del predio, se reservó una porción del mismo.

Finalmente, insistieron en la indemnización respectiva por el daño a la vida en relación, pues con ocasión del atentado ellos vieron afectada su cotidianidad al tener que buscar nuevos sitios de residencia y enfrentarse a nuevas realidades económicas.

II.5. Esgrimieron que el Tribunal Administrativo del Cauca, mediante providencia de 23 de agosto de 2018 modificó la sentencia de primera instancia, en los siguientes términos:

«[…] PRIMERO: REVOCAR el numeral TERCERO de la sentencia apelada, que dispuso el reconocimiento de perjuicios morales a favor de los actores y, en su Iugar, se NIEGA tal pretensión.

SEGUNDO: REFORMAR el numeral CUARTO de la sentencia apelada, el cual quedará así:

"CUARTO: CONDENAR a la NACIÓN - MINISTERIO DE DEFENSA - POLICÍA NACIONAL, a pagar las siguientes sumas por concepto de daño emergente […]

TERCERO: Confirmar en lo demás la sentencia de primera instancia […]»

II.6. Reseñaron que, como argumentos para sustentar su decisión de segundo grado, el Tribunal Administrativo del Cauca arguyó, entre otros aspectos, que:

«[…] La atribución del daño le corresponde a la Policía Nacional, toda vez que aun cuando aparezca demostrado que para tal fecha había presencia de miembros del Ejército Nacional dentro de Ias instalaciones de la Policía, que se encontraban durmiendo; se comprende que Ia acción subversiva tuvo por objetivo atentar contra la institucionalidad de la Policía Nacional

[…]

En cuanto a los cuestionamientos probatorios alegados por la entidad accionada, no acudió a Ias oportunidades para controvertir Ias experticias, no se advierte motivo alguno para desechar sus conclusiones, y más cuando para desvirtuarlas, Ia demandada pudo aducir otro dictamen o solicitar el testimonio de testigos técnicos, que no lo hizo […] Por otro lado, en lo que respecta al reconocimiento de los gastos en que debieron incurrir los demandantes para Ia realización de los dictámenes periciales como parte del daño emergente, se debe indicar que ello no hace parte de tal rubro, sino de Ias costas y agencias en derecho, que fueron tasadas en primera instancia en el 5% de las pretensiones concedidas; de lo que deviene Ia improcedencia de incluir condena alguna por tal concepto, máxime si se tiene en cuenta que al expediente no se aportaron Ias respectivas constancias de pago.

[…]

6.3.1.1. GRUPO FAMILIAR DE GRACIELA PAZU MARTÍNEZ. Respecto de esta demandante, no se logró demostrar la titularidad del inmueble para el día 9 de julio de 2011, ya que para el efecto, se aportó Ia Escritura Pública No. 571 del 22 de mayo de 2012, que fue inscrita el 7 de julio de ese año, por medio de la cual adquirió el predio que era propiedad de María Narciza Yalanda. Esa circunstancia lleva además a descartar la calidad de poseedora en Ia demandante Graciela Pazu Martínez, en tanto que, se comprende que no ejercía el animus y el corpus sobre el inmueble, pues, reconocía como dueña del predio a María Narciza, al punto que celebró con ella el contrato de compraventa del inmueble con posterioridad a los hechos, circunstancia que la deja sin derecho a reclamar indemnizaciones por los daños ocurridos al bien el 9 de julio de 2011, de manera que habrán de denegarse las pretensiones frente a esta actora, máxime cuando no acreditó que fuese causahabiente de aquelIa para reclamar, en su nombre, los perjuicios que sufriera con ocasión del hecho […]»

II.7. Relataron que el Tribunal reconoció la indemnización por daño emergente a los señores Rosalbina Opocue Julicue y Gerardo Antonio Delgado Muñoz y, confirmó la decisión de negar el reconocimiento del lucro cesante en favor de los demandantes, por cuanto no advirtió prueba alguna dentro del expediente para tal efecto. En lo que a los perjuicios morales se refiere, anotaron que estos no fueron probados y que su reconocimiento en primera instancia se basó exclusivamente en testimonios de vecinos que en nada probaban una real angustia, zozobra y/o cualquier otro estado mental. En adición, señalaron que la Corporación objeto de censura, desestimó el daño a la vida en relación “[…] en tanto no se evidencia Ia alteración de las condiciones de vida por cuenta de la avería de sus bienes materiales […]”.

II.8. Acusaron que, en su sentir, las autoridades judiciales enjuiciadas vulneraron sus derechos constitucionales fundamentales al debido proceso, a la igualdad y al acceso a la administración de justicia. A su juicio, resulta palmario que se incurrió en un presunto defecto fáctico, por cuanto hubo una indebida valoración probatoria al denegar las pretensiones elevadas en sede ordinaria por la señora Graciela Pazu Martínez.

II.9. Sostuvieron que la siguiente afirmación efectuada por el Tribunal accionado, no era cierta ni tampoco correspondía a la realidad: “[…] Sin embargo, en este punto, debe recordarse que la causa petendi gravita en la indemnización por los daños a los bienes de los demandantes, originados en el atentado que se produjo en contra de la Estación de Policía de Toribío, de manera que no podía atribuirse y condenarse a tal entidad por perjuicios morales originados en una causa distinta, como por ejemplo, la zozobra que produjo el atentado mismo […]”.

II.10. Rememoraron que, en el escrito de la demanda ordinaria, se solicitó el reconocimiento y pago de los perjuicios morales y el daño a la vida de relación derivados de los acontecimientos ocurridos el día 9 de julio de 2011. Además, precisaron que dicha petición se reiteró en el recurso de apelación, toda vez que estos perjuicios no fueron reconocidos en primera instancia.

II.11. Pusieron de presente que, de conformidad con la jurisprudencia del Consejo de Estado, en este tipo de casos, debe hacerse una reparación integral, Ia cual incluye los perjuicios morales y otros. En ese sentido, expresaron que para efectos de demostrarlos, obran dentro del expediente de reparación directa las declaraciones de los señores Carlos Hugo Orozco Vaca y Alicia Trochez de Gómez.

II.12. Agregaron, por último, que hubo un desconocimiento del derecho fundamental a la igualdad, en tanto que: “[…] El Tribunal Administrativo del Cauca, sometió a los seis grupos familiares demandantes dentro del expediente 19001-13-33-307-2013-00319-00 a una situación diferenciada los expedientes (sic) Nos. 19001-33-33-008-2013-00262-01, 19001-33-00-005-2013-00196-01, 19001-33-31-007-2013-00423-01 y 19001-33-31-007-2013-00354-01, a quienes se les reconoció por los daños del 9 de julio de 2011, además de los perjuicios materiales, perjuicios morales y daños a la vida de relación […]”.

Con base en los anteriores fundamentos fácticos y jurídicos, solicitaron que se tutelen los derechos constitucionales fundamentales arriba enunciados y que, como consecuencia de lo anterior, se dejen sin efectos algunos apartes del proveído censurado del 23 de agosto de 2018, por medio del cual el Tribunal Administrativo del Cauca negó las pretensiones de la demanda respecto de la señora Graciela Pazu Martínez, y revocó la condena por concepto de perjuicios morales además de negar el reconocimiento del daño a la vida de relación de todos los miembros de los seis (6) grupos familiares demandantes, en el proceso ordinario de reparación directa con radicado 19001-33-33-007-2013-00319-01.

III. PRETENSIONES

La parte actora, en su demanda de tutela, formuló las siguientes pretensiones:

«[…] Por Ios fundamentos de hecho y de derecho expuestos, con el debido respeto, solicito a los Honorables Magistrados, a fin de conjurar la violación de los Derechos Fundamentales: a la igualdad de trato (CP. Art. 13), Ia confianza legítima (CP. Art. 83), la seguridad jurídica (CP. Arts. 1, 2 y 93), el derecho fundamental al debido proceso (CP. Art. 29), el acceso a una administración de justicia pública y efectiva (CP. Art. 229), se sirvan disponer:

PRIMERO: CONCEDER el amparo de los Derechos Fundamentales: a la igualdad de trato (CP. Art. 13), la confianza legítima (CP. Art. 83), la seguridad jurídica (CP. Arts. 1, 2 y 93), el derecho fundamental al debido proceso (CP. Art. 29), el acceso a una administración de justicia pública y efectiva (CP. Art. 229) de Ios suscritos.

SEGUNDO: DEJAR SIN EFECTOS los apartes del fallo Nº 129 del 23 de agosto de 2018, que negó las pretensiones de la demanda respecto de la suscrita GRACIELA PAZU MARTÍNEZ y, revocó la condena por concepto de perjuicios morales y negó el reconocimiento de daños a la vida de relación a todos los miembros de Ios seis (6) grupos familiares demandantes, como en otrora (sic) Ios había reconocido a otros demandantes por los mismos (sic) del 09 de julio de 2011.

En su lugar, ORDENAR a dichas autoridades que: en el término máximo de los veinte (20) días siguientes a la notificación de la providencia respectiva, expidan un nuevo fallo ajustado y proceda a la liquidación correspondiente […]»

IV. TRÁMITE DE LA TUTELA

El Magistrado sustanciador del proceso de la Sección Quinta del Consejo de Estado, mediante auto de 16 de enero de 2019, admitió la acción de tutela promovida por los señores Graciela Pazu Martínez, Jorge Duván Hernández, Adriano Gómez Santacruz, Rosalbina Opocue Julicue, Elvia Quitumbo de Mestizo y Gerardo Antonio Delgado, quienes actúan en nombre propio, en contra del Juzgado Séptimo Administrativo del Circuito Judicial de Popayán y del Tribunal Administrativo del Cauca y, vinculó como terceros con interés directo en los resultados del proceso, a la Nación – Ministerio de Defensa Nacional – Ejército Nacional y la Policía Nacional; y a los señores Fredy Gómez Santacruz, Libardo Hernández Gómez Santacruz, Fabiola Gómez Santacruz, Mónica Andrea Gómez Santacruz, Francia Elena Gómez Santacruz, Adriano Gómez Santacruz, Oscar Gómez Santacruz, Blanca Stella Gómez Santacruz, Esperanza Elena Gómez Santacruz, María Fernanda Gómez Santacruz, Orfa Yolanda Muñoz De Delgado, Gerardo Antonio Delgado Muñoz, María Edilma Delgado Muñoz, Alba Lucía Delgado Muñoz, Yolanda Delgado Muñoz, Leyda Delgado Muñoz, Marleny Delgado Muñoz y Yaneth Delgado Muñoz y, por último, a la Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado.

En la misma providencia, de igual forma, ofició a la Secretaría del Juzgado Séptimo Administrativo del Circuito Judicial de Popayán y a la del Tribunal Administrativo del Cauca para que, allegaran en condición de préstamo y con destino a la presente causa constitucional, el expediente contentivo del proceso ordinario de reparación directa, con radicación 19001-33-33-007-2013-00319-00.

Las notificaciones arriba referidas, se efectuaron en debida forma y como en derecho corresponde, tal y como consta a folios 55 a 65 del cuaderno No. 1 del expediente de tutela.

Posteriormente, comoquiera que por medio de la Secretaría General de esta Corporación no fue posible notificar a los terceros que integraron en su momento la parte demandante dentro del proceso de reparación directa, el Despacho ponente se comunicó con quien fungió como apoderada de los demandantes en el proceso ordinario, quien suministró los datos pertinentes. De este modo, mediante proveído 18 de febrero de 2019, se ordenó a la Secretaría General del Consejo de Estado efectuar Ia notificación del auto admisorio de la demanda a estas personas, de conformidad con las direcciones electrónicas allegadas al expediente de amparo.

V. INTERVENCIONES EN LA PRIMERA INSTANCIA

Realizadas las comunicaciones a las autoridades accionadas y a las vinculadas, intervinieron en los siguientes términos:

V.1. La titular del Juzgado Séptimo Administrativo del Circuito Judicial de Popayán, mediante escrito remitido vía electrónica el 23 de enero de 2019, adujo que, a su juicio, dicha oficina judicial no incurrió en ninguna vía de hecho, ni mucho menos, transgredió derecho fundamental alguno.

Anotó, entre otros aspectos, que: “[…] En el caso bajo estudio, tenemos que la providencia que hoy es cuestionada a través de este mecanismo excepcional, fue fruto del estudio concienzudo de las pruebas que fueron arrimadas al expediente. En esa oportunidad, el Despacho, consideró probado el daño, consistente en las afectaciones ocasionadas a los inmuebles de propiedad y/o posesión de los demandantes como consecuencia del conflicto armado, lo cierto es que los elementos de prueba allegados al proceso, permitieron imputar la responsabilidad en cabeza de la Nación – Ministerio de Defensa Nacional - Policía Nacional, toda vez que se demostró que los daños ocasionados eran atribuibles a la mencionada entidad, al perpetrarse atentado terrorista, con artefacto explosivo no convencional contra Ia estación de Policía de Toribío - Cauca, por lo que el Despacho consideró procedente indemnizar los perjuicios causados a los demandantes […]”.

Puso de presente, además, que: “[…] el fallo de instancia fue objeto de apelación y, en consecuencia, el superior revisó Ia decisión y realizó las modificaciones que consideró pertinentes, con base en la valoración probatoria que fue expuesta con total claridad en Ia sentencia de segunda instancia, en la cual se destaca un riguroso análisis frente los medios probatorios que soportaron la decisión inicial; especialmente en relación con la prueba del daño moral por la pérdida o destrucción de bienes inmuebles, propio de la alzada y acorde con las normas vigentes y los principios que gobiernan el derecho probatorio, en especial el de la sana crítica, sin que se observe defecto alguno, por lo que se concluye que en el presente asunto sólo existe un evidente desacuerdo de Ia parte con las resultas del proceso, que en sentir de este Juzgado, carece de relevancia constitucional […]”.

Por los motivos expuestos en precedencia, solicitó la declaratoria de improcedencia de la presente accion de tutela; por cuanto asegura que el fallo dictado en primer grado fue, en definitiva, ajustado a derecho.

V.2. El jefe del area jurídica de la Nación – Ministerio de Defensa Nacional – Policía Nacional, descorrió traslado de la acción de amparo el 24 de enero de 2019, esbozando que, en su sentir, la tutela no es el mecanismo jurídico válido para desconocer los efectos de la declaratoria del derecho sustancial plasmado en una sentencia definitiva.

Argumentó, de igual manera, que: “[…] el sujeto activo de la presente acción, contó con la oportunidad procesal y los derechos a la defensa y contradicción contra las decisiones judiciales proferidas por los falladores contenciosos de instancia; espacios judiciales que le permitieron aportar las pruebas que consideró pertinentes, con todas las garantías adjetivas que integran el debido proceso […]”.

En ese sentido, pidió a esta Alta Corporación, que se despacharan desfavorablemente las pretensiones elevadas en sede de tutela, máxime, ante la inexistencia de un perjuicio irremediable.

V.3. Los señores Fredy Gómez Santacruz, Libardo Hernández Gómez Santacruz, Fabiola Gómez Santacruz, Mónica Andrea Gómez Santacruz, Francia Elena Gómez Santacruz, Adriano Gómez Santacruz, Oscar Gómez Santacruz, Blanca Stella Gómez Santacruz, Esperanza Elena Gómez Santacruz, María Fernanda Gómez Santacruz, Orfa Yolanda Muñoz De Delgado, Gerardo Antonio Delgado Muñoz, María Edilma Delgado Muñoz, Alba Lucía Delgado Muñoz, Yolanda Delgado Muñoz, Leyda Delgado Muñoz, Marleny Delgado Muñoz y Yaneth Delgado Muñoz, mediante memoriales arribados el 1º y el 4 de marzo de 2019, manifestaron que coadyuvaban la presente accion de tutela; con el fin de reclamar el amparo de sus derechos constitucionales fundamentales, presuntamente vulnerados con la sentencia de segundo grado fechada el 23 de agosto de 2018.

