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Consejo de Estado · Sección Tercera

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Tercera, radicado 11001-03-15-000-2018-04757-01

Acción de tutela contra providencia judicial

Fecha
12 de junio de 2019
Consejero ponente
Jaime Enrique Rodríguez Navas

01Lo que resolvió

Ficha de la providencia

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Tercera, radicado 11001-03-15-000-2018-04757-01

Consejo de Estado · Sección Tercera

Parte resolutiva

RESUELVE 1. CONFIRMAR la sentencia impugnada, proferida por La Subsección A de la Sección Segunda del Consejo de Estado el 21 de marzo de 2019, por las razones expuestas en la parte motiva de esta providencia. 2. NOTIFICAR la presente decisión a las partes y a los interesados por el medio más expedito. 3. ENVIAR el expediente de la referencia a la Corte Constitucional para su eventual revisión.

02Texto de la providencia

República de Colombia

Consejo de Estado

Sección Tercera

Radicado 11001-03-15-000-2018-04757-01

Consejero ponente: Jaime Enrique Rodríguez Navas

12 de junio de 2019

ACCIÓN DE TUTELA CONTRA PROVIDENCIA JUDICIAL / AUSENCIA DE DEFECTO SUSTANTIVO – Adecuada interpretación normativa / PROCESO DISCIPLINARIO CONTRA ABOGADO – Imposición de sanción / FALTA A LA LEALTAD Y HONRADEZ CON LOS COLEGAS - Aceptar la gestión profesional a sabiendas de que le fue encomendada a otro abogado / SUSTITUCIÓN DE ABOGADO – Sin que existiera renuncia, paz y salvo o autorización del colega para reemplazarlo / SUSTITUCIÓN – No existía justificación

[L]a interpretación que hizo el Consejo Superior de la Judicatura cuando consideró que el actor incurrió en una falta a la lealtad y a la honradez por haber sustituido a su colega el señor [R.D.M.P.] aun cuando este había suscrito un contrato que protegía sus honorarios y aquel había esperado a que se venciera el término previsto por el Tribunal para solicitar el incidente de regulación de honorarios, no es irrazonable ni contraria a la finalidad de la disposición toda vez que la norma busca, también, proteger al colega de las actuaciones desleales. Como se vio en el proceso, el Consejo Superior de la Judicatura tuvo en cuenta que el [actor] no demostró una actuación leal y solidaria ante su colega con la que evidenciara el esfuerzo que desplegó para darle a conocer la revocación de su mandato considerada la legítima confianza que aquel tenía en la continuidad de su relación con su cliente. En últimas, el accionante pretende darle un carácter reducido al artículo 36 y al propio concepto de lealtad procesal que involucra un comportamiento coherente con el mandato de buena fe constitucional en las relaciones que se tejen en desarrollo del ejercicio de la profesión. Situaciones que no están necesaria ni exclusivamente relacionadas con el aspecto económico. (…) la Sala no encuentra que la aplicación de la disposición actual —artículo 36 de la Ley 1123 de 2007— signifique una afectación del derecho a la defensa o a la administración de justicia, pues, antes que nada, la disposición persigue ciertas finalidades vinculadas con las relaciones entre colegas y la rectitud de la profesión y que, por tanto, también deriva en garantía a la defensa técnica de los clientes. Pero, in extremis, en caso de que no sea posible tener la aquiescencia del representante anterior, y efectivamente se obstaculice contar con un nuevo representante judicial, esta situación no se deriva directamente del artículo 36 en comento, sino de la posible y aislada reticencia de un profesional del derecho, siendo este el comportamiento vulnerador; y no la aplicación directa de la disposición en comento. En tal evento, un cliente puede solicitar la sustitución por razones de urgencia, y, además, proceder a elevar una queja ante la misma jurisdicción bajo el mismo código, para impedir que la reticencia o ausencia de su anterior representante le niegue sus derechos procesales. Por tanto, en el caso objeto de estudio, no resulta de recibo la afirmación de la parte actora de que el Consejo Superior de la Judicatura esté interpretando la norma de una forma en que obligue a la cliente a quedar en un estado de indefensión técnica, pues este analizó el material probatorio y determinó que no existía realmente un evento que justificara la sustitución

FUENTE FORMAL: LEY 1123 DE 2007 - ARTÍCULO 36

AUSENCIA DE DEFECTO FÁCTICO – Valoración de la totalidad del material probatorio / JUSTIFICACIÓN DE LA SUSTITUCIÓN - No se logró acreditar una causal

Por último, el actor alegó la existencia de un defecto fáctico porque a su juicio no se valoraron las pruebas testimoniales y documentales que demostraban que la actitud del abogado [R.D.M.P.] generado en la mandante un “estado subjetivo” de abandono. (…) Las pruebas fueron todas decretadas y practicadas por el Consejo Superior de la Judicatura y aparecen mencionadas en la providencia del 3 de mayo de 2018. La valoración fue realizada por el juez natural, quien consideró que con estas no se acreditaba una causal de justificación para haber hecho la sustitución del abogado, porque, como ya se expuso, la mandante conocía las diligencias adelantadas por el abogado y la falta de comunicación no era un justificante toda vez que el vínculo había tenido esa característica por más de diez años. La Sala encuentra que no existió una omisión en la valoración de tales pruebas, simplemente el resultado al que llegó el juez después de valorarlas fue distinto al esperado por el actor, lo que de ninguna manera constituye un defecto, pues el Consejo Superior de la Judicatura cumplió con las reglas de la sana crítica e interpretó todas las pruebas en conjunto para llegar a la decisión

CONSEJO DE ESTADO

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCIÓN TERCERA

SUBSECCIÓN C

Consejero ponente: JAIME ENRIQUE RODRÍGUEZ NAVAS

Bogotá, D.C., doce (12) de junio de dos mil diecinueve (2019)

Radicación número: 11001-03-15-000-2018-04757-01(AC)

Actor: VÍCTOR ALFONSO PÉREZ GÓMEZ

Demandado: CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA

SENTENCIA SEGUNDA INSTANCIA

La Sala decide la impugnación presentada por Víctor Alfonso Pérez Gómez, contra la sentencia del 21 de marzo de 2019 proferida por la Subsección A de la Sección Segunda del Consejo de Estado que negó el amparo del derecho fundamental al debido proceso del actor.

ANTECEDENTES
Solicitud de tutela
Víctor Alfonso Pérez Gómez, presentó solicitud de amparo constitucional en contra del Consejo Superior de la Judicatura, con la pretensión de obtener la protección de su derecho fundamental al debido proceso, presuntamente vulnerado con la sentencia del 3 de mayo de 2018, proferida por la autoridad accionada, que confirmó la sentencia del Consejo Seccional de la Judicatura de Antioquia que lo sancionó por haber incurrido en una falta a la lealtad y honradez contra un colega, por sustituirle como apoderado en un proceso sin cumplir con los requisitos para ello.

Hechos

2.1. Rubén Darío Muñoz Pulgarín fue apoderado judicial de Roxana Echeverry Hernández en un proceso de nulidad y restablecimiento del derecho contra la Fiscalía General de la Nación desde el 26 de enero de 2004 hasta su conclusión. El Tribunal Administrativo de Antioquia profirió sentencia de segunda instancia favorable a la señora Echeverry Hernández el 7 de mayo de 2015.

2.2. El 15 de mayo de 2015, Roxana Echeverry Hernández revocó el poder que había conferido al abogado Rubén Darío Muñoz Pulgarín. Esta revocatoria fue aceptada por el Tribunal Administrativo de Antioquia en providencia del 5 de agosto del mismo año en la que se informó que el abogado a quien se le hubiere revocado el poder podría pedirle al juez que se regularan sus honorarios en los treinta días siguientes a la notificación de este auto.

