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Consejo de Estado · Sección Segunda

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 11001-03-15-000-2019-00088-00

Acción de tutela contra providencia judicial: sentencia proferida en el medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho

Fecha
21 de febrero de 2019
Consejero ponente
Gabriel Valbuena Hernández

01Lo que resolvió

Ficha de la providencia

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 11001-03-15-000-2019-00088-00

Consejo de Estado · Sección Segunda

Parte resolutiva

FALLA PRIMERO.- CONCÉDASE la tutela de los derechos fundamentales invocados por el señor Edgar Pérez Salazar dentro de la acción de la referencia interpuesta contra el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Segunda, Subsección C, respecto de los defectos fáctico por desconocimiento del principio de congruencia y orgánico, conforme lo expuesto en la parte motiva. En consecuencia se dispone: SEGUNDO.- DÉJASE sin efectos la sentencia de 18 de julio de 2018, proferida por el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Segunda, Subsección C, dentro del proceso de nulidad y restablecimiento radicado con el No. 11001333502620160023401. TERCERO.- ORDÉNASE al Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Segunda, Subsección C, que dentro del término de veinte (20) días siguientes a la ejecutoria de esta providencia, profiera una nueva sentencia en la que atienda los lineamientos expuestos en la parte motiva. CUARTO.- NIÉGASE el amparo iusfundamental solicitado por el señor Édgar Pérez Salazar, respecto del desconocimiento del precedente judicial, como ha quedado señalado. QUINTO.- LÍBRENSE las comunicaciones de que trata el artículo 30 del Decreto 2591 de 1991, para los fines ahí contemplados. La anterior decisión fue discutida y aprobada por la Sala en sesión de la fecha.

02Texto de la providencia

República de Colombia

Consejo de Estado

Sección Segunda

Radicado 11001-03-15-000-2019-00088-00

Consejero ponente: Gabriel Valbuena Hernández

21 de febrero de 2019

ACCIÓN DE TUTELA CONTRA PROVIDENCIA JUDICIAL - Sentencia proferida en el medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho / DEFECTO SUSTANTIVO Y DESCONOCIMIENTO DEL PRECEDENTE - Inexistencia / DEFECTO ORGÁNICO Y VIOLACIÓN AL PRINCIPIO DE INCONGRUENCIA - Se configura / RÉGIMEN SALARIAL Y PRESTACIONAL DE LOS MIEMBROS DE LA FUERZA PÚBLICA / REAJUSTE DE ASIGNACIÓN DE RETIRO / LIQUIDACIÓN DE LA PRIMA DE ANTIGÜEDAD

[E]l Tribunal se pronunció sobre un aspecto que no fue solicitado por el demandante y con ello hizo más gravosa su situación y transgredió el principio de congruencia al fallar de forma extra petita. (…) la corporación judicial decidió estudiar la forma en que debía fijarse la prima de antigüedad y llegó a la conclusión de que la misma no debía concretarse sobre un 38.5 % del 100 % de la asignación básica, sino sobre el 38.5% del 58.5 % de aquella. (…) al proferirse la sentencia cuestionada el Tribunal Administrativo de Cundinamarca incurrió en la violación de los derechos fundamentales invocados por el accionante y con ello en defecto orgánico y desconocimiento del principio de congruencia de la sentencia, al exceder el marco de la litis, y abordar un asunto ajeno a la controversia, lo que ocasionó efectos negativos al señor [E.P.S.] pues disminuyó el monto de su asignación de retiro según la liquidación del Tribunal, y le arrojó valores negativos por cuanto la entidad venía liquidando la prima de antiguedad en $371.616 y a partir del análisis del Tribunal esta pasaría a ser de $203.173. (…) De acuerdo a lo anterior, se ordenará al Tribunal accionado proferir un nuevo fallo (…).

FUENTE FORMAL: CONSTITUCIÓN POLÍTICA - ARTÍCULO 86 / LEY 131 DE 1985 / LEY 923 DE 2004 / CÓDIGO GENERAL DEL PROCESO - ARTÍCULO 281 / DECRETO 2282 DE 1989 / DECRETO 2591 DE 1991 / DECRETO 1794 DE 2000 - ARTÍCULO 1 - INCISO 2 / DECRETO 1794 DE 2000 - ARTÍCULO 5 / DECRETO 4433 DE 2004 - ARTÍCULO 13 / DECRETO 4433 DE 2004 - ARTÍCULO 16

CONSEJO DE ESTADO

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCIÓN SEGUNDA - SUBSECCIÓN A

Consejero ponente: GABRIEL VALBUENA HERNÁNDEZ

Bogotá D.C., veintiuno (21) de febrero de dos mil diecinueve (2019)

Radicación número: 11001-03-15-000-2019-00088-00(AC)

Actor: EDGAR PÉREZ SALAZAR

Demandado: TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DE CUNDINAMARCA, SECCIÓN SEGUNDA, SUBSECCIÓN C

La Sección Segunda, Subsección A de la Sala de lo Contencioso Administrativo del Consejo de Estado, decide la acción de tutela presentada por el señor Edgar Pérez Salazar, a través de apoderado judicial, en contra de la Subsección C de la Sección Segunda del Tribunal Administrativo de Cundinamarca y la Caja de Retiro de las Fuerzas Militares.

ANTECEDENTES

1. PRETENSIONES

El señor EDGAR PÉREZ SALAZAR, actuando a través de apoderado judicial, presentó acción de tutela en contra de la Subsección C de la Sección Segunda del Tribunal Administrativo de Cundinamarca y la Caja de Retiro de las Fuerzas Militares, CREMIL, al considerar que vulneraron sus derechos fundamentales a la igualdad y al acceso a la administración de justicia, así como al principio de prevalencia del derecho sustancial. En consecuencia solicitó:

«[…]
SEGUNDO. Que como consecuencia del amparo constitucional deje sin valor parcialmente la providencia dictada por el Honorable Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Segunda, Subsección C, dictada el 18 de julio de 2018, que niega la pretensión del subsidio familiar en el porcentaje reconocido en actividad, ordena otra liquidación de la prima de antigüedad y niega la prima de navidad como factor prestacional; dentro del medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho con radicado 11001333502620160023401.
TERCERO: como consecuencia del amparo constitucional, que se ordene al Honorable Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Segunda, Subsección C adoptar una nueva decisión, en el sentido que se incluya como factor salarial en la asignación de retiro del señor Edgar Pérez Salazar […] la partida del subsidio familiar en el mismo porcentaje devengado en actividad y no en el 30%; duodécima parte de la prima de navidad, y la correcta liquidación de la prima de antigüedad.
[…]».

2.- HECHOS

La parte accionante señaló como fundamentos fácticos de la tutela, los siguientes:

El accionante prestó sus servicios al Ejército Nacional como soldado voluntario, condición en la cual devengó la prima de navidad, conforme con el artículo 5.º del Decreto 1794 del 2000, equivalente al 50 % del salario básico percibido en noviembre del respectivo año más la prima de antigüedad, la cual sería pagada en diciembre de cada año.

Mediante la Resolución 1020 del 16 de febrero de 2016 se le reconoció la asignación de retiro.

El 3 de mayo de 2016, solicitó a la Caja de Retiro de las Fuerzas Militares, el reajuste de la asignación de retiro teniendo en cuenta: 1) El 20 % por el reajuste que se debió hacer a su salario básico al desempeñarse como soldado voluntario; 2) que se liquidara la prima de antigüedad conforme al artículo 16 del Decreto 4433 de 2004; 3) que se incluyera el subsidio familiar en el mismo porcentaje reconocido en actividad y no en un 30 %; y 4) que se liquidara en la asignación de retiro la duodécima parte de la prima de navidad. Dicha petición fue negada a través de Oficio 32463 de 16 de mayo de 2016.

La anterior decisión fue demandada en el medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho, ante el Juzgado 26 Administrativo Oral de Bogotá, bajo el radicado 11001333502620160023400, donde se solicitó, además de la nulidad del oficio señalado, que se condenara a la entidad a:

1. Reliquidar y reajustar la asignación de retiro teniendo en cuenta un 20 % adicional, desde la fecha en que le fue reconocido el derecho hasta la inclusión en la mesada pensional conforme al parágrafo del artículo 1.º del Decreto 1794 de 2000, con incidencia en todas las partidas computables.
2. Efectuar «la correcta aplicación del cálculo del valor de las partidas y porcentajes, sin liquidar o tomar dos porcentajes a la prima de antigüedad, desde la fecha en que le fue reconocido el derecho hasta la inclusión en la mesada pensional, conforme al artículo 16 del Decreto 4433 de 2004».
3. Por «vía de excepción de inconstitucionalidad», incluir el subsidio familiar en un 70 %, en la asignación de retiro, desde la fecha en que le fue reconocido el derecho hasta la inclusión en la mesada pensional.
4. Por «vía de excepción de inconstitucionalidad» del artículo 13 del Decreto 4433 de 2004, tener en cuenta la duodécima parte de la prima de navidad liquidada con los últimos haberes percibidos a la fecha fiscal de retiro, en la asignación de retiro, desde la fecha en que le fue reconocido el derecho hasta la inclusión en la mesada pensional.

El Juzgado 26 Administrativo de Bogotá, profirió sentencia el 24 de agosto de 2017, mediante la cual accedió a las pretensiones de la demanda y ordenó el reajuste de la asignación básica en un 20 %, la reliquidación de la prima de antigüedad conforme al artículo 16 del Decreto 4433 del 2004, la inclusión del subsidio familiar en el porcentaje reconocido en actividad y la duodécima parte de la prima de navidad como factor pensional.

