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Consejo de Estado · Sección Cuarta

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Cuarta, radicado 11001-03-15-000-2019-00117-01

Tutela contra providencia judicial: que declaró la responsabilidad del Estado por el ataque perpetrado en el Club El Nogal

Fecha
6 de junio de 2019
Consejero ponente
Julio Roberto Piza Rodríguez

01Lo que resolvió

Ficha de la providencia

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Cuarta, radicado 11001-03-15-000-2019-00117-01

Consejo de Estado · Sección Cuarta

Parte resolutiva

FALLA 1. Confirmar la sentencia impugnada, por las razones expuestas. 2. Notificar a las partes por el medio más expedito. 3. Enviar el expediente de tutela a la Corte Constitucional para lo de su cargo.

02Texto de la providencia

República de Colombia

Consejo de Estado

Sección Cuarta

Radicado 11001-03-15-000-2019-00117-01

Consejero ponente: Julio Roberto Piza Rodríguez

6 de junio de 2019

TUTELA CONTRA PROVIDENCIA JUDICIAL - Que declaró la responsabilidad del Estado por el ataque perpetrado en el Club El Nogal / IMPROCEDENCIA POR INCUMPLIMIENTO DEL REQUISITO DE SUBSIDIARIEDAD / PERJUICIO IRREMEDIABLE - No configuración

En el sub lite, la Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado cuestiona la sentencia del 16 de agosto de 2018, dictada por la Subsección B de la Sección Tercera del Consejo de Estado, dictada en la segunda instancia del proceso de reparación directa promovido por [R.M.T. y otros] contra el Ministerio de Defensa, el Departamento Administrativo de Seguridad DAS y el Ministerio del Interior y de Justicia. (…) La Sala observa que, de acuerdo con esa información, existen solicitudes pendientes de resolución, a saber: (i) la solicitud de corrección, adición y aclaración de 24 de septiembre de 2018, formulada por el Ministerio de Defensa frente a la sentencia del 16 de agosto del mismo año; (ii) la solicitud de nulidad 26 de septiembre de 2018, también propuesta por el Ministerio de Defensa, y (iii) la solicitud del 7 de marzo de 2019, presentada por la señora [S.V.G.] para que fuera incluida como beneficiaria de la condena impuesta en la sentencia del 16 de agosto de 2018. Siendo así, es forzoso concluir que el proceso de reparación directa aún se encuentra en trámite y que la tutela resulta ser improcedente como mecanismo definitivo de protección. (…) A juicio de la Sala, en el sub lite, la acción de tutela también es improcedente como mecanismo transitorio de protección, puesto que no se probó la existencia de perjuicio irremediable. En efecto, la Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado no da cuenta de la existencia de perjuicio irremediable ni tampoco puede colegirse a partir de las pruebas obrantes en el expediente de tutela.

CONSEJO DE ESTADO

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCIÓN CUARTA

Consejero ponente: JULIO ROBERTO PIZA RODRÍGUEZ

Bogotá, D.C., seis (6) de junio de dos mil diecinueve (2019)

Radicación número: 11001-03-15-000-2019-00117-01(AC)

Actor: AGENCIA NACIONAL DE DEFENSA JURÍDICA DEL ESTADO

Demandado: CONSEJO DE ESTADO, SECCIÓN TERCERA, SUBSECCIÓN B

La Sala decide la impugnación interpuesta por la Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado contra la sentencia del 18 de febrero de 2019, dictada por la Subsección C de la Sección Tercera del Consejo de Estado, que declaró improcedente la acción de tutela.

ANTECEDENTES

Pretensiones

La Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado interpuso acción de tutela contra la sentencia del 16 de agosto de 2018, proferida por la Subsección B de la Sección Tercera del Consejo de Estado, que declaró patrimonial y administrativamente responsables al Ministerio de Defensa, al Ministerio del Interior y de Justicia, al Departamento Administrativo de Seguridad –DAS- y la Fiscalía General de la Nación por la afectación a la integridad física del señor Ciro Alfonso Acosta Gutiérrez y por las muertes de los señores Catalina Muñoz Toffoli y Cesar Augusto Caicedo Cruz, ocurridas el 7 de febrero de 2003, en un ataque perpetrado contra el Club El Nogal. A juicio de la parte demandante, dicha providencia vulneró los derechos fundamentales al debido proceso y a la igualdad. En consecuencia, la demandante formuló las siguientes pretensiones:

PRIMERO. TUTELAR los derechos fundamentales al debido proceso, al derecho a la defensa y a la igualdad establecidos en los artículo 29 y 13 de la Constitución Política de Colombia, del extinto DAS sucedido procesalmente por la Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado y demás que se encuentren vulnerados.

SEGUNDO. DECLARAR que la sentencia del 16 de agosto de 2018, proferida por la Subsección B de la Sección Tercera del Consejo de Estado, desconoció los artículos 29 y 13 de la Constitución Política de Colombia.
TERCERO. DEJAR SIN EFECTOS la sentencia proferida por la Subsección B de la Sección Tercera del Consejo de Estado el 16 de agosto de 2018 dentro proceso número 25000-23-26-000-2005-00451-01 (37719) –Acumulado- y ordenar proferir una sentencia a fin que se garantice el debido proceso, defensa e igualdad conforme a los lineamientos jurisprudenciales unificados señalados en la presenta acción.

Hechos

Revisado el expediente de tutela, la Sala destaca los siguientes hechos relevantes:

2.1. El 7 de febrero de 2003, aproximadamente a las 8:05 de la noche, explotó un artefacto que fue introducido a las dependencias de la Corporación Club El Nogal, ubicada en la carrera 7 No. 78 – 96 de la ciudad de Bogotá. Dicho acto dejó un saldo de 35 muertos y 73 heridos.

2.2. Antecedentes del proceso 37719

2.2.1. Rodrigo Márquez Tejada y su hija Mariana Márquez Muñoz interpusieron demanda de reparación directa contra el Ministerio de Defensa, el Departamento Administrativo de Seguridad –DAS- y la Fiscalía General de la Nación, por estimarlos responsables de la muerte de la señora Catalina Muñoz Toffoli, ocurrida por el aludido atentado.

