Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 11001-03-15-000-2019-00065-01
Consejo de Estado · Sección Segunda
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Consejo de Estado · Sección Segunda
Acción de tutela contra providencia judicial: dictada en un proceso disciplinario
Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 11001-03-15-000-2019-00065-01
Consejo de Estado · Sección Segunda
República de Colombia
Consejo de Estado
Sección Segunda
Radicado 11001-03-15-000-2019-00065-01
Consejero ponente: Rafael Francisco Suárez Vargas
13 de junio de 2019
ACCIÓN DE TUTELA CONTRA PROVIDENCIA JUDICIAL - Dictada en un proceso disciplinario / PRINCIPIO DE LEGALIDAD - Aplicación / CÓMPUTO DEL TÉRMINO DE PRESCRIPCIÓN DE LA ACCIÓN DISCIPLINARIA / AUSENCIA DE DEFECTO SUSTANTIVO / AUSENCIA DE DEFECTO FÁCTICO - Valoración adecuada del material probatorio / DESCONOCIMIENTO DEL PRECEDENTE JUDICIAL - No configuración / AUSENCIA DE VULNERACIÓN DE DERECHOS FUNDAMENTALES
El problema jurídico, consiste en establecer si la sanción de suspensión en el ejercicio de la profesión por el término de dos meses, en contra del accionante por incurrir en la falta prevista en el artículo 35, numeral 2° de la Ley 1123 de 2007, incurre en vía de hecho por defecto sustantivo, defecto fáctico y desconocimiento del precedente judicial. (…) La valoración efectuada por la Sala Jurisdiccional Disciplinaria del Consejo Superior de la Judicatura en la determinación del momento en que se consumó la realización de la falta, se ajusta a los límites de proporcionalidad y razonabilidad en la libertad y autonomía funcional del juez, motivo que permite inferir, que el defecto sustantivo invocado no tiene ninguna vocación de prosperidad, toda vez que la interpretación realizada en la sentencia cuestionada no afecta el principio de legalidad —–piedra angular del derecho sancionatorio—– . Aunado a lo anterior, la Sala Jurisdiccional Disciplinaria del Consejo Superior de la Judicatura, al destacar que el cómputo del término de prescripción de la acción disciplinaria se verificaba desde 29 de noviembre de 2013, con la interposición de la demanda, en la que el accionante «exigió» al quejoso a través del proceso ejecutivo laboral el pago de honorarios, podía concluir, como lo hizo, que para el momento en que se expedía la sentencia de segunda instancia —–18 de octubre de 2018—– no se configuraba la prescripción de la acción disciplinaria, situación que tiene solidez jurídica de conformidad con los artículos 205 y 206 de la Ley 734 de 2002, que resultan aplicables en virtud de la integración normativa consagrada en el artículo 16 de la Ley 1123 de 2007 y en los cuales se establece la firmeza de la decisión sancionatoria con la suscripción del fallo. (…) La Sala aprecia que en el juicio valorativo del material probatorio allegado al diligenciamiento disciplinario y que efectuó el órgano judicial entutelado, se examinaron elementos de prueba en el ámbito natural que le corresponde a la autoridad judicial y, que determinaron la materialidad de la conducta por «falta a la honradez del abogado». Es así como el razonamiento del órgano judicial accionado, tuvo como respaldo probatorio primordial, la demanda que formuló el accionante ante el Juzgado Primero Laboral del Circuito de Neiva —–acción de exigencia—– en la que pretendió cobrar unos honorarios que superaban la participación correspondiente al cliente, proceder antiético que consumó la falta prevista en el artículo 35, numeral 2° de la Ley 1123 de 2007. (…) [L]a Sala no aprecia motivos diferentes a los expuestos por el a quo, además, porque conforme al marco normativo y jurisprudencial expuesto, la acción de tutela contra providencias judiciales, en razón de las especiales circunstancias excepcionales para su conocimiento, requiere la plena consolidación de las causales señaladas, en aras de no afectar el principio de seguridad jurídica, siendo por tanto riguroso el examen de su configuración. Para el caso de la causal de procedibilidad propuesta «desconocimiento del precedente», se exige que el juez de tutela verifique el cumplimiento del presupuesto esencial consistente en que se infrinja una providencia judicial con estatus de precedente, y siendo así, no se observa del análisis efectuado en primera instancia, que la Sala comparte, la subsunción de la causal señalada. (…) Con fundamento en las razones expuestas, se concluye que en la decisión objeto de la acción de tutela no se configuró el defecto sustantivo, fáctico y desconocimiento del precedente judicial. Tampoco procede la acción de tutela como mecanismo transitoria para evitar un perjuicio irremediable puesto que la falta disciplinaria que se profirió en su contra en ejercicio de la potestad sancionatoria el Consejo Superior de la Judicatura, Sala Jurisdiccional Disciplinaria, prevalece frente a consideraciones de índole personal, familiar y económico.
FUENTE FORMAL: LEY 1123 DE 2007 - ARTÍCULO 35 - NUMERAL 2 / LEY 734 DE 2002 - ARTÍCULO 205 - ARTÍCULO 206.
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN SEGUNDA
SUBSECCIÓN A
Consejero ponente: RAFAEL FRANCISCO SUÁREZ VARGAS
Bogotá, D.C., trece (13) de junio de dos mil diecinueve (2019)
Radicación número: 11001-03-15-000-2019-00065-01(AC)
Actor: JOSÉ WILLIAM SÁNCHEZ PLAZAS
Demandado: CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA, SALA JURISDICCIONAL DISCIPLINARIA
Se decide la impugnación de la sentencia proferida por la Sección Primera del Consejo de Estado de fecha 26 de marzo de 2019 que denegó la acción de tutela formulada por José Willliam Sánchez Plazas en contra del Consejo Superior de la Judicatura, Sala Jurisdiccional Disciplinaria, que confirmó la sentencia del 2 de noviembre de 2017 emitida por la Sala Jurisdiccional Disciplinaria del Consejo Seccional de la Judicatura del Huila.
Pretensiones
En el escrito de tutela, se solicita el amparo de los derechos fundamentales a la igualdad, al debido proceso, al derecho a la defensa, al acceso a la administración de justicia, en armonía con los principios pro homine y pro libertate y la primacía del derecho sustancial sobre las formalidades, los cuales considera el accionante vulnerados por el Consejo Superior de la Judicatura, Sala Jurisdiccional Disciplinaria, por la expedición del fallo del 18 de octubre de 2018, que confirmó la sentencia del 2 de noviembre de 2017, emitida por la Sala Jurisdiccional Disciplinaria del Consejo Seccional de la Judicatura del Huila mediante la cual fue sancionado con suspensión en el ejercicio de la profesión por el término de dos meses, al hallarlo responsable de cometer la falta descrita en el artículo 35, numeral 2.° de la Ley 1123 de 2007.
Hechos de la solicitud
Manifiesta el accionante que el señor Nelson Pastrana Villamil, quien formuló en su contra queja disciplinaria, pactó de manera consciente y libre el pago a su favor, en condición de abogado principal, del equivalente al 30% de lo obtenido a título de prima de éxito mediante contrato suscrito el 25 de mayo de 2006 y a través de un otrosí celebrado el 23 de septiembre de 2010, se acordó un incremento del 25% en favor de los abogados sustitutos.
Expresa que se llevaron a cabo las actuaciones que justificaban los honorarios acordados en los contratos de mandato suscritos porque la actuación profesional consistía en que, con motivo de la denegatoria de las pretensiones en un proceso de nulidad y restablecimiento del derecho, se le contrató «con la confianza de que se revocaría el fallo en contra y se accedería a las pretensiones».
Menciona que su mandante esbozó la queja, en que el pago de los honorarios fijados en el otrosí estaba condicionado al conocimiento del asunto ante el Consejo de Estado, pero sucede que, aunque el proceso judicial estuvo en trámite ante el Tribunal Administrativo del Huila, con la creación de los juzgados administrativos, la segunda instancia fue conocida por el citado Tribunal, instancia en la cual se produjo, a través de la apoderada sustitutiva, la celebración de una conciliación judicial que culminó con la aprobación del acuerdo celebrado mediante providencia del 27 de septiembre de 2013.
La queja disciplinaria presentada en su contra por el señor Nelson Pastrana Villamil ante el Consejo Seccional de la Judicatura del Huila, Sala Jurisdiccional Disciplinaria, por el supuesto cobro excesivo de honorarios, no tiene fundamento probatorio y se desvirtúa con la decisión proferida por el Tribunal Superior del Distrito Judicial de Neiva —–Sala Civil, Laboral y de Familia —– del 25 de noviembre de 2016, órgano judicial al que debió acudir en demanda ejecutiva por la renuencia del quejoso en pagar los honorarios.
Aduce el accionante, que aunque en esa instancia judicial se determinó que no contaba con legitimación en la causa por activa para reclamar el porcentaje de honorarios en el monto equivalente al 25% a favor de los apoderados sustitutos, sino que solamente le correspondía el 30% —– porcentaje por el que se libró mandamiento de pago —–, se dio reconocimiento a la relación contractual y a la autonomía de la voluntad en los contratos de prestación de servicios profesionales y, por ende, considera que no incurrió en cobro excesivo de honorarios, falta disciplinaria prevista en el artículo 35, numeral 2.° de la Ley 1123 de 2007, que se le imputó en el proceso disciplinario tramitado ante la Sala Jurisdiccional Disciplinaria del Consejo Seccional de la Judicatura del Huila y que culminó con la imposición en su contra de la sanción de suspensión en el ejercicio de la profesión por el término de dos meses, la cual fue confirmada por la Sala Jurisdiccional Disciplinaria del Consejo Superior de la Judicatura, mediante sentencia del 18 de octubre de 2018.
Concluye que solamente tuvo acceso «real y efectivo» al fallo de segunda instancia el 14 de diciembre de 2018 como consecuencia de un derecho de petición, puesto que solamente se le había comunicado mediante un oficio o «telegrama» núm. S.J.MRG 45879, del 20 de noviembre de 2018, que llegó a su oficina el 26 de ese mismo mes y año.
Fundamentos jurídicos del accionante
En el libelo se endilga a la decisión objeto de cuestionamiento la «vía de hecho» por la configuración de las causales defecto sustantivo, defecto fáctico y desconocimiento del precedente judicial.
La causal defecto sustantivo, la fundamenta en que se desconoció el principio de legalidad porque se tipificó en su contra la falta disciplinaria prevista en el artículo 35, numeral 2.° de la Ley 1123 de 2007 y, sucede que como el comportamiento o acción generadora que originó la investigación disciplinaria, emergió del contrato de prestación de servicios profesionales del 25 de mayo de 2006, para ese momento no se encontraba vigente la referida normatividad.
Además, el mencionado defecto, se consuma porque aún si se computa el término de prescripción de cinco años acorde a los artículos 23, numeral 2° y 24 de la Ley 1123 de 2007, a partir del 23 de septiembre de 2010, fecha en que se celebró el otrosí, comoquiera que conoció el oficio «telegrama» el 26 de noviembre de 2018 y recibió materialmente el fallo de segunda instancia el 14 de diciembre de 2018, para ese momento la acción disciplinaria ya se había extinguido.
A su turno, menciona que el accionado desconoce «adrede» que la sentencia debía notificarse personalmente conforme al artículo 71 de la Ley 1123 de 2007 y que es «falaz» que se predique la firmeza de la decisión a partir de la fecha de suscripción «de conformidad con los artículos 205 y 206 de la Ley 734 de 2016 (sic) y 16 de la Ley 1123 de 2007».
Expresa que el desconocimiento de los derechos fundamentales al debido proceso, a la defensa, la igualdad, al acceso a la administración de justicia en concordancia con la primacía del derecho sustancial y los principios universales pro homine y pro libertate, se subsumen en la causal aludida con el actuar del ente judicial accionado, al considerar que la presentación de la demanda ejecutiva ante el Juez Laboral, era un proceder «fraudulento», sin precisar los motivos por los cuales llegó a esta «funesta» conclusión, cuando la única intención que tuvo al instaurar el proceso ejecutivo era que un juez definiera si el quejoso «tenía o no la razón».