Al resolver la apelación presentada por la entidad demandada, el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Segunda, Subsección C, en sentencia de 18 de julio de 2018, confirmó parcialmente la decisión del Juzgado, salvo los numerales 1.º y 2.º de la parte resolutiva, por lo que declaró la nulidad del oficio demandado en cuanto negó al soldado la reliquidación de su asignación de retiro con el 70 % de la asignación básica mensual reajustada e incrementada en un 60 %, adicionado en un 38.5 % de la prima de antigüedad.

A título de restablecimiento del derecho condenó a la entidad a reajustar la asignación de retiro atendiendo a un salario mínimo mensual legal vigente incrementado en un 60%; así mismo, de conformidad con la fórmula de cálculo establecida en el artículo 16 del Decreto 4433 de 2004, es decir, el 70 % de la asignación básica, más el 38.5% de la prima de antigüedad que devengaba en actividad, sin aplicarle ningún porcentaje adicional, sumándole el 30 % de la suma que percibía hasta el momento del retiro por concepto de subsidio familiar, esto conforme al artículo 1.º del Decreto 1162 de 2014.

La Caja de Retiro de las Fuerzas Militares, emitió la Resolución 21588 del 13 de diciembre de 2018, en la que, al dar cumplimiento a la sentencia del 30 de julio de 2018, arrojó valores negativos por $1´825.844 debido a la forma de liquidación de la prima de antigüedad para su inclusión en la asignación de retiro, donde se disminuyó el monto que venía siendo reconocido.

3. Fundamentos jurídicos de la solicitud de tutela

De los argumentos expuestos por el accionante la Sala de Subsección entiende que los defectos alegados en contra de la providencia del Tribunal son los siguientes:

(i) defecto sustantivo:

Se indica en la tutela que para resolver el recurso de apelación en relación con «la correcta liquidación de la prima antigüedad» el Tribunal Administrativo de Cundinamarca transcribió el artículo 16 del Decreto 4433 de 2006 y argumentó que la liquidación realizada por la entidad estuvo correcta. Sin embargo, según el accionante la fórmula matemática planteada por CREMIL no se encuentra ajustada a derecho sino que induce en error a los funcionarios judiciales. Al efecto explicó:

«[…] el 70% es tomado de la asignación basica mensual, que da como resultado $631.463, sobre esto no hay discusión, pero si se multiplica o se saca el 38,5%, del salario basico $902.090, se obetendria como resultado el valor de $347.305; ahora les explico a los Honorables Consejeros, de donde sale el valor de $243.113, éste valor lo saca la entidad demandada sacando o tomando el 38,5% de los $631.463, valor al cual se le había aplicado el 70% de los $902.090 que es el salario básico; es éste el yerro en que incurrio el operador judicial de segunda instancia al presumir que el planteamiento de la formula esta conforme al Art. 16 del Decreto 4433 de 2004, cuando al realizar la opración matemática para tener la certeza que es lo correcto se tiene que no es así, la entidad con una maniobra engañosa, de mala fe y vulnerando derechos fundamentales, llevo a que adoptaran una decisión judicial incorrecta; para tal efecto, la liquidación debe realizar en el siguiente sentido:

AÑO
2015
Sueldo Básico= SMLMV + 40%
$902.090
70%
$631.463
PRIMA DE ANTIGÜEDAD 38,5%
$347.305
TOTAL ASIGNACIÓN DE RETIRO
$978.768

[…]». (Sic para toda la cita).

De conformidad con esta liquidación, explicó que el 38,5%, se toma del salario básico ($902.090), y no del 70 % como lo hizo la entidad.

El Tribunal Administrativo de Cundinamarca, no tuvo diligencia en comprobar la fórmula matemática planteada por la entidad y al aceptarla sin ningún reparo se transgredieron los derechos fundamentales del actor.

Indicó que no es correcto, que se tome «el 70% al salario básico y a este valor o monto se le saque o tome el 38,5%, ya que eso no es lo que señala el artículo 16 del Decreto 4433 de 2004. Que al efecto debe tenerse en cuenta la sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección A del 9 de marzo de 2017 con ponencia Dr. William Hernández Gómez, radicado 66-001-23-33-000-2013-00079-01, N.I. 2898-2014, donde se señaló la forma correcta de liquidación de la prima de antigüedad.

(ii) Desconocimiento del precedente judicial

Precisó que el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, en múltiples ocasiones ha resuelto casos idénticos al que hoy nos ocupa, pero en este se le indujo en error, aunado a que no tuvo diligencia en comprobar la fórmula matemática que se le presentó. Además, dijo, que la jurisprudencia del Consejo de Estado, ha sido reiterada en éste tema de la correcta liquidación de la prima de antigüedad, conforme al artículo 16 del Decreto 4433 de 2004, providencias que fueron citadas en la demanda, la apelación y los alegatos de conclusión de segunda instancia.

Estas son: sentencia 19 de abril de 2015 de la Sección Segunda, Subsección A, consejero ponente Dr. Gustavo Eduardo Gómez Aranguren; sentencia del 19 de abril de 2015, radicado 11001031500020150080100, confirmada en segunda instancia por la Sección Cuarta, consejera ponente Dra. Martha Teresa Briceño de Valencia, en sentencia del 16 de septiembre de 2015; de la Sección Cuarta, consejera ponente Dra. Martha Teresa Briceño de Valencia, sentencia del 11 de mayo de 2016, radicado 11001031500020160082200; sentencia de la Sección Primera, con ponencia de la consejera Dra. María Elizabeth García González de 11 de diciembre de 2016, radicado 11001031500020140229201.

Frente al desconocimiento del precedente horizontal, citó la sentencia del 24 de noviembre de 2016 del Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Segunda, Subsección E, M.P dra. Patricia Victoria Manjarrés Bravo, radicado 25307333300120150044901, demandante: Oliverio Vera; sentencia del Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Segunda, Subsección A; del 26 de enero de 2017, M.P. Dr. Néstor Javier Calvo Cháves, radicado 11001333503020150055401, demandante: José Tito Urrego.

En cuanto al subsidio familiar devengado en actividad, precisó que debió ser reconocido en el porcentaje que devengaba en actividad y no tan solo en un 30 %, para lo cual debió atenderse a lo señalado por el Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección B, en sentencia de 8 de junio de 2017, Magistrado Ponente Dr. César Palomino Cortés, radicado 11001-03-25-000-2010-00065-00 (0686-2010), donde declaró «[…]con efectos ex tunc, la nulidad total del Decreto 3770 de 2009, “por el cual se deroga el artículo 11 del Decreto 1794 de 2000» providencia que dijo, era de vital importancia porque en ella se estudió y se declaró la nulidad de una de las normas que regulaba el subsidio familiar para los soldados profesionales, existiendo razones constitucionales y jurisprudenciales para acceder a la tutela de los derechos que se invocan y que se ordene dictar una nueva sentencia donde se tenga en cuenta el subsidio familiar en el mismo porcentaje devengado en actividad para efectos de la asignación de retiro del demandante.

En cuanto a la inclusión en la asignación de retiro de la duodécima parte de la prima de navidad por vía de la excepción de inconstitucionalidad, dijo que el Tribunal Administrativo de Cundinamarca revocó esta pretensión pese a que ese mismo colegiado ha concedido las pretensiones en casos idénticos; además conforme al artículo 5.º del Decreto 1794 del 2004, el soldado profesional de las Fuerzas Militares en servicio activo, tendrá derecho a percibir anualmente una prima de navidad equivalente al cincuenta por ciento (50 %) del salario básico devengado en el mes de noviembre del respectivo año más la prima de antigüedad, la cual será cancelada y pagada en el mes de diciembre de cada año.

Explicó que con fundamento en la Ley 923 de 2004, se expidió el Decreto 4433 de 2004, que en su artículo 13 consagró las partidas computables para la asignación de retiro, pensión de invalidez y de sobrevivencia, para el personal de las Fuerzas Militares donde se ordena el cómputo de la duodécima parte de la prima de navidad liquidada con los últimos haberes percibidos a la fecha fiscal de retiro, pero la misma no fue incluida para el caso de los soldados profesionales.
Dijo que el Tribunal atendió al derecho a la igualdad y a la no discriminación (artículos 13 y 48) ya que en el presente caso, la prima de navidad devengada por el soldado profesional no fue tenida en cuenta como factor pensional en la asignación de retiro, como sí ocurre para oficiales y suboficiales, situación con la cual se incurrió en violación directa de la Constitución, tema sobre el cual en sentencia dictada el 8 de junio de 2017, Sección Segunda, Subsección B, magistrado ponente dr. César Palomino Cortés, Radicado 11001-03-25-000-2010-00065-00, (0686-2010), declaró «…con efectos ex tunc, la nulidad total del Decreto 3770 de 2009, “por el cual se deroga el artículo 11 del Decreto 1794 de 2000 y se dictan otras disposiciones”, expedido por el Gobierno Nacional» lo cual genera efectos en el caso concreto.

Finalmente explicó que el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, en la Sección Segunda, Subsecciones A, D, y F, ha dictado sentencias en idénticos casos al que hoy es objeto de la presente acción.

4.- Trámite procesal

Mediante auto del 4 de diciembre de 2018, se admitió la acción de tutela de la referencia y se ordenó notificar a la parte accionada, a los terceros interesados y a la Agencia de Defensa Jurídica del Estado, para que, si a bien lo tuvieren, intervinieran en el proceso.

5.- Informes

5.1.- El Juzgado 26 Administrativo del Circuito Judicial de Bogotá señaló que la sentencia cuestionada fue proferida por un funcionario diferente, titular del despacho en ese momento, que fue debidamente fundamentada en referentes normativos y jurisprudenciales aplicables al caso.

