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Consejo de Estado · Sección Primera

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Primera, radicado 11001-03-15-000-2019-00126-00

Acción de tutela contra providencia judicial

Fecha
14 de febrero de 2019
Consejero ponente
Roberto Augusto Serrato Valdés

01Lo que resolvió

Ficha de la providencia

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Primera, radicado 11001-03-15-000-2019-00126-00

Consejo de Estado · Sección Primera

Parte resolutiva

F A L L A PRIMERO: NEGAR la solicitud de amparo promovida por el señor German Anselmo Quintero Gómez en contra de la Sección C del Tribunal Administrativo del Atlántico, por las razones expuestas en la parte motiva de esta providencia. SEGUNDO: NOTIFICAR a las partes en la forma prevista en el artículo 30 del Decreto Ley 2591 de 1991. TERCERO: En caso de que esta providencia no sea impugnada y quede en firme, REMÍTASE el expediente a la Corte Constitucional para su eventual revisión. Se deja constancia que la anterior providencia fue leída, discutida y aprobada por la Sala en la sesión de la fecha.

02Texto de la providencia

República de Colombia

Consejo de Estado

Sección Primera

Radicado 11001-03-15-000-2019-00126-00

Consejero ponente: Roberto Augusto Serrato Valdés

14 de febrero de 2019

ACCIÓN DE TUTELA CONTRA PROVIDENCIA JUDICIAL / DESCONOCIMIENTO DEL PRECEDENTE – No se configura / ACTO DE RETIRO DE EMPLEADO NOMBRADO EN PROVISIONALIDAD

De las circunstancias fácticas precitadas, así como de los argumentos sostenidos por el Tribunal accionado, para esta Sala resulta claro que, en el caso sub lite, si bien el accionante solicita la interpretación del caso a la luz del precedente contenido en la sentencia SU - 354 de 2017, lo cierto es que ello no es posible por cuanto dicho análisis jurisprudencial se refiere a la desvinculación de un funcionario inscrito en la carrera administrativa, hecho que no se advierte en su caso, dado que el nombramiento, del hoy actor, fue en provisionalidad. (…) Siendo ello así, la Corte Constitucional, a través de la sentencia SU - 354 de 2017, diferenció dos situaciones de hecho susceptibles de ser contrastadas, esto es, si la desvinculación afecta a un funcionario nombrado en provisionalidad o a un funcionario que pertenezca a carrera administrativa En este punto debe tenerse en cuenta que brindar un trato similar a los ciudadanos cuyos casos se fundamentan en desiguales supuestos fácticos, transgrediría el principio de igualdad de trato en las actuaciones judiciales, así como la seguridad jurídica. Así, no puede pretender el accionante favorecerse de idénticas consecuencias normativas cuando ambos grupos reciben un trato distinto, en virtud de las prerrogativas del régimen laboral que los regula. (…) En consonancia con lo anterior, recuérdese que la jurisprudencia constitucional ha establecido que se presenta un defecto sustantivo cuando la decisión que toma el juez desborda el marco de acción que la Constitución y la Ley le reconocen, lo cual no se advierte en la decisión adoptada por la Sección C del Tribunal Administrativo del Atlántico. (…) Por el contrario, la referida corporación judicial actuó en el marco de la autonomía judicial que se tiene para elegir las normas jurídicas pertinentes a un caso concreto, aplicando por ello el criterio de tasación vigente para los empleados provisionales que han sido desvinculados mediante un acto administrativo carente de motivación, contenido en las sentencias SU-556 de 2014, SU-053 y SU-054 de 2015, proferidas por la Corte Constitucional. (…) En ese orden de ideas, no le asiste razón al actor cuando manifiesta que el precedente contenido en la sentencia SU - 556 de 2014, había sido modificado por la sentencia SU - 354 de 2017, toda vez que como ya se expuso ambos pronunciamientos desarrollan situaciones jurídicas disimiles. (…) Por todo lo anterior, para la Sala resulta claro que la Sección C del Tribunal Administrativo del Atlántico, al expedir la providencia de 6 de septiembre de 2018, no incurrió en defecto sustantivo, teniendo en cuenta que profirió su decisión de manera razonable y ajustada a derecho, sin evidenciar por esta Sala una actuación arbitraria que haya traído como consecuencia la vulneración de los derechos fundamentales de la parte actora.

FUENTE FORMAL: DECRETO 2591 DE 1991 – ARTÍCULO 6.

NOTA DE RELATORIA: Respecto de la procedencia de la acción de tutela contra providencia judicial, consultar: Consejo de Estado, Sala Plena, Sentencia del 31 de julio de 2012, exp No. 11001-03-15-000-2009-01328-01, M.P.: María Elizabeth García González.

CONSEJO DE ESTADO

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCIÓN PRIMERA

Consejero ponente: ROBERTO AUGUSTO SERRATO VALDÉS

Bogotá, D. C., catorce (14) de febrero de dos mil diecinueve (2019)

Radicación número: 11001-03-15-000-2019-00126-00(AC)

Actor: GERMÁN ANSELMO QUINTERO GÓMEZ

Demandado: TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DEL ATLANTICO, SECCIÓN C

La Sala decide la acción de tutela interpuesta por el señor Germán Anselmo Quintero Gómez, en contra del Tribunal Administrativo del Atlántico, Sección C, por la presunta vulneración de sus derechos fundamentales, con ocasión de la sentencia de 6 de septiembre de 2018, proferida por esa Corporación judicial.

LA SOLICITUD DE TUTELA

El señor Germán Anselmo Quintero Gómez promovió acción de tutela en contra del Tribunal Administrativo del Atlántico, Sección C, con miras a obtener la protección de sus derechos fundamentales al debido proceso, a la igualdad y al trabajo, los cuales consideró vulnerados con ocasión de la sentencia de 6 de septiembre de 2018, proferida dentro del medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho con radicado No. 08-001-33-31-002-2004-00413-01, promovido por el accionante en contra de la Fiscalía General de la Nación.