El defecto fáctico lo sustenta en que las pruebas recepcionadas, que demostraban la exoneración de la responsabilidad, no fueron valoradas conforme a las reglas de la sana crítica, porque afectando la presunción de inocencia, el principio de favorabilidad y la autonomía de la voluntad, se desconoció el porcentaje de honorarios acordados y se omitió analizar la naturaleza, calidad y duración de la gestión realizada por los apoderados.
Asevera que la indebida valoración probatoria, incidió en los presupuestos para la estructuración de la tipicidad, la antijuridicidad y la culpabilidad, y plasma una responsabilidad objetiva, porque no existe en el plenario ninguna prueba que acredite el elemento volitivo o cognitivo dolo, carga que le correspondía asumir a la autoridad sancionadora.
En relación al desconocimiento del precedente judicial, enlista pronunciamientos emitidos por el Consejo Superior de la Judicatura, la Corte Constitucional, el Tribunal Administrativo del Huila y de esta Corporación, y sobre el particular, indica que el fallo tutelado, no exteriorizó las razones por las cuales se apartaba de sus contenidos en temas relacionados con la autonomía de la voluntad en los contratos de prestación de servicios profesionales, el principio de legalidad y la prescripción de la acción disciplinaria.
Invoca la procedencia de la acción de tutela como mecanismo transitorio para evitar un perjuicio irremediable, y refiere que se cumplen los presupuestos de inminencia, urgencia y gravedad, toda vez que la sanción disciplinaria de suspensión en el ejercicio de su profesión por el término de dos meses, le genera perjuicios de índole económica, morales y a la vida de relación.
Trámite en primera instancia
El Consejo de Estado, Sección Primera, mediante providencia del 18 de enero de 2019, admitió la acción de tutela, y dispuso notificar a los magistrados de la Sala Jurisdiccional Disciplinaria del Consejo Superior de la Judicatura y a los magistrados de la Sala Jurisdiccional Disciplinaria del Consejo Seccional de la Judicatura del Huila, para que ejercieran el derecho a la defensa en el término de tres días. Como tercero interviniente, se vinculó al señor Nelson Pastrana Villamil.
Intervenciones
La Sala Jurisdiccional Disciplinaria del Consejo Seccional de la Judicatura del Huila, por conducto de la magistrada ponente, en el escrito de intervención, expresa que la sentencia proferida por esa Corporación tuvo la suficiente certeza para adoptar la decisión sancionatoria y que el análisis del acervo probatorio se efectuó en ejercicio del ámbito funcional atribuido a los funcionarios judiciales.
La Sala Jurisdiccional Disciplinaria del Consejo Superior de la Judicatura, por conducto del magistrado ponente, solicitó declarar improcedente la acción de tutela al estimar que el accionante pretende insistir en los mismos elementos examinados en el proceso disciplinario.
Manifiesta que no se configuró el fenómeno de la prescripción, puesto que la falta disciplinaria impuesta consta de 3 verbos rectores: «acordar, exigir u obtener», cargos que se formularon por haber exigido el accionante, honorarios desproporcionados y porque se demostró que promovió en contra de su cliente un proceso ejecutivo el 29 de diciembre de 2013, en el que pretendía el pago del 55% de honorarios sobre el valor obtenido por su gestión.
Adujo que, desde el punto de vista material, fueron analizados cada uno de los cargos expuestos en el recurso de apelación y que, con base en el análisis de la norma aplicable al caso, esto es, el artículo 35, numeral 2.° de la Ley 1123 de 2007, así como de las pruebas allegadas al proceso, la sanción se ajustó a los elementos sancionatorios y garantizó los derechos fundamentales a la defensa y al debido proceso.
Sentencia impugnada
El Consejo de Estado, Sección Primera mediante sentencia del 26 de marzo de 2019, negó la acción de tutela.
En sustento adujo que no se configura el defecto sustantivo, porque el Consejo Superior de la Judicatura, Sala Jurisdiccional Disciplinaria, explicó las razones por las cuales no operó la prescripción de la acción y el motivo que originó la adecuación de la conducta al tipo descrito disciplinariamente.
En cuanto a la indebida notificación, apreció que al accionante se le enviaron comunicaciones el 20 de noviembre de 2018 a las distintas direcciones que obraban en el expediente, y que, según la constancia de la secretaria de la Sala Jurisdiccional Disciplinaria del Consejo Superior de la Judicatura, la decisión atacada se fijó el 10 de diciembre de 2018.
Analizó las providencias invocadas por el accionante para sustentar la causal desconocimiento del precedente judicial, atinentes a la autonomía de los contratos de prestación de servicios; de la Corte Constitucional referidas al principio de legalidad en materia disciplinaria y respecto de la prescripción de la acción disciplinaria y, concluyó que los pronunciamientos referidos, no constituían precedente porque no contenían identidad fáctica ni jurídica frente al caso discutido, el que versó por la imposición de la sanción prevista en el artículo 35, numeral 2° de la Ley 1123 de 2007.
Sobre el particular, señaló:
Así las cosas, a continuación se analizarán las sentencias citadas por el accionante como constitutivas de desconocimiento de precedente, conforme al orden y titulación que expuso en su escrito de tutela, y para el efecto, se tiene lo siguiente:
4.3.3.1. En cuanto a la autonomía de los contratos de prestación de servicios:
Consejo Superior de la Judicatura, Sala Jurisdiccional Disciplinaria, sentencia del 15 de mayo de 2000, M.P. Miryam Donato Montoya, radicación nro. 15283-B/1058-A:
Allí la Corporación estudió la apelación de la sentencia proferida por la Sala Jurisdiccional Disciplinaria del Consejo Superior de la Judicatura de Cundinamarca, que sancionó con dos meses del ejercicio de la profesión de la abogacía a un profesional del derecho por encontrarlo responsable de la falta prevista en el numeral 1 del artículo 54 del Decreto 196 del 12 de febrero de 1971, consistente en: “Exigir u obtener remuneración o beneficios desproporcionados a su trabajo, con aprovechamiento de la necesidad, la ignorancia o la inexperiencia del cliente […]”, con ocasión de la queja que presentó un ciudadano que le otorgó poder para que adelantara un proceso ordinario laboral en contra del Fondo del Pasivo Social de Ferrocarriles Nacionales; sin embargo, de dicha reclamación solo le entregó la suma aproximada de $3.600.000 cuando la liquidación ascendió a $7.891.047.
En su análisis encontró irrazonable que el disciplinado obtuviera para sí el 54% de lo obtenido dentro del litigio en detrimento de su mandante, dado el tipo de proceso y la labor que desarrolló, y como el proceso no revestía mayor complejidad, no se justificaba una remuneración adicional.
Adicionalmente, sostuvo que la disposición contenía un “[e]lemento normativo cuyo establecimiento resulta(ba) imperativo como condición para deducirle la responsabilidad disciplinaria […]”, por lo que concluyó que “[E]n el presente caso no cabe duda de que el abogado actuó aprovechándose de la inexperiencia del cliente en esta clase de asuntos litigiosos y de su ignorancia específica en materia jurídica […]”, y en consecuencia, modificó lo decidido por el a quo y le impuso sanción de censura.
Conforme con lo señalado, no se advierte que los fundamentos de derecho sean los mismos a los estudiados en el presente asunto, máxime cuando (i) la normativa que sustentó la sanción allí atribuida fue derogada por la Ley 1123 de 2007; (ii) aquella disposición exigía factor que determinaba la configuración de la responsabilidad como era el “[a]provechamiento de la necesidad, la ignorancia o la inexperiencia del cliente. [...]”, y (iii) aquella conducta no corresponde a la endilgada al actor de la presente tutela, que consiste en la señalada en el numeral 2 del artículo 35 de la norma ejusdem, esto es: “[A]cordar, exigir u obtener honorarios que superen la participación correspondiente al cliente […]”.
Consejo Superior de la Judicatura, Sala Jurisdiccional Disciplinaria, sentencia del 3 de diciembre de 2014, M.P. Julia Emma Garzón Gómez, radicación nro. 11001110200020110039701 (8805-17):
En ese caso fue resuelto el recurso de apelación interpuesto en contra de la sentencia proferida el 30 de agosto de 2013, por la Sala Jurisdiccional Disciplinaria del Consejo Seccional de la Judicatura, en donde encontró responsable de la falta prevista en el numeral 1 del artículo 35 de la Ley 1123 de 2007, a una abogada a quien se le impuso como sanción la suspensión de 6 meses en el ejercicio de la profesión, por cuanto encontró demostrado que recibió la suma correspondiente al 45% de los dineros recuperados, lo que calificó como desproporcionado por haber obtenido aprovechamiento de la necesidad de las partes involucradas en una reclamación alimentaria.
En esa instancia se absolvió a la profesional del derecho luego de advertir que la falta endilgada exigía fijar honorarios de manera equitativa, justificada y proporcional al servicio prestado o de acuerdo con las normas previstas para ello, y que los valores a cobrar “[d]ependen, del prestigio profesional, la naturaleza, complejidad del asunto y especialmente del acuerdo de voluntades, de manera que la ley disciplinaria no puede entrar a cuestionar los honorarios pactados entre la abogada implicada y sus poderdantes, pues se deben respetar y proteger esos acuerdos, lo anterior debido a que prevalece el principio de la autonomía de la voluntad privada. […]”
De lo anterior, la Sala colige que, aunque se trata del mismo artículo de la Ley 1123 de 2007, los numerales difieren, pues como se indicó en precedencia, al accionante de la presente acción constitucional se le endilgó la falta establecida en el numeral 2, mientras que en la providencia citada como precedente se le atribuyó la prevista en el numeral 1.
Sala Jurisdiccional Disciplinaria del Consejo Superior de la Judicatura, sentencia del 22 de enero de 2015, M.P. Pedro Alonso Sanabria Buitrago, radicación nro. 11001110200020110676101:
En este asunto, la Corporación conoció del recurso de apelación interpuesto por una abogada que fue hallada responsable de la comisión de la falta prevista en el numeral 1º del artículo 35 de la Ley 1123 de 2007, por lo que fue sancionada con suspensión de la profesión por el término de tres meses y multa de un salario mínimo legal vigente por la Sala Jurisdiccional Disciplinaria del Consejo Seccional de la Judicatura de Bogotá, en sentencia del 31 de julio de 2013.
Los motivos que originaron la sanción se suscitaron en el presunto cobro desproporcionado que en sentir del quejoso hizo su apoderada por la labor contratada, la cual consistió en convertir en club un establecimiento de comercio a efectos que funcionara hasta las 6 a.m.; sin embargo, para la segunda instancia ello no fue así, afirmando que si bien la profesional del derecho cobró más allá de lo establecido por el Colegio Nacional de Abogados para la época de los hechos, el monto fue acordado entre las partes y la gestión no se limitó a “simples asesorías”, sino que hizo un estudio juicioso del tema para determinar la estrategia que condujera al cumplimiento de la tarea encomendada, concluyendo que no hubo abuso en el cobro, por lo que se absolvió de la referida conducta.
Conforme con lo indicado, se observa que entre aquel asunto y la solicitud de amparo que en esta instancia se decide no existe identidad en la causa petendi, y ello se colige no sólo de la situación fáctica expuesta líneas atrás, sino también de la fuente normativa empleada, puesto que, como sucedió en el caso analizado anteriormente, allá se sancionó a una profesional del derecho por la comisión de la conducta de que trata el numeral 1 del artículo 35 de la Ley 1123 de 2007, mientras que la cuestionada en esta sede corresponde a la prevista en el numeral 2 de la norma ejusdem, por lo que no puede ser considerada como precedente.