2.2.2. El Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Tercera, Subsección B, en sentencia del 19 de agosto de 2009, negó las pretensiones de la demanda. En síntesis, el tribunal encontró configurado el hecho de un tercero como causal eximente de responsabilidad y añadió que no se probó que el atentado estuviese dirigido contra altos dignatarios del Estado ni que fuera falla en el servicio por parte de las entidades demandadas.

2.3. Antecedentes del proceso 40976

2.3.1. Los señores Leonor Cruz de Caicedo, Emiliano Caicedo Herrera, William Daniel Caicedo Chona, Sergio Andrés Caicedo Cruz, William Caicedo Cruz, Juan Esteban Caicedo Saldaña, Sebastián Caicedo Chona y Andrés Felipe Caicedo Chona interpusieron demanda de reparación directa, por estimar que el Ministerio de Defensa, el Departamento Administrativo de Seguridad DAS y la Fiscalía General de la Nación eran responsables por los perjuicios derivados de la muerte del señor Cesar Augusto Caicedo Cruz, ocurrida en el atentado al Club El Nogal.

2.3.2. El Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Tercera, Subsección A, mediante sentencia del 18 de noviembre de 2010, declaró probada la excepción de caducidad, propuesta por la Fiscalía General de la Nación y el Departamento Administrativo de Seguridad DAS. Además, declaró probaba la falta de legitimación en la causa por pasiva del Ministerio del Interior y de Justicia, pues no es responsable por el control de orden público.

2.3.2.1. En cuanto al Ministerio de Defensa-Policía Nacional, el tribunal denegó las pretensiones, por no estar demostrada falla en el servicio de vigilancia y seguridad ni que el atentado estuviera dirigido contra algún alto dignatario del Estado.

2.4. Antecedes del proceso 41816

2.4.1. El señor Ciro Alfonso Gutiérrez interpuso demanda de reparación directa contra el Ministerio de Defensa Nacional, la Fiscalía General de la Nación y el Departamento Administrativo de Seguridad DAS, por estimar que son responsables por las lesiones que sufrió en el atentado al Club El Nogal

2.4.2. Mediante sentencia del 11 de mayo de 2011, la Subsección B de la Sección Tercera del Tribunal Administrativo de Cundinamarca negó las súplicas de la demanda. En síntesis, consideró que, a pesar de estar debidamente probado el daño ocasionado al señor Ciro Alfonso Gutiérrez, no resultaba imputable a las demandadas, puesto que el atentado no se dirigió contra algún funcionario público o de una entidad estatal.

2.5. Segunda instancia de los procesos de reparación directa

2.5.1. Las sentencias de primera instancia fueron apeladas por las partes actoras del proceso de reparación directa, pues, en su criterio, hubo un hecho terrorista y la responsabilidad del Estado es de carácter objetivo.

2.5.2. Mediante auto del 9 de febrero de 2017, la Subsección B de la Sección Tercera del Consejo de Estado acumuló los aludidos procesos, de modo que todos se tramitaron bajo el radicado 25000-23-26-000-2005-00451-01 (37719).

2.5.3. Por sentencia del 16 de agosto de 2018, la Subsección B de la Sección Tercera del Consejo de Estado revocó las sentencias apeladas y, en su lugar, declaró que las entidades demandadas eran patrimonial y administrativamente responsables por la afectación a la integridad física del señor Ciro Alfonso Acosta Gutiérrez y por la muerte de los señores Catalina Muñoz Toffoli y Cesar Augusto Caicedo Cruz, en los hechos acaecidos el 7 de febrero de 2003.

2.5.3.1. Por consiguiente, la autoridad judicial demandada impuso las siguientes condenas:

(i) Condenó al Ministerio de Defensa, a la Fiscalía General de la Nación y a la Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado a que, con cargo al patrimonio autónomo PAP Fiduprevisora S.A., pagara indemnizaciones por daño moral (200 SMLMV), daño emergente ($10’429.986) y lucro cesante ($239’354.790), a favor de Rodrigo Márquez Tejada y Mariana Márquez Muñoz.

(ii) Condenó al Ministerio de Defensa y al Ministerio del Interior a pagar indemnizaciones por lucro cesante y daño emergente, en favor de Leonor Cruz de Caicedo, Emiliano Caicedo Herrera, William Daniel Caicedo Chona, Sergio Andrés Caicedo Cruz, William Caicedo Cruz, Juan Esteban Caicedo Saldaña, Sebastián Caicedo Chona y Andrés Felipe Caicedo Chona.

(iii) Condenó al Ministerio de Defensa, a la Fiscalía General de la Nación y a la Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado a que, con cargo al patrimonio autónomo PAP Fiduprevisora S.A., paguen al señor Ciro Alfonso Acosta Gutiérrez indemnizaciones por perjuicios morales (10 SMLMV), lucro cesante ($1’498.142) y daño a la salud (10 SMLMV).

(iv) A título de medidas de reparación integral y no repetición, ordenó al Ministerio de Defensa, al Ministerio del Interior y de Justicia, a la Fiscalía General de la Nación y a la Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado que desagraviaran a las víctimas en un acto público y que construyeran una obra de arte conmemorativa.

2.5.4. Por auto del 19 de septiembre de 2018, la autoridad judicial demandada aclaró la sentencia del 16 de agosto de 2018, en el sentido de señalar que la responsabilidad por la condena es solidaria y que la Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado pagaría las condenas con cargo al patrimonio autónomo público PAP Fiduprevisora Defensa Jurídica del Extinto DAS y su Fondo Rotatorio.

2.5.5. El 24 de septiembre de 2018, el Ministerio de Defensa solicitó la aclaración y adición de la sentencia del 16 de agosto de 2018.

2.5.6. El 26 de septiembre de 2018, el apoderado del Ministerio de Defensa propuso incidente de nulidad y, mediante auto del 8 de octubre del mismo año, la autoridad judicial demandada corrió traslado a las partes del proceso de reparación directa.

