Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Primera, radicado 11001-03-15-000-2019-00011-00
Consejo de Estado · Sección Primera
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Consejo de Estado · Sección Primera
Acción de tutela contra providencia judicial
Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Primera, radicado 11001-03-15-000-2019-00011-00
Consejo de Estado · Sección Primera
República de Colombia
Consejo de Estado
Sección Primera
Radicado 11001-03-15-000-2019-00011-00
Consejero ponente: Roberto Augusto Serrato Valdés
28 de febrero de 2019
ACCIÓN DE TUTELA CONTRA PROVIDENCIA JUDICIAL / AUSENCIA DE DEFECTO FÁCTICO - Adecuada valoración de acto administrativo que demuestra el pago de mesadas pensionales / AUSENCIA DE DEFECTO SUSTANTIVO - Adecuada aplicación normativa / IMPOSIBILIDAD DE EJECUTAR CONDENA JUDICIAL - Por encontrarse probada la excepción de pago de la obligación / AUSENCIA DE VULNERACIÓN DE DERECHOS FUNDAMENTALES
[L]a Sala acoge el criterio sostenido por el Tribunal accionado, en el sentido de considerar que lo dispuesto en el acto de cumplimiento, Resolución No. RDP 044259 del 24 de septiembre de 2013, daba cumplimiento a la obligación contenida en el título la sentencia de 16 de septiembre de 2011 (…) En segundo lugar, advierte la Sala que, a juicio de la parte actora, el medio probatorio utilizado por el Tribunal accionado para concluir que se configuró la excepción de pago, no es el idóneo y, adicionalmente, desconoce el hecho consistente en que la prueba del pago de una obligación se demuestra con un soporte documental que acredite que el beneficiario recibió el mismo. Al respecto, para la Sala tampoco es de recibo aquel argumento, si se tiene en cuenta que, durante el trámite surtido en primera instancia, de conformidad con la certificación de 5 de abril de 2017, expedida por el Fondo de Pensiones Públicas de Nivel Nacional FOPED, el a quo encontró demostrado el pago que recibió la señora [M.T.G], desde el mes de junio de 2004, hasta la fecha de su fallecimiento en el mes de octubre de 2015, al tenor de lo dispuesto en las Resoluciones 24302 de 2002, 23999 de 2004 y 044259 de 2013 (…) Ahora bien, a pesar de la alegada inconformidad con la prueba que demuestra el pago del concepto de mesada pensional reconocido de conformidad con la Resolución 044259 de 2013, el apoderado judicial de la señora [M.T.G] no recurrió la anterior providencia y guardó silencio durante el termino concedido por el ad quem para presentar alegatos de segunda instancia. Así, el mecanismo de amparo no constituye ni la oportunidad o la etapa procesal para que el ahora accionante pretenda reabrir el debate probatorio concluido. En efecto, a través de la acción de tutela no se puede pretender abrir nuevamente el debate procesal surtido en el proceso ejecutivo, para proponer cuestionamiento cuya oportunidad procesal finalizó (…) Con base en lo anterior, la Sala considera que la hermenéutica utilizada por el Tribunal accionado para declarar “[…] probada la excepción de "Inexistencia de la obligación por pago […]” es acertada y se ajusta a derecho, en tanto que la autoridad judicial no se apartó de la Constitución o la ley al elegir las normas jurídicas pertinentes a un caso concreto, con miras a interpretar e integrar el marco normativo y determinar su forma de aplicación.
FUENTE FORMAL: LEY 1564 DE 2012 – ARTÍCULO 422 / DECRETO 2591 DE 1991 – ARTÍCULO 36
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN PRIMERA
Consejero ponente: ROBERTO AUGUSTO SERRATO VALDÉS
Bogotá, D. C., veintiocho (28) de febrero de dos mil diecinueve (2019)
Radicación número: 11001-03-15-000-2019-00011-00(AC)
Actor: JUAN PABLO GÓMEZ TOVAR
Demandado: TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DE CUNDINAMARCA, SECCIÓN SEGUNDA, SUBSECCIÓN “D”
La Sala decide la acción de tutela interpuesta por el señor Juan Pablo Gómez Tovar en contra del Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Segunda, Subsección “D”, con ocasión de las providencias de 12 de abril y 20 de septiembre de 2018, proferidas por esa Corporación judicial.
LA SOLICITUD DE TUTELA
El señor Juan Pablo Gómez Tovar, por intermedio de apoderado judicial y en calidad de sucesor procesal de la señora Marta Tovar de Gómez, promovió acción de tutela en contra del Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Segunda, Subsección “D”, con miras a obtener la protección de sus derechos fundamentales “[…] al debido proceso, el acceso a la administración de justicia, a la seguridad social, al principio de interpretación favorable en materia laboral y a la aplicación del precedente jurisprudencial […]”, los cuales consideró vulnerados con ocasión de las providencias de 12 de abril y 20 de septiembre de 2018, proferidas por esa Corporación judicial, dentro de la acción ejecutiva con radicado. 11001-33-35-013-2015-00728-00, promovida por la señora Marta Tovar de Gómez, en contra de la Unidad Administrativa Especial de Gestión Pensional y Contribuciones Parafiscales de la Seguridad Social - UGPP.
HECHOS
De conformidad con lo planteado por el accionante, los hechos que motivan la solicitud de amparo se contraen, en síntesis, a lo siguiente:
Mediante Resolución 24302 de 2002, la Caja Nacional de Previsión Social, en adelante CAJANAL, reconoció pensión de vejez a la señora Martha Cecilia Tovar de Gómez en cuantía de $1.369.516.60 mensuales.
A través de Resolución 23999 del 12 de noviembre de 2004, CAJANAL E.I.C.E., ajustó la anterior prestación jubilatoria a la suma de $1.765.934.89, con efectividad a partir del 15 de junio de 2004.
La señora Marta Tovar de Gómez interpuso demanda de nulidad y restablecimiento del derecho en contra de CAJANAL E.I.C.E., con el fin de que le fuera reajustada la pensión de jubilación reconocida en las precitadas resoluciones, teniendo en cuenta los siguientes factores salariales: incentivo por desempeño de gestión, incentivo factor nacional, incentivo por desempeño grupal, hora extras diurnas ordinarias, horas extras nocturnas ordinarias, prima de vacaciones, prima de servicios y prima de navidad, devengados por la accionante durante el último año de servicios.
Mediante sentencia de 15 de octubre de 2010, el Juzgado Cuarto Administrativo de Descongestión del Circuito de Bogotá, accedió parcialmente a las suplicas de la demanda puesto que ordenó a la entidad condenada a reliquidar la pensión mensual de jubilación de la actora, incluyendo, de conformidad con las Leyes 33 y 62 de 1985, los siguientes factores devengados por aquella durante el último año de servicios: asignación básica, prima de antigüedad, bonificación por servicios y horas extras.
Al resolver el recurso de apelación elevado por la accionante, el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Segunda, Subsección “F”, mediante sentencia de 2 de septiembre de 2011, confirmó parcialmente la sentencia de 15 de octubre de 2010 y modificó el ordinal cuarto de la citada providencia, así:
“[…] 4°. Ordenase a título de restablecimiento del derecho, a la CAJA NACIONAL DE PREVISION SOCIAL - CAJANAL (hoy en liquidación), reliquidar y pagar la pensión mensual vitalicia de vejez de la señora MARTHA CECILIA TOVAR DE GOMEZ, identificada con la C.C. No. 20.299.576 de Bogotá, de conformidad con las Leyes 33 y 62 de 1985, es decir, con el 75% de la totalidad de los factores devengados en el último año de servicios, esto es, del 01 de junio de 2003 al 31 de mayo de 2004, factores éstos debidamente acreditados en el proceso asignación básica, incremento por antigüedad, bonificación por servicios, horas extras diurnas ordinarias, horas extras nocturnas ordinarias, las doceavas partes de la prima de vacaciones, la prima de navidad y la prima de servicios, efectiva a partir del 01 de junio de 2004 (fecha de retiro). Al instante de hacer la liquidación para cancelar los valores resultantes de lo aquí dispuesto, se tendrá en cuenta para descontar lo ya aceptado y recibido mediante el valor anteriormente reconocido. Lo anterior con el fin de evitar dobles pagos por este concepto.
En el evento de no haberse pagado la totalidad de los aportes de ley, la entidad demandada deberá realizar los descuentos a que haya lugar al momento de pagar las mesadas correspondientes […]"
Mediante escrito presentado el 15 de marzo de 2012, la señora Marta Tovar de Gómez solicitó a CAJANAL dar cumplimiento a las precitadas providencias.
Por Resolución RDP044259 de 24 de septiembre de 2013, la Unidad Administrativa Especial de Gestión Pensional y Contribuciones Parafiscales de la Seguridad Social - UGPP, reliquidó la pensión de jubilación de la señora Tovar de Gómez, en la suma de $1.685.054, a partir del 1 de junio de 2004.
La señora Marta Tovar de Gómez promovió demanda ejecutiva en contra de la UGPP, pues, a su juicio, la sentencia de 16 de septiembre de 2011, no fue acatada. En concreto, la señora Marta Tovar de Gómez reclamó que el valor reajustado de la mesada pensional debería incluir todos los factores salariales ordenados en las sentencias, cuyo cálculo comprendía la suma de $1.807.345, mientras que la UGPP de manera “inconstitucional, ilegal y arbitraria” rebajó la mesada a la cantidad de $1.685.054, lo cual ocasionó un menor ingreso mensual por la suma de $122.291.
El 7 de septiembre de 2015, la señora Marta Tovar de Gómez falleció, según lo acredita el el registro de defunción civil de 17 de septiembre de 2015, con indicativo serial 08902698.