HECHOS

De conformidad con lo planteado por el accionante, los hechos que motivan el ejercicio de la acción de tutela se contraen, en síntesis, a lo siguiente:

El señor Germán Quintero Gómez se encontraba vinculado laboralmente en la Fiscalía General de la Nación, desde el 29 de octubre de 1992, siendo su último cargo el de Asistente Judicial I, en provisionalidad.

Mediante Resolución No. 0-2481 del 21 de noviembre de 2003, el Fiscal General de la Nación declaró insubsistente su nombramiento.

Inconforme con dicho acto administrativo, promovió el medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho en contra de la Fiscalía General de la Nación.

Mediante sentencia de 14 de agosto de 2015, corregida mediante providencia de 9 de septiembre de 2015, el Juzgado Cuarto Administrativo de Descongestión del Circuito Judicial de Barranquilla, accedió a sus pretensiones y, en consecuencia, declaró la nulidad de la citada resolución y emitió las siguiente ordenes:

“[…] PRIMERO: DECLÁRESE la nulidad de la Resolución No 0-2481 de 21 de noviembre de 2003, suscrito por el Fiscal General de la Nación por medio del cual se declaró insubsistente al señor GERMAN ANSELMO QUINTERO GÓMEZ en el cargo de Asistente Juducial I" de la Dirección Seccional de Fiscalías de Barranquilla, que desempeñaba en dicha entidad.

SEGUNDO: Como consecuencia de lo anterior CONDENESE reincorporar al actor en provisionalidad, sin solución de continuidad para todos los efectos legales, al mismo cargo que ocupaba al momento del retiro del servicio o a uno similar o equivalente siempre y cuando el cargo no haya sido proveído con personal de carrera administrativa, teniendo en cuenta lo señalado en la parte motiva de esta providencia.

TERCERO: Como consecuencia de lo anterior CONDENESE pagarle los sueldos, prestaciones sociales, emolumentos y demás haberes causados y dejados de percibir desde de la fecha de su desvinculación hasta el día en que se reintegre al cargo, de conformidad con la parte motiva de la presente providencia.

AI liquidar las sumas dinerarias en favor de la demandante, los valores serán ajustados en los términos del artículo 178 del C.C.A., utilizando la siguiente fórmula:
R= Rh X índice final/ índice inicial

Según la cual el valor presente (R) se determina multiplicando el valor histórico (Rh), que es el que corresponde a lo dejado de percibir por el guarismo que resulta de dividir el índice final de precios al consumidor fijado por el DANE (vigente a la fecha de ejecutoria esta sentencia) por el índice inicial (vigente para la fecha en que debería efectuarse el pago). Los intereses serán reconocidos en Ia forma señalada en el último inciso del artículo 177 del C.C.A., adicionado por el artículo 60 de la Ley 446 de 1998 […]”

El Tribunal Administrativo del Atlántico, Sección C, mediante sentencia de 6 de septiembre de 2018, al resolver el recurso de apelación interpuesto por la Fiscalía General de la Nación en contra de la anterior providencia, confirmó la decisión de primera instancia, en lo relativo a la ausencia de motivación del acto de desvinculación, pero modificó la orden de restablecimiento, así:

“[…] SEGUNDO: A título de restablecimiento del derecho se ordena a la FISCALÍA GENERAL DE LA NACION que reintegre al actor al cargo que venía ocupando cuando fue desvinculado sin solución de continuidad, siempre que el mismo no haya sido provisto por concurso, no haya sido suprimido o el actor no haya llegado a la edad de retiro forzoso.
TERCERO: Ordenar a la demandada que cancele todos los salarios, acreencias laborales y prestaciones sociales adeudadas desde el día en que fue desvinculado hasta el momento de la sentencia, descontando de ese monto las sumas que por cualquier concepto laboral, público o privado, dependiente o independiente, haya recibido el actor, sin que la suma a pagar por indemnización sea inferior a seis (6) meses ni pueda exceder de veinticuatro (24) meses de salario, sumas a las cuales deberá aplicarse la siguiente formula:
Valor presente = Valor histórico I Final / I Inicial […]”

A juicio del accionante, la decisión del Tribunal accionado desconoce […] el precedente judicial vigente, contenido en la sentencia SU-354 del 2017 (sic) de la Corte Constitucional, que se refiere al reintegro y a la devolución efectiva de salarios y prestaciones dejadas de percibir como consecuencia del acto de retiro inmotivado de un empleado de la Fiscalía que ocupaba un cargo de carrera en provisionalidad […]”.

Indicó que constituye un vía de hecho la aplicación del criterio contenido en la sentencia SU-054/15, “[…] por haber sido variado, con la sentencia SU-354/17 (sic) […]”, por lo anterior, consideró que […] la fórmula aplicable es el reintegro sin solución de continuidad, con el correspondiente pago de los salarios y prestaciones efectivamente dejados de percibir […]”, es decir, el pago “[…] del monto total de los salarios y prestaciones dejadas de cancelar al actor, entre el día 30 de abril del 2004 (fecha en la que se materializó el retiro) y el 18 de diciembre del 2018 (fecha de reintegro), descontándole únicamente los dineros que percibió durante el periodo de desvinculación[…]”

LAS PRETENSIONES

Las pretensiones formuladas por el accionante fueron las siguientes:

“[…] Que le ampare de manera inmediata al señor GERMAN QUINTERO GOMEZ los derechos fundamentales al DEBIDO PROCESO y a la IGUALDAD, contenidos en los artículos 29 y 13 de la Carta Magna, y se disponga dejar sin valor y efectos jurídicos la sentencia, de fecha 6 de septiembre del 2018, proferida por el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección C, con ponencia del Dr. JAVIER BORNACELLY CAMPBELL, cuya radicación es 08-001-33-31-002-2004-00413-O1-JB; y de la misma manera se le ordene al Tribunal en mención resolver el recurso de apelación interpuesto por la demandada conforme al precedente jurisprudencial contenido en la sentencia SU-354 del 2017 (sic), en lo que respecta al pago de los salarios y demás prestaciones sociales dejadas de percibir por el actor desde la fecha en que fue desvinculado (30 de abril del 2004) hasta cuando se produjo su reintegro (18 de diciembre del 2018), sin solución de continuidad, y descontando sólo los dineros percibidos por el demandante durante el periodo de desvinculación por cualquier concepto laboral, público o privado, como trabajador dependiente o independiente […]”.