2.5.7. El 7 de marzo de 2019, la señora Sonia Versweyvel Gómez solicitó que fuera incluida como beneficiaria de la condena impuesta en la sentencia del 16 de agosto de 2018.

3. Argumentos de la demanda de tutela

La parte actora alegó que la sentencia del 16 de agosto de 2018, dictada por la Subsección B de la Sección Tercera del Consejo de Estado, en cuanto a la declaratoria de responsabilidad de DAS, incurrió en los siguientes defectos:

3.1. Desconocimiento del precedente referido a la responsabilidad del Estado por actos terroristas, fijado en la sentencia de unificación del 20 de junio de 2017. Que, contra lo exigido en el precedente, no se demostró que las autoridades tuvieran conocimiento de la existencia de amenazas ciertas o de informaciones que permitieran prever la ocurrencia del ataque ni que el atentado estuviera dirigido contra instalaciones o personalidades públicas.

3.1.1. Que fue indebidamente aplicado el título de imputación de riesgo excepcional por acto terrorista, toda vez que no se demostró que el ataque estuviera dirigido contra una instalación o personaje representativo del Estado.

3.1.2. Que la sentencia cuestionada no podía sustentarse en el principio de solidaridad, por cuanto, en todo caso, debía demostrarse que se configuró la falla en el servicio o el acto terrorista. Que, de hecho, el precedente fijado por la Sección Tercera del Consejo de Estado señala que no es procedente reconocer responsabilidad del Estado por solidaridad.

3.2. Defecto fáctico, puesto que en el proceso se evidenció la responsabilidad exclusiva de un tercero. Que en el proceso de reparación directa se demostró que el ataque fue planeado y realizado por las FARC-EP. Que, además, se demostró negligencia por parte de la seguridad del Club El Nogal, pues bien pudo detectar el carro bomba, por el peso de los explosivos y con el uso de perros adiestrados para detectarlos.

3.2.1. Que no era procedente condenar al DAS, puesto que en el proceso de reparación directa no se demostró que tuviera conocimiento de la realización del atentado ni que hubiera desatendido alguna solicitud de protección formulada por el Club El Nogal.

3.2.2. Que los testimonios rendidos por las señoras Zorrilla Parga y Díaz Torres no podían ser tenidas en cuenta en el proceso de reparación directa, puesto que fueron rendidas en un proceso penal y no fueron válidamente trasladadas. Que dichos testimonios no fueron practicados con audiencia de la parte demandada en el proceso ordinario, no fueron solicitados de común acuerdo entre las partes y no fueron ratificados, según lo exigen los artículos 185 y 229 del Código de Procedimiento Civil.

3.3. Violación directa de la Constitución Política, toda vez que no se cumplieron las condiciones previstas en el artículo 90 superior para efecto de declarar la responsabilidad del DAS. Que, además, fueron desconocidos los derechos fundamentales al debido proceso y a la igualdad.

4. Intervención de la autoridad judicial demandada

La Subsección B de la Sección Tercera del Consejo de Estado no intervino, pese a que fue notificada de la admisión de la demanda de tutela de la referencia.

5. Intervención de terceros con interés

5.1. La Fiscalía General de la Nación manifestó que comparte los argumentos expuestos en la demanda de tutela, pues, en efecto, fue desconocido el precedente fijado en la sentencia de unificación del 20 de junio de 2017, que define los parámetros de la responsabilidad estatal por actos terroristas. Que la sentencia cuestionada no expuso los motivos por los que se apartaba del precedente fijado en la aludida sentencia de unificación.

5.1.1. Que los testimonios rendidos por las señoras Zorrilla Parga y Díaz Torres fueron indebidamente valorados, ya que no daban cuenta de la previsibilidad del ataque. Que esos testimonios se limitan a exponer sobre la movilización de explosivos por parte de las FARC y de la vinculación un testaferro de dicho grupo subversivo como socio del Club El Nogal.

5.1.2. Que los recortes de prensa tampoco evidencian la previsibilidad del atentado, por cuanto únicamente señalan que las FARC se refirieron a la supuesta realización de actividades ilegales en los clubes del norte de Bogotá. Que de ninguna manera informan de la intención de atentar concretamente contra el Club El Nogal.

6. Sentencia impugnada

6.1. La Subsección C de la Sección Tercera del Consejo de Estado, mediante sentencia del 18 de febrero de 2019, declaró improcedente la acción de tutela. En concreto, consideró lo siguiente:

6.1.1. Que la tutela no cumple el requisito se subsidiariedad, toda vez que el proceso de reparación directa aún se encuentra en trámite. Que, en efecto, no han sido resueltas las solicitudes de nulidad, de aclaración, de corrección y de adición propuestas por el Ministerio de Defensa. Que, además, no ha sido resuelta la solicitud presentada por la señora Sonia Versweyvel Gómez.

6.1.2. Que la parte actora también cuenta con el recurso extraordinario de revisión para efecto de cuestionar cualquier nulidad que estime se haya producido en la sentencia del 16 de agosto de 2018, de conformidad con la causal prevista en el numeral 5 del artículo 250 de la Ley 1437 de 2011.

7. Impugnación

7.1. La parte actora impugnó dicha providencia. En ese sentido, manifestó que el a quo excedió la competencia propia del juez de tutela, toda vez que no le corresponde determinar si es procedente o no el recurso extraordinario de revisión. Que, de hecho, no se advierte que existe nulidad originada en la sentencia, como lo exige la causal, sino que se evidencia la vulneración de los derechos fundamentales al debido proceso y a la igualdad.

7.1.2. Que, además, la solicitud de nulidad es inviable, puesto que no compromete la firmeza de la sentencia del 16 de agosto de 2018. Que está cumplido el requisito de subsidiariedad, por cuanto es claro que no procede el recurso extraordinario de revisión ni la solicitud de nulidad propuesta por el Ministerio de Defensa.

7.1.3. Que la falta de resolución frente a la solicitud de aclaración no impide que el juez de tutela estudie de fondo el asunto y decida sobre la vulneración de los derechos fundamentales a la igualdad y al debido proceso.