2.3. El abogado Muñoz Pulgarín solicitó copias auténticas de los fallos de primera y segunda instancia el 21 de mayo de 2015 en el Tribunal Administrativo de Antioquia. La mencionada solicitud fue declarada improcedente porque se presentó cuando el poder ya se había revocado.

2.4. El 11 de septiembre de 2015, la señora Echeverry Hernández le confirió poder a Víctor Alfonso Pérez Gómez, quien lo aceptó, para asumir su representación judicial en los trámites remanentes del proceso de nulidad y restablecimiento.

2.5. El 29 de octubre de 2015, Rubén Darío Muñoz Pulgarín presentó queja disciplinaria contra Víctor Alfonso Pérez Gómez, por presunta deslealtad profesional, por haber aceptado el poder, sin tener el paz y salvo del pago de los honorarios, del proceso que el señor Muñoz Pulgarín había llevado desde 2004 hasta 2015.

2.6. En sentencia del 30 de junio de 2017 el Consejo Seccional de la Judicatura de Antioquia, declaró disciplinariamente responsable Víctor Alfonso Pérez Gómez, por no haber actuado con honradez y lealtad hacia su colega, pues aceptó el poder sobre el proceso de nulidad y restablecimiento del derecho que estaba adelantando el abogado Muñoz Pulgarín sin contar con el paz y salvo de sus honorarios y con base en ello lo sancionó. Por su inconformidad con la decisión Víctor Alfonso Pérez Gómez interpuso recurso de apelación.

2.7. El Consejo Superior de la Judicatura resolvió el recurso de apelación elevado por el actor contra la decisión de primera instancia y, en sentencia del 3 de mayo de 2018, la confirmó con base en los argumentos que se exponen a continuación.

2.7.1. La colegiatura no encontró justificada la sustitución del poder, ya que el motivo expuesto por el actor para realizar la sustitución fue la falta de diligencia por parte del señor Muñoz Pulgarín consistente en la ausencia de comunicación entre este y su cliente. El Consejo Superior de la Judicatura no consideró que ese motivo fuera una justificación toda vez que, la mandante estaba informada de las diligencias adelantadas por su abogado y desde el inicio de su relación contractual en el año 2004 había aceptado las formas de comunicación que utilizaban.

2.7.2. No podría entenderse como una justificación para que se hiciera la sustitución del poder la condición de indefensión en que supuestamente se encontraba la señora Echeverry Hernández, por carecer de apoderado, cuando Víctor Alfonso Pérez Gómez aceptó el poder, ya que ella misma había decidido ponerse en ese estado al revocar el poder del señor Muñoz Pulgarín a sabiendas de que no podría tener otro abogado sino hasta resolver su situación contractual con el anterior. Lo anterior, aun cuando estaba probado que la garantía de su derecho a la defensa estaba siendo bien llevada hasta el 21 de mayo de 2015.

2.7.3. La forma correcta de revocar el poder hubiera sido advirtiéndoselo al quejoso, a través de alguno de los métodos que normalmente usaban para comunicarse y, en caso de resultar imposible, habría podido elevar una queja ante la jurisdicción.

Aclaró que no es el abogado quien debe tener la justificación válida para aceptar el poder porque todos los abogados podrían, en tal caso, decir que asumieron el encargo para proteger el derecho a la defensa y al acceso a la justicia de su cliente. Por lo que la justificación prevista en el numeral 2 del artículo 36 de la Ley 1123 de 2007 se refiere a las razones que tuvo la poderdante para revocar el poder.

2.7.4. Respecto del argumento en el que el señor Pérez Gómez afirmó que su actuación no había sido desleal porque esperó el tiempo de la regulación de honorarios y tomó medidas precautelativas como suscribir un contrato protegiendo los honorarios del anterior abogado, el Consejo Superior de la Judicatura estableció que el actor sabía, e incluso había advertido a su poderdante que recibir el poder bajo esas condiciones era una conducta disciplinariamente reprochable por lo cual esta autoridad consideró que no era justificable iniciar la relación contractual cuando sabía que carecía de los requisitos.

2.7.5. Por último, la colegiatura manifestó su desacuerdo con la afirmación de Víctor Alfonso Pérez Gómez de que su conducta fue atípica y no fue dolosa. Toda vez que, el señor Pérez Gómez aceptó el poder sabiendo que no contaba con el paz y salvo, con la renuncia, con la autorización de reemplazo, ni con justificación contundente, por lo que su conducta fue exactamente la descrita en el numeral 2 del artículo 36 de la Ley 1123 de 2007 que establece que “[c]onstituyen faltas a la lealtad y honradez con los colegas: // 2. Aceptar la gestión profesional a sabiendas de que le fue encomendada a otro abogado” y fue dolosa porque sabía que había otro abogado como apoderado de ese proceso y que lo estaba reemplazando sin cumplir ninguno de los requisitos necesarios para hacerlo sin faltar a la lealtad y la honradez con su colega.

3. Pretensiones de tutela

El actor interpuso escrito de tutela el 18 de diciembre de 2018 en el que solicitó que se dejara sin efectos el fallo del Consejo Superior de la Judicatura proferido el 3 de mayo de 2018 y se le ordenara proferir una nueva decisión en la que se valoraran todas las pruebas y se interpretara la normatividad de forma razonable.

Estas pretensiones fueron sustentadas por el tutelante como se relaciona a continuación.

4. Argumentos de la solicitud de tutela

El actor consideró que la decisión cuestionada vulneró su derecho al debido proceso
toda vez que la autoridad demandada incurrió en un defecto sustantivo al interpretar de forma irrazonable el numeral 2 del artículo 36 de la Ley 1123 de 2007, que establece que es una falta de lealtad y honradez con los colegas aceptar la gestión profesional a sabiendas de que le fue encomendada a otro abogado. A su juicio, el Consejo Superior de la judicatura no tuvo en cuenta que el fin de la norma es evitar la competencia desleal y por ello no valoró todas las medidas preventivas que tomó el autor para que no se defraudara a su colega que había fungido como abogado a lo largo del proceso de nulidad y restablecimiento. Para esta autoridad solo podía aceptarse el poder si se contaba con el paz y salvo, y este no podía reemplazarse por medidas alternativas, lo que es una interpretación excesivamente formalista.

El accionante esgrimió que esa interpretación implicaba obligar a la cliente a permanecer en un estado de indefensión en razón de que el abogado que la representaba no quería asistir al incidente de regulación de honorarios. Así las cosas, consideró que se estaban viendo afectados el derecho a la defensa y al acceso a la administración de justicia de la señora Echeverry Hernández, lo que, según la jurisprudencia de la Corte Constitucional justificaba la sustitución.

Por otra parte alegó, que no se tuvo en cuenta como causal de exoneración de responsabilidad que Víctor Alfonso Pérez Gómez actuó bajo error al considerar que su conducta había dejado de ser desleal por haber esperado cuatro meses desde que se revocó el poder respetando el tiempo para que se realizara el incidente de regulación de honorarios y haber garantizado los honorarios de su antecesor en el contrato de prestación de servicios que celebró con Roxana Echeverry Hernández. En ese sentido, se catalogó como dolosa la conducta por el simple hecho de saber que no se estaban cumpliendo los requisitos para sustituir al abogado, sin hacerse realmente un estudio de culpabilidad.