Corte Constitucional la T-1143 del 28 de noviembre de 2003, M.P. Eduardo Montealegre Lynett:
En ese caso, la Corte revisó la acción de tutela que negó el amparo solicitado que por el accionante en contra del Consejo Superior de la Judicatura – Sala Jurisdiccional Disciplinaria - Sala de Conjueces, en razón a la sentencia proferida el 17 de junio de 2002, que revocó la del Consejo Seccional de la Judicatura de Sucre – Sala Jurisdiccional Disciplinaria del 29 de junio de 2001, que lo absolvió de la falta prevista en el numeral 1° del artículo 54 del Decreto 196 de 1971 y, en su lugar, lo sancionó con la suspensión del ejercicio de la abogacía por el término de dos años.
La queja que motivó el proceso disciplinario, tuvo su génesis en la demanda ejecutiva que instauró el accionante en contra del Municipio de Tolú, para hacer efectivo el pago de los honorarios que pactaron dentro del contrato de prestación de servicios profesionales suscrito para adelantar los trámites tendientes a obtener el pago de las participaciones directas de las regalías por parte del Ministerio de Minas y Energía, provenientes de las exportaciones de petróleo del Puerto de Coveñas.
La suma convenida equivalía al 19% del total de los recursos recaudados, junto con sus intereses corrientes, moratorios, indexación si hubiere lugar, lo cual se verificaría con la resolución que para el efecto proferiría el Ministerio de Minas y Energía y/o con la sentencia del Consejo de Estado, o por acta suscrita por los representantes legales de los Municipios de San Antero y de Santiago de Tolú. Siendo esto último lo que efectivamente sucedió.
Los problemas jurídicos formulados por la Corte fueron: “[…] ¿es proporcional imponer sanción disciplinaria a un abogado por falta a la honradez profesional aún cuando no ha excedido los topes fijados en las tarifas que los colegios de abogados prescriben como límite máximo a cobrar por la labor? (ii) ¿tienen los profesionales del derecho la obligación legal y constitucional de bajar el monto de sus honorarios cuando el resultado jurídico perseguido se consigue de manera rápida y sumaria? (iii) ¿Es posible, de conformidad con la falta tipificada en el ordinal 1° del artículo 54 del Decreto 196 de 1971, presumir el estado de necesidad, la ignorancia o la inexperiencia de la administración municipal cuando el alcalde tiene una profesión distinta a la abogacía?, (iv) si la sentencia que impone sanción de suspensión en el ejercicio de la profesión de abogado está afectada de alguno de los defectos señalados en la jurisprudencia constitucional, ¿en el caso concreto es de tal magnitud que amerita la protección inmediata de los derechos fundamentales del actor? […]” (Se resalta)
En dicho asunto, el Tribunal Constitucional accedió al amparo deprecado, luego de analizar el Estatuto del Ejercicio de la Abogacía, vigente para la época de la comisión de la conducta cuestionada, lo que permite colegir de manera evidente que no existe similitud en el objeto y la causa petendi con el que ahora se discute, máxime si se tiene en cuenta que la fuente formal empleada para resolverlo no es la misma, pues en el asunto que ocupa la atención de este pronunciamiento aplicó las disposiciones de la Ley 1123 de 2007, que derogó aquella normativa como se señaló con anterioridad.
Además, la descripción de las faltas a la honradez previstas en ambas disposiciones también son disímiles, como se puso de presente en la primera providencia analizada.
Aunado a ello, la Sala pone de presente que, “[c]onsiderar que mediante un fallo de revisión de tutela la Corte Constitucional puede definir cuál es la aplicación e interpretación con criterio de autoridad, que debe tener un texto legal – no la Constitución – vaciaría las competencias de los demás órganos de cierre que integran la rama judicial, lo que también genera, como ha sucedido en algunos eventos, inseguridad jurídica y rompe con el equilibrio derivado del respeto al principio de juez natural, que implica la resolución de los conflictos con sujeción a las competencias especializadas y a las funciones atribuidas a las distintas Corporaciones judiciales de cierre. […]”. (Se resalta).
Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera – Subsección A, C.P. Hernán Andrade Rincón, radicado nro. 76001232500019990027201:
En dicho caso la Corporación resolvió un recurso de apelación interpuesto en contra del fallo proferido el 23 de marzo de 2001 por el Tribunal Administrativo del Valle del Cauca, que negó las pretensiones de la demanda instaurada por el actor en ejercicio de la Acción Contractual en contra del otrora Inurbe, al considerar que se modificó el equilibrio del contrato de prestación de servicios que suscribieron el 29 de noviembre de 1995, toda vez que sucedieron múltiples dificultades que derivaron en el aumento de los gastos que debió asumir el contratista por lo que solicitó el reajuste de los honorarios pactados, de lo cual obtuvo respuesta negativa de la entidad, aunado al hecho que la cotización que presentó antes de su firma no correspondía a la realidad.
Uno de los asuntos centrales que allí se estudiaron “[s]e refiere a las obligaciones asumidas por el contratista y el término establecido en el contrato para su cumplimiento, toda vez que según el demandante él se encontraba obligado hasta el vencimiento de los dos años estipulados, en virtud de lo cual solicitó a la entidad y ahora en el libelo demandatorio el pago de un mayor valor, en tanto el trámite de los procesos ha excedido el término establecido. […]”
En este punto, para la Sala es claro que tampoco existe similitud con el que se discute en esta instancia, toda vez que la providencia que se cuestiona fue proferida por el Consejo Superior de la Judicatura, dentro de la investigación disciplinaria que conllevó a la imposición de la sanción del actor en razón a su calidad de abogado, distinta a la controversia contractual que resolvió en aquella oportunidad la Sección Tercera del Consejo de Estado, y por contera, la causa petendi en ambos es evidentemente distinta.
4.3.3.2. Sobre el principio de legalidad de las normas disciplinarias:
Por otra parte, el actor citó como precedentes algunas sentencias de la Corte Constitucional, por lo que, atendiendo lo dicho en anteriores oportunidades por esta Sección, dada la naturaleza pública de esta acción, cuya finalidad es garantizar la integridad y la supremacía del orden constitucional objetivo; tales providencias no pueden considerarse como precedente judicial en la solución de un caso particular, pues el objeto de litigio se circunscribe a la exequibilidad de una norma.
Ahora bien, en gracia de discusión, para la Sala no existe desconocimiento del precedente judicial frente aquellas providencias, toda vez que ninguna se ocupó de estudiar o definir el alcance interpretativo de la fuente normativa que sustentó la decisión de sancionar al accionante por parte de la Jurisdicción Disciplinaria, esto es, el numeral 2° del artículo 35 de la Ley 1123 de 2007; aunado a que ninguna de la disposiciones allá demandadas le resultan aplicables debido a que no regulan el régimen sancionatorio del ejercicio de la abogacía. Lo anterior se colige de lo siguiente:
La sentencia de C-417 del 4 de octubre de 1993, conoció de la demanda de inconstitucionalidad interpuesta en contra del artículo 5168 del Decreto 1888 del 23 de agosto de 1989, “Por el cual se modifica el régimen disciplinario de los funcionarios y empleados de la Rama Jurisdiccional”;
El fallo C-280 del 29 de junio de 1995, se ocupó de analizar la exequibilidad de los artículos 2; 3; 4; 9, literal b); 10; 11 y 15 de la Ley 6 del 16 de enero de 1991, "Por medio de la cual se reglamenta la especialidad médica de anestesiología y se dictan otras disposiciones.";
En cuanto a la providencia C-597 del 6 de noviembre de 1996, la norma acusada fue el artículo 54 de la Ley 6º de 1992, “por la cual se expiden normas en materia tributaria, se otorgan facultades para emitir títulos de deuda pública interna, se dispone un ajuste de pensiones del sector público nacional y se dictan otras disposiciones”, que modificó los artículos 659 y 660 del Decreto Ley 624 de 1989 o Estatuto Tributario, y adicionó los artículos 659-1 y 661-1 de ese mismo decreto.
En la sentencia C-310 del 25 de junio de 1997, se demandó la inconstitucionalidad de los artículos 25-4, 26 inciso primero (parcial), 30-1, y 175 (parcial) de la Ley 200 del 28 de julio de 1995 “por el cual se expide el Código Disciplinario Único”, la cual fue derogada por la Ley 734 del 5 de febrero de 2002. Se destaca que dicha codificación está dirigida a sancionar las faltas que por acción u omisión incurran los servidores públicos y los particulares que transitoriamente ejerzan funciones públicas.
En el fallo C-653 del 20 de junio de 2001, la Corte examinó la constitucionalidad del parágrafo del artículo 26 de la Ley 200 de 1995 ídem.
En la sentencia C-796 del 24 de agosto de 2004, el Tribunal Constitucional analizó la demanda parcial contra el parágrafo del artículo 4° de la Ley 124 de 1994, “por la cual se prohíbe el Expendio de Bebidas Embriagantes a Menores de Edad y se dictan otras disposiciones.”;
En el proveído C-507 del 6 de julio de 2006, la Corte Constitucional estudió los cargos formulados en contra del artículo 40 del Decreto Ley 1798 de 2000, “Por el cual se modifican las normas de disciplina y ética para la Policía Nacional”.
4.3.3.3. Respecto a la prescripción de la acción disciplinaria:
En primer lugar, el accionante hizo referencia a tres fallos proferidos por la Corte Constitucional en donde se estudiaron las demandas interpuestas en contra de algunas disposiciones del Código Único Disciplinario, de donde se colige que las mismas no constituyen precedente judicial, en la medida que dicho estatuto no regula el ejercicio de la profesión de abogado, como se explicó en precedencia. Las sentencias que citó para el efecto fueron: C-244 del 30 de mayo de 1996; C-556 del 31 de mayo de 2001 y C-1076 del 5 de diciembre de 2002.
Ahora bien en cuanto a las demás providencias que sustentan su solicitud de amparo, se tiene lo siguiente:
Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, 29 de septiembre de 2009, C.P. Susana Buitrago Valencia, radicado nro. 11001031500020030044201:
En aquel caso, esta Corporación resolvió el recurso de súplica interpuesto por la parte demandada contra la sentencia proferida el 23 de mayo de 2003 por la Sección Segunda, Subsección B del Consejo de Estado, que revocó la del 23 de mayo 2002 del Tribunal Administrativo del Valle del Cauca, que denegó las pretensiones de la demanda donde se pretendía la nulidad de los actos administrativos proferidos por el Procurador Delegado para la Defensa de los Derechos Humanos y concluyeron con la destitución de un Brigadier General del Ejército Nacional.
Para el efecto, la Sala Plena se ocupó de estudiar los siguientes aspectos: (i) “cuándo” debía entenderse impuesta la sanción disciplinaria, (ii) la fecha en que inicia el cómputo para determinar el término de prescripción teniendo en cuenta que la conducta endilgada era de ejecución continuada (desaparición forzada), y (iii) el régimen aplicable para la época de los hechos; para ello, analizó las disposiciones que regían el régimen disciplinario de los servidores públicos consignado en las Leyes 25 del 20 de diciembre de 1974, 13 del 9 de marzo de 1984 y 4 del 5 de enero de 1990.
Al concluir el asunto, unificó la jurisprudencia de la Corporación y adoptó “[l]a tesis según la cual, entratándose de régimen sancionatorio disciplinario, la sanción se impone de manera oportuna si dentro del término asignado para ejercer esta potestad, se expide y se notifica el acto que concluye la actuación administrativa sancionatoria, que es el acto principal o primigenio y no el que resuelve los recursos de la vía gubernativa. Esta posición unificada no aplica respecto de investigaciones en otras materias que se regulen por regímenes especiales. […]”. (Resaltado de la Sala).
Asimismo dispuso infirmar la sentencia suplicada proferida por la Sección Segunda del Consejo de Estado y confirmar la del Tribunal Administrativo del Valle del Cauca que denegó las pretensiones de la demanda.
De lo anterior se concluye que el asunto resuelto en aquella oportunidad no guarda ninguna relación con el que acá se discute, puesto que el objeto de la presente controversia gira alrededor de la sanción impuesta a un abogado en ejercicio de su profesión y no de un servidor público por hechos acontecidos como miembro activo del Ejército Nacional, que fue sancionado dentro de una investigación disciplinaria administrativa.
Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, 17 de abril de 2013, Sección Segunda – Subsección A, Sala de Conjueces, Ponente Álvaro Escobar Henríquez, radicado nro. 11001031500020100007600:
Al respecto, la Sala resalta que dicha providencia no constituye precedente judicial, habida cuenta que, por un lado, se trató de una sentencia de tutela que amparó los derecho fundamentales invocados, pero como ya se explicó líneas atrás, las sentencias proferidas por la Corte Constitucional en sede de revisión, no pueden reemplazar el alcance interpretativo de la ley que hacen las distintas Corporaciones de cierre en cada una de las jurisdicciones; y por el otro, aquella fue revocada por la Sección Cuarta de esta Corporación mediante fallo del 6 de marzo de 2014, C.P. Carmen Teresa Ortiz de Rodríguez, y en su lugar, negó por improcedente la solicitud de amparo constitucional.
Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Segunda – Subsección B, 27 de febrero de 2014, C.P. Berta Lucía Ramírez de Páez, radicado nro. 11001032500020120088800:
En dicha oportunidad, la Corporación resolvió en única instancia la demanda promovida bajo el medio de control de Nulidad y Restablecimiento del Derecho en contra de la Resolución nro. 54060 2007-03 de 17 de agosto de 2006, proferida por la Jefe de la División de Investigaciones Disciplinarias de la Regional Sur Occidente de la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales (DIAN), que declaró la responsabilidad disciplinaria del señor Albeiro Freddy Patiño Velasco e impuso como sanción la suspensión en el ejercicio del cargo por el término de 2 meses; y de la Resolución nro. 11646 de 3 de octubre de 2006, por medio de la cual el Director General en sede de apelación confirmó el anterior acto administrativo.
El problema jurídico que se planteó consistió en “[d]eterminar si los actos administrativos demandados (…), fueron expedidos irregularmente, sin tener en cuenta las causales de exclusión de responsabilidad disciplinaria, desconociendo la gradualidad de las penas y violándole el debido proceso […]”; y para resolverlo, se apoyó en las disposiciones de la Ley 200 de 1995 (Código Único Disciplinario), vigente para época, así como las sentencias referidas en líneas atrás en este acápite, proferidas el 29 de septiembre de 2009 por la Sala Plena del Consejo de Estado y del 17 de abril de 2013 de la Sala de Conjueces de la Sección Segunda, negando las pretensiones de la demanda.
En ese sentido, dicho fallo tampoco constituye precedente por cuanto no hay identidad fáctica ni jurídica frente al que ocupa la atención de esta Sala, pues como se ha reiterado en este proveído, lo aquí discutido tiene relación con la imposición de la sanción prevista en el numeral 2° del artículo 35 de la Ley 1123 de 2007, por la conducta cometida por un abogado en ejercicio de su profesión y no la sanción administrativa atribuida a un servidor público, por lo que la fuente normativa también difiere; aunado a ello, las sentencias que sirvieron de sustento no son reglas aplicables como ya se advirtió en precedencia.
Por último, la sentencia que se cita del Tribunal Administrativo del Huila, Sala Primera Oral de Decisión del 11 de noviembre de 2014, M.P. Jorge Alirio Cortés Soto, radicado nro. 41001233300020130051200, no constituye precedente en la medida que no fue proferida por un órgano de cierre de alguna de las jurisdicciones.
Para puntualizar, expresa:
[…] De otro lado, aunque el accionante alegó la existencia de un perjuicio irremediable, no argumentó ninguna circunstancia que constituya tal afectación y amerite su estudio..
Impugnación
En el escrito de impugnación, el accionante solicita se valoren en su integridad las temáticas que en concreto planteó y que comprenden, el defecto fáctico por la omisión de examinar debidamente el material probatorio allegado al proceso disciplinario, con el que se varía «drásticamente» el sentido del fallo sancionatorio, toda vez que los honorarios acordados tanto en el contrato inicial como en el otrosí, obedecieron a la autonomía de la voluntad y resultaron proporcionales con la complejidad del asunto. Además, porque tanto él en su condición de apoderado principal como los sustitutos, no pusieron en riesgo los intereses del cliente y asumieron los gastos del proceso, por lo que en realidad sus honorarios solamente fueron del 20% y un 10% por gastos del proceso.
Igualmente, asevera que no se valoró que su gestión profesional terminó el 23 de septiembre de 2013 con la aprobación de la conciliación judicial y que los apoderados no cobraron ni recibieron el monto de lo conciliado sino que lo hizo directamente el señor Nelson Pastrana Villamil, quien como no pagó los honorarios pactados, se hizo necesario presentar la demanda ejecutiva el 29 de noviembre de 2013, siendo por esa actuación que el quejoso le hizo el pago en el monto equivalente al 30%.
Reitera que ocurrió la violación del principio de legalidad porque la fuente de la obligación emergió del contrato de prestación de servicios del 25 de mayo de 2006, fecha para la cual no regía la Ley 1123 de 2007, situación que a su turno, implicaba la prescripción de la acción disciplinaria, contando «en el peor de los casos» el inicio del cómputo del término de prescripción para el momento en que se presentó la demanda ejecutiva, esto es el 29 de noviembre de 2013 y sucede que como recibió copia del fallo el 14 de diciembre de 2018, la extinción de la acción disciplinaria ya había acontecido cuando se produjo la notificación.
Afirma que la sentencia objeto de impugnación hace una comparación formal de precedentes y no verifica que la accionada al aplicar unas normas improcedentes —–artículos 205 y 206 de la Ley 734 de 2002 —–, desconoce el artículo 71 de la Ley 1123 de 2007 y niega la verificación de la prescripción de la acción disciplinaria a la luz del artículo 24 ibídem, junto con los conceptos de ilicitud sustancial y presunción de inocencia.
Puntualiza que no se realizó ningún estudio sobre la existencia del perjuicio irremediable y que la acción de tutela era el mecanismo eficaz e idóneo frente a la gravedad que representa para su ejercicio profesional la ejecución de la sanción, que le impide acceder a cargos y contratos con el Estado a los cuales aspira y ejercer su profesión de abogado, con incidencia en su núcleo familiar, especialmente en uno de sus hijos, que padece discapacidad mental irreversible.
Consideraciones
2.1. Competencia
De acuerdo con lo dispuesto en el artículo 86 Constitucional y el artículo 2.° del Acuerdo 377 de 2018, según el cual «Las tutelas que sean de competencia del Consejo de Estado en primera instancia y en segunda instancia se someterán a reparto por igual entre todos los magistrados de la Sala de lo Contencioso Administrativo y serán resueltas por la sección o subsección de la cual haga parte el magistrado a quien le haya correspondido el reparto», esta Sala es competente para conocer de la impugnación, propuesta contra el fallo de tutela proferido por la Sección Primera del Consejo de Estado de fecha 26 de marzo de 2019.
2.2. Problema jurídico
Mediante la sentencia impugnada, la Sección Primera del Consejo de Estado, denegó la acción de tutela formulada por José William Sánchez Plazas en contra del Consejo Superior de la Judicatura, Sala Jurisdiccional Disciplinaria por la expedición de la sentencia del 18 de octubre de 2018 mediante la cual se confirmó la providencia del 2 de noviembre de 2017 expedida por el Consejo Seccional de la Judicatura del Huila, Sala Jurisdiccional Disciplinaria. El problema jurídico, consiste en establecer si la sanción de suspensión en el ejercicio de la profesión por el término de dos meses, en contra del accionante por incurrir en la falta prevista en el artículo 35, numeral 2.° de la Ley 1123 de 2007, incurre en vía de hecho por defecto sustantivo, defecto fáctico y desconocimiento del precedente judicial.
2.3. De la procedencia excepcional de la acción de tutela contra providencias judiciales
La acción de tutela fue prevista en el artículo 86 de la Constitución Política como un medio a través del cual toda persona puede reclamar ante los jueces, mediante un procedimiento preferente y sumario, por sí misma o por quien actúe en su nombre, la protección inmediata de sus derechos fundamentales «cuando quiera que estos resulten vulnerados o amenazados por la acción u omisión de cualquier autoridad pública».
El Decreto 2591 de 1991 reglamentó su ejercicio y estableció en sus artículos 11, 12 y 40 la posibilidad de utilizar la acción de tutela para controvertir sentencias judiciales ejecutoriadas. Estos artículos, posteriormente fueron declarados inexequibles por la Corte Constitucional, en sentencia C-543 de 1992, al considerarse que atentaban contra los principios de cosa juzgada y seguridad jurídica, además de trasgredir la autonomía e independencia judicial, así como las normas de competencia fijadas por la Constitución.
Sin embargo, dentro de la ratio decidendi de dicha sentencia, se abrió la posibilidad de manera excepcional y como mecanismo transitorio de protección, de utilizar la acción de tutela en casos en que «el juez incurriera en dilaciones injustificadas, actuaciones de hecho que desconozcan derechos fundamentales o cuando la decisión pueda causar un perjuicio irremediable», hipótesis frente a las que, señaló la Corte, no puede hablarse de atentado contra la seguridad jurídica de los asociados.
En este entendido, la jurisprudencia constitucional ha evolucionado en torno a la consideración de la procedencia excepcional de la acción de tutela contra providencia judicial, desarrollando diferentes reglas para su estudio, consolidadas en la sentencia C-590 de 2005, en la que se hace distinción entre causales genéricas, aquellas que hacen referencia a los requisitos que posibilitan la interposición de la acción, y causales específicas de procedibilidad, que persiguen verificar su procedencia una vez cotejada la validez de su interposición.
De esta forma, se señalaron como causales genéricas de procedibilidad las siguientes: (i) que la cuestión que se discuta resulte de evidente relevancia constitucional; (ii) que se hayan agotado todos los medios ordinarios y extraordinarios de defensa judicial al alcance de la persona afectada, salvo que se trate de evitar la consumación de un perjuicio iusfundamental irremediable; (iii) que se cumpla el requisito de la inmediatez, contado a partir del hecho que originó la vulneración; (iv) que cuando se trate de una irregularidad procesal, se señale de manera clara que esta tiene un efecto decisivo o determinante en la sentencia que se impugna y que afecta los derechos fundamentales de la parte actora; (v) que la parte actora identifique de manera razonable tanto los hechos que generaron la vulneración como los derechos vulnerados y que hubiere alegado tal vulneración en el proceso judicial siempre que esto hubiere sido posible; y (vi) que no se trate de sentencias de tutela. Frente a estas causales el juez debe hacer un examen exigente y cuidadoso, al ser precisamente la acción de tutela contra providencia judicial de naturaleza «excepcional».
En igual sentido, se señalaron como causales específicas de procedibilidad, aquellas que se centran en el estudio de la providencia que se ataca, las siguientes: (i) defecto orgánico, (ii) defecto procedimental absoluto, (iii) defecto fáctico, (iv) defecto material o sustantivo, (v) error inducido, (vi) decisión sin motivación, (vii) desconocimiento del precedente, (viii) violación directa de la Constitución. La Corte hizo especial hincapié en el hecho de que para que proceda el amparo, debe estar plenamente demostrada al menos una de las anteriores causales, vicios o defectos.
El Consejo de Estado en sentencia del 31 de julio de 2012, unificó su jurisprudencia en torno a la procedibilidad excepcional de la acción de tutela contra providencias judiciales, admitiendo que debe acometerse el estudio de fondo, cuando se esté en presencia de providencias judiciales que resulten violatorias de derechos fundamentales relacionados con el acceso a la administración de justicia, el debido proceso y el derecho de defensa, observando para ello los parámetros fijados por la ley y la jurisprudencia.
Asimismo, como garantía del principio de la seguridad jurídica, en sentencia de 5 de agosto de 2014 acogió un plazo de seis meses, contados a partir de la notificación o ejecutoria de la sentencia, según el caso, como tiempo razonable para determinar si la acción de tutela contra providencias judiciales se ejerce oportunamente, término de inmediatez que debe considerarse en cada caso concreto, de acuerdo con los parámetros señalados para el efecto por la Corte Constitucional.