CONSIDERACIONES

1. De la acción de tutela contra providencias judiciales

A partir del año 2012, la Sala Plena de lo Contencioso Administrativo de esta Corporación aceptó la procedencia de la acción de tutela contra providencias judiciales. Posteriormente, en la sentencia de unificación del 5 de agosto de 2014, se precisó que la acción de tutela, incluso, es procedente para cuestionar providencias judiciales dictadas por el Consejo de Estado, pues, de conformidad con el artículo 86 de la Constitución Política, ese mecanismo puede ejercerse contra cualquier autoridad pública.

Para tal efecto, el juez de tutela debe verificar el cumplimiento de los requisitos generales (procesales o de procedibilidad) que fijó la Corte Constitucional, en la sentencia C-590 de 2005, a saber: (i) que el asunto tenga relevancia constitucional, (ii) que se agotaran los medios ordinarios de defensa, (iii) que se cumpla el requisito de inmediatez, (iv) que la irregularidad procesal alegada tenga efecto decisivo, (v) que la parte actora identifique de manera razonable los hechos que generaron la vulneración y los derechos vulnerados y que hubiere alegado tal vulneración en el proceso judicial, y (vi) que no se cuestione una sentencia de tutela.

Una vez la acción de tutela supere el estudio de las causales procesales, el juez puede conceder la protección, siempre que advierta la presencia de alguno de los siguientes defectos o vicios de fondo, que miran más hacia la prosperidad de la tutela: (i) defecto sustantivo, (ii) defecto fáctico, (iii) defecto procedimental absoluto, (iv) defecto orgánico, (v) error inducido, (vi) decisión sin motivación, (vii) desconocimiento del precedente y (viii) violación directa de la Constitución.

Las causales específicas que ha decantado la Corte Constitucional (y que han venido aplicando la mayoría de las autoridades judiciales) buscan que la tutela no se convierta en una instancia adicional para que las partes reabran discusiones jurídicas que son propias de los procesos ordinarios o expongan los argumentos que, por negligencia o decisión propia, dejaron de proponer oportunamente.

Ahora, tratándose de tutela contra providencias judiciales proferidas por el Consejo de Estado o por la Corte Suprema de Justicia, cuando ejercen funciones de órganos de cierre en las respectivas jurisdicciones, la Corte Constitucional ha establecido un requisito adicional, consistente en «la configuración de una anomalía de tal entidad que exija la imperiosa intervención del juez constitucional».

2. Caso concreto

2.1. Previo a cualquier consideración sobre del fondo de asunto, la Sala debe decidir si la tutela cumple el requisito de subsidiariedad.

2.2. La subsidiariedad consiste en impedir que la acción de tutela, que tiene un campo restrictivo de aplicación, se convierta en un mecanismo principal de protección de los derechos fundamentales, pues eso sería tanto como desconocer que la Constitución y la ley estipulan una serie de mecanismos legales igualmente eficaces e idóneos para garantizar el ejercicio pleno de los derechos.

2.2.1. Es decir, una aplicación amplia de la acción de tutela, que desconozca el requisito de la subsidiariedad, vacía el contenido de las mencionadas competencias y, en consecuencia, resulta contraria a las disposiciones de la Carta Política que regulan los instrumentos ordinarios de protección de los derechos.

2.3. No en vano los artículos 86 de la Constitución Política y el 6, numeral 1º, del Decreto 2591 de 1991 prevén como causal de improcedencia de la acción de tutela la existencia de otros medios de Defensa para la protección de los derechos invocados. De manera, que la acción de tutela sólo puede utilizarse cuando se han agotado los mecanismos de protección que el ordenamiento jurídico ha dispuesto para la protección idónea y eficaz de los derechos fundamentales.

En ese sentido, la Corte Constitucional dijo:

La acción de tutela ha sido concebida únicamente para dar solución eficiente a situaciones de hecho creadas por actos u omisiones que implican la transgresión o amenaza de un derecho fundamental, respecto de las cuales el sistema jurídico no tiene previsto otro mecanismo susceptible de ser invocado ante los jueces a objeto de lograr la protección del derecho. La tutela no puede converger con vías judiciales diversas por cuanto no es un mecanismo que sea factible de elegir según la discrecionalidad del interesado, para esquivar el que de modo específico ha regulado la ley; no se da la concurrencia entre éste y la acción de tutela porque siempre prevalece —con la excepción dicha— la acción ordinaria. La acción de tutela no es, por tanto, un medio alternativo, ni menos adicional o complementario para alcanzar el fin propuesto. Tampoco puede afirmarse que sea el último recurso al alcance del actor, ya que su naturaleza, según la Constitución, es la de único medio de protección, precisamente incorporado a la Carta con el fin de llenar los vacíos que pudiera ofrecer el sistema jurídico para otorgar a las personas una plena protección de sus derechos esenciales.

2.4. Entonces, para que el juez estudie una solicitud de tutela, el interesado debe, por lo menos, probar que agotó los mecanismos legales que tenía a su disposición, pues, de lo contrario, la tutela deviene improcedente. Es de resaltar que el requisito de subsidiariedad no solo involucra la interposición de los recursos que proceden, sino también que en éstos se cuestionen las decisiones que, en concreto, se atacan en la acción de tutela.

2.5. En el sub lite, la Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado cuestiona la sentencia del 16 de agosto de 2018, dictada por la Subsección B de la Sección Tercera del Consejo de Estado, dictada en la segunda instancia del proceso de reparación directa promovido por Rodrigo Márquez Tejada, Mariana Márquez Muñoz, Leonor Cruz de Caicedo, Emiliano Caicedo Herrera, William Daniel Caicedo Chona, Sergio Andrés Caicedo Cruz, William Caicedo Cruz, Juan Esteban Caicedo Saldaña, Sebastián Caicedo Chona, Andrés Felipe Caicedo Chona y Ciro Alfonso Gutiérrez contra el Ministerio de Defensa, el Departamento Administrativo de Seguridad DAS y el Ministerio del Interior y de Justicia.