V.4. Las demás partes accionadas y vinculadas a la presente causa constitucional, guardaron silencio.

EL FALLO IMPUGNADO

Mediante sentencia de 7 de marzo de 2019, la Sección Quinta del Consejo de Estado accedió a las pretensiones impetradas en la demanda constitucional elevadas por los señores Jorge Duván Hernández, Adriano Gómez Santacruz, Rosalbina Opocue Julicue, Elvia Quitumbo de Mestizo y Gerardo Antonio Delgado, en tal sentido, amparó su derecho constitucional fundamental a la igualdad y dejó sin efectos jurídicos la sentencia de 23 de agosto de 2018, dictada por el Tribunal Administrativo del Cauca.

Para el efecto, la referida Sección, trajo a colación el marco jurídico que regula la acción de tutela en nuestro sistema, plasmado en el artículo 86 de la Carta Política, así como también en el Decreto Ley 2591 del 19 de noviembre de 1991. Acto seguido, refirió y explicó la procedencia excepcional de la acción de tutela contra providencias judiciales, al tenor de lo señalado en la sentencia de constitucionalidad C-590 de 2005, de la Corte Constitucional.

Estudió, de igual manera y de forma minuciosa, el cumplimiento de los requisitos generales y/o exigencias adjetivas de procedibilidad de la acción de amparo contra proveídos judiciales, y al constatar su pleno cumplimiento y observancia, descendió al fondo del asunto; centrándose en la presunta configuración del defecto fáctico acusado en sede de tutela.

En lo que a la presunta configuración del defecto fáctico se refiere, la Sección Quinta precisó que, en el asunto sub judice, éste no se configura por cuanto:

De lo expuesto por el Tribunal accionado, esta Sala advierte que en efecto esta autoridad judicial valoró las pruebas que frente a dicha pretensión obraban dentro del expediente. Además, su argumentación resulta ser razonada y coherente con los medios de prueba allegados, pues con base en la Escritura Pública No. 571 del 22 de mayo de 2012, descartó la titularidad del bien por parte de la señora Graciela Pazu para el día de los hechos y, a su vez, la calidad de poseedora. En ese sentido, Ia Sala encuentra que no se configura el defecto alegado, pues el Tribunal analizó Ias pruebas, razonadamente resolvió darle mayor valor a la escritura pública que a otros elementos probatorios y justificó su decisión. Decidir lo contrario, desconocería la independencia y autonomía de la que goza el juez al momento de la valoración probatoria, máxime cuando se encuentra acreditada la razonabilidad en sus argumentos […] (Resalta la Sala).

En relación con el cargo presentado por los tutelantes, en cuanto a la presencia de un supuesto “[…] defecto fáctico por no REPARACIÓN INTEGRAL […]”, la misma Sala advirtió para el efecto, que:

[…] en el escrito de demanda de reparación directa, en efecto, los accionantes solicitaron “PRIMERO: LA NACIÓN - MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL - POLICÍA NACIONAL y LA NACIÓN - MINISTERIO DE DEFENSA – EJÉRCITO NACIONAL, son responsables administrativa y civilmente de todos los daños y perjuicios materiales y morales ocasionados a los demandantes en este proceso, con motivo de la destrucción de sus bienes (…)”. Además, a folios 213 y 214 del cuaderno principal del expediente en préstamo, los demandantes discriminan cada uno de los valores que solicitan por concepto de perjuicios morales y daño a la vida en relación. Asimismo, tal como lo señalaron los accionantes, en el escrito de apelación (fls. 464 a 472) se insiste en el reconocimiento de un valor mayor frente a los perjuicios morales y el daño a la vida en relación. En ese orden de ideas, la afirmación que hizo el Tribunal no es acertada.

[…]

El Tribunal Administrativo del Cauca parte de una premisa que como se advirtió, no es cierta, la cual corresponde a que la "causa petendi gravita en Ia indemnización por los daños a los bienes de los demandantes”, pues desde el escrito inicial de Ia demanda de reparación directa, así como en el recurso de apelación, los actores solicitaron tanto el reconocimiento de los perjuicios morales como el “daño a la vida en relación". Por otro lado, la Sala encuentra que al momento de desestimar Ia pretensión relacionada con los perjuicios morales y el “daño a la vida en relación”, el Tribunal Administrativo del Cauca descartó algunas partes de Ia declaración que se alega, limitándose a que los testigos solo refirieron haber visto tristes a los accionantes, sin tener en cuenta, por ejemplo, que la familia del señor Duván Hernández se tuvo que separar o desintegrar […] (Negrillas por fuera de texto original).

Para rematar y/o finiquitar el anterior argumento, la Sección Quinta, expresó:

« […] Si bien esta Sala es partidaria de la autonomía e independencia del juez en su valoración, lo cierto es que en este punto no existe argumento razonado que haya sido expuesto por el tribunal para tomar su decisión, pues además de haber cometido imprecisiones, no justificó de manera suficiente por qué solo tendría en cuenta parte de la declaración y por qué la calidad de vecinos de Ios testigos ponía en entredicho sus declaraciones. Por lo anterior, frente a este punto objeto de debate, la Sala encuentra que el cargo está llamado a prosperar únicamente respecto del señor Duván Hernández, porque el testimonio indebidamente valorado sólo se refiere a su caso y no al de los demás actores. En todo caso, se insiste en que a la luz del criterio unificado de la Sección Tercera, el reconocimiento del daño a la salud es diferente, mucho más riguroso probatoriamente que lo que se exige para Ios perjuicios morales y exige tener en cuenta las tablas unificadas de tasación; por lo que, por ejemplo, una declaración no sería suficiente […]». (Se destaca por la Sala)

En lo concerniente al análisis de la supuesta vulneración al derecho a la igualdad en el asunto sub examine, se esbozó que:

«[…] La Sala precisa que cuando se alega el desconocimiento de decisiones dictadas por autoridades judiciales que no son órganos de cierre de cada jurisdicción, el estudio de la petición de amparo podría ser abordado desde Ia perspectiva del derecho a la igualdad. Además, en el caso objeto de estudio, Ia parte actora propuso el cargo como violación a este derecho, por lo que será analizado de esa manera […] En ese sentido, la Sala advierte que la providencia censurada no explica las razones por las cuales resuelve cambiar la postura que venía sosteniendo respecto al reconocimiento de Ios perjuicios morales y "el daño a la vida en relación" en casos como el que es objeto de estudio. Lo anterior, le era exigible a la autoridad judicial accionada, toda vez que al tratarse de supuestos fácticos y jurídicos similares, debió manifestar Ios motivos que lo llevaron a una decisión diferente , máxime cuando dentro del expediente obran testimonios como el del señor Carlos Hugo Orozco que dan cuenta de tal afectación […] El Tribunal Administrativo demandado estaba obligado a cumplir con la carga de argumentación y transparencia a efectos de reformular la postura que venía sosteniendo en sus decisiones anteriores (conforme lo acreditado en el proceso objeto de estudio), en las que sí tuvo demostrado el daño moral con base en los testimonios, o al menos exponer las razones del cambio de posición en este caso. Por lo expuesto, la Sala considera que se configuró el desconocimiento del derecho a la igualdad de los accionantes, salvo lo que concierne a Ia señora Graciela Pazu (sin legitimación por no haber demostrado Ia propiedad o Ia posesión del inmueble afectado): pues el Tribunal accionado, en virtud de Ias cargas de transparencia y argumentación, debió aclarar Ias razones por Ias que reformuló su postura adoptada en casos anteriores (conforme lo acreditado en el proceso objeto de estudio) […]». (Negrillas y subrayas de la Sala)

En ese orden de ideas, la Sección Quinta de esta Corporación, resolvió lo siguiente:

«[…] PRIMERO: ACCEDER a la acción de tutela presentada por los señores Jorge Duván Hernández, Adriano Gómez Santacruz, Rosalbina Opocue Julicue, Elvia Quitumbo de Mestizo y Gerardo Antonio Delgado, pues se vulneró el derecho a la igualdad de estos, por parte del Tribunal Administrativo del Cauca y el Juzgado Séptimo Administrativo de Popayán, por Ias razones expuestas en la parte motiva de esta providencia.

SEGUNDO: Como consecuencia de lo anterior, DEJAR SIN EFECTOS Ia sentencia del 23 de agosto de 2018 emitida por el Tribunal Administrativo del Cauca, para que dentro de los treinta (30) días siguientes a la notificación de esta providencia, profiera la de reemplazo, de conformidad con Io explicado en este proveído.

TERCERO: NOTIFICAR a Ias partes e intervinientes en la forma prevista en el artículo 30 del Decreto 2591 de 1991.

CUARTO: Si no fuere impugnada, dentro de los diez (10) días siguientes a \a ejecutoria de esta providencia, REMITIR el expediente a la Corte Constitucional para su eventual revisión. Notifíquese y Cúmplase […]».

La providencia antes referida, fue notificada vía electrónica el 12 de marzo de 2019, tal y como se observa a folios 183 a 189 de la causa constitucional.

FUNDAMENTOS DE LA IMPUGNACIÓN

La señora Graciela Pazu Martínez (actuando en causa propia) y la Nación – Ministerio de Defensa Nacional – Policía Nacional (por intermedio del Jefe de Área Jurídica), impugnaron en tiempo la sentencia de tutela de primera instancia, proferida el 7 de marzo de 2019, esbozando los siguientes argumentos:

VII.1. La señora Graciela Pazu Martínez reiteró, en lineas generales, los argumentos consignados en la demanda de tutela para efectos de señalar que considera que sus derechos constitucionales fundamentales continúan siendo transgredidos por la Corporación judicial aquí accionada.

Realizó un breve recuento de los hechos que originaron la presente accion constitucional y, anotó, que: “[…] dentro del proceso de reparación directa, la valoración del Tribunal accionado desconoce el principio de libertad probatoria, los principios de la sana crítica y los de reparación integral, dado que con un criterio formalista, no se efectuó un adecuado ejercicio de ponderación entre el contenido de la escritura pública y las pruebas documentales y testimoniales, que daban cuenta de la causación de afectaciones materiales no solo a la vivienda en la que desde hacía años residía con mi familia, sino también, daños inmateriales a las personas que en ella residíamos, entre ellos, perjuicios morales y daños a la vida de relación con ocasión del atentado terrorista; es más, con fundamento en las mismas pruebas que mencionó el Juzgado Séptimo Administrativo, en la sentencia de primera instancia dentro del proceso de reparación directa, me reconoció como afectada […]”.

Refutó que, en el fallo de tutela impugnado, no se efectuó un adecuado juicio de ponderación a la hora de pronunciarse respecto de los perjuicios inmateriales, en la medida en que, las afectaciones a las viviendas se produjeron dentro de un contexto de terrorismo y zozobra que, como población civil, asegura que no estaba en la obligación jurídica de soportar.

Agregó, por último, que: “[…] En el caso concreto, se insiste en que se trató de un atentado terrorista que afectó a la población civil que, debió padecer no sólo el terror de la guerra sino la afectación de sus bienes, nada más ni nada menos sus viviendas, que más que representar bienes de fortuna, representan para cada uno de nuestro grupos familiares nuestra consolidación de un proyecto de vida de vida familiar dentro de un contexto de vida digna […]”.

Con base en esas consideraciones, pidió respetuosamente a esta Corporación, que revoque parcialmente su fallo de tutela del 7 de marzo de 2019 y, en su lugar, se amparen sus derechos fundamentales, se le garantice una reparación integral y se le reconozcan los perjuicios inmateriales atinentes al daño moral y al daño a la vida de relación en su favor.

VII.2. La Nación – Ministerio de Defensa Nacional – Policía Nacional, por su parte, sostuvo que en sub lite, no se avizora ni se evidencia una violación de los derechos fundamentales que se dicen transgredidos por los demandantes, que amerite como consecuencia, la intervención del juez constitucional.

Insistió, e hizo hincapié, en que: “[…] el Tribunal Administrativo del Cauca sí valoró la prueba testimonial allegada al plenario por los accionantes, sin embargo en su facultad de libre interpretación del material probatorio conforme al principio de la sana crítica, infiríó que no se estaba ante una circunstancia especial de congoja y sufrimiento derivada de la destrucción de los bienes muebles e inmuebles de los accionantes, en hechos ocurridos el día 9 de julio de 2011; por tal razón negó el reconocimiento de perjuicios morales y daño a la vida en relación (...) bajo ningún contexto existió una trasgresión del derecho de la igualdad de los accionantes frente a otros casos resueltos por el Tribunal Administrativo del Cauca, donde reconoció perjuicios morales y el daño a la vida de relación, pues en el sub lite Ios testigos no fueron enfáticos en clarificar cual era situación especial de gravedad y congoja que causó a los accionantes la pérdida de sus bienes inmuebles y muebles […]”.

Por los motivos expuestos, solicitó que se concediera la impugnación presentada y, en consecuencia, se revoque la decisión del juez de tutela impugnada, que dejó sin efectos jurídicos la sentencia censurada de 23 de agosto de 2018.

VIII. CONSIDERACIONES DE LA SALA

VIII.1. Competencia de la Sala

Esta Sala de Decisión es competente para conocer de las impugnaciones presentadas por la señora Graciela Pazu Martínez y por la Nación – Ministerio de Defensa Nacional – Policía Nacional, en contra de la sentencia de tutela de 7 de marzo de 2019, proferida por la Sección Quinta del Consejo de Estado, de conformidad con lo establecido en el artículo 32 del Decreto Ley 2591 del 19 de noviembre de 1991, en concordancia con el artículo 2.2.3.1.2.1 del Decreto 1069 de 26 de mayo de 2015, modificado por el artículo 1º del Decreto 1983 de 30 de noviembre de 2017, en armonía con el Acuerdo 377 del 11 de diciembre de 2018.

VIII.2. Problema Jurídico

En éste acápite, a la Sala le corresponde establecer:

i) Si la acción de tutela presentada por la señora Graciela Pazu Martínez y otros, cumple con los requisitos generales y especiales de procedibilidad. En caso de resolverse favorablemente tal aspecto, se deberá determinar:

ii) Si el Tribunal Administrativo del Cauca, en efecto, y en virtud de la sentencia enjuiciada de reparación directa de 23 de agosto de 2018, vulneró los derechos constitucionales fundamentales al debido proceso, a la igualdad y al acceso a ala administración de justicia, que se invocan transgredidos en la demanda de tutela, al incurrir en un presunto defecto fáctico; caso en el cual, se deberá dejar sin efectos la sentencia ordinaria atacada de segunda instancia, que a su vez revocó parcialmente el fallo de primer grado dictado por el Juzgado Séptimo Administrativo del Circuito Judicial de Popayán, que había sido en parte favorable a las pretensiones de la parte actora.

Con el fin de resolver estos problemas jurídicos, se harán previamente algunos planteamientos respecto de: i) los requisitos de procedencia de la acción de tutela contra providencias judiciales, ii) el tema concerniente a la responsabilidad del Estado colombiano con ocasión de los atentados terroristas dirigidos directamente contra sus instituciones; procediendo posteriormente a iii) resolver el caso concreto, siempre y cuando se satisfagan los requisitos generales.

VIII.3. Procedencia de la acción de tutela contra providencias judiciales. Requisitos generales y especiales de procedibilidad

En sentencia de 31 de julio de 2012, la Sala Plena del Consejo de Estado cambió su postura inicial y decidió asumir el estudio de fondo de las acciones de tutela dirigidas en contra de providencias judiciales violatorias de derechos fundamentales siguiendo los lineamientos dispuestos por la Corte Constitucional y su propia jurisprudencia.

Ahora bien, la sentencia C-590 de 8 de junio de 2005, proferida por la Corte Constitucional, estableció los siguientes presupuestos generales y especiales para que proceda la acción de tutela en contra de decisiones judiciales:

Como requisitos generales de procedibilidad fijó: i) la relevancia constitucional del asunto; ii) el agotamiento de todos los medios de defensa judicial, salvo la existencia de un perjuicio irremediable; iii) el cumplimiento del principio de inmediatez; iv) si se trata de una irregularidad procesal, que ésta tenga efecto decisivo en la providencia objeto de inconformidad; v) la identificación clara de los hechos causantes de vulneración y su alegación en el proceso, y vi) que la acción no se dirija contra un fallo de tutela, salvo las excepciones previstas en la sentencia SU-627 de 2015.

