Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 11001-03-15-000-2019-00004-00
Consejo de Estado · Sección Segunda
Jurisprudencia › Consejo de Estado › Radicado 11001-03-15-000-2019-00004-00
Consejo de Estado · Sección Segunda
Acción de tutela contra providencia judicial
Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 11001-03-15-000-2019-00004-00
Consejo de Estado · Sección Segunda
República de Colombia
Consejo de Estado
Sección Segunda
Radicado 11001-03-15-000-2019-00004-00
Consejero ponente: César Palomino Cortés
27 de mayo de 2019
ACCIÓN DE TUTELA CONTRA PROVIDENCIA JUDICIAL / COSA JUZGADA CONSTITUCIONAL - Configuración
[E]xiste unidad de objeto pues la providencia antes transcrita, se ocupó de estudiar el problema jurídico surgido de la presunta configuración de los defectos sustantivo, fáctico, desconocimiento del precedente judicial y violación directa de la Constitución Política, por parte del Consejo de Estado, Sección Tercera - Subsección B; sin embargo, la rechazó por improcedente, al advertir que adolecía de la causal genérica de subsidiariedad. Pues bien, revisados los documentos allegados al plenario y efectuada consulta en el Sistema de Gestión Siglo XXI, la Sala observa que la autoridad judicial accionada no ha dado trámite al incidente de nulidad presentado por la Nación - Ministerio de Defensa Nacional ni a las solicitudes de aclaración contra la sentencia de 16 de agosto de 2018, en esa medida no existen elementos nuevos que permitan pronunciarse sobre los argumentos de la tutela; contrario sensu, se observa que dicha decisión aún se encuentra cuestionada ante el juez natural. De igual manera, en los escritos de tutela tampoco surgen otros elementos que pudieran ser considerados en esta providencia, y se limitan a cuestionar la sentencia proferida por el Consejo de Estado, Sección Tercera - Subsección B. Dicho esto, la sala advierte que existe cosa juzgada, en atención a que se presentan sus elementos constitutivos, acorde con lo dicho precedentemente.
FUENTE FORMAL: CONSTITUCIÓN POLÍTICA - ARTÍCULO 29 / CONSTITUCIÓN POLÍTICA - ARTÍCULO 86 / CONSTITUCIÓN POLÍTICA - ARTÍCULO 243 / DECRETO 1069 DE 2015 - ARTÍCULO 2.2.3.1.2.1 - NUMERAL 5
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN SEGUNDA
SUBSECCIÓN B
Consejero ponente: CÉSAR PALOMINO CORTÉS
Bogotá, D.C., veintisiete (27) de mayo de dos mil diecinueve (2019)
Radicación número: 11001-03-15-000-2019-00004-00(AC)
Actor: FISCALÍA GENERAL DE LA NACIÓN Y MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
Demandado: CONSEJO DE ESTADO, SECCIÓN TERCERA, SUBSECCIÓN B
Acción de tutela – Fallo de primera instancia
Acumulado: 11001-03-15-000-2018-04564-00
La Sala decide la solicitud de tutela interpuesta la Nación - Fiscalía General de la Nación y la Nación - Ministerio de Defensa Nacional, quienes actúan a través de apoderados judiciales, contra el Consejo de Estado, Sección Tercera - Subsección B.
ANTECEDENTES
La solicitud y las pretensiones
La Nación - Fiscalía General de la Nación y la Nación - Ministerio de Defensa Nacional, a través de apoderado judicial, en ejercicio de la acción consagrada en el artículo 86 de la Constitución Política, solicitan la protección de los derechos fundamentales al debido proceso, a la defensa y de acceso a la administración de justicia, los cuales estiman lesionados por el Consejo de Estado, Sección Tercera - Subsección B, como consecuencia de los presuntos errores, sustantivo, fáctico y violación directa de la Constitución Política, en que incurrió al momento de dictar la sentencia de 16 de agosto de 2018, dentro del proceso de reparación directa que dio origen a la presente acción constitucional.
La Nación - Fiscalía General de la Nación solicitó:
“A lo largo del presente escrito de tutela se ha demostrado la forma en que la sentencia de 16 de agosto de 2018, proferida por la Subsección B de la Sección Tercera de la Sala de lo Contencioso Administrativo del Consejo de Estado, al resolver los recursos de apelación presentados en contra de decisiones de instancia sobre las acciones de reparación directa de Rodrigo Márquez Tejada y otros en contra de la Nación - Ministerio de Defensa Nacional, Policía Nacional y otros, vulnera los derechos fundamentales de la Fiscalía General de la Nación al debido proceso y a la igualdad, así como los principios constitucionales a la seguridad jurídica y confianza legítima. Por lo anterior, me permito formular al Consejo de Estado las siguientes peticiones:
1. Que se amparen los derechos al debido proceso y a la igualdad de la Nación - Fiscalía General de la Nación.
2. Que se deje sin valor y efectos la sentencia de 16 de agosto de 2018, junto con su aclaración de voto, proferida por la Sección Tercera , Subsección B del Consejo de Estado en el proceso de radicado 2005-00451-01 (37719) acumulado. En consecuencia,
3. Que se ordene a la Sala Plena o a la Subsección B de la Sección Tercera de la Sala de lo Contencioso Administrativo del Consejo de Estado, proferir una nueva sentencia que respete el precedente jurisprudencial existente sobre imputación de responsabilidad al Estado pro acto as violentos de terceros, materializado en la sentencia de unificación de la Sala Plena de la Sección Tercera, de 20 de junio de 2017; que se ajuste al principio de imputación previsto en el artículo 90 superior, así como que realice una nueva valoración de la causal exonerativa de responsabilidad del Estado por hecho exclusivo del tercero, propuesta oportunamente por las entidades demandadas; y que se sustente en el material probatorio obrante en el proceso.
Por su parte, la Nación - Ministerio de Defensa Nacional pidió:
“Amparar los derechos al debido proceso y a la igualdad de la Nación - Ministerio de Defensa.
Dejar sin valor y efectos la sentencia de 16 de agosto de 2018 junto con su aclaración de voto proferida por la Sección Tercera, Subsección B del Consejo de Estado en el proceso de radicado 2005-00451-01 (37719) acumulado, y en consecuencia.
Dejar en firme las sentencias proferidas el 19 de agosto de 2019 (proceso 37719) y al sentencia de 11 de mayo de 2011 (proceso 41816), proferidas por el Tribunal Contencioso Administrativo de Cundinamarca, Sección Tercera - Subsección B y la sentencia de 18 de noviembre de 2010 proferida por el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Tercera (proceso 40976).
Subsidiaria a la pretensión 3ª: que se ordene a la Sala Plena o a la Subsección B de la Sección 3ª (sic) del Consejo de Estado proferir nueva sentencia”.