TRÁMITE DE LA TUTELA

El Magistrado sustanciador del proceso, mediante auto de 17 de enero de 2019, admitió la presente acción de tutela y dispuso notificar a los magistrados del Tribunal Administrativo del Atlántico, Sección C, con el fin de que ejercieran su derecho de defensa y contradicción. En la misma providencia se vinculó como tercero con interés en los resultados de la actuación al Juzgado Cuarto Administrativo de Descongestión del Circuito Judicial de Barranquilla y a la Fiscalía General de la Nación.

INTERVENCIONES

Realizadas las comunicaciones a las autoridades accionadas y a las vinculadas, intervinieron en los siguientes términos:

V.1 Mediante memorial de 29 de enero de 2018, el doctor Javier Eduardo Bornacelly Campbell, en su calidad de Magistrado del Tribunal Administrativo del Atlántico, Sección C, solicitó denegar el citado amparo al considerar que no se configuró la causal de procedencia especifica invocada, esto es, desconocimiento del precedente.

Respecto del reproche sobre la aplicación del criterio jurisprudencial contenido en la sentencia SU 556 de 2014, puso de presente que:

“[…] iii) en la sentencia de septiembre 6 de 2018, proferida por la Sala C del Tribunal Administrativo del Atlántico, no se hizo otra cosa que aplicar la ratio de más de un centenar de sentencias de tutelas proferidas por la Corte Constitucional, en punto al deber de motivar los actos de desvinculación de funcionarios nombrados en provisionalidad en cargo de carrera; iv) en cuanto a las medidas de restablecimiento o efecto de nulidad del acto de desvinculación, se aplicó la sub regla contenida en la sentencia SU 054 de 2015, que a su turno recoge los dicho en las sentencias SU 053 de 2015 y SU 556 de 2014, mediante las cuales, dicho sea de paso, se resolvieron casos ocurridos en épocas contemporáneas al sub judice aplicándose de manera retrospectiva[…]”.

Advirtió que, al tenor del criterio actual, “[…] el monto de la indemnización para el servidor público desvinculado sin motivación de un cargo de carrera desempeñado en provisionalidad, por un instrumentos de mínimos y máximos, es no menos de 6 meses, ni más de 24 […]”.

Finalmente, en lo ateniente al argumento sostenido por el accionante, respecto del desconocimiento de la sentencia SU 354 de 2017, aclaró que dicha providencia versa sobre “[…] el restablecimiento o efecto de nulidad de actos que desvinculan empleados de carrera […]”, precisando que: “[…] a lo largo de dicha providencia, se reitera la vigencia de precedente contenido en la sentencia SU 556 de 2014 y SU 053 y 054 de 2015 […]”.

V.2. La Fiscalía General de la Nación, por intermedio de apoderado judicial, expuso que la acción constitucional de la referencia no cumple con el requisito general de subsidiaridad, exigido para la procedencia de una acción de tutela en contra de una providencia judicial, sin embargo no señaló cuál es el mecanismo judicial o administrativo alternativo con el que contaba el accionante.

Finalmente, argumentó que la parte actora tampoco sustentó la causal específica de procedibilidad, razón por la cual solicitó declarar la improcedencia del presente mecanismo de amparo.

VI. CONSIDERACIONES DE LA SALA

VI.1. Competencia

Esta Sala es competente para pronunciarse sobre la acción de tutela promovida por el señor German Anselmo Quintero Gómez en contra del Tribunal Administrativo del Atlántico, Sección C, de conformidad con lo establecido en el artículo 37 del Decreto 2591 de 19 de noviembre de 1991, en concordancia con el artículo 2.2.3.1.2.1 del Decreto 1069 de 26 de mayo de 2015, modificado por el artículo 1º del Decreto 1983 de 30 de noviembre de 2017.

VI.2. Problema Jurídico

De acuerdo a la situación fáctica planteada, a la Sala le corresponde establecer:

Si en el presente asunto se cumplen los requisitos generales de procedencia excepcional de la acción de tutela contra providencias judiciales.

Si de la sentencia de 6 de septiembre de 2018, proferida por el Tribunal Administrativo del Atlántico, Sección C, a través de la cual se modificó el monto indemnizatorio que debía reconocérsele al accionante por haber sido separado de un cargo ejercido en provisionalidad, mediante un acto administrativo carente de motivación, se configuró un defecto sustantivo por el desconocimiento del precedente fijado por la Corte Constitucional en la sentencia SU 354 de 2017.

Con el fin de resolver tales interrogantes resulta pertinente pronunciarse de manera previa sobre: i) la procedencia de la acción de tutela en contra de providencias judiciales y los requisitos generales y especiales de procedibilidad; ii) el defecto sustantivo por desconocimiento del precedente jurisprudencial respecto de las sentencias de unificación dictadas por la Corte Constitucional; iii) la jurisprudencia sobre la tasación de salarios y prestaciones dejadas de percibir como consecuencia de la nulidad de un acto de retiro del servicio de un empleado provisional; para, posteriormente, iv) resolver el caso concreto.