2.4. Verificación del cumplimiento de los requisitos generales de procedibilidad de la acción de tutela contra la sentencia del 18 de octubre de 2018 proferida por la Sala Jurisdiccional Disciplinaria del Consejo Superior de la Judicatura.
2.4.1. El asunto tiene relevancia constitucional pues se centra en la discusión de una presunta vulneración de derechos fundamentales al debido proceso, la igualdad y al acceso a la administración de justicia.
2.4.2. Se agotaron los medios de defensa judicial como quiera que contra el fallo objeto de la acción de tutela, no proceden otros medios ordinarios de defensa, ni las causales previstas para la interposición del recurso extraordinario de revisión.
2.4.3. Se presentó con inmediatez porque la sentencia examinada fue proferida el 18 de octubre de 2018 y la acción de tutela se instauró el 19 de diciembre de 2018 con lo cual se satisfacen los parámetros fijados por la Sala Plena del Consejo de Estado, sobre el término para su ejercicio, que no debe sobrepasar los seis meses.
2.4.4. Los hechos y los argumentos en que se fundamenta la acción de tutela guardan coherencia lógica y temporal.
2.4.5. La presente demanda no se dirige a controvertir una sentencia de tutela, toda vez que la providencia censurada fue proferida como culminación del proceso adelantado por la jurisdicción disciplinaria, en cabeza del Consejo Superior de la Judicatura, Sala Jurisdiccional Disciplinaria.
2.5. Causales especiales de procedibilidad de la acción de tutela contra providencias judiciales
Además del cumplimiento de los requisitos general de procedibilidad de la acción de tutela, el accionante debe demostrar que la vulneración que imputa a la providencia judicial se adecúa, al menos, a una de las causales específicas de procedibilidad del amparo contra providencias judiciales, es decir, que la actuación judicial se encuentre inmersa en alguno de los siguientes vicios o defectos: a) el defecto orgánico, que se presenta cuando el funcionario judicial que profirió la providencia impugnada, carece, absolutamente, de competencia para ello; b) el defecto procedimental absoluto, que se origina cuando el juez actuó completamente al margen del procedimiento establecido; c) el defecto fáctico, que surge cuando el juez carece del apoyo probatorio que permita la aplicación del supuesto legal en el que se sustenta la decisión; d) el defecto material o sustantivo, como son los casos en que se decide con base en normas inexistentes o inconstitucionales o que presentan una evidente y grosera contradicción entre los fundamentos y la decisión; e) el error inducido, que ocurre cuando el juez o tribunal fue víctima de un engaño por parte de terceros y ese engaño lo condujo a la toma de una decisión que afecta derechos fundamentales; f) la decisión sin motivación, que implica el incumplimiento de los servidores judiciales de dar cuenta de los fundamentos fácticos y jurídicos de sus decisiones en el entendido que precisamente en esa motivación reposa la legitimidad de su órbita funcional; g) el desconocimiento del precedente, hipótesis que se presenta, por ejemplo, cuando la Corte Constitucional establece el alcance de un derecho fundamental y el juez ordinario aplica una ley limitando sustancialmente dicho alcance. En estos casos la tutela procede como mecanismo para garantizar la eficacia jurídica del contenido constitucionalmente vinculante del derecho fundamental vulnerado; y, h) la violación directa de la Constitución, que se predica cuando, de manera ostensible y flagrante, la decisión del órgano judicial contradice los postulados recogidos en la Carta Política.
Como se observa, a pesar de que en cada caso se confirme la procedencia general de la acción de tutela, es necesario verificar la presencia de alguno de los defectos y vicios mencionados, pues lo que subyace en la acción es la censura de una decisión judicial, cuya modificación implicaría alterar el principio constitucional de la seguridad jurídica.
En el presente asunto, la parte accionante formula la causal por defecto sustantivo, defecto fáctico y desconocimiento del precedente judicial. Con la finalidad de determinar la procedibilidad del amparo y la consiguiente tutela o no de los derechos fundamentales invocados, se pasará a verificar si dicha causal se subsume o no en el fallo cuestionado no sin antes hacer alusión, a los presupuestos jurisprudenciales para su configuración.
2.5.1. Defecto sustantivo: por la aplicación de un precepto que de forma manifiesta no regía la materia y por desconocimiento del precedente judicial
Ha señalado la jurisprudencia, que se incurre en defecto sustantivo cuando la autoridad jurisdiccional (i) aplica una disposición en el caso que perdió vigencia por cualquiera de la razones previstas por la normativa, por ejemplo, su inexequibilidad; (ii) aplica un precepto manifiestamente inaplicable al caso, por ejemplo porque el supuesto de hecho del que se ocupa no tiene conexidad material con los presupuestos del caso; (iii) a pesar del amplio margen hermenéutico que la Constitución le reconoce a las autoridades judiciales, realiza una interpretación contraevidente —interpretación contra legem— o claramente irrazonable o desproporcionada.
En lo atinente al defecto sustantivo por desconocimiento del precedente judicial —horizontal o vertical— , se tiene que una providencia judicial incurre en esta causal cuando la autoridad jurisdiccional se aparta sin justificación suficiente, vale decir, desconoce aquella sentencia (o conjunto de sentencias) que presenta similitudes con un caso nuevo objeto de escrutinio en materia de (i) patrones fácticos y (ii) problemas jurídicos, y en las que en su ratio decidendi se ha fijado una regla para resolver la controversia, que sirve también para solucionar el nuevo caso.
En esa lógica, en la sentencia T-794 de 2011, la Corte indicó los siguientes criterios a tener en cuenta para identificar el desconocimiento de precedente judicial: a) que la ratio decidendi del fallo que se evalúa como precedente presente una regla judicial relacionada con el caso a decidir posteriormente; b) que se trate de un problema jurídico semejante o una cuestión constitucional semejante; y, c) que los hechos del asunto o las normas juzgadas en la sentencia sean semejantes o planteen un punto de derecho semejante al que se debe resolver con posterioridad.
Ahora bien, la jurisprudencia de la Corte Constitucional ha diferenciado dos clases de precedentes según la autoridad que profiera la providencia previa, las cuales determinan el grado de obligatoriedad y sujeción que debe atender el juez o magistrado a la hora de proferir su fallo. La primera de ellas es el precedente horizontal, que hace referencia a aquellas sentencias fijadas por autoridades de la misma jerarquía o por el mismo operador judicial; la segunda, el precedente vertical, que se relaciona con los lineamientos sentados por las instancias superiores encargadas de unificar jurisprudencia dentro de la respectiva jurisdicción o a nivel constitucional.
En la mayoría de los asuntos, el precedente vertical, de obligado cumplimiento por los funcionarios judiciales, lo determina la Corte Suprema de Justicia o el Consejo de Estado, en tanto órganos de cierre dentro de su respectiva jurisdicción. Sin embargo, en los casos donde la decisión no es susceptible de revisión por parte de las autoridades mencionadas, son los tribunales los encargados de establecer los criterios hermenéuticos para los operadores judiciales inferiores.
En ese orden de ideas, cuando el contenido de las decisiones que profieren los órganos de cierre, en cada una de sus jurisdicciones, sean de naturaleza unificadora, los jueces resultan obligados por estas o por sus propias sentencias, en aquellos eventos donde los casos resulten idénticos. No obstante, esta regla admite una excepción, pues no es obligatorio aplicar el precedente cuando el caso presenta situaciones no analizadas con anterioridad en otros fallos judiciales.
Las autoridades judiciales pueden apartarse de los precedentes judiciales en atención a su autonomía y a su independencia, pero siempre que cumplan las siguientes reglas: « (i) Deben hacer referencia al precedente que abandonan, lo que significa que no pueden omitirlo o simplemente pasarlo inadvertido como si nunca hubiera existido (principio de transparencia); y, (ii) deben ofrecer una carga argumentativa seria, mediante la cual expliquen, de manera suficiente y razonada, los motivos por los cuales consideran que es necesario apartarse de sus propias decisiones o de las adoptadas por un juez de igual o superior jerarquía (principio de razón suficiente)».
En definitiva, conforme al criterio vigente de la Corte Constitucional, el desconocimiento del precedente judicial, sin debida justificación, configura un defecto sustantivo, pues su respeto es una obligación de todas las autoridades judiciales en virtud del respeto a los principios al debido proceso, igualdad y buena fe.
2.5.2. Defecto fáctico
De acuerdo con la Corte Constitucional, se está en presencia de un defecto fáctico cuando, al examinarse la providencia judicial objeto de la tutela, «resulta incuestionable que el juez carece de apoyo probatorio que permita la aplicación del supuesto legal en el que se sustenta la decisión».
En ese sentido, ha señalado la Corte que el defecto fáctico puede presentarse en una dimensión positiva o en una dimensión negativa (omisiva) de la valoración y práctica de las pruebas que realice el funcionario judicial. La primera comprende valoraciones inadecuadas, mientras que la segunda, implica omisiones en el decreto o la práctica y la valoración de las pruebas. Asimismo, ha expresado que no todo vicio en la valoración probatoria culmina en una vía de hecho. De ahí que sólo sea factible fundar una acción de tutela en este defecto cuando se observa que la valoración probatoria es manifiestamente arbitraria. En palabras de la Corte:
[e]l error en el juicio valorativo de la prueba debe ser de tal entidad que sea ostensible, flagrante y manifiesto y que tenga una incidencia directa en la decisión, pues el juez de tutela no puede convertirse en una instancia revisora de la evaluación probatoria del juez de conocimiento. [Negrillas fuera del texto]
De acuerdo con las características del sub examine, la Sala hará énfasis en la hipótesis denominada «defecto fáctico por valoración defectuosa del material probatorio», cuando advierta que el funcionario judicial, en contra de la evidencia probatoria, decide apartarse por completo de los hechos debidamente probados y resolver a su arbitrio el asunto jurídico debatido; o cuando a pesar de existir pruebas ilícitas, no se abstiene de excluirlas y, por el contrario, con base en ellas fundamenta su decisión.
En términos generales, de acuerdo con una sólida línea jurisprudencial establecida por la Corte Constitucional, el supuesto de indebida valoración probatoria se configura, entre otros, en los siguientes eventos: (i) cuando el funcionario judicial, en contra de la evidencia probatoria, decide separarse por completo de los hechos debidamente probados y resolver a su arbitrio el asunto jurídico debatido; (ii) cuando a pesar de existir pruebas ilícitas no se abstiene de excluirlas y con base en ellas fundamenta la decisión respectiva; (iii) en la hipótesis de incongruencia entre lo probado y lo resuelto, esto es, cuando se adoptan decisiones en contravía de la evidencia probatoria y sin un apoyo fáctico claro; (iv) cuando el funcionario judicial valora pruebas manifiestamente inconducentes respecto de los hechos y pretensiones debatidos en un proceso ordinario, no por tratarse en estricto sentido de pruebas viciadas de nulidad sino porque se trata de elementos probatorios que no guardaban relación con el asunto debatido en el proceso; y (v) cuando el juez de conocimiento da por probados hechos que no cuentan con soporte probatorio dentro del proceso.
En armonía con lo anterior, y tal como lo ha advertido la Corte, sólo es factible fundar una acción de tutela frente a un defecto fáctico, cuando se observa que la valoración probatoria hecha por el juez en la correspondiente providencia es manifiestamente arbitraria. El error en el juicio valorativo de la prueba «debe ser de tal entidad que sea ostensible, flagrante y manifiesto, y el mismo debe tener una incidencia directa en la decisión, pues el juez de tutela no puede convertirse en una instancia revisora de la actividad de evaluación probatoria del juez que ordinariamente conoce de un asunto, según las reglas generales de competencia».
En definitiva, se puede concluir que el juez incurre en el defecto fáctico, cuando pese a los hechos probados en el caso concreto, renuncia a hacer valer la verdad jurídica, de manera tan evidente, que su decisión se muestra forzada y contradictoria de la lógica, la sana crítica y la libre convicción del fallador.