Hechos
La anterior solicitud se sustentó en los hechos y consideraciones que se resumen a continuación:
Los señores Rodrigo Márquez Tejada, Leonor Cruz de Caicedo, Emiliano Caicedo Herrera, William Daniel Caicedo Chona, Sergio Andrés y William Caicedo Cruz y Ciro Alfonso Acosta Gutiérrez, en ejercicio de la acción de reparación directa presentaron demanda en escritos separados, contra la Nación - Ministerio de Defensa Nacional - Policía Nacional, Nación - Ministerio del Interior y de Justicia, Nación - Fiscalía General de la Nación y el Departamento Administrativo de Seguridad - DAS, en la que solicitaron que se las declare extracontractualmente y en consecuencia, se las obligue a resarcir los perjuicios causados con ocasión del deceso de los señores Catalina Muñoz Toffoli y César Augusto Caicedo Cruz y las lesiones causadas al señor Acosta Gutiérrez, como consecuencia del atentado terrorista llevado a cabo en el Club el Nogal de Bogotá el 7 de febrero de 2003.
El conocimiento del asunto le correspondió al Tribunal Administrativo de Cundinamarca - Sección Tercera, que mediante sentencias de 18 de agosto de 2009, 18 de noviembre de 2010 y 11 de mayo de 2011 desestimaron las pretensiones de la demanda, por advertir que se configuraba la causal exonerativa de hecho de un tercero; inconformes con la decisión los demandantes interpusieron recursos de apelación.
El Consejo de Estado, Sección Tercera - Subsección B mediante auto de 9 de septiembre de 2017 decretó la acumulación de los expedientes; posteriormente, en providencia de 16 de agosto de 2018 revocó la decisión impugnada y accedió a las pretensiones de la demanda, al advertir que se demostró la existencia de riesgo excepcional, como título de imputación de responsabilidad estatal.
Las entidades accionantes afirmaron que el Consejo de Estado, Sección Tercera - Subsección B incurrió en defectos sustantivo, fáctico y violación directa de la Constitución Política.
Señalaron que la autoridad judicial accionada desconoció el precedente judicial fijado por la Sección Tercera de esta Corporación en sentencia de 20 de junio de 2017 (C.P. Ramiro de Jesús Pazos Guerrero), en cuanto estableció las pautas que deberían ser observadas, en tratándose, de atribución de responsabilidad al Estado, por daños causados por terceros.
A ese efecto, aseguraron que el criterio de unificación cuenta con dos supuestos básicos dentro de los cuales es menester del aparato estatal resarcir los daños antijurídicos causados por personas ajenas a este, a saber: (i) cuando a pesar de no actuar directamente, prestó colaboración activa a quienes lo produjeron, en cuyo caso debería estudiarse bajo las premisas de la falla de servicio y (ii) cuando por omisión de las autoridades pertinentes se concretó la conducta, eventos estos que deberían ser resueltos en atención a los criterios de riesgo excepcional o daño especial.
Así las cosas, indicaron que la situación fáctica no se encuadra en ninguna de las hipótesis, pues en ambas situaciones se requiere un conocimiento anterior y cierto por parte de las entidades pertinentes; por otra parte, señalaron que el evento dañoso (atentado en el Club el Nogal), resultaba imprevisible e irresistible, en consecuencia, sus efectos no les son imputables.
Manifestaron que la Sala tutelada fundamentó su decisión entre otras, en declaraciones rendidas por personas integrantes de los organismos de inteligencia (CTI y DAS), cuya información resultaba insuficiente para anticiparse a la ocurrencia del atentado; en tal virtud, adujeron que los datos suministrados en esos medios de prueba, solo permitían concluir que existía una amenaza de acto terrorista en Bogotá, sin aportar elementos que permitieran deducir las condiciones de tiempo, modo y lugar en que se efectuaría.
Asimismo, adujeron que el Consejo de Estado, Sección Tercera - Subsección B, efectuó una indebida valoración de unos recortes de prensa allegados al plenario, toda vez que les dio una mayor aptitud probatoria, sin tener en cuenta los pronunciamientos jurisprudenciales a ese efecto.
Refirieron que la decisión censurada desconoce el principio de congruencia, toda vez que condenó al Estado a título de riesgo excepcional; no obstante, la parte considerativa de la providencia incurre en imprecisiones jurídicas, en la medida que utiliza indistintamente los elementos propios de este título de imputación y además de la falla de servicio y del daño especial.
Concluyeron que esa situación se traduce en el desconocimiento del criterio general de responsabilidad estatal contenido en el artículo 90 de la Constitución Política, pues no se demostró la existencia de los elementos de su configuración.
Trámite
El conocimiento de la acción constitucional le correspondió al Despacho de la Consejera Sandra Lisset Ibarra Vélez, que mediante auto de 15 de enero de 2019 admitió la tutela y ordenó notificar a la autoridad accionada, para los efectos previstos en el artículo 19 del Decreto 2591 de 1991.
Asimismo, vinculó al Tribunal Administrativo de Cundinamarca - Sección Tercera, a la Nación - Ministerio de Justicia y del Derecho, a la Nación - Ministerio de Defensa Nacional - Policía Nacional, a la Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado, a la Fidpurevisora S.A., como sucesora procesal del DAS y a “todos aquellos que ostentaron la calidad de demandantes dentro de la acción de reparación directa objeto del presente asunto”, por tener interés directo en las resultas del proceso.
Posteriormente, en proveído de 4 de febrero de 2019 decretó la acumulación del expediente 11001-03-15-000-2018-04564-00.
Con auto de 28 de marzo de 2019 ordenó dar cumplimiento al auto admisorio, en el sentido de notificar su contenido a quienes actuaron como demandantes en el proceso de reparación directa que motivó la interposición de la tutela.
Finalmente, mediante proveído de 15 de mayo de 2019 ordenó la remisión del expediente de la referencia a este Despacho, en atención a que el proyecto presentado no fue aprobado.
Intervenciones
El Tribunal Administrativo de Cundinamarca - Sección Tercera realizó un recuento cronológico de las actuaciones adelantadas dentro del proceso de reparación directa.
La Nación - Ministerio del Interior coadyuvó las pretensiones de la tutela, reiterando los argumentos de las accionantes, en cuanto al desconocimiento del precedente judicial y defecto fáctico.
La Nación - Ministerio de Defensa Nacional coadyuvó lo dicho por las accionantes, refirió que la decisión cuestionada dio un valor probatorio indebido al acervo que obra en el plenario; insistió en que no es posible acreditar la existencia de un daño antijurídico que el estado esté en la obligación de resarcir.
La compañía Fiduprevisora S.A. coadyuvó lo pedido en las acciones de amparo.
En lo referente al defecto fáctico, precisó que el testimonio rendido por el ex agente del DAS carece de relevancia probatoria, en la medida que al momento del atentado terrorista, el testigo había sido desvinculado de la institución.
La Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado coadyuvó lo dicho por las accionantes.
Agregó que los errores alegados, concurren en el auto mediante el cual la autoridad judicial accionada, resolvió la solicitud de aclaración contra la sentencia cuestionada.
Los señores Mariana Márquez Muñoz y Rodrigo Márquez Tejada se opusieron a las pretensiones de la demanda.
Indicaron que la tutela de la referencia guarda identidad fáctica y jurídica con el proceso 11001-03-15-000-2018-04144-00, en el cual tuvieron oportunidad de participar y en la que coadyuvaron las pretensiones con iguales argumentos a los expuestos en el asunto sub judice.
Por lo demás, señalaron que las actoras pretenden utilizar la acción de amparo, con el fin de obtener una revisión de instancia respecto de la sentencia acusada.
Aseguraron que la decisión tomada por el Consejo de Estado, Sección Tercera - Subsección B, obedece a un estudio fáctico y jurídico conforme a Derecho, razón por la que no se presentan los yerros alegados.
Finalmente, en un escrito anterior insinuaron la existencia de una nulidad, en el entendido que no fueron notificados oportunamente del auto admisorio de la tutela.
El Ministerio Público pidió conceder el amparo de los derechos fundamentales invocados por la parte actora.
En esencia, sostuvo que existe una indebida valoración probatoria, que devino en una imprecisión jurídica al momento de realizar el estudio jurídico del caso.
CONSIDERACIONES
Competencia
La Sala es competente para conocer del asunto, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 86 de la Constitución Política y el numeral 5° del artículo 2.2.3.1.2.1° del Decreto 1069 de 2015, modificado por el artículo 1° del Decreto 1983 de 30 de noviembre de 2017.
Problema jurídico
La Sala debe resolver si el Consejo de Estado, Sección Tercera - Subsección B incurrió en defectos sustantivo, fáctico, desconocimiento del precedente judicial y violación directa de la Constitución Política, al momento de proferir la sentencia de 16 de agosto de 2018, mediante la cual dirimió el conflicto suscitado en el proceso de reparación directa que fundamentó esta acción constitucional y si es del caso, amparar los derechos fundamentales al debido proceso y de acceso a la administración de justicia, o de lo contario, denegar la protección solicitado.
Sin embargo, en forma previa se debe determinar si existe cosa juzgada, en relación con los procesos de tutela 11001-03-15-000-2018-04144-00 y 11001-03-15-000-2019-00117-00. Lo anterior en consideración a que adicionalmente a lo expuesto en el escrito de contestación por los señores Mariana Márquez Muñoz y Rodrigo Márquez Tejada, se observa que la Secretaría General mediante constancia de 21 de enero de 2019, advirtió sobre la presunta identidad fáctica y jurídica con el asunto de marras.
Finalmente, no hay lugar a pronunciarse en lo referente a la posible nulidad advertida por dichas personas, en la medida que la situación en que se fundamentaba su apreciación desapareció, pues en tal caso, el auto de 28 de marzo de 2019 dispuso la notificación del auto admisorio a quienes fueron demandantes en el proceso ordinario y asimismo, se observa que con posterioridad a ello, allegaron escrito de intervención, con lo cual se entiende que la causal que podría haberse configurada, fue superada.
Procedencia de la acción de tutela contra providencias judiciales
Tratándose de la acción de tutela contra providencias judiciales la postura reiterada y uniforme de la Corte Constitucional y el Consejo de Estado ha sido admitir su procedencia excepcional, siempre que se cumplan los requisitos generales de procedibilidad (exigencias generales) y las causales específicas de procedencia (defectos).
Al respecto, la Corte Constitucional partió de la existencia de una vía de hecho a través de las sentencias C-543 de 1992 y T-079 de 1993, posición que fue redefinida en la sentencia T-949 de 2003, y luego en la sentencia C-590 de 2005, en la que se fijaron las reglas de procedibilidad de la acción de tutela contra decisiones judiciales, como se conocen actualmente.
Por su parte, el Consejo de Estado, en sentencia de unificación por importancia jurídica, del 5 de agosto de 2014, con ponencia del doctor Jorge Octavio Ramírez, precisó que la acción de tutela procede contra providencias judiciales, siempre y cuando se respete el principio de autonomía del juez natural, y se cumplan los requisitos generales y específicos precisados por la Corte Constitucional, así:
Requisitos generales: Los requisitos generales de procedibilidad son exigibles en su totalidad, porque la ausencia de alguno de ellos impide el estudio de fondo de la acción de tutela. Estos requisitos son los siguientes: (i) La cuestión que se discute tiene relevancia constitucional; (ii) se agotaron todos los medios de defensa judicial con los que cuenta la persona afectada; (iii) se cumple el requisito de inmediatez; (iv) no se argumentó una irregularidad procesal; (v) se expresaron de manera clara los hechos y argumentos que controvierten la providencia bajo estudio; y; (vi) la providencia objeto de la presente acción no fue dictada dentro de una acción de tutela.
Causales específicas: Las causales específicas de procedencia de la acción de tutela contra providencia judicial son aquellos defectos o errores en los cuales puede incurrir la decisión cuestionada. Son las siguientes: a) Defecto orgánico, que se presenta cuando el juez carece de competencia; b) defecto procedimental, el cual ocurre cuando la autoridad judicial actuó al margen del procedimiento establecido; c) defecto fáctico, esto es, cuando el juez no tuvo en cuenta el material probatorio obrante en el expediente para proferir decisión; d) defecto material o sustantivo, el cual se origina en el evento en que se decida con fundamento en normas inexistentes o inconstitucionales, en contravía de ellas, o existe una evidente y grosera contradicción entre los fundamentos y la decisión; e) error inducido, cuando la autoridad judicial es víctima de engaño por terceros y el mismo lo condujo a tomar una decisión que afecta derechos fundamentales; f) decisión sin motivación; g) desconocimiento del precedente judicial, y h) violación directa de la Constitución Política.
Es importante advertir que si la decisión judicial cuestionada incurrió en alguna de las causales específicas podrá ser razón suficiente para conceder el amparo constitucional.
Los defectos fáctico, sustantivo y violación directa de la Constitución como causales específicas de procedibilidad de la acción de tutela contra providencias judiciales
Conforme con la jurisprudencia constitucional, el defecto fáctico, en una dimensión negativa, se configura cuando en desarrollo de la actividad probatoria ejercida por el juez se presenta la omisión de la “[…] valoración de pruebas determinantes para identificar la veracidad de los hechos analizados por el juez […]”. En esta situación se incurre “[…] cuando el juez simplemente ignora la prueba u omite su valoración, o cuando sin razón valedera da por no probado el hecho o la circunstancia que de la misma emerge clara y objetivamente[…]”.