Como requisitos especiales de procedencia del amparo, y que permiten al juez constitucional dejar sin efectos una providencia judicial, la sentencia C-590 de 2005 estableció la existencia de los siguientes defectos: orgánico, procedimental absoluto, fáctico, material o sustantivo, error inducido, decisión sin motivación, desconocimiento del precedente y violación directa de la Constitución.

De lo expuesto, la Sala advierte que, cuando el juez constitucional conoce una demanda impetrada en ejercicio de la acción de tutela y en la que se alega la vulneración de derechos fundamentales con ocasión de la expedición de una providencia judicial, en primer lugar, debe verificar la presencia de los requisitos generales y, en segundo lugar, le corresponde examinar si en el caso objeto de análisis se configura alguno de los defectos especiales ya explicados, permitiéndole de esta manera “dejar sin efecto o modular la decisión” que se encaje en dichos parámetros.

Se trata, entonces, de una rigurosa constatación de los presupuestos de procedibilidad, por cuanto resulta a todas luces necesario evitar que este instrumento excepcional se convierta en una manera de desconocer principios y valores constitucionales tales como los de cosa juzgada, debido proceso, seguridad jurídica e independencia judicial que gobiernan todo proceso jurisdiccional.

El criterio expuesto fue reiterado en pronunciamiento de la Sala Plena de la Corporación, en sentencia de unificación de 5 de agosto de 2014, radicado: 11001-03-15-000-2012-02201-01, Consejero Ponente, Jorge Octavio Ramírez Ramírez.

VIII.3.1. El defecto fáctico.

En la sentencia SU-062 de 7 de junio de 2018, la Corte Constitucional expone que el defecto fáctico tiene una dimensión negativa y otra positiva. La dimensión negativa se configura cuando el juez i) niega una prueba, ii) no se valora una prueba o se valora de manera arbitraria, irracional o caprichosa u iii) omite por completo la valoración de las pruebas determinantes para identificar la veracidad de los hechos analizados o determinante en el desenlace del proceso. La dimensión positiva se configura, al contrario, i) cuando el juez admite pruebas que no ha debido admitir ni valorar, por ejemplo, por tratarse de pruebas ilícitas o ii) cuando el juez decide conforme a elementos probatorios que, por disposición de la ley, no conducen a demostrar el hecho sobre el cual se fundamenta la decisión.

Al respecto, el alto Tribunal Constitucional establece que la dimensión positiva se presenta cuando el juez efectúa una valoración por «completo equivocada», o fundamenta su decisión en una prueba no apta para ello. Dicha dimensión implica la evaluación de errores en la apreciación del hecho o de la prueba que se presentan cuando el juzgador se equivoca: «i) al fijar el contenido de la misma, porque la distorsiona, cercena o adiciona en su expresión fáctica y hace que produzca efectos que objetivamente no se establecen de ella; o ii) porque al momento de otorgarle mérito persuasivo a una prueba, el juez se aparta de los criterios técnico-científicos o los postulados de la lógica, las leyes de la ciencia o las reglas de la experiencia, es decir, no aplica los principios de la sana crítica, como método de valoración probatoria».

La Corte Constitucional indica que las reglas de la sana crítica son, ante todo, las reglas del correcto entendimiento humano; a su vez señala que:

En ellas interfieren las reglas de la lógica, con las reglas de la experiencia del juez. Unas y otras contribuyen de igual manera a que el magistrado y/o juez puedan analizar la prueba (ya sea de testigos, peritos, de inspección judicial) con arreglo a la sana razón y a un conocimiento experimental de las cosas.

En la doctrina, se denomina sana crítica al conjunto de reglas que el juez observa para determinar el valor probatorio de la prueba. Estas reglas no son otra cosa que el análisis racional y lógico de la misma. Es racional, por cuanto se ajusta a la razón o el discernimiento humano. Es lógico, por enmarcarse dentro de las leyes del conocimiento. Dicho análisis se efectúa por regla general mediante un silogismo, cuya premisa mayor la constituyen las normas de la experiencia y la menor, la situación en particular, para así obtener una conclusión

En esa medida, el sistema de la libre apreciación o de sana crítica, faculta al juez para valorar de una manera libre y razonada el acervo probatorio, en donde el juez llega a la conclusión de una manera personal sin que deba sujetarse a reglas abstractas preestablecidas. La expresión sana crítica, conlleva la obligación para el juez de analizar en conjunto el material probatorio para obtener, con la aplicación de las reglas de la lógica, la psicología y la experiencia, la certeza que sobre determinados hechos se requiere para efectos de decidir lo que corresponda.

Por su parte, las máximas de la experiencia son aquellas reglas de la vida y de la cultura general formadas por inducción, que constituyen una vocación espontánea o provocada de conocimientos anteriores y que se producen en el pensamiento como nutrientes de consecutivas inferencias lógicas. Una máxima de experiencia por definición es una conclusión empírica fundada sobre la observación de lo que ocurre comúnmente, es decir, un juicio hipotético de contenido general, sacado de la experiencia y tomado de las distintas ramas de la ciencia.

La sentencia que razona en contra de esas máximas, o que se funda en pretendidas máximas de experiencia inexistentes, contiene un vicio indudable en su motivación, que configuraría la causal por defecto fáctico y, por tanto, el juez de tutela podría dejar sin efectos la providencia atacada.

En cuanto a la segunda dimensión del defecto fáctico, la negativa, se produce cuando el juez omite o ignora la valoración de una prueba determinante o no decreta su práctica sin justificación alguna. Esta faceta comprende las omisiones en la apreciación de pruebas determinantes para identificar la veracidad de los hechos analizados por el juez.

En conclusión, «[…] el defecto fáctico ha sido definido por la jurisprudencia constitucional como aquel que surge o se presenta por omisión en el decreto y la práctica de las pruebas; la no valoración del acervo probatorio y el desconocimiento de las reglas de la sana crítica […]», así como los problemas intrínsecos relacionados con los soportes probatorios.

VIII.4. Breve alusión respecto a la responsabilidad del Estado con ocasión de los atentados terroristas dirigidos directamente contra sus instituciones. Reiteración de jurisprudencia del Consejo de Estado en la materia.

Pues bien, en lo que atañe a éste tema, la Sala pone de presente que la Sección Tercera de ésta Corporación, en sentencia de unificación de 23 de agosto de 2012, tuvo ocasión de conocer otra demanda originada por hechos similares, como lo es la pérdida de bienes como consecuencia del conflicto armado, por un atentado terrorista en el municipio de Silvia, Cauca, y, en tal oportunidad, unificó su positura en torno a que la responsabilidad del Estado, en estos casos, se ve comprometida a título de daño especial, bajo las siguientes reflexiones:

Como sea que los hechos que dieron lugar al daño por el cual hoy se reclama ocurrieron en el marco del conflicto armado interno y resulta evidente que es al Estado a quien corresponde la búsqueda de soluciones que conlleven a la terminación de la guerra, de ahí que debe convenirse en que se aparta de los más elementales criterios de justicia y equidad que al producirse estos ataques subversivos, el Estado no acuda a socorrer a sus víctimas.

[…]

Ahora, en cuanto al título de imputación como herramienta de motivación que debe ser aplicado para dar respuesta al caso concreto, la Sala considera que, en aras de materializar el valor justicia, la responsabilidad del Estado en este caso se ha comprometido a título de daño especial, por entenderse que no hay conducta alguna que pueda reprochársele a entidad demandada, quien actuó dentro del marco de sus posibilidades, así como tampoco se puede reprochar la conducta de la actora, quien se presenta como habitante del pequeño poblado de Silvia, víctima indirecta de un ataque dirigido contra el Estado, cuyo radio de acción no se limitó a objetivos estrictamente militares, sino que comprendió también a la población civil y que, en tales circunstancias le causó un perjuicio en un bien inmueble de su propiedad, trayendo para ella un rompimiento de las cargas públicas que debe ser indemnizado.

[…]

En conclusión, la Sección considera que en este caso resulta aplicable la teoría del daño especial, habida cuenta que el daño, pese que se causó por un tercero, lo cierto es que ocurrió dentro de la ya larga confrontación que el Estado ha venido sosteniendo con grupos subversivos, óptica bajo la cual, no resulta constitucionalmente aceptable que el Estado deje abandonadas a las víctimas y, que explica que la imputación de responsabilidad no obedezca a la existencia de conducta alguna que configure falla en el servicio, sino que se concreta como una forma de materializar los postulados que precisamente justifican esa lucha contra la subversión y representan y hacen visible y palpable, la legitimidad del Estado”.

En el presente evento, teniendo en cuenta que se trata de los mismos hechos y que el material probatorio allegado al expediente demuestra tanto el daño sufrido por la actora, como su causación dentro del marco del conflicto armado interno, la Sala considera que se debe llegar a idéntica conclusión que la obtenida en la ocasión atrás reseñada, esto es, la declaratoria de responsabilidad de la demandada, a título de daño especial, amén que las probanzas aportadas en esta oportunidad no permiten de ninguna manera entrever conducta reprochable de la Policía Nacional.

En consecuencia, la declaratoria de responsabilidad del Estado para eventos como el presente, se fundamenta en el deber de acompañamiento a las víctimas del conflicto, en este caso la señora CARMEN QUIGUANAS, quien se vio sometida a un rompimiento de las cargas públicas que normalmente debía asumir, concretado tal desequilibrio en el detrimento de su patrimonio al serle seriamente afectado un bien inmueble de su propiedad. Por todo lo anterior, conforme a lo dicho, no están llamados a prosperar los argumentos de la entidad apelante tendientes a lograr la revocatoria de la sentencia de instancia y la Sala procederá a confirmar la sentencia de primera instancia como en efecto lo hará […]. (Negrillas y subrayas de la Sala)

Por otra parte, en sentencia de Sala Plena de la Sección Tercera de esta Corporación, de fecha 19 de abril de 2012, se expresó, entre otros aspectos, que:

4. La responsabilidad del Estado por atentados terroristas dirigidos directamente contra sus instituciones. En caso de ausencia de falla del servicio la Sección Tercera ha considerado que el Estado se encuentra llamado a responder dada la necesidad de dar cumplimiento a los cometidos constitucionales de solidaridad y equidad con sus ciudadanos.

El debate sobre la responsabilidad estatal en casos como el que hoy se estudia, ha sido objeto de diferentes pronunciamientos por parte de esta Sección, situación claramente comprensible en un país como el nuestro, caracterizado por una larga tradición de enfrentamientos protagonizados por grupos alzados en armas en contra de los diferentes órdenes estatales, conflicto en el que se ha visto afectada la población civil, tanto en su integridad como en sus bienes. Sin embargo, en este tipo de eventos siempre ha existido dificultad al momento de encuadrar el juicio de responsabilidad, pues en muchos de tales casos el daño por el cual se reclama indemnización ha sido causado por el actuar de los grupos subversivos y no por el de los agentes del Estado, con lo que, aparentemente, se estaría en presencia de una causal eximente de responsabilidad como es el hecho de un tercero.

Es por lo anterior que la Sección, cuando en esos casos no ha podido vislumbrar la existencia de una falla en el servicio, ha considerado que el Estado no por ello se encuentra exonerado de responder, sino que, ha encontrado fundamento a la declaratoria de responsabilidad en el daño sufrido por la víctima en tanto que ha considerado que el padecimiento de ese daño desborda el equilibrio de las cargas públicas y rompe con los principios de solidaridad y equidad. Así lo entendió la Sección en sentencia de 5 de julio de 1991 al analizar el caso de la destrucción de un cuartel militar instalando en una vivienda arrendada. Dijo entonces:

“Del análisis probatorio que atrás hizo la Sala, no cabe duda alguna que el grupo guerrillero M - 19 irrumpió injustamente en ataque bélico contra el cuartel de la policía de la población de Herrera, Departamento del Tolima, el 1 de julio de 1985 desde tempranas horas de la madrugada, efectuando desmanes de todo género en contra de la vida, la integridad personal y bienes pertenecientes no solamente a la institución policiva allí localizada, sino además contra múltiples de los ciudadanos allí radicados.

“La Sala entiende, como también entendió el demandante, que el exiguo número de agentes policiales destinados a mantener el orden público y a garantizar la vida, honra y bienes de los habitantes de aquél alejado rincón del país, obrando dentro del límite de sus capacidades, hasta el punto de que los supérstites bien merecieron distinciones y condecoraciones por coraje y valentía al tratar de defenderse y defender a los pobladores del lugar, del cobarde ataque irrogado por el comando guerrillero, pero ello no es óbice para que con aplicación de las tesis antes esbozadas la Nación Colombiana resulte condenada por responsabilidad administrativa y tenga que indemnizar los daños que aquí se demandan.

“No puede perderse de vista que de no hacerse responsable a la Nación Colombiana, como se enuncia en el parágrafo anterior bien, aplicando el principio de responsabilidad por daño especial, ora siguiendo las enseñanzas de quienes abogan por la responsabilidad originada en el desequilibrio o rompimiento de las cargas públicas (o desigualdad de los ciudadanos ante la Ley), o, por último, como lo entiende esta Sala, según la teoría de la "lesión" al patrimonio del administrado, se desconocería la noción de equidad. Nadie comprendería cómo un modesto ciudadano (Aníbal Orozco Cifuentes), que demostró ánimo de colaboración para con las autoridades de policía al confiarle a título de arrendamiento el inmueble que poseía en la población de La Herrera, tuviera que soportar, de manera exclusiva, la pérdida de uno de los elementos integrantes de su patrimonio”.

En similar sentido, en sentencia del 29 de abril de 1994, en un caso relativo a los perjuicios sufridos por una persona como consecuencia de la explosión de un carro bomba que fue activado por la guerrilla cerca de un cuartel militar, se dijo:

“La actividad de la fuerza pública y la ubicación de sus instalaciones era legítima y en beneficio de la comunidad, pero como por razón de ellas el actor sufrió un daño que desborda y excede los límites que normalmente están obligados a soportar los administrados, la indemnización de los perjuicios correrá a cargo del Estado...”.

Dicho planteamiento fue reiterado meses después, insistiéndose en el sentido de indicar como fundamento de la imputación los principios de solidaridad y equidad que tienen asiento en la Carta Política, y se hizo bajo la óptica de la teoría del daño especial derivado de la existencia de un conflicto armado entre grupos insurgentes y el Estado respecto del cual se tornaba notoriamente injusto que los habitantes -víctimas inocentes- tuvieran que soportar solos el daño que se les irrogaba.

[…]

Tal posición la Sección la utilizó también para el caso de ataques guerrilleros a las Estaciones (o “Puestos”) de Policía. Así, en providencia de 2 de octubre de 2008, al examinar los resultados de una ofensiva contra la Estación de Policía de La Cruz, Nariño, ocurrida entre el 15 y el 17 de abril de 2002, se razonó como sigue:

“En el caso no podría imputarse la responsabilidad del Estado por falla del servicio, teniendo en cuenta que el ataque fue perpetrado por un grupo guerrillero, sin que haya obedecido a alguna conducta omisiva de la autoridad demandada; y tampoco podría adecuarse bajo el régimen de riesgo excepcional invocado por los demandantes, al no poder afirmarse que la autoridad pública haya creado unas condiciones o una situación particularmente peligrosa o riesgosa, pues queda claro que fueron guerrilleros de las FARC quienes iniciaron el ataque contra la estación de policía del Municipio de La Cruz.