5.2.- El magistrado, doctor Samuel José Ramírez Poveda del Tribunal Administrativo de Cundinamarca, ponente de la decisión cuestionada, dijo que el demandante no tenía derecho a que como partida computable en su asignación de retiro se incluyera el 70 % del subsidio familiar y tampoco la duodécima parte de la prima de navidad, y respecto de la prima de antigüedad, dijo que esta debía liquidarse con el 38.50 % de la prima de antigüedad realmente devengada. Esto por cuanto las partidas computables vigentes a la fecha en que se consolidó el derecho a la asignación de retiro son las que legalmente puede tenerse en cuenta al momento de su reconocimiento. Que en este aspecto de acató la interpretación de la Sala mayoritaria del Consejo de Estado en el sentido de señalar que al 70 % de la asignación básica que devengaba el actor debe sumarse el 38.5 % de la prima de antigüedad percibida.

En cuanto a la inclusión de la prima de navidad en la asignación de retiro del actor, dijo que no puede emplearse el criterio de violación del derecho a la igualdad por cuanto la finalidad del subsidio familiar no es otro que ayudar a los trabajadores de menores ingresos y al sostenimiento de su núcleo familiar lo cual no ocurre con la duodécima parte de la prima de navidad reclamada. Además, los oficiales y suboficiales efectuaron aportes para su asignación de retiro sobre dicho factor durante toda su relación laboral, conforme lo ordena el artículo 17 del Decreto 4433 de 2004 mientras que los soldados profesionales no.

Frente a la forma de computar la prima de antigüedad dijo que este tema se desarrolló puntualizando el Decreto 4433 de 2004 y que de tal forma se deduce que la asignación de retiro de los soldados profesionales se liquidará sobre el salario mensual en los términos del inciso 1.º del Decreto Ley 1794 de 2000 donde se señala que se puede llegar a un máximo de 58.50 % de la asignación básica.
En el fallo impugnado se puso de presente que la Caja de Retiro de las Fuerzas Militares al calcular la asignación de retiro equivocadamente tomó como prima de antigüedad el 38.50 % del total de la asignación básica, cuando ese porcentaje se debe tomar de la prima de antigüedad realmente devengada. Por tanto, la entidad tomó como prima $347.305 que es el 38.50 % de la asignación básica, siendo lo correcto $203.173 que corresponde al 38.50 % de $527.722,65, es decir con el 20 % adicional que se le adeudaba. Además, la correcta liquidación sería superior por efectos del reajuste que es del 60 % como soldado profesional vinculado antes del 31 de diciembre de 2000.

5.3.- La Caja de Retiro de las Fuerzas Militares, a través de apoderado judicial manifestó que no existe vulneración alguna de la violación del debido proceso ya que el demandante tuvo a su disposición los medios judiciales de defensa. Que no se puede examinar la violación del derecho a la igualdad ya que no es de competencia del juez de tutela examinar las actuaciones procesales surtidas en otros juicios ordinarios y determinar en cuál de ellos la decisión definitiva fue ajustada a derecho.

CONSIDERACIONES

1. Competencia

Corresponde a esta Sala conocer de la acción de la referencia interpuesta contra la Subsección C de la Sección Segunda del Tribunal Administrativo de Cundinamarca y la Caja de Retiro de las Fuerzas Militares, de conformidad con el artículo 2.° del Acuerdo 377 de 2018 según el cual las tutelas que sean de competencia del Consejo de Estado en primera instancia y en segunda instancia se someterán a reparto por igual entre todos los magistrados de la Sala de lo Contencioso Administrativo y serán resueltas por la sección o subsección de la cual haga parte el magistrado a quien le haya correspondido el reparto.

2. Problema jurídico

Corresponde a la Sala verificar si en este caso la acción de tutela cumple con los requisitos generales de procedencia, al formularse contra una providencia judicial. Solo en caso que la respuesta al anterior interrogante sea afirmativa se verificará si se produjo una vulneración iusfundamental por parte del Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Segunda, Subsección C, con ocasión de la sentencia 18 de julio de 2018 proferida dentro del proceso de nulidad y restablecimiento del derecho radicado 11001-33-35-026-2016-00234-01, interpuesto por el accionante, por los presuntos defectos orgánico, violación al principio de incongruencia de la sentencia y desconocimiento del precedente jurisprudencial.

Planteado de ese modo el debate jurídico en el presente asunto, a continuación, y con el fin de resolver los cuestionamientos formulados, la Sala de Decisión analizará las pruebas obrantes en el expediente frente al marco normativo y jurisprudencial aplicable al caso.

3.- La acción de tutela contra providencias judiciales

En términos generales y de acuerdo con la jurisprudencia constitucional vigente, aceptada mayoritariamente por la Sala Plena de esta Corporación, es posible acudir al recurso de amparo para obtener la protección material de los derechos fundamentales, cuando éstos resulten amenazados o vulnerados por decisiones judiciales. Esto, atendiendo a que el ejercicio de la judicatura, como cualquier rama del poder en el Estado democrático, supone la absoluta sujeción a los valores, principios y derechos que la propia Constitución establece; y en esa perspectiva, cualquier autoridad investida de la potestad de administrar justicia, sin importar su linaje, es susceptible de ser controlada a través de ese mecanismo constitucional cuando se desbordan los límites que la Carta le impone.
Ahora bien, siendo la tutela una acción de carácter excepcional y residual, supone el cumplimiento de ciertas exigencias por parte de quien pretende la protección de sus derechos, en tanto que el ejercicio natural de la jurisdicción se inscribe dentro de procedimientos destinados a la eficacia de los mismos y en esa medida las irregularidades que allí surjan son subsanables en el contexto del proceso.

De ahí que la Corte Constitucional estructurara, después de años de elaboración jurisprudencial, los requisitos generales de procedencia de la acción de tutela contra decisiones judiciales, que tienen como propósito garantizar el delicado equilibrio entre el principio de seguridad jurídica, la autonomía e independencia de los jueces para interpretar la ley y la necesidad de asegurar la vigencia efectiva de los derechos constitucionales fundamentales.

Tales requisitos generales de procedencia de la acción de tutela contra decisiones judiciales son los siguientes:

a. Que la cuestión que se discuta resulte de evidente relevancia constitucional.
b. Que se hayan agotado todos los medios -ordinarios y extraordinarios- de defensa judicial al alcance de la persona afectada, salvo que se trate de evitar la consumación de un perjuicio iusfundamental irremediable.
c. Que se cumpla el requisito de la inmediatez, es decir, que la tutela se hubiere interpuesto en un término razonable y proporcionado a partir del hecho que originó la vulneración.
d. Cuando se trate de una irregularidad procesal, debe quedar claro que la misma tiene un efecto decisivo o determinante en la sentencia que se impugna y que afecta los derechos fundamentales de la parte accionante.
e. Que la parte accionante identifique de manera razonable tanto los hechos que generaron la vulneración como los derechos vulnerados y que hubiere alegado tal vulneración en el proceso judicial siempre que esto hubiere sido posible.
f. Que no se trate de sentencias de tutela.

Además de estas exigencias, la Corte en la mencionada sentencia C-590 de 2005, precisó que era imperioso acreditar la existencia de unos requisitos especiales de procedibilidad, que el propio Tribunal Constitucional los ha considerado como las causales concretas que «de verificarse su ocurrencia autorizan al juez de tutela a dejar sin efecto una providencia judicial».

Así pues, el juez debe comprobar la ocurrencia de al menos uno de los siguientes defectos:

1.- Defecto orgánico, que tiene lugar cuando el funcionario judicial que emite la decisión carece, de manera absoluta, de competencia para ello.
2.- Defecto procedimental absoluto, que tiene lugar cuando el juez actuó al margen del procedimiento establecido.
3.- Defecto fáctico, que surge cuando el juez carece del apoyo probatorio que permita la aplicación del supuesto legal en el que se sustenta la decisión.
4.- Defecto material o sustantivo, que se origina cuando las decisiones son proferidas con fundamento en normas inexistentes o inconstitucionales, o que presentan una evidente contradicción entre los fundamentos y la decisión.
5.- Error inducido, que se presenta cuando la autoridad judicial ha sido engañada por parte de terceros y ese engaño lo llevó a tomar una decisión que afecta derechos fundamentales.
6.- Decisión sin motivación, que tiene lugar cuando el funcionario judicial no da cuenta de los fundamentos fácticos y jurídicos de su decisión, pues es en dicha motivación en donde reposa la legitimidad de sus providencias.
7.- Desconocimiento del precedente, que se origina cuando el juez ordinario, por ejemplo, desconoce o limita el alcance dado por esta Corte a un derecho fundamental, apartándose del contenido constitucionalmente vinculante del derecho fundamental vulnerado.
8. -Violación directa de la Constitución.

De acuerdo a lo anterior, la procedencia de la acción de tutela contra providencias judiciales es excepcional, de allí que la interpretación de los requisitos generales y de los defectos específicos en la providencia, deba ser restrictiva, a la luz de los argumentos planteados por los intervinientes en el proceso de amparo.

3.1.1. En el presente caso, advierte la Sala que la pretensión de amparo constitucional cumple con los requisitos generales diseñados por la jurisprudencia, que habilitan su interposición.

En efecto, el asunto a resolver es de marcada relevancia constitucional, en la medida que se contrae a establecer de manera central si el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Segunda, Subsección C, con la expedición de la sentencia cuestionada incurrió en la violación de los derechos fundamentales ya señalados.