2.6. Revisado el sistema de consulta de procesos de la Rama Judicial, la Sala encontró la siguiente información:

Actuaciones del Proceso
Fecha de Actuación
Actuación
Anotación
Fecha Inicia Término
Fecha Finaliza Término
Fecha de Registro

24 Apr 2019
OFICIO REMISORIO
MEDIANTE OFICIO N° 2019-1068-SMD, ME PERMITO REMITIR EL MEMORIAL RECIBIDO EN VENTANILLA DE ESTA SECRETARIA EL DÍA 11 DE ABRIL DE 2019, A LA SECRETARÍA GENERAL PARA QUE HAGA PARTE INTEGRA DEL EXPEDIENTE DE REPARACIÓN N° 2005-451(37719)

24 Apr 2019

12 Apr 2019
MEMORIALES A DESPACHO
EL ABOGADO JAIRO ENRIQUE HERRERA PÉREZ, APODERADO DE LA PARTE DEMANDANTE ALLEGA DATOS PARA NOTIFICACIONES

12 Apr 2019

11 Apr 2019
RECIBE MEMORIALES
APODERADO DE LA PARTE DEMANDANTE ALLEGA DATOS PARA NOTIFICACIONES

12 Apr 2019

12 Mar 2019
OFICIO REMISORIO
MEDIANTE OFICIO N° 2019-00610-SMS, ME PERMITO REMITIR EL MEMORIAL RECIBIDO EN VENTANILLA DE ESTA SECRETARIA EL DÍA 11 DE MARZO DE 2019 A LA SECRETARÍA GENERAL PARA QUE HAGA PARTE INTEGRA DEL EXPEDIENTE DE REPARACIÓN N° 2005-451(37719)

12 Mar 2019

11 Mar 2019
RECIBE MEMORIALES
APODERADO DEL MINISTERIO DEL INTERIOR ALLEGA RENUNCIA AL PODER

11 Mar 2019

11 Mar 2019
OFICIO REMISORIO
MEDIANTE OFICIO N° 2019-00608-SJG, ME PERMITO REMITIR EL MEMORIAL RECIBIDO EN VENTANILLA DE ESTA SECRETARIA EL DÍA 07 DE MARZO DE 2019 A LA SECRETARÍA GENERAL PARA QUE HAGA PARTE INTEGRA DEL EXPEDIENTE DE REPARACIÓN N° 2005-451(37719)

11 Mar 2019

11 Mar 2019
CONSTANCIA SECRETARIAL
SE DEJA CONSTANCIA QUE LA ANOTACIÓN QUE ANTECE NO CORRSOPNDE AL PRECENTE PROCESO

11 Mar 2019

08 Mar 2019
MEMORIALES A DESPACHO
LA SEÑORA SONIA VERSWEYVEL GÓMEZ, CONFIERE PODER AL ABOGADO FEDERICO ARELLANO MENDOZA, QUIEN, A SU VEZ, SOLICITA LA INCLUSIÓN DE SU PODERDANTE EN DECISIÓN DE FALLO

08 Mar 2019

07 Mar 2019
CONSTANCIA SECRETARIAL
CAMBIO DE PONENTE POR POSESIÓN DEL NUEVO MAGISTRADO. PONENTE ANTERIOR:MARIA ADRIANA MARIN (E) Y NUEVO PONENTE: MARTIN GONZALO BERMUDEZ MUÑOZ

07 Mar 2019

07 Mar 2019
RECIBE MEMORIALES
APODERADO DE LA SEÑORA SONIA VERSWEYVEL GOMEZ , SOLICITA SEA INCLUIDA EN LA DECISION DE FALLO, A SU VEZ , ALLEGA PODER

07 Mar 2019

28 Feb 2019
OFICIO REMISORIO
MEDIANTE OFICIO O-2019-00517-SJG SE REMITE EL MEMORIAL PRESENTADO POR EL SEÑOR ELKIN JAVIER CAROPRESSE SAAVEDRA A LA SECRETARIA GENERAL PARA QUE HAGA PARTE INTEGRA DEL EXPEDIENTE DE LA REFERENCIA

28 Feb 2019

27 Feb 2019
RECIBE MEMORIALES
EL APODERADO DE LA PARTE DEMANDANTE DEL PROCESO 2005-00453, SOLICITA COPIAS AUTENTICAS

27 Feb 2019

13 Dec 2018
OFICIO REMISORIO
MEDIANTE OFICIO B-2018-1174-D SE ENVIA EL PROCESO DE LA REFERENCIA A LA SECRETARIA GENERAL DE ESTA CORPORACION PARA QUE SEA RESUELTA ACCION DE TUTELA NO.11001031500020180414400

13 Dec 2018

12 Dec 2018
RECIBE MEMORIALES
EL APODERADO DE LA PARTE DEMANDANTE SOLICITA ACLARACIÒN DE LA PROVIDENCIA PROFERIDA EL 03 DE DICIEMBRE DE LA PRESENTE ANUALIDAD

12 Dec 2018

11 Dec 2018
RECIBE MEMORIALES
SECRETARÍA GENERAL DEL CONSEJO DE ESTADO SOLICITA LA REMISIÓN DEL EXPEDIENTE

11 Dec 2018

03 Dec 2018
AUTO DE CUMPLASE
MEDIANTE OFICIO Nº. MVA-11062 (FLS. 1611, C.PPAL.) EL SECRETARIO GENERAL DE ESTA CORPORACIÓN, EN CUMPLIMIENTO DEL AUTO DEL 14 DE NOVIEMBRE DE 2018 (FLS. 1612, C.PPAL.), SOLICITÓ A ESTE DESPACHO, EN CALIDAD DE PRÉSTAMO, LA REMISIÓN DEL EXPEDIENTE DE LA REFERENCIA PARA QUE OBRE DENTRO DEL PROCESO DE TUTELA Nº. 11001-03-15-000-2018-04144-00. EN CONSECUENCIA, POR SECRETARÍA, REMÍTASE EL EXPEDIENTE. IGUALMENTE ADVERTIR AL DESPACHO QUE TRAMITA EL PROCESO DE TUTELA QUE MEDIANTE MEMORIAL VISIBLE A FOLIOS 1557 A 1564 DEL CUADERNO PRINCIPAL, LA PARTE DEMANDANTE SOLICITÓ LA NULIDAD DE TODO LO ACTUADO DESDE EL AUTO DEL 25 DE JULIO DE 2018 (FLS. 1463, C.PPAL), TRÁMITE QUE SE ENCUENTRA PENDIENTE DE RESOLVER.