VI.2.1. Procedencia de la acción de tutela contra providencias judiciales. Requisitos generales y especiales de procedibilidad

La Sala Plena de lo Contencioso Administrativo del Consejo de Estado, en sentencia de 31 de julio de 2012, cambió su postura inicial y decidió asumir el estudio de fondo de las acciones de tutela dirigidas en contra de providencias judiciales violatorias de derechos fundamentales siguiendo los lineamientos dispuestos por la Corte Constitucional y su propia jurisprudencia.

Ahora bien, la sentencia C-590 de 8 de junio de 2005, proferida por la Corte Constitucional, estableció los siguientes presupuestos generales y especiales para que proceda la acción de tutela en contra de decisiones judiciales:

Como requisitos generales de procedibilidad fijó: i) la relevancia constitucional del asunto; ii) el agotamiento de todos los medios de defensa judicial, salvo la existencia de un perjuicio irremediable; iii) el cumplimiento del principio de inmediatez; iv) si se trata de una irregularidad procesal, que ésta tenga efecto decisivo en la providencia objeto de inconformidad; v) la identificación clara de los hechos causantes de vulneración y su alegación en el proceso, y vi) que la acción no se dirija contra un fallo de tutela, salvo las excepciones previstas en la sentencia SU-627 de 2015.

Como requisitos especiales de procedencia del amparo, y que permiten al juez constitucional dejar sin efectos una providencia judicial, la sentencia C-590 de 2005 estableció la existencia de los siguientes defectos: orgánico, procedimental absoluto, fáctico, material o sustantivo, error inducido, decisión sin motivación, desconocimiento del precedente y violación directa de la Constitución.

De lo expuesto, la Sala advierte que, cuando el juez constitucional conoce una demanda impetrada en ejercicio de la acción de tutela y en la que se alega la vulneración de derechos fundamentales con ocasión de la expedición de una providencia judicial, en primer lugar, debe verificar la presencia de los requisitos generales y, en segundo lugar, le corresponde examinar si en el caso objeto de análisis se configura uno de los defectos especiales ya explicados, permitiéndole de esta manera “dejar sin efecto o modular la decisión” que se encaje en dichos parámetros.

Se trata, entonces, de una rigurosa constatación de los presupuestos de procedibilidad, por cuanto resulta a todas luces necesario evitar que este instrumento excepcional se convierta en una manera de desconocer principios y valores constitucionales tales como los de cosa juzgada, debido proceso, seguridad jurídica e independencia judicial que gobiernan todo proceso jurisdiccional.

El criterio expuesto fue reiterado en pronunciamiento de la Sala Plena de la Corporación, en sentencia de unificación de 5 de agosto de 2014, radicado: 11001-03-15-000-2012-02201-01, Consejero Ponente, Jorge Octavio Ramírez Ramírez.

VI.2.2. Defecto sustantivo por desconocimiento del precedente jurisprudencial contenido en las sentencias de unificación proferidas por la Corte Constitucional

En lo concerniente al defecto sustantivo, la jurisprudencia ha establecido que éste se presenta cuando la decisión que toma el juez desborda el marco de acción que la Constitución y la ley le reconocen, al apoyarse en un fundamento jurídico inaplicable al caso concreto.

Ello implica que los funcionarios judiciales tienen independencia y autonomía para elegir las normas jurídicas pertinentes, así como determinar su forma de aplicación; sin embargo, aquel ejercicio hermenéutico está sujeto a la Constitución, a la ley vigente y, en los términos del artículo 230 de la Constitución Política, a los precedentes jurisprudenciales fijados por los órganos de cierre de cada jurisdicción.

En este sentido, el artículo 230 Constitucional contempla el sistema de fuentes formales que debe respetar el funcionario judicial al tomar sus decisiones y, por su parte, el artículo 228, de la misma Carta Política, establece como principios constitucionales la independencia y autonomía judicial, en los siguientes términos:

“[…] ARTICULO 228. La Administración de Justicia es función pública. Sus decisiones son independientes. Las actuaciones serán públicas y permanentes con las excepciones que establezca la ley y en ellas prevalecerá el derecho sustancial. Los términos procesales se observarán con diligencia y su incumplimiento será sancionado. Su funcionamiento será desconcentrado y autónomo […]”.

Respecto de estas dos características esenciales del sistema judicial, la Corte Interamericana de Derechos Humanos, en el caso Apitz Barbera y otros, párrafo 55, indicó lo siguiente:

“[…] 55. Al respecto, la Corte resalta que si bien es cierto que la independencia y la imparcialidad están relacionadas, también es cierto que tienen un contenido jurídico propio. Así, esta Corte ha dicho que uno de los objetivos principales que tiene la separación de los poderes públicos es la garantía de la independencia de los jueces. Dicho ejercicio autónomo debe ser garantizado por el Estado tanto en su faceta institucional, esto es, en relación con el Poder Judicial como sistema, así como también en conexión con su vertiente individual, es decir, con relación a la persona del juez específico. El objetivo de la protección radica en evitar que el sistema judicial en general y sus integrantes en particular se vean sometidos a posibles restricciones indebidas en el ejercicio de su función por parte de órganos ajenos al Poder Judicial o incluso por parte de aquellos magistrados que ejercen funciones de revisión o apelación […]”.

Atendiendo al marco constitucional referido, la jurisprudencia constitucional ha restringido la configuración del defecto sustantivo a eventos concretos, específicamente, los siguientes:

“[…] En otras palabras, una providencia judicial adolece de un defecto sustantivo (i) cuando la norma aplicable al caso es claramente inadvertida o no tenida en cuenta por el fallador, (ii) cuando a pesar del amplio margen interpretativo que la Constitución le reconoce a las autoridades judiciales, la aplicación final de la regla es inaceptable por tratarse de una interpretación contraevidente (interpretación contra legem) o claramente perjudicial para los intereses legítimos de una de las partes (irrazonable o desproporcionada), y finalmente (iii) cuando el fallador desconoce las sentencias con efectos erga omnes tanto de la jurisdicción constitucional como de la jurisdicción de lo contencioso administrativo, cuyos precedentes se ubican en el mismo rango de la norma sobre la que pesa la cosa juzgada respectiva […]” (Resalta la Sala).