Finalmente, el actor alegó un defecto fáctico por haberse omitido la valoración de las pruebas testimoniales y documentales que demostraban la incomunicación entre la señora Echeverry Hernández y su anterior abogado, toda vez que, a juicio de Víctor Alfonso Pérez Gómez, si se hubiese dado por probada dicha incomunicación se hubiera concluido que la sustitución estaba justificada por el abandono del cliente.

5. Intervenciones

El Despacho del consejero Rafael Francisco Suárez Vargas de la Subsección A de la Sección Segunda del Consejo de Estado admitió la acción por auto del 1 de febrero de 2019. Notificadas las partes y los terceros interesados, recibió las siguientes respuestas.

5.1. El Consejo Superior de la Judicatura en su contestación solicitó que se negara el amparo, para esos efectos reiteró los argumentos del fallo del 3 de mayo de 2018. Adujo, además, que se estaba intentando utilizar la tutela como una tercera instancia del proceso disciplinario al traer los mismos puntos que ya se resolvieron en el proceso ordinario y afirmó que no existió ninguna omisión en la valoración de las pruebas, sino que se pretende que se haga una valoración aislada de los testimonios respecto de las otras pruebas.

5.2. Rubén Darío Muñoz Pulgarín solicitó que se negara el amparo por considerar que el actor estaba mintiendo en la narración de los hechos. Afirmó que él se había comunicado con la cliente en el 2015 a diferencia de lo narrado por ella, para lo cual anexó a su escrito de contestación la copia de unos correos electrónicos que aportó junto con la contestación. También indicó que había demostrado su interés en el proceso al ir a recoger las copias que prestaban mérito ejecutivo de la sentencia de segunda instancia a los cinco días de proferida y esgrimió que no era cierto que se hubieran esperado 30 días para que él solicitara el incidente de regulación de honorarios, ya que el expediente se había devuelto al juzgado de origen antes de cumplirse ese término.

Respecto del contrato en el que supuestamente se protegían sus honorarios alegó que no lo conocía y que no había sigo allegado ni al proceso disciplinario ni al de cobro de honorarios.

A su juicio, no se demostró una vulneración al debido proceso del actor, ni el estado de indefensión de la cliente, tampoco se comprobó que Víctor Alfonso Pérez Gómez hubiera ido a la oficina o llamado a su antecesor para preguntarle sobre el estado del proceso y de la representación antes de reemplazarlo. El suscrito consideró si era de tal entidad la falta por él cometida en el proceso el actor debió aconsejarle a la señora Echeverry Hernández interponer queja disciplinaria contra él.

En conclusión, Rubén Darío Muñoz Pulgarín consideró que existió ánimo defraudatorio por parte de la cliente y por eso se le revocó el poder después de culminada la segunda instancia y que este actuar fue acolitado por el señor Pérez Gómez a quien le faltó diligencia para sustentar con pruebas las afirmaciones de la señora Echeverry Hernández.

6. Fallo de Primera Instancia

La Subsección A de la Sección Segunda del Consejo de Estado, decidió el 21 de marzo de 2019 negar el amparo del derecho fundamental al debido proceso de Víctor Alfonso Pérez Gómez por considerar que no se configuraron los defectos sustantivos por la interpretación irrazonable de la Ley 1123 de 2007 y la omisión de la aplicación de uno de sus presupuestos, ni el defecto fáctico por omisión en la valoración de las pruebas.

La referida autoridad consideró que la providencia demandada no incurrió en un defecto sustantivo por la interpretación irrazonable del artículo 36 de la Ley 1123 de 2007, toda vez que la ley es muy clara al establecer que para aceptar la gestión de la cual otro abogado está encargado se requiere el paz y salvo o la renuncia del poder o la autorización del colega o que se justifique la sustitución. El a quo constitucional consideró que el actor aceptó el poder sin cumplir los requisitos y sabiendo que no lo hacía, lo que se adecua a la falta tipificada, toda vez que el dolo se deriva precisamente de conocer que existía otro abogado en el cargo y que no se estaban cumpliendo los requisitos previstos en la norma para reemplazarlo.

Sobre la aplicación de la norma que contempla el error insuperable como una causal de exoneración de responsabilidad disciplinaria, invocada por el actor por cuanto él considera que aceptó el poder inmerso en el error de pensar que las medidas preventivas que había tomado lo eximían de estar actuando en deslealtad; el a quo constitucional estimó que no se omitió la aplicación de la norma de forma arbitraria, sino que el Consejo Superior de la Judicatura desvirtuó este convencimiento del error invencible cuando confrontó la norma y la conducta y llegó a la conclusión de que el actor se había apartado completamente del artículo 36 de la Ley 1123 de 2007 de manera dolosa porque sabía que no cumplía con los requisitos.

Por último, respecto al defecto fáctico, la Subsección A de la Sección Segunda del Consejo de Estado consideró que no se configuró puesto que el Consejo Superior de la Judicatura decretó y practicó todas las pruebas que se le solicitaron y comprobó que, desde 2004, cuando se inició la relación contractual entre el abogado anterior y la cliente, tenían una difícil comunicación. La referida autoridad dispuso que esa no era razón para desligarlo toda vez que siempre había sido así su relación y, aun con ese inconveniente ella lo había recomendado como abogado a otras personas. Por lo anterior se evidenció que el ad quem del proceso disciplinario si valoró de forma objetiva y de acuerdo con las reglas de la sana crítica las pruebas.

7. Impugnación

El 29 de marzo de 2019, Víctor Alfonso Pérez Gómez impugnó la sentencia de primera instancia porque, a su juicio, el juez constitucional hizo un examen superficial del asunto ateniéndose a las valoraciones del Consejo Superior de la Judicatura sin ahondar en el contexto fáctico e incurriendo en los mismos defectos.

El actor reiteró sus afirmaciones de que no se estaba interpretando la norma de acuerdo con su fin y a las razones por las que existía justificación suficiente para hacer la sustitución.

En respuesta a lo esgrimido por el señor Muñoz Pulgarín en la contestación de la tutela afirmó que sí aportó al proceso disciplinario el contrato que suscribió con la señora Echeverry Hernández en el que se protegían sus honorarios y que desconocía las razones por las cuales este no fue aportado al proceso laboral de regulación de honorarios. Este contrato es, a su juicio, prueba fehaciente de que no hubo deslealtad hacia el colega.

CONSIDERACIONES

1. Competencia

La Sala es competente para decidir la presente acción de tutela en virtud de lo dispuesto en el artículo 86 de la Constitución Política, en el artículo 32 del Decreto 2591 de 1991, en el Decreto 1983 de 2017 que modificó el Decreto 1069 de 2015 y en el Acuerdo 80 de 2019, por medio del cual se expidió el reglamento interno del Consejo de Estado.

2. Anotación sobre el decreto de pruebas

El señor Muñoz Pulgarín, al contestar la tutela, solicitó la práctica del testimonio de Maria Elena Maya Rico y la inspección judicial del proceso de cobro de honorarios profesionales del que son parte él y la señora Echeverry Hernández. Estas pruebas no fueron decretadas por esta judicatura porque las mismas no se refieren a los defectos alegados en sede de tutela, en su lugar, se dirigen a sustentar argumentos del señor Muñoz Pulgarín en el proceso disciplinario, lo que según la jurisprudencia de la Corte Constitucional no es procedente en la tutela porque esta “no  ha sido instituida para remplazar los medios ordinarios existentes, ni para corregir y subsanar las deficiencias en que el actor pudo haber incurrido en el ejercicio de las acciones pertinentes”. Por lo tanto, la Sala estaría reemplazando al juez natural si aceptara que se siguieran aportando pruebas fuera de la oportunidad, que buscan revivir el debate que ya fue resuelto en el proceso disciplinario.

