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Consejo de Estado · Sección Segunda

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 11001-03-15-000-2019-00006-00

Tutela contra providencia judicial

Fecha
7 de marzo de 2019
Consejero ponente
Rafael Francisco Suárez Vargas

01Texto de la providencia

República de Colombia

Consejo de Estado

Sección Segunda

Radicado 11001-03-15-000-2019-00006-00

Consejero ponente: Rafael Francisco Suárez Vargas

7 de marzo de 2019

TUTELA CONTRA PROVIDENCIA JUDICIAL / MEDIO DE CONTROL DE NULIDAD Y RESTABLECIMIENTO DEL DERECHO – Contra Contraloría Distrital de Bogotá / AUSENCIA DE DEFECTO FÁCTICO – La prueba cumplió las exigencias de la sana crítica / PERJUICIO IRREMEDIABLE – No configuración / AUSENCIA DE VULNERACIÓN DEL DERECHO AL TRABAJO – A pesar de la inhabilidad por la responsabilidad fiscal decretada

Concluye la Sala que la sentencia de 16 de agosto de 2018, proferida por la Sección Quinta -Descongestión del Consejo de Estado, no adolece de defecto fáctico, dado que la valoración de la prueba arrimada al proceso cumplió las exigencias de la sana crítica y no se probó omisión en la consideración de ninguno de los medios probatorios practicados y aportados dentro de las correspondientes oportunidades procesales. El mecanismo excepcional de protección de los derechos fundamentales, no es posible emplearlo para reabrir el debate probatorio y cuestionar la legalidad de los actos administrativos demandados mediante la acción y restablecimiento del derecho contemplada en el artículo 85 del Código Contencioso Administrativo. [De otra parte], la accionante advierte sobre la inminencia de un perjuicio irremediable y la consecuente vulneración al derecho al trabajo al encontrarse actualmente inhabilitada en razón a la deficiente valoración probatoria en que incurrió la autoridad tutelada, razón por la cual está en presencia de un daño cierto. (…) En el asunto bajo examen, la sanción impuesta a la accionante es el resultado de una decisión administrativa, trámite en el que tuvo la oportunidad de intervenir y controvertir los hechos endilgados, sin que lograra desvirtuar la legalidad de los actos que dedujeron la responsabilidad fiscal e impusieron las sanciones pertinentes. Si bien es cierto, la sanción impide el acceso a cargos públicos, también lo es que no vulnera el derecho al trabajo, como quiera que dicha inhabilidad es el resultado de una limitación señalada en la ley con fundamento en conductas jurídicamente reprochables llevadas a cabo por el empleado público, mas no por el desafuero de prohibirle el derecho al trabajo.

CONSEJO DE ESTADO

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCIÓN SEGUNDA

SUBSECCIÓN A

Consejero ponente: RAFAEL FRANCISCO SUÁREZ VARGAS

Bogotá, D.C., siete (7) de marzo de dos mil diecinueve (2019)

Radicación número: 11001-03-15-000-2019-00006-00(AC)

Actor: DIANA MARIENT DAZA QUINTERO

Demandado: CONSEJO DE ESTADO, SECCIÓN QUINTA

La señora Diana Marient Daza Quintero promueve acción de tutela contra la Sección Quinta del Consejo de Estado, por estimar vulnerados sus derechos fundamentales al debido proceso, acceso a la administración de justicia y al trabajo.

Pretensiones

Solicita que en amparo de sus derechos fundamentales al debido proceso, acceso a la administración de justicia, y al trabajo se deje sin efectos la sentencia proferida el 16 de agosto por la Sección Quinta del Consejo de Estado dentro del proceso de nulidad y restablecimiento del derecho 25000-23-24-000-2010-00096-01 y, en su lugar, se le ordene emitir sentencia que acoja sus pretensiones.

1.2. Hechos de la solicitud

El 2 de marzo de 2010 instauró demanda de nulidad y restablecimiento del derecho ante el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, pretendiendo la nulidad de los siguientes actos administrativos proferidos por la Contraloría de Bogotá en razón del proceso de responsabilidad fiscal adelantado en su contra: (i) auto de 12 de febrero de 2007 que revocó el auto de archivo y reabrió el proceso 50100-0045-06, (ii) fallo 006 de 26 de febrero de 2009 proferido por el Subdirector del proceso de responsabilidad fiscal, (iii) auto de 29 de mayo «por el cual se resuelve un recurso de reposición», y (iv) auto de 10 de agosto de 2009, «por el cual se resuelve un recurso de apelación y un grado de consulta»; en la misma demanda, solicitó la suspensión provisional de los mismos.

El 18 de marzo de 2010 la Sección Primera, Subsección B del Tribunal Administrativo de Cundinamarca admitió la demanda, se abstuvo de suspender los actos demandados y manifestó que «se hace necesario realizar un estudio detenido de los actos administrativos que se demandan, de los antecedentes administrativos que dieron origen a éstos […]». La misma providencia dispuso oficiar a la Contraloría de Bogotá ordenando remitir copia de los «antecedentes administrativos que dieron origen a los actos administrativos cuya nulidad se pretende», solicitud reiterada a través de auto de 20 de mayo y oficio FI-No.10-425 de 1 de junio de la misma anualidad. Señala la importancia de la diferencia esgrimida por el juez a quo entre actos que son aquellas decisiones particulares demandadas, mientras que los antecedentes administrativos (lo constituyen los demás documentos que hacen parte del expediente de responsabilidad fiscal).

Aduce que dicha orden obedece a la «solicitud especial» que elevó en la demanda «por cuanto carecía de la totalidad de los antecedentes administrativos que sustentan los actos gubernativos demandados, y además, fundada en el numeral 6 del art. 207 del CCA vigente para ese momento».

Por su parte, la Contraloría respondió el requerimiento con radicación 201047145 de 21 de junio de 2010, remitiendo únicamente los actos demandados en «59 anexos» sin los antecedentes, lo que constituye, según su parecer, una «negación a colaborar con el buen funcionamiento de la administración de justicia».

Señala que mediante oficio de 22 de julio de 2010, la secretaria del despacho referenció incorrectamente los anexos del demandado al anotar que «a folio 209 obra respuesta al oficio FI-No. 10-425 por el cual la Contraloría de Bogotá al incorporar al expediente los antecedentes administrativos del acto demandado»; no obstante lo anterior, solo se aportaron los actos demandados, como obra a folios 211 a 269 del expediente 2010-00096.

El Tribunal abrió etapa de pruebas por medio de auto de 29 de julio de 2010, en él transcribe la afirmación del 22 de julio anotada por la secretaria de ese despacho, en el que se informó que al expediente se aportaron los antecedentes administrativos, cuando lo que efectivamente se allegó fueron los actos administrativos, situación que no permitiría al fallador corroborar las afirmaciones expuestas en los hechos de la demanda.

En el mencionado auto le fueron denegadas las pruebas testimoniales solicitadas, y se deja la constancia de que la parte demandada no contestó la demanda, lo que en su sentir constituye una «conducta procesal indiciaria (art. 249 CPC), prueba admisible de conformidad con el art. 57 CCA, y señalada en el CPC vigente para ese momento, al que había remisión expresa según los artículos 168 del CCA vigente para la época».