En una dimensión positiva, el defecto fáctico ocurre cuando el juez, por ejemplo, “[…] aprecia pruebas que no ha debido admitir ni valorar porque, por ejemplo, fueron indebidamente recaudadas […]”, de conformidad con el artículo 29 de la Carta Política. En estos casos, sin embargo, sólo es factible fundar una acción de tutela por vía de hecho cuando ostensiblemente aparece arbitraria la valoración probatoria realizada por el Juez. Por tanto, el error en el juicio valorativo de la prueba:
“[…] [D]ebe ser de tal entidad que sea ostensible, flagrante y manifiesto, y el mismo debe tener una incidencia directa en la decisión, pues el juez de tutela no puede convertirse en una instancia revisora de la actividad de evaluación probatoria del juez que ordinariamente conoce de un asunto, según las reglas generales de competencia. […]” .
En lo que respecta al supuesto fáctico por indebida valoración probatoria, ha dicho la Corte que este se configura, entre otros, en los siguientes casos:
“[…] (i) Cuando el funcionario judicial, en contra de la evidencia probatoria, decide separarse por completo de los hechos debidamente probados y resolver a su arbitrio el asunto jurídico debatido; (ii) cuando a pesar de existir pruebas ilícitas no se abstiene de excluirlas y con base en ellas fundamenta la decisión respectiva; (iii) en la hipótesis de incongruencia entre lo probado y lo resuelto, esto es, cuando se adoptan decisiones en contravía de la evidencia probatoria y sin un apoyo fáctico claro; (iv) cuando el funcionario judicial valora pruebas manifiestamente inconducentes respecto de los hechos y pretensiones debatidos en un proceso ordinario, no por tratarse en estricto sentido de pruebas viciadas de nulidad sino porque se trata de elementos probatorios que no guardaban relación con el asunto debatido en el proceso; (v) cuando el juez de conocimiento da por probados hechos que no cuentan con soporte probatorio dentro del proceso y (vi) cuando no valore pruebas debidamente aportadas en el proceso. […] .
Como se observa, el defecto fáctico por indebida valoración probatoria no solo se ocupa del examen que realiza el juez sobre el material probatorio aportado con el proceso, sino que además abarca toda la actividad probatoria que aquél despliega para intentar acreditar o desacreditar los hechos de la demanda.
Sin embargo, la intervención del juez de tutela, en relación con el manejo probatorio dado por el juez natural es, y debe ser, de carácter extremadamente reducido. En primer lugar, el respeto por el principio de autonomía judicial y el principio del juez natural, impiden que el juez constitucional realice un examen exhaustivo del material probatorio.
Así, la Corte Constitucional, en sentencia T-055 de 1997, determinó que, en lo que hace al análisis del material probatorio, la independencia judicial cobra mayor valor y trascendencia. Por tal razón, tampoco es procedente la acción constitucional, cuando se encamina a obtener una evaluación de la actividad de valoración realizada por el juez que ordinariamente conoce de un asunto.
Respecto al defecto sustantivo, se ha considerado que se incurre en él cuando: (i) la decisión impugnada se funda en una disposición que ha sido derogada, subrogada o declarada inexequible; (ii) la aplicación o interpretación que se hace de la norma en el asunto concreto desconoce la sentencia con efectos erga omnes que ha definido su alcance; (iii) la decisión impugnada se funda en una disposición que indiscutiblemente no es aplicable al caso; (iv) cuando la norma pertinente para el asunto en concreto es desatendida y, por ende, inaplicada; (v) se interpreta una disposición normativa desbordando el sentido de la misma; y (vi) la interpretación de ésta se hace sin tener en cuenta otras disposiciones aplicables al caso y que son necesarias para efectuar una interpretación sistemática.
La Corte Constitucional, en sentencia T-284 de 2006, precisó, a propósito del defecto sustantivo, la limitación que es inherente al principio de la autonomía de los jueces para aplicar e interpretar las normas, así:
“[…] Puede, entonces, señalarse que la función otorgada a los funcionarios judiciales en su labor de administrar justicia y concretamente de aplicación e interpretación de las normas jurídicas que encuentra su soporte en el principio de autonomía e independencia judicial no es absoluta por cuanto se encuentra sujeta a los valores, principios y derechos previstos en la Constitución. Por ello, “pese a la autonomía de los jueces para elegir las normas jurídicas pertinentes al caso concreto, para determinar su forma de aplicación y para establecer la manera de interpretar e integrar el ordenamiento jurídico, en esta labor no le es dable apartarse de las disposiciones de la Constitución o la ley, ya que la justicia se administra con sujeción a los contenidos, postulados y principios constitucionales que son de forzosa aplicación […]”.
Y también, en las sentencias T- 092 de 2008 y T-686 de 2007 el Tribunal Constitucional, consideró:
“[…] una decisión judicial adolece de un defecto material o sustantivo en los siguientes eventos (…) Cuando a pesar del amplio margen interpretativo que la Constitución le reconoce a las autoridades judiciales, la aplicación final de la regla es inaceptable por tratarse de una interpretación contraevidente (interpretación contra legem) o perjudicial para los intereses legítimos de una de las partes (irrazonable o desproporcionada) […]”. (Destacado de la Sala).
Conforme a la jurisprudencia constitucional, la violación directa de la Constitución Política, como causal de procedibilidad de la acción de tutela contra decisiones judiciales, procede cuando la decisión cuestionada supera el concepto de vía de hecho, es decir, en aquellos eventos en que si bien no se está ante una burda trasgresión de la Carta, si se trata de decisiones ilegítimas que afectan derechos fundamentales.
Sobre esta causal la Corte Constitucional en la sentencia T-689 de 2013, MP Jorge Ignacio Pretelt Chaljub, indicó lo siguiente:
“[…] Es importante referir que todas las causas específicas que originan la procedencia de la acción de tutela contra providencias judiciales entrañan en sí mismas un quebrantamiento de la Carta Fundamental. No obstante, se estableció específicamente una causal denominada: violación directa de la Constitución que puede originarse por una interpretación legal inconstitucional o bien, porque la autoridad competente deja de aplicar la denominada excepción de inconstitucionalidad. Esto porque:
“La exigencia de razonabilidad y de proporcionalidad en el proceso interpretativo y en los resultados de la interpretación, precisamente llama la atención acerca del papel que le corresponde a la Carta en la aplicación de la ley y, por eso, reiteradamente la jurisprudencia ha hecho énfasis en que las decisiones judiciales ´vulneran directamente la Constitución´ cuando el juez realiza ´una interpretación de la normatividad evidentemente contraria a la Constitución´ y también cuando ´el juez se abstenga de aplicar la excepción de inconstitucionalidad en un caso en el cual, de no hacerlo, la decisión quebrantaría preceptos constitucionales…´.”