3. Problema Jurídico

Corresponde a la Sala decidir sobre la impugnación presentada contra la sentencia del 21 de marzo de 2019 proferida por la Subsección A de la Sección Segunda del Consejo de Estado. Para tal efecto, es necesario definir los siguientes problemas jurídicos, que deberán resolverse en caso de que se supere el examen procedibilidad de la acción de amparo contra providencias judiciales.

¿El Consejo Superior de la Judicatura interpretó de forma irrazonable el numeral 2 del artículo 36 de la Ley 1123 de 2007 que contiene la falta a la lealtad por aceptar la gestión profesional de un caso sabiendo que le había sido encomendada a un colega?

¿La referida autoridad incurrió en un defecto sustantivo por omitir la aplicación del numeral 6 del artículo 22 de la Ley 1123 de 2007 que establece que no existe responsabilidad disciplinaria cuando se obre con la convicción errada e invencible de que su conducta no constituye falta?

¿El tribunal accionado incurrió en un defecto fáctico por omitir la valoración de las pruebas testimoniales y documentales que demostraban que existía una justificación para que el actor hubiese sustituido al abogado que lo antecedió?

Para resolver los problemas jurídicos así planteado es necesario hacer el examen a la luz de la doctrina constitucional sobre la procedibilidad de la acción de tutela contra providencias judiciales.

4. La acción de tutela contra decisiones judiciales

La acción de tutela dispuesta en el artículo 86 de la Constitución Política, se tramita por un procedimiento preferente y sumario que toda persona tiene a su alcance para reclamar la protección inmediata de los derechos constitucionales vulnerados o amenazados por la acción o la omisión de cualquier autoridad pública, o de un particular en los casos que establece la ley.

En relación con la acción de tutela contra providencias judiciales, la postura reiterada y uniforme de la Corte Constitucional y el Consejo de Estado ha sido admitir su procedencia excepcional, siempre que se cumplan los requisitos generales de procedibilidad (exigencias generales) y cualquiera de las causales específicas de procedencia (defectos).

La posición actual ha evolucionado en la jurisprudencia constitucional, entre otras providencias, empezando por la tesis de la vía de hecho fijada en las sentencias C-543 de 1992 y T-079 de 1993 y su redefinición en la T-949 de 2003, hasta llegar a su sistematización en la sentencia C-590 de 2005 en la cual se modifica la concepción de vía de hecho, a la de vulneración del derecho al debido proceso por la presencia de defectos especiales, previo cumplimiento de unos requisitos generales de procedibilidad.

Por su parte, el Consejo de Estado en sentencia de unificación por importancia jurídica, del 5 de agosto de 2014, concluyó que la acción de tutela procede contra providencias judiciales siempre y cuando se respete el principio de autonomía del juez natural, y se cumplan los requisitos generales y específicos precisados por la Corte Constitucional.

4.1. Requisitos generales

El examen de procedibilidad de la acción de tutela contra providencias judiciales emana de los requisitos que se derivan de la configuración prevista en el artículo 86 de la Constitución, del Decreto 2591 de 1991, y de la concreción que, por la vía interpretativa ha hecho la jurisprudencia constitucional.

Así las cosas, antes que todo es necesario verificar la legitimación en la causa como una exigencia preliminar en cualquier acción de amparo, para, posteriormente, pasar a constatar los demás requisitos generales de procedibilidad, en los siguientes términos: (i) que la cuestión que se discute tenga relevancia constitucional; (ii) que previo a la solicitud de tutela se hayan agotado todos los medios de defensa judicial con los que cuenta la persona afectada; (iii) que se cumpla con el principio de inmediatez; (iv) que en caso de que se alegue una irregularidad procesal, la misma tenga la entidad de afectar la decisión; (v) que en la solicitud de tutela se exprese de manera clara los hechos y los fundamentos de la afectación de derechos que se imputa a la decisión judicial; y de manera general, (vi) no procede elevar una solicitud de amparo contra decisiones proferidas dentro de procesos de tutela.

Cuando no se cumpla con alguno de esos presupuestos, la acción de tutela deviene improcedente. En caso contrario, de acreditarse todos los requisitos generales, corresponde verificar si la providencia objeto de reproche incurrió en alguna de las causales específicas o defectos que se describen a continuación:

4.2. Causales específicas

Las causales específicas de procedencia de la acción de tutela contra providencia judicial se concretan en los defectos o errores en que puede incurrir la decisión cuestionada, de modo que, si en una decisión judicial se presenta alguna de las causales específicas, podrá ser razón suficiente para el amparo constitucional. A saber:

a) Defecto orgánico, que se presenta cuando el juez carece de competencia; b) defecto procedimental, el cual ocurre cuando la autoridad judicial actuó al margen del procedimiento establecido; c) defecto fáctico, esto es, cuando el juez no tuvo en cuenta el material probatorio obrante en el expediente para proferir decisión; d) defecto material o sustantivo, el cual se origina en el evento en que se decida con fundamento en normas inexistentes o inconstitucionales, en contravía de ellas, o existe una evidente y grosera contradicción entre los fundamentos y la decisión; e) error inducido, cuando la autoridad judicial es víctima de engaño por terceros y el mismo lo condujo a tomar una decisión que afecta derechos fundamentales; f) decisión sin motivación, que implica el incumplimiento de los servidores judiciales de dar cuenta de los fundamentos fácticos y jurídicos de sus decisiones en el entendido que precisamente en esa motivación reposa la legitimidad de su órbita funcional; g) desconocimiento del precedente constitucional, cuando la Corte Constitucional establece el alcance de un derecho fundamental y el juez ordinario aplica una ley limitando sustancialmente dicho alcance y h) violación directa de la Constitución Política, cuando los jueces desconocen la aplicación de la Ley Fundamental, conforme al mandato consagrado en el artículo 4º de la Carta Política que antepone de manera preferente la aplicación de sus postulados.

Corresponde, entonces, pasar a verificar si en el presente asunto la solicitud de tutela cumple con todos los requisitos generales de procedibilidad y, en tal caso, si se presenta alguno de los defectos alegados por la parte accionante.

5. Verificación de los requisitos generales de procedibilidad en el caso concreto

5.1. La Sala encuentra que hay legitimación en la causa tanto por activa como por pasiva.

Por activa, porque el actor de este trámite, fue el disciplinado en el proceso objeto de esta acción de amparo y, por tanto, es quien sufre directamente los posibles perjuicios derivados de la decisión del Consejo Superior de la Judicatura de sancionarlo por haber incurrido en una conducta desleal con un colega.

Por pasiva, está legitimado el Consejo Superior de la Judicatura porque es la autoridad que profirió la providencia objeto de esta acción de amparo, es decir la autora del acto que presuntamente vulneró el derecho fundamental al debido proceso de Víctor Alfonso Pérez Gómez.

5.2. De acuerdo con la jurisprudencia constitucional, en el caso de acciones de tutela contra providencias judiciales el requisito de relevancia constitucional se entiende cumplido, en general, cuando se acredita que el asunto gira en torno al contenido, alcance y goce de algún derecho fundamental y no a asuntos de carácter meramente legal o de contenido económico que corresponde definir exclusivamente a otras jurisdicciones. Por lo que, en el caso de acciones de tutela contra providencias judiciales, se verifica cuando, a primera vista, se observa que el reproche de tutela está dirigido contra una posible afectación o vulneración de las garantías constitucionales relacionadas con el núcleo de los derechos fundamentales y, en especial, el derecho al debido proceso constitucional.