Así mismo, se encuentra que la sentencia carece de recursos ordinarios y extraordinarios para obtener el amparo constitucional; se advierte igualmente que la interposición del mecanismo constitucional se dio en un lapso «razonable y proporcionado» por cuanto la providencia de segunda instancia se notificó por correo electrónico el 30 de julio de 2018 (fol. 154 y s.s. Expediente en préstamo) y la acción se interpuso el 11 de enero de 2019 (fol. 1).

No se trata de irregularidades procesales, ni de tutela contra tutela y se encuentran identificados de manera razonable tanto los hechos que generaron la trasgresión como los derechos vulnerados.

3.2. Los defectos a que alude la acción de tutela en la sentencia analizada

La argumentación de la acción de tutela se dirige a atacar la sentencia objeto de análisis por la presunta configuración del defecto sustantivo, desconocimiento del precedente judicial, violación directa de la Constitución.
Sin embargo, advierte la Sala, la posible configuración del defecto orgánico, y violación al principio de incongruencia de la sentencia, según se desprende de los fundamentos de la acción, por lo que se referirá a estos y al defecto de desconocimiento del precedente judicial.

3.2.1. Violación del principio de congruencia

Según la Corte Constitucional si la sentencia o providencia judicial recae sobre materias no debatidas en el proceso, ausentes de la relación jurídico-procesal trabada, la incongruencia, además de sorprender a una de las partes, la ubica en situación de indefensión que, de subsistir, pese a la interposición de los recursos, y con mayor razón cuando éstos no caben o se han propuesto infructuosamente, se traduce inexorablemente en la violación definitiva de su derecho de defensa.

Este principio se encuentra consagrado en el artículo 305 del Código de Procedimiento Civil, modificado a su vez por el Decreto Ley 2282 de 1989 y hoy en el artículo 281 del Código General del Proceso, según el cual el juez, en su sentencia, no puede reconocer lo que no se le ha pedido (extra petita) ni más de lo pedido (ultra petita); de no ser así, con su actuación estaría excediendo, positiva o negativamente, los límites de su potestad.

Al efecto, la Corte ha explicado que el principio de congruencia es una manifestación concreta de un valor constitucional supremo que limita el ejercicio de todo poder público. En este sentido, quien es investido de autoridad no detenta un poder nudo y propio, sino que adquiere la responsabilidad de servir a los asociados y contestar a sus demandas dando razones que demuestren que su acción no es caprichosa, arbitraria o desviada (artículos 1° y 2° de la C.P.).

Conforme con lo anterior, cuando esa autoridad es jurisdiccional la exigencia que pesa sobre el funcionario, por las facultades que tiene de afectar derechos individuales y por su misión de garante del Estado Social de Derecho, es mayor en la medida en que las razones que debe dar para justificar sus decisiones deben ser construidas y articuladas de manera mucho más rigurosa que la de los órganos políticos, lo cual se encuentra delimitado por el debido proceso, siendo por tanto la congruencia un elemento de este derecho fundamental en la medida que impide determinadas decisiones porque su justificación no surge del proceso por no responder en lo que en él se pidió, debatió, o probó.

Sin embargo la Alta Corporación aclaró que la incongruencia que es capaz de tornar en vía de hecho una providencia judicial, es sólo aquella que subvierte completamente los términos de referencia que sirvieron al desarrollo del proceso, generando una alteración sustancial, dentro de la respectiva jurisdicción, que quiebra irremediablemente el principio de contradicción y del derecho de defensa.
De esta forma, cuando se realice un juicio sobre la actividad del juez, para establecer si la violación del principio de congruencia constituye o no una vía de hecho, se deberá tener en cuenta:

La naturaleza de las pretensiones hechas -lo pedido- y el campo de aplicación de los derechos en juego.
Si la sentencia o providencia judicial recae sobre materias no demandadas, debatidas o probadas en el proceso;
Si el proceso conservó, desde su apertura hasta su culminación, un espacio abierto y participativo para las partes en contienda, de modo que se asegure la existencia del debate y de la contradicción -que le son consustanciales y que son el presupuesto de una sentencia justa- sobre una base de lealtad y de pleno conocimiento de sus extremos fundamentales.

3.2.1.1. Principio de congruencia en materia de recurso de apelación

Sobre este principio, esta Corporación se ha manifestado en numerosas ocasiones, para destacar que en los procesos ordinarios el recurso de apelación tiene límites, pues debe guardar correspondencia con el petitum de la demanda, los fundamentos fácticos y jurídicos que la sustentan, los argumentos de oposición a la misma y las consideraciones que sirven de sustento al a quo para fundamentar su sentencia. No de otra forma se respetan los derechos al debido proceso, a la igualdad procesal y la garantía de la doble instancia.

Frente a los límites del juez en segunda instancia, esta Corporación, en sentencia de 5 de julio de 2007 precisó que: «[…] en el recurso de apelación […] la competencia de la Corporación está restringida a los motivos de inconformidad expuestos por el recurrente contra la providencia objeto del recurso y que se relacionen, desde luego, con las causales de nulidad planteadas en la demanda, o con las consideraciones que sirvieron de sustento al Tribunal para dictar la sentencia».

Asimismo, en sentencia de 26 de julio de 2012, la Sección Cuarta de la Corporación expresó que el recurso de apelación «[…] pretende […] provocar la revisión de la providencia que cuestiona por parte del superior funcional de quien la profirió, para que, según su ponderado análisis y juicio jurídico, la revoque, modifique o, si lo encuentra pertinente, la confirme. La especialidad y exclusividad de este objeto, unido al principio de congruencia de la sentencia, sugiere plena unidad temática y consecuente entre el petitum de la demanda, las razones fácticas y jurídicas que lo fundamentan, los argumentos de oposición a las mismas, la sentencia que examinó y proveyó sobre éstos y aquéllas, y los cuestionamientos de la apelación, conforme al parámetro fijado por el ya referido artículo 350».

La anterior argumentación guarda correspondencia con lo dicho por la Corte Constitucional en sentencia T - 516 de 2005 (M.P. Clara Inés Vargas Hernández), frente a los límites de la competencia del juez de segunda instancia. En ella se lee:

«[…]la competencia del superior jerárquico[…] no debe ser entendida únicamente en términos de economía procesal, sino que se encuentra limitada por el respeto al derecho fundamental del debido proceso, por la garantía de la doble instancia, y el derecho a la igualdad procesal […] en el trámite de la segunda instancia, un juez no tiene siempre plena competencia para pronunciarse sobre todos los asuntos que tengan alguna relación con la apelación, pues  podría estar actuando por fuera del marco de su competencia, por ejemplo, cuando profiere decisiones que resuelven de manera directa un asunto que no fue objeto de decisión por parte del a quo». (Se resalta).

3.2.2. Defecto orgánico

Este defecto se edifica sobre la garantía constitucional del juez natural, consagrada en el artículo 29 de la Constitución, por lo que se configura cuando una persona o un asunto objeto de litigio es juzgado por quien carece de los elementos de la competencia fijados previamente por la ley. En este sentido, la inobservancia de la competencia en un proceso judicial configura un yerro de carácter orgánico que afecta al debido proceso, porque el grado de jurisdicción correspondiente a un juez, tiene por finalidad delimitar el campo de acción de la autoridad judicial para asegurar así el principio de seguridad jurídica que representa un límite para la autoridad pública que administra justicia, en la medida en que «las atribuciones que le son conferidas sólo las podrá ejercer en los términos que la Constitución y la ley establecen».

3.2.3. Del desconocimiento del precedente judicial

El desconocimiento del precedente judicial ha sido considerado por la doctrina constitucional como una de las causales constitutivas de vías de hecho, que se configura cuando no se aplica ante un mismo supuesto fáctico o caso similar, una misma razón de derecho que se haya adoptado en otro caso de igual naturaleza, a menos que el juez de la causa lo justifique de manera razonada.

Es de anotar que la misma jurisprudencia constitucional ha clasificado el precedente jurisprudencial en razón de la jerarquía que presentan las autoridades judiciales. Por tanto, los fallos no sólo se comparan en relación con juzgadores del mismo nivel, sino que también el cotejo se hace tomando como referente las decisiones de sus superiores. El primero de ellos es considerado como precedente en sentido horizontal y el segundo en sentido vertical.

Para lo que al asunto interesa, en cuanto al precedente vertical ha establecido la Corte Constitucional que, con todo, también existe la posibilidad de que un funcionario judicial pueda apartarse de su propio precedente, teniendo en cuenta los caracteres instrumental y sustancial, referentes al órgano que realiza el cambio de precedente y las condiciones de realización del mismo. En ese sentido es viable que dentro de un mismo cuerpo Colegiado los Magistrados se aparten de las decisiones constitutivas del precedente o el de otra Sala, siempre y cuando expongan en su decisión los argumentos razonables que sirvieron de fundamento para ello, resguardando de esta forma tanto las exigencias de igualdad como las garantías de independencia judicial exigidas.

Ahora bien, las reglas de derecho que por su carácter amplio y general inspiran el sentido de una decisión, configuran criterios que el juez de instancia puede adoptar y/o adaptar para encontrar una solución al caso pendiente de fallo, pero no resultan en ningún modo obligatorios.

Como se ve, la imposición de aplicar la misma regla que solucionó un caso del pasado al posterior, depende de si los supuestos de hecho de los dos asuntos son similares. Pero, las pautas que se presentan más generales son solamente una guía para el juez ordinario, que le puede indicar una de varias formas de fallar. Ha dicho la Corte que:

«[…]el precedente judicial se construye a partir de los hechos de la demanda. El principio general en el cual se apoya el juez para dictar su sentencia, contenida en la ratio decidendi, está compuesta, al igual que las reglas jurídicas ordinarias, por un supuesto de hecho y una consecuencia jurídica. El supuesto de hecho define el ámbito normativo al cual es aplicable la subregla identificada por el juez. De ahí que, cuando en una situación similar, se observe que los hechos determinantes no concuerdan con el supuesto de hecho, el juez esté legitimado para no considerar vinculante el precedente. Lo anterior se apoya en el principio de igualdad, que obliga aplicar la misma regla a quienes estén en la misma situación de hecho».