El fundamento de la aplicación de la excepción de inconstitucionalidad tiene su cimiento en el mandato contenido en el artículo 4° superior, el cual jerarquiza la Constitución Política en el primer lugar dentro del sistema de fuentes jurídico colombiano.
Es decir que, cuando es evidente que la norma de inferior jerarquía contraría principios, valores y reglas de rango constitucional, es un deber de las autoridades judiciales y administrativas aplicar directamente la Constitución. En estos casos, se reitera, la prevalencia del orden superior debe asegurarse aun cuando las partes no hubieren solicitado la inaplicación de la norma para el caso particular. […]”.
5. De la cosa juzgada
La cosa juzgada “es una institución jurídico procesal mediante la cual se otorga a las decisiones plasmadas en una sentencia y en algunas otras providencias, el carácter de inmutables, vinculantes y definitivas. Los citados efectos se conciben por disposición expresa del ordenamiento jurídico para lograr la terminación definitiva de controversias y alcanzar un estado de seguridad jurídica”.
Esta definición señala consecuencias importantes. En primer lugar, los efectos de la cosa juzgada se imponen por mandamiento constitucional o legal derivado de la voluntad del Estado, impidiendo al juez su libre determinación, y en segundo lugar, el objeto de la cosa juzgada consiste en dotar de un valor definitivo e inmutable a las providencias que determine el ordenamiento jurídico. Es decir, se prohíbe a los funcionarios judiciales, a las partes y eventualmente a la comunidad, volver a entablar el mismo litigio.
En este orden la cosa juzgada tiene como función negativa, prohibir a los funcionarios judiciales conocer, tramitar y fallar sobre lo resuelto, y como función positiva, dotar de seguridad a las relaciones jurídicas y al ordenamiento jurídico.
La fuerza vinculante de la cosa juzgada se encuentra limitada a quienes plasmaron la litis como parte o intervinientes dentro del proceso, es decir, produce efecto Inter partes. No obstante, el ordenamiento jurídico excepcionalmente le impone a ciertas decisiones efecto erga omnes, es decir, el valor de cosa juzgada de una providencia obliga en general a la comunidad, circunstancia que se establece en materia penal y constitucional (Artículo 243 de la Constitución Política).
Al operar la cosa juzgada, no solamente se predican los efectos procesales de la inmutabilidad y definición de la decisión, sino que igualmente se producen efectos sustanciales, consistentes en precisar con certeza la relación jurídica objeto de litigio.
En principio, cuando un funcionario judicial se percata de la cosa juzgada debe rechazar la demanda, decretar probada la excepción previa o de fondo que se proponga, y en último caso, procede una sentencia inhibitoria.
Sobre la figura de la cosa juzgada en materia de tutelas, la Corte Constitucional en sentencia T-185 de 2017 (M.P. María Victoria Calle Correa) dispuso:
“La interposición injustificada de una misma acción de amparo ante distintas autoridades judiciales, ya sea de forma sucesiva o simultánea, puede dar lugar a la declaración de: cosa juzgada constitucional, cuando el mecanismo estudiado comparte identidad de hechos, objeto y pretensiones, pero además ha sido resuelto a través de un fallo de tutela que ha cobrado ejecutoria, ya sea en sede de revisión por parte de la Corte Constitucional, o en sede de instancia cuando el Alto Tribunal ha decidido su no selección para emitir un pronunciamiento; o temeridad, cuando además de compartir la triple identidad de la que se ha venido hablando, se encuentra plenamente acreditado que el accionante ha actuado de forma dolosa o de mala fe, vulnerando valores superiores como la lealtad, economía y eficacia procesales”.
Sobre el tema, a continuación se trae a colación lo expuesto por la Sección Tercera, Subsección A de esta Corporación, en la providencia del 13 de julio de 2016:
“Así pues, en reiteradas ocasiones a la cosa juzgada o “res judicata” se le ha asimilado al principio del “non bis in ídem” y tiene por objeto que los hechos y conductas que han sido resueltos a través de cualquiera de las pretensiones aceptadas por la ley, no vuelvan a ser debatidos en otro juicio posterior. Tal cualidad de lo resuelto obliga a las partes por cuanto lo decidido tiene carácter vinculante y obligatorio y, por lo tanto, goza de plena eficacia jurídica, de ahí que la cosa juzgada comprenda todo sobre lo que se ha disputado.
Además, la cosa juzgada constituye un mecanismo que brinda seguridad jurídica al otorgarle “intangibilidad” e “inimpugnabilidad” a las decisiones judiciales, La res judicata es una consecuencia jurídica que se le atribuye a la sentencia o decisión del juez, fruto de un procedimiento calificado, denominado proceso de declaración de certeza. Como consecuencia de ello, se pueden predicar efectos procesales y sustanciales que tienden a garantizar un mínimo de seguridad jurídica entre los asociados. En cuanto el objeto del proceso judicial lo constituye la efectividad de los derechos reconocidos por la ley sustancial y su prevalencia aún frente al mismo, es importante tener presente la distinción entre cosa juzgada en sentido material y en sentido formal para precisar sus efectos respecto de un proceso judicial.
Desde un punto de vista genérico, la cosa juzgada está regulada en los artículos 303 del Código General del Proceso y 189 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo, en los cuales se contienen los elementos formales y materiales para su configuración. El concepto de cosa juzgada material hace alusión a la intangibilidad de la sentencia o su equivalente en firme, pues se tiene por cierto que la actividad jurisdiccional se ocupó plenamente de la relación objeto de la contienda y que esta fue decidida con la plenitud de las formas propias del juicio. Por el contrario, la formal considera la posibilidad de volver sobre una decisión adoptada en una providencia que hubiere quedado ejecutoriada, en los eventos en que la Ley lo haya autorizado expresamente”.
Para la Sala, la importancia de la cosa juzgada en las sentencias judiciales, proviene de su propia finalidad, entre las cuales está la de conferir estabilidad, firmeza y certeza a las decisiones judiciales, evitando que el mismo asunto pueda ser debatido indefinidamente ante la jurisdicción.
Caso concreto
Con el fin de verificar si dentro del asunto de marras existe cosa juzgada entre la tutela de la referencia y las sentencias de 18 y 21 de febrero de 2019 proferidas por la Sección Cuarta y la Subsección C de la Sección Tercera de esta Corporación, respectivamente; se constatará si existe identidad de partes, causa y pretensiones, para lo cual se analizarán las providencias (i) de 21 de febrero de 2019, dictada por la Sección Cuarta de esta Corporación dentro del proceso 11001-03-15-000-2018-04144-00 y (ii) de 18 de febrero de 2019, proferida por el Consejo de Estado, Sección Tercera - Subseccón C dentro de la acción constitucional 11001-03-15-000-2019-00117-00.