“Hechas las anteriores precisiones, la Sala abordará el estudio del presente asunto bajo la óptica del régimen de daño especial, tomando como punto de partida el daño antijurídico que sufrieron las víctimas, como consecuencia del ataque guerrillero contra la base de la Policía Nacional en el municipio de La Cruz, Departamento de Nariño, asumiendo el daño causado desde un punto de vista jurídico, como fruto de la actividad lícita del Estado.

“…considerar los actos de terrorismo como el hecho exclusivo de un tercero, en términos del nexo de causalidad, implicaría condenar a la población a la impotencia, dado que el Estado tiene el deber jurídico de protegerla, por ejercer el monopolio legítimo de la fuerza, encarnado en sus fuerzas militares y de policía.

“Por las razones anteriores, el título de imputación de responsabilidad del Estado, en este caso es el de daño especial, que además se ajusta al artículo 90 constitucional al tomar como punto de partida el daño antijurídico que sufrieron los demandantes; y que implica la obligación jurídica del Estado de equilibrar nuevamente las cargas que debieron soportar, en forma excesiva, algunos de sus asociados, alcanzando así una concreción real el principio de igualdad”.

[…]

6. La consagración constitucional de una cláusula general de responsabilidad debe ser entendida como el resultado del proceso histórico de consolidación de los sistemas de responsabilidad estatal.

Con la expedición de la Carta Política de 1991, se introdujo una cláusula general de responsabilidad del Estado que expresamente señala: “El Estado responderá patrimonialmente por los daños antijurídicos que le sean imputables, causados por la acción o la omisión de las autoridades públicas”.

Analizados los antecedentes históricos de esta disposición se tiene que el Constituyente estimó la necesidad de fundamentar un sistema de responsabilidad estatal que, en concordancia con la jurisprudencia ya decantada en principio por la H Corte Suprema de Justicia y posteriormente por esta Sección, fuera comprensiva no sólo de los regímenes tradicionales de falla y culpa, sino que, además, abarcara los de estirpe objetiva, entre ellos, expresamente, la concepción del daño especial.

[…]

Resulta claro, entonces, que la razón de ser del artículo 90 fue la de resaltar el papel central de la víctima - y no del Estado- en la dilucidación de los casos en los cuales se controvirtiera la existencia de la responsabilidad estatal. Tal visión resulta concordante con la consagración del Estado Colombiano como un Estado Social de Derecho en el cual la dignidad de los individuos ha pasado a ser la base y el centro del ordenamiento jurídico.

Como viene a resultar de todo lo anteriormente visto, no aparecen como razonables, ni histórica, ni jurídicamente, las voces que pretenden entender el artículo 90 constitucional como una norma basada únicamente en el criterio de la causalidad fáctica, dirigida a la acción u omisión de los agentes estatales, toda vez que dicha hermenéutica desconoce el verdadero alcance y sentido del precepto superior que consulta la totalidad de valores y principios asentados en la Carta Política, debiéndose recalcar que su consagración como norma de rango superior fue la conclusión de un proceso histórico que venía encontrando la obligación del Estado de responder no solo en caso de falla o culpa de sus agentes, sino también en otros eventos en los que el daño ocurría por efecto de circunstancias fácticas desligadas físicamente del actuar de la entidad estatal, pero que comprometían su responsabilidad toda vez que obedecían a causas que jurídicamente le eran imputables y porque, además, ocasionaban el rompimiento de las cargas públicas de los individuos […] (Destaca la Sala)

Del anterior recuento jurisprudencial, se tiene que el Estado debe responder por los daños antijurídicos derivados de actos terroristas, que le sean imputables, a título de falla del servicio o daño especial, de conformidad con los precedentes de u

VIII.5. Caso concreto.

VIII.5.1. Análisis de los requisitos generales de procedibilidad de la acción de tutela

La Sala encuentra que, en efecto, se cumplen los requisitos generales de procedibilidad, en razón a que: i) se solicita la protección de unos derechos constitucionales fundamentales como lo son el debido proceso, la igualdad y el acceso a la administración de justicia; ii) la parte actora no tiene a su disposición otro medio de defensa judicial para procurar el amparo de los derechos fundamentales que estima conculcados, en tanto la sentencia motivo de censura constitucional se profirió en el marco de un recurso de apelación ; iii) la acción de tutela se presentó en un término razonable. Lo anterior, por cuanto la decisión objeto de inconformidad se profirió el 23 de agosto de 2018, se notificó de manera electrónica el 4 de septiembre de 2018 alcanzando su ejecutoria el día 7 de septiembre de la misma anualidad y, por su parte, la acción de tutela se presentó el 18 de diciembre de 2018, es decir, transcurridos menos de cuatro (4) meses; además, iv) la situación que genera la eventual vulneración de los derechos fundamentales de la parte actora fue debidamente puntualizada en el escrito de tutela y, por último, v) la providencia cuestionada no se profirió en el trámite de una acción de tutela o proceso de esa misma naturaleza y/o índole.

VIII.5.2. Análisis de los requisitos especiales de procedibilidad de la acción de tutela

Dado que se verificó que la tutela de la referencia cumple los requisitos generales o exigencias adjetivas requeridas, a continuación la Sala abordará el fondo de la decisión judicial acusada, para indagar si en ella se configuraró alguna de las causales específicas de procedencia material de la acción constitucional invocadas por la señora Graciela Pazu Martínez y otros.

En lo que a la presunta configuración del defecto fáctico se refiere, la Sala observa que, la parte accionante, acusó en la demanda de tutela que hubo una indebida valoracion probatoria por parte del Tribunal Administrativo del Cauca, al denegar las pretensiones elevadas por la señora Graciela Pazu Martínez, en tanto que “[…] si bien la Escritura Pública de adquisición es posterior al 9 de julio de 2011, desconoció que no sólo los derechos derivados de la propiedad generan protección estatal, máxime en el caso concreto, en el que con fundamento en un análisis integral de las pruebas obrantes en el plenario, se demostró sin equivoco (sic) alguno que para la fecha de los hechos, la suscrita Graciela Pazu Martínez, cuando menos era poseedora del bien afectado, ejerciendo el animus y el corpus sobre el inmueble y de ello dan cuenta las siguientes pruebas documentales y testimoniales […]”.

Ahora bien, las pruebas que se señalaron para justificar y/o impulsar el cargo propuesto fueron las siguientes:

Oficio elaborado por el Secretario de Planeación del municipio de Toribío - Cauca que relaciona Ias viviendas afectadas por la incursión guerrillera, en donde aparece la señora Graciela Pazu Martínez.

Diligencia de inspección judicial, practicada por el Juzgado Promiscuo Municipal de Toribío (Cauca) a la vivienda de la señora Graciela Pazu Martínez, Ia cual fue “atendida por ella sin ningún tipo de oposición por parte de terceros".

Informe pericial del señor José Cenen Popo Filigrana, mediante el cual, entre otros, certifica que la señora Pazu Martínez ha tenido la posesión quieta, pacífica e ininterrumpida, previa información de vecinos y allegados.

Oficio No. 1002-050 de 25 de febrero de 2015, a través del cual el Personero municipal de Toribío (Cauca) afirma que la señora Graciela Pazu sufrió daños en bienes muebles e inmuebles, el dia 9 de julio de 2011, en medio de una toma guerrillera.

Registro Único de Víctimas: en el acápite concerniente a la afectacion por daño en bienes, aparece la señora Pazu Martínez (fls. 25 a 28 del anexo No. 1) – fls. 515 a 518 del cuaderno anexo No. 3.

A folios 29 y 30 del cuaderno de pruebas, el Personero municipal indicó que la citada señora realizó todos los trámites del censo de Ia población afectada por los hechos del 9 de julio de 2011, para lo cual, se adjuntó informe de Ia ONU.

A folio 31 del cuaderno de pruebas, obra oficio de Ia Personera municipal en el que se señaló, entre otros, que de los 478 formularios de registro único de víctimas por pérdida de bienes muebles e inmuebles, 129 pertenecen al barrio la Unión.

Testimonios de los señores Alicia Trochez (folios 102 a 104 del cuaderno de pruebas del expediente en préstamo), Luis Edgar Mestizo Pazu (folios 105 a 107 del cuaderno de pruebas del expediente ordinario) y Gustavo Yalanda Yalanda (folios 108 a 110 del expediente en préstamo).

A continuación, la Sala indicará lo que señala cada una de las pruebas antes referidas (y que se alegan como indebidamente valoradas), frente a lo que determinó en su momento el Tribunal censurado en su sentencia enjuiciada:

Oficio elaborado por el Secretario de Planeación del municipio de Toribío - Cauca que relaciona Ias viviendas afectadas por la incursión guerrillera, en donde aparece la señora Graciela Pazu Martínez.

Frente a esta prueba documental, el Tribunal Administrativo del Cauca determinó, en su proveído atacado del 23 de agosto de 2018, que lo que esbozaron los accionantes en su demanda ordinaria era verídico y fidedigno.

Diligencia de inspección judicial realizada a la vivienda de la señora Graciela Pazu Martínez, Ia cual fue “atendida por ella sin ningún tipo de oposición por parte de terceros".

En dicho documento (que data del 31 de enero de 2013), se constató que un perito procedió a identificar el inmueble, verificó sus linderos, historió los daños derivados de la onda explosiva de la “chiva bomba” del 9 de julio de 2011 y se le concedió el término de quince (15) días para presentar el informe pormenorizado y los respectivos avalúos. Dentro del escrito se señaló, entre otros aspectos, que: “[…] El Juzgado se trasladó al inmueble de propiedad de la señora Graciela Pazu Martínez, que se encuentra ubicado en el perímetro urbano de la población de Toribío – Cauca […]”.

En el informe, el perito adujo que: “(…) La demandante es propietaria, de un predio urbano, ubicado en el Barrio Ia Unión Municipio de Toribio en la calle 6°, adquirido por compra a la señora MARÍA NARCIZA YALANDA YALANDA, según escritura No. 571 del 22 de mayo de 2012, Notaría de Santander de Quilichao (…)”.

Informe pericial del señor José Cenen Popo Filigrana, mediante el cual, entre otros, certifica que la señora Pazu Martínez ha tenido la posesión quieta, pacífica e ininterrumpida, previa información de vecinos y allegados.

Asímismo, el experto esgrimió que: “(...) La demandante es propietaria de un predio urbano, ubicado en el Barrio Ia Unión Municipio de Toribio en la calle 6°, adquirido por compra a la señora MARÍA NARCIZA YALANDA YALANDA, según escritura No. 571 del 22 de mayo de 2012, Notaria de Santander de Quilichao (...) 5. En la vivienda vive Ia demandante con su familia (...) 9. La posesión la ha tenido quieta, pacifica e ininterrumpidamente, la (sic) anterior previa información de vecinos y allegados”.

Oficio No. 1002-050 de 25 de febrero de 2015, a través del cual el Personero municipal afirma que la señora Graciela Pazu Martínez sufrió daños en bienes muebles e inmuebles, el dia 9 de julio de 2011, en medio de una toma guerrillera.

Al respecto, el Personero municipal de Toribio - Cauca certificó: “(...) Que la señora GRACIELA PAZU MARTÍNEZ, identificada con la cédula de ciudadanía (...) expedida en Toribío (Cauca), residente en el Casco Urbano de Toribío, sufrió daños en bienes muebles e inmuebles, el día 9 de Julio de 2011, a eso de las 10:05 a.m en medio de una toma guerrillera perpetrado (sic) por los actores armados ilegales que hacen presencia en nuestro territorio contra miembros de Ia Policía Nacional (...)”.

Registro Único de Víctimas: en el acápite concerniente a la afectacion por daño en bienes, aparece la señora Pazu Martínez (fls. 25 a 28 del anexo No. 1).

En efecto, la señora Graciela Pazu aparece relacionada en dicho registro, que data del 9 de julio de 2011.

A folios 29 y 30 del cuaderno de pruebas, el Personero municipal indicó que la citada señora realizó todos los trámites del censo de Ia población afectada por los hechos del 9 de julio de 2011, para lo cual, se adjuntó informe de Ia ONU.

En esta prueba documental, no se observa ni se evidencia que la señora Pazu Martínez haya efectuado los trámites que aduce, pues se limita a informar “(...) que revisado los archivos se encontró que la Personería realizó todos los trámites correspondientes de recoger el censo de Ia población afectada por los hechos ocurridos el día 09 de julio de 2011 y remitida a Ia antigua Acción Social, se adjunta informe de la ONU - NACIONES UNIDAS DE DERECHOS HUMANOS sobre los hechos ocurridos el día 09 de julio de 2011 (...)”.

A su vez, en el informe al que se hace referencia, no relaciona o particulariza Ias personas afectadas, sino que solo se refiere a ellas con el término general de “victimas”.

A folio 31 del cuaderno de pruebas, obra oficio de Ia Personera municipal en el que se señaló, entre otros, que de los 478 formularios de registro único de víctimas por pérdida de bienes muebles e inmuebles, 129 pertenecen al barrio la Unión.

En efecto, dichos documentos señalan lo que afirmaron los accionantes, sin hacer mención alguna a algún nombre y/o individuo en particular.

Testimonios de los señores Alicia Trochez, Luis Edgar Mestizo Pazu y Gustavo Yalanda Yalanda.

Alicia Trochez (folios 102 a 104 del cuaderno de pruebas del expediente ordinario):

Indicó que conocía a la señora Graciela Pazu, desde hace mas de 30 años, porque viven en el mismo barrio. Agregó que, con ocasión del atentado guerrillero, la señora Pazu tuvo que abandonar su vivienda y pagar arriendo, pues el lugar donde vivia quedó “averiado”.

Luis Edgar Mestizo Pazu (folios 105 a 107 del expediente ordinario):

Sostuvo que, en definitiva, conocía a la señora Graciela Pazu Martínez desde hace “mas o menos 33 a 35 años”, porque viven en el mismo barrio. Expresó que la señora Pazu Martínez, luego de los hechos del 9 de julio de 2011, tuvo que abandonar su lugar de residencia y se fue apagar arriendo en una casa en el barrio “El paraiso”.

Gustavo Yalanda Yalanda (folios 108 a 110 de la causa ordinaria):

Manifestó que conoce a la señora Graciela Pazu desde hace mas de treinta (30) años y que “(...) somos vecinos del mismo barrio y siempre hemos vivido ahí (...)”. Precisó que, con ocasión de la chiva bomba, ella se trasladó a vivir al barrio “El paraíso “(...) porque la casa de ella quedó prácticamente destruida (...)”.

Frente al punto, el Tribunal Administrativo del Cauca en su providencia objeto de censura de 23 de agosto de 2018, tomó como pruebas:

Escritura pública de compraventa No. 571 del 22 de mayo de 2012, por medio de la cual adquirió un lote la señora Graciela Pazu, propiedad de Maria Narciza Yalanda Yalanda.

Certificación emitida el 25 de febrero de 2015, por Ia Personeria Municipal de Toribío, en el que consta que el predio resultó afectado con Ia incursión guerrillera.

Informe presentado por un perito evaluador el 20 de febrero de 2013.

Declaraciones de Alicia Trochez de Gómez, Luis Edgar Mestizo Pazu y Gustavo Yalanda Yalanda.

Conforme lo anterior, el a quo concluyó Io siguiente:

6.3.1.1. GRUPO FAMILIAR DE GRACIELA PAZU MARTÍNEZ:

Respecto de esta demandante, no se logró demostrar Ia titularidad del inmueble para el 9 de julio de 2011, ya que para el efecto, se aportó Ia Escritura Pública No. 571 del 22 de mayo de 2012, que fue inscrita el 7 de julio de ese año, por medio de Ia cual adquirió el predio que era propiedad de María Narciza Yalanda.