Mediante memorial de 6 de agosto de 2010, su apoderado apeló el auto de pruebas que negó los testimonios, destacando la «importancia que tienen los documentos aportados por la demandada porque demuestran su existencia». Sin embargo, advierte que por un error también de digitación del abogado resalta la importancia de los antecedentes y no de los actos, siendo estos últimos los que fueron realmente aportados por el demandado.

Mediante sentencia de 19 de julio de 2012 el Tribunal Administrativo de Cundinamarca no accedió a sus pretensiones y falló «sin tener certeza de la legalidad de los actos demandados y sin pronunciarse acerca de las falencias expuestas en la demanda, con relación a todo el proceso de responsabilidad fiscal, en contravía de los presupuestos de la Ley 610 de 2000, y que bien podría corroborarse con la lectura de los actos demandados que se encuentran en el expediente de forma auténtica, con las pruebas adjuntas con la demanda y con los antecedentes administrativos decretados y no aportados».

El 14 de agosto de 2012, se interpuso el recurso de apelación -concedido el 23 de agosto-, insistiendo entre otros aspectos, en «la solicitud del aporte de los antecedentes administrativos del proceso de responsabilidad fiscal, cuya falencia por la equivocación ocasionada desde la secretaría del Tribunal, incide en su falta de valoración en la sentencia».

El recurso fue admitido por la Sección Primera del Consejo de Estado el 26 de junio de 2013, sin embargo «en el mismo no se hizo referencia a las pruebas nuevamente solicitadas, las cuales ya habían sido decretadas en primera instancia».

Señala que a pesar de que el expediente estuvo en la Sección Primera para fallo desde el 16 de diciembre de 2013, por medio de Acuerdo 357 de 5 de diciembre de 2017, pasó al despacho de la Sección Quinta el 11 de enero de 2018, por descongestión.

La Sección Quinta –Descongestión del Consejo de Estado profiere sentencia el 16 de agosto de 2018 «INCURRIENDO EN DEFECTO FÁCTICO y perpetuando la violación de mis derechos fundamentales».

Fundamentos jurídicos de la accionante

Aduce que la Sección Quinta del Consejo de Estado vulneró sus derechos fundamentales al debido proceso y a la defensa, al incurrir en un defecto fáctico por error en la valoración probatoria, teniendo en cuenta que no fueron valoradas las pruebas obrantes en el plenario con el fin de identificar la veracidad de los hechos analizados, y que tampoco fueron considerados los antecedentes administrativos ordenados y no allegados, los que hubieran dado certeza al momento de fallar.

Deriva la existencia del defecto alegado en las siguientes actuaciones adelantadas por la autoridad tutelada:

1. Negar los antecedentes administrativos solicitados en la demanda y reiterados en el recurso de apelación. En este punto, centra su inconformidad en la manifestación de la Sección Quinta de:

a) Fundar su negativa de decretar la prueba de remisión de los antecedentes administrativos en el artículo 224 del CCA (hoy 309 del CPACA), y considerar que era una solicitud extemporánea e infundada por «carecer de pruebas para afirmar que los antecedentes entregados en la demanda se encuentran incompletos», pues por el contrario fueron «allegados por el Jefe de la Oficina Jurídica de la CONTRALORÍA DE BOGOTÁ y se encuentran al interior del expediente, a folios 209 a 269 del cuaderno No. 1 (…)».

Sostiene que dicha afirmación falta a la verdad, toda vez que los antecedentes administrativos los constituyen más de dos mil (2000) folios, tanto es así, que en las pruebas que aportó, reposa el informe del hallazgo fiscal donde la demandada refiere más de 1350 antecedentes administrativos, lo que prueba que fue desatendida una orden judicial proferida por el Tribunal para obtenerlos, por lo que, reitera, limitarlos sólo a los actos demandados, vulnera su derecho al debido proceso.

b) Respecto del testimonio rendido por el señor Edilberto Tovar Duero y la presunta contradicción en la que pudo haber incurrido frente a lo expresado en el acta No. 003 de 2009, el Consejo de Estado sostuvo que frente a este particular «no era posible materialmente hacer algún tipo de pronunciamiento al respecto, dado que al expediente no fue aportada el acta en mención, razón por la cual, en efecto, resultaba imposible analizar las acusaciones que en tal sentido fueron expuestas en la demanda».

La accionante difiere de tal conclusión dado que, en los fallos arrimados por la Contraloría de Bogotá, y que se encuentran en los folios 82 a 101 y 211 a 269 del cuaderno principal, aparece transcrita el acta que se echa de menos, la que de haber sido valorada de manera acertada y oportuna le hubiera favorecido; considera que esa omisión se traduce en la vulneración al debido proceso por cuanto era deber del juez natural «analizar la totalidad de los actos», afirma que si «hubiese sido su interés en encontrar la verdad y hacer justicia, estaban facultados para recaudar lo que hiciese falta mediante pruebas de oficio o autos de mejor proveer».

c) En lo atinente a la «supuesta falta de pruebas a cargo de la parte demandada», señaló la Sección Quinta que la parte demandante «simplemente solicitó que se tenga en cuenta que la necesidad del aporte de los actos demandados tiende a la demostración de la existencia de los mismos, lo cual en el presente caso está debidamente demostrados con los antecedentes allegados al proceso de la demanda».

Frente a esta afirmación la accionante sostiene que, si bien se produjo un error de digitación por parte de su apoderado al afirmar que los antecedentes se aportaron cuando, en realidad, sólo lo fueron los actos administrativos, dicha situación se generó por la equivocación de la secretaría del Tribunal Administrativo de Cundinamarca, que incorrectamente anotó que la Contraloría, al dar respuesta al requerimiento FI-No. 10-425, «incorpora al expediente los antecedentes administrativos del acto demandado», por lo que le concernía a ella misma corregir sus propios errores, sin sacrificar el derecho de defensa de los sujetos procesales. Adjudicarle la Sección Quinta, después de seis años de haber ingresado el expediente, la responsabilidad de aportar los antecedentes administrativos, no justifica la falta de certeza que tuvo al fallar en su contra, pues a los jueces se les autoriza decretar pruebas de oficio o cuando las considere útiles para la verificación de los hechos relacionados con las alegaciones de las partes, conforme al artículo 179 del CPC (vigente para el momento).

El juez natural, en materia probatoria, como garante de los derechos materiales, debe velar porque quien esté en mejores condiciones técnicas y profesionales, sea quien aporte las pruebas con el fin de esclarecer los hechos controvertidos, situación que no aconteció en su caso, vulnerando su derecho de defensa y acceso efectivo a la administración de justicia.

2. Respecto a la supuesta omisión por la no contestación de la demanda. Frente a este punto la Sección Quinta sostuvo que el hecho de que la Contraloría de Bogotá no contestara la demanda en nada «enerva lo dispuesto por el a quo al momento de desestimar las pretensiones de la demanda», en consideración a que la decisión se tomó ante la imposibilidad de la parte demandante de desvirtuar la presunción de legalidad que le asistía a las actuaciones administrativas.

La accionante difiere de dicha apreciación dado que conforme al artículo 267 del CCA vigente para la época, la falta de contestación o de pronunciamiento de la demanda, de los hechos o pretensiones, será apreciada por el juez como indicio grave en contra del demandado, por lo que el juez debió implementar esa consecuencia ante la falta de pronunciamiento de la Contraloría, asumiendo que los hechos y pretensiones planteados en la demanda debieron valorarse como ciertos.