5.1.2. Sentencia de 21 de febrero de 2019, dictada por el Consejo de Estado, Sección Cuarta, dentro del proceso 11001-03-15-000-2018-04144-00
Dentro de esa acción constitucional, el señor Andrés Felipe Ruiz Yucuma acudió ante esta corporación en procura de la protección de sus derechos fundamentales al debido proceso, a la igualdad, la libertad, la vida, la salud y la dignidad humana, que estimó vulnerados por el Consejo de Estado, Sección Tercera - Subsección B, en consecuencia solicitó:
“- PRINCIPAL. Declare la nulidad de la providencia judicial que hace responsable al Estado colombiano por los hechos de terceros.
• Ordene la publicación de esta providencia en La Comisión para el Esclarecimiento de la Verdad, la Convivencia y la No repetición”.
Ahora bien, se resalta que los hechos narrados dentro de dicha tutela encuentran identidad fáctica, pues se sustenta en las decisiones tomadas por esa autoridad judicial, con ocasión de la demanda de reparación directa presentada por las víctimas del atentado ocurrido el 7 de febrero de 2003 en las instalaciones del Club el Nogal, en Bogotá.
Sin embargo, se resalta que el problema jurídico en la sentencia proferida por el Consejo de Estado - Sección Cuarta, se contrajo a establecer si el señor Ruiz Yucuma contaba con la legitimación para acudir a la acción de tutela, con el fin de cuestionar la sentencia de 16 de agosto de 2018 proferida por el Consejo de Estado, Sección Tercera - Subsección B y al concluir que, el actor carecía de ella se rechazó por improcedente.
En esa medida, la Sala encuentra que no existe unidad de objeto, pues el tema de estudio se enfocó en un aspecto circunstancial, que en nada afectó la decisión cuestionada en esta acción de tutela, por lo cual no hay elementos para declarar la existencia de cosa juzgada.
5.1.3. Sentencia de 18 de febrero de 2019, proferida por el Consejo de Estado, Sección Tercera - Subsección C, dentro de la acción constitucional 11001-03-15-000-2019-00117-00.
Sobre el particular, la Sala observa que la Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado, acudió ante esta Corporación, en procura de la protección de los derechos fundamentales al debido proceso y a la igualdad, que estimó vulnerado por el Consejo de Estado, Sección Tercera - Subsección B, con ocasión de la sentencia de 16 de agosto de 2018; en ese sentido pidió:
“PRIMERO. TUTELAR, los derechos fundamentales al debido proceso, al derecho a la defensa y a la igualdad establecidos en los artículos 29 y 13 de la Constitución Política de Colombia, del extinto DAS sucedido procesalmente por la Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado y demás que se encuentren vulnerados.
SEGUNDO. DECLARAR, que la sentencia del 16 de agosto de 2018, proferida por la Subsección B de la Sección Tercera del Consejo de Estado, desconoció los artículos 29 y 13 de la Constitución Política de Colombia.
TERCERO, DEJAR SIN EFECTOS, la Sentencia proferida por Subsección B de la Sección Tercera del Consejo de Estado el 16 de agosto de 2018 dentro del proceso número 25000-23-26-000-2005-00451-01 (37719) -Acumulado- y ordenar proferir una nueva sentencia a fin de que se garantice el debido proceso, defensa e igualdad conforme a los lineamientos jurisprudenciales de unificación señalados en la presente acción”.
El Consejo de Estado, Sección Tercera conoció y tramitó esa tutela; así con auto de 16 de enero de 2019 la admitió y dispuso la vinculación de las entidades que conforman la parte actora de este asunto, como terceros intervinientes; tan es así, que revisado la referida sentencia de 18 de febrero de 2019 se tiene que la Nación - Fiscalía General de la Nación allegó escrito de intervención en la que coadyuvó las pretensiones de ese amparo.
En efecto, la Sala encuentra identidad de partes puesto que los sujetos procesales que intervinieron en el trámite de la presente acción constitucional, igualmente lo hicieron dentro del proceso de tutela 11001-03-15-000-2019-00117-00.
Por su parte, las pretensiones en las tutelas buscan la revocatoria de la sentencia de 16 de agosto de 2018, dictada por el Consejo de Estado, Sección Tercera - Subsección B, en la cual se las declaró administrativa y extracontractualmente responsables, por los daños causados por el atentado terrorista de 7 de febrero de 2003 en el Club el Nogal de Bogotá, razón por la que se acredita la identidad de causa.
Ahora bien, se encuentra que el Consejo de Estado, Sección Tercera - Subsección C, mediante sentencia de 18 de febrero de 2019 rechazó por improcedente la acción de amparo por no satisfacer el requisito de subsidiariedad, con base en los siguientes motivos: (i) la sentencia acusada carece de fuerza ejecutoria, toda vez que contra ella cursan un incidente de nulidad y varias solicitudes de aclaración, que están pendientes por decidir y (ii) las accionantes pueden acudir al recurso extraordinario de revisión; en efecto, dispuso :
“Como puede observarse, el 14 de septiembre de 2018, el apoderado del Ministerio de Defensa solicitó la nulidad de todo lo actuado a partir del auto proferido el 25 de julio de 2018; este memorial fue remitido por Secretaría al despacho de conocimiento el día 17 de septiembre de 2018.
Otra entrada refiere que el 18 de septiembre de 2018, el profesional del derecho Elkin Saavedra Caropresse, presentó memorial en el que solicitó corrección de la sentencia, el que fue resuelto con auto del día 19 de septiembre de 2018.
Así mismo, el día 21 de septiembre de 2018, el director de asuntos legales del Ministerio de Defensa Nacional presentó memorial en el que solicitó corrección, aclaración y adición de la sentencia. Por auto del 25 de septiembre de 2018, el despacho procedió a la aclaración de la liquidación de perjuicios deprecada.
El 27 de septiembre de 2018, el demandado Ministerio de Defensa Nacional, solicitó dar trámite al incidente de nulidad presentado el 14 de septiembre de 2018.
Por proveído del 8 de octubre de 2018, el despacho de conocimiento corrió traslado a la parte contraria del escrito contentivo de la nulidad procesal. El día 10 de octubre de 2018, la parte demandante descorrió el traslado de la nulidad.
El día 24 de octubre de 2018, el expediente pasó al despacho para proveer respecto del incidente de nulidad.
El Despacho de la Consejera María Adriana Marín por auto del 3 de diciembre de 2018, ordenó remitir en calidad de préstamo el expediente a la Secretaría General de esta Corporación para que obrara dentro del trámite de la tutela con radicado 11001-03-15-000-2018-04144-00 y, advirtió al despacho conocedor de la tutela que se encontraba pendiente de resolver una solicitud de nulidad.
El 12 de diciembre de 2018 el apoderado de la parte demandante solicitó aclaración de la providencia del auto de cúmplase de fecha 3 de diciembre de 2018.