Esa circunstancia lleva además a descartar la calidad de poseedora en Ia demandante Graciela Pazu Martinez, en tanto que, se comprende que no ejercía el animus y el corpus sobre el inmueble, pues, reconocía como dueña del predio a María Narciza, al punto que celebró con ella el contrato de compraventa del inmueble con posterioridad a los hechos, circunstancia que la deja sin derecho a reclamar indemnizaciones por los daños ocurridos al bien el 9 de julio de 2011, de manera que habrán de denegarse Ias pretensiones frente a esta actora, máxime cuando no acreditó que fuese causahabíente de aquella para reclamar, en su nombre, los perjuicios que sufriera con ocasión del hecho […].
De lo expuesto por el Tribunal enjuiciado, y tal y como en su momento lo anotó acertadamente la Sección Quinta de esta Corporación, se evidencia que esa autoridad judicial valoró en conjunto Ias pruebas que obran dentro del expediente ordinario de reparación directa y su raciocinio resulta coherente de cara al material probatorio allegado; pues con base en la información que reposaba en la Escritura Pública No. 571 del 22 de mayo de 2012, descartó del todo la presunta titularidad del bien inmueble en cabeza de la señora Graciela Pazu Martínez (así como su condición de poseedora), para la fecha en la cual ocurrieron los hechos, esto es, el 9 de julio de 2011.

En ese orden de ideas, la Sala concluye que no se configura el defecto fáctico alegado, en lo que esa pretensión concreta se refiere, pues el Tribunal efectuó una valoración probatoria juiciosa y consecuente; justificando y argumentando de manera sólida y concreta su decisión.

Sin embargo, también observa la Sala que el fallo del Tribunal, omitió pronunciarse en relación con las pretensiones indemnizatorias dirigidas al reconocimiento de los daños causados a los bienes muebles y enseres de la señora Graciela Pazu Martínez y, por ende, guardó silencio frente a las pruebas que puedan obrar en el expediente de respaldo a sus solicitudes, lo que sin lugar a duda constituye una violación al debido proceso por omisión, circunstancias que se tendrá en cuenta al momento de proferir la decisión de fondo.

Por otra parte, y en lo que al cargo elevado concerniente al supuesto “[…] defecto fáctico por no REPARACIÓN INTEGRAL […]”, los accionantes, en su demanda de tutela, acusaron que no era cierta la siguiente afirmación efectuada por el a quo, a saber:

Sin embargo, en este punto, debe recordarse que la causa petendi gravita en la indemnización por los daños a los bienes de los demandantes, originados en el atentado que se produjo en contra de la Estación de Policía de Toribío, de manera que no podía atribuirse y condenarse a tal entidad por perjuicios morales originados en una causa distinta, como por ejemplo, la zozobra que produjo el atentado mismo.

Indicaron que, de manera expresa, en el escrito de demanda se solicitó el reconocimiento y pago de los perjuicios morales y el daño a la vida de relación derivados de los acontecimientos ocurridos el día 9 de julio de 2011. Además, precisaron que respeto a los últimos perjuicios, dicha petición se reiteró en el recurso de apelación, toda vez que estos perjuicios no fueron reconocidos en primera instancia, por parte del Juzgado Séptimo Administrativo del Circuito Judicial de Popayán.

Agregaron que, de conformidad con la jurisprudencia del Consejo de Estado, en este tipo de casos, debe hacerse una reparación integral; la cual incluye los perjuicios morales y otros. En ese sentido, expresaron que, para efectos de demostrar la configuración de estos perjuicios, obran en el expediente de reparación directa Ias declaraciones de los señores Carlos Hugo Orozco Vaca (folios 96 a 98 del cuaderno de pruebas del expediente en préstamo) y Alicia Trochez de Gómez (folios 102 a 104 del cuaderno de pruebas de la causa ordinaria de reparación directa).
Pues bien, antes de abordar a profundidad el análisis del respectivo cargo elevado, Ia Sala encuentra necesario y pertinente efectuar Ia siguiente precisión, en lo que concierne de otrora al llamado “daño a la vida de relación”.

La jurisprudencia de esta Corporación, siguiendo los lineamientos planteados en sus sentencias de unificación, se apartó de las tipologías de perjuicios inmateriales denominados perjuicio fisiológico, daño a la vida en relación y alteración a las condiciones de existencia, para en su lugar reconocer las categorías de daño a la salud, cuando estos provengan de una lesión a la integridad sicofísica de la persona, y de afectación relevante a bienes o derechos convencional y constitucionalmente amparados, siempre y cuando su concreción se encuentre acreditada dentro del proceso y se precise su reparación integral, teniendo en cuenta la relevancia del caso y la gravedad de los hechos, evento en el cual se podrá solicitar una indemnización adicional a la que se reconoce por el perjuicio moral.

En efecto, quienes sufren una vulneración o afectación relevante a bienes o derechos convencional y constitucionalmente amparados tienen derecho a su reparación integral mediante la adopción de medidas no pecuniarias a favor de la víctima y sus familiares más cercanos y, excepcionalmente, podrá reconocerse una indemnización de hasta 100 salarios mínimos legales mensuales vigentes exclusivamente a favor de la víctima directa la que deberá motivarse por el juez y ser proporcional a la intensidad del daño o la naturaleza del derecho afectado.

Dicho perjuicio, como los demás, puede acreditarse a través de cualquier medio probatorio e incluso puede darse por demostrado en consideración a las circunstancias particulares del caso, relacionadas con la afectación grave de algún derecho constitucional convencionalmente protegido; no obstante, debe advertirse que no cualquier modificación o incomodidad sin solución de continuidad podría llegar a configurar este perjuicio.

Visto lo anterior, advierte la Sala que la tipología del perjuicio reclamado por los demandantes en la acción de reparación directa, debe analizarse bajo el concepto de afectación de bienes constitucionalmente protegidos, dado que, dentro de este, y de conformidad con la jurisprudencia actual de la Sección, se encuentran los derechos o intereses legítimos que no están comprendidos dentro de la noción de daño moral o daño a la salud, como los pedidos en el sub lite.

Efectuada Ia anterior aclaración, y tal como lo puso de presente la Sección Quinta en el fallo de tutela impugnado, se puede avizorar por ésta Sala que en el escrito de demanda de reparación directa, los accionantes solicitaron en su petitum: “(…) PRIMERO: la Nación - Ministerio de Defensa Nacional - Policía Nacional y la Nación - Ministerio de Defensa Nacional - Ejército Nacional, son responsables administrativa y civilmente de todos los daños y perjuicios materiales y morales ocasionados a los demandantes en este proceso con motivo de la destrucción de sus bienes (...)”.

Además, se observa que a folios 213 y 214 del cuaderno principal de la causa ordinaria, los accionantes discriminaron cada uno de los valores que solicitaban por concepto de perjuicios morales y “daño a la vida de relación”. En adición, se puede ver que en el recurso de apelación, los demandantes insistieron nuevamente en el reconocimiento de un valor mayor frente a los perjuicios morales deprecados y al antiguamente denominado “daño a la vida de relación”. Así, la afirmación que efectuó en ese punto el Tribunal objeto de reproche, en definitiva, no es acertada ni congruente, conforme pasa a exponerse a continuación.

Tal y como lo estimó la Sala de primera instancia, es pertinente y conducente transcribir algunos de los apartes de las consideraciones del Tribunal Administrativo del cauca, en su fallo de 23 de agosto de 2018, en el que al respecto discurrió:

Declaración del señor Carlos Hugo Orozco (ff. 96 a 98 del cuaderno de pruebas de la causa ordinaria):

Cuando le preguntaron i) si el señor Duván Hernández continuó viviendo en su casa luego del atentado, él respondió: “(…) No. A él le tocó irse a vivir donde la señora Socorro Penagos en arriendo, con sus hijas y la familia, porque la casa de él quedó destruida (...) quedó inhabitable, uno así es imposible vivir (…)”; ii) le consta si hubo alguna afectación moral para este ciudadano, él contestó: “(…) Sí, porque con esas cosas queda uno todo afectado, se veía triste, aburrido, a sus hijas tuvo que mandarlas para Santander porque con ese caso quien iba a vivir tranquilo, esas niñas quedaron tristes, nerviosas, ya no salían al parque (...)” y iii) le consta si se alteró la vida del señor Duván, él manifestó: “(…) El quedó todo triste porque con esa cosa que le paso quien iba a estar contento, porque le tocó desplazar a sus hijas, que eran muy apagadas a él, le tocó cambiarlas de colegio (…) veo a esa familia separada y ya no se les ve alegres (…)”.

Declaración de la señora Alicia Trochez de Gómez (ff. 102 a 104 del expediente en préstamo):

[…] Le consta, sí o no, si hubo alguna afectación moral para la señora GRACIELA PAZU MARTÍNEZ y su familia a raíz de estos hechos. CONTESTÓ: Sí claro, ella y su familia se afectaron mucho, ellos lloraban angustiados sin saber qué hacer ni para donde pegar, pasando necesidades, aguantando hambre, me doy cuenta de eso porque éramos vecinas para ese entonces, además en un pueblo pequeño uno se conoce con toda la vecindad. PREGUNTADO: Le consta, sí o no, si se alteró la vida de la señora GRACIELA PAZU MARTÍNEZ por estos hechos. CONTESTO: Claro, hubo un cambio grande porque la familia se desintegró, unos hijos se fueron para un lado, los más pequeños se quedaron con ella, le toco irse a pagar arriendo, ya la plata no les alcanzaba para el sustento de ellos, porque se les acrecentaron los gastos, moralmente todo Ies cambió porque ya la familia no está unida, después de la chiva bomba dos de sus hijos tuvieron que salir del pueblo desplazados y se fueron creo que para Bogotá.

Conclusión del Tribunal Administrativo del Cauca:

Sin embargo, en este punto, debe recordarse que la causa petendi gravita en la indemnización por los daños a los bienes de los demandantes, originados en el atentado que se produjo en contra de la Estación de Policía de Toribío, de manera que no podía atribuirse y condenarse a tal entidad por perjuicios morales originados en una causa distinta, como por ejemplo, la zozobra que produjo el atentado mismo (…) En el presente asunto, advierte la Sala que a pesar de que se logró demostrar respecto de algunos demandantes, la afectación de bienes por cuenta del atentado perpetrado contra la Policía Nacional, lo cierto es que no ocurrió lo mismo respecto del perjuicio moral, ya que, para el efecto, se aportaron las declaraciones de personas que, si bien refirieron que aquellos se vieron tristes con ocasión de los daños sufridos en sus heredades, no refirieron situación de congoja especial; máxime si se tiene en cuenta que la razón o ciencia de su dicho no quedó plenamente justificada, en tanto se limitaron a exponer motivos de vecindad y cercanía por el hecho de residir en el mismo pueblo.

(…)

Sin perjuicio de ello, debe recordarse que el atentado no iba dirigido contra Ios demandantes, para eventualmente derivar de ello afectaciones distintas de los materiales, como Ia angustia, Ia zozobra o cualquier otro estado mental, por cuenta de la acción armada, y si se llegare a una conclusión distinta, tendría que revisarse Ia responsabilidad de la Policía Nacional en la medida que ésta fue condenada porque el atentado iba dirigido en contra de sus instalaciones y personal. Tal circunstancia, implica además Ia desestimación del “daño a la vida en relación”, en tanto que no se evidencia Ia alteración de las condiciones de vida por cuenta de Ia avería de sus bienes materiales […]”.

Pues bien, de lo anteriormente expuesto, efectivamente, se tiene que Ia declaración de la señora Alicia Trochez de Gómez, en el asunto sub judice, resulta irrelevante para la presente solicitud de amparo, toda vez que se refiere aI presunto perjuicio moral que padeció la señora Graciela Pazu Martínez; tutelante frente al cual el Tribunal accionado no efectuó reconocimiento alguno por no haberse acreditado Ia legitimación en la causa por activa, por omisión en la demostración del derecho de posesión.

Sin embargo, no ocurre lo mismo cuando se desestiman las pretensiones relacionadas con Ios perjuicios morales y el “daño a la vida en relación”, en la medida que el Tribunal Administrativo demandado descartó algunas partes de la declaración que se cita, limitándose a que Ios testigos solo refirieron haber visto tristes a los accionantes, sin tener en cuenta, por ejemplo, que la familia del señor Duván Hernández se tuvo que separar y/o desintegrar del todo.

Aunado a lo anterior, el Tribunal objeto de reproche cuestionó el dicho de los testigos por tratarse de vecinos, sin explicar a fondo por qué ese hecho Ie restaba credibilidad a sus declaraciones, y máxime, cuando en su argumentación adujo Ia cercanía de estos con los hoy tutelantes. Igualmente, arguyó que como el atentado no iba dirigido contra los accionantes, no era posible “[…] derivar de ello afectaciones distintas de las materiales, como la angustia, la zozobra o cualquier otro estado mental […]”.

En ese entendido, es dable concluir que, en este punto, no hubo argumento razonado y lógico que haya sido expuesto por el Tribunal enjuiciado para efectos de tomar su decisión; pues además de haber cometido imprecisiones y errores en la apreciación de la tipología del daño, no justificó de manera suficiente por qué solo tendría en cuenta parte de la declaración y por qué la condición de vecinos de Ios testigos ponía en entredicho sus declaraciones.

Así pues, y en concordancia con el raciocinio efectuado por la Sección Quinta de esta Magistratura, el Juez de tutela, de segundo grado, observa que el cargo formulado en relación con el defecto fáctico, se encuentra llamado a prosperar en relación con el señor Duván Hernández; por cuanto la declaración del señor Carlos Hugo Orozco fue indebidamente valorada, por un lado, comoquiera que sólo se refirió a su caso y no al de los demás demandantes, y, por otro, en lo que se echa de menos en cuando a la falta de argumento razonado y lógico para descartarlo.

Por último, y en lo que al análisis de la presunta vulneración del derecho a la igualdad en el asunto sub examine se refiere, la Sala encuentra que, efectivamente, los tutelantes manifestaron en la presente demanda de amparo constitucional que: “[…] El Tribunal Administrativo del Cauca, sometió a los seis grupos familiares demandantes dentro del expediente 19001-13-33-307-2013-00319-00 a una situación diferenciada e injustificada respecto de otros demandantes dentro de los expedientes Nos. 19001-33-33-008-2013-00262-01, 19001-33-00-005-2013-00196-01, 19001-33-31-007-2013-00423-01 y 19001-33-31-007-2013-00354-01, a quienes se les reconoció por los daños del 9 de julio de 2011, además de los perjuicios materiales, perjuicios morales y daños a la vida de relación […]”, que se entra a analizar.

En primer lugar, el Tribunal Administrativo del Cauca, en sentencia calendada el 20 de mayo de 2015 (exp. No. 19001-33-33-008-2013-00262-01 – demandante: Ligia Rosa Trochez y otros), resolvió una demanda en ejercicio del medio de control de reparación directa promovida en contra de la Nación – Ministerio de Defensa Nacional – Policía Nacional y Ejército Nacional, con el fin de que se declarara responsable a la entidad por los hechos sucedidos en Toribío – Cauca el 9 de julio de 2011 (“chiva bomba”) y, en consecuencia, se le reconocieran a los actores los perjuicios materiales, morales y el daño a la vida de relación.

En este caso, la mencionada Corporación judicial confirmó parcialmente lo resuelto en primera instancia, por lo cual modificó algunas sumas que fueron reconocidas por concepto de perjuicios morales y agregó lo concerniente al daño a la vida en relación. Para tal efecto, señaló lo siguiente:

“[…] En este caso se estableció que para el 9 de julio de 2011, a las 10:00 a.m. aproximadamente, la Estación de Policía de Toribío – Cauca, fue hostigada por miembros del Sexto Frente – Columna Jacobo Arenas de las FARC, y que luego, estos mismos dejaron rodar un vehículo tipo “Chiva” o “bus escalera” por una vía des pavimentada contigua a la Estación de Policía, colisionando con una de sus garitas y siendo detonada. A su vez, los subversivos atacaron con armas de fuego y municiones a los Agentes de Policía que prestaban guardia en la Estación de Policía y en el parque principal.