Igualmente, se debe tener en cuenta que de manera general el precedente judicial no lo conforma un sólo caso, sino como se dijo, una serie de pronunciamientos que la mayoría de las veces evolucionan hacia reglas más claras, que definen con mayor especificidad su alcance.

Por último, en virtud de la autonomía interpretativa con que cuentan los jueces, puede aceptarse tanto en el precedente horizontal, como en el vertical, que las distintas Salas de Decisión se aparten de los precedentes judiciales, sólo si exponen unas razones debidamente fundadas, que justifiquen tal criterio.

4. El caso concreto.

Ahora bien, para poder verificar si en el presente caso se presentó una vulneración ius fundamental, analizará esta Sala de Subsección las pretensiones del medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho, las decisiones que se tomaron frente a cada una de ellas, en primera y segunda instancia, así como los defectos a que alude el accionante y su resolución específica.

4.1. De la demanda de nulidad y restablecimiento del derecho.

El señor Edgar Pérez Salazar, interpuso demanda de nulidad y restablecimiento del derecho, radicado 11001 -33-35-026-2016-00234-01, contra la Caja de Retiro de las Fuerzas Militares, cuyo conocimiento correspondió al Juzgado 26 Administrativo Oral del Circuito Judicial de Bogotá, para obtener las siguientes declaraciones:

«[…]
Que se declare la nulidad del OF 32463 del 2016-05-16, donde la CAJA DE RETIRO DE LAS FUERZAS MILITARES, negó: 1) El incremento o reajuste del 20% en la asignación de retiro; 2) La re liquidación de la asignación de retiro sin afectar o tomar dos veces porcentaje a la partida de antigüedad; 3) La inclusión del subsidio familiar en el 70%; 4) La inclusión de la duodécima parte de la prima de navidad liquidada con los últimos haberes percibidos a la fecha fiscal de retiro; al Soldado Profesional (r) EDGAR PEREZ SALAZAR CC 91.477.984, en la asignación de retiro.
Como consecuencia de la declaratoria de nulidad del acto administrativo, condene a la CAJA DE RETIRO DE LAS FUERZAS MILITARES, a título de restablecimiento del derecho, a reajustar y reliquidar la asignación de retiro para el Soldado Profesional (r) EDGAR PEREZ SALAZAR CC 91.477.984, teniendo en cuenta un 20% adicional, desde la fecha en que le fue reconocido el derecho hasta la inclusión en la mesada pensional conforme al parágrafo del Art. 1o del Decreto 1794 de 2000, con incidencia en todas las partidas computables.
Como consecuencia de la declaratoria de nulidad del acto administrativo, condene a la CAJA DE RETIRO DE LAS FUERZAS MILITARES, a título de restablecimiento del derecho, a reliquidar la asignación de retiro para el Soldado Profesional (r) EDGAR PEREZ SALAZAR CC 91.477.984, con la correcta aplicación del cálculo del valor de las partidas y porcentajes, sin liquidar o tomar dos porcentajes a la prima de antigüedad, desde la fecha en que le fue reconocido el derecho hasta la inclusión en la mesada pensional, conforme al Art. 16 del Decreto 4433 de 2004.
Como consecuencia de la declaratoria de nulidad del acto administrativo, condene a la CAJA DE RETIRO DE LAS FUERZAS MILITARES, a título de 
restablecimiento del derecho, por vía de excepción de inconstitucionalidad, a reconocer el subsidio familiar en un 70%, en asignación de retiro para el Soldado Profesional (r) EDGAR PEREZ SALAZAR CC 91.477.984, desde la fecha en que le fue reconocido el derecho hasta la inclusión en la mesada pensional.
Como consecuencia de la declaratoria de nulidad del acto administrativo, condene a la CAJA DE RETIRO DE LAS FUERZAS MILITARES, a título de restablecimiento del derecho, por vía de excepción de inconstitucionalidad del Art. 13 del Decreto 4433 de 2004, a tener en cuenta la duodécima parte de la prima de navidad liquidada con los últimos haberes percibidos a la fecha fiscal de retiro, en asignación de retiro para el Soldado Profesional (r) EDGAR PEREZ SALAZAR CC 91.477.984, desde la fecha en que le fue reconocido el derecho hasta la inclusión en la mesada pensional […]».

4.2. Frente al reajuste de la asignación de retiro por aplicación del inciso 2.º del artículo 1.º del Decreto 1794 de 2000, es decir, con un incremento del 60 % sobre el salario mínimo legal vigente.

Como ya se dijo, el accionante solicitó la nivelación de la asignación básica para el reajuste de la asignación de retiro, es decir, por aplicación de lo establecido en el inciso 2.º del artículo 1.º del Decreto 1794 de 2000, que señala «Sin perjuicio de lo dispuesto en el parágrafo del artículo siguiente, quienes al 31 de diciembre del año 2000 se encontraban como soldados de acuerdo con la Ley 131 de 1985, devengarán un salario mínimo legal vigente incrementado en un sesenta por ciento (60%)».

El Juzgado 26 Administrativo del Circuito Judicial de Bogotá accedió a dicha pretensión, por lo que dijo que el actor tenía derecho a continuar devengando el salario mínimo legal vigente incrementado en un 60%.

Esta decisión fue confirmada por el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, para lo cual citó la sentencia de unificación del Consejo de Estado, de 25 de agosto de 2016, dentro del proceso radicado 2013-00060, con ponencia de la consejera doctora Sandra Lisset Ibarra Vélez.

4.3. Frente a la inclusión en la liquidación de la asignación de retiro de las partidas (i) subsidio familiar en la totalidad de lo percibido en actividad y (ii) décima parte de la prima de navidad.

El accionante indicó que el subsidio familiar debe ser reconocido en el porcentaje que devengaba en actividad y no tan solo en un 30 %, para lo cual debió atenderse a lo señalado por el Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección B, en sentencia de 8 de junio de 2017, Magistrado Ponente Dr. César Palomino Cortés, radicado 11001032500020100006500 (0686-2010).

En primera instancia, el Juzgado 26 Administrativo del Circuito de Bogotá, accedió a esta pretensión al señalar que no podía existir un trato diferenciado entre las partidas computables para el reconocimiento de la prestación, establecidas en el Decreto 4433 de 2004, para los oficiales y suboficiales y aquellas señaladas para los soldados profesionales; que luego mediante Decreto 1162 de 2014 se dispuso como partida computable pero no en el mismo porcentaje en que la venía devengando, por tanto concedió la pretensión con base en la violación del derecho a la igualdad del demandante en comparación con sus superiores por lo que ordenó que dicha partida debía ser computada en el porcentaje que venía devengando en actividad.

Al resolver la apelación, frente a éste tema específico, el Tribunal indicó que al reconocer y liquidar las asignaciones de retiro, CREMIL tuvo en cuenta lo dispuesto en el Decreto 1162 de 2014, normatividad vigente aplicable al retiro del actor, que dispone que el subsidio familiar se incluye en un 30% de lo devengado en actividad aplicable a soldados profesionales e infantes de marina que se consoliden a partir de su vigencia, esto es, con posterioridad al 24 de junio de 2014, por lo que debía revocarse la condena que por ese aspecto se impuso en primera instancia.

En lo que se refiere a la inclusión de la duodécima parte de la prima de navidad liquidada con los últimos haberes percibidos a la fecha fiscal de retiro el Juzgado 26 Administrativo de Bogotá accedió a esta pretensión al indicar que conforme con el artículo 5.o del Decreto 1794 de 2000, la Ley 923 y el Decreto 4433 de 2004, artículos 13 y 16, a los soldados profesionales, no se les tiene en cuenta este factor, a excepción de lo que ocurre con oficiales y suboficiales conforme al artículo 13 del Decreto 4433 de 2004, con lo cual, dijo, existió un grave trato discriminatorio pese que los soldados toda su vinculación venían percibiendo tal prestación.

Los argumentos de apelación de la entidad por este aspecto (inclusión de la duodécima parte de la prima de navidad) consistieron en que no era procedente al no estar plasmada en el artículo 16 del Decreto 4433 de 2004; que se suma el hecho de que el artículo 13 de esta norma en forma expresa establece que no se podrán incluir otras partidas adicionales.

El Tribunal accionado precisó que el numeral 13.2 del artículo 13 del Decreto 4433 de 2004, determina las partidas computables dentro de la asignación de retiro y la pensión de sobreviviente de los soldados profesionales, sin incluir la duodécima parte de la prima de navidad, emolumento que sí se encuentran previsto como partidas computables para los oficiales y suboficiales de las fuerzas militares; que el criterio jurisprudencial aplicado sobre el subsidio familiar, no puede extenderse para incluir la duodécima parte de la prima de navidad pues el objeto del primero es ayudar a los trabajadores de menores ingresos al sostenimiento de su núcleo familiar, lo cual no ocurre con la duodécima parte de la prima de navidad, y que oficiales y suboficiales, sí efectuaron aportes para su asignación de retiro sobre dicho factor durante toda su relación laboral, conforme lo ordena el artículo 17 del Decreto 4433 de 2004, mientras que los soldados profesionales no.