10 Dec 2018

29 Oct 2018
MEMORIALES A DESPACHO
LA PARTE DEMANDANTE CONFIERE PODER AL DR. ISAAC ALFONSO DEVIS GRANADOS

29 Oct 2018

26 Oct 2018
RECIBE MEMORIALES
EL APODERADO DE LA PARTE DEMANDANTE SOLICITA COPIAS AUTENTICAS Y LOS DEMANDANTES CONFIERON PODER AL DOCTOR ISAAC ALFONSO DEVIS GRANADOS

26 Oct 2018

24 Oct 2018
AL DESPACHO
PARA PROVEER

24 Oct 2018

10 Oct 2018
CAMBIO DE PONENTE
A LAS 15:24:49 ANT. PONENTE: STELLA CONTO DIAZ DEL CASTILLO NVO. PONENTE:MARIA ADRIANA MARIN (E) POR TERMINACIÓN DE PERÍODO CONSTITUCIONAL
10 Oct 2018
10 Oct 2018
10 Oct 2018

10 Oct 2018
RECIBE MEMORIALES
EL APODERADO DE LA PARTE DEMANDANTE DESCORRE EL TRASLADO DE LA SOLICITUD DE NULIDAD PROCESAL

10 Oct 2018

08 Oct 2018
FIJACION EN LISTA
POR EL TÉRMINO DE LOS TRES (3) DÍAS SIGUIENTES AL DE ESTA PUBLICACIÓN, PARA ANUNCIAR EL TRASLADO A LA PARTE CONTRARIA DEL ESCRITO CONTENTIVO DE LA SOLICITUD DE NULIDAD PROCESAL PRESENTADA POR EL APODERADO ESPECIAL DEL MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL (FOLIOS 1557 A 1564), DE CONFORMIDAD CON LO DISPUESTO EN LOS ARTÍCULOS 165 DEL CÓDIGO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO Y 142 DEL CÓDIGO DE PROCEDIMIENTO CIVIL.
08 Oct 2018
08 Oct 2018
05 Oct 2018

02 Oct 2018
COPIADOR DE PROVIDENCIAS
COPIADO EN EL TOMO 1483 FOLIO 385-387

02 Oct 2018

27 Sep 2018
RECIBE MEMORIALES POR CORREO ELECTRONICO
APODERADO DE LA PARTE DEMANDADA SOLICITA DAR TRÁMITE AL INCIDENTE DE NULIDAD PRESENTADO EL 14 DE SEPTIEMBRE DE 2018 (RECIBIDO EL 26 DE SEPTIEMBRE DE 2018)

27 Sep 2018

27 Sep 2018
RECIBE MEMORIALES
APODERADO DE LA PARTE DEMANDADA SOLICITA DAR TRÁMITE AL INCIDENTE DE NULIDAD PRESENTADO EL 14 DE SEPTIEMBRE DE 2018

27 Sep 2018

25 Sep 2018
POR ESTADO
RECONOCE PERSONERIA.
25 Sep 2018
25 Sep 2018
24 Sep 2018

25 Sep 2018
POR ESTADO
AUTO QUE ACLARA LIQUIDACION DE PERJUICIOS.
25 Sep 2018
25 Sep 2018
24 Sep 2018

24 Sep 2018
CONSTANCIA SECRETARIAL
SE DEJA LA CONSTANCIA EN EL SENTIDO QUE LA ANTERIOR ACTUACIÓN DE MEMORIALES AL DESPACHO NO SE REALIZA, TODA VEZ QUE EL PROCESO SE ENCUENTRA EN SECRETARIA. JACZ

24 Sep 2018

24 Sep 2018
MEMORIALES A DESPACHO
EL APODERADO DEL MINISTERIO DE DEFENSA SOLICITA CORRECCIÓN, ACLARACION Y ADICIÓN DE LA SENTENCIA PROFERIDA EL 16 DE AGOSTO DE 2018

24 Sep 2018

21 Sep 2018
RECIBE MEMORIALES POR CORREO ELECTRONICO
DIRECTOR DE ASUNTOS LEGALES DEL MINISTERIO DE DEFENSA, SOLICITA CORRECCIÓN, ACLARACIÓN Y ADICIÓN DE SENTENCIA.

21 Sep 2018

20 Sep 2018
RECIBO PROVIDENCIA
CON PROVIDENCIA DEL 19 DE SEPTIEMBRE DE 2018. CON MEDIO MAGNETICO.

24 Sep 2018

19 Sep 2018
ACLARACION DE VOTO
(REGISTRADO EL 25 DE SEPTIEMBRE DEL 2018), ACLARACION DE VOTO A LA PROVIDENCIA DEL 19 DE SEPTIEMBRE DEL 2018, PRESENTADA POR LA DOCTORA STELLA CONTO DIAZ DEL CASTILLO

25 Sep 2018

19 Sep 2018
RECONOCE PERSONERIA
SE RECONOCE PERSONERÍA AL ABOGADO CARLOS ALBERTO SABOYA, TITULAR DE LA TARJETA PROFESIONAL NO. 100.320 DEL CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA, EN LOS TÉRMINOS DEL ARTÍCULO 20 DEL DECRETO 3123 DEL 17 DE AGOSTO DE 2007, PARA ACTUAR EN REPRESENTACIÓN DE LA NACIÓN-MINISTERIO DE DEFENSA.