El Juzgado Cincuenta Administrativo del Circuito de Bogotá, por providencia de 13 de mayo de 2016, resolvió “[…] LIBRAR mandamiento de pago por la vía ejecutiva en favor de la señora Martha Cecilia Tovar De Gómez en contra de la Unidad Administrativa Especial de Gestión Pensional y Contribuciones Parafiscales de la Protección Social, por las diferencias de las mesadas pensiónales, indexación e intereses moratorios reclamados en el escrito de ejecución […]”.
Por sentencia de 20 de junio de 2017, el a quo declaró infundadas las excepciones propuestas por la entidad ejecuta y ordenó seguir adelante la ejecución contra de la UGPP, “[…] por las diferencias de mesadas pensiónales desde la fecha de efectividad de la pensión 1º de junio de 2004, hasta la fecha en la cual se dejó de pagar la pensión por el fallecimiento de la ejecutante el 31 de agosto de 2015, sumas que se generaron por el error de la entidad de no haber reliquidado la pensión de la ejecutante, teniendo en cuenta a totalidad de valores certificados correspondientes a los factores salariales ordenados en las sentencias que sirven de título ejecutivo, de igual manera se seguirá adelante con la ejecución por la indexación de las diferencias de las mesadas pensiónales causadas hasta Ia ejecutoria de las sentencias y por los intereses moratorios que se han causado por el pago tardío de la condena en los términos del artículo 177 del C.C.A., y de la providencia C-188 de 1999, los cuales deberán liquidarse desde el día siguiente de la ejecutoria de las condenas -19 de octubre de 2011 y hasta la fecha en que se paguen las diferencias de las mesadas pensiónales, de acuerdo con lo expuesto en precedencia […]”.
Al resolver el recurso de apelación interpuesto por la parte ejecutada, mediante auto de 12 de abril de 2018, notificado el 21 de agosto del mismo año, Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Segunda, Subsección “D”, revocó la sentencia de primera instancia y, en su lugar, declaró “[…] probada la excepción de "Inexistencia de la obligación por pago" conforme se explicó en la parte motiva de esta sentencia […].
Ante la anterior decisión, se elevó solicitud de aclaración y adición de aquella providencia, la cual fue negada por el Tribunal accionado, mediante auto de 20 de septiembre de 2018, notificado a las partes por estado No. 169 de 3 de octubre de 2018.
A juicio de la parte accionante las autoridades judiciales demandadas desconocieron el contenido y alcance de la orden impartida en la sentencia de 16 de septiembre de 2011, dictada por Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Segunda, Subsección “F”.
El apoderado judicial del señor Juan Pablo Gómez Tovar alegó que “[…] la unidad jurídica del título ejecutivo en el proceso coactivo de la señora Tovar de Gómez contra la UGPP está contenida en el numeral cuarto de la sentencia de 16 de septiembre de 2011 (…) y en (sic) la certificación expedida por el Jefe de Coordinación de Tesorería de la DIAN, en la que diáfanamente se deja la constancia de que los pagos realizados el 30 de junio, 19 de julio, 22 y 28 de diciembre de 2004, corresponden al último año laborado, es decir desde mayo de 2003 hasta mayo de 2004 […]”
Para sustentar esa afirmación, el demandante señaló que “[…] al desligar la certificación aludida del documento principal constitutivo del título ejecutivo - la sentencia judicial - violó el debido proceso al desconocer que "toda decisión judicial debe fundarse en las pruebas regular y oportunamente allegadas al proceso" (Artículo 164 C.G.P.) […]”.
Manifestó que al accionante se le vulneró el derecho al debido proceso, por cuanto, a su juicio, el ad quem equiparó los verbos "devengar" y "pagar", a pesar de que el primer verbo significa adquirir una retribución por razón de trabajo, servicio u otro título; mientras que el segundo, se refiere a la acción de satisfacer lo que le debe. En tal sentido, afirmó que “[…] la sentencia que contiene el título ejecutivo en el numeral cuarto de su parte Resolutiva se refirió a la “totalidad de los factores devengados en el último año de servicio” y no a los pagados en el mismo lapso […]”.
Adicionalmente, el accionante consideró que el medio probatorio utilizado por el Tribunal accionado para concluir que se configuró la excepción de pago, no es el idóneo, en tanto la entidad ejecutada que pretenda probar el pago de una obligación debe demostrar que el beneficiario recibió el mismo.
Consideró que la disminución de la mesada pensional afectó el mínimo vital de la persona pensionada y se encuentra en contravía con la prohibición prevista en el Acto Legislativo 1 de 2005 que impide la reducción del “[…] valor de la mesada pensional de las pensiones reconocidas conforme a derecho […]”.
Finalmente, precisó que la decisión cuestionada desconoce el precedente jurisprudencial contenido en la sentencia T 979 de 1999, proferida por la Corte Constitucional; y en la sentencia de 2 de febrero de 2014, proferida por la Corte Suprema de Justicia.
II. PRETENSIONES
El accionante formuló la siguiente pretensión:
“[…] se ordene a la SECCIÓN SEGUNDA, SUBSECCION “D" DEL TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DE CUNDINAMARCA, DICTAR UNA NUEVA SENTENCIA en la que se CONFIRME la “proferida por el Juzgado 509 Administrativo del Circuito Judicial de Bogotá, en la audiencia inicial del 20 de junio de 2.017 (folios 254 a 258. C.D. INCL UIDOS), que ordenó seguir adelante con la ejecución del título.”, dentro del proceso ejecutivo (Rad. No. 2015-00728-01), adelantado por la señora MARTHA CECILIA TOVAR DE GOMEZ (q.e.p.d.) contra la UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE GESTION PENSIONAL Y CONTRIBUCIONES PARAFISCALES DE LA SEGURIDAD SOCIAL UGPP […]”.
III. TRÁMITE DE LA TUTELA
El Magistrado sustanciador del proceso, mediante auto de 16 de enero de 2018, admitió la acción de tutela promovida por el señor Juan Pablo Gómez Tovar, por intermedio de apoderado judicial, en contra del Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Segunda, Subsección “D”, y vinculó como terceros con interés en los resultados del proceso al Juzgado Cincuenta Administrativo del Circuito de Bogotá, a la Unidad Administrativa Especial de Gestión Pensional y Contribuciones Parafiscales de la Protección Social UGPP y a la Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado.
IV. INTERVENCIONES
IV.1. La Unidad Administrativa Especial de Gestión Pensional y Contribuciones Parafiscales de la Protección Social – UGPP, por intermedio de apoderado judicial, solicitó se declare la improcedencia de la presente acción de tutela, en tanto “[…] las decisiones adoptadas por los jueces naturales de la causa se ajustaron al ordenamiento legal regulador de la reliquidación de pensión de vejez […]” y, adicionalmente, “[…] la parte actora no puede pretender usar la acción de tutela como una tercera instancia para revisar las decisiones adoptadas por el juez competente de lo contencioso administrativo, después de haberse agotado un procedimiento […]”.
Puso de presente que “[…] el juez natural de la causa ya se pronunció sobre el litigio haciendo un estudio profundo del caso, razón por la cual la providencia cuestionada hizo tránsito a cosa juzgada […]” y, en tal sentido, “[…] la acción de tutela no puede ser empleada como un mecanismo sustitutivo de la vía ordinaria amparado en la presunta vulneración de derechos fundamentales […]”.
Por ello, “[…] en caso de persistir el desacuerdo de la parte actora sobre lo decidido por el juez natural de Ia causa, deberá acudir ante la vía ordinaria por medio del RECURSO EXTRAORDINARIO CORRESPONDIENTE, con el fin de que la jurisdicción dirima el litigio presentado […]”.
A su juicio, el accionante no demostró la configuración de las causales genéricas y especiales para la procedencia de la acción de tutela en contra de la decisión judicial cuestionada y, “[…] por el contrario, la Unidad a través de sus actos administrativos, no ha causado daño o perjuicio irremediable y mucho menos una afectación al mínimo vital, vida digna o seguridad social en pensiones de la señora Martha Tovar De Gómez, en tanto recibió su mesada pensional C hasta su último día de vida y estuvo afiliada al Sistema de Seguridad Social en Salud, en el régimen contributivo, con la EPS SANITAS, en calidad de cotizante desde el 1 de abril de 2004, hasta la fecha de su fallecimiento […]”..
Adicionalmente indicó que, las decisiones adoptadas por los jueces naturales de la causa se ajustaron al ordenamiento legal regulador de la reliquidacíón de pensión de vejez por lo que alegó la configuración de las causales de excepción de cosa juzgada y autonomía de los jueces naturales de conocimiento.
Finalmente, considero que la parte actora no puede pretender usar la acción de tutela como una tercera instancia para revisar las decisiones adoptadas por el juez competente de lo contencioso administrativo, después de haberse agotado un procedimiento.
V.2. Las demas partes guardaron silencio.
VI. CONSIDERACIONES DE LA SALA
VI.1. Competencia de la Sala
Esta Sala es competente para pronunciarse sobre la acción de tutela promovida por el señor Juan Pablo Gómez Tovar en contra del Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Segunda, Subsección “D”, de conformidad con lo establecido en el artículo 37 del Decreto 2591 de 19 de noviembre de 1991, en concordancia con el artículo 2.2.3.1.2.1 del Decreto 1069 de 26 de mayo de 2015, modificado por el artículo 1º del Decreto 1983 de 30 de noviembre de 2017.
VI.2. Cuestión preliminar
El señor Juan Pablo Gómez Tovar, en el escrito de tutela, señaló que interpone la presente solicitud de amparo en calidad de sucesor procesal de la señora Marta Tovar de Gómez y, para tal efecto, allegó copia de su registro civil de nacimiento.
De conformidad con lo señalado en artículo 68 del Código General del Proceso, cuando uno de los litigantes de un proceso fallece, se declara ausente o interdicto, el proceso continuará con los herederos, el cónyuge, el albacea con tenencia de bienes o el correspondiente curador.