La Sala considera que la cuestión que se discute tiene relevancia constitucional, toda vez que la interpretación irrazonable y la omisión de la normativa aplicable, llevarían a que se hubiera sancionado a Víctor Alfonso Pérez Gómez sin respetar el principio de legalidad y vulnerando así su derecho fundamental al debido proceso. En el mismo sentido, esta judicatura encuentra que la omisión de la valoración de las pruebas que demostraban que la sustitución había sido justificada implicaría una grave vulneración del derecho a la defensa.

5.3. Sobre el requisito de subsidiariedad, la Sala encuentra que se satisface dado que, el accionante considera que la causa de la vulneración del derecho al debido proceso que él protesta, fue reclamada en el recurso de apelación al interior del proceso disciplinario y persistió en el fallo de segunda instancia del referido proceso, en tales circunstancias, ya no cuenta con un mecanismo de defensa judicial por medio del cual pueda controvertir la decisión proferida por el Consejo Superior de la Judicatura, que confirmó la responsabilidad atribuida al actor en la primera instancia.

5.4. En el sub lite se encuentra superado el requisito de inmediatez, toda vez que la decisión de segunda instancia cuestionada se notificó el 26 de junio de 2018 y la acción constitucional se radicó el 18 de diciembre de 2018, es decir, dentro del término razonable que la jurisprudencia constitucional ha previsto y que esta Corporación fijó en seis meses, de forma general.

5.5. No se argumentó la existencia de alguna irregularidad procesal como sustento de la solicitud de amparo.

5.6. Se acreditó el requisito que exige que en la solicitud de tutela se hayan expresado de manera clara y suficiente los hechos y los fundamentos de la afectación de derechos en el sentido que, el actor señaló que el Consejo Superior de la Judicatura habría incurrido en dos defectos sustantivos y uno fáctico en la sentencia del 3 de mayo de 2018 al declararlo disciplinariamente responsable por sustituir a un colega como apoderado de la señora Echeverry Hernández en un proceso de nulidad y restablecimiento. Todo esto, por no haberse valorado de forma razonable la normatividad aplicable y haberse omitido la valoración de algunos preceptos normativos y de una parte del material probatorio.

5.7. La providencia cuestionada en la presente acción de tutela no es una sentencia de tutela.

Superados los requisitos generales de procedibilidad de la acción de tutela, se habilita el estudio de los defectos referidos previamente.

Solución al problema jurídico

Defecto sustantivo por grave error en la interpretación de la norma

El actor alega que el Consejo Superior de la Judicatura en su providencia del 3 de mayo de 2018 incurrió en un defecto sustantivo en su manifestación de interpretación irrazonable de la norma aplicable, que, para el caso, se dio sobre el numeral 2 del artículo 36 de la Ley 1123 de 2007 que dispone:

“Constituyen faltas a la lealtad y honradez con los colegas:
[…]
2. Aceptar la gestión profesional a sabiendas de que le fue encomendada a otro abogado, salvo que medie la renuncia, paz y salvo o autorización del colega reemplazado, o que se justifique la sustitución”.

En particular, el accionante afirma que existen dos errores en la forma como la entidad accionada interpretó la disposición y que esta Sala pasará a analizar a continuación:

(i) El primer error interpretativo alegado lo hace consistir en que la accionada no tuvo en cuenta que la finalidad de esta norma es proteger al abogado que ostentaba el cargo y evitar la competencia desleal. Para el señor Pérez Gómez se incurre en falta a la lealtad y la honradez cuando se reemplaza al abogado que estaba llevando la gestión del asunto aprovechándose de su esfuerzo profesional y generando la pérdida de sus honorarios. Bajo ese entendido, el actor consideró que su conducta no constituía la falta que le había sido imputada, toda vez que esperó cuatro meses después desde la revocatoria del poder del anterior representante judicial, para asumir el mandato. Además, estuvo pendiente del incidente de regulación de honorarios y celebró un contrato de prestación de servicios con la señora Echeverry Hernández protegiendo los honorarios de su abogado antecesor.

La Sala encuentra que para dar respuesta al alegato del actor es pertinente, primero, aclarar cuál es la finalidad de la disposición cuestionada a partir de una perspectiva general desde el sistema integrado del Código Disciplinario del Abogado y, especialmente, las aproximaciones que sobre el particular ha hecho la jurisprudencia constitucional.

Como lo ha establecido la Corte Constitucional, este Código busca orientar la profesión de los abogados para que sea más compatible con el interés general, intenta armonizarla con los principios constitucionales y adecúa los deberes y obligaciones para que sean afines a un Estado Social y Democrático de Derecho. Esta concepción del poder disciplinario tan intrínsecamente vinculada a los principios constitucionales busca resaltar la función social que cumplen los abogados.

En concreto, el artículo 36 del código, se refiere a las faltas a la lealtad y a la honradez. De acuerdo con la jurisprudencia constitucional, la lealtad es una manifestación de la buena fe en el proceso, que exige que se actúe correctamente en un marco de confianza mutua y que ha entendido la buena fe “como una exigencia de honestidad, confianza, rectitud, decoro y credibilidad que otorga la palabra dada”. Por otra parte, a la honradez se ha referido como el recto proceder en asuntos que involucren dinero, especialmente con temas de fijar honorarios justos y proporcionados.

De los anteriores conceptos se deriva que el legislador consagró las faltas del artículo 36 de la Ley 1123 de 2007 porque considera que con ellas se vulneran dos componentes que son, por un lado la confianza mutua y la buena fe, y, por otro lado, el recto proceder en términos económicos. Con base en este análisis de la finalidad de la disposición, se verifica que el mandato de comportamiento que de ella se deriva no se refiere exclusivamente al recto proceder en materia económica sino a un actuar sincero, correcto y de buena fe que debe leerse a la luz de los principios constitucionales.

Vistas así las finalidades que están involucradas en el código, en general, y en el artículo 36, en particular, se muestra como limitada la postura de la parte actora que reduce la finalidad de la disposición al aspecto de los honorarios, y que en la medida en que había protegido su pago al defensor anterior, con un nuevo contrato, entonces no habría incurrido en la falta porque respetó su finalidad.

En ese orden, la interpretación que hizo el Consejo Superior de la Judicatura cuando consideró que el actor incurrió en una falta a la lealtad y a la honradez por haber sustituido a su colega el señor Muñoz Pulgarín aun cuando este había suscrito un contrato que protegía sus honorarios y aquel había esperado a que se venciera el término previsto por el Tribunal para solicitar el incidente de regulación de honorarios, no es irrazonable ni contraria a la finalidad de la disposición toda vez que la norma busca, también, proteger al colega de las actuaciones desleales.

Como se vio en el proceso, el Consejo Superior de la Judicatura tuvo en cuenta que el señor Muñoz Pulgarín no demostró una actuación leal y solidaria ante su colega con la que evidenciara el esfuerzo que desplegó para darle a conocer la revocación de su mandato considerada la legítima confianza que aquel tenía en la continuidad de su relación con su cliente.

En últimas, el accionante pretende darle un carácter reducido al artículo 36 y al propio concepto de lealtad procesal que involucra un comportamiento coherente con el mandato de buena fe constitucional en las relaciones que se tejen en desarrollo del ejercicio de la profesión. Situaciones que no están necesaria ni exclusivamente relacionadas con el aspecto económico.