4.4. Frente a la pretensión de reliquidación de la asignación de retiro con el cómputo de la prima de antigüedad.

El Juez 26 Administrativo del Circuito Judicial de Bogotá consideró en su decisión que conforme con el artículo 16 del Decreto 4433 de 2004 la asignación de retiro sería el equivalente al 70 % del salario mensual indicado en el numeral 13.2.1. adicionado con un 38.5 % de la prima de antigüedad. Por tanto consideró ilegal la fórmula que la entidad presentó en la contestación de la demanda consistente en:

70% = (sueldo básico + 38.50% de prima de antigüedad).

Lo anterior, al considerar que la norma indica que el 70% corresponde al salario mensual indicado en el numeral 13.2.1. sin que se pueda leer que al 38.5% de la prima de antigüedad también se le aplique el 70%; en este sentido advirtió que CREMIL incurrió en un error. Por tanto ordenó aplicar esta fórmula:

Asignación básica= 70% del sueldo básico + 38,50% de prima de antigüedad

Sobre este ítem, el Tribunal Administrativo de Cundinamarca indicó que no le asistía razón al demandante y no podía acceder a esta pretensión, pues la entidad aplicaba en debida forma lo previsto en el artículo 16 del Decreto 4433 de 2004. Dijo que a partir de dicha norma la asignación de retiro de los soldados profesionales se liquidará sobre las siguientes partidas computables: el salario mensual en los términos del inciso primero del artículo 1.º del Decreto-ley 1794 de 2000 y la prima de antigüedad, la que está reglamentada en el art. 2 del Decreto 1794 de 2000 «Por el cual se establece el régimen salarial y prestacional para el personal de soldados profesionales de las Fuerzas Militares» donde se señala que puede llegar a un máximo del 58.50% de la asignación básica.

Consideró entonces que debía acatar la interpretación de la Sala mayoritaria del Consejo de Estado, en el sentido de que al 70% de la asignación básica que devengaba el actor debía sumarse el 38.5% de la prima de antigüedad percibida. Por lo tanto, la asignación de retiro del actor debía calcularse tomando la asignación básica mensual reajustada e incrementada en un 60%, y el valor resultante debía multiplicarse por el 0.70%, a cuyo resultado deberá sumarse el 38.5% de la prima de antigüedad que percibió en servicio activo.

No obstante avanzó en señalar lo siguiente:

« […]

Sin embargo, claramente se observa que la Caja de Retiro de las Fuerzas Militares al calcular la asignación de retiro, equivocadamente tomó como prima de antigüedad el 38.50% del total de la asignación básica, cuando lo que se debe tomar es el 38.50% de la prima de antigüedad realmente devengada, aspecto que se pone de presente, toda vez que de la hoja de servicios y la proyección de asignación de retiro obrante al folio 5 vto del expediente, la Sala encuentra que la entidad toma como prima el valor de $347.305,00 que es el 38.50% de la asignación básica, siendo lo correcto el valor de $203.173 que corresponde al 38.50% de 527.722,65 que el demandante devengó en la nómina de diciembre 2015 por concepto de prima de antigüedad, ya con el 20% adicional que se le adeudaba. El siguiente cuadro, muestra claramente lo que se señala:.

FORMA DE LIQUIDAR LA ASIGNACION DE RETIRO SEGÚN LA NORMATIVIDAD Y LA INTERPRETACION DEL CONSEJO DE ESTADO
DATOS EXTRAIDOS HOJA DE SERVICIOS (FL. 3)

FORMA ERRONEA COMO LO VIENE HACIENDO LA ENTIDAD
-Sueldo básico 2016 reajustado (SMMLV $689.454+60% Art. 16 del D. 4433/2004) = $1.103.126
$1.103.126 x 70.00% = $772.188,2
El 38.5% de $527.722,65= que corresponde al porcentaje que por de prima de antigüedad devengó el señor Edgar Pérez
Es …………………….....……………………………$203.173=
SUELDOBÁSICO………………………………… .$772.188,2=
SUBSIDIOFAMILIAR $169.142=
TOTAL $1.144.503,22013- Año de reconocimiento de la asignación de retiro
-Sueldo básico de soldados profesionales a 2016 reajustado (SMMLV $689.454 +40%)….$965.237
Monto de la prima de antigüedad….$371.616
Sueldo básico + Prima de antigüedad ….. $ 1.336.853
Porcentaje de liquidación 1.336.853 X 70.00%=$935.798
Más Subsidio Familiar $169.142
Total $1.104.940

Aclara la Sala que si bien es cierto del cuadro antes relacionado la cuantía es mayor en el del lado izquierdo, no es porque la prima de antigüedad esté siendo menos favorable en cuanto a la forma como la ha venido liquidando la entidad, sino que ello obedece a que en el costado en mención se refleja la incidencia del reajuste a que legalmente tiene derecho el demandante que es el del 60% como Soldado Profesional vinculado antes del 31 de Diciembre de 2000.» Se resalta.

5. Análisis de la Sala.

Ahora bien, recordemos que lo que discute el accionante de la sentencia del Tribunal proferida dentro del medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho con radicado 11001333502620160023401 es que éste le negó la pretensión del subsidio familiar en el porcentaje reconocido en actividad, ordenó otra liquidación de la prima de antigüedad y le negó la prima de navidad como factor computable en la asignación de retiro.

Para resolver, considera necesario la Sala recordar que en relación con las partidas computables para la asignación de retiro, la Sección Segunda de esta Corporación a través de auto de 31 de octubre de 2018, proferido dentro del proceso de nulidad y restablecimiento del derecho 85-001-3333-000-2013-00237 01 (1701-2016), demandante: Julio César Benavides Borja, dispuso avocar el conocimiento de ese asunto con el objeto proferir sentencia de unificación jurisprudencial frente a los siguientes temas:

«En ese orden, la Sala considera necesario unificar el criterio sobre los siguientes puntos, con la finalidad de fijar reglas aplicables a los casos que se encuentren en similar situación fáctica de manera uniforme y en condiciones de igualdad, para luego resolver los problemas jurídicos correspondientes al caso objeto del recurso de alzada:

El reajuste del 40% al 60% de la asignación de retiro de los soldados voluntarios que se incorporaron como profesionales. Asignación salarial que debe tenerse en cuenta para liquidar la asignación de retiro.
Legitimación de CREMIL para decidir sobre el reajuste de la asignación de retiro.
La interpretación del artículo 16 del Decreto 4433 de 2003, sobre la forma de computar la prima de antigüedad en la liquidación de la asignación de retiro de los soldados profesionales.
Las partidas computables que deben tenerse en cuenta para la liquidación de la asignación de retiro de los soldados profesionales.
Porcentaje de liquidación de la asignación de retiro de soldados profesionales. Aplicación de los incrementos previstos por el Decreto 991 de 2015.»

En cuanto a las partidas computables que deben tenerse en cuenta para la liquidación de la asignación de retiro de los soldados profesionales, la Corporación señaló en el auto de 31 de octubre de 2018:

« En lo que respecta al subsidio familiar se ha discutido si el mismo debe o no ser tenido en cuenta para la liquidación de la asignación de retiro. Ello por cuanto los soldados profesionales están reclamando la inclusión del subsidio familiar como partida computable para la liquidación de la asignación de retiro con fundamento en lo dispuesto en el artículo 5 del Decreto 1161 de 2014 y el Decreto 1162 de 2014, que establecieron que a partir de julio de 2014 debe tenerse en cuenta el subsidio familiar como partida computable, en cuantía del 30%.
Es de anotar que con anterioridad a dicha normativa, los soldados profesionales en actividad devengaban, con fundamento en el Decreto 1794 de 2000, un subsidio familiar que equivalía al 4% de su salario básico mensual más la prima de antigüedad. Tal norma fue derogada por el Decreto 3770 de 2009 el cual pese a eliminar el subsidio familiar precisó que este se mantendría para los soldados que venían devengándolo hasta la fecha de su retiro, con la aclaración de que el valor del subsidio familiar consagrado en el Decreto 1794 de 2000, era el resultado de aplicar la siguiente fórmula: 4% del salario básico mensual +100% de la prima de antigüedad mensual.
Por su parte, el artículo 13 del Decreto 4433 de 2004, que contempla cuáles son las partidas computables para efectos de liquidar la asignación de retiro del personal de las Fuerzas Militares, no prevé para los soldados profesionales el subsidio familiar. El texto del artículo en cita es del siguiente tenor:
«ARTÍCULO 13. PARTIDAS COMPUTABLES PARA EL PERSONAL DE LAS FUERZAS MILITARES. La asignación de retiro, pensión de invalidez, y de sobrevivencia, se liquidarán según corresponda en cada caso, sobre las siguientes partidas así:
13.1 Oficiales y Suboficiales:
13.1.1 Sueldo básico.
13.1.2 Prima de actividad.
13.1.3 Prima de antigüedad.
13.1.4 Prima de estado mayor.
13.1.5 Prima de vuelo, en los términos establecidos en el artículo 6o del presente Decreto.
13.1.6 Gastos de representación para Oficiales Generales o de Insignia.
13.1.7 Subsidio familiar en el porcentaje que se encuentre reconocido a la fecha de retiro.
13.1.8 Duodécima parte de la Prima de Navidad liquidada con los últimos haberes percibidos a la fecha fiscal de retiro.
13.2 Soldados Profesionales:
13.2.1 Salario mensual en los términos del inciso primero del artículo 1o del Decreto-ley 1794 de 2000.
13.2.2 Prima de antigüedad en los porcentajes previstos en el artículo 18 del presente decreto.
PARÁGRAFO. En adición a las partidas específicamente señaladas en este artículo, ninguna de las demás primas, subsidios, bonificaciones, auxilios y compensaciones, serán computables para efectos de asignación de retiro, pensiones y sustituciones pensionales.»