24 Sep 2018

19 Sep 2018
AUTO QUE ACLARA
ACLARAR QUE I) LA LIQUIDACIÓN DE PERJUICIOS DENTRO DEL PROCESO CON RADICADO INTERNO 37719, POR CONCEPTO DE DAÑO MORAL SE ENTENDERÁ DE CONFORMIDAD CON LO DISPUESTO EN LA PARTE MOTIVA DE LA PROVIDENCIA DEL 16 DE AGOSTO DE 2018, ESTO ES, EL PAGO DE 100 SMLMV A FAVOR DE CADA UNO DE LOS DEMANDANTES; II) LA CONDENA, SIN PERJUICIO DE LA SOLIDARIDAD, SE ENTENDERÁ PROPORCIONAL A CADA UNA DE LAS DEMANDADAS Y DE CONFORMIDAD CON SU VINCULACIÓN A CADA PROCESO Y III) EL PAGO DE LA CONDENA QUE LE CORRESPONDERÁ AL EXTINTO DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE SEGURIDAD-DAS Y DE CUYO SUCESOR PROCESAL FUNGIÓ LA AGENCIA NACIONAL DE DEFENSA JURÍDICA DEL ESTADO, SE EFECTUARÁ CON CARGO AL PATRIMONIO AUTÓNOMO PÚBLICO PAP FIDUPREVISORA S.A. DEFENSA JURÍDICA DEL EXTINTO DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DAS Y SU FONDO ROTATORIO. EN FIRME ESTE PROVEÍDO, DEVUÉLVASE AL TRIBUNAL DE ORIGEN PARA LO DE SU CARGO.

24 Sep 2018

18 Sep 2018
MEMORIALES A DESPACHO
EL DR. ELIKN JAVIER CAROPRESSE SAAVEDRA SOLICITA CORRECCIÓN DE LA SENTENCIA PROFERIDA EL 16 DE AGOSTO DE 2018

18 Sep 2018

17 Sep 2018
MEMORIALES A DESPACHO
EL APODERADO DEL MINISTERIO DE DEFENSA SOLICITA LA NULIDAD DE TODO LO ACTUADO A PARTIR DEL AUTO PROFERIDO EL 25 DE JULIO DE 2018

17 Sep 2018

17 Sep 2018
RECIBE MEMORIALES
EL ABOGADO ELKIN JAVIER CAROPRESSE SAAVEDRA SOLICITA LA CORRECCION DE LA SENTENCIA PROFERIDA EL 16 DE AGOSTO DEL 2018

17 Sep 2018

14 Sep 2018
RECIBE MEMORIALES
EL APODERADO DEL MINISTERIO DE DEFENSA SOLICITA LA NULIDAD DE TODO LO ACTUADO A PATIR DEL AUTO PROFERIDO EL 25 DE JULIO DE 2018

17 Sep 2018

06 Sep 2018
AL DESPACHO
PARA ACLARACIÓN Y/O COMPLEMENTACIÓN DE SENTENCIA

06 Sep 2018

29 Aug 2018
RECIBE MEMORIALES
APODERADO DE LA AGENCIA NACIONAL DE DEFENSA JURÌDICA DEL ESTADO SOLICITA ACLARACIÓN DE SENTENCIA

29 Aug 2018

29 Aug 2018
RECIBE MEMORIALES POR CORRESPONDENCIA
EL APODERADO DEL MINISTERIO DE DEFENSA ALLEGA SOLICITUD DE ACLARACIÓN Y ADICIÓN DE SENTRENCIA

29 Aug 2018

29 Aug 2018
CONSTANCIA SECRETARIAL
AL DESPACHO DE LA DOCTORA STELLA CONTO DIAZ DEL CASTILLO PARA ACLARACION DE VOTO A LA SENTENCIA DEL 16 DE AGOSTO DE 2018, QUE PODRA SER PRESENTADA HASTA EL 10 DE SEPTIEMBRE DE LA PRESENTE ANUALIDAD

29 Aug 2018

27 Aug 2018
RECIBE MEMORIALES
EL APODERADO DE LA DEMANDANTE MARIANA MARQUEZ MUÑOZ Y RODRIGO MARQUEZ TEJADA SE NOTIFICA DE LA SENTENCIA POR CONDUCTA CONCLUYENTE

27 Aug 2018

23 Aug 2018
COPIADOR DE PROVIDENCIAS
COPIADO EN EL TOMO 1468 FOLIO 245-289

22 Aug 2018

23 Aug 2018
POR EDICTO
NOTIFICACION DE LA PROVIDENCIA DEL 16 DE AGOSTO DE 2018.
23 Aug 2018
27 Aug 2018
22 Aug 2018

23 Aug 2018
POR ESTADO
RECONOCE PERSONERIA.
23 Aug 2018
23 Aug 2018
22 Aug 2018

23 Aug 2018
POR ESTADO
RECONOCE PERSONERIA.
23 Aug 2018
23 Aug 2018
22 Aug 2018

16 Aug 2018
RECIBO PROVIDENCIA
CON FALLO QUE REVOCA DEL 16 DE AGOSTO DE 2018 CON MEDIO MAGNETICO

22 Aug 2018

16 Aug 2018
FALLO
REVOCAR LAS SENTENCIAS PROFERIDAS EL 19 DE AGOSTO DE 2009, 18 D ENOVIEMBRE DE 2010 Y 11 DE MAYO DE 2011 POR EL TRIBUNAL CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO DE CUNDINAMARCA QUE DENEGARON LAS PRETENSIONES Y EN SU LUGAR SE DISPONE: SEGUNDO: DECLARAR PATRIMONIAL Y ADMINISTRATIVAMENTE RESPONSABLES A LAS ENTIDADES DEMANDADAS POR LA AFECTACIÓN A LA INTEGRIDAD FÍSICA DEL SEÑOR CIRO ALFONSO ACOSTA GUTIÉRREZ Y LA MUERTE DE LOS SEÑORES CATALINA MUÑOZ TOFFOLI Y CESAR AUGUSTO CAICEDO CRUZ EN LOS HECHOS ACAECIDOS EL 7 DE FEBRERO DE 2003, EN LA CIUDAD DE BOGOTÁ, ASÍ: 1.PROCESO NO. 37719 DECLARAR PATRIMONIALMENTE RESPONSABLE A LA NACIÓN-MINISTERIO DE DEFENSA, FISCALÍA GENERAL DE LA NACIÓN Y A LA AGENCIA NACIONAL DE DEFENSA JURÍDICA DEL ESTADO DE LOS DAÑOS Y PERJUICIOS CAUSADOS POR LA MUERTE DE LA SEÑORA CATALINA MUÑOZ TOFFOLI, EN LAS INSTALACIONES DEL CLUB EL NOGAL EL 7 DE FEBRERO DE 2003. CONDENAR A LA NACIÓN-MINISTERIO DE DEFENSA, FISCALÍA GENERAL DE LA NACIÓN Y A LA AGENCIA NACIONAL DE DEFENSA JURÍDICA ...