En su sentir, la Contraloría al omitir aportar los antecedentes administrativos, y contestar la demanda sin alegar de conclusión, incurrió en deslealtad procesal, generando un desequilibrio al acceso a la administración de justicia

Finalmente, aduce que como consecuencia de la deficiente valoración probatoria y la inhabilidad a ella impuesta por razón del proceso fiscal, se ha puesto en grave riesgo su subsistencia al no poder acceder al mercado laboral, afectándose con ello su mínimo vital, por lo que la acción de tutela procede como mecanismo transitorio para evitar un perjuicio irremediable, dado que el recurso extraordinario especial de revisión no se revela como idóneo y eficaz para otorgar la protección urgente e inmediata que se requiere para salvaguardar sus intereses iusfundamentales.

1.4. Actuación Procesal

La acción de tutela fue admitida por este Despacho mediante auto de 5 de febrero de 2019, en el que se ordenó notificar como demandado a los magistrados integrantes del Consejo de Estado, Sección Quinta -Descongestión, y a la Contraloría de Bogotá, D.C. como parte demandada dentro del proceso de nulidad y restablecimiento del derecho con radicación 25000-23-24-000-2010-00096-01, para que dentro del término de tres (3) días y en uso de su derecho de defensa, rindieran el respectivo informe

1.5. Intervenciones

1.5.1. La Sección Quinta del Consejo de Estado. La magistrada Rocío Araújo Oñate, mediante escrito de 18 de febrero de 2019, señala que la pretensión de la accionante a través de este mecanismo excepcional, persigue generar una instancia adicional a la que pudo acceder a través del proceso de nulidad y restablecimiento del derecho, con el fin de crear una nueva discusión sobre la legalidad de los fallos de responsabilidad proferidos en su contra. Tal pretensión implica un quebrantamiento del principio de relevancia constitucional, que debe acreditarse cuando a través de la acción de tutela se intenta dejar sin efecto una providencia dictada por el órgano de cierre de la jurisdicción.
Al efecto, hace algunas precisiones respecto del defecto fáctico alegado, advirtiendo que solo con remitirse al fallo en controversia se podría determinar que acertadamente se negó la demanda de nulidad y restablecimiento del derecho presentada por la aquí accionante.

Respecto al presunto defecto fáctico en el que se habría incurrido por omitir valorar los antecedentes administrativos a cargo de la parte demandada y principal motivo de inconformidad, precisa que la tutelante nunca presentó reparo alguno en relación con la ausencia o falencia de dicha prueba, circunstancia que solo fue advertida en esa instancia al indicar que cuando la documentación fue aportada al proceso, la demandante guardó silencio sobre la supuesta falta en que habría incurrido la Contraloría, por no allegar los documentos completos.

Estima que el Jefe de la Oficina Jurídica allegó los antecedentes administrativos el 22 de junio de 2010 , y que el Tribunal, por su parte, al abrir el proceso a pruebas el 29 de julio de la misma anualidad, dispuso tener como pruebas los documentos aportados con la demanda, dejando claro que no fueron aportados con ella misma el fallo 006 de febrero 26 de 2009 y los autos de 29 de mayo y 10 de agosto de 1009. En consecuencia, de manera previa a la apertura a pruebas, fueron allegados los documentos por parte de la Contraloría, sin que en ninguna oportunidad posterior o en los alegatos de conclusión, se echara de menos el acta 003 de 2009, u otra prueba que, a juicio de la demandante, correspondiera a la parte pasiva aportar al expediente, incluidos los antecedentes administrativos

Conforme a lo anterior, no resulta acertado el argumento de la tutelante referido a la supuesta omisión del Tribunal de practicar la prueba, pues al haberse abstenido ella misma de poner en conocimiento del juez a quo dicha inconformidad, no es posible endilgarle yerro por la no valoración de esa documentación, pues bien pudo ejercer su derecho de defensa y alegar, en la oportunidad procesal correspondiente, lo que ahora pretende evidenciar en sede de tutela, circunstancia que se constituye en esta sede excepcional, como un hecho nuevo.

En lo atinente a la indebida valoración probatoria del testimonio del almacenista, señor Edilberto Tovar Duero, precisa que en el fallo objeto de censura, se aclaró que resultaba imposible para el Tribunal verificar la presunta inconformidad del dicho del testigo en relación con lo establecido en el acta 003 de 2009, debido a que en el expediente no obraba esa prueba, lo que lo imposibilitaba para hacer algún pronunciamiento al respecto, razón por la cual no se configuró el defecto fáctico ante tal impedimento.

En relación con la no contestación de la demanda de nulidad y restablecimiento del derecho por la parte pasiva, si bien esa Sección advirtió el yerro procesal producido por el juez a quo al afirmar que la Contraloría había contestado la demanda cuando en realidad alegó de conclusión, esta circunstancia no enerva la decisión proferida por el Tribunal, pues dicho fallo correspondió al análisis de los cargos de nulidad en confrontación con el sentido y contenido de la actuación administrativa aportada al expediente, lo que dio lugar a la desestimación de las pretensiones, de tal manera que aun cuando hubiera sido reconocida la falta de contestación, como en efecto sucedió, la decisión censurada en nada variaría.

En consecuencia, insta a que declare la improcedencia del amparo reclamado.

1.5.2. Por su parte el apoderado de la Contraloría de Bogotá, D.C. mediante informe de 19 de febrero de 2019, señala que se debe declarar la improcedencia de la acción de tutela, dado que no se cumplen los requisitos para que se configure la vía de hecho por defecto fáctico, pues la accionante no logró desvirtuar la presunción de legalidad de los actos administrativos acusados.

Respecto a la indebida valoración probatoria alegada por la accionante, estima que no tiene asidero alguno, pues tal y como se señaló en la sentencia censurada, la parte actora guardó silencio en primera instancia respecto de la supuesta falta de los antecedentes administrativos, y como el mecanismo excepcional de la tutela no permite sanear la carga que tenía la demandante de probar en el proceso contencioso las causales de nulidad alegadas en la demanda para desvirtuar la presunción de legalidad de los actos atacados, cosa que no aconteció, no resulta procedente concluir que se hubiese incurrido en una deficiente valoración probatoria.

2. Consideraciones

2.1. Competencia

De acuerdo con el numeral 5.º del Artículo 2.2.3.1.2.1. del Decreto 1983 de 2017, según el cual «Las acciones de tutela dirigidas contra los Jueces o Tribunales serán repartidas, para su conocimiento en primera instancia, al respectivo superior funcional de la autoridad jurisdiccional accionada», esta Sala es competente para conocer del presente asunto.

2.2. Problema jurídico

Se contrae a determinar si la sentencia de 16 de agosto de 2018, proferida por la Sección Quinta del Consejo de Estado –Descongestión, se incurrió en un defecto fáctico por la valoración defectuosa del material probatorio, y si, como consecuencia de ello, se afectaron los derechos fundamentales al debido proceso, de acceso a la administración de justicia y al trabajo de la señora Diana Marient Daza Quintero.

2.3. De la procedencia excepcional de la acción de tutela contra providencias judiciales

La acción de tutela fue prevista en el artículo 86 de la Constitución Política de Colombia como un medio a través del cual toda persona puede reclamar ante los jueces, mediante un procedimiento preferente y sumario, por sí misma o por quien actúe en su nombre, la protección inmediata de sus derechos fundamentales «cuando quiera que estos resulten vulnerados o amenazados por la acción u omisión de cualquier autoridad pública».