De manera particular, respecto del defecto sustantivo por desconocimiento del precedente jurisprudencial y teniendo en cuenta que las providencias de la Corte Constitucional pueden tener distinto alcance, se hace necesario profundizar en el carácter vinculante de las sentencias de unificación proferidas en sede de revisión de acciones de tutela o control concreto de constitucionalidad (sentencias SU).

En tal sentido, el Decreto 2591 de 1991, preceptúa lo siguiente:

“[…] Artículo 36. Efectos de la revisión. Las sentencias en que se revise una decisión de tutela solo surtirán efectos en el caso concreto y deberán ser comunicadas inmediatamente al juez o tribunal competente de primera instancia, el cual notificará la sentencia de la Corte a las partes y adoptará las decisiones necesarias para adecuar su fallo a lo dispuesto por ésta […]”. (Resaltado fuera del texto).

Ahora bien, la Corte Constitucional en la sentencia C-037 de 1996, al revisar el artículo 48 de la Ley Estatutaria 270 de 1996, precisó el alcance de los efectos de estas sentencias, de la siguiente manera:

“[…] Por lo demás, cabe puntualizar que las sentencias judiciales a través de las cuales se deciden acciones de tutela, sólo tienen efectos en relación con las partes que intervienen en el proceso (Decreto 2591/91, art. 36). Sin embargo, la doctrina constitucional que define el contenido y alcance de los derechos constitucionales, sentada por la Corte Constitucional, con ocasión de la revisión de los fallos de tutela, trasciende las situaciones concretas que le sirven de base y se convierte en pauta que unifica y orienta la interpretación de la Constitución. […] La jurisprudencia de los altos órganos jurisdiccionales, por medio de la unificación doctrinal, persigue la realización del principio de igualdad. Por consiguiente, sin perjuicio de lo observado respecto de la doctrina constitucional, la exequibilidad del segundo numeral del artículo 48, materia de examen, se declarará bajo el entendido de que las sentencias de revisión de la Corte Constitucional, en las que se precise el contenido y alcance de los derechos constitucionales, sirven como criterio auxiliar de la actividad de los jueces, pero si éstos deciden apartarse de la línea jurisprudencial trazada en ellas, deberán justificar de manera suficiente y adecuada el motivo que les lleva a hacerlo, so pena de infringir el principio de igualdad[…]”.

Sin embargo, mediante sentencia C-634 de 2011, el máximo Tribunal constitucional, al efectuar el estudio de constitucionalidad del artículo 10 de la Ley 1437 de 2011, unificó coherentemente su propia jurisprudencia sobre esta materia, señalando lo siguiente:

“[…] 19.5. El respeto del precedente judicial por parte de las autoridades administrativas se fundamenta (i) en el respeto del debido proceso y del principio de legalidad en materia administrativa (Arts. 29, 121 y 122 C.P.); (ii) en el hecho que el contenido y alcance normativo de la Constitución y la ley es fijado válida y legítimamente por las altas cortes, cuyas decisiones hacen tránsito a cosa juzgada y tienen fuerza vinculante; (iii) en que las decisiones de las autoridades administrativas no pueden ser arbitrarias y deben fundamentarse de manera objetiva y razonable; (iv) en que el desconocimiento del precedente y con ello del principio de legalidad, implica la responsabilidad de los servidores públicos (Arts. 6º y 90 C.P.); y (v) en que las actuaciones y decisiones de las autoridades administrativas deben respetar la igualdad de todos ante la ley (Art. 13 C.P.). (…)

19.6. En caso de concurrencia de una interpretación judicial vinculante, las autoridades administrativas deben aplicar al caso en concreto similar o análogo dicha interpretación; ya que para estas autoridades no es aplicable el principio de autonomía o independencia, válido para los jueces.
19.10. El desconocimiento del precedente judicial de las altas cortes por parte de las autoridades administrativas, especialmente de la jurisprudencia constitucional, implica la afectación de derechos fundamentales, y por tanto una vulneración directa de la Constitución o de la ley, de manera que puede dar lugar a (i) responsabilidad penal, administrativa o disciplinaria por parte de las autoridades administrativas; y (ii) la interposición de acciones judiciales, entre ellas de la acción de tutela, contra actuaciones administrativas o providencias judiciales […]”

Con base en lo anterior, la Corte Constitucional resolvió declarar exequible el artículo 10 de la Ley 1437 de 2011, por los cargos analizados en esta sentencia, en el entendido que las autoridades tendrán en cuenta, junto con las sentencias de unificación jurisprudencial proferidas por el Consejo de Estado y de manera preferente, las decisiones de la Corte Constitucional que interpreten las normas constitucionales aplicables a la resolución de los asuntos de su competencia. Esto sin perjuicio del carácter obligatorio erga omnes de las sentencias que efectúan el control abstracto de constitucionalidad.

Lo anterior significa que las sentencias de revisión de tutela, en principio, producen efectos inter partes y la ratio decidendi debe ser observada por todos en tanto se constituye en precedente constitucional, cuyo desconocimiento acarrearía una vulneración de los derechos fundamentales de las partes procesales.

VI.2.3. Tasación de salarios y prestaciones dejadas de percibir como consecuencia de la nulidad de un acto de retiro del servicio de un empleado provisional.

Los cargos de libre nombramiento y remoción y los de carrera constituyen los dos extremos de la estabilidad en el empleo en la función pública; los primeros contemplan la facultad discrecional del nominador de nombrar a sus funcionarios de confianza de nivel directivo, mientras que los segundos conllevan una estabilidad laboral reforzada.