El 13 de diciembre de 2018, fue remitido el expediente al despacho que tramita la tutela con radicado 11001-03-15-000-2018-04144-00.
En conclusión, de acuerdo con las anotaciones en el sistema Siglo XXI, es evidente que al interior de la providencia judicial atacada en esta acción de tutela, se encuentran pendientes de resolver, dos solicitudes elevadas por los apoderados judiciales de la demandada Ministerio de Defensa Nacional y de uno de los demandantes, a saber, el incidente de nulidad del 14 de septiembre de 2018 y la aclaración del auto del 3 de diciembre de 2018, respectivamente.
(…)
Analizadas las causales, la Sala encuentra que, así como para uno de los demandados la sentencia estaba viciada de nulidad, ello implicaba que era viable considerar la procedencia del recurso extraordinario de revisión y no el incidente de nulidad que fue propuesto y que está pendiente de resolución.
Sobre el particular la Corte Constitucional, ha sido enfática al afirmar, respecto del recurso extraordinario de revisión, que “el mecanismo ordinario es idóneo y eficaz, (y que) el actor debe estar en la capacidad de encuadrar el defecto que considera tiene la sentencia dentro de alguna de las causales taxativas establecidas en el código correspondiente. De lo contrario, no puede considerarse improcedente la tutela”.
De acuerdo con lo que se evidenció en las anotaciones arriba descritas, la nulidad procesal, se encuadra dentro del numeral 5° del artículo 250 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo, situación que, por tanto, debió resolverse a través del recurso extraordinario de revisión, el cual aparece idóneo si de resolver una nulidad originada en la sentencia es de lo que se trata.
A más de lo anterior, la Sala precisa que si bien uno de los demandados había promovido incidente de nulidad ante el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera – Subsección B, al analizar el requisito de subsidiaridad, la conclusión lógica es la de que el mecanismo idóneo para controvertir una nulidad originada en la sentencia, se itera, no era el incidente de nulidad propuesto sino el recurso extraordinario de revisión, que según lo establecido en el numeral 5° del artículo 250 del CPACA permitiría controvertir “la nulidad originada en la sentencia que puso fin al proceso y contra la que no procede recurso de apelación”.
(…)”.
Dicho lo anterior, se reitera que existe unidad de objeto pues la providencia antes transcrita, se ocupó de estudiar el problema jurídico surgido de la presunta configuración de los defectos sustantivo, fáctico, desconocimiento del precedente judicial y violación directa de la Constitución Política, por parte del Consejo de Estado, Sección Tercera - Subsección B; sin embargo, la rechazó por improcedente, al advertir que adolecía de la causal genérica de subsidiariedad.
Pues bien, revisados los documentos allegados al plenario y efectuada consulta en el Sistema de Gestión Siglo XXI, la Sala observa que la autoridad judicial accionada no ha dado trámite al incidente de nulidad presentado por la Nación - Ministerio de Defensa Nacional ni a las solicitudes de aclaración contra la sentencia de 16 de agosto de 2018, en esa medida no existen elementos nuevos que permitan pronunciarse sobre los argumentos de la tutela; contrario sensu, se observa que dicha decisión aún se encuentra cuestionada ante el juez natural.
De igual manera, en los escritos de tutela tampoco surgen otros elementos que pudieran ser considerados en esta providencia, y se limitan a cuestionar la sentencia proferida por el Consejo de Estado, Sección Tercera - Subsección B.
Dicho esto, la sala advierte que existe cosa juzgada, en atención a que se presentan sus elementos constitutivos, acorde con lo dicho precedentemente.
DECISIÓN
En conclusión, la Sala se estará a lo resuelto en la sentencia de 18 de febrero de 2019 dictada por el Consejo de Estado, Sección Tercera - Subsección C, que rechazó por improcedente el amparo del derecho invocado por la Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado, en atención a que existe cosa juzgada dentro del asunto de la referencia.
En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Segunda, Subsección B, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la Ley,
FALLA
PRIMERO. ESTARSE a lo resuelto en la sentencia de 18 de febrero de 2019, proferida por el Consejo de Estado, Sección Tercera - Subsección C, dentro de la acción de tutela promovida por la Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado, contra el Consejo de Estado, Sección Tercera - Subsección B, de conformidad con lo expuesto en la parte motiva de esta providencia.
SEGUNDO. Por Secretaría, DEVOLVER a la autoridad judicial de origen el expediente que contiene el proceso de reparación directa, allegado en calidad de préstamo a la presente acción de tutela.
Si no fuere impugnada, envíese a la Corte Constitucional para su eventual revisión.
La presente providencia fue discutida y aprobada por la Sala en sesión de la fecha.
CÓPIESE, COMUNÍQUESE, NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE.