El Decreto 2591 de 1991 reglamentó su ejercicio y estableció en sus artículos 11, 12 y 40 la posibilidad de utilizar la acción de tutela para controvertir sentencias judiciales ejecutoriadas, artículos que posteriormente fueron declarados inexequibles por la Corte Constitucional en la sentencia C-543 de 1992, al considerarse que atentaban contra los principios de la cosa juzgada y la seguridad jurídica, además de trasgredir la autonomía e independencia judicial, así como las normas de competencia fijadas por la Constitución.

Sin embargo, dentro de la ratio decidendi de dicha sentencia, se abrió la posibilidad de manera excepcional y como mecanismo transitorio de protección, de utilizar la acción de tutela en casos en que «el juez incurriera en dilaciones injustificadas, actuaciones de hecho que desconozcan derechos fundamentales o cuando la decisión pueda causar un perjuicio irremediable», hipótesis frente a las que, señaló la Corte, no puede hablarse de atentado contra la seguridad jurídica de los asociados.
En este entendido, la jurisprudencia constitucional ha evolucionado en torno a la consideración de la procedencia excepcional de la acción de tutela contra providencia judicial, desarrollando diferentes reglas para su estudio, consolidadas en la sentencia C-590 de 2005, en la que se hace distinción entre causales genéricas, aquellas que hacen referencia a los requisitos que posibilitan la interposición de la acción, y causales específicas de procedibilidad, que persiguen verificar la procedencia misma del amparo una vez cotejada la validez de su interposición.

De esta forma, se señalaron como causales genéricas de procedencia las siguientes: (i) que la cuestión que se discuta resulte de evidente relevancia constitucional; (ii) que se hayan agotado todos los medios ordinarios y extraordinarios de defensa judicial al alcance de la persona afectada, salvo que se trate de evitar la consumación de un perjuicio irremediable; (iii) que se cumpla el requisito de la inmediatez, contado a partir del hecho que originó la vulneración; (iv) que cuando se trate de una irregularidad procesal, se señale de manera clara que esta tiene un efecto decisivo o determinante en la sentencia que se impugna y que afecta los derechos fundamentales de la parte actora; (v) que ésta identifique de manera razonable tanto los hechos que generaron la vulneración así como los derechos vulnerados y que se hubiere alegado en el proceso judicial siempre que hubiere sido posible; y (vi) que no se trate de sentencias de tutela.

El Consejo de Estado en sentencia del 31 de julio de 2012, unificó su jurisprudencia en torno a la procedibilidad excepcional de la acción de tutela contra providencias judiciales, admitiendo que debe acometerse el estudio de fondo, cuando se esté en presencia de providencias judiciales que resulten violatorias de derechos fundamentales relacionados con el acceso a la administración de justicia, el debido proceso y el derecho de defensa, observando para ello los parámetros fijados por la ley y la jurisprudencia.

Asimismo, como garantía del principio de la seguridad jurídica, en sentencia de 5 de agosto de 2014 acogió un plazo de seis (6) meses, contados a partir de la notificación o ejecutoria de la sentencia, según el caso, como tiempo razonable para determinar si la acción de tutela contra providencias judiciales se ejerce oportunamente, término de inmediatez que debe considerarse en cada caso concreto, de acuerdo con los parámetros señalados para el efecto por la Corte Constitucional.

2.3.1 Los requisitos de procedencia en el caso concreto

La Sala considera que el asunto bajo examen es de amplia relevancia constitucional, debido a que se alega la afectación de derechos fundamentales al acceso a la administración de justicia, al debido proceso y al trabajo, presuntamente vulnerados en el marco de un trámite judicial, por parte de la Sección Quinta -Descongestión del Consejo de Estado.

En ese mismo sentido, se cumple el requisito de inmediatez, en tanto la sentencia acusada proferida por Sección Quinta -Descongestión del Consejo de Estado, data de 16 de agosto de 2018 y la presente acción de tutela fue interpuesta el 14 de enero de 2019, según la constancia de reparto vista en el folio 39, es decir, dentro del término que ha sido dispuesto por esta Corporación como inmediato para acudir al juez constitucional cuando se pretenden discutir providencias judiciales.

Por último, el presente medio de amparo cumple con el requisito de subsidiariedad, teniendo en cuenta que la providencia acusada resolvió el recurso de apelación elevado contra la sentencia de primera instancia de 19 de julio de 2012, proferida por la Sección Primera, Subsección B del Tribunal Administrativo de Cundinamarca, por lo que se entiende agotada esa vía de contradicción, al paso que no se refiere a una sentencia dictada dentro de un proceso de tutela.

Defecto fáctico

Respecto del «defecto fáctico» la sentencia C-590 de 2005, señaló que este surge cuando «el juez carece del apoyo probatorio que permita la aplicación del supuesto legal en el que se sustenta la decisión», concepción doctrinal que ha sido ampliamente desarrollada por la jurisprudencia constitucional, a partir de la cual se ha señalado que este supuesto de procedibilidad es uno de los más exigentes para su comprobación como causal de procedencia de la acción de tutela contra providencias judiciales, toda vez que la valoración probatoria es uno de los campos donde se expresa en mayor medida el ejercicio de la autonomía e independencia judicial.

Bajo este contexto, la Corte Constitucional señaló de manera primigenia tres casos que daban origen al defecto fáctico; sin embargo, a modo de desarrollo jurisprudencial se han planteado la existencia de dos dimensiones que dan origen al defecto, que a su vez se traducen en otras modalidades de configuración, agrupadas en la sentencia T-923 de 2013, de la siguiente forma: a) Dimensión negativa, que ocurre por la valoración defectuosa del material probatorio debidamente allegado al plenario, el cual se da cuando: (i) el funcionario judicial niega la práctica del medio probatorio solicitado, (ii) no ordena el que debía recaudar de oficio u (iii) omite la valoración de elementos de juicio determinantes para identificar la veracidad de los hechos analizados y sin razón valedera da por no probado el hecho o la circunstancia que de la misma emerge; y, b) dimensión positiva, por desconocimiento de las reglas de la sana crítica en la apreciación de los medios de prueba que conducen a valorarlos de manera arbitraria, irracional y caprichosa, que se da cuando: (i) el funcionario judicial fundamenta su determinación en elementos de juicio que no le es permitido considerar porque fueron indebidamente recaudados, son totalmente inconducentes al caso concreto, o se trata de pruebas nulas de pleno derecho y, del mismo modo, (ii) cuando se apoya la decisión judicial en material probatorio que no permite llegar a la certeza sobre el supuesto fáctico del cuál parte la conclusión del fallador.

La Corte ha concluido que para que el yerro en la apreciación probatoria configure un defecto fáctico, «el error en el juicio valorativo de la prueba debe ser de tal entidad que sea ostensible, flagrante y manifiesto, y el mismo debe tener una incidencia directa en la decisión».

2.4. Hechos probados

La Sala extrae del expediente de nulidad y restablecimiento del derecho, los siguientes elementos de prueba:

El 2 de marzo de 2010 la señora Diana Marient Daza Quintero, a través de apoderado, radica demanda de nulidad y restablecimiento del derecho cuyo objeto es determinar, en sede contenciosa, la legalidad de los actos administrativos contenidos en los siguientes documentos:

1) Auto de 12 de febrero de 2007, mediante el cual se revocó el auto No. 001 de 19 de enero de 2007 proferido por la Subdirectora del Proceso de Responsabilidad Fiscal por el cual se ordenó el archivo del proceso de responsabilidad fiscal No. 50100-045 de 2006.