Se observa entonces que la norma transcrita incluye como partidas computables para la asignación de retiro de los soldados profesionales el salario mensual y la prima de antigüedad, sin embargo, para los oficiales y suboficiales se incluyen otros factores, dentro de ellos, el subsidio familiar, situación que ha llevado a los primeros a reclamar la inclusión del emolumento en mención para efectos de calcular su mesada, asunto que ha sido objeto de estudio por parte del Consejo de Estado en sus Secciones.

En este contexto, se observa que algunos tribunales administrativos se ajustaron al criterio literal y taxativo de la norma que definía los factores computables para la asignación de retiro, situación que dio lugar a la interposición de acciones de tutela ante esta Corporación, lo cual propició la formulación de una nueva tesis a partir de la sentencia del 17 de octubre de 2013, dentro de la cual la Subsección B de la Sección Segunda del Consejo de Estado, analizó que la exclusión del subsidio familiar en la liquidación de la asignación de retiro de los soldados profesionales atenta contra el derecho a la igualdad, con base en el siguiente razonamiento:

«En efecto, el artículo 13 del Decreto 4433 de 2004, establece un trato diferenciado, al incluir el subsidio familiar en la liquidación de los Oficiales y Suboficiales, empero, no la incluyó en los Soldados Profesionales, sin que se vislumbre justificación razonable para tal exclusión.
Por el contrario, si se tiene en cuenta que la finalidad del plurimencionado subsidio es la de ayudar al trabajador al sostenimiento de las personas que se encuentran a su cargo en consideración a sus ingresos, resulta desproporcionado y en consecuencia, inconstitucional, que se haya previsto dicha partida para los Oficiales y Suboficiales que se encuentran un rango salarial más alto que los Soldados Profesionales.

Así pues, a luz de la Carta Política y los postulados del Estado Social de Derecho, resulta inaceptable que el Decreto 4433 de 2004 haya previsto el subsidio familiar como partida computable para los miembros de las Fuerza Pública que tienen una mejor categoría – los Oficiales y Suboficiales – dejando por fuera a los que devengan un salario inferior y en consecuencia, a quienes más lo necesitan, los Soldados Profesionales.»

Acorde con lo anterior, la vulneración al derecho a la igualdad y la finalidad del subsidio familiar han sido el punto de partida para distintos pronunciamientos dentro de acciones de tutela instauradas contra las sentencias proferidas por los tribunales administrativos del país, y se ha asumido como el argumento central para restarle validez al criterio de la taxatividad en relación con los factores que se deben incluir en la liquidación de la prestación objeto de estudio, el cual, a su vez, se vio reflejado en el pronunciamiento emitido dentro de un proceso de restablecimiento del derecho del 27 de octubre de 2016, empero, no se ha proferido un pronunciamiento que se constituya en precedente vinculante.
Así mismo, precisa la Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado en el oficio atrás referido que dada la diversidad de porcentajes y criterios se están presentando demandas en contra de CREMIL con el fin de que la asignación de retiro se liquide incluyendo como partida el subsidio familiar y en el porcentaje más favorable.
En lo que respecta a la duodécima parte de la prima de navidad, es importante anotar que, de conformidad con el artículo 16 del Decreto 4433 de 2004, esta integra las partidas que se deben tener en cuenta para liquidar la asignación de retiro de los oficiales y suboficiales, pero no para los soldados profesionales.
A su turno, el artículo 18 del Decreto 4433 de 2004, que contempla los aportes que deben realizar los soldados profesionales a CREMIL, solo prevé cotizaciones sobre el salario mensual y sobre la prima de antigüedad.
La Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado informa que «actualmente se presentan demandas por parte de soldados profesionales en las que solicitan, que se reajuste su asignación de retiro teniendo en cuenta como partida computable la duodécima parte de la prima de navidad», por lo que la aludida Agencia solicita a esta Corporación que se defina si tal partida debe ser tenida en cuenta para efectos de liquidar la asignación de retiro mensual de los soldados profesionales.
Con base en lo anterior, esta Corporación considera que es indispensable definir cuáles son las partidas computables que deben considerarse para la liquidación de la asignación de retiro de los soldados profesionales.»

Como se aprecia de todo lo anterior, se tiene que los argumentos para acceder a las pretensiones de la demanda en primera instancia se basaron en el desconocimiento del derecho a la igualdad al indicar que existió un grave trato discriminatorio frente a los soldados profesionales, en lo que corresponde al porcentaje en el cual debe ser reconocido el subsidio familiar en la asignación de retiro del actor, así como la inclusión de la duodécima parte de la prima de navidad.

Sin embargo, frente a la decisión de segunda instancia, aprecia la Sala que no se configuró el desconocimiento del precedente judicial por parte del Tribunal Administrativo por cuanto como se vio, consideró que le asistía razón a la entidad, para lo cual basó su decisión en la aplicación de la norma, razonamiento que como se vio hace parte de aquellos señalados en la providencia de esta Corporación que avoca el conocimiento del proceso para unificación en cuanto no se ha proferido un pronunciamiento que constituya precedente vinculante en la materia, razón que impone denegar el amparo derivado del defecto de desconocimiento del precedente judicial, en aras del respeto del principio de la autonomía judicial.

Ahora bien, como ya se explicó, luego de referirse a la fórmula de liquidación de la asignación de retiro, así como el porcentaje de inclusión de la prima de antigüedad en ella, el Tribunal avanzó en señalar que la entidad venía realizando una errónea liquidación de la prima de antigüedad, al indicar:

«Sin embargo, claramente se observa que la Caja de Retiro de las Fuerzas Militares al calcular la asignación de retiro, equivocadamente tomó como prima de antigüedad el 38.50% del total de la asignación básica, cuando lo que se debe tomar es el 38.50% de la prima de antigüedad realmente devengada, aspecto que se pone de presente, toda vez que de la hoja de servicios y la proyección de asignación de retiro obrante al folio 5 vto del expediente, la Sala encuentra que la entidad toma como prima el valor de $347.305,00 que es el 38.50% de la asignación básica, siendo lo correcto el valor de $203.173 que corresponde al 38.50% de 527.722,65 que el demandante devengó en la nómina de diciembre 2015 por concepto de prima de antigüedad, ya con el 20% adicional que se le adeudaba. El siguiente cuadro, muestra claramente lo que se señala:

FORMA DE LIQUIDAR LA ASIGNACION DE RETIRO SEGÚN LA NORMATIVIDAD Y LA INTERPRETACION DEL CONSEJO DE ESTADO
DATOS EXTRAIDOS HOJA DE SERVICIOS (FL. 3)

FORMA ERRONEA COMO LO VIENE HACIENDO LA ENTIDAD
-Sueldo básico 2016 reajustado (SMMLV $689.454+60% Art. 16 del D. 4433/2004) = $1.103.126
$1.103.126 x 70.00% = $772.188,2
El 38.5% de $527.722,65= que corresponde al porcentaje que por de prima de antigüedad devengó el señor Edgar Pérez
Es …………………….....……………………………$203.173=
SUELDOBÁSICO………………………………… .$772.188,2=
SUBSIDIOFAMILIAR $169.142=
TOTAL $1.144.503,22013- Año de reconocimiento de la asignación de retiro
-Sueldo básico de soldados profesionales a 2016 reajustado (SMMLV $689.454 +40%)….$965.237
Monto de la prima de antigüedad….$371.616
Sueldo básico + Prima de antigüedad ….. $ 1.336.853
Porcentaje de liquidación 1.336.853 X 70.00%=$935.798
Más Subsidio Familiar $169.142
Total $1.104.940

Aclara la Sala que si bien es cierto del cuadro antes relacionado la cuantía es mayor en el del lado izquierdo, no es porque la prima de antigüedad esté siendo menos favorable en cuanto a la forma como la ha venido liquidando la entidad, sino que ello obedece a que en el costado en mención se refleja la incidencia del reajuste a que legalmente tiene derecho el demandante que es el del 60% como Soldado Profesional vinculado antes del 31 de Diciembre de 2000.» Se resalta.

Como se aprecia de lo anterior, el Tribunal se pronunció sobre un aspecto que no fue solicitado por el demandante y con ello hizo más gravosa su situación y transgredió el principio de congruencia al fallar de forma extra petita. Efectivamente, la corporación judicial decidió estudiar la forma en que debía fijarse la prima de antigüedad y llegó a la conclusión de que la misma no debía concretarse sobre un 38.5 % del 100 % de la asignación básica, sino sobre el 38.5% del 58.5 % de aquella.

Se advierte entonces que al proferirse la sentencia cuestionada el Tribunal Administrativo de Cundinamarca incurrió en la violación de los derechos fundamentales invocados por el accionante y con ello en defecto orgánico y desconocimiento del principio de congruencia de la sentencia, al exceder el marco de la litis, y abordar un asunto ajeno a la controversia, lo que ocasionó efectos negativos al señor Edgar Pérez Salazar pues disminuyó el monto de su asignación de retiro según la liquidación del Tribunal, y le arrojó valores negativos por cuanto la entidad venía liquidando la prima de antiguedad en $371.616 y a partir del análisis del Tribunal esta pasaría a ser de $203.173.

De acuerdo a lo anterior, se ordenará al Tribunal accionado proferir un nuevo fallo en el cual atienda al marco de competencia que le ha dado el legislador y que no es otro que el marco de la litis.

Por tanto, se dejará sin efectos la sentencia de 18 de julio de 2018, proferida dentro del proceso de nulidad y restablecimiento del derecho radicado No. 11001333502620160023401.