Sobre el particular, la Corte Constitucional, en la sentencia T-553 de 2012, señaló lo siguiente:
“[…] Esta figura procesal no constituye una intervención de terceros, sino un medio encaminado a permitir la alteración de las personas que integran la parte o quienes actúan en calidad de intervinientes (…) Adicionalmente, se advierte que esta institución por ser un fenómeno de índole netamente procesal, tampoco modifica la relación jurídica material, por tanto, continúa igual, correspondiéndole al funcionario jurisdiccional pronunciarse sobre ella como si la sucesión procesal no se hubiese presentado. Por eso, la sucesión procesal no entraña ninguna alteración en los restantes elementos del proceso. Además, el sucesor queda con los mismos derechos, cargas y obligaciones procesales que su antecesor. Aunque, el sucesor tiene el deber adicional de presentarse al proceso para que el juez le reconozca su calidad […]”
Adicionalmente, respecto de la calidad de heredero la Corte Constitucional ha considerado que:
“[…] Es necesario reiterar que si bien, el estado civil y la calidad de heredero son dos cuestiones diferentes, en el ordenamiento sucesoral, la vocación legal hereditaria se fundamenta en el estado civil, es decir, los nexos de parentesco son los que ligan a los herederos con el causante. En relación con la prueba de la calidad de heredero, la jurisprudencia de la Corte Suprema de Justicia ha precisado: (…) debe, pues, quien invoca el título de heredero, aportar copia del testamento, debidamente registrada, en que se le instituyo asignatario, o copia de las actas del estado civil que demuestran su parentesco con el difunto, vínculo [del] que se deriva su derecho sucesorio, pues como lo estatuye el artículo 1298 del Código Civil, la herencia queda aceptada expresamente por quien toma el título de heredero […]”
En este orden de ideas, al señor Juan Pablo Gómez Tovar le fueron sustituidos los derechos, cargas y obligaciones procesales que tenía la señora Marta Tovar de Gómez, en virtud del vínculo de parentesco madre - hijo.
VI.3. Problema Jurídico
A la Sala le corresponde establecer:
i) Si la acción de tutela presentada por el señor Juan Pablo Gómez Tovar, cumple con los requisitos generales y especiales de procedibilidad.
2) Si el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Segunda, Subsección “D”, vulneró los derechos fundamentales del accionante “[…] al debido proceso, a la administración de justicia, a la seguridad social, al principio de interpretación favorable en materia laboral y a la aplicación del precedente jurisprudencial […]”, con ocasión de las providencias de 12 de abril y 20 de septiembre de 2018, proferidas en la acción ejecutiva con radicado Nro. 11001-33-35-013-2015-00728-00, mediante la cual revocó la sentencia de 20 de junio de 2017.
Con el fin de resolver estos problemas jurídicos se harán previamente algunos planteamientos respecto de: i) los requisitos de procedencia de la acción de tutela contra providencias judiciales; ii) el defecto factico y sus presupuestos de configuración; iii) el defecto sustantivo y presupuestos para la afectación del debido proceso por desconocimiento de los precedentes jurisprudenciales; iv) el título ejecutivo cuando se solicita el cumplimiento de una sentencia; v) los requisitos del título ejecutivo; procediendo posteriormente a resolver el caso concreto, adentrándose en el fondo del asunto siempre y cuando se satisfagan los requisitos generales.
VI.3.1. Procedencia de la acción de tutela contra providencias judiciales. Requisitos generales y especiales de procedibilidad
En sentencia de 31 de julio de 2012, la Sala Plena del Consejo de Estado cambió su postura inicial y decidió asumir el estudio de fondo de las acciones de tutela dirigidas en contra de providencias judiciales violatorias de derechos fundamentales siguiendo los lineamientos dispuestos por la Corte Constitucional y su propia jurisprudencia.
Ahora bien, la sentencia C-590 de 8 de junio de 2005, proferida por la Corte Constitucional, estableció los siguientes presupuestos generales y especiales para que proceda la acción de tutela en contra de decisiones judiciales:
Como requisitos generales de procedibilidad fijó: i) la relevancia constitucional del asunto; ii) el agotamiento de todos los medios de defensa judicial, salvo la existencia de un perjuicio irremediable; iii) el cumplimiento del principio de inmediatez; iv) si se trata de una irregularidad procesal, que ésta tenga efecto decisivo en la providencia objeto de inconformidad; v) la identificación clara de los hechos causantes de vulneración y su alegación en el proceso, y vi) que la acción no se dirija contra un fallo de tutela, salvo las excepciones previstas en la sentencia SU-627 de 2015.
Como requisitos especiales de procedencia del amparo, y que permiten al juez constitucional dejar sin efectos una providencia judicial, la sentencia C-590 de 2005 estableció la existencia de los siguientes defectos: orgánico, procedimental absoluto, fáctico, material o sustantivo, error inducido, decisión sin motivación, desconocimiento del precedente y violación directa de la Constitución.
De lo expuesto, la Sala advierte que, cuando el juez constitucional conoce una demanda impetrada en ejercicio de la acción de tutela y en la que se alega la vulneración de derechos fundamentales con ocasión de la expedición de una providencia judicial, en primer lugar, debe verificar la presencia de los requisitos generales y, en segundo lugar, le corresponde examinar si en el caso objeto de análisis se configura uno de los defectos especiales ya explicados, permitiéndole de esta manera “dejar sin efecto o modular la decisión” que se encaje en dichos parámetros.
Se trata, entonces, de una rigurosa constatación de los presupuestos de procedibilidad, por cuanto resulta a todas luces necesario evitar que este instrumento excepcional se convierta en una manera de desconocer principios y valores constitucionales tales como los de cosa juzgada, debido proceso, seguridad jurídica e independencia judicial que gobiernan todo proceso jurisdiccional.
El criterio expuesto fue reiterado en pronunciamiento de la Sala Plena de la Corporación, en sentencia de unificación de 5 de agosto de 2014, radicado: 11001-03-15-000-2012-02201-01, Consejero Ponente, Jorge Octavio Ramírez Ramírez.
VI.3.2. Defecto factico y sus presupuestos de configuración
Desde una dimensión negativa, este defecto surge de las omisiones o descuidos de los funcionarios judiciales en las etapas probatorias, a saber: i) cuando sin justificación alguna no valora los medios de convicción existentes en el proceso, los cuales determinan la solución del caso objeto de análisis, ii) resuelve el caso sin tener las pruebas suficientes que sustentan la decisión, y iii) por no ejercer la actividad probatoria de oficio cuando las normas procesales y constitucionales así lo determinan.
Desde una dimensión positiva, este defecto se configura: i) cuando se evalúa y resuelve con fundamento en pruebas ilícitas, siempre que estas sean el fundamento de la providencia, y ii) cuando se adopta la determinación pertinente con fundamento en pruebas que por disposición de la ley no son demostrativas del hecho objeto de la decisión.
En síntesis, de conformidad con lo expuesto en la sentencia SU-004 de 8 de febrero de 2018, el defecto fáctico se estructura cuando la decisión judicial es producto de un proceso en el cual: i) se omitió la práctica de pruebas esenciales para definir el asunto, ii) se practicaron pero no se valoraron bajo el tamiz de la sana crítica; y iii) los medios de convicción son ilegales o carecen de idoneidad. El error debe ser palmario y que incida directamente en la decisión, puesto que el juez de tutela no puede convertirse en una tercera instancia.
VI.3.3. Defecto sustantivo y presupuestos para la afectación del debido proceso por desconocimiento de los precedentes jurisprudenciales
En lo concerniente al defecto sustantivo, la jurisprudencia ha establecido que éste se presenta cuando la decisión que toma el juez desborda el marco de acción que la Constitución y la ley le reconocen, al apoyarse en una norma evidentemente inaplicable al caso concreto, bien sea, entre otras, “[…] porque, a pesar de estar vigente y ser constitucional, no se adecua a la circunstancia fáctica a la cual se aplicó, porque a la norma empleada, por ejemplo, se le reconocen efectos distintos a los expresamente señalados por el legislador […]”.
Dicho entendimiento implica que los funcionarios judiciales tienen independencia y autonomía para elegir las normas jurídicas pertinentes a un caso concreto y determinar su forma de aplicación, pero, en todos los casos, con sujeción a la Constitución y la ley vigente en el ejercicio hermenéutico que sustente sus decisiones judiciales, en el cual, con fundamento en el artículo 230 de la Constitución Política, también concurrirá la interpretación que por vía de autoridad hayan fijado, dentro del ámbito específico y concreto de sus competencias, los órganos de cierre de cada jurisdicción, entiéndase el Consejo de Estado en la Jurisdicción Contencioso Administrativa, La Corte Suprema de Justicia en la Jurisdicción Ordinaria y la Corte Constitucional, en la jurisdicción Constitucional.
En este sentido, al tiempo que el artículo 230 Constitucional hace un esquema del sistema de fuentes formales al que está sometido el funcionario judicial para la toma de sus decisiones, el artículo 228, de la misma Carta Política, establece como principios constitucionales la independencia y autonomía judicial, en los siguientes términos:
“[…] ARTICULO 228. La Administración de Justicia es función pública. Sus decisiones son independientes. Las actuaciones serán públicas y permanentes con las excepciones que establezca la ley y en ellas prevalecerá el derecho sustancial. Los términos procesales se observarán con diligencia y su incumplimiento será sancionado. Su funcionamiento será desconcentrado y autónomo […]”.
Atendiendo al marco constitucional referido, la jurisprudencia constitucional ha restringido la configuración del defecto sustantivo a eventos concretos. Así, la Corte Constitucional expresó al respecto lo siguiente:
“[…] En otras palabras, una providencia judicial adolece de un defecto sustantivo (i) cuando la norma aplicable al caso es claramente inadvertida o no tenida en cuenta por el fallador, (ii) cuando a pesar del amplio margen interpretativo que la Constitución le reconoce a las autoridades judiciales, la aplicación final de la regla es inaceptable por tratarse de una interpretación contraevidente (interpretación contra legem) o claramente perjudicial para los intereses legítimos de una de las partes (irrazonable o desproporcionada), y finalmente (iii) cuando el fallador desconoce las sentencias con efectos erga omnes tanto de la jurisdicción constitucional como de la jurisdicción de lo contencioso administrativo, cuyos precedentes se ubican en el mismo rango de la norma sobre la que pesa la cosa juzgada respectiva […]” (Resalta la Sala).