De lo acontecido, se evidenció como consecuencia, el hurto y avería de un armamento y munición de la Policía Nacional, el daño a Ias instalaciones y a los muebles y enseres de la Estación de Ia Entidad, lesiones a algunos de los Agentes, así como a un centenar de personas civiles, la muerte de un agente y cuatro civiles, y la destrucción de varias viviendas.

[…]

En efecto, la destrucción de los bienes de propiedad de los demandantes, se produjo en desarrollo del ataque que Ias FARC - EP dirigió en contra de Ia Policía Nacional, representativa del Estado, por lo que se generó una carga que los particulares no tenían la obligación o el deber de soportar.

[…]

Del plenario, la prueba encaminada a demostrar los perjuicios morales, consistió en las declaraciones de terceros, quienes en forma unánime y en referencia a la situación de cada uno de los demandantes, manifestaron que éstas, al ver sus casas destruidas, se veían tristes, desolados, nerviosos, con llanto y nostálgicos, ante el escenario de destrucción vivido en Ia población de Toribío por Ia explosión del carro bomba, el 9 de julio de 2011. En consecuencia, se confirmará el reconocimiento de los perjuicios morales por la pérdida de los bienes de los demandantes.

Empero, considera la Sala que debe disminuirse el monto tasado, por cuanto con el reconocimiento y pago de los perjuicios materiales solicitados en Ia demanda, se resarce el daño sufrido sobre el bien, lo que mitiga el dolor y la tristeza de los afectados; aunado a que no se demostró una afectación moral intensa por Ia destrucción y avería de los bienes. En este sentido, se estima que el monto de los perjuicios morales debe ascender a la suma de 10 SMLMV, por lo que se modificará Ia decisión apelada en lo pertinente.

Ahora bien, Io probado y los cargos de la apelación de la parte demandante, conllevan a la Sala a encontrar demostrado el daño a la vida de relación, como pasa a exponerse.

[…]

Bajo estas consideraciones, estima Ia Sala que en este asunto está debidamente acreditado el daño a la vida de relación o alteración a Ias condiciones de existencia, consistente en una afectación psicosocial, porque los demandantes, con ocasión de la explosión del carro bomba en el municipio de Toribío, el 9 de julio de 2011, padecieron Ia destrucción de los bienes inmuebles y muebles de su propiedad, se vieron obligados al desplazamiento dentro del mismo municipio y en otros casos a un municipio diferente, a la vez que se vieron apremiados a encontrar refugio en otros lugares, a reconstruir el patrimonio perdido, a conseguir fuentes de empleo, al recuerdo trágico de Io ocurrido, a enfrentarse a valores, circunstancias y situaciones diferentes, y al miedo, a Ia zozobra y a la angustia de no poder regresar al pueblo o de seguir viviendo bajo la amenaza del conflicto armado interno en ese grado de intensidad y atrocidad con que se desarrolla en ese lugar, tal como se desprende de los testimonios recibidos.

En efecto, para el caso de la señora ROSA LIGIA TRÓCHEZ, los señores Frank Edison Valencia Fiscue, Leonel Castaño Ospina y Clara Lilia Medina, manifestaron que ella vivía en Toribío, y que por la explosión del carro bomba, se fue a vivir a Caloto - Cauca, lo que generó una afectación moral, por la tristeza al ver su casa destruida y por dejar el pueblo (fls. 192 a 194).

Del señor FLORENTINO DE JESÚS VALENCIA, los testigos Luz Marina Escobar, Rosbifa Rengifo y Rubén Darío Gómez, indicaron que luego de los hechos, se fue a vivir a Cali – Valle del Cauca, que su casa quedó destruida e inhabitable, y que siente tristeza, nostalgia y llanto al verla y no poder volver al pueblo (fls. 202 a 213).

Para la situación de los señores JULIA MENDEZ YULE DE TRÓCHEZ, FABIO TRÓCHEZ MENDEZ, ALICIA TRÓCHEZ DE GÓMEZ, SIXTA LIDIA TRÓCHEZ MENDEZ y ROSA LIDIA TRÓCHEZ, poseedores de Ia casa paterna, los señores Ermides Arias, Luis Mestizo y Adela Mestizo, expresaron que todos residían en ella, y que luego de la explosión del carro bomba, se fueron a vivir a casas separadas, y que se mostraron tristes y desesperados al ver la casa destruida (fls. 215 a 223) […]”. (Negrillas por fuera de texto original)

En segundo lugar, el Tribunal Administrativo del Cauca, en sentencia proferida el 6 de noviembre de 2015 (exp. No. 19001-33-00-005-2013-00196-01 – demandante: Francy Flor Capote y otros) falló el medio de control de reparación directa promovido en contra de la Nación – Ministerio de Defensa Nacional – Policía Nacional, con el objetivo de que se declarara responsable a esta entidad por los perjuicios materiales, morales y el daño a la salud; derivados del ataque guerrillero perpetuado por las FARC, contra la estación de policía, ocurrido el día 3 de marzo de 2012, en el municipio de Timbiquí – Cauca. Allí, la mentada Corporacion judicial, arribó a las siguientes conclusiones, a saber:

Según el Informe suscrito por el Comandante de la Estación de Policía de Timbiquí – Cauca el ataque ocurrió a las 21:10 horas, al parecer por el Frente 29 de las FARC, y dejó como resultado: i) la afectación a las instalaciones de Ia Estación de Policía, ii) la destrucción de varios inmuebles aledaños a esta, entre los que se encuentran una casa en madera de dos pisos de propiedad de la señora Marina Grueso, la vivienda, bodega de cerveza, agua y gaseosa de propiedad de la señora Francy Flor Capote y daños materiales en techos y vidrios de viviendas a 10 metros de distancia y iii) lesiones al Patrullero Gutiérrez Valencia, y a los señores Humberto Guerrero Narváez, Francy Flor Capote y Sonia Paola Sarria.

[…]

Narraron que luego de los hechos demandados, el negocio quedó destruido, incinerado y que no volvió a funcionar. Dijeron que los señores Humberto Guerrero y Francy Flor Capote siguen siendo pareja, pero que viven separados, cada uno con sus hijos y donde sus padres, en El Bordo y en Piendamó, respectivamente.

[…]

En efecto, las lesiones y la destrucción de los bienes de propiedad de los demandantes, se produjeron en desarrollo del ataque que se dirigió en contra de Ia Policía Nacional, representativa del Estado, por Io que se generó una carga que los particulares no tenían la obligación o el deber de soportar. El daño sufrido ocurrió en desarrollo del conflicto interno y desbordó el equilibrio de Ias cargas públicas y rompió con los principios de equidad y solidaridad, Io cual fundamenta Ia reparación de las personas que han sufrido un daño anormal y extraordinario. Por tanto, Ias Iesiones y las averías y destrucción de los bienes, se produjeron en un ataque dirigido contra el Estado, en circunstancias en las que se causó un perjuicio a Ia parte demandante, trayendo para ella un rompimiento de las cargas públicas que debe ser indemnizado. 
 
[…]

Sobre el reconocimiento y pago de los perjuicios morales por Ia pérdida de bienes, Ia jurisprudencia contenciosa administrativa tiene establecido que procede siempre y cuando se demuestre una valía particular y subjetiva del bien para Ia persona, que puede corresponder a una vinculación sentimental y personal, a la procedencia del bien, su originalidad o la imposibilidad de reemplazo, entre otras (Ver Consejo de Estado, Sección Tercera, sentencia de 26 de febrero de 2014, radicado 27.345)

[…]

Revisado el acervo probatorio, se advierte que los demandantes sufrieron perjuicios morales por Ia pérdida de su patrimonio, según dijeron los testigos. El señor Juan Bautista Mayorga, indicó que los señores Humberto Guerrero y Francy Flor Capote, Iuego de los hechos, se encontraban “mal”, que seguían siendo pareja, pero que cada uno vivía con sus hijos y sus padres, en El Bordo y en Piendamó, respectivamente. Y el señor Rengifo Pérez manifestó que los demandantes lo perdieron todo, que no viven juntos y que en especial, Ia señora Francy Flor Capote se afectó mucho psicológicamente. Por su parte, Ia señora Dayra Osiris Zúñiga indicó que la señora Capote estaba desmejorada, baja de ánimo, que ya no tenía el mismo empeño que antes.

De Io cual se infiere que los señores Humberto Guerrero Narváez, Francy Flor Capote y Sonia Paola Sarria Flor, resultaron afectados moralmente, por la destrucción de sus bienes, conformados por el establecimiento de comercio y los propios de una vivienda familiar, la que implicó cambiar de domicilio con Ia consecuente desintegración o separación de la familia, pues cada uno buscó refugio en donde sus padres, en municipios distintos.

Por Io cual, estima la Sala que es próspero el cargo de Ia apelación, por lo que se accederá al reconocimiento y pago del perjuicio moral a favor de cada uno de los señores Humberto Guerrero Narváez, Francy Flor Capote y Sonia Paola Sarria Flor, en la suma de 30 SMLMV, como quantum resarcitorio, debido a que se trató de Ia pérdida del negocio que sustentaba económicamente a la familia y a la pérdida del mobiliario y de los objetos personales de Ia vivienda familiar. (Negrillas y subrayas de la Sala)

En el tercer asunto, el Tribunal Administrativo del Cauca, en proveído calendado el 30 de octubre de 2015 (exp. No. 19001-33-31-007-2013-00423-01 – demandante: Luz Mar López García) decidió una demanda impetrada en ejercicio del medio de control de reparación directa, en contra de la Nación – Ministerio de Defensa Nacional – Policía Nacional y Ejército Nacional, con el fin de obtener la declaratoria de responsabilidad de esa entidad, con ocasión de los hechos sucedidos en Piendamó – Cauca, el día 6 de noviembre de 2011 (“carro bomba“) y, en consecuencia, se le reconociera a los actores los perjuicios concernientes al daño material, daño moral y el daño a la vida en relación. En dicho caso, el a-quo confirmó la sentencia de primera instancia, para lo cual esbozó, entre otros aspectos, que:

Es decir, lo que se pregona en el presente asunto es el rompimiento de las cargas públicas como consecuencia de un ataque terrorista que fue perpetuado por grupos irregulares en contra de una institución estatal, y que, como consecuencia de ello, se generó una afectación patrimonial a civiles ajenos a la actividad estatal.

[…]

8. Perjuicio moral.

[…]

En lo que respecta a la residencia de la señora LUZ MAR LÓPEZ GARCÍA, de Ia prueba testimonial se puede establecer que para la época de los hechos, 6 de noviembre de 2011, vivía en su casa de habitación en el municipio de Piendamó - Cauca y que al ser destruida por el ataque guerrillero se vio obligada a salir de ahí, situación que a no dudarlo causa tristeza, aflicción, angustia; daño moral que fue valorado en conjunto con el resto de material probatorio allegado al expediente y por tanto, Ia condena de 10 salarios mínimos legales mensuales vigentes, tasada por el Juez es acorde a los parámetros establecidos por la jurisprudencia para estos casos […]” (Negrillas por fuera de texto)

En cuarto lugar, se tiene que el Tribunal Administrativo del Cauca, en sentencia ordinaria del 18 de agosto de 2017 (exp. No. 19001-33-31-007-2013-00354-01 – demandante: Inés Elena Zambrano y otros) resolvió otra demanda correspondiente al medio de control de reparación directa, en contra de la Nación – Ministerio de Defensa Nacional – Policía Nacional y Ejército Nacional, con el objetivo de que se declarara patrimonialmente responsable a la mencionada entidad, por los hechos ocurridos en Toribío – Cauca, el 9 de julio del año 2011 (“chiva bomba“) y, por ende, se le reconociera a los accionantes los perjuicios de índole material, moral así como el llamado daño a la vida en relación. Allí, el Tribunal de instancia, razonó lo siguiente:

En el asunto que nos ocupa, no existe discusión que para el 9 de julio de 2011, a las 7:00 a.m. aproximadamente, Ia Estación de Policía de Toribío (Cauca), fue hostigada por miembros del Sexto Frente Columna Jacobo Arenas de las FARC, y que luego, estos mismos dejaron rodar un vehículo tipo “Chiva” o “bus escalera” por una vía despavimentada contigua a la Estación de Policía, colisionando con una de sus garitas y siendo detonada. A su vez, los subversivos atacaron con armas de fuego y municiones a los Agentes de Policía que prestaban guardia en la Estación de Policía y en el Parque Principal.

[…]

Ante este escenario, la Sala concuerda con las apreciaciones del a-quo al momento de atribuir la responsabilidad bajo el título de imputación objetivo de daño especial, por la destrucción de los inmuebles de propiedad de los demandantes, porque si bien el daño fue ocasionado por un tercero, en un ataque perpetrado por las FARC - EP en contra de Ia Policía Nacional, lo cierto es que ocurrió dentro de la larga confrontación del Estado colombiano contra grupos subversivos, lo que de suyo generó una carga que los particulares no tenían la obligación de soportar, ocurre el rompimiento del equilibrio de las cargas públicas y la ostensible afectación de los principios de equidad y solidaridad.

[…]

Sobre los perjuicios morales reconocidos.

A efectos de resolver el problema planteado es del caso señalar que el H. Consejo de Estado ha reconocido perjuicios de orden moral derivados de Ia pérdida o afectación de bienes muebles e inmuebles, pero también ha sido enfático al momento de establecer que tal reconocimiento exige su cabal demostración a efectos de resarcir un daño cierto y no uno meramente eventual o incierto.

[…]

Siendo así las cosas, el perjuicio moral derivado de Ia destrucción de bienes inmuebles resulta procedente pero solo en la medida de su demostración, misma que no pende de la titularidad del bien sino del efectivo menoscabo a los sentimientos de quien Io alega.

Sin perjuicio de lo anterior, y siguiendo Ia posición sentada por este Tribunal en un asunto con similitud fáctica al abordado en esta oportunidad, es del caso modificar Ia decisión de instancia ya que erróneamente se reconoció un mismo valor indemnizatorio a todos los demandantes, sin tener en cuenta las diferencias de cada grupo en particular.

Grupo No. 1
En dictamen rendido se aduce que el área construida corresponde a 475 m2, sufriendo daño en muros, cielo (sic) rasos, techos en 120 metros, instalaciones de energía, acueducto y vidrios (fls. 25 a 27 del cuaderno principal).

No puede perder de vista este sentenciador que la destrucción del inmueble fue parcial, en tanto solo da cuenta de Ia daños en muros y parte de los techos, por la cual, en criterio de este Juzgador la entidad del daño, no reviste mayúsculas situaciones como ha acontecido en eventos en los cuales la destrucción es total, dejando desprovistas a las victimas de su propia vivienda.

Entonces, aunque esta Colegiatura no es ajena a la aflicción que pudo generar los daños referenciados, con los solos dichos de los testigos no es factible evidenciar afectaciones mayúsculas que ameriten una condena en 40 smlmv, como Io pretende la alzada. En ese orden, deberá confirmarse Ia sentencia de instancia respecto de este grupo demandante, 5 smlmv.

Grupo No. 4.

Se encuentra la vivienda inspeccionada en la actualidad, fue destruida PARCIALMENTE dado que se encuentra en pie […] con agrietamientos de muros, destrucción de techos de eternit, desnivelada de puerta y ventanas. Para su estado normal la vivienda requiere demolición y construcción de muros (fls. 116 a 118 del cuaderno principal).

[…]

La señora Lastenia Medina Yatacue (fls. 110 a 111 ibídem), indicó que la familia debió trasladarse a otro lugar debido a los daños ocasionados al inmueble, y los demás testimonios dan cuenta de Ia afectación sufrida por el grupo familiar, por lo que, de acuerdo con las consideraciones antes señaladas, procede la modificación del monto indemnizatorio en 10 smlmv, por tratarse de una destrucción parcial. (Negrillas y subrayas de la Sala)

Visto o anterior, y descendiendo al caso objeto de estudio, la Sala advierte que, sin lugar a dudas, tal y como también lo concluyó la Sección Quinta del Consejo de Estado, se vulneró y/o conculcó el derecho a la igualdad reclamado por los accionantes en el sub lite; por cuanto Ias sentencias alegadas como desconocidas fueron dictadas por el Tribunal Administrativo del Cauca, en hechos idénticos ("chiva bomba" del 9 de julio de 2011 en Toribío - Cauca) o similares, sin que el caso de los aquí tutelantes haya sido analizado conforme Ias pautas expuestas por esa Colegiatura en asuntos previos.