2.6. Hechos probados
2.6.1. Entre el señor Nelson Pastrana Villamil y el accionante, se suscribió el 25 de mayo de 2006, un contrato de mandato para la prestación de servicios profesionales en el proceso de nulidad y restablecimiento del derecho de carácter laboral que se encontraba en curso ante el Tribunal Administrativo del Huila. El acuerdo de voluntades fue suscrito por el doctor José William Sánchez Plazas como apoderado del señor Nelson Pastrana Villamil y como honorarios se pactó el pago correspondiente al 30%:
[…] de todo lo que se obtenga a favor del CONTRATANTE, ya sea por sentencia, conciliación o cualquier otra decisión favorable. Todas las sumas o créditos a favor se descontarán directamente por el contratista en el momento del pago, sin ningún descuento o retención. […]”.
2.6.2. El 23 de septiembre de 2010, las partes firmaron un otrosí al contrato y modificaron la cláusula de remuneración:
[…] las partes del presente contrato acuerdan un 55% del total del monto que se llegare a reconocer en favor del CONTRATANTE, por auto o sentencia judicial, a título de Prima de Éxito, la cual podrá ser deducida por el CONTRATISTA en el momento del pago o será cancelada por el CONTRATANTE en el caso que el primero no tenga la facultad de recibir. El porcentaje acordado se distribuirá así: Para el Apoderado Principal, Doctor JOSÉ WILLIAM SÁNCHEZ PLAZAS, se le reconocerá el 30% del monto total a recibir por el CONTRATANTE distribuidos así: el 20% a título de honorarios por los servicios prestados y el 10% restante a título de Costas o gastos del proceso. Para el (los) Apoderado (s) sustituto(s) que las partes acuerdan para el trámite de la demanda de Nulidad y Restablecimiento del Derecho que se está cumpliendo en el Consejo de Estado, el CONTRATANTE Reconocerá y pagará el 25% del monto total por él recibido, igualmente, a título de Prima de Éxito, pagaderos en la misma forma que al Apoderado Principal […].
2.6.3. El 11 de junio de 2013, el Tribunal Administrativo del Huila celebró audiencia de conciliación cuyo resultado fue fructífero para el accionante toda vez que esa misma Corporación aprobó el acuerdo logrado mediante auto del 27 de septiembre del mismo año en el que se dispuso, además, la terminación del proceso.
2.6.4. El 28 de noviembre de 2013, el accionante presentó demanda ejecutiva en contra del señor Nelson Pastrana Villamil, sustentada en que la entidad territorial demandada en el proceso ordinario, efectuó el pago acordado y como no se le habían pagado sus honorarios solicitó librar mandamiento de pago por la suma equivalente al 55% «[d]e los valores conciliados y aprobados en el Auto del 27 de septiembre de 2013 (sic) a favor del Ejecutado […]». El proceso correspondió por reparto al Juzgado Primero Laboral del Circuito de Neiva, que en audiencia del 6 de mayo de 2014 declaró no probadas las excepciones propuestas por el demandado y ordenó continuar con la ejecución.
2.6.5.. En virtud de lo anterior, el señor Nelson Pastrana Villamil radicó el 5 de agosto de 2014 queja disciplinaria en contra del accionante cuya única pretensión consistió en que «[s]e investigue disciplinariamente al Abogado José William Sánchez Plazas, por haber faltado a la honradez en las relaciones profesionales, no haber actuado con criterio equitativo, justificado y proporcional frente al servicio prestado, al acordar y exigir unos honorarios que superan la participación correspondiente al cliente […]»; la cual conoció el Consejo Seccional de la Judicatura del Huila, Sala Jurisdiccional Disciplinaria, que mediante sentencia del 6 de octubre de 2017 denegó la solicitud de prescripción, declarándolo responsable a título de dolo por la comisión de la falta contra la honradez de la profesión, prevista en el numeral 2° del artículo 35 de la Ley 1123 de 2007 y, en consecuencia, lo sancionó con suspensión en el ejercicio de la profesión como abogado por el término de 2 meses.
2.6.6.. Inconforme con lo anterior, el actor interpuso recurso de apelación, el cual fue resuelto por la Sala Jurisdiccional Disciplinaria del Consejo Superior de la Judicatura mediante sentencia del 18 de octubre de 2018, que confirmó la sentencia dictada el 2 de noviembre de 2017 por la Sala Jurisdiccional Disciplinaria del Consejo Seccional de la Judicatura del Huila, mediante la cual se sancionó con suspensión en el ejercicio de la profesión por el término de dos meses al abogado José William Sánchez Plazas por hallarlo responsable de cometer la falta descrita en el artículo 35, numeral 2.° de la Ley 1123 de 2007.
En sustento de la decisión, se adujo:
“[…] Al togado se le ha llamado a responder disciplinariamente pues, de forma fraudulenta, promovió en noviembre 29 de 2013 un proceso ejecutivo laboral contra NELSON PASTRANA VILLAMIL cursado en sede a quo ante el Juzgado Primero Laboral del Circuito de Neiva – Huila bajo radicado N° 2013-00765-00, del cual se destaca la siguiente pretensión por medio del cual ejecutaba el pago de un dinero equivalente al 55% del total de los dineros recaudados en su favor en el descorrer del proceso administrativo en cita, supuestamente para sufragar sus honorarios (en un 30%) y lo de otros abogados que utilizó para el desarrollo de esa gestión (en un 25%), es decir, el togado demandó el cobro jurídico de un porcentaje mayor a la participación total que su cliente tuvo en el proceso, el cual le fue reconocido en sentencia emitida por el Juzgado Laboral en mayo 6 de 2014, no obstante, en sede de alzada, el Tribunal Superior del Distrito Judicial de Neiva, por medio de decisión fechada noviembre 25 de 2016 la revocó en relación con el 25% a favor del togado sustituto pues no se necesitó de servicios de ningún abogado a efectos de suplir ninguna instancia en Bogotá ante el Consejo de Estado.
Frente a ello se ha esbozado en sede de apelación lo siguiente:
Que la acción disciplinaria objeto de análisis estaba prescrita, en el entendido que la conducta objeto de investigación, que incluía los verbos “acordar, exigir y obtener honorarios” que supuestamente superan la participación del cliente, surgen, nacen, tienen como fuente el contrato originado del 25 de mayo de 2006 y el Otro Sí de septiembre 23 de 2010, según los porcentajes acordados para el Apoderado principal y sustituto(s).
Este argumento no es de recibo para esta Superioridad, y por el contrario es de nuestro total rechazo, ya que no es cierto que en su caso hubiere operado el fenómeno prescriptivo de la potestad sancionadora del Estado, simplemente porque, si bien el jurista pactó el pago de esos honorarios desde el 2010, el Seccional de Primera Instancia sabiamente omitió llamarle la atención por ese acontecer, haciéndolo porque exigió dicho pago de honorarios, siendo ése el verbo rector que se le imputó, actuación de exigencia, por medio del cobro judicial que hizo a través de la iniciación del proceso ejecutivo laboral de marras, el cual, valga decirlo, incoó desde noviembre 29 de 2013, por lo cual, desde esa fecha no se dan los plazos del artículo 24 de la Ley 1123 de 2007, para decretar en su favor el acaecimiento de la causal de extinción de la acción disciplinaria contenida en el numeral 2 del artículo 23 ídem […]” (Resaltado de la providencia)
Subsiguientemente, planteó que en su caso no se había logrado demo[st]rar (sic) la antijuridicidad o culpabilidad de la actuación, pues nunca cobró el 25% adicional en su favor sino en favor de un tercero, es decir, de los abogados sustitutos que tuvo que contratar para desarrollar las actuaciones, destacando que si bien el asunto del quejoso no se fue para Bogotá, si tuvo que utilizar un equipo de trabajo que le ayudó a incrementar la tesis a adoptar en favor del quejoso, por lo cual era lógico que se le sancionara por pedir más de la participación del cliente, ya que ese dinero no era para él.
Este argumento es totalmente inaceptable, bajo el entendido que, es paladino que el pacto del 25% adicional si bien sí se hizo para sufragar los honorarios de unos abogados que eventualmente se requieran a efectos de surtir el trámite en Bogotá ante el Consejo de Estado, también lo es que en el presente caso no hubo necesidad de enviar el proceso hasta el Consejo de Estado, ya que estando ante el Tribunal Administrativo del Huila, las partes, llegaron a un acuerdo conciliatorio, el cual fue aceptado, poniendo fin al proceso, por lo que, el cobro de ese dinero adicional quedaba sin piso fáctico y jurídico, lo cual fue denotado por el Tribunal Superior del Distrito Judicial de Neiva – Sala Laboral Familia y Civil, quien, fungiendo como segunda instancia del proceso ejecutivo laboral de marras, exoneró al quejoso del pago de ése porcentaje, destacándose que, en todo caso, bajo ninguna circunstancia se podía cobrar al cliente dineros por honorarios que superan en alguna forma su participación en el asunto.
Finalmente, se adujo que el cliente hoy quejoso, firmó de forma libre, consciente y sin presión alguna el otrosí, por lo cual ese contrato era Ley para las partes, al punto que lo ejecutó ante la jurisdicción correspondiente, la cual dio cabida a sus pretensiones
Este argumento tampoco es de recibo para esta Colegiatura, y, por ende no está llamado a prosperar ya que, es evidente que si bien es cierto el togado suscribió un acuerdo con el cliente, hoy quejoso, en el cual se dijo claramente el monto de sus honorarios, acuerdo este mismo que está protegido por el grado de libertad que tienen las partes en un contrato para fijar los montos de las respectivas participaciones, lo cual es propio de la máxima del derecho que “el contrato es ley para las partes”, no lo es menos que esa libertad contractual, está sometida al imperio de la ley[…]
[…] Por lo anterior, y conforme al plenario se tiene como probada la conducta y la responsabilidad del disciplinable en este cargo, y se tiene establecido con certeza que no existe justificación alguna que permita determinar un eximente de su responsabilidad, de forma que la conducta del cobro de dineros que superaban la participación del cliente, sin que se encuentre justificado, se considera conforme a la doctrina y la jurisprudencia como dolosa […].
2.6.7.. La secretaria de la Sala Jurisdiccional Disciplinaria del Consejo Superior de la Judicatura dejó la siguiente constancia:
[…] QUE LA PROVIDENCIA DE FECHA DIECIOCHO (18) DE OCTUBRE DE DOS MIL DIECIOCHO (2018) DICTADA DENTRO DEL PROCESO DISCIPLINARIO RADICADO BAJO EL NO. 41001110200020140060901 DE NELSON PASTRANA VILLAMIL CONTRA JOSÉ WILLIAM SÁNCHEZ PLAZAS IDENTIFICADO CON EL NÚMERO DE CEDULA 12121304 Y TARJETA PROFESIONAL 54884 QUEDO EN FIRME EN LA FECHA DE SU SUSCRIPCIÓN DE CONFORMIDAD CON LOS ARTÍCULOS 205 Y 206 DE LA LEY 734 DE 2002 Y 16 LEY 1123 DE 2007.
2.6.8.. A su turno, en certificación del 11 de diciembre de 2018, la secretaria de la Sala Jurisdiccional Disciplinaria del Consejo Superior de la Judicatura dejó constancia que la anterior providencia se notificó por estado núm. 211 del 10 de diciembre de 2018.
2.6.9. El Tribunal Superior del Distrito Judicial de Neiva – Sala Civil Familia Laboral, mediante sentencia del 25 de noviembre de 2016, resolvió en segunda instancia el proceso ejecutivo laboral y revocó lo decidido por el a quo; en su lugar, declaró probadas las excepciones de falta de legitimación en la causa para solicitar lo correspondiente al 25% respecto de los abogados sustitutos, y cobro de lo no debido. Igualmente, declaró no probadas, entre otras, «[E]L PAGO TOTAL DE LA OBLIGACIÓN, por haberse verificado el pago en el trámite del presente proceso […]».