Ahora bien, los nombramientos en provisionalidad de los cargos de carrera, aunque no gozan de las mismas garantías concebidas para la carrera administrativa, lo cierto es que cuentan con una estabilidad laboral relativa, en virtud de la cual, la administración debe motivar el acto por medio del cual retira del cargo a su funcionario. Así, el acto de insubsistencia de un funcionario en provisionalidad que no cumpla con el criterio de motivación, debe ser anulado en garantía de los derechos a la igualdad, al debido proceso y al mérito en el acceso a la función pública.

Cabe precisar que la Corte Constitucional, a través de su jurisprudencia, ha modulado los efectos de aquella nulidad, en lo que se refiere al límite de las indemnizaciones que deben reconocérseles a los empleados provisionales que han sido desvinculados mediante un acto administrativo carente de motivación.

Precisamente, en la sentencia SU - 556 de 2014, se sentaron las bases de este análisis, al considerar que, una vez se declara la nulidad del acto administrativo de desvinculación, la continuidad en el cargo depende de que este no haya sido provisto a través de un concurso de méritos.

Adicionalmente, se fijaron límites al resarcimiento de los salarios dejados de percibir por aquel funcionario desvinculado, por cuanto resultaría contrario al principio de equidad, reconocer una indemnización equivalente a la totalidad de los salarios no percibidos desde el momento de la desvinculación hasta el reintegro efectivo, si se tiene en cuenta que el retiro se presentó como consecuencia de un acto administrativo amparado por la presunción de legalidad, y que, sin perjuicio del derecho de cuestionar judicialmente dicho acto, también le corresponde al afectado actuar de buena fe y procurar la auto-provisión de recursos.

Lo anterior aunado a: i) la congestión judicial y la consiguiente mora en la adopción de las decisiones de protección; y, al hecho consistente en que: ii) los salarios dejados de percibir no se pueden concebir como un pago retroactivo del servicio, pue este nunca se prestó.

En tal sentido, la Corte Constitucional consideró que, en el evento de adoptar órdenes en los casos de retiro sin motivación de las personas vinculadas en provisionalidad, se deben atender los siguientes parámetros:

“[…] (i) el reintegro del servidor público a su empleo, siempre y cuando el cargo que venía ocupando antes de la desvinculación no haya sido provisto mediante concurso, no haya sido suprimido o el servidor no haya llegado a la edad de retiro forzoso; y, (ii) a título indemnizatorio, pagar el equivalente a los salarios y prestaciones dejados de percibir hasta el momento de la sentencia, descontando de ese monto las sumas que por cualquier concepto laboral, público o privado, dependiente o independiente, haya recibido la persona, sin que la suma a pagar por indemnización sea inferior a seis (6) meses ni pueda exceder de veinticuatro (24) meses de salario […]”

Es de mencionar que la misma Corte, en las sentencias SU-053 y SU-054 de 2015, mantuvo la citada línea jurisprudencial. Asimismo, advierte la Sala que los supuestos facticos a los que se refiere la sentencia SU-054 de 2015, coinciden con los del caso sub examine, en tanto la Corte Constitucional se pronunció respecto de acciones de tutela presentadas por tres funcionarios de la Fiscalía General de la Nación que ejercían cargos en provisionalidad y que habían sido desvinculados a través de actos no motivados.

Finalmente y teniendo en cuenta el juicio de reproche sostenido por la parte actora respecto de la inaplicación del criterio jurisprudencial sostenido en la sentencia SU - 354 de 2017, cabe resaltar que la Corte Constitucional en aquella oportunidad efectuó un recuento jurisprudencial en materia de reintegro y devolución de salarios y prestaciones dejadas de percibir como consecuencia de la nulidad de un acto de retiro del servicio, tanto de funcionarios inscritos en carrera administrativa, como de funcionarios en provisionalidad.

Nótese que, en la mencionada providencia, se precisó la diferencia entre los criterios de tasación de la indemnización salarial del funcionario de carrera desvinculado mediante un acto carente de motivación y los parámetros de indemnización de aquel funcionario que fue desvinculado pero que ejercía el cargo en condición de provisionalidad, así:

“[…] Ahora bien, el precedente que ahora se aplica sostiene que con el propósito de que la reparación corresponda al daño que se presentó cuando, de manera injusta, se frustró la expectativa de estabilidad relativa en el cargo, la indemnización a ser reconocida no puede ser inferior a los seis meses que según la Ley 909 de 2004 es el término máximo de duración de la provisionalidad, estableciéndose, a su vez, un límite superior a la suma indemnizatoria de hasta veinticuatro meses, atribuible a la ruptura del nexo causal entre la ausencia de ingresos o el nivel de los mismos y la desvinculación del servicio.

Esta última subregla no será acogida en esta oportunidad, en tanto para este caso el cargo que desempeñaba el demandante, según lo concluyó el Consejo de Estado en la sentencia que se ataca y que no fue objeto de debate según se explicó previamente, era un verdadero cargo de carrera lo que hacía que su nombramiento en provisionalidad fuera contrario a la Constitución […]” (Negrillas de la Sala).

Con base en lo anterior, lo cierto es que, mediante sentencia SU - 354 de 2017, la Corte Constitucional reconoció que, las reglas fijadas en la sentencia SU - 556 de 2014 y reiteradas en las sentencias SU-053 y SU-054 de 2015, continuaban regulando la tasación indemnizatoria del funcionario desvinculado retirado de un cargo ejercido en provisionalidad, pero que la subregla relativa al límite en el pago de salarios dejados de percibir, no le era aplicable al funcionario que se encontraba inscrito en la carrera administrativa.

VI.3. El caso concreto

El señor German Anselmo Quintero Gómez, mediante apoderado judicial, solicitó el amparo de sus derechos fundamentales al debido proceso, a la igualdad y al trabajo, para que, en consecuencia, se ordenara dejar sin efecto el ordinal primero de la sentencia de 24 de agosto de 2018, a través del cual se modificó la tasación de los salarios dejados de percibir como consecuencia de la nulidad del acto de retiro del servicio.