La Sala pone de manifiesto que el artículo 36 establece de manera expresa las circunstancias que salvan de responsabilidad al abogado que acepta la gestión de un negocio a sabiendas de que este le ha sido encomendada a otro abogado. Estas son: medie la renuncia, paz y salvo o autorización del colega reemplazado, o que se justifique la sustitución. Estas salvedades, incluidas taxativamente, responden a la finalidad general anteriormente descrita en términos de buena fe, de manera que no se incurre en la falta cuando a sabiendas de que un negocio está siendo llevado por otro profesional, se toman las medidas para respetar la lealtad, con una conducta transparente entre colegas a partir de una manifestación de voluntad de quien llevaba la representación a través de la renuncia, paz y salvo o autorización.

(ii) El segundo error en la interpretación que alegó el actor se funda en que todas las formas enlistadas para no incurrir en la falta de lealtad y honradez requerían una actuación del abogado que estaba siendo reemplazado, lo que ante una situación como la del caso concreto en la que ese abogado era muy difícil de contactar, podían vulnerarse los derechos fundamentales al acceso a la administración de justicia y a la defensa de la cliente.

La Corte Constitucional se pronunció sobre este tema en la sentencia C-212 de 2007, al examinar la misma disposición, que también se encontraba en el Estatuto del Ejercicio de la Abogacía. Al respecto estableció que “la disposición acusada no coarta el derecho de las personas a acceder al aparato judicial ni desconoce la garantía de su derecho de defensa bajo estricta y cumplida aplicación de los criterios propios del debido proceso”. La Corte consideró que esta disposición no vulneraba el derecho a la defensa a no ser que se le diera una aplicación defectuosa, pues, precisamente, uno de los objetivos del entonces estatuto era que la profesión se desarrollara en garantía de los derechos de los particulares y por ello la disposición prevé que ante el riesgo de la vulneración del derecho a la defensa y al acceso a la administración de justicia del cliente se pueda sustituir, como medida urgente, la gestión profesional aun cuando esta hubiere sido encomendada a un colega.

No obstante lo anterior, la Corte previó que el órgano de control disciplinario podía valorar, en cada caso, la justificación que se diera para la sustitución como medida urgente e indicó que, de cualquier manera, se debe hacer todo lo posible por notificar al abogado antecesor para no actuar en contra de la lealtad y la solidaridad.

En este mismo sentido, la Sala no encuentra que la aplicación de la disposición actual —artículo 36 de la Ley 1123 de 2007— signifique una afectación del derecho a la defensa o a la administración de justicia, pues, antes que nada, la disposición persigue ciertas finalidades vinculadas con las relaciones entre colegas y la rectitud de la profesión y que, por tanto, también deriva en garantía a la defensa técnica de los clientes. Pero, in extremis, en caso de que no sea posible tener la aquiescencia del representante anterior, y efectivamente se obstaculice contar con un nuevo representante judicial, esta situación no se deriva directamente del artículo 36 en comento, sino de la posible y aislada reticencia de un profesional del derecho, siendo este el comportamiento vulnerador; y no la aplicación directa de la disposición en comento. En tal evento, un cliente puede solicitar la sustitución por razones de urgencia, y, además, proceder a elevar una queja ante la misma jurisdicción bajo el mismo código, para impedir que la reticencia o ausencia de su anterior representante le niegue sus derechos procesales.

Por tanto, en el caso objeto de estudio, no resulta de recibo la afirmación de la parte actora de que el Consejo Superior de la Judicatura esté interpretando la norma de una forma en que obligue a la cliente a quedar en un estado de indefensión técnica, pues este analizó el material probatorio y determinó que no existía realmente un evento que justificara la sustitución, y en concreto a la conclusión a la que llegó fue la siguiente:

“ Si era una circunstancia que se dio desde el inicio de la relación contractual tal como lo relató el papá de la poderdante, que desde un comienzo era muy difícil contactarse con el profesional del derecho, definitivamente no era una causa para desligarlo del encargo profesional toda vez que el vínculo perduro (SIC) por más de 10 años.
(...)
Concluyendo esta Sala que el proceder de la poderdante fue apresurado y como aseguro (sic) el encartado en la alzada sin autorización del que iba a ser su sucesor, contrariamente si su intención era revocar el poder de la manera correcta y desde el año 2014, es decir con tiempo suficiente para localizar de alguna manera al quejoso, estando asesorada por el doctor VÍCTOR ALONSO PÉREZ GÓMEZ, quien le había exigido el paz y salvo, pudo haberse comunicado con el abogado RÚBEN DARÍO MUÑÓZ PULGARÍN tal como lo había hecho desde que inició su relación contractual, acudiendo a la oficina dejando documentos debajo de la puerta o llamando incansablemente al quejoso y si la ausencia del togado era insostenible debió proceder como fue aconsejada por el investigado, interponiendo una queja ante esta jurisdicción. Comportamiento coadyuvado por el doctor Pérez Gómez, ya que al ser conocedor de las normas, la obligación de exigir el paz y salvo era exclusivamente de él, a sabiendas que su antecesor había llegado hasta la sentencia de segunda instancia favorable a la señora Roxana, lo que configura el dolo o intención de querer culminar la última etapa procesal para su beneficio.

Pero el proceder fue totalmente contrario ya que está probado que la garantía de su defensa estaba siendo llevada correctamente inclusive hasta el 21 de mayo de 2015, pudiendo continuar de esta manera hasta la culminación definitiva del proceso, pero la señora ROXANA ECHEVERRY HERNÁNDEZ optó por quedarse sin apoderado, sin cumplir con el requisito de paz y salvo y esperar en su estado de extrema urgencia 4 meses más para que el abogado VÍCTOR ALONSO PÉREZ GÓMEZ asumiera el proceso, por lo cual no encuentra esta Colegiatura justificada la sustitución del poder” (Resaltado fuera del texto original).

Así las cosas, la entidad accionada hizo un claro y razonable análisis de la situación de la cliente y, con base en las circunstancias de su relación de representación durante varios años que duró el proceso; concluyó que no existía una situación que se pudiera catalogar de urgente o riesgosa para sus derechos al acceso a la administración de justicia y a la defensa, de manera que la prematura asunción del negocio por parte del ahora accionante, resultaba contrario a la lealtad profesional.

Como corolario de lo anterior la Sala tampoco advierte la presencia de un defecto sustantivo por indebida interpretación; no puede confundirse la diferencia de criterios con defectos en la providencia, lo que en este caso se hace aún más evidente en el sentido que el actor pretende abstraerse de la aplicación de una sanción aduciendo consecuencias jurídicas para terceras personas que no son el objeto de la sanción disciplinaria y que no se encontraban en un grave riesgo o estado de indefensión técnica.

Defecto sustantivo por omisión de una norma aplicable

Víctor Alfonso Pérez Gómez también señaló que la autoridad demandada incurrió en el defecto sustantivo de haber desatendido la norma aplicable al caso, en lo que se refiere al numeral 6 del artículo 22 de la Ley 1123 de 2007 que reza:

“No habrá lugar a responsabilidad disciplinaria cuando:
[…]
6. Se obre con la convicción errada e invencible de que su conducta no constituye falta disciplinaria”.

Este defecto debe estudiarse en conjunto con el anterior pues para analizar si el actor se encuentra excusado por haber estado inmerso en un error invencible es necesario, primero, haber determinado el alcance de la falta objeto de la sanción disciplinaria.