De manera particular, respecto del defecto sustantivo por interpretación indebida de una disposición legal, se ha sostenido que le está vedado al juez constitucional configurar el defecto sustantivo a partir de la elección realizada por el operador judicial, cuando la escogencia se ha efectuado entre interpretaciones constitucionalmente admisibles.
Asimismo, puede configurarse un defecto sustantivo por desconocimiento del precedente fijado por Consejo de Estado, en tanto implica una afectación del principio de igualdad pues conduce a dar soluciones distintas a problemas jurídicos semejantes, aun cuando comparten los mismos supuestos de hecho y de derecho lo que debería llevar a aplicar la norma de manera uniforme.
Este derecho a la igualdad en la aplicación de la ley se ha concretado a través de la función de unificación de la jurisprudencia que tiene el Consejo de Estado, como órgano de cierre de la jurisdicción, y respecto de la cual la Corte Constitucional se ha pronunciado desde los primeros desarrollos jurisprudenciales y en vigencia de la Ley 1437 de 18 de enero de 2011.
Precisamente, la Corte Constitucional, al realizar el control de constitucionalidad del artículo 257 de la Ley 1437 de 2011, relativo al recurso extraordinario de unificación de jurisprudencia, razonó de la siguiente manera:
“[…] Nótese cómo, según se infiere de lo expuesto, en la medida en que las sentencias de unificación cumplen una función específica referente a ordenar y clarificar las subreglas que se derivan de la aplicación del derecho regulado, el CPACA le reconoce a estas sentencias no sólo un valor de precedente para los jueces y tribunales, sino que también proyecta su obligatoriedad a la actividad de la administración. En efecto, a juicio de este Tribunal, su carácter vinculante se explica primordialmente por razón del principio de legalidad, a partir del deber de sujeción que tienen las autoridades al imperio de la Constitución y la ley, y por ende, al necesario acatamiento de la regla de derecho emanada de las altas cortes.
Desde el punto de vista judicial, las sentencias de unificación emergen como el fallo que brinda certeza y seguridad sobre la regla de derecho que se debe aplicar a un caso que presenta una hipótesis semejante de decisión. Son providencias que al identificar de manera clara y uniforme el precedente aplicable, se imponen de manera forzosa por razón de la obligatoriedad del mandato de unificación que les asiste a los órganos de cierre, en este caso, al Consejo de Estado como máximo Tribunal de lo Contencioso Administrativo […]” (resaltado fuera del texto).
Del mismo modo, en relación con la observancia del precedente, resulta imperioso tener en cuenta lo que establece el artículo 103 de la Ley 1437 de 2011, conforme al cual:
“[…] ARTÍCULO 103. Objeto y principios. Los procesos que se adelanten ante la jurisdicción de lo Contencioso Administrativo tienen por objeto la efectividad de los derechos reconocidos en la Constitución Política y la ley y la preservación del orden jurídico.
En la aplicación e interpretación de las normas de este Código deberán observarse los principios constitucionales y los del derecho procesal.
En virtud del principio de igualdad, todo cambio de la jurisprudencia sobre el alcance y contenido de la norma, debe ser expresa y suficientemente explicado y motivado en la providencia que lo contenga […]” (resaltado fuera del texto).
En cuanto a este deber de motivar con suficiencia y de manera expresa las razones para apartarse de los criterios fijados en precedente vertical, el Consejo de Estado en sentencia de 5 de abril de 2011, señaló:
“[…] El respeto por las decisiones proferidas por los jueces de superior jerarquía y, en especial, de los órganos de cierre en cada una de las jurisdicciones (ordinaria, contencioso administrativa y constitucional) no constituye una facultad discrecional del funcionario judicial, sino que es un deber de obligatorio cumplimiento. No obstante lo anterior, el respeto al precedente judicial no puede ser entendido de manera absoluta, pues no se trata de petrificar la interpretación judicial ni de convertir el criterio de una autoridad en el único posible para resolver un asunto concreto, simplemente se trata de armonizar y salvaguardar los principios constitucionales que subyacen a la defensa del precedente. Por lo dicho, se ha admitido la posibilidad de que tanto los jueces como los magistrados en virtud de su autonomía e independencia (artículo 230 C.P.) puedan apartarse del precedente siempre y cuando se cumplan las siguientes condiciones: “a) Se refieran al precedente anterior y b) Ofrezcan argumentos razonables suficientes para su abandono o cambio. Tratándose de jueces colegiados la garantía de autonomía e independencia les permite a los miembros discrepantes salvar su voto, pero cuando actúan como ponentes deben respetar los precedentes establecidos por la Corporación como órgano de decisión”. A partir de lo expuesto, se tiene que a situaciones fácticas iguales corresponde la misma solución jurídica, a menos que el juez competente exprese razones serias y suficientes para apartarse del precedente […] ”.
De lo anterior se concluye lo siguiente:
Todas las sentencias de unificación del Consejo de Estado, en los términos del artículo 271 de CPACA, tienen valor como precedente del órgano de cierre de lo contencioso-administrativo y, en este orden, su desconocimiento injustificado constituye un defecto que vulnera el debido proceso.
De manera particular, las sentencias de unificación del Consejo de Estado constituyen precedente vinculante para los tribunales y jueces conforme con lo señalado por la Corte Constitucional en la sentencia antes citada, de modo que el criterio jurisprudencial establecido por el órgano de cierre solo puede ser modificado por éste. En el evento en que un tribunal o un Juez considere que el precedente no es aplicable al caso concreto y decide apartarse de él, debe: (i) exponer las razones claras, lógicas y precisas que justifican el apartamiento de las decisiones anteriores; y (ii) esbozar argumentos suficientes y razonados, a partir de los cuales debe darse una respuesta diferente al problema jurídico planteado. Lo anterior, en tanto, “[…] no basta que el tribunal considere que la interpretación actual es un poco mejor que la anterior […]”.
VI.3.4. El título ejecutivo cuando se solicita el cumplimiento de una sentencia.
El proceso ejecutivo es el mecanismo judicial establecido en el ordenamiento jurídico para hacer efectivo el derecho que tiene el ejecutante a conminar al ejecutado para que se allane al cumplimiento de una obligación clara, expresa y exigible.
En materia contenciosa administrativa, el artículo 297 del CPACA, al referirse al título en la ejecución de las sentencias, contempló lo siguiente:
“[…] Artículo 297. Título Ejecutivo. Para los efectos de este Código, constituyen título ejecutivo:
1. Las sentencias debidamente ejecutoriadas proferidas por la Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo, mediante las cuales se condene a una entidad pública al pago de sumas dinerarias.
2. Las decisiones en firme proferidas en desarrollo de los mecanismos alternativos de solución de conflictos, en las que las entidades públicas queden obligadas al pago de sumas de dinero en forma clara, expresa y exigible.
3. Sin perjuicio de la prerrogativa del cobro coactivo que corresponde a los organismos y entidades públicas, prestarán mérito ejecutivo los contratos, los documentos en que consten sus garantías, junto con el acto administrativo a través del cual se declare su incumplimiento, el acta de liquidación del contrato, o cualquier acto proferido con ocasión de la actividad contractual, en los que consten obligaciones claras, expresas y exigibles, a cargo de las partes intervinientes en tales actuaciones.
4. Las copias auténticas de los actos administrativos con constancia de ejecutoria, en los cuales conste el reconocimiento de un derecho o la existencia de una obligación clara, expresa, y exigible a cargo de la respectiva autoridad administrativa. La autoridad que expida el acto administrativo tendrá el deber de hacer constar que la copia auténtica corresponde al primer ejemplar […]” (Subrayado y negrilla fuera de texto).
De la norma anterior, claramente se deduce que constituyen títulos ejecutivos, además de los enunciados en los numerales 2 y 3, (i) la sentencia debidamente ejecutoriada proferida por la jurisdicción de lo contencioso administrativo y; (ii) las copias auténticas de los actos administrativos en los cuales conste el reconocimiento de un derecho o la existencia de una obligación clara, expresa y exigible a cargo de la respectiva autoridad administrativa.
Ahora bien, respecto de la forma en que se constituye esta tipología de títulos, lo cierto es que esta corporación judicial no cuenta con una postura unificada. Así se ha sostenido que el título ejecutivo que habilita la ejecución forzada de una providencia judicial puede ser simple o complejo.
Por una parte, la Subsección A de la Sección Segunda y la Sección Cuarta de esta corporación, han prohijado la teoría de que el título ejecutivo se encuentra conformado únicamente por la providencia judicial ejecutoriada que contenga una obligación clara, expresa y exigible de acuerdo con el artículo 422 del Código General del Proceso.
Precisamente, en la sentencia de 17 de marzo de 2016, la Sección Cuarta de esta corporación judicial, concluyó lo siguiente:
“[…] Es así, que el título presentado da cuenta de la existencia de una obligación clara, expresa y exigible, pues se están exigiendo los intereses moratorios y los saldos insolutos que derivaron del cumplimiento parcial, lo cual no está sujeto a plazo o condición como factor que limite la exigibilidad.
En consecuencia, bastaba solo con aportar la sentencia que diera cuenta de la obligación a favor de los interesados y que se verificara su contenido y exigibilidad, para que se librara mandamiento de pago, en este caso, si hubo o no cumplimiento parcial, que justamente es el objeto del medio de control.