2) Fallo 006 de 26 de febrero de 2009 proferido por el Subdirector del Proceso de Responsabilidad Fiscal de la Contraloría de Bogotá, por medio del cual se declaró responsable fiscal a la señora Diana Marient Daza Quintero.

3) Auto de 10 de agosto de 2009, a través del cual se resolvió el recurso de apelación y un grado de consulta en el sentido de confirmar el fallo con responsabilidad recurrido.

La Sección Primera, Subsección B del Tribunal Administrativo de Cundinamarca, admitió la demanda por auto de 18 de marzo de 2010, en el mismo ordenó oficiar a la Contraloría de Bogotá, D.C. con el fin de remitir copia integral y auténtica de la totalidad de los antecedentes administrativos que dieron origen a los actos administrativos cuya nulidad se pretende (folios 162 a 167).

Mediante Auto de 20 de mayo de 2010, el Tribunal fijó como caución la suma de ciento noventa y seis millones ciento noventa y seis mil quince pesos ($196.196.15) y, seguidamente, reitera la orden de oficiar a la Contraloría para que anexe copia integral de los antecedentes administrativos (folios 192 a 194).

A través de oficio FI.10-425 de 1.º de junio de 2010, la secretaria del despacho solicita a la Contraloría de Bogotá, remitir los antecedentes administrativos que dieron origen al fallo 006 de 26 de febrero de 2009, de los autos de 29 de mayo y 10 de agosto de 2009, así como del auto de 12 de febrero de 2007 (folio 203). A través de oficio FI.10-425 de 1.º de junio de 2010, la secretaria del despacho solicita a la Contraloría de Bogotá, remita los antecedentes administrativos que dieron al fallo 006 con o sin responsabilidad fiscal de 26 de febrero de 2009, los autos de 29 de mayo y 10 de agosto de 2009, así como el auto de 12 de febrero de 2007 (folio 203).

La Contraloría de Bogotá, D.C. a través de oficio 201047145 de 21 de junio de 2010 da respuesta al requerimiento hecho por la Sección Primera, Subsección B del Tribunal Administrativo de Cundinamarca (folios 209 a 269).

El 22 de julio de 2010, la secretaria del Tribunal señala que «A folio 209 obra respuesta al oficio FI-10-425 por el cual la Contraloría de Bogotá incorpora al expediente los antecedentes administrativos del acto demandando» (folio 272).

El Tribunal abrió el proceso a pruebas mediante auto de 29 de julio de 2010, en el que se deja constancia de lo siguiente: i) se tienen como pruebas las aportadas con la demanda, poniendo de presente que no se allegaron con ella el fallo 006 de 26 de febrero de 2009 y los autos de 29 de mayo y 10 de agosto de 2009, ii) Denegó la solicitud de recepción de los testimonios del señor Juan Manuel Ospina y la señora Hilda Lucía Parra, al considerar que si bien en la demanda se adujo que se desconocía su dirección, los aportaría una vez fuera admitida la demanda, lo que no sucedió, iii) a pesar de que la Contraloría fue notificada de la admisión de la demanda y actuó en el proceso a través de la interposición de varios memoriales, no contestó la demanda, por lo que no hubo lugar a decretar pruebas (folios 273 a 274).

El apoderado de la demandante interpuso el 6 de agosto de 2010, recurso de apelación contra el auto de pruebas en cuanto a los testimonios, y respecto del dicho del Tribunal sobre la omisión de la demandante de aportar el fallo 006 de 2009 y el auto de 10 de agosto de la misma anualidad, señaló que la parte pasiva los aportó como consta a folio 209, por lo que deben ser tenidos en cuenta como prueba aun cuando no se hayan aportado; a renglón seguido sostuvo que «la necesidad del aporte de los actos demandados tiende a la demostración de la existencia de los mismos, lo cual, en el presente proceso está claramente demostrado con los antecedentes administrativos allegados al proceso por la demandada» (folios 275 y 276).

Por medio de auto de 19 de agosto de 2010, la Sección Primera, Subsección B del Tribunal Administrativo de Cundinamarca, concedió en el efecto suspensivo ante el Consejo de Estado, el recurso de apelación interpuesto por el apoderado judicial de la parte actora (f. 278).

El 10 de marzo de 2011 dicho recurso fue desatado por auto de la Sección Primera del Consejo de Estado, en el cual dispuso que el Tribunal proveyera lo necesario para la recepción de los testimonios solicitados (f. 21 cuaderno 2).

El Tribunal a través de auto de 15 de septiembre de 2011, da cumplimiento a lo resuelto por el Consejo de Estado, y decreta los testimonios del señor Juan Manuel Ospina y la señora Hilda Lucía Parra. El testimonio de la señora Parra fue practicado el 25 de octubre de esa misma anualidad; por su parte el señor Ospina no concurre, por lo que se fijan como nuevas fechas el 7 de febrero y 13 de marzo de 2012, y ante la reiterada insistencia, el Tribunal en auto de 22 de marzo de 2012, resuelve prescindir de citarlo nuevamente ante la no justificación de la inasistencia.

El 19 de julio de 2012, la Sección Primera, Subsección B del Tribunal Administrativo de Cundinamarca, dicta sentencia en la que niega las pretensiones de la demanda, (ff. 331 a 355); interpuesta la apelación, el 14 de agosto de 2012 (ff. 357 a 370), la Sección Quinta –Descongestión en providencia de 16 de agosto de 2018, resuelve confirmar la decisión del a quo.

2.5. Análisis de la Sala

El argumento central de la acción de tutela presentada contra la sentencia proferida el 16 de agosto de 2018 por la Sección Quinta -Descongestión del Consejo de Estado, mediante la cual se negaron las pretensiones de la demanda de nulidad y restablecimiento del derecho interpuesta en contra de la Contraloría de Bogotá, se funda en la indebida valoración probatoria que llevó a proferir un fallo sin la consideración de la totalidad de los elementos probatorios, entre ellos los antecedentes administrativos que no fueron arrimados completos al proceso, circunstancia que impidió demostrar con certeza la ilegalidad de los actos administrativos demandados, lo cual redundó en la presunta configuración de una vía de hecho por defecto fáctico, y la consecuente vulneración de sus derechos fundamentales al debido proceso, acceso a la administración de justicia y derecho al trabajo.

Las falencias probatorias alegadas corresponden a:

1. La omisión de evaluar los antecedentes administrativos «solicitados en la demanda y reiterados en el recurso de apelación».
2. Omisión en la contradicción del testimonio rendido por el señor Edilberto Tovar Duero, almacenista y el contenido en el Acta No. 003 de 2009.
3. La omisión de imponer sanciones a la Contraloría por no contestar la demanda de nulidad y restablecimiento del derecho conforme a las previsiones contenidas en el artículo 267 del CCA, vigente para el momento de los hechos.

1) Omisión de evaluar los antecedentes administrativos solicitados en la demanda y reiterados en el recurso de apelación. El principal motivo de inconformidad de la accionante consiste en que la Sección Quinta -Descongestión del Consejo de Estado dictó sentencia sin evaluar los antecedentes administrativos que hacían parte integral de los actos demandados, prueba que fuera solicitada y decretada por el a quo, sin que fuera atendido dicho pedimento por la Contraloría de Bogotá.