Contrario a los fallos expuestos en precedencia, en el proceso de reparación directa de la señora Graciela Pazu Martínez y otros, Ia autoridad judicial accionada en lo que concierne al reconocimiento de los daños morales y de la vida en relación señaló:
Sin embargo, en este punto, debe recordarse que la cusa petendi gravita en la indemnización por los daños a los bienes de los demandantes, originados en el atentado que se produjo en contra de la Estación de Policía de Toribío, de manera que no podía atribuirse y condenarse a tal entidad por perjuicios morales originados en una causa distinta, como por ejemplo, Ia zozobra que produjo el atentado mismo.

[…]

En el presente asunto, advierte la Sala que a pesar de que se logró demostrar respecto de algunos demandantes, la afectación de bienes por cuenta del atentado perpetrado contra la Policía Nacional, lo cierto es que no ocurrió lo mismo respecto del perjuicio moral, ya que, para el efecto, se aportaron las declaraciones de personas que, si bien refirieron que aquellos se vieron tristes con ocasión de los daños sufridos en sus heredadas, no refirieron situación de congoja especial; máxime si se tiene en cuenta que Ia razón o ciencia de su dicho no quedó plenamente justificada, en tanto se limitaron a exponer motivos de vecindad y cercanía por el hecho de residir en el mismo pueblo.

[…]

Sin perjuicio de ello, debe recordarse que el atentado no iba dirigido contra los demandantes, para eventualmente derivar de ello afectaciones distintas de las materiales, como la angustia, la zozobra o cualquier otro estado mental, por cuenta de Ia acción armada, y si se llegara a una conclusión distinta, tendría que revisarse la responsabilidad de Ia Policía Nacional en Ia medida que esta fue condenada porque el atentado iba dirigido en contra de sus instalaciones y personal. Tal circunstancia, implica además Ia desestimación del “daño a la vida en relación”, en tanto que no se evidencia la alteración de Ias condiciones de vida por cuenta de la avería de sus bienes materiales.

Nótese que aquellas conclusiones son totalmente diferentes a Ias cuales arribó el tribunal, por ejemplo, en el expediente No. 19001-33-33-008-2013-00262-01 y No. 19001-33-31-007-2013-00354-01, a pesar de tratarse del mismo supuesto de hecho y de derecho (“chiva bomba” del 9 de julio de 2011 en Toribío - Cauca).

Inclusive, en Io que atañe al “daño a la vida en relación”, en el expediente con radicación 2013-00262-01, fue suficiente advertir que “(...) los demandantes, con ocasión de Ia explosión del carro bomba en el municipio de Toribío - Cauca, el 9 de julio de 2011, padecieron Ia destrucción de los bienes inmuebles y muebles de su propiedad, se vieron obligados al desplazamiento dentro del mismo municipio y en otros casos a un municipio diferente, a la vez que se vieron apremiados a encontrar refugio en otros Iugares, a reconstruir el patrimonio perdido, a conseguir fuentes de empleo, al recuerdo trágico de lo ocurrido, a enfrentarse a valores, circunstancias y situaciones diferentes, y al miedo, a Ia zozobra y a Ia angustia de no poder regresar al pueblo o de seguir viviendo bajo Ia amenaza del conflicto armado interno en ese grado de intensidad y atrocidad con que se desarrolla en ese lugar (…)”, para ordenar el reconocimiento y pago.

Así mismo, en el expediente No. 2013-00354-01, el análisis de Ios perjuicios morales se efectuó con base en el porcentaje de destrucción del bien inmueble y, en uno que otro grupo familiar, los testimonios. El tribunal atacado, por ejemplo, respecto del grupo familiar No. 1, indicó:
En dictamen rendido se aduce que el área construida corresponde a 475 m2, sufriendo daño en muros, cielos rasos, techos en 120 metros, instalaciones de energía, acueducto y vidrios (fls. 25 a 27 del cuaderno principal).

No puede perder de vista este sentenciador que Ia destrucción del inmueble fue parcial, en tanto solo da cuenta de los daños en muros y parte de los techos, por la cual, en criterio de este Juzgador la entidad del daño, no reviste mayúsculas situaciones como ha acontecido en eventos en Ios cuales Ia destrucción es total, dejando desprovistas a las víctimas de su propia vivienda. 

Entonces, aunque esta Colegiatura no es ajena a la aflicción que pudo generar Ios daños referenciados, con los solos dichos de Ios testigos no es factible evidenciar afectaciones mayúsculas que ameriten una condena en 40 smlmv, como Io pretende la alzada. En ese orden, deberá confirmarse la sentencia de instancia respecto de este grupo demandante, 5 smlmv […]”

En ese orden de ideas, y en concordancia con la argumentación señalada por el juez de tutela de primer grado y las aclaraciones jurisprudenciales en el tema de la tipología del perjuicio que se reclama, en cuanto al concepto de afectación de bienes constitucionalmente protegidos, dado que dentro de este, y de conformidad con la jurisprudencia unificada de la Sección Tercera de esta Corporación desde el 28 de agosto de 2014, se encuentran los derechos o intereses legítimos que no están comprendidos dentro de la noción de daño moral o daño a la salud, como la afectación relevante a bienes o derechos convencional y constitucionalmente amparados, que los actores pidieron bajo el antiguo rótulo de daño a la vida de relación, Ia Sala advierte que Ia providencia enjuiciada, del 23 de agosto del 2018, no explicó las razones por las cuales resolvió cambiar el criterio que venía sosteniendo y defendiendo respecto al reconocimiento de los perjuicios morales y el multireferido daño a la vida de relación en casos como el que es objeto de estudio, aunado a que no se aludió al tema, al momento de su intervención en el trámite de esta acción constitucional, lo que en efecto, le era exigible a la autoridad judicial censurada, toda vez que al tratarse de supuestos fácticos y jurídicos similares y casi que iguales, debió manifestar Ios motivos que la llevaron a una decisión diferente, y máxime, cuando dentro del expediente obran testimonios como el del señor Carlos Hugo Orozco que dan cuenta de tal afectación.

Por ende, el Tribunal objeto de censura, se encontraba obligado y compelido a cumplir con la respectiva carga argumentativa, para efectos de reformular legítimamente su postura asumida en casos anteriores, y respecto de los cuales sí tuvo como demostrada la existencia del daño, como perjuicio inmaterial, con base en pruebas testimoniales.

Cabe recordar, que las mencionadas cargas argumentativas implican, de un lado, que el fallador al modificar su criterio debe reconocer que existía una posición anterior que debe ser cambiada (carga de transparencia) y, de otra, el deber del juez de exponer las razones por las cuales se aparta de la posición trazada en pasados pronunciamientos por la misma autoridad judicial (carga de argumentación), con el fin de no arribar a decisiones injustificadamente contradictorias.

Es importante precisar que no se trata de argumentar de manera aislada las razones del cambio sino de justificar de manera concreta y suficiente la relevancia legal y constitucional que trae consigo la variación, al atribuir una consecuencia jurídica diferente a la que se venía aplicando en casos similares. Así Ias cosas, es claro que el fallador puede modificar su criterio, siempre y cuando asuma la carga especialmente exigente de argumentación.

Cabe anotar que, la trascendencia de la carga argumentativa del juez, se concreta en el papel central que ocupa en Ia adecuada motivación de una sentencia y en que su uso adecuado es condición necesaria para Ia vigencia del principio de igualdad en un Estado social, constitucional y democrático de derecho actual.

Finalmente, esta Sala pone de presente que en el caso de Ios tutelantes, el Magistrado David Fernando Ramírez Fajardo, quien participó en Ias Salas que resolvieron los anteriores casos, salvó parcialmente su voto en el fallo que se cuestiona, al considerar que: “[…] procede el reconocimiento del perjuicio reclamado dado que existe prueba de su causación, el cual se determina a través de los testimonios recaudados, que dan cuenta de los sentimientos de aflicción que sufrieron los demandantes (…) Aunado a lo anterior, esta Corporación ha sostenido una posición pacífica en cuanto al reconocimiento de este tipo de perjuicios cuando se presentan los hechos como los que aquí se debaten […]”.

Por lo expuesto, la Sala considera que sí se vulneró el derecho a la igualdad de los accionantes, pues el Tribunal Administrativo del Cauca, en virtud de Ias cargas de transparencia y argumentación, debió aclarar Ias razones por Ias que reformuló su postura adoptada en casos anteriores (conforme lo acreditado en el caso sub judice) relacionadas con las indemnizaciones a lugar, una vez se declaró la existencia del daño especial.

Asimismo, echa de menos la Sala un pronunciamiento del Tribunal, respecto de la reclamación por la pérdida de bienes muebles y enseres relacionados con las reclamaciones de la señora Graciela Pau, lo que sin lugar a duda vulnera su debido proceso, en la medida que tan solo fijó sus consideraciones al respecto, en relación con el bien inmueble que ocupaba al momento de la ocurrencia de los hechos.

VIII.5.3. Conclusión.

En resumen, y de conformidad con lo expuesto en precedencia, esta Sala de Decisión confirmará el amparo tutelar efectuado por la Sección Quinta de esta Corporación, en su fallo impugnado de 7 de marzo de 2019, salvo lo concerniente a la señora Graciela Pazu Martínez (sobre las reclamaciones relacionadas con el bien inmueble). Ello, por cuanto se encuentran acreditados i) el defecto fáctico únicamente relacionado con la indebida valoración de la declaración que acredita el daño inmaterial, en cuanto la afectación a bienes convencional y constitucionalmente protegidos sufrido por el señor Duván Hernández; ii) el desconocimiento del derecho a la igualdad y de si se enuentran acreditados los inmateriales reclamados; así como iii) la vulneración al debido proceso por la omisión de pronunciamiento que atañe a la pérdida de bienes muebles y enseres de la señora Graciela Pazu Martínez.

En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la Ley,

F A L L A

PRIMERO: CONFIRMAR la sentencia de 7 de marzo de 2019, proferida por la Sección Quinta del Consejo de Estado, que accedió al amparo tutelar deprecado por los señores Jorge Duván Hernández, Adriano Gómez Santacruz, Rosalbina Opocue Julicue, Elvia Quitumbo de Mestizo y Gerardo Antonio Delgado, por las razones expuestas en la parte motiva de esta providencia.

SEGUNDO: ADICIONAR la sentencia de 7 de marzo de 2019, proferida por la Sección Quinta del Consejo de Estado, para disponer que se resuelva sobre las pretensiones de la señora Graciela Pazu Martínez, respecto de su reclamación por la pérdida de bienes muebles y enseres.

TERCERO: NOTIFICAR esta providencia por el medio más expedito, en los términos del Artículo 16 del Decreto Ley 2591 del 19 de noviembre de 1991.

CUARTO: REMITIR el expediente a la H. Corte Constitucional para su eventual revisión, dentro de los diez (10) días siguientes a la ejecutoria de esta providencia, de conformidad con el artículo 31 del Decreto Ley No. 2591 de 1991.

QUINTO: DEVOLVER el expediente ordinario de reparación directa, con radicación No. 19001-33-33-007-2013-00319-01, allegado en condición de préstamo al Juzgado Séptimo Administrativo del Circuito Judicial de Popayán, para lo pertinente.

CÓPIESE, NOTIFÍQUESE, COMUNÍQUESE Y CÚMPLASE,

Se deja constancia que la anterior providencia fue leída, discutida y aprobada por la Sala en la sesión de la fecha.

OSWALDO GIRALDO LÓPEZ
Consejero de Estado
Presidente

NUBIA MARGOTH PEÑA GARZÓN
Consejera de Estado

HERNANDO SÁNCHEZ SÁNCHEZ
Consejero de Estado

ROBERTO AUGUSTO SERRATO VALDÉS
Consejero de Estado

Folios 204 a 219 del cuaderno No. 2 del expediente de tutela, enviada el 15 de marzo de 2019 al correo electrónico de la Secretaría General de la Corporación.
Folios 199 a 203 del cuaderno No. 2 de la causa constitucional.
Visible a folios 165 a 182 del cuaderno No. 1 del expediente de amparo.
Folios 1 a 50 del cuaderno No. 1 del expediente de amparo.
Actores: Graciela Pazu Martínez y otros. Accionado: Nación – Ministerio de Defensa Nacional – Policía y Ejército Nacional.
De acuerdo con el auto interlocutorio No. 0848 de 25 de septiembre de 2013, proferido por el Juzgado Séptimo Administrativo de Popayán (cuaderno de copias folios 240 a 241), la demanda de reparación directa fue presentada por varios grupos familiares: (i) GRUPO FAMILIAR No. 1: Graciela Pazu Martínez; (ii) GRUPO FAMILIAR No. 02: JORGE DUVÁN HERNÁNDEZ y sus hijas menores Juliana Hernández Sánchez y Karen Liseth Hernández; (iii) GRUPO FAMILIAR No. 3: Fredy Gómez Santacruz, Libardo Hernández Gómez Santacruz, Fabiola Gómez Santacruz, Mónica Andrea Gómez Santacruz, Francia Elena Gómez Santacruz, Adriano Gómez Santacruz, Oscar Gómez Santacruz, Blanca Stella Gómez Santacruz, Esperanza Elena Gómez Santacruz, María Fernanda Gómez Santacruz; (iv) GRUPO FAMILIAR No. 4: Rosalbina Opocue Julicue; (v) GRUPO FAMILIAR No. 5: Elvia Quitumbo De Mestizo; (vi) GRUPO FAMILIAR No. 6: Orfa Yolanda Muñoz De Delgado, Gerardo Antonio Delgado Muñoz, María Edilma Delgado Muñoz, Alba Lucía Delgado Muñoz, Yolanda Delgado Muñoz, Leyda Delgado Muñoz, Marleny Delgado Muñoz y Yaneth Delgado Muñoz. La demanda ordinaria de reparación directa fue admitida respecto de todos los demandantes con proveído de 9 de octubre de 2013 (folios 251 a 252 del cuaderno de copias).

Folios 427 a 444 del anexo No. 3 del expediente ordinario de reparación directa con radicación 19001-33-33-007-2013-00319-00.