Señaló que la decisión del Tribunal accionado, desconocía el precedente establecido por la Corte Constitucional en la sentencia SU-354 de 2017, en tanto dicha providencia había modificado la regla jurídica contenida en la sentencia SU-556 de 2014.

Por su parte, la Sección C del Tribunal Administrativo del Atlántico argumenta que el criterio jurídico sostenido en la sentencia SU-354 de 2017, se refiere a la desvinculación de un funcionario perteneciente a la carrera administrativa, mientras que las sentencias SU-556 de 2014, SU-053 y SU-054 de 2015, definieron los parámetros legales para tasar la indemnización de los salarios dejados de devengar por parte del funcionario vinculado en provisionalidad, retirado del servicio a través de un acto carente de motivación.

En ese orden de ideas, la controversia gira en torno a establecer si la Sección C del Tribunal Administrativo del Atlántico, quebrantó los aludidos derechos fundamentales del accionante a través de la providencia cuestionada.

Ahora bien, de acuerdo con los parámetros planteados en el acápite anterior, la Sala entrará a examinar el cumplimiento de los requisitos generales de procedencia de la acción de tutela en contra de providencias judiciales, según la jurisprudencia trazada por la Corte Constitucional, acogida por la Sala Plena de esta Corporación.

La Sala encuentra que, efectivamente, tales requisitos se cumplen, en razón a que: i) se invoca la vulneración de los derechos de orden fundamental al debido proceso, a la igualdad y al trabajo; ii) el accionante agotó los medios de defensa judicial de que disponía (la causal de reproche del accionante sobre el fallo proferido en el medio de control de nulidad y restablecimiento 2004-00413-01 no configura alguna de las causales de procedencia del recurso extraordinario de revisión o del recurso extraordinario de unificación de jurisprudencia); iii) la acción de tutela se presentó dentro de un término razonable, pues la sentencia fue proferida el 6 de septiembre de 2018 y fue notificada mediante edicto desfijado el 28 de septiembre de 2018 y la acción de amparo que ocupa la atención de la Sala, fue interpuesta el 15 de enero de 2019; iv) la irregularidad manifestada por la accionante es de naturaleza sustancial y, de ser cierta, afectaría la decisión de fondo; v) la situación que generó la vulneración de derechos fundamentales fue debidamente puntualizada en el escrito de tutela; y iv) no se trata de una providencia contentiva de una sentencia de tutela.

Como consecuencia de lo anterior, pasa la Sala a revisar si se cumple alguno de los requisitos especiales de procedibilidad establecidos en la sentencia C-590 de 2005 de la Corte Constitucional.

Para determinar si el Tribunal Administrativo del Atlántico incurrió en el defecto sustantivo alegado, resulta pertinente tener en cuenta los fundamentos de la sentencia objeto de controversia, que se concretan en los siguientes aspectos:

Se indica que, conforme al artículo 76 de la Ley 938 de 2004, el retiro del servicio es una situación de carácter administrativo, que pone fin a Ia inscripción en el régimen de carrera y desvincula al servidor de Ia Fiscalía General de la Nación, a traves de un acto motivado en las causales previstas como para tal efecto.

Se advierte que el acto administrativo por medio del cual se efectuó la desvinculación del accionante en el año 2003, no contenía argumentos encaminados a justificar aquella decisión, esto es, que el mismo carecía de motivación.

Se acoge la postura sostenida por la Corte Constitucional según la cual los funcionarios nombrados en provisionalidad cuentan con una estabilidad laboral relativa en virtud de la cual la administración debe motivar el acto por medio del cual retira al funcionario.del cargo.

Por último, se señaló lo siguiente:

“[…] teniendo en cuenta que el debate central se ciñó a la situación de los empleados provisionales y que en el presente caso las pretensiones están llamadas a prosperar y por ende se debe confirmar la decisión de instancia, es un deber para los agentes judiciales dar aplicación al precedente fijado por la Corte Constitucional cuando del restablecimiento del derecho se trata para este tipo de empleados. La Corte Constitucional en sentencia de unificación No. 054 del 2015, ha señalado las medidas a tomar cuando se trata del retiro de provisionales, como el caso que nos ocupa. (…)

Conforme a lo anterior, esta Sala dispondrá como restablecimiento del derecho, el reintegro del actor al cargo que venía ocupando cuando fue desvinculado sin solución de continuidad, siempre que el mismo no haya sido provisto por concurso, no haya sido suprimido o no haya llegado a la edad de retiro forzoso.

De igual manera se condenará a la demandada a que cancele todos los salario, acreencias laborales y prestaciones sociales adeudadas desde el día en me fue desvinculado hasta el momento de la sentencia, descontando de ese monto las sumas que por cualquier concepto laboral, público o privado, dependiente o independiente, haya recibido el actor, sin que la suma a pagar pueda sea inferior a seis (6) meses ni pueda exceder de veinticuatro (24) meses de salario, sumas a las cuales deberá aplicarse la fórmula que consignó el a quo en la sentencia recurrida […]”(Subraya la Sala)

De las circunstancias fácticas precitadas, así como de los argumentos sostenidos por el Tribunal accionado, para esta Sala resulta claro que, en el caso sub lite, si bien el accionante solicita la interpretación del caso a la luz del precedente contenido en la sentencia SU - 354 de 2017, lo cierto es que ello no es posible por cuanto dicho análisis jurisprudencial se refiere a la desvinculación de un funcionario inscrito en la carrera administrativa, hecho que no se advierte en su caso, dado que el nombramiento, del hoy actor, fue en provisionalidad.