Frente a este particular, la Sección Quinta precisó que respecto al cargo relativo a la «falta de pruebas a cargo de la parte pasiva, nunca fue develado en el curso de la primera instancia por lo que no es dable definir en sede de apelación que el Tribunal erró al omitir deber alguno al momento de estudiar y apreciar las pruebas obrantes en el expediente», lo que dio lugar a que en forma extemporánea elevara tal pedimento.

La accionante cuestiona tal conclusión, acudiendo al recurrente argumento de que omitir un pronunciamiento de fondo sin tomar en cuenta la información contenida en los antecedentes administrativos, vulnera su derecho al debido proceso por falta de valoración probatoria, por cuanto era deber del juez natural analizar la totalidad de las pruebas con el fin de tener un panorama completo que lo conduciría a decidir en justicia. Así, insiste en que los jueces están investidos del deber funcional de decretar pruebas de oficio, «facultad oficiosa que propende a esclarecer puntos oscuros o difusos del litigio y se decreta por el juez fuera del término probatorio […]».

Conforme a lo expuesto, la Sala comparte en su integridad el criterio de la Sección Quinta, relativo a la extemporaneidad en el reclamo de la accionante ante la supuesta falta de valoración probatoria, en esa sede, de los antecedentes administrativos, como pasa a exponerse:

De las piezas probatorias contenidas en el expediente del proceso de nulidad y restablecimiento del derecho, se señala que en distintos momentos procesales se advirtió que la Contraloría en cumplimiento al requerimiento hecho por la Sección Primera, Subsección B del Tribunal Administrativo de Cundinamarca, a través de oficio FI-10-425 de 1.° de julio de 2010, aportó al expediente «los antecedentes administrativos del acto demandado», de lo que da cuenta la constancia secretarial de 22 de julio de 2010, así como el auto de 29 de julio de la misma anualidad que abre a pruebas, en el que se pone de presente que la demandante no aportó con la demanda el fallo 006 de 26 de febrero, el auto de 29 de mayo, y el auto de 10 de agosto todos del 2009, providencia en la que además se denegó la solicitud de práctica del testimonio de los señores Juan Manuel Ospina e Hilda Lucía Parra.

Resulta oportuno mencionar que el apoderado de la demandante en la fundamentación del recurso de apelación del auto que abre a pruebas, aduce que si bien los actos no fueron aportados con la demanda, ellos fueron allegados por la parte pasiva, y concluye que en virtud del «principio de Acceso a la Justicia, Economía Procesal y Lealtad Procesal hacen parte integral del cuaderno principal y deben ser tenidas como prueba». Ahora, en relación con los antecedentes administrativos, se limita a manifestar que «la necesidad de aporte de los actos demandados tiende a la demostración de la existencia de los mismos, lo cual, en el presente proceso está claramente demostrados con los antecedentes administrativos allegados al proceso por la demandada».

Considera la Sala que, además de haber tenido la accionante la oportunidad de aportar con la demanda todos los documentos que hubiera considerado conducentes para demostrar sus pretensiones, desdeñó la oportunidad que ofrecía la sustentación del recurso de apelación para advertir la carencia de los antecedentes que alega fueron omitidos, y que como se constata en el expediente, no se aprovechó.

Cabe mencionar que la jurisprudencia constitucional ha precisado que si existiendo el medio judicial de defensa, el interesado deja de acudir a él, no podrá posteriormente acudir a la acción de tutela en procura de obtener la protección de un derecho fundamental, en sentencia T-245 de 2018 la Corte Constitucional señaló:

Quien no ha hecho uso oportuno y adecuado de los medios procesales que la ley le ofrece para obtener el reconocimiento de sus derechos o prerrogativas se abandona voluntariamente a las consecuencias de los fallos que le son adversos. De su conducta omisiva no es responsable el Estado ni puede admitirse que la firmeza de los proveídos sobre los cuales el interesado no ejerció recurso constituya transgresión u ofensa a unos derechos que, pudiendo, no hizo valer en ocasión propicia. Es inútil, por tanto, apelar a la tutela, cual si se tratara de una instancia nueva y extraordinaria, con el propósito de resarcir los daños causados por el propio descuido procesal.

Así las cosas, para la Sala no es de recibo que la accionante pretenda acudir a la acción de tutela cuando resulta evidente que contó con los mecanismos ordinarios de defensa judicial para satisfacer las pretensiones de esta tutela, pues debió haber aportado en el proceso ordinario los antecedentes administrativos en las oportunidades procesales debidas, a efecto de que el fallador se pronunciara sobre el extremo de la litis dejado de analizar; por lo demás, al juez de tutela le está vedado intervenir en el asunto, pues la instancia constitucional no puede ser considerada como un medio para subsanar la falta de cuidado de las partes en acudir a los medios ordinarios dispuestos por el ordenamiento jurídico para hacer valer sus derechos en el proceso ordinario respectivo, como tampoco para dilucidar la configuración de un defecto fáctico inexistente, y aún menos, para convertirla en una tercera instancia.

2) Omisión de valoración probatoria de la pretendida contradicción del testimonio rendido por el almacenista, señor Edilberto Tovar Duero, y el dicho contenido en el Acta No. 003 de 2009. Sobre este punto la accionante sostiene que la valoración probatoria del Acta 003 de 2009, resultaba importante para aclarar una prueba anterior del mismo declarante, que tendría incidencia directa en la reapertura del proceso de responsabilidad fiscal archivado a su favor.

Respecto a este testimonio la Sección Quinta sostuvo que «le asistía razón al a quo al momento de definir que en relación con la presunta contradicción del señor EDILBERTO TOVAR DUERO en el testimonio por él rendido y lo expresado en el acta no. 003 de 2009, no era posible materialmente hacer algún tipo de pronunciamiento al respecto», al comprobar que al proceso no fue aportada el acta en mención, razón por la cual al Tribunal le resultaba imposible analizar la acusación expuesta en la demanda. En consecuencia, no hay lugar a imputar omisión alguna por este motivo al juez a quo al decidir la demanda de nulidad y restablecimiento del derecho.

De esta manera, a la tutelante no le es dable desconocer esa realidad probatoria aduciendo un supuesto «defecto fáctico», cuando dicha prueba no fue allegada por sí misma en la oportunidad procesal señalada para el efecto.

Para la Sala es claro que la demandante tenía la obligación de aportar en primera instancia el Acta No. 003 de 2009, y como no la allegó en esa oportunidad, sin ninguna justificación, no puede pretender ahora subsanar su propio yerro.

Esa prueba no se podía tener en cuenta por parte de la Sección Quinta, ya que no se aportó al proceso en la oportunidad establecida en el numeral 5º del artículo 137 del Código Contencioso Administrativo, es decir, con la demanda, la cual debe contener todo el acervo probatorio que la parte demandante pretende hacer valer en el proceso.