2.7. Solución al caso concreto
2.7.1. Defecto Sustantivo
El principio de legalidad elevado a rango Constitucional en el artículo 29 de la Constitución Política y que se plasma en el artículo 3.° de la Ley 1123 de 2007 «[p]or la cual se establece el Código Disciplinario del Abogado», al establecer que el abogado solo será investigado y sancionado disciplinariamente por comportamientos que estén descritos como falta en la ley vigente al momento de su realización, fue preservado por la Sala Jurisdiccional Disciplinaria del Consejo Superior de la Judicatura, al acoger el razonamiento de la primera instancia —–Sala Jurisdiccional del Consejo Seccional de la Judicatura del Huila Civil —– al considerar que el comportamiento reprochado al accionante aconteció el 29 de noviembre de 2013, con la interposición de la demanda, en la que «exigió» a través del proceso ejecutivo laboral el pago de honorarios.
En consecuencia, como el accionante pretendió ante el Juzgado Laboral del Circuito de Neiva, el pago del 55% del total de los dineros recaudados en la conciliación judicial que se celebró ante el Tribunal Administrativo del Huila, vale decir, demandó el cobro jurídico en un porcentaje mayor a la participación total que su cliente tuvo en el proceso instaurado ante la Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo, para esa fecha —–29 de noviembre de 2013—– estaba rigiendo la Ley 1123 de 2007, que en el artículo 35, numeral 2.°, establece como «falta a la honradez del abogado», la realización del comportamiento con la finalidad de «[…] exigir […] honorarios que superen la participación correspondiente al cliente».
La valoración efectuada por la Sala Jurisdiccional Disciplinaria del Consejo Superior de la Judicatura en la determinación del momento en que se consumó la realización de la falta, se ajusta a los límites de proporcionalidad y razonabilidad en la libertad y autonomía funcional del juez, motivo que permite inferir, que el defecto sustantivo invocado no tiene ninguna vocación de prosperidad, toda vez que la interpretación realizada en la sentencia cuestionada no afecta el principio de legalidad —–piedra angular del derecho sancionatorio—– .
Aunado a lo anterior, la Sala Jurisdiccional Disciplinaria del Consejo Superior de la Judicatura, al destacar que el cómputo del término de prescripción de la acción disciplinaria se verificaba desde 29 de noviembre de 2013, con la interposición de la demanda, en la que el accionante «exigió» al quejoso a través del proceso ejecutivo laboral el pago de honorarios, podía concluir, como lo hizo, que para el momento en que se expedía la sentencia de segunda instancia —–18 de octubre de 2018—– no se configuraba la prescripción de la acción disciplinaria, situación que tiene solidez jurídica de conformidad con los artículos 205 y 206 de la Ley 734 de 2002, que resultan aplicables en virtud de la integración normativa consagrada en el artículo 16 de la Ley 1123 de 2007 y en los cuales se establece la firmeza de la decisión sancionatoria con la suscripción del fallo.
El accionante se opone a la aplicación de las normas precitadas de la Ley 734 de 2002 y depreca la causal defecto sustantivo porque considera que para predicar la interrupción de la acción disciplinaria era necesario dar cumplimiento al procedimiento de notificación de la sentencia en la forma prevista en los artículos 72 y siguientes de la Ley 1123 de 2007, vale decir, que era un imperativo intentar la notificación personal, la que según indica solamente se logró con la entrega física que se le hizo del fallo disciplinario el 14 de diciembre de 2018.
Los artículos 205 y 206 de la Ley 734 de 2002, contenidos en el Título XII «[d]el régimen de los funcionarios de la Rama Judicial», prevén respectivamente, que las sentencias dictadas por la Sala Jurisdiccional Disciplinaria del Consejo Superior de la Judicatura y las que resuelvan los recursos de apelación «quedarán ejecutoriadas al momento de su suscripción» y «que sin perjuicio de su ejecutoria inmediata» las sentencias que resuelvan los recursos de apelación dictadas por esa Corporación Judicial, deberán ser notificadas.
Estas disposiciones fueron aplicadas por la secretaria de la Sala Disciplinaria del Consejo Superior de la Judicatura para predicar la firmeza de la sentencia proferida por dicho órgano judicial a partir de la fecha de su suscripción, vale decir desde el 18 de octubre de 2018, momento para el cual no había operado la prescripción de la acción disciplinaria, contado desde la fecha de realización de la conducta —–29 de noviembre de 2013—–, con la interposición de la acción ejecutiva laboral ante el Juzgado Laboral del Circuito de Neiva.
Además, la integración normativa que efectuó el órgano judicial entutelado con fundamento en el artículo 16 de la Ley 1123 de 2007, para predicar la ejecutoria de las sentencias emitidas en el juzgamiento disciplinario de los abogados en el ejercicio de su profesión a partir de su suscripción, extendiendo los efectos de los artículos 205 y 206 de la Ley 734 de 2002, que contemplan la firmeza de las sentencias proferidas por el Consejo Superior de la Judicatura, Sala Jurisdiccional Disciplinaria en el juzgamiento de los funcionarios de la Rama Judicial, hace parte de la libertad interpretativa propia de la autonomía funcional de los jueces, la que a su turno, se observa no desborda los límites de razonabilidad y proporcionalidad.
2.7.2. Defecto Fáctico:
La Sala aprecia que en el juicio valorativo del material probatorio allegado al diligenciamiento disciplinario y que efectuó el órgano judicial entutelado, se examinaron elementos de prueba en el ámbito natural que le corresponde a la autoridad judicial y, que determinaron la materialidad de la conducta por «falta a la honradez del abogado». Es así como el razonamiento del órgano judicial accionado, tuvo como respaldo probatorio primordial, la demanda que formuló el accionante ante el Juzgado Primero Laboral del Circuito de Neiva —–acción de exigencia—– en la que pretendió cobrar unos honorarios que superaban la participación correspondiente al cliente, proceder antiético que consumó la falta prevista en el artículo 35, numeral 2.° de la Ley 1123 de 2007.
Y es que resulta censurable que so pretexto de la autonomía de la voluntad que revisten las cláusulas del contrato de prestación de servicios profesionales, el accionante haya exigido, como lo hizo, el cobro a través de la demanda ejecutiva laboral instaurada en contra del quejoso, de un porcentaje, equivalente al 55%, que superaba la participación correspondiente al cliente.
Sobre el particular, destaca la Sala, que el argumento del accionante al pretender exonerarse de la responsabilidad disciplinaria, sobre la base de que como resultado de la demanda ejecutiva laboral solamente se ordenó por decisión del Juez Primero Laboral del Circuito de Neiva la ejecución por el 30% de lo pagado por el Municipio de Neiva, fue desestimado en una correcta valoración probatoria efectuada por la Sala Jurisdiccional Disciplinaria del Consejo Superior de la Judicatura.
En efecto, se advierte que el verbo rector de la falta disciplinaria «exigir» se consumó por la conducta de acción realizada por el accionante al pretender cobrar un porcentaje equivalente al 55%, que superaba la participación correspondiente al cliente, así el juez laboral del circuito solamente haya ordenado continuar la ejecución en un porcentaje equivalente al 30%.
En consecuencia, en la valoración probatoria realizada por la Sala Jurisdiccional Disciplinaria del Consejo Superior de la Judicatura, que le permitió concluir la existencia de la conducta, su adecuación en el tipo disciplinario descrito en el artículo 35, numeral 2.° de la Ley 1123 de 2007, al igual que la certeza de la plena prueba de la responsabilidad disciplinaria, necesaria para proferir fallo sancionatorio al rigor del artículo 97 ibídem, se aprecia que no se incursiona en error flagrante, ostensible y manifiesto con incidencia directa en la decisión.
El elemento estructural antijuricidad que permitió con fundamento en el material probatorio, inferir que la conducta afectó los deberes consagrados en el artículo 28, numeral 8.° de Ley 1123 de 2007, y la culpabilidad a título de dolo, se edificó porque mientras este tipo disciplinario no se encuentre justificado no admite imputación diferente a la categoría dolosa.
Cabe resaltar que en un análisis que se ajusta a la sana crítica y que no presenta ningún asomo para encausar el defecto fáctico, la Sala Jurisdiccional Disciplinaria del Consejo Superior de la Judicatura, observó que como no fue necesario enviar el proceso de nulidad y restablecimiento del derecho al Consejo de Estado, el pacto en el porcentaje acordado quedaba sin piso, y consideró que, por ese motivo no se acreditaron eximentes justificativas de la conducta disciplinaria.
2.7.3. Desconocimiento del precedente judicial
De manera detallada, la primera instancia analizó este acápite y luego del examen correspondiente, la Sala no aprecia motivos diferentes a los expuestos por el a quo, además, porque conforme al marco normativo y jurisprudencial expuesto, la acción de tutela contra providencias judiciales, en razón de las especiales circunstancias excepcionales para su conocimiento, requiere la plena consolidación de las causales señaladas, en aras de no afectar el principio de seguridad jurídica, siendo por tanto riguroso el examen de su configuración.
Para el caso de la causal de procedibilidad propuesta «desconocimiento del precedente», se exige que el juez de tutela verifique el cumplimiento del presupuesto esencial consistente en que se infrinja una providencia judicial con estatus de precedente, y siendo así, no se observa del análisis efectuado en primera instancia, que la Sala comparte, la subsunción de la causal señalada.
5. Conclusión
Con fundamento en las razones expuestas, se concluye que en la decisión objeto de la acción de tutela no se configuró el defecto sustantivo, fáctico y desconocimiento del precedente judicial. Tampoco procede la acción de tutela como mecanismo transitoria para evitar un perjuicio irremediable puesto que la falta disciplinaria que se profirió en su contra en ejercicio de la potestad sancionatoria el Consejo Superior de la Judicatura, Sala Jurisdiccional Disciplinaria, prevalece frente a consideraciones de índole personal, familiar y económico.
En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Segunda administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley,
F A L L A
PRIMERO: Confirmar la sentencia proferida por la Sección Primera del Consejo de Estado del 26 de marzo de 2019, que negó acción de tutela, instaurada por José William Sánchez Plazas
SEGUNDO: Devolver al despacho de origen; Sala Jurisdiccional Disciplinaria del Consejo Seccional de la Judicatura el expediente disciplinario.
TERCERO: Remitir el expediente a la Corte Constitucional para su eventual revisión, dentro de los diez (10) días siguientes a la ejecutoria de esta providencia.
Se deja constancia que la anterior providencia fue leída, discutida y aprobada por la Sala en la sesión de la fecha.
Notifíquese y cúmplase.
La anterior providencia fue estudiada y aprobada por la Sala en sesión de la fecha.
WILLIAM HERNÁNDEZ GÓMEZ GABRIEL VALBUENA HERNÁNDEZ
RAFAEL FRANCISCO SUÁREZ VARGAS
Folios 29 a 30.. Folios 41 a 42. Folios 45 a 53. De acuerdo con lo indicado por la Relatoría de la Sala Jurisdiccional Disciplinaria del Consejo Superior de la Judicatura, la sentencia dictada en ese proceso fue proferida el 15 de mayo de 2000 y no el 18 adiado como lo afirmó el accionante. Por el cual se dicta el estatuto del ejercicio de la abogacía. De acuerdo con remitido por la Relatoría del Consejo Superior de la Judicatura – Sala Jurisdiccional Disciplinaria, se corrige el número de radiación del proceso, dado que el actor indicó el siguiente: 110011102000201100397-01 (8805-17). (Se resalta los dígitos erróneos.
[…] ARTÍCULO 35. Constituyen faltas a la honradez del abogado: // 1. Acordar, exigir u obtener del cliente o de tercero remuneración o beneficio desproporcionado a su trabajo, con aprovechamiento de la necesidad, la ignorancia o la inexperiencia de aquellos. […]
Acordar, exigir u obtener honorarios que superen la participación correspondiente al cliente. Acordar, exigir u obtener del cliente o de tercero remuneración o beneficio desproporcionado a su trabajo, con aprovechamiento de la necesidad, la ignorancia o la inexperiencia de aquellos.