Para la Sala, cumplimiento parcial mediante acto administrativo no tiene relación directa con las condiciones de certeza, exigibilidad, claridad y legalidad del título ejecutivo (requisitos sustanciales), que debían predicarse solo del fallo que contenía la obligación. (Negrilla fuera de texto)
Por otra parte, la Sección Tercera del Consejo de Estado ha considerado que, por regla general, en los procesos ejecutivos cuyo título de recaudo es una providencia judicial, para reclamar las acreencias pretendidas se requiere de un título complejo. Así, en la providencia de 27 de mayo de 1998, advirtió que el titulo complejo está conformado por la decisión judicial y el acto administrativo que cumple de manera parcial la obligación impuesta en la providencia, en los siguientes términos:
“[…] con respecto a los procesos de ejecución en los cuales el título correspondiente se integra con la decisión o decisiones judiciales y con el acto administrativo de cumplimiento, se pueden presentar estas situaciones: primero, que el título de ejecución lo integren la sentencia y el acto de cumplimiento ceñido rigurosamente a la decisión judicial, en cuyo caso ninguna duda cabe sobre su mérito ejecutivo; segundo, que el título aducido se componga de la providencia judicial y del acto administrativo no satisfactorio de la decisión del Juez, evento en el cual el título también presta mérito de ejecución; tercero, que el título lo integren la sentencia condenatoria y el acto de cumplimiento que se aparta parcialmente de la obligación allí contenida, en cuyo caso también presta mérito ejecutivo, y cuarto, bien podría suceder que el título lo integren la sentencia de condena y el acto de cumplimiento, pero que éste desborde o exceda la obligación señalada en el fallo, en cuyo caso el Juez tendría facultad para ordenar el mandamiento ejecutivo, solamente, desde luego, hasta el límite obligacional impuesto en la sentencia.
Se deduce de lo anterior que en materia de títulos complejos integrados por la sentencia y el respectivo acto de cumplimiento, el juzgador conserva poder de interpretación del título en orden a librar el mandamiento de pago con estricta sujeción a la sentencia, todo ello para favorecer el principio de la salvaguarda del interés general y de la cosa juzgada.
En el caso examinado, entonces, la decisión judicial acompañada del acto de cumplimiento acorde con la sentencia, presta mérito ejecutivo. No podía ser de otra manera, porque la idea de que los actos administrativos de ejecución o cumplimiento de fallos judiciales vuelvan a ser demandados ante esta jurisdicción por violar o incumplir los fallos que dicen cumplir, como lo sugiere el a quo, genera un círculo vicioso, irrazonable por lo mismo, y francamente atentatorio de la cosa juzgada, y de la eficacia de la justicia.
Excepcionalmente se podrían admitir acciones de nulidad contra esos actos, si diciendo cumplir el fallo, crean, extinguen o modifican situaciones jurídicas no relacionadas o independientes del fallo, pues en tal caso se estaría frente a un nuevo acto administrativo, y no frente a uno de mera ejecución de sentencias […]”” (Negrilla fuera del texto)
En este orden de ideas, es dable afirmar, de manera independiente a la postura jurisprudencial acogida: i) que la sentencia constituye el estatuto básico para determinar la existencia de una obligación clara, expresa y exigible a favor de los interesados; asimismo, ii) que contra los actos de ejecución de una providencia procede, excepcionalmente, la acción de nulidad en el evento en que estos actos crean, extinguen o modifican situaciones jurídicas no relacionadas o independientes del fallo; y, finalmente, iii) que cuando el título de recaudo es una providencia judicial compuesta se integra por la decisión o decisiones judiciales y por el acto administrativo de cumplimiento.
VI.3.5. Requisitos del título ejecutivo
En materia de títulos ejecutivos, en los aspectos no regulados por el Título IX de la Ley 1437 de 2011, es necesario remitirse a lo dispuesto en la normatividad procesal civil, por disposición expresa del artículo 306 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo.
Esto es, en el caso concreto, el Código General del Proceso, dado la demanda ejecutiva se presentó el 22 de julio de 2015 y dicha norma empezó a regir a partir del 1º de enero de 2014.
De ahí que resulte pertinente traer a colación lo dispuesto por el artículo 422 del CGP:
“[…] ARTÍCULO 422. TÍTULO EJECUTIVO. Pueden demandarse ejecutivamente las obligaciones expresas, claras y exigibles que consten en documentos que provengan del deudor o de su causante, y constituyan plena prueba contra él, o las que emanen de una sentencia de condena proferida por juez o tribunal de cualquier jurisdicción, o de otra providencia judicial, o de las providencias que en procesos de policía aprueben liquidación de costas o señalen honorarios de auxiliares de la justicia, y los demás documentos que señale la ley. La confesión hecha en el curso de un proceso no constituye título ejecutivo, pero sí la que conste en el interrogatorio previsto en el artículo 184 […]”.
Nótese que el titulo ejecutivo es un documento en el que consta una obligación, condicionada a ser expresa, clara y exigible, de cuya lectura no se deben presentar dudas sobre su existencia, encontrándose delimitada con tal calidad que se adviertan todos los componentes de la obligación, así como el momento en que se hizo exigible.
Sobre el particular, la Sección Tercera de esta Corporación ha considerado lo siguiente:
“[…] La obligación es expresa cuando surge manifiesta de la redacción misma del documento, en el cual debe aparecer el crédito - deuda en forma nítida, es decir, que la obligación esté declarada de forma expresa sin que haya lugar a acudir a elucubraciones o suposiciones; - La obligación es clara cuando está determinada de forma fácil e inteligible en el documento o documentos y en sólo un sentido; y - La obligación es exigible cuando su cumplimiento no está sujeto a plazo o a condición, es decir, ante la existencia de plazo o condición, la obligación se torna exigible cuando el término para su cumplimiento ya venció o cuando la condición ya acaeció […]”.
VI.4. El caso concreto
El señor Juan Pablo Gómez Tovar, mediante apoderado judicial, solicitó el amparo de los derechos fundamentales “[…] al debido proceso, el acceso a la administración de justicia, a la seguridad social, al principio de interpretación favorable en materia laboral y a la aplicación del precedente jurisprudencial […]”, en su condición de sucesor procesal de la señora Marta Tovar de Gómez, para que, en consecuencia, se ordene dejar sin efecto las providencias de 12 de abril y 20 de septiembre de 2018, proferidas por esa Corporación judicial, dentro de la acción ejecutiva con radicado. 11001-33-35-013-2015-00728-00, promovida por la señora Marta Tovar de Gómez, en contra de la Unidad Administrativa Especial de Gestión Pensional y Contribuciones Parafiscales de la Seguridad Social - UGPP.
De acuerdo con los parámetros planteados en el acápite anterior, la Sala entrará a examinar el cumplimiento de los requisitos generales de procedencia de la acción de tutela contra providencias judiciales, según la jurisprudencia trazada por la Corte Constitucional, acogida por la Sala Plena de esta Corporación.
La Sala encuentra que tales requisitos se cumplen, en razón a que: i) se invoca la vulneración de derechos de orden fundamental como lo son el debido proceso y el acceso a la administración de justicia; ii) el accionante no tiene otro medio para la defensa de los derechos fundamentales que estima vulnerados con la decisión proferida por el Tribunal accionado en segunda instancia, pues las razones en que se sustenta el amparo no pueden argumentarse como causal del recurso extraordinario de revisión; iii) la acción de tutela se presentó dentro de un término razonable, dado que el auto que resuelve la solicitud de aclaración y adición de la providencia de 12 de abril de 2018, data 20 de septiembre de 2018 y fue notificado mediante estado de 3 de octubre de 2018, mientras que la acción de tutela fue radicada el 24 de enero de 2019; iv) la situación a la cual se atribuye la vulneración de los derechos fundamentales fue debidamente puntualizada en el escrito de tutela; y v) la acción constitucional no se dirige contra una sentencia dictada en un proceso de idéntica naturaleza.
Como consecuencia de lo anterior, corresponde determinar si se cumple alguno de los requisitos especiales de procedibilidad alegados por el accionante en su escrito de tutelas, estos son, defecto factico y defecto sustantivo por desconocimiento de precedente jurisprudencial e indebida interpretación de la normatividad.
VI.4.1. Cargo por defecto fáctico en su dimensión negativa
Refiere el accionante que el ad quem, en las providencias cuestionadas, incurrió en un defecto factico desde su dimensión negativa: i) al omitir, sin justificación alguna, la valoración de la certificación expedida por el Jefe de Coordinación de Tesorería de la DIAN, elemento que, a su juicio, integra el título complejo; así como ii) al resolver caso sin tener las pruebas suficientes que sustenten la demostración de la excepción de pago.
Para determinar si el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Segunda, Subsección “D”, incurrió en el defecto alegado, resulta pertinente tener en cuenta los fundamentos de las providencias objeto de controversia, relacionados con el análisis probatorio.
Respecto de la providencia de 12 de abril de 2018, los fundamentos se concretan en los siguientes aspectos:
Se advirtio que, “[…] las sentencias que conforman la base de recaudo, cumplen las condiciones del título ejecutivo, esto es, son claras, en cuanto identificaron al deudor, al acreedor, la naturaleza de la obligación y los factores que la determinan, son expresas, pues aparece de forma manifiesta cual es la obligación en cabeza de la entidad condenada y son exigibles dado que se trata de una obligación simple declarada mediante providencia judicial. En este orden, se precisa aclarar que corresponde al juez que conoce una demanda ejecutiva, verificar que se haya cumplido lo dispuesto en el título, razón por la cual, procede esta Sala a verificar si se dio cumplimiento […]“.
Puso de presente que “[…] las sentencias aportadas como título ejecutivo condenaron a CAJANAL hoy UGPP, a reliquidar la pensión de vejez de Martha Tovar, con la inclusión de los factores salariales percibidos entre el 01 de junio de 2003 y el 31 de mayo de 2004, a saber: “asignación básica, incremento por antigüedad, bonificación por servicios, horas extras diurna ordinarias, horas extras nocturnas ordinarias, las doceavas partes de la prima de vacaciones, prima de navidad y prima de servicios”; y la Unidad Administrativa Especial de Gestión Pensional y Contribuciones Parafiscales de la Protección Social UGPP, en el acto dictado para dar cumplimiento a dichos fallos, como se observa a folios 67 reverso, realizó la liquidación de la mesada pensional de la ejecutante teniendo en cuenta los factores “asignación básica, horas extras, prima de antigüedad, prima de navidad, prima de servicios, prima de vacaciones y bonificación por servicios prestados”[…]“.