ARTICULO 137. CONTENIDO DE LA DEMANDA. Derogado por el artículo  HYPERLINK "http://www.secretariasenado.gov.co/senado/basedoc/ley_1437_2011_pr007.html" \l "309" 309 de la Ley 1437 de 2011. Toda demanda ante la jurisdicción administrativa deberá dirigirse al tribunal competente y contendrá:
1. La designación de las partes y de sus representantes.
2. Lo que se demanda.
3. Los hechos u omisiones que sirvan de fundamento de la acción.
4. Los fundamentos de derecho de las pretensiones. Cuando se trate de la impugnación de un acto administrativo deberán indicarse las normas violadas y explicarse el concepto de su violación.
5. La petición de pruebas que el demandante pretende hacer valer.
6. La estimación razonada de la cuantía, cuando sea necesaria para determinar la competencia.

Como quiera que en este caso la prueba del Acta No. 003 de 2009 solo fue aportada en segunda instancia por el apoderado de la accionante, con ocasión de la interposición del recurso de apelación contra la providencia proferida por la Sección Primera, Subsección B del Tribunal Administrativo de Cundinamarca ante la Sección Quinta, dicha circunstancia impedía su valoración al no ajustarse a ninguna de las condiciones contempladas en el artículo 214 del Código Contencioso Administrativo; así lo concluyó la autoridad tutelada al definir que tal pedimento no cumplía con los presupuestos consagrados en el mentado artículo, en especial el contenido en el numeral primero. Del mismo modo señaló el hecho de que no se hubiera cuestionado tal falencia en su momento, y solo hasta esa oportunidad, se hubiera echado de menos el mentado documento

Así las cosas, en lo atinente al vicio alegado de fundar la decisión en prueba insuficiente, baste anotar que, si bien los medios de convicción obrantes en el expediente ordinario no satisfacen las expectativas de la actora, ello no conlleva a que se incurra en la causal específica de procedibilidad de la acción de tutela contra providencias judiciales denominada defecto fáctico, máxime cuando no allegó la prueba dentro de la oportunidad procesal señalada para el efecto.

Para finalizar valga señalar que en Sentencia T-074 de 2018 la Corte Constitucional sostuvo:

ii) El defecto fáctico se configura por la no valoración del acervo probatorio, o su examen parcial.

Esta hipótesis se presenta cuando, al momento de resolver el caso, el juez de la causa omite medios de prueba que obraban en el expediente, ya sea porque no los percibió o, de hecho, advirtiéndolos, no los tuvo en cuenta para soportar el sentido de la decisión.

3) Omisión de valorar el indicio contra la Contraloría por no contestar la demanda de nulidad y restablecimiento del derecho conforme a las previsiones contenidas en el artículo 267 del CCA, vigente para el momento de los hechos. En lo que atañe a esta disconformidad, para la accionante el hecho de no contestar la demanda por parte de la Contraloría de Bogotá, debe generar los efectos señalados en el artículo 95 del Código de Procedimiento Civil, vigente para la época de los hechos; tal omisión se constituiría en un indicio grave en su contra, lo que conllevaría a que tal yerro diera lugar a que los hechos y pretensiones planteados por la parte demandante en el proceso de nulidad y restablecimiento del derecho, fueran valorados como ciertos.

En desarrollo de este cargo, la Sección Quinta señaló que, aun cuando no se hubiera contestado la demanda, como efectivamente aconteció, la demandante no podía solicitar la declaratoria de nulidad de los actos administrativos demandados por este simple hecho, toda vez que el análisis de los cargos de nulidad en confrontación con el sentido de la actuación administrativa aportada al expediente, fue suficiente para determinar que no era posible desvirtuar la presunción de legalidad que revestían a las decisiones administrativas; además la demandante no aportó ningún otro argumento de juicio que hubiera llevado en esa sede al convencimiento de su ilegalidad.

En efecto, para la Sala la mera circunstancia de no contestar la demanda por la parte pasiva de la litis, no implica ipso facto, que la presunción o el indicio que esta conducta implica, según la ley, conduzca a que el juez se vea impulsado a dictar sentencia desfavorable a los intereses de quien actuó de esa manera. Por tanto, la pretensión de la accionante de derivar este efecto subsidiario o paralelo al alcance de la normativa aplicable aparece fuera de todo principio hermenéutico.

Por el contrario, en el sub lite el análisis probatorio es razonable, coherente y sólido, y la sentencia tutelada se profirió con fundamento en una adecuada confrontación de los cargos de nulidad con el contenido de todas las actuaciones que reposan en él, lo que necesariamente redundó en la negación de las pretensiones planteadas en la demanda, por lo que afirmar que fue insuficiente o que la interpretación fue errada no corresponde a la realidad procesal.

En este punto, también acertó la Sección Quinta al sostener que la ausencia de contestación acusada en la apelación deviene en infundada y en nada desvirtúa la legalidad de los actos demandados.

Las anteriores consideraciones permiten desvirtuar la presunta vulneración a los derechos al debido proceso y acceso a la administración de justicia alegados por la accionante.

Finalmente, la accionante advierte sobre la inminencia de un perjuicio irremediable y la consecuente vulneración al derecho al trabajo al encontrarse actualmente inhabilitada en razón a la deficiente valoración probatoria en que incurrió la autoridad tutelada, razón por la cual está en presencia de un daño cierto.

Al respecto, la Sala resalta que conforme a los artículos 267 numeral 5.º y 268 de la Constitución, la Contraloría General de la República y las contralorías de las entidades territoriales -departamentales, municipales y distritales- desarrollan el control fiscal en Colombia, es decir, la función pública de vigilar la gestión fiscal de los servidores del Estado y de los particulares que manejen o administren recursos públicos y, conforme a tales atribuciones, tienen la potestad de establecer la responsabilidad fiscal y de imponer las sanciones que sean del caso, decisiones que, en el presente caso, fueron cuestionadas en sede contencioso administrativa infructuosamente, dado que no se probó la ilegalidad de las actos administrativos demandados.

En el asunto bajo examen, la sanción impuesta a la accionante es el resultado de una decisión administrativa, trámite en el que tuvo la oportunidad de intervenir y controvertir los hechos endilgados, sin que lograra desvirtuar la legalidad de los actos que dedujeron la responsabilidad fiscal e impusieron las sanciones pertinentes.

Si bien es cierto, la sanción impide el acceso a cargos públicos, también lo es que no vulnera el derecho al trabajo, como quiera que dicha inhabilidad es el resultado de una limitación señalada en la ley con fundamento en conductas jurídicamente reprochables llevadas a cabo por el empleado público, mas no por el desafuero de prohibirle el derecho al trabajo.

Este argumento encuentra su respaldo en la sentencia C-037 de 2018, en la que la Corte Constitucional, expresó lo siguiente:

Como lo ha señalado esta Corporación, la inhabilidad en sentido jurídico estricto es una circunstancia fáctica cuya verificación le impide al individuo acceder a determinados cargos públicos. En 2002, luego de varias decisiones judiciales sobre la materia, la Corte recopiló su jurisprudencia en los siguientes términos:

En materia de inhabilidades para acceder a cargos o funciones públicas, la Corte en reiterados pronunciamientos ha precisado puntos como los siguientes:

La posibilidad de acceder al desempeño de funciones y cargos públicos es una manifestación del derecho a participar en la conformación, ejercicio y control del poder político como derecho fundamental de aplicación inmediata (Artículos 40 y 85 de la C.P.).

Como no existen derechos absolutos, la posibilidad de acceder al desempeño de funciones y cargos públicos está sometida a límites que procuran la realización del interés general y de los principios de la función administrativa.