Folios 444 Vto. a 446 del anexo No. 3 de la causa de reparación directa con radicado 2013-00319-00. Del 3 de diciembre de 2015. Folios 449 a 458 del anexo No. 3 del expediente ordinario con radicado No. 2013-00319-00. Folios 464 a 472 del anexo No. 3 del radicado No. 2013-00319-00. Folios 871 a 893 del anexo No. 5 del radicado No. 2013-00319-01. Folios 885 a 893 del anexo No. 5 del radicado No. 2013-00319-01. Toda vez que: “(…) Si bien la escritura pública de adquisición es posterior al 9 de julio de 2011, desconoció que no solo los derechos derivados de la propiedad generan protección estatal, máxime en el caso concreto, en el que con fundamento en un análisis integral de las pruebas obrantes en el plenario, se demostró sin equívoco alguno que para la fecha de los hechos, la suscrita Graciela Pazu Martínez, cuando menos era poseedora del bien afectado, ejerciendo el animus y el corpus sobre el inmueble y de ello dan cuenta las siguientes pruebas documentales y testimoniales (…)”. Folio 889 Vto. del anexo No. 5 del radicado No. 2013-00319-01. Folios 96 a 98 del cuaderno de pruebas del expediente ordinario en préstamo. Ibidem, folios 102 a 104. Folio 34 de la demanda de tutela. Actores: Graciela Pazu Martínez y otros. Accionado: Nación – Ministerio de Defensa Nacional – Policía y Ejército Nacional. Folios 41 a 42 de la demanda de amparo constitucional. Folios 53 a 54 del cuaderno No. 1 del expediente de tutela. Parte demandada dentro del proceso de reparación directa con radicación 19001-33-33-007-2013-00319-00. Demás integrantes de la parte demandante de la causa ordinaria de reparación directa. Constancia secretarial de 14 de febrero de 2019 (folio 99 del cuaderno No. 1 del expediente constitucional). Visible a folios 107 a 108 del cuaderno No. 1 del expediente de tutela. Folios 109 a 119 del cuaderno No. 1. Folios 66 a 68 del cuaderno No. 1 del expediente de tutela. Folio 68 del cuaderno No. 1 del expediente constitucional. Folio 68 del cuaderno No. 1 del expediente de amparo. Folios 71 a 72 del cuaderno No. 1 del expediente de tutela. Folio 72 del cuaderno No. 1 del expediente constitucional. Folios 135 a 164 del cuaderno No. 1 del expediente de amparo. Folios 165 a 182 del cuaderno No. 1 del expediente de tutela. Ordenándole a esa Corporación judicial que, dentro de los treinta (30) días siguientes a la notificación de esa providencia, profiriera una sentencia de reemplazo.
“Por el cual se reglamenta la acción de tutela consagrada en el artículo 86 de la Constitución Política.”
Folios 174 a 175 Vto. del cuaderno No. 1 del expediente de amparo. Folios 208 a 235 del expediente en préstamo de reparación directa. Folio 177 del cuaderno No. 1 del expediente de tutela. Folio 177 Vto. del cuaderno No. 1 de la causa constitucional. Folio 177 Vto. del cuaderno No. 1 de la causa constitucional. Folio182 del cuaderno No. 1 del expediente de tutela. Folios 204 a 219 del cuaderno No. 2 del expediente de tutela. Folios 199 a 203 del cuaderno No. 2 de la causa constitucional. Folio 207 Vto. del cuaderno No. 2 del expediente de amparo. Folios 210 Vto. a 211 del cuaderno No. 2 del expediente de tutela. Folios 202 Vto. a 203 del cuaderno No.

2 del expediente constitucional.
"Por el cual se reglamenta la acción de tutela consagrada en el artículo 86 de la Constitución Política".
"Por medio del cual se expide el decreto único reglamentario del sector justicia y del derecho".
“Por la cual se modifican os artículos  HYPERLINK "http://www.alcaldiabogota.gov.co/sisjur/normas/Norma1.jsp?i=62503" \l "2.2.3.1.2.1" 2.2.3.1.2.1,  HYPERLINK "http://www.alcaldiabogota.gov.co/sisjur/normas/Norma1.jsp?i=62503" \l "2.2.3.1.2.4" 2.2.3.1.2.4 y  HYPERLINK "http://www.alcaldiabogota.gov.co/sisjur/normas/Norma1.jsp?i=62503" \l "2.2.3.1.2.5" 2.2.3.1.2.5 del Decreto 1069 de 2015, Único Reglamentario del sector Justicia y del Derecho, referente a las reglas de reparto de la acción de tutela”.
“Por medio del cual se modifica el reglamento del Conejo de Estado.”
Jorge Duván Hernández, Adriano Gómez Santacruz, Rosalbina Opocue Julicue, Elvia Quitumbo de Mestizo y Gerardo Antonio Delgado. Visible a folios 871 a 893 del anexo No. 5 de la causa ordinaria con radicación No. 2013-00319-01. Relacionados con el debido proceso, la igualdad y el acceso a la administración de justicia. Radicación: 2009-01328-01(IJ). Consejera Ponente: Dra. María Elizabeth García González. Sentencia T-619 de 2009, Magistrado Jorge Iván Palacio Palacio. Defecto orgánico, que tiene lugar cuando el funcionario judicial que emite la decisión carece, de manera absoluta, de jurisdicción o competencia para ello. Defecto procedimental absoluto, que tiene lugar cuando el juez actuó al margen del procedimiento establecido. Defecto fáctico, que surge cuando la providencia judicial carece del apoyo probatorio que permita la aplicación del supuesto legal en el que se sustenta la decisión, valora erradamente los elementos de juicio; o da por demostrada una situación fáctica sin existir evidencia probatoria de la misma. Defecto material o sustantivo, existe cuando las decisiones se fundamentan en normas inexistentes o inconstitucionales, o que presentan una evidente contradicción entre los fundamentos y la decisión. Error inducido, que se presenta cuando la autoridad judicial ha sido engañada por las partes o intervinientes y ese engaño lo llevó a tomar una determinación que afecta derechos fundamentales. Decisión sin motivación, que tiene lugar cuando el funcionario judicial no expone los fundamentos fácticos y jurídicos de la decisión adoptada en la parte resolutiva de la providencia judicial. Desconocimiento del precedente, que se origina cuando el juez ordinario desconoce o limita el alcance dado por esta Corte Constitucional a una disposición constitucional o derecho fundamental, apartándose del contenido constitucionalmente vinculante del derecho fundamental vulnerado. Violación directa de la Constitución, que se presenta cuando la actuación de la autoridad se opone de manera directa a las normas establecidas en la Constitución Política. Corte Constitucional. Sentencia T- 225 del 23 de marzo de 2010, Magistrado Ponente: Dr. Mauricio González Cuervo. Corte Constitucional, sentencia T-041 de 2018. Sentencia C-622 de 1998, M. P. Fabio Morón Díaz. Azula Camacho, Jaime. Manual de Derecho Procesal civil, Teoría General del Proceso, Tomo VI. Editorial Temis, Bogotá, 2015. Página 66. Giacomette Ferrer, Ana. Introducción a la teoría general de la prueba. Señal Editora: Universidad del Rosario, Ediciones Rosaristas, Bogotá, 2009. Página 232. López Blanco, Hernán Fabio. Procedimiento Civil, Tomo III. Segunda Edición. DUPRE Editores. Bogotá, 2008. Página 79. Muñoz Sabaté, Luis. Fundamentos de Pruebas Judicial Civil. J.M. Bosch Editor. Barcelona, 2001. Página 437. Corte Constitucional, T-041 de 2018. Corte Constitucional, T-464 de 2001. Corte Constitucional T-458 de 2007. Corte Constitucional T-436 de 2009. Consejo de Estado, Sección Tercera, Sentencia de Sala Plena del 23 de agosto de 2012. C.P. Hernán Andrade Rincón (Exp. No. 23219).

En lo que concierne a la definición de Conflicto Armado Interno, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, caso “La Tablada” – Informe No. 55/97, Caso No. 11.137 - Juan Carlos Abella vs. Argentina, 18 de noviembre de 1997, lo definió de la siguiente manera: “En contraste con esas situaciones de violencia interna, el concepto de conflicto armado requiere, en principio, que existan grupos armados organizados que sean capaces de librar combate, y que de hecho lo hagan, y de participar en otras acciones militares recíprocas, y que lo hagan. Los conflictos armados a los que se refiere el artículo 3, típicamente consisten en hostilidades entre fuerzas armadas del gobierno y grupos de insurgentes organizados y armados”. De lo anterior se desprende, entonces, que el título jurídico más correcto para determinar la responsabilidad de reparar un daño será aquel que pase el análisis como el más justo. Pero ¿Qué es lo justo?. Es bien sabido que el tema es particularmente álgido en nuestros días y admite muchos enfoques de escuelas del pensamiento jurídico. No obstante si partimos de la aceptación de que la justicia es dar a cada uno lo suyo según la celebérrima sentencia de Ulpiano podemos explorar una respuesta. En efecto, esta definición, permite comprender lo que es la injusticia, que contrario a reconocer el Derecho, implica desconocerlo, lesionarlo, negarlo. Consejo de Estado, Sección Tercera, Sentencia de Sala Plena del 19 de abril de 2012. C.P. Hernán Andrade Rincón (Exp. No. 21515). Exp. No. 6014. Consejero Ponente: Daniel Suárez Hernández. Expediente No. 7136. Acción de grupo radicada 52001-23-31-000-2004-00605-02 (AG) con ponencia de la Dra. Myriam Guerrero de Escobar. Artículo 90. Constitución Política de 1991. Previstos en los artículos 13, 29, 228 y 229 de la Carta Superior. Folios 871 a 893 del cuaderno anexo No. 5 de la causa ordinaria de reparación directa con radicación 19001-33-33-007-2013-00136-01. Folio 895 del cuaderno anexo No. 5 de la causa ordinaria con radicado 2013-00136-01. Folio 896 del cuaderno anexo No. 5 del radicado 2013-00136-01. Folios 51 a 52 del cuaderno No. 1 del expediente de tutela. Jorge Duván Hernández, Adriano Gómez Santacruz, Rosalbina Opocue Julicue, Elvia Quitumbo de Mestizo y Gerardo Antonio Delgado. Folio 168 del cuaderno No.1 del expediente constitucional. Folio 102 del cuaderno anexo No. 1 de la causa ordinaria de reparación directa con radicación 19001-33-33-007-2013-00136-01. Folios 8 a 9 del cuaderno anexo No. 1 del proceso ordinario de reparación directa con radicado 2013-00136-01. Folios 10 a 13 del cuaderno anexo No. 1 del proceso ordinario con radicación 2013-00136-01. Folios 512 a 514 del cuaderno anexo No. 3 del proceso ordinario allegado en préstamo. A folio 27 del cuaderno de pruebas, aparece relacionada como víctima en el numeral 11. Folios 6 y 7 del cuaderno anexo No. 1 de la causa ordinaria de reparación directa con radicación 19001-33-33-007-2013-00136-01. Folios 8 a 9 del cuaderno anexo No. 1 del proceso ordinario de reparación directa con radicado 2013-00136-01. Folios 10 a 13 del cuaderno anexo No. 1 del proceso ordinario con radicación 2013-00136-01. Folios 23 a 24 del cuaderno anexo No. 1 del proceso ordinario allegado en préstamo. A folio 27 del cuaderno de pruebas, aparece relacionada como víctima en el numeral 11. Folios 871 a 893 del anexo No. 5 del radicado No. 2013-00319-01. Folios 885 a 893 del anexo No. 5 del radicado No. 2013-00319-01. En su fallo de tutela de primer grado calendado el 7 de marzo de 2019. Folio 889 Vto. del anexo No. 5 del radicado No. 2013-00319-01.

Sección Tercera
“(…) se recuerda que, desde las sentencias de la Sala Plena de la Sección Tercera de 14 de septiembre de 2011, expediente 19031 y 38222 (…) se adoptó el criterio según el cual, cuando se demanda la indemnización de daños inmateriales provenientes de la lesión a la integridad psicofísica de una persona, ya no es procedente referirse al perjuicio fisiológico o al daño a la vida de relación o incluso a las alteraciones graves de las condiciones de existencia, sino que es pertinente hacer referencia a una nueva tipología de perjuicio, denominada daño a la salud (…) la Sala unifica su jurisprudencia en relación con la indemnización del daño a la salud por lesiones temporales en el sentido de indicar que, para su tasación, debe establecerse un parangón con el monto máximo que se otorgaría en caso de lesiones similares a aquellas objeto de reparación, pero de carácter permanente y, a partir de allí, determinar la indemnización en función del período durante el cual, de conformidad con el acervo probatorio, se manifestaron las lesiones a indemnizar (…)” (se destaca).

Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, sentencias de unificación jurisprudencial del 28 de agosto de 2014, expediente 28832, Magistrado Ponente: Dr. Danilo Rojas Betancourth y expediente 31170. Magistrado Ponente: Dr. Enrique Gil Botero.

Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, sentencias de unificación jurisprudencial del 28 de agosto de 2014, expediente 32988 Magistrado Ponente: Dr. Ramiro Pazos Guerrero y expediente 26251. Magistrado Ponente: Dr. Jaime Orlando Santofimio Gamboa.

Consejo de Estado, Sección Tercera, sentencia de 28 de agosto de 2014, exp. 2001-00731 (26251), C.P. Jaime Orlando Santofimio Gamboa.
Folios 208 a 235 del expediente allegado en calidad de préstamo.
Folios 464 a 472 de la causa ordinaria de reparación directa.
En cuanto a los testimonios que señalaron los accionantes y que, en su sentir, acreditan los perjuicios morales y el “daño a la vida en relación“ deprecados en la demanda ordinaria.
Folio 893 del anexo No. 5 del radicado No. 2013-00319-01.
Declaración del señor Carlos Hugo Orozco (fls. 96 a 98 del cuaderno de pruebas de la causa ordinaria):

Folio 34 de la demanda de tutela, cuaderno No. 1.
Sala integrada por los Magistrados Naun Mirawal Muñoz Muñoz, David Fernando Ramírez Fajardo y Carlos Hernando Jaramillo Delgado.
Sala integrada por los Magistrados Naun Mirawal Muñoz Muñoz, David Fernando Ramírez Fajardo y Carlos Hernando Jaramillo Delgado.
Sala integrada por los Magistrados Naun Mirawal Muñoz Muñoz, David Fernando Ramírez Fajardo y Carlos Hernando Jaramillo Delgado.
Sala integrada por los Magistrados Naun Mirawal Muñoz Muñoz, David Fernando Ramírez Fajardo y Carlos Hernando Jaramillo Delgado.
En su fallo de tutela de fecha 7 de marzo de 2019.
Sala integrada por los Magistrados Jairo Restrepo Cáceres, David Fernando Ramírez Fajardo (salva parcialmente el voto) y Carlos Leonel Buitrago Chávez.
Folios 871 a 893 del anexo No. 5 del radicado No. 2013-00319-01.
Folios 871 a 893 del anexo No. 5 del radicado No. 2013-00319-01.
Consejo de Estado, Sección Tercera, sentencia de 28 de agosto de 2014, exp. 2001-00731 (26251), C.P. Jaime Orlando Santofimio Gamboa.
Se reitera que la tipología del perjuicio inmaterial se puede sistematizar de la siguiente manera: i) perjuicio moral; ii) daño a la salud (perjuicio fisiológico o biológico); iii) cualquier otro bien, derecho o interés legítimo constitucional, jurídicamente tutelado que no esté comprendido dentro del concepto de “daño corporal o afectación a la integridad psicofísica” y que merezca una valoración e indemnización a través de las tipologías tradicionales como el daño a la vida de relación o la alteración grave a las condiciones de existencia o mediante el reconocimiento individual o autónomo del daño (v.gr. el derecho al buen nombre, al honor o a la honra; el derecho a tener una familia, entre otros), siempre que esté acreditada en el proceso su concreción y sea preciso su resarcimiento, de conformidad con los lineamientos que fije en su momento esta Corporación.
Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, sentencias de unificación jurisprudencial del 28 de agosto de 2014, exp. 32.988 C.P. Ramiro Pazos Guerrero y exp. 26.251. C.P. Jaime Orlando Santofimio Gamboa.
Cabe señalar que la autoridad que profiere la decisión es el mismo Tribunal Administrativo del Cauca.
Si el criterio se ve afectado porque nuevos miembros integran la Sala de decisión.
Ver, entre otras, sentencia del 06 de noviembre de 2015, radicado 19001-33-33005-2013-00196-01, MP. Carlos Hernando Jaramillo Delgado; sentencia del 30 de octubre de 2015, expediente: 19001-33-31-007-2013-00423-01, MP. Naun Mirawal Muñoz Muñoz; sentencia del 18 de agosto de 2017, radicado 19001-33-31-007-2013-00354-01, MP. David Fernando Ramírez Fajardo.
Téngase en cuenta que la Sección Tercera del Consejo de Estado “(…) siguiendo los lineamientos planteados en sus sentencias de unificación, formuló una nueva tipología de daño inmaterial diferente a los denominados perjuicio fisiológico, daño a la vida en relación y alteración a las condiciones de existencia, para en su lugar reconocer la categoría de daño a la salud (…)”. Exp. No. 73001-23-31-000-2006-01304-01 (43.435), C.P. María Adriana Marín.
Folio 77 del cuaderno No. 1 del expediente de tutela.

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