El actor fundamentó su error en que se encontraba convencido de que no había incurrido en la falta por haber tomado medidas para evitar que se defraudara a su colega, como fueron, el contrato salvaguardando los honorarios de su antecesor y la espera durante cuatro meses después de revocado el poder, además de conocer que el Tribunal Administrativo de Antioquia había dado un plazo para solicitar el incidente de regulación de honorarios en el que el abogado Muñoz Pulgarín no lo solicitó. En ese sentido, el tutelante consideró que había demostrado que sus intenciones no eran desleales y que su cliente ya se encontraba en libertad para buscar los servicios de otro profesional del derecho.

Sobre este punto, la Sala, trae los mismos argumentos expuestos al analizar el defecto sustantivo por error en la interpretación, en el sentido que el accionante eligió una interpretación normativa limitada, en la que excluye de la norma disciplinaria todo aquello relativo a la lealtad que resultó aplicable en su caso. Así, el actor pretende excusarse, a partir de una serie de actos que, como ya vio, no están contemplados en la disposición. Todo ello cuando le hubiera bastado contar con el paz y salvo, la autorización o la renuncia del anterior defensor, que prevé el propio artículo 36 de la Ley 1123 de 2007, para haberse excusado y, solo así, evitar incurrir en conductas que faltaran a la lealtad y honradez.

Darle la razón al actor, significaría dejar a disposición de las personas la aplicación de un régimen imperativo, como es el disciplinario, que está regido por los principios de tipicidad y legalidad. Principios que en este caso cobran importancia porque el mismo actor le puso en conocimiento de estas situaciones a su cliente, en plena consciencia de que primero era necesario resolver la situación con el anterior defensor.

De hecho, lejos de la omisión alegada, el Consejo Superior de la Judicatura evaluó el argumento relacionado con el conocimiento de la conducta tipificada, y decidió que la falta había sido dolosa pues Víctor Alfonso Pérez Gómez con conocimiento de que había un defensor anterior y que, por tanto incurría en falta a la honradez y la lealtad, decidió aceptar el poder. La Sala encuentra que esta valoración fue razonable y no se tomó ignorando la aplicación de la norma que contempla el error sino que simplemente encontró que no aplicaba para el caso toda vez que no era invencible la convicción de estar actuando sin falta, pues conocía perfectamente los requisitos que establecía la norma para que su conducta constituyera una falta y lo respectivos eximentes.

En este orden de ideas, no se advierte una omisión de la norma aplicable por parte de la autoridad accionada, sino una valoración de las circunstancias que no son compartidas por el actor en sede de tutela, de modo, como también lo consideró el a quo constitucional, no se encuentra este defecto en la providencia del Consejo Superior de la Judicatura,

Defecto fáctico por omisión en la valoración probatoria

Por último, el actor alegó la existencia de un defecto fáctico porque a su juicio no se valoraron las pruebas testimoniales y documentales que demostraban que la actitud del abogado Muñoz Pulgarín había generado en la mandante un “estado subjetivo” de abandono.

Las pruebas que Víctor Alfonso Pérez Gómez considera que fueron omitidas son: i) el testimonio de Germán Echeverry Gómez, padre de la mandante, que afirma que en el 2013 tuvieron una discusión con el abogado Muñoz Pulgarín sobre el monto de los honorarios y que solamente se comunicaban telefónicamente con él siendo muy difícil ubicarlo; ii) el testimonio de Carlos Mario Vanegas Calle, persona que le recomendó al abogado Pérez Gómez, que afirma que Roxana Echeverry Hernández le contó en repetidas ocasiones que no lograba comunicarse con su abogado; iii) el testimonio de Henry Anibal Romaña Asprilla, persona a la que la mandante alguna vez le recomendó al abogado Muñoz Pulgarín, que afirma que ella buscó a su abogado después de que se publicó la sentencia de segunda instancia y como no logró encontrarlo optó por conseguir otro abogado; iv) el memorial suscrito el 8 de julio de 2014 en el que la actora mencionó que tenía dificultades con su abogado; y v) el memorial del 15 de mayo de 2015 en el que revocó el poder indicando que la razón para hacerlo fue que no recibía información respecto de su proceso.

Las anteriores pruebas fueron todas decretadas y practicadas por el Consejo Superior de la Judicatura y aparecen mencionadas en la providencia del 3 de mayo de 2018. La valoración fue realizada por el juez natural, quien consideró que con estas no se acreditaba una causal de justificación para haber hecho la sustitución del abogado, porque, como ya se expuso, la mandante conocía las diligencias adelantadas por el abogado y la falta de comunicación no era un justificante toda vez que el vínculo había tenido esa característica por más de diez años.

La Sala encuentra que no existió una omisión en la valoración de tales pruebas, simplemente el resultado al que llegó el juez después de valorarlas fue distinto al esperado por el actor, lo que de ninguna manera constituye un defecto, pues el Consejo Superior de la Judicatura cumplió con las reglas de la sana crítica e interpretó todas las pruebas en conjunto para llegar a la decisión. No se evidencia que la valoración realizada conduzca a resultados irracionales o que no puedan derivarse directamente del material probatorio analizado, tal y como se explicó en las líneas anteriores al analizar los supuestos defectos sustantivos en el sentido que las razones alegadas por el actor no conducían a la inexistencia de la falta o a la inaplicación de la sanción.

Así las cosas, la Sala evidencia que la autoridad demandada no vulneró el derecho al debido proceso de Víctor Alfonso Pérez Gómez.

Bajo este entendido, la Sala pasará a confirmar la decisión del 21 de marzo de 2019 proferida por la Subsección A de la Sección Segunda del Consejo de Estado que negó el amparo constitucional del derecho fundamental al debido proceso de Víctor Alfonso Pérez Gómez.

En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado en Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, Subsección C administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley,

RESUELVE

1. CONFIRMAR la sentencia impugnada, proferida por La Subsección A de la Sección Segunda del Consejo de Estado el 21 de marzo de 2019, por las razones expuestas en la parte motiva de esta providencia.

2. NOTIFICAR la presente decisión a las partes y a los interesados por el medio más expedito.

3. ENVIAR el expediente de la referencia a la Corte Constitucional para su eventual revisión.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE

JAIME ENRIQUE RODRÍGUEZ NAVAS
Presidente de Sala

GUILLERMO SÁNCHEZ LUQUE
Magistrado
Ausente con excusa

NICOLÁS YEPES CORRALES
Magistrado

Folios 1 a 24 del cuaderno principal del expediente del proceso de tutela. Con radicación No.:05001-11-02-000-2015-02254-01 (14664-33). Folios 772 a 780 del tercer cuaderno del proceso de nulidad y restablecimiento. Folio 26 del anexo del expediente del proceso de tutela. Ibídem folio 28. Folio 31 del anexo del expediente del proceso de tutela. Con radicación No.: 05001-23-31-000-2004-00683-01. Folios 2 y 3 del primer cuaderno del expediente del proceso de nulidad y restablecimiento del derecho. Folios 90 a 103 del primer cuaderno del expediente del proceso disciplinario. Folios 41 a 68 del cuaderno principal del expediente del proceso de tutela.
“Constituyen faltas a la lealtad y honradez con los colegas: // 2. Aceptar la gestión profesional a sabiendas de que le fue encomendada a otro abogado, salvo que medie la renuncia, paz y salvo o autorización del colega reemplazado, o que se justifique la sustitución o autorización del colega reemplazado, o que se justifique la sustitución”. Corte Constitucional sentencia C-212 de 2007. Numeral 6 del artículo 22 de la Ley 1123 de 2007 “No habrá lugar a responsabilidad disciplinaria cuando: // 6. Se obre con la convicción errada e invencible de que su conducta no constituye falta disciplinaria”. Folio 27 del cuaderno principal del expediente del proceso de tutela. Ibídem folios 94 a 104. Folios 110 a 135 del cuaderno principal del expediente del proceso de tutela. Corte Constitucional sentencia T-1008 de 2012. Al respecto ver, entre otras, las sentencias T-573 de 1997, T-567 de 1998, T-001 de 1999, T-377 de 2000, T-1009 de 2000, T-852 de 2002, T-453 de 2005, T-061 de 2007, T-079 de 1993,T-231 de 1994, T-001 de 1999, T-814 de 1999,T-522 de 2001, T-842 de 2001, SU-159 de 2002, T-462 de 2003,T-205 de 2004, T-701 de 2004, T-807 de 2004, T-1244 de 2004, T-056 de 2005, T-189 de 2005, T-800 de 2006, T-061 de 2007, T-018 de 2008, T-051 de 2009, T-060 de 2009, T-066 de 2009, T-889 de 2011, T- 010 de 2012, T- 1090 de 2012, T-074 de 2012, T- 399 de 2013, T-482 de 2013, T- 509 de 2013, T- 254 de 2014, T- 941 de 2014 y T-059 de 2015. Sentencia de unificación por importancia jurídica, proferida por la Sala Plena de lo Contencioso Administrativo el 5 de agosto de 2014. M.P: Jorge Octavio Ramírez Ramírez. Exp. n. º 11001-03-15-000-2012-02201-01 (IJ) Demandante: Alpina Productos Alimenticios S.A. Sentencias T-352 de 2012, T-103 de 2014, T-125 de 2012, entre otras. Corte Constitucional, sentencia C-590 de 8 de junio de 2005. Corte Constitucional, sentencia SU-439 de 13 de julio de 2017 y T-458 de 29 de agosto de 2016. Corte Constitucional, sentencia T-102 de 16 de febrero de 2006. En igual sentido ver sentencias T-075-18, T-451-18, T-422-18 y T-248-18. Corte Constitucional, SU-961de 1999 y T-031 de 2016 del 8 de febrero de 2016. Sentencia proferida por la Sala Plena del Consejo de Estado el 5 de agosto de 2014, en la que, explícitamente, “(…) la Sala Plena, como regla general, acoge un plazo de seis meses, contados a partir de la notificación o ejecutoria de la sentencia, según el caso, para determinar si la acción de tutela contra providencias judiciales se ejerce oportunamente” (Radicado: 11001-03-15-000-2012-02201-01).

Lo anterior, en todo caso, debe tomarse de manera flexible a partir de las condiciones del caso concreto, pues, como lo deja claramente dicho la Corte Constitucional en la ya mencionada sentencia T-246 de 2015, confirmando las sentencias T-328 de 2010, T-860 de 2011, T-217 de 2013 y T-505 del mismo año, “el requisito de la inmediatez deberá ser abordado desde la discrecionalidad y autonomía judicial, con el fin de que cada juez evalúe si la solicitud fue presentada dentro de un plazo razonable y proporcional, toda vez que, “(…)en algunos casos, seis (6) meses podrían resultar suficientes para declarar la tutela improcedente; pero, en otros eventos, un término de 2 años se podría considerar razonable para ejercer la acción de tutela, ya que todo dependerá de las particularidades del caso”. La Corte Constitucional se ha referido a este defecto en los siguientes términos: “[u]na autoridad judicial puede incurrir en defecto sustantivo por interpretación irrazonable, en al menos dos hipótesis:
(i) cuando le otorga a la disposición jurídica un sentido y alcance que ésta (SIC) no tiene (contraevidente), es decir, deriva interpretativamente una norma jurídica que no se desprende del marco normativo que ofrece la disposición aplicable al caso, vulnerando de esta manera el principio de legalidad. En otras palabras, se trata de una hipótesis en la cual se arriba a una norma jurídica cuya adscripción a la disposición de la que se pretende su derivación no es posible por contrariar los principios básicos de la lógica y las reglas de la experiencia o,
(ii) cuando le confiere a la disposición infraconstitucional una interpretación que en principio resulta formalmente posible a partir de las varias opciones que ofrece, pero que en realidad (ii.1) contraviene postulados de rango constitucional o (ii.2) conduce a resultados desproporcionados. En relación con la primera hipótesis (interpretación contraevidente), la Corte ha indicado que las fallas originadas en el proceso hermenéutico “han de ser protuberantes para que sea factible predicar que a la ley se le ha otorgado un sentido contraevidente”. De manera que no es una simple discrepancia dogmática respecto de la opción interpretativa acogida por la autoridad judicial la que estructura el defecto sustantivo, sino que la misma ha de ser manifiestamente irracional, sin sentido, consecuencia de una desviación notoria del derecho” en sentencia SU-210 de 2017. Corte Constitucional sentencia C-884 de 2007. Corte Constitucional sentencia T-204 de 2018. Corte Constitucional sentencia T-437 de 2012. Corte Constitucional sentencia T-1143 de 2003. Decreto 196 de 1971 “Artículo 56. Constituyen faltas a la lealtad profesional:
(…)
2a. Aceptar la gestión profesional a sabiendas de que le fue encomendada a otro abogado, salvo que medie la renuncia o autorización del colega reemplazado, o que se justifique la sustitución”. Folios 60 a 62 del cuaderno principal del expediente del proceso de tutela.

La Corte Constitucional determinó los eventos en que se configuraba el defecto sustantivo en el siguiente sentido: “(i) Cuando la decisión impugnada se funda en una disposición indiscutiblemente no aplicable al caso; (ii) Cuando el funcionario realiza una “aplicación indebida” de la preceptiva concerniente; (iii) Cuando la aplicación o interpretación que se hace de la norma en el asunto concreto desconoce sentencias con efectos erga omnes que han definido su alcance; (iv) Cuando la interpretación de la norma se hace sin tener en cuenta otras disposiciones aplicables al caso y que son necesarias para efectuar una interpretación sistemática; (v) Cuando la norma aplicable al caso concreto es desatendida y por ende inaplicada; (vi) Porque a pesar de que la norma en cuestión está vigente y es constitucional, no se adecua a la situación fáctica a la cual se aplicó; porque la norma aplicada, por ejemplo, se le reconocen efectos distintos a los expresamente señalados por el legislador” (Resaltado fuera del texto original) en sentencia T-073 de 2015.
“[l]e informé a la Sra. Echeverry Gómez que antes de que cualquier abogado asumiera su representación, era necesario que resolviera con el Dr. Muñoz Pulgarín su relación contractual. Lo anterior porque como abogados no podíamos desplazar a otro colega sin el paz y salvo, la renuncia, la autorización del profesional del derecho o una causa justificada” hecho cuarto del escrito de amparo, en el folio 2 del cuaderno principal del expediente del proceso de tutela. Este defecto se presenta cuando el juez no basa su valoración probatoria en criterios objetivos y racionales, sino que simplemente evalúa las pruebas de forma caprichosa. El análisis probatorio es uno de los asuntos en los que mayor peso tiene la independencia judicial, por lo que el juez de tutela solo podrá pronunciarse sobre este cuando el error cometido por el juez sea ostensible, flagrante y manifiesto y tenga injerencia sobre la decisión final. Más aún cuando las pruebas en cuestión sean pruebas que requieren un análisis directo como las testimoniales en las que la inmediación juega un papel fundamental en su interpretación. En sentencia SU-210 de 2017.

Radicado: 11001-03-15-000-2018-04757-01
Demandante: Víctor Alfonso Pérez Gómez

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