En ese marco, un régimen de inhabilidades no es más que la exigencia de especiales cualidades y condiciones en el aspirante a un cargo o función públicos con la finalidad de asegurar la primacía del interés general, para el que aquellos fueron establecidos, sobre el interés particular del aspirante.

Al establecer ese régimen, el legislador se encuentra habilitado para limitar el ejercicio de derechos fundamentales como los de igualdad, acceso al desempeño de cargo o función públicos, al trabajo y a la libertad de escogencia de profesión u oficio.

El legislador tiene una amplia discrecionalidad para regular tanto las causales de inhabilidad como su duración en el tiempo pero debe hacerlo de manera proporcional y razonable para no desconocer los valores, principios y derechos consagrados en el Texto Fundamental. Por lo tanto, sólo aquellas inhabilidades irrazonables y desproporcionadas a los fines constitucionales pretendidos serán inexequibles.

La inhabilidad no es una pena sino una garantía de que el comportamiento anterior no afectará el desempeño de la función o cargo, de protección del interés general y de la idoneidad, probidad y moralidad del aspirante.

Las inhabilidades intemporales tienen legitimidad constitucional pues muchas de ellas aparecen en el Texto Fundamental y el legislador bien puede, en ejercicio de su capacidad de configuración normativa, establecer otras teniendo en cuenta los propósitos buscados y manteniendo una relación de equilibrio entre ellos y la medida dispuesta para conseguirlos. (Énfasis fuera de texto)

3 Conclusión

Concluye la Sala que la sentencia de 16 de agosto de 2018, proferida por la Sección Quinta -Descongestión del Consejo de Estado, no adolece de defecto fáctico, dado que la valoración de la prueba arrimada al proceso cumplió las exigencias de la sana crítica y no se probó omisión en la consideración de ninguno de los medios probatorios practicados y aportados dentro de las correspondientes oportunidades procesales. El mecanismo excepcional de protección de los derechos fundamentales, no es posible emplearlo para reabrir el debate probatorio y cuestionar la legalidad de los actos administrativos demandados mediante la acción y restablecimiento del derecho contemplada en el artículo 85 del Código Contencioso Administrativo.

Definitivamente, la acción constitucional no puede convertirse en una tercera instancia para discutir la decisión adoptada por el juez natural. En consecuencia, se denegará el amparo deprecado.

En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Segunda, Subsección A administrando justicia en nombre de la República de Colombia y por autoridad de la ley,

Falla

DENIÉGASE el amparo de tutela solicitado por la señora Diana Marient Daza Quintero, conforme a la parte considerativa que antecede.

En caso de que no fuere impugnada esta providencia, devuélvase al despacho de origen el expediente de nulidad y restablecimiento del derecho radicado 25000-23-24-000-2010-00096-01, remitido a esta Corporación en calidad de préstamo.

Dentro de los diez (10) días siguientes a la ejecutoria de esta providencia, remítase el expediente a la Honorable Corte Constitucional para su eventual revisión.

Cópiese, notifíquese y cúmplase.

La anterior providencia fue estudiada y aprobada por la Sala en sesión de la fecha.

WILLIAM HERNÁNDEZ GÓMEZ GABRIEL VALBUENA HERNÁNDEZ

RAFAEL FRANCISCO SUÁREZ VARGAS
Si bien la accionante no precisa esta pretensión en la solicitud de tutela, del texto del mismo se extrae que la solicitud va orientada a obtener dicha decisión.
CONSEJO DE ESTADO, Sala Plena «Acuerdo entre las Secciones Primero y Quinta del Consejo de Estado».
“Acta de ajuste suscrita entre el almacenista y la Universidad Distrital sobre el cumplimiento del Convenio 091 de 2005”.
Folios 49 a 53 cuaderno de tutela.
Folios 209 a 269 cuaderno de nulidad y restablecimiento del derecho.
Visible a folios 54 a 56.
Reiteradas en la sentencia SU-813 de 2007 y SU-913 de 2009.
CONSEJO DE ESTADO, Sala Plena de lo Contencioso Administrativo. C.P. María Elizabeth García González, expediente radicado 11001-03-15-000-2009-01328-01(IJ).
CONSEJO DE ESTADO. Sala Plena de lo Contencioso Administrativo. C.P. Jorge Octavio Ramírez, expediente radicado 11001-03-15-000-2012-02201-01 (IJ).
SU-159 de 2002, T-102 de 2006, T-310 de 2009 y T-923 de 2013, entre otras.
(i) omisión en el decreto y práctica de las pruebas; (ii) valoración errada de las mismas; y (iii) valoración de las que resultan nulas de pleno de derecho.
Sentencias T-567 de 1998, T-310 de 2009 y T-590 de 2009, entre otras.
Folios 2 a 29 cuaderno de nulidad y restablecimiento del derecho.
Solicitud de fijar caución dentro del proceso (folio 179) y, la respuesta al oficio FI-No. 10-425 de 1.º de junio de 2010 (folio 209 a 269).
Folio 203.
Folio 272.
Folio 273.
Folio 275.
Ver también Sentencias T-520 de 1992 M.P. Dr. José Gregorio Hernández Galindo, T-1698 de 2000 M.P. Dra. MARTHA VICTORIA SÁCHICA MÉNDEZ, T-1071 de 2000 y T- 784 de 2000 M.P. Dr. VLADIMIRO NARANJO MESA, T-874 de 2000 M.P. Dr. EDUARDO CIFUENTES MUÑOZ.

En el Informe la Magistrada Rocío Araújo Oñate señala que la formulación de la presente acción desnaturaliza el mecanismo excepcional que constituye la acción de tutela y quebranta el principio de relevancia constitucional, en la medida que se pretende generar una instancia adicional además de las dos que ya agotó, con la sola finalidad de discutir la legalidad de los fallos de responsabilidad fiscal dictados en su contra.

ARTICULO 214. PRUEBAS EN SEGUNDA INSTANCIA. Derogado por el artículo  HYPERLINK "http://www.secretariasenado.gov.co/senado/basedoc/ley_1437_2011_pr007.html" \l "309" 309 de la Ley 1437 de 2011.  Cuando se trate de apelación de sentencia, las partes podrán pedir pruebas, que se decretarán únicamente en los siguientes casos:
1. Cuando decretadas en la primera instancia, se dejaron de practicar sin culpa de la parte que las pidió, pero sólo con el fin de practicarlas o de cumplir requisitos que les falten para su perfeccionamiento.
2. Cuando versen sobre hechos acaecidos después de transcurrida la oportunidad para pedir pruebas en primera instancia, pero solamente para demostrar o desvirtuar estos hechos.
3. Cuando se trate de documentos que no pudieron aducirse en la primera instancia por fuerza mayor o caso fortuito o por obra de la parte contraria.
4. Cuando con ellas se trate de desvirtuar los documentos de que trata el numeral anterior.

ARTÍCULO 95. FALTA DE CONTESTACION DE LA DEMANDA. Artículo derogado por el literal c) del artículo 626 de la Ley 1564 de 2012. La falta de contestación de la demanda o de pronunciamiento expreso sobre los hechos y pretensiones de ella, o las afirmaciones o negaciones contrarias a la realidad, serán apreciadas por el juez como indicio grave en contra del demandado, salvo que la ley le atribuya otro efecto.
CORTE CONSTITUCIONAL. M.P. Cristina Pardo Schlesinger

CORTE CONSTITUCIONAL. Sentencia C-925-01.

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