CÉSAR PALOMINO CORTÉS
SANDRA LISSET IBARRA VÉLEZ CARMELO PERDOMO CUÉTER
Folios 1 a 37 del expediente 11001-03-15-000-2019-00004-00 y 1 a 15 del cuaderno 11001-03-15-000-2018-04564-00. En la medida que la demanda se presentó en vigencia del Decreto 01 de 1984. Radicado: 25000-23-26-000-1995-00595-01 (18860); Demandantes: Rosa Elena Puerto Niño y otra; Demandado: Nación - Ministerio de Defensa Nacional. Folio 89. Folios 36 y 37 del expediente 11001-03-15-000-2018-04564-00. Folios 202 y 203 del expediente 11001-03-15-000-2019-00004-00
Folio 260 del expediente 11001-03-15-000-2019-00004-00. Folio 146 del expediente 11001-03-15-000-2019-00004-00
Folios 99 y 100 del expediente 11001-03-15-000-2019-00004-00
Folios 101 a 103 del expediente 11001-03-15-000-2019-00004-00
Folios 104 a 108 del expediente 11001-03-15-000-2019-00004-00. Folios 122 a 141 del expediente 11001-03-15-000-2019-0004-00. Folios 210 a 253 del cuaderno 11001-03-15-000-2019-00004-00. Folios 151 a 201 del cuaderno 11001-03-15-000-2019-00004-00. Folios 39 a 42 del cuaderno 11001-03-15-000-2018-04564-00. Decreto 1983 de 2017 Por el cual se modifican los artículos 2.2.3.1.2.1, 2.2.3.1.2.4 y 2.2.3.1.2.5 del Decreto 1069 de 2015, Único Reglamentario del sector Justicia y del Derecho, referente a las reglas de reparto de la acción de tutela°, “[…] 5. Las acciones de tutela dirigidas contra los Jueces o Tribunales serán repartidas, para su conocimiento en primera instancia, al respectivo superior funcional de la autoridad jurisdiccional accionada. […]”. Folio 30 del expediente 11001-03-15-000-2018-04564-00. Al respecto ver, entre otras, sentencias T-573 de 1997, T-567 de 1998, T-001 de 1999, T-377 de 2000, T-1009 de 2000, T-852 de 2002, T-453 de 2005, T-061 de 2007, T-079 de 1993,T-231 de 1994, T-001 de 1999, T-814 de 1999,T-522 de 2001, T-842 de 2001, SU-159 de 2002, T-462 de 2003,T-205 de 2004, T-701 de 2004, T-807 de 2004, T-1244 de 2004, T-056 de 2005, T-189 de 2005, T-800 de 2006, T-061 de 2007, T-018 de 2008, T-051 de 2009, T-060 de 2009, T-066 de 2009, T-889 de 2011, T- 010 de 2012, T- 1090 de 2012, T-074 de 2012, T- 399 de 2013, T-482 de 2013, T- 509 de 2013, , T- 254 de 2014, T- 941 de 2014 y T-059 de 2015. Sentencia de unificación por importancia jurídica, proferida por la Sala Plena de lo Contencioso Administrativo el 5 de agosto de 2014. M.P: Jorge Octavio Ramírez Ramírez. Exp. n. º 11001-03-15-000-2012-02201-01 (IJ) Demandante: Alpina Productos Alimenticios S.A. Sentencias T-352 de 2012, T-103 de 2014, T-125 de 2012, entre otras. Corte Constitucional. Sentencia T-442 de 1994 (MP. Antonio Barrera Carbonell). Sentencia SU-159 de 2002 (MP. Manuel José Cepeda Espinosa. SV. Jaime Araujo Rentería, Rodrigo Escobar Gil y Alfredo Beltrán Sierra). Sentencia T-538 de 1994. Corte Constitucional. Sentencia SU-159 de 2002 (MP. Manuel José Cepeda Espinosa. SV. Jaime Araujo Rentería, Rodrigo Escobar Gil y Alfredo Beltrán Sierra). Corte Constitucional. Sentencia T-117 de 7 de marzo de 2013. MP. Alexei Julio Estrada. M.P. Eduardo Cifuentes Muñoz. Sobre el particular puede apreciarse la sentencia T-474 de 2008 de la Corte Constitucional, M.P. Clara Inés Vargas Hernández
Sentencia T-284 de 2006. M.P. Clara Inés Vargas Hernández. Corte Constitucional, Sentencia C – 774 de 25 de julio de 2001, M.P. Rodrigo Escobar Gil
Radicado número. 68001-23-33-000-2015-00416-01 (55235), M.P. Hernán Andrade Rincón. Por ejemplo, la reparación directa, controversia contractual, nulidad simple, nulidad y restablecimiento del derecho. Sentencia del 8 de junio de 2011, proferida por el Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección A, M.P.: Mauricio Fajardo Gómez, Exp. :18676. Artículo 303. Cosa Juzgada. La sentencia ejecutoriada proferida en proceso contencioso tiene fuerza de cosa juzgada siempre que el nuevo proceso verse sobre el mismo objeto, se funde en la misma causa que el anterior y entre ambos procesos haya identidad jurídica de partes.
Se entiende que hay identidad jurídica de partes cuando las del segundo proceso son sucesores por causa de muerte de las que figuraron en el primero o causahabientes suyos por acto entre vivos celebrado con posterioridad al registro de la demanda si se trata de derechos sujetos a registro, y al secuestro en los demás casos. En los procesos en que se emplace a personas indeterminadas para que comparezcan como parte, incluidos los de filiación, la cosa juzgada surtirá efectos en relación con todas las comprendidas en el emplazamiento. La cosa juzgada no se opone al recurso extraordinario de revisión. Artículo 189. Efectos de la sentencia. La sentencia que declare la nulidad de un acto administrativo en un proceso tendrá fuerza de cosa juzgada erga omnes. La que niegue la nulidad pedida producirá cosa juzgada erga omnes pero solo en relación con la causa petendi juzgada. Las que declaren la legalidad de las medidas que se revisen en ejercicio del control inmediato de legalidad producirán efectos erga omnes solo en relación con las normas jurídicas superiores frente a las cuales se haga el examen. Cuando por sentencia ejecutoriada se declare la nulidad de una ordenanza o de un acuerdo distrital o municipal, en todo o en parte, quedarán sin efectos en lo pertinente sus decretos reglamentarios. La sentencia dictada en procesos relativos a contratos, reparación directa y cumplimiento, producirá efectos de cosa juzgada frente a otro proceso que tenga el mismo objeto y la misma causa y siempre que entre ambos haya identidad jurídica de partes. La sentencia proferida en procesos de restablecimiento del derecho aprovechará a quien hubiere intervenido en ellos y obtenido esta declaración a su favor. Las sentencias ejecutoriadas serán obligatorias y quedan sometidas a la formalidad del registro de acuerdo con la ley. En los procesos de nulidad y restablecimiento del derecho, la entidad demandada, dentro de los veinte (20) días hábiles siguientes a la notificación de la sentencia que resuelva definitivamente el proceso, cuando resulte imposible cumplir la orden de reintegro del demandante al cargo del cual fue desvinculado porque la entidad desapareció o porque el cargo fue suprimido y no existe en la entidad un cargo de la misma naturaleza y categoría del que desempeñaba en el momento de la desvinculación, podrá solicitar al juez de primera instancia la fijación de una indemnización compensatoria. De la solicitud se correrá traslado al demandante por el término de diez (10) días, término durante el cual podrá oponerse y pedir pruebas o aceptar la suma estimada por la parte demandada al presentar la solicitud. En todo caso, la suma se fijará teniendo en cuenta los parámetros de la legislación laboral para el despido injusto y el auto que la señale solo será susceptible de recurso de reposición. Código General del Proceso, Artículo 304. “No constituyen cosa juzgada las siguientes sentencias: 1. Las que se dicten en procesos de jurisdicción voluntaria, salvo las que por su naturaleza no sean susceptibles de ser modificadas. 2. Las que decidan situaciones susceptibles de modificación mediante proceso posterior, por autorización expresa de la ley. 3. Las que declaren probada una excepción de carácter temporal que no impida iniciar otro proceso al desaparecer la causa que dio lugar a su reconocimiento”. Al respecto consultar, por ejemplo, Consejo de Estado, Sección Tercera, sentencia del 28 de enero del 2009, expediente nro. 34.239 y sentencia del 27 de mayo de 2015, expediente nro. 30.872
Corte Constitucional, sentencia C-649 de 2011.
Sigue leyendo
RuleX es la IA para el trabajo legal: inteligencia artificial y software jurídico, todo en una sola plataforma. Crea tu cuenta y RuleX abre esta providencia completa, te explica sus reglas y la lleva a tu escrito con la cita puesta. Siete días de prueba sin tarjeta.