Con base en lo anterior, concluyó lo siguiente:
“[…] da cuenta la Sala que la ejecutada en efecto incluyó todos cada uno de los factores ordenados en la sentencia del 16 de septiembre de 2011, suscrita por Ia Magistrada del Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Segunda Subsección F. doctora Martha Jeannette González Gutiérrez que confirmó parcialmente la sentencia del 15 de octubre de 2010 proferida por el Juzgado 4° Administrativo de Descongestión del Circuito Judicial de Bogotá, lo cual conlleva a concluir que no hay lugar a incluir factores diferentes a los que expresamente se reconocieron en las sentencias de marras, gue constituyen el título ejecutivo en el sub examine.
Se precisa entonces, que contrario a lo manifestado por el a quo en el caso objeto de debate, solo es dable al juez que conoce el proceso ejecutivo, ordenar el cumplimiento de lo que aparezca manifiestamente en el título, razón por la cual, no es posible decretar la inclusión de los factores o montos salariales que fueron pagados a la ejecutada en un periodo distinto al que expresamente hacen referencia la sentencias base de recaudo (01 de junio de 2003 al 31 de mayo de 2004 --fl. 44), por lo tanto, es inadmisible tener en cuenta para efecto de la reliquidación que se ordenó, tener en cuenta los pagos realizados a la ejecutante los días, 30 de junio, 19 de julio, 22 de diciembre y 28 de diciembre de 2004; máxime, si “al observar la certificación salarial que sirvió de base para el reconocimiento de la sentencia ordinaria (fls. 41 al 44 expediente ordinario), dichos pagos no aparecen registrados.”
De igual forma, como se dijo previamente, quedó establecido por la UGPP en la referida Resolución No. RDP 044259 del 24 de septiembre de 2013, que los valores causados en los meses de junio y diciembre del 2004 "no fueron incluidos en la presente liquidación teniendo en cuenta que no fueron devengados en el periodo a liquidar ordenado por el fallo objeto de cumplimiento".
En este orden, no le asiste razón a la ejecutante, al considerar que el cumplimiento de la sentencia no se realizó conforme a los parámetros allí dispuestos, pues, como quedó visto, al verificar las providencias que ordenaron la reliquidación de la pensión de vejez de la accionante, se observa que la orden dada a CAJANAL hoy UGPP fue reliquidar dicha prestación con el 75% de los factores salariales devengados en el último año de servicios, comprendido entre el 01 de junio de 2003 al 31 de mayo de 2004, como en efecto se realizó.
Fluye de lo anterior que no le asiste razón al fallador de primera instancia en declarar no probada la excepción propuesta por la entidad demandada de “inexistencia de la obligación por pago”, ordenar seguir adelante con la ejecución”. En consecuencia, se impone revocar la sentencia de primera instancia y, en su lugar, declarar probada la excepción de pago propuesta por la ejecutada […]”.
En relación con la providencia de 20 de septiembre de 2018, al resolver la solicitud de aclaración y adición elevada por el accionante, el Tribunal accionado advirtió lo siguiente:
“[…] La ejecutante advierte, dentro del término de ejecutoria de la sentencia citada, que se omitió incluir dentro de la reliquidación pensional los pagos realizados el 30 de junio, 19 de julio, 22 y 28 de diciembre de 2004, aduciendo si bien no aparecían en la certificación salarial que sirvió de base para proferir las sentencias ordinarias, corresponden a salarios y prestaciones sociales devengados durante el último año de servicios.
1. Encuentra la Sala que la impugnación impetrada por la actora al interior del proceso ordinario (fis. 123 al 133 cuaderno ordinario), y que fue objeto de estudio en segunda instancia por el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, tuvo como pretensión que se incluyeran como factores salariales. además de los reconocidos por el Juzgado Cuarto Administrativo de Descongestión de Bogota, los siguientes: asignacíón básica, horas extras, prima de antíguedad. prima de navidad, prima de servicios, prima de vacaciones y bonificación por servicios prestados”, es dable a la Sala concluir que en efecto, Ia ejecutada incluyó todos los factores ordenados en la sentencia del 16 de septiembre de 2011, suscrita por la Magistrada del Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Segunda -Subsección F, doctora Martha Jeannette González Gutiérrez que confirmó parcialmente la sentencia del 15 de octubre de 2010 proferida por el Juzgado 4º Administrativo de Descongestión del Circuito Judicial de Bogotá.
2. Asimismo, se recuerda que la entidad ejecutada dio cumplimiento a las sentencias base de recaudo, a través de la Resolución No. RDP 044259 del 24 de septiembre de 2013 (fis. 64 al 69 reverso del cuaderno ejecutivo). En este orden, observa la Sala que los pagos que pretende Martha Cecilia Tovar le sean incluidos en su reliquidación pensional a través de la demanda ejecutiva presentada el 16 de septiembre de 2015, a saber: los pagos realizados el 30 de junio, 19 de julio, 22 y 28 de diciembre de 2004, los cuales no fueron ordenados en las referidas sentencias base de recaudo.
Así, teniendo en cuenta las características del título ejecutivo, esto es, que sea expreso, claro y exigible, se recuerda que corresponde al juez al juez que conoce una demanda ejecutiva, únicamente verificar que se haya cumplido lo dispuesto en el título. Por lo tanto, como en el acto dictado para dar cumplimiento a los fallos ordinarios, como se observa a folios 67 y reverso del cuaderno ejecutivo, Ia UGPP realizó la liquidación de la mesada pensional de la ejecutante teniendo en cuenta los factores de: “asignación básica, horas extras, prima de antigüedad, prima de navidad, prima de servicios, prima de vacaciones y bonificación por servicios prestados” […]”.
De la lectura de los apartes de las providencias de 12 de abril y 20 de septiembre de 2018, es claro que el Tribunal accionado, con base en el acervo probatorio, encontró que la orden dada en la sentencia de 16 de septiembre de 2011, proferida por el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Segunda, Subsección F, era clara, pues fue consistente en indicar que, a título de restablecimiento del derecho, la pensión de jubilación debía liquidarse con base en los factores salariales efectivamente cancelados durante el último año de servicio.
De hecho, para despejar cualquier duda sobre el alcance y contenido de la orden judicial, la autoridad demandada tenía que interpretar el título ejecutivo con base en la parte considerativa de la citada providencia, la cual equiparó los conceptos de devengados y cancelados así:
“[…] Así las cosas, es forzoso concluir que, para todos los efectos legales, debe tomarse como factor salarial, para liquidar prestaciones Ia totalidad de los valores cancelados durante el último año de servicio a los empleados, salvo que exista una Iey que expresamente Ies reste ese carácter.
La expresión “salario" utilizada por el legislador, debe ser entendida no sólo como la remuneración básica mensual sino como todo lo que el funcionario o empleado devengue como retribución de sus servicios, razón por la cual, al liquidar el monto de Ia pensión de jubilación no sólo se debe tenerse en cuenta la asignación básica, sino los demás emolumentos que han sido recibidos por la accionante con carácter evidentemente retributivo del servicio prestado.
Es así como, se encuentra probado en el sub-Iite que, para la fecha de entrada en vigencia de la Ley 100 de 1993, esto es, 1° de abril de 1994, la actora tenía más 35 años de edad y más de 15 años de servicio, razón por Ia cual se encuentra dentro del régimen de transición, que le permite gozar del anterior régimen legal de pensiones. Además, ésta cumple con los requisitos exigidos en la Ley 33 de 1985, esto es 20 años de servicio exclusivo en el sector oficial y 55 años de
En este orden de ideas y acogiendo el criterio jurisprudencial vertical existente sobre el particular, se colige que a la actora le correspondía, para la liquidación de la pensión de jubilación, los factores salariales devengados en el último año de servicio, bajo el entendido que constituye salario todas las sumas que habitual y periódicamente recibe el empleado, como retribución por sus servicios […]”.
En este sentido, lo cierto es que el ad quem valoró la prueba cuya omisión alega la parte actora y, por el contrario, soportado en la misma, le resultó inadmisible incluir los pagos realizados el 30 de junio, 19 de julio, 22 y 28 de diciembre de 2004, los cuales no fueron ordenados en la sentencia base de recaudo, esto es, los montos devengados entre el 1 de junio de 2013 y el 31 de mayo de 2014.
Precisamente, en la Resolución No. RDP 044259 del 24 de septiembre de 2013, la UGPP advierte lo siguiente:
“[…] es pertinente aclarar que la presente liquidación se realizó teniendo en cuenta el certificado de factores salariales expedido por la DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES de fecha 12 de julio de 2013, así mismo que el factor horas extras incluye: horas extras diurnas ordinarias, horas extras nocturnas ordinarias, así mismo se aclara que respecto de los factores salariales que fueron certificados en los meses de junio y diciembre de 2004, los mismos no fueron incluidos en la presente liquidación teniendo en cuenta que no fueron devengados en el periodo a liquidar ordenado por el fallo objeto de cumplimiento […]”.
Por lo anterior, la Sala acoge el criterio sostenido por el Tribunal accionado, en el sentido de considerar que lo dispuesto en el acto de cumplimiento, Resolución No. RDP 044259 del 24 de septiembre de 2013, daba cumplimiento a la obligación contenida en el título la sentencia de 16 de septiembre de 2011.