En su lugar, se ordenará al Tribunal que dentro del término de veinte (20) días siguientes a la ejecutoria de esta providencia, profiera una nueva decisión judicial que, atienda los lineamientos expuestos y los límites de competencia que le ha señalado el legislador.

En mérito de lo expuesto la Sección Segunda, Subsección “A” de la Sala de lo Contencioso Administrativo del Consejo de Estado, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley,

FALLA

PRIMERO.- CONCÉDASE la tutela de los derechos fundamentales invocados por el señor Edgar Pérez Salazar dentro de la acción de la referencia interpuesta contra el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Segunda, Subsección C, respecto de los defectos fáctico por desconocimiento del principio de congruencia y orgánico, conforme lo expuesto en la parte motiva. En consecuencia se dispone:

SEGUNDO.- DÉJASE sin efectos la sentencia de 18 de julio de 2018, proferida por el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Segunda, Subsección C, dentro del proceso de nulidad y restablecimiento radicado con el No. 11001333502620160023401.

TERCERO.- ORDÉNASE al Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Segunda, Subsección C, que dentro del término de veinte (20) días siguientes a la ejecutoria de esta providencia, profiera una nueva sentencia en la que atienda los lineamientos expuestos en la parte motiva.

CUARTO.- NIÉGASE el amparo iusfundamental solicitado por el señor Édgar Pérez Salazar, respecto del desconocimiento del precedente judicial, como ha quedado señalado.

QUINTO.- LÍBRENSE las comunicaciones de que trata el artículo 30 del Decreto 2591 de 1991, para los fines ahí contemplados.

La anterior decisión fue discutida y aprobada por la Sala en sesión de la fecha.

CÓPIESE, NOTIFÍQUESE Y COMUNÍQUESE

GABRIEL VALBUENA HERNÁNDEZ

RAFAEL FRANCISCO SUÁREZ VARGAS WILLIAM HERNÁNDEZ GÓMEZ
Folios 1 a 3 del expediente.
Folios 5 a 14 del expediente.
Citó la sentencia de la Sección Segunda, Subsección D, sentencia del 21 de abril de 2016, magistrado ponente dr. Luis Alberto Álvarez Parra, radicado 25307333300120140016501, demandante: Sandro Samir López Martin, demandado: Caja de Retiro de las Fuerzas Militares; sentencia de la Subsección E, de 24 de noviembre de 2016, magistrada ponente dra. Patricia Victoria Manjarres Bravo, radicado 25307333300120150044901, demandante: Oliverio Vera, demandado: Caja de Retiro de las Fuerzas Militares; Subsección A, Sentencia del 26 de enero de 2017, Magistrado Ponente Dr. Néstor Javier Calvo Chaves, radicado 11001333503020150055401, demandante: José Tito Urrego, demandado: Caja de Retiro de las Fuerzas Militares; sentencia de la Subsección D, de 27 de abril de 2017, Magistrado Ponente Dr. Cerveleón Padilla Linares, radicado 25307334000220160019401, demandante: Luis Ernesto Cortés Rodríguez, demandado: Caja de Retiro de las Fuerzas Militares.

Folio 56 del expediente.
Folios 43 y s.s.
Por medio del cual se modificó el reglamento interno del Consejo de Estado.
Corte Constitucional. Sentencia C -590-05.
Sentencia de treinta y uno (31) de julio de dos mil doce (2012). Radicación número: 11001-03-15-000-2009-01328-01(IJ) Accionante: Nery Germania Álvarez Bello. C.P. María Elizabeth García González.
Corte Constitucional Sentencia T-231 de 1994 M.P. Eduardo Cifuentes Muñoz.

Hoy se encuentra consagrado en el artículo 281 del Código General del Proceso, que señala:

“Artículo 281. Congruencias.
La sentencia deberá estar en consonancia con los hechos y las pretensiones aducidos en la demanda y en las demás oportunidades que este código contempla y con las excepciones que aparezcan probadas y hubieren sido alegadas si así lo exige la ley.
No podrá condenarse al demandado por cantidad superior o por objeto distinto del pretendido en la demanda ni por causa diferente a la invocada en esta.
Si lo pedido por el demandante excede de lo probado se le reconocerá solamente lo último.
En la sentencia se tendrá en cuenta cualquier hecho modificativo o extintivo del derecho sustancial sobre el cual verse el litigio, ocurrido después de haberse propuesto la demanda, siempre que aparezca probado y que haya sido alegado por la parte interesada a más tardar en su alegato de conclusión o que la ley permita considerarlo de oficio.
Parágrafo 1°.
En los asuntos de familia, el juez podrá fallar ultrapetita y extrapetita, cuando sea necesario para brindarle protección adecuada a la pareja, al niño, la niña o adolescente, a la persona con discapacidad mental o de la tercera edad, y prevenir controversias futuras de la misma índole.
Parágrafo 2°.
En los procesos agrarios, los jueces aplicarán la ley sustancial teniendo en cuenta que el objeto de este tipo de procesos es conseguir la plena realización de la justicia en el campo en consonancia de los fines y principios generales del derecho agrario, especialmente el relativo a la protección del más débil en las relaciones de tenencia de tierra y producción agraria.
En los procesos agrarios, cuando una de las partes goce del amparo de pobreza, el juez de primera o de única instancia podrá, en su beneficio, decidir sobre lo controvertido o probado aunque la demanda sea defectuosa, siempre que esté relacionado con el objeto del litigio. Por consiguiente, está facultado para reconocer u ordenar el pago de derechos e indemnizaciones extra o ultrapetita, siempre que los hechos que los originan y sustenten estén debidamente controvertidos y probados.
En la interpretación de las disposiciones jurídicas, el juez tendrá en cuenta que el derecho agrario tiene por finalidad tutelar los derechos de los campesinos, de los resguardos o parcialidades indígenas y de los miembros e integrantes de comunidades civiles indígenas.”

Sentencia T-450 de 2001 M.P. Manuel José Cepeda Espinosa. Ver también al respecto Sentencia T-025 de 2002 M.P. Marco Gerardo Monroy Cabra
Corte Constitucional Sentencia T-231 de 1994 M.P. Eduardo Cifuentes Muñoz
Sentencia T-450 de 2001.
Consejo de Estado, Sección Primera, Consejero Ponente (E): ROBERTO AUGUSTO SERRATO VALDÉS, de 3 de noviembre de 2016, dentro del proceso radicado con el No. 3001233100020010202301

Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección A. Sentencia de 5 de julio de 2007, Rad.: 97082005, Actora: Aura Isabel Rubio Morán, M.P. Jaime Moreno García.

M.P. Dra. Carmen Teresa Ortiz de Rodríguez.

Corte Constitucional, Sentencia T-1057 de 2002. Con reiteración en las Sentencias T-929 de 2008 y T-757 de 2009
Sentencia C-104 de 1993. M.P. Alejandro Martínez Caballero.
Sentencia T-268 de 2010 M.P. Jorge Iván Palacio Palacio.
Sentencia T-1092 de 2007 M.P. Humberto Antonio Sierra Porto.

Folio 11 y s.s. Expediente en préstamo.
Ff. 81 y s.s. del expediente en préstamo.
Ff. 145 y s.s. ibidem.
Folios 13 Vto. y s.s. del cuaderno anexo de pruebas.

A.T. 1.1001-03-15-00-2015-00801-00 proferida por el Consejo de Estado el 29 de abril de 2015, con ponencia del Dr. Gustavo Eduardo Gómez Aranguren “Para la Sala los términos de la norma son claros, pues establece el monto de la asignación de retiro, a partir de un porcentaje del salario mensual que debe ser adicionado con el 38.5% de la prima de antigüedad. Es decir, que el cálculo de dicha prestación periódica no parte del salario sino del 70% del mismo, tal como lo indica la norma trascrita con la puntuación que precede al verbo “adicionado”.
Por el cual se crea el subsidio familiar para soldados profesionales e infantes de marina profesionales y se dictan otras disposiciones.
Por el cual se dictan disposiciones en materia de asignación de retiro y pensiones de invalidez para los Soldados Profesionales e Infantes de Marina Profesionales de las Fuerzas Militares.
El cual por su parte, fue declarado nulo por la Sección Segunda del Consejo de Estado.
Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección B, sentencia del 17 de octubre de 2013, radicación: 110010315000201301821 01 (AC), actor: José Narcés López Bermúdez.
Dentro de las sentencias en las que se reitera la posición expuesta se pueden ver las siguientes providencias del Consejo de Estado: Sección Cuarta, sentencia del 29 de abril de 2015, radicación: 110010315000201500380 00 (AC), actor: Jairo Jaraba Morales; Sección Segunda, Subsección A, sentencia del 29 de abril de 2015, radicación: 110010315000201500801 00(AC), actor: José Edgar Moncada Rangel; Sección Primera, sentencia del 28 de mayo de 2015, radicación: 110010315000201500001 01(AC), actor: Eduar Chica Zea; Sección Primera, sentencia del 12 de noviembre de 2015, radicación: 11010315000201500009 00(AC), actor: José Ober Dávila Bueno; Sección Primera, sentencia del 23 de junio de 2017, radicación: 110010315000201701058 00 (AC), actor: Aedwing Guerrero Galvis; Sección Segunda, sentencia del 4 de septiembre de 2017, radicación: 110010315000201701922 00(AC), actor: Oscar Daniel Lenis Morales; Sección Primera, sentencia del 8 de noviembre de 2017, radicación: 110010315000201701527 00 (AC), actor: José Alirio Camargo Pérez.
Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección A, sentencia del 27 de octubre de 2016, radicación: 250002342000201300143 01 (3663-2014), actor: Armando Guarín Cujaban.

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