[…] ARTICULO 54. Constituyen faltas a la honradez del abogado: // 1a. Exigir u obtener remuneración o beneficios desproporcionados a su trabajo, con aprovechamiento de la necesidad, la ignorancia o la inexperiencia del cliente […]. Por el cual se dicta el estatuto del ejercicio de la abogacía. Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, sentencia del 8 de junio de 2018, C.P. Roberto Augusto Serrato Valdés, radicado nro. 11001-03-15-000-2017-03477-01. Corte Constitucional, sentencia C-223 del 4 de mayo de 2016, M.P. Jorge Iván Palacio Palacio. M.P. Jose Gregorio Hernández Galindo.
[…] Artículo 51: Las providencias que en materia disciplinaria se dicten en relación con funcionarios y empleados judiciales son actos jurisdiccionales, no susceptibles de acción contencioso administrativa.[…]. (Aparte subrayado fue declarado inexequible en aquella providencia). M.P. Jorge Arango Mejía. M.P. Alejandro Martínez Caballero. M.P. Carlos Gaviria Díaz. Derogada por la Ley 1952 del 28 de enero de 2019, [p]or medio de la cual se expide el Código General Disciplinario, se derogan la Ley 734 de 2002 y algunas disposiciones de la Ley 1474 de 2011, relacionadas con el derecho disciplinario. Los destinatarios de dicho régimen disciplinario se encontraba previsto en el artículo 4 de la Ley 200 de 1995 como en la Ley 734 de 2002. M.P. Rodrigo Escobar Gil. M.P. Álvaro Tafur Galvis. M.P. Carlos Gaviria Díaz. Allí se estudió la demanda de inconstitucionalidad contra el inciso 2o. del artículo 2o., artículo 6o, parágrafo 1o. del artículo 34, inciso 3 parcial del artículo 61, numeral 1o parcial del artículo 66 y artículo 135 parcial de la ley 200 de 1995 Código Disciplinario Únic. M.P. Álvaro Tafur Galvis. Se acusó de inconstitucional el artículo 36 (parcial) de la Ley 200 de 1995. M.P. Clara Inés Vargas Hernández. El examen de constitucionalidad que hizo la Corte fue de los artículos 39 numeral 1º; 46 inciso 1º y 2º; 47 numeral 1º, literal i) y numeral 2º literal e); 48, numerales 4º, 5º literal a), 6º, 7º, 9º, 19 y parágrafo 2º; 49; 51; 53, incisos 1º y 2º; 54 numeral 3º, inciso 2º; 55, parágrafo 1º, 61, numeral 4º; 88; 93; 108; 119 inciso 2º; 124; 143 numeral 1º; 150, inciso 5º y parágrafo 2º; 158; 159; 160; 165; 171, inciso 1º; 173; 175 incisos 2º y 4º; 177 inciso 1º; 194; 206 y 213, todos parciales de la Ley 734 de 2002. Los actos del Ministerio Público demandados fueron la Resolución nro. 13 del 5 de julio de 1995 y la Resolución nro. 16 del 5 adiado, por medio de las cuales, se sancionó con destitución al oficial del Ejército Nacional y que resolvió el recurso de reposición, confirmando la anterior decisión, respectivamente.
Por la cual se expiden normas sobre organización y funcionamiento del Ministerio Público y régimen disciplinario y se dictan otras disposiciones.
"Por la cual se establecen normas que regulan la administración del personal civil y demás servidores que prestan sus servicios en la Rama Ejecutiva del Poder Público en lo nacional y se dictan disposiciones sobre el régimen de Carrera Administrativa".
“Por la cual se reorganiza la Procuraduría General de la Nación, se asignan funciones a sus dependencias y se dictan otras disposiciones. Folios 67 a 88. Folios 99 a 102. Por medio del cual se modificó el reglamento interno del Consejo de Estado. T-079 de 1993, T-158 de 1993, T-173 de 1993, T-231 de 1994, T-118 de 1995, T-492 de 1995, T-567 de 1998, SU-047 de 1999, T-382 de 2001, T-1031 de 2001, T-441 de 2003, T-462 de 2003, T-589 de 2003, T-949 de 2003, T-200 de 2004, T-774 de 2004. Reiteradas en las sentencias SU-813 de 2007 y SU-913 de 2009. Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso Administrativo. C.P. María Elizabeth García González. Expediente radicado 11001-03-15-000-2009-01328-01(IJ). Consejo de Estado. Sala Plena de lo Contencioso Administrativo. C.P. Jorge Octavio Ramírez. Expediente radicado 11001-03-15-000-2012-02201-01 (IJ). Mediante sentencia C-590 de 2005, la Corte Constitucional reunió las causales genéricas y específicas de procedibilidad del amparo contra providencias judiciales, estableciendo un total de ocho causales. Corte Constitucional, sentencias T-193 de 1995, T-1625 de 2000, T-462 de 2003, T-292 de 2006, T-087 de 2007, T-436 de 2009, T-161 de 2010, SU-448 de 2011, y T-830 de 2013, entre otras. Corte Constitucional, Sentencia T-446 de 2013: «Es la ratio decidendi que es la base jurídica directa de la sentencia, el precedente judicial que, en virtud del derecho a la igualdad, tiene efectos vinculantes y debe ser aplicado para resolver casos similares, esto por cuanto ella constituye el conjunto de argumentos jurídicos que permiten solucionar el problema debatido en el caso y explicar la decisión adoptada a la luz de los hechos que lo fundamentan. De manera que la ratio decidendi expresada en el precedente judicial constituye un importante límite a la autonomía judicial que no puede ser desconocido por los jueces». Corte Constitucional, sentencias T-794 de 2011, T-1317 de 2001 y T-292 de 2006. Corte Constitucional, sentencias T-794 de 2011, T-082 de 2011 y T-209 de 2011. Corte Constitucional, sentencias T-123 de 1995, T-766 de 2008 y T-794 de 2011. Corte Constitucional, sentencias T-211 de 2008, T-161 de 2010 y T-082 de 2011. Corte Constitucional. Sentencias T-794 de 2011, T-082 de 2011. Corte Constitucional. Sentencias T-049 de 2007, T-288 de 2011 y T-464 de 2011, T-794 de 2011, C-634 de 2011, entre otras. Corte Constitucional, sentencias T-008 de 1998, T-213 de 2008 y T-1021 de 2005, entre otras. Corte Constitucional, sentencia T-1021 de 2005. M. P. Jaime Araujo Rentería. Corte Constitucional. Sentencia T-781 de 2011. M.P. Humberto Antonio Sierra Porto. Mediante sentencia T-450 de 2001, por ejemplo, se declaró la configuración de este defecto, debido a que un juez de familia, dentro de un proceso de aumento de cuota alimentaria, en contravía de la evidencia probatoria y sin un apoyo fáctico claro, decidió incrementarla en detrimento del demandado. Textualmente se consignó: «en el expediente no existen pruebas o indicios que avalen la posibilidad de aumentar la cuota alimentaria de la manera como lo hizo el juez competente, y si bien tras su determinación existe una clara intención encaminada a proteger los derechos de la niña, reprochando a su vez la indisposición que demostró el padre durante el trámite del proceso, estas no son razones suficientes para justificar la decisión, pues aquí también está en juego el respeto al debido proceso que se predica de toda actuación judicial.
Por eso, tiene razón el juez de instancia a quien le correspondió conocer de la tutela, cuando afirma que: «a pesar de que se adopte la tesis que el juez en algunas materias de familia puede fallar más allá de lo pedido o por fuera de lo pedido, lo que si no puede hacer es más allá o por fuera de lo probado, ya que en tal caso la decisión sólo responde a su propio arbitrio, contradiciendo el deber de motivación o fundamentación de la providencia, lo cual vulnera ostensiblemente el debido proceso». Por estas razones el fallo de instancia será confirmado». Este punto fue ampliamente estudiado en el caso que resuelto mediante sentencia SU-159 de 2002, en el cual se examinó el hecho de que la prueba obtenida ilícitamente (grabación ilícita de comunicaciones) tendría la virtualidad de comunicar su vicio a las demás pruebas del proceso. Sostuvo la Corte en aquella oportunidad: «sin duda, la cuestión que merece el mayor análisis constitucional en este caso es la relativa a la vía de hecho por defecto fáctico. La Corte encuentra que la grabación de la conversación telefónica fue excluida del acervo probatorio tanto por la Fiscalía General como por la Corte Suprema de Justicia y que las pruebas que sirvieron de fundamento a la resolución de acusación y a la sentencia condenatoria no son derivadas de dicha grabación, sino que provienen de fuentes separadas, independientes y autónomas. El que la noticia criminis haya consistido en la información periodística sobre la existencia de la grabación, no hace que todas las pruebas sean fruto de ella. En este caso, claramente no lo fueron dado que la Fiscalía desplegó una actividad investigativa que la condujo a pruebas independientes de la grabación, como el patrón de reuniones y llamadas antes y después de la adjudicación de las emisoras, las certificaciones de las comunicaciones provenientes de las empresas de telefonía, los testimonios sobre cómo se hizo la adjudicación por parte de integrantes del comité correspondiente, el análisis de la elaboración y aplicación de una gráfica de criterios de adjudicación presentada por el petente, entre otras pruebas completamente ajenas al contenido de la conversación ilícitamente interceptada y grabada (...) La Corte también rechaza la insinuación de que una prueba ilícita contamina ipso facto todo el acervo probatorio. La Constitución garantiza que la prueba obtenida con violación del debido proceso sea excluida del acervo. Pero no se puede confundir la doctrina de los frutos del árbol envenenado con la teoría de la manzana contaminada en el cesto de frutas. La primera exige excluir las pruebas derivadas de la prueba viciada, lo cual se deduce de la Constitución. La segunda llegaría hasta exigir que además de excluir las pruebas viciadas, se anulen las providencias que se fundaron en un acervo probatorio construido a partir de fuentes lícitas independientes de las pruebas ilícitas, el cual, en sí mismo, carece de vicios y es suficiente para sustentar las conclusiones de las autoridades judiciales, sin admitir ni valorar las manzanas contaminadas dentro de una canasta que contiene una cantidad suficiente de pruebas sanas». Corte Constitucional, sentencia T-442 de 1994. Folio 28 del anexo núm. 4, proceso disciplinario. Folio 29 ibídem. Folios 29 reverso al 39 del anexo núm. 4 ibídem. Folios 25 a 27 del anexo núm. 4 ibídem. Folio 24 del anexo núm. 4 ibídem. Folios 175 a 176 del anexo núm. 4 ibídem.. Folios 3 a 9 del cuaderno núm, 1 Proceso Disciplinario. Obra acta de reparto del Consejo Seccional de la Judicatura del Huila. Folio 8 del cuaderno num. 1 ibídem. Obra acta de reparto del Consejo Seccional de la Judicatura del Huila. Folio 1 del cuaderno núm. 1 ibídem. Obra acta de reparto del Consejo Seccional de la Judicatura del Huila.
[…] ARTÍCULO 35. Constituyen faltas a la honradez del abogado:
[…]
2. Acordar, exigir u obtener honorarios que superen la participación correspondiente al cliente. […]”
Folios 293 a 310 del cuaderno núm 1 ibídem.
Folios 316 a 332 del cuaderno núm. 1 ibídem..
. Folios 19 a 59 del cuaderno de segunda instancia, tramitada ante la Sala Jurisdiccional Disciplinaria del Consejo Superior de la Judicatura. Folio 68 ibídem. Folio 72 ibídem. Folios 238 a 240 del cuaderno núm. 1 Proceso Disciplinario. Artículo 24 de la Ley 1123 de 2007. Términos de prescripción. La acción disciplinaria prescribe en cinco años, contados para las faltas instantáneas desde el día de su consumación […]. Además, la secretaria de la Sala Jurisdiccional Disciplinaria del Consejo Superior de la Judicatura, en vista de que no se logró la notificación personal de la sentencia emitida el 18 de octubre de 2018, la fijó por estado, el 10 de diciembre de 2018. Folio 72 del cuaderno anexo, segunda instancia ante el Consejo Superior de la Judicatura, Sala Jurisdiccional Disciplinaria.
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