Pues, la citada obligación era clara, expresa y exigible, en los términos del artículo 422 del CGP, al siguiente tenor:
“[…] 4°. Ordenase a título de restablecimiento del derecho, a la CAJA NACIONAL DE PREVISION SOCIAL - CAJANAL (hoy en liquidación), reliquidar y pagar la pensión mensual vitalicia de vejez de la señora MARTHA CECILIA TOVAR DE GOMEZ, identificada con la C.C. No. 20.299.576 de Bogotá, de conformidad con las Leyes 33 y 62 de 1985, es decir, con el 75% de la totalidad dejos factores devengados en el último año de servicios, esto es, del 01 de junio de 2003 al 31 de mayo de 2004, factores éstos debidamente acreditados en el proceso asignación básica, incremento por antigüedad, bonificación por servicios, horas extras diurnas ordinarias, horas extras nocturnas ordinarias, las doceavas partes de la prima de vacaciones, la prima de navidad y la prima de servicios, efectiva a partir del 01 de junio de 2004 (fecha de retiro). Al instante de hacer la liquidación para cancelar los valores resultantes de lo aquí dispuesto, se tendrá en cuenta para descontar lo ya aceptado y recibido mediante el valor anteriormente reconocido. Lo anterior con el fin de evitar dobles pagos por este concepto.
En el evento de no haberse pagado la totalidad de los aportes de ley, la entidad demandada deberá realizar los descuentos a que haya lugar al momento de pagar las mesadas correspondientes […]”.
En segundo lugar, advierte la Sala que, a juicio de la parte actora, el medio probatorio utilizado por el Tribunal accionado para concluir que se configuró la excepción de pago, no es el idóneo y, adicionalmente, desconoce el hecho consistente en que la prueba del pago de una obligación se demuestra con un soporte documental que acredite que el beneficiario recibió el mismo.
Al respecto, para la Sala tampoco es de recibo aquel argumento, si se tiene en cuenta que, durante el trámite surtido en primera instancia, de conformidad con la certificación de 5 de abril de 2017, expedida por el Fondo de Pensiones Públicas de Nivel Nacional FOPED, el a quo encontró demostrado el pago que recibió la señora Marta Tovar de Gómez, desde el mes de junio de 2004, hasta la fecha de su fallecimiento en el mes de octubre de 2015, al tenor de lo dispuesto en las Resoluciones 24302 de 2002, 23999 de 2004 y 044259 de 2013.
Por ello, mediante providencia de 20 de junio de 2017, ordenó seguir adelante la ejecución contra de la UGPP, así:
“[…] por las diferencias de mesadas pensiónales desde la fecha de efectividad de la pensión 1º de junio de 2004, hasta la fecha en la cual se dejó de pagar la pensión por el fallecimiento de la ejecutante el 31 de agosto de 2015, sumas que se generaron por el error de la entidad de no haber reliquidado la pensión de la ejecutante, teniendo en cuenta a totalidad de valores certificados correspondientes a los factores salariales ordenados en las sentencias que sirven de título ejecutivo, de igual manera se seguirá adelante con la ejecución por la indexación de las diferencias de las mesadas pensiónales causadas hasta Ia ejecutoria de las sentencias y por los intereses moratorios que se han causado por el pago tardío de la condena en los términos del artículo 177 del C.C.A., y de la providencia C-188 de 1999, los cuales deberán liquidarse desde el día siguiente de la ejecutoria de las condenas -19 de octubre de 2011 y hasta la fecha en que se paguen las diferencias de las mesadas pensiónales, de acuerdo con lo expuesto en precedencia […]”.
Ahora bien, a pesar de la alegada inconformidad con la prueba que demuestra el pago del concepto de mesada pensional reconocido de conformidad con la Resolución 044259 de 2013, el apoderado judicial de la señora Marta Tovar de Gómez no recurrió la anterior providencia y guardó silencio durante el termino concedido por el ad quem para presentar alegatos de segunda instancia. Así, el mecanismo de amparo no constituye ni la oportunidad o la etapa procesal para que el ahora accionante pretenda reabrir el debate probatorio concluido.
En efecto, a través de la acción de tutela no se puede pretender abrir nuevamente el debate procesal surtido en el proceso ejecutivo, para proponer cuestionamiento cuya oportunidad procesal finalizó.
VI.4.2. Del cargo por la eventual configuración de un defecto sustancial.
En ese orden de ideas, la Sala pasa a revisar la norma cuyo alcance critica el actor, para así establecer si se configuró o no el segundo defecto alegado.
Precisamente, en el caso sub examine, el accionante considera que la decisión judicial adoptada por el Tribunal accionado, desconoce lo previsto en el artículo 1 del Acto Legislativo 01 de 2005, a través del cual se adicionó el artículo 48 de la Constitución Política, respecto del siguiente inciso:
“[…] Sin perjuicio de los descuentos, deducciones y embargos a pensiones ordenados de acuerdo con la ley, por ningún motivo podrá dejarse de pagar, congelarse o reducirse el valor de la mesada de las pensiones reconocidas conforme a derecho […]”.
Nótese, sobre el particular, que contrario a lo sostenido por el accionante, la disminución de la mesada pensional, no solo se acompasa con lo resuelto en la providencia de 16 de septiembre de 2011, sino que atiende a lo previsto en la precitada disposición constitucional, en tanto el texto señala que no podrá reducirse “[…] el valor de la mesada de las pensiones reconocidas conforme a derecho […]”, lo cual solo aconteció, al tenor de la decisión de segunda instancia del medio de control de nulidad y restablecimiento, materializada a través de la providencia de 16 de septiembre de 2011.
Asimismo, es de resaltar que, aun cuando la parte motiva de la referida decisión judicial equiparo los conceptos de “devengado” y “cancelado”, la parte actora no solicitó la aclaración o adición de dicha providencia, razón por la cual el título ejecutivo de manera clara, expresa y exigible, incluyó como Ingreso Base de Liquidación de la mesada pensional, los valores efectivamente cancelados entre 1 de junio de 2013 y el 31 de mayo de 2014, por conceptos de “[…] asignación básica, incremento por antigüedad, bonificación por servicios, horas extras diurnas ordinarias, horas extras nocturnas ordinarias, las doceavas partes de la prima de vacaciones, la prima de navidad y la prima de servicios […]”, lo cual hizo tránsito a cosa juzgada.
En este orden de ideas, el juicio de reproche sostenido por el accionante según el cual “[…] la unidad jurídica del título ejecutivo en el proceso coactivo de la señora Tovar de Gómez contra la UGPP está contenida en el numeral cuarto de la sentencia de 16 de septiembre de 2011 (…) y en (sic) la certificación expedida por el Jefe de Coordinación de Tesorería de la DIAN […]”, no cuenta con vocación de prosperidad, pues como ya se advirtió en precedencia, ni el titulo se integra por la mencionada certificación, la cual solo funge como prueba del cálculo de la mesada pensional; y tampoco, de la lectura de la sentencia de 16 de septiembre de 2011, se extrae que los pagos realizados el 30 de junio, 19 de julio, 22 y 28 de diciembre de 2004, se encuentren incluidos en la orden judicial.
En segundo lugar y respecto del presunto desconocimiento de los precedentes jurisprudenciales contenidos en la sentencia T 979 de 1999, proferida por la Corte Constitucional; y, en la sentencia de 2 de febrero de 2014, proferida por la Corte Suprema de Justicia, considera la Sala que dicho argumento tampoco cuenta con vocación de prosperidad, con base en las siguientes consideraciones:
Las situaciones fácticas que en su momento se analizaron a través de las providencias cuya aplicación solicita el actor, difieren claramente a las circunstancias analizadas en el presente asunto, toda vez que en este último expediente no se está debatiendo el cumplimiento de una obligación alimentaria.
De conformidad con el artículo 36 del Decreto 2591 de 1991, lo resuelto por la Corte Constitucional, a través de la sentencia T 979 de 1999, en los mismos términos de aquel máximo tribunal, “[…] sólo tiene efectos en relación con las partes que intervienen en el proceso […]”.
Los criterios jurisprudenciales fijados por la Corte Suprema de Justicia, no tienen valor como precedente vertical, pues esta corporación judicial no es el órgano de cierre de lo contencioso-administrativo.
Por otra parte, para la Sala resulta inane pronunciarse respecto del argumento sostenido por la parte accionante, referente a la presunta vulneración del mínimo vital, pues tal como se advirtió en precedencia, el 7 de septiembre de 2015, la señora Marta Tovar de Gómez falleció, según lo acredita el registro de defunción civil de 17 de septiembre de 2015, con indicativo serial 08902698.
Con base en lo anterior, la Sala considera que la hermenéutica utilizada por el Tribunal accionado para declarar “[…] probada la excepción de "Inexistencia de la obligación por pago […]” es acertada y se ajusta a derecho, en tanto que la autoridad judicial no se apartó de la Constitución o la ley al elegir las normas jurídicas pertinentes a un caso concreto, con miras a interpretar e integrar el marco normativo y determinar su forma de aplicación.
Adicionalmente, no le asiste razón a la parte actora cuando manifiesta que las pruebas fueron omitidas y desconocidas, toda vez que como ya se expuso el Tribunal profirió su providencia con base en el acervo probatorio obrante en el expediente.
Por todo lo anterior, para la Sala resulta claro que el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Segunda, Subsección “D”, al expedir las providencias de 12 de abril y 20 de septiembre de 2018, no incurrió en los defectos fáctico y sustancial alegados por el accionante y, en consecuencia, negará el amparo de los derechos fundamentales invocados por el señor Juan Pablo Gómez Tovar.
F A L L A
PRIMERO: NEGAR la solicitud de amparo promovida por el señor Juan Pablo Gómez Tovar en contra del Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Segunda, Subsección “D”, por las razones expuestas en la parte motiva de esta providencia.
SEGUNDO: NOTIFICAR a las partes en la forma prevista en el artículo 30 del Decreto Ley 2591 de 1991.
TERCERO: En caso de que esta providencia no sea impugnada y quede en firme, REMÍTASE el expediente a la Corte Constitucional para su eventual revisión.