21 Aug 2018

2.6.1. La Sala observa que, de acuerdo con esa información, existen solicitudes pendientes de resolución, a saber: (i) la solicitud de corrección, adición y aclaración de 24 de septiembre de 2018, formulada por el Ministerio de Defensa frente a la sentencia del 16 de agosto del mismo año; (ii) la solicitud de nulidad 26 de septiembre de 2018, también propuesta por el Ministerio de Defensa, y (iii) la solicitud del 7 de marzo de 2019, presentada por la señora Sonia Versweyvel Gómez para que fuera incluida como beneficiaria de la condena impuesta en la sentencia del 16 de agosto de 2018.

2.6.2. Siendo así, es forzoso concluir que el proceso de reparación directa aún se encuentra en trámite y que la tutela resulta ser improcedente como mecanismo definitivo de protección.

2.7. En la sentencia T-103 de 2014, la Corte Constitucional señaló que el requisito de subsidiariedad en tutela contra providencia judicial resulta desconocido en las siguientes situaciones: (i) cuando el asunto está en trámite, como ocurre en este caso; (ii) cuando no se han agotado los medios de defensa judicial ordinarios y extraordinarios; y (iii) cuando se usa para revivir etapas procesales en donde se dejaron de emplear los recursos previstos en el ordenamiento jurídico.

2.7.1. La Corte Constitucional también ha establecido que la acción de tutela puede proceder frente a decisiones judiciales adoptadas en el marco de procesos en trámite, pero únicamente como mecanismo transitorio de protección y con el objeto de evitar un perjuicio irremediable. Al respecto, se exige que el interesado demuestre, aunque sea sumariamente, la existencia de perjuicio irremediable, esto es, un perjuicio que: «(i) sea inminente, es decir que produzca, de manera cierta y evidente, la amenaza de un derecho fundamental; (ii) imponga la adopción de medidas urgentes para conjurarlo; (iii) amenace gravemente un bien jurídico que sea importante en el ordenamiento jurídico y; (iv) dada su urgencia y gravedad, imponga la impostergabilidad del amparo a fin de garantizar el restablecimiento del orden social justo en toda su integridad, pues, de lo contrario, la acción se torna improcedente. Sólo excepcionalmente, empero, esta Corte ha considerado que, el juez de tutela puede no exigir la demostración del perjuicio irremediable cuando el tipo de reclamo que se formula permite razonablemente presumir que existe afectación gravosa de derechos fundamentales y, en esa medida, corresponde es a la entidad demandada desvirtuar la referida presunción».

2.7.2. A juicio de la Sala, en el sub lite, la acción de tutela también es improcedente como mecanismo transitorio de protección, puesto que no se probó la existencia de perjuicio irremediable. En efecto, la Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado no da cuenta de la existencia de perjuicio irremediable ni tampoco puede colegirse a partir de las pruebas obrantes en el expediente de tutela.

2.8. En ese contexto, la Sala confirmará sentencia impugnada, pero por las razones antedichas.

Por lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Cuarta, administrando justicia en nombre de la República de Colombia y por autoridad de la ley,

FALLA

1. Confirmar la sentencia impugnada, por las razones expuestas.

2. Notificar a las partes por el medio más expedito.

3. Enviar el expediente de tutela a la Corte Constitucional para lo de su cargo.

Cópiese, notifíquese y cúmplase.

La anterior providencia fue discutida y aprobada en sesión de la fecha.

JULIO ROBERTO PIZA RODRÍGUEZ
Presidente de la Sección

STELLA JEANNETTE CARVAJAL BASTO
Magistrada

MILTON CHAVES GARCÍA
Magistrado

JORGE OCTAVIO RAMÍREZ RAMÍREZ
Magistrado
Folio 12.
Expediente 18860.
Folio 30.
Folios 67 a 75.
Folios 82 a 85.
Expediente 11001-03-15-000-2009-01328-01.
Expediente (IJ) 11001-03-15-000-2012-02201-01.
SU-573 de 2017.
Corte Constitucional. Sentencias: T-892 de septiembre 12 de 2008, M. P. Mauricio González Cuervo y T-406 de abril 15 de 2005, M. P. Jaime Córdoba Triviño, entre otras.
“Artículo 86. Toda persona tendrá acción de tutela para reclamar ante los jueces, en todo momento y lugar, mediante un procedimiento preferente y sumario, por sí misma o por quien actúe a su nombre, la protección inmediata de sus derechos constitucionales fundamentales, cuando quiera que éstos resulten vulnerados o amenazados por la acción o la omisión de cualquier autoridad pública.
(…)
Esta acción solo procederá cuando el afectado no disponga de otro medio de defensa judicial, salvo que aquella se utilice como mecanismo transitorio para evitar un perjuicio irremediable (…)” (se destaca).
“ARTÍCULO 6º-Causales de improcedencia de la tutela. La acción de tutela no procederá:
1. Cuando existan otros recursos o medios de defensa judiciales, salvo que aquélla se utilice como mecanismo transitorio para evitar un perjuicio irremediable. La existencia de dichos medios será apreciada en concreto, en cuanto a su eficacia, atendiendo las circunstancias en que se encuentra el solicitante.
(…).”
Sentencia C-543 de 1992. Magistrado ponente: José Gregorio Hernández Galindo.
HYPERLINK "https://procesos.ramajudicial.gov.co/consultaprocesos/" https://procesos.ramajudicial.gov.co/consultaprocesos/ Expediente: 25000-23-26-000-2005-00451-01.
Sentencias T-210 de 2011, T-141 de 2011, T-076 de 2011, y T-737 de 2010.

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