CÓPIESE, NOTIFÍQUESE, COMUNÍQUESE Y CÚMPLASE,
Se deja constancia que la anterior providencia fue leída, discutida y aprobada por la Sala en la sesión de la fecha.
OSWALDO GIRALDO LÓPEZ
Consejero de Estado
Presidente
HERNANDO SÁNCHEZ SÁNCHEZ ROBERTO AUGUSTO SERRATO VALDÉS
Consejero de Estado Consejero de Estado
Folio 187. Cuaderno 1 expediente del proceso ordinario.
"Por el cual se reglamenta la acción de tutela consagrada en el artículo 86 de la Constitución Política".
"Por medio del cual se expide el decreto único reglamentario del sector justicia y del derecho".
“Por la cual se modifican os artículos HYPERLINK "http://www.alcaldiabogota.gov.co/sisjur/normas/Norma1.jsp?i=62503" \l "2.2.3.1.2.1" 2.2.3.1.2.1, HYPERLINK "http://www.alcaldiabogota.gov.co/sisjur/normas/Norma1.jsp?i=62503" \l "2.2.3.1.2.4" 2.2.3.1.2.4 y HYPERLINK "http://www.alcaldiabogota.gov.co/sisjur/normas/Norma1.jsp?i=62503" \l "2.2.3.1.2.5" 2.2.3.1.2.5 del Decreto 1069 de 2015, Único Reglamentario del sector Justicia y del Derecho, referente a las reglas de reparto de la acción de tutela”.
“Fallecido un litigante o declarado ausente o en interdicción, el proceso continuará con el cónyuge, el albacea con tenencia de bienes, los herederos o el correspondiente curador. Si en el curso del proceso sobreviene la extinción, fusión o escisión de alguna persona jurídica que figure como parte, los sucesores en el derecho debatido podrán comparecer para que se les reconozca tal carácter. En todo caso la sentencia producirá efectos respecto de ellos aunque no concurran”. Ver Sentencias: Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Civil, Sentencia de Mayo 13 de 1998, Exp 4841; Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Civil, Sentencia de Octubre 13 de 2004, Exp 7470
Radicación: 2009-01328-01(IJ). Consejera Ponente: Dra. María Elizabeth García González. Sentencia T-619 de 2009, Magistrado Jorge Iván Palacio Palacio. Defecto orgánico, que tiene lugar cuando el funcionario judicial que emite la decisión carece, de manera absoluta, de jurisdicción o competencia para ello. Defecto procedimental absoluto, que tiene lugar cuando el juez actuó al margen del procedimiento establecido. Defecto fáctico, que surge cuando la providencia judicial carece del apoyo probatorio que permita la aplicación del supuesto legal en el que se sustenta la decisión, valora erradamente los elementos de juicio; o da por demostrada una situación fáctica sin existir evidencia probatoria de la misma. Defecto material o sustantivo, existe cuando las decisiones se fundamentan en normas inexistentes o inconstitucionales, o que presentan una evidente contradicción entre los fundamentos y la decisión. Error inducido, que se presenta cuando la autoridad judicial ha sido engañada por las partes o intervinientes y ese engaño lo llevó a tomar una determinación que afecta derechos fundamentales. Decisión sin motivación, que tiene lugar cuando el funcionario judicial no expone los fundamentos fácticos y jurídicos de la decisión adoptada en la parte resolutiva de la providencia judicial. Desconocimiento del precedente, que se origina cuando el juez ordinario desconoce o limita el alcance dado por esta Corte Constitucional a una disposición constitucional o derecho fundamental, apartándose del contenido constitucionalmente vinculante del derecho fundamental vulnerado. Violación directa de la Constitución, que se presenta cuando la actuación de la autoridad se opone de manera directa a las normas establecidas en la Constitución Política. Corte Constitucional. Sentencia T- 225 del 23 de marzo de 2010, Magistrado Ponente: Dr. Mauricio González Cuervo. Corte Constitucional, MP. José Fernando Reyes Cuartas. Corte Constitucional, Sala Novena de Revisión, Sentencia T-064 de 4 de febrero de 2010. M.P. Luis Ernesto Vargas Silva. Artículo 230. Los jueces, en sus providencias, sólo están sometidos al imperio de la ley. La equidad, la jurisprudencia, los principios generales del derecho y la doctrina son criterios auxiliares de la actividad judicial. Corte Constitucional, Sala Séptima de Revisión, sentencia T-462 de 5 de junio de 2003, M.P. Eduardo Montealegre Lynett.
Corte Constitucional, sentencia SU-573 de 14 de septiembre de 2017
“Por la cual se expide el Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo”
Corte Constitucional, Sala Plena, Sentencia C-179 de 13 de abril de 2016.
"por la cual se expide el Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo”. Sobre dicho recurso, la Corte Constitucional afirmó en la sentencia citada lo siguiente: “[…] Desde el punto de vista constitucional, lo anterior es concordante con la función de unificación que cumplen los órganos de cierre y con su papel creador de derecho; y desde la perspectiva legal, ello resulta procedente si se tiene en cuenta que la finalidad principal del recurso extraordinario es la de “asegurar la unidad en la interpretación del derecho” y que, en tal virtud, como efectos de la sentencia, se permite su procedencia “total” o “parcial”, pudiendo dictar aquella que “deba reemplazarla” o adoptar “las decisiones que correspondan”. En este contexto, es claro que el legislador definió de manera concreta al recurso extraordinario de unificación de jurisprudencia como una vía dirigida a preservar el precedente vertical, y a suscitar discusiones alrededor del mismo, buscando con ello la aplicación uniforme del derecho en las instancias inferiores al Consejo de Estado, lo que resulta acorde con el rol que le otorga la Constitución como órgano de cierre de lo contencioso administrativo, en los términos del artículo 237, numeral 1, de la Constitución […]”. En la Sentencia C-634 de 2011, M.P. Luis Ernesto Vargas Silva, se concluyó que: “[…] El respeto del precedente judicial por parte de las autoridades administrativas se fundamenta (i) en el respeto del debido proceso y del principio de legalidad en materia administrativa (Arts. 29, 121 y 122 C.P.); (ii) en el hecho que el contenido y alcance normativo de la Constitución y la ley es fijado válida y legítimamente por las altas cortes, cuyas decisiones hacen tránsito a cosa juzgada y tienen fuerza vinculante; (iii) en que las decisiones de las autoridades administrativas no pueden ser arbitrarias y deben fundamentarse de manera objetiva y razonable; (iv) en que el desconocimiento del precedente y con ello del principio de legalidad, implica la responsabilidad de los servidores públicos (Arts. 6º y 90 C.P.); y (v) en que las actuaciones y decisiones de las autoridades administrativas deben respetar la igualdad de todos ante la ley (Art. 13 C.P.) […]”. Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Segunda, Expediente nro. 11001-03-15-000-2011-00216-00(AC). La Corte Constitucional ha advertido que la finalidad de este proceso es “obtener la plena satisfacción de una prestación u obligación a favor del demandante y a cargo del demandado; se trata, como lo han definido los doctrinantes de una pretensión cierta pero insatisfecha, que se caracteriza porque no se agota sino con el pago total de la obligación” (Sentencia C-454 de 2002)
Consejo De Estado, Sala De Lo Contencioso Administrativo, Sección Segunda, Subsección A; Consejero ponente: William Hernández Gómez, Sentencia de Tutela en primera Instancia de 18 de febrero de 2016, Radicación número: 11001-03-15-000-2016-00153-00(AC) Actor: Flor María Parada Gómez Demandado: Tribunal Administrativo De Cundinamarca, Sección Segunda, Subsección ASECCION SEGUNDA, SUBSECCION A, Consejero ponente: WILLIAM HERNANDEZ GOMEZ, Bogotá, D.C., dieciocho (18) de febrero de dos mil dieciséis (2016), Radicación número: 11001-03-15-000-2016-00153-00(AC)
Sentencia de 17 de marzo de 2016 proferida por la Sección Cuarta del Consejo de Estado, Magistrada Ponente: Martha Teresa Briceño de Valencia, número de radicado: 2016-00157-00 (AC). CONSEJO DE ESTADO, SECCION TERCERA, SUBSECCION C, Consejero ponente: JAIME ORLANDO SANTOFIMIO GAMBOA (E), Bogotá, D. C., ocho (8) de junio de dos mil dieciséis (2016), Radicación número: 25000-23-36-000-2015-02332-01(56904)
M.P.
Germán Rodríguez Villamizar, demandante sociedad Hecol Ltda., demandado: Corporación Autónoma Regional de Cundinamarca. Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera. Auto del 27 de mayo de 1998. Radicación: 25000233100019981386401. Consejero Ponente: Germán Rodríguez Villamizar. Al respecto ver: Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Segunda, Subsección B. Sentencia del cuatro (4) de febrero de dos mil dieciséis (2016). Radicación: 11001031500020150343400(AC). Consejero Ponente: Gerardo Arenas Monsalve. Igualmente, sobre los requisitos de los títulos ejecutivos ver: Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, Subsección C. Sentencia del quince (15) de octubre de dos mil quince (2015). Radicación: 250002322600020040094602 (47764). Consejero Ponente: Jaime Orlando Santofimio Gamboa.
“Artículo 306. Aspectos no regulados. En los aspectos no contemplados en este Código se seguirá el Código de Procedimiento Civil en lo que sea compatible con la naturaleza de los procesos y actuaciones que correspondan a la Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo.”
Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera. Sentencia del 30 de agosto de 2007. Radicación: 0800123310002003098201 (26767). Consejero Ponente: Ramiro Saavedra Becerra. Folio 327 del expediente en préstamo. Folios 64 al 69 reverso del cuaderno ejecutivo
Folio 231 a 243 del expediente. Al instante de hacer la liquidación para cancelar los valores resultantes de lo aquí dispuesto, se tendrá en cuenta para descontar lo ya aceptado y recibido mediante el valor anteriormente reconocido.
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