Siendo ello así, la Corte Constitucional, a través de la sentencia SU - 354 de 2017, diferenció dos situaciones de hecho susceptibles de ser contrastadas, esto es, si la desvinculación afecta a un funcionario nombrado en provisionalidad o a un funcionario que pertenezca a carrera administrativa, al sostener que:

“[…] Ahora bien, el precedente que ahora se aplica sostiene que con el propósito de que la reparación corresponda al daño que se presentó cuando, de manera injusta, se frustró la expectativa de estabilidad relativa en el cargo, la indemnización a ser reconocida no puede ser inferior a los seis meses que según la Ley 909 de 2004 es el término máximo de duración de la provisionalidad, estableciéndose, a su vez, un límite superior a la suma indemnizatoria de hasta veinticuatro meses, atribuible a la ruptura del nexo causal entre la ausencia de ingresos o el nivel de los mismos y la desvinculación del servicio.

Esta última subregla no será acogida en esta oportunidad, en tanto para este caso el cargo que desempeñaba el demandante, según lo concluyó el Consejo de Estado en la sentencia que se ataca y que no fue objeto de debate según se explicó previamente, era un verdadero cargo de carrera lo que hacía que su nombramiento en provisionalidad fuera contrario a la Constitución […]” (Negrillas de la Sala).

De ahí, el máximo Tribunal constitucional concluyó que:

“[…] 9.3. Ahora bien, en este caso no es procedente acoger la subregla según la cual la indemnización a ser reconocida no puede ser inferior a los seis meses que según la Ley 909 de 2004 es el término máximo de duración de la provisionalidad, estableciéndose, a su vez, un límite superior a la suma indemnizatoria de hasta veinticuatro meses, atribuible a la ruptura del nexo causal entre la ausencia de ingresos o el nivel de los mismos y la desvinculación del servicio. Lo anterior, por cuanto el cargo que desempeñaba señor Ramírez Zuluaga, según lo concluyó el Consejo de Estado en la sentencia que se ataca, era un verdadero cargo de carrera lo que hacía que su nombramiento en provisionalidad fuera contrario a la Constitución, lo que impide aplicar una regla como la señalada, establecida por la naturaleza propia de los cargos de provisionalidad.

9.3.1.1. Bajo este análisis, la Sala concluye que en el caso concreto el Consejo de Estado desconoció el precedente constitucional sentado por este Tribunal sobre la materia, al disponer que para todos los efectos legales, los salarios y prestaciones dejados de percibir no constituyen doble asignación recibida del tesoro público, o de empresas o de instituciones en las que tenga parte mayoritaria el Estado, con lo percibido por el señor Augusto Ramírez Zuluaga desde la fecha de la insubsistencia hasta la fecha del reintegro a la Fiscalía General de la Nación […]”.(Negrillas de la Sala).

En este punto debe tenerse en cuenta que brindar un trato similar a los ciudadanos cuyos casos se fundamentan en desiguales supuestos fácticos, transgrediría el principio de igualdad de trato en las actuaciones judiciales, así como la seguridad jurídica. Así, no puede pretender el accionante favorecerse de idénticas consecuencias normativas cuando ambos grupos reciben un trato distinto, en virtud de las prerrogativas del régimen laboral que los regula.

En consonancia con lo anterior, recuérdese que la jurisprudencia constitucional ha establecido que se presenta un defecto sustantivo cuando la decisión que toma el juez desborda el marco de acción que la Constitución y la Ley le reconocen, lo cual no se advierte en la decisión adoptada por la Sección C del Tribunal Administrativo del Atlántico.

Por el contrario, la referida corporación judicial actuó en el marco de la autonomía judicial que se tiene para elegir las normas jurídicas pertinentes a un caso concreto, aplicando por ello el criterio de tasación vigente para los empleados provisionales que han sido desvinculados mediante un acto administrativo carente de motivación, contenido en las sentencias SU-556 de 2014, SU-053 y SU-054 de 2015, proferidas por la Corte Constitucional.

En ese orden de ideas, no le asiste razón al actor cuando manifiesta que el precedente contenido en la sentencia SU - 556 de 2014, había sido modificado por la sentencia SU - 354 de 2017, toda vez que como ya se expuso ambos pronunciamientos desarrollan situaciones jurídicas disimiles.

Por todo lo anterior, para la Sala resulta claro que la Sección C del Tribunal Administrativo del Atlántico, al expedir la providencia de 6 de septiembre de 2018, no incurrió en defecto sustantivo, teniendo en cuenta que profirió su decisión de manera razonable y ajustada a derecho, sin evidenciar por esta Sala una actuación arbitraria que haya traído como consecuencia la vulneración de los derechos fundamentales de la parte actora.

En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la Ley,

F A L L A

PRIMERO: NEGAR la solicitud de amparo promovida por el señor German Anselmo Quintero Gómez en contra de la Sección C del Tribunal Administrativo del Atlántico, por las razones expuestas en la parte motiva de esta providencia.

SEGUNDO: NOTIFICAR a las partes en la forma prevista en el artículo 30 del Decreto Ley 2591 de 1991.

TERCERO: En caso de que esta providencia no sea impugnada y quede en firme, REMÍTASE el expediente a la Corte Constitucional para su eventual revisión.

Se deja constancia que la anterior providencia fue leída, discutida y aprobada por la Sala en la sesión de la fecha.

CÓPIESE, NOTIFÍQUESE, COMUNÍQUESE Y CÚMPLASE,

OSWALDO GIRALDO LÓPEZ
Consejero de Estado
Presidente

HERNANDO SÁNCHEZ SÁNCHEZ ROBERTO AUGUSTO SERRATO VALDÉS
Consejero de Estado Consejero de Estado

Expediente en préstamo folio 416
Expediente en préstamo folio 508
Cuaderno acción de tutela, folio 77
Cuaderno acción de tutela, folio 95
Cuaderno acción de tutela, reverso folio 90 al 100
"Por el cual se reglamenta la acción de tutela consagrada en el artículo 86 de la Constitución Política".
"Por medio del cual se expide el decreto único reglamentario del sector justicia y del derecho".
“Por la cual se modifican os artículos  HYPERLINK "http://www.alcaldiabogota.gov.co/sisjur/normas/Norma1.jsp?i=62503" \l "2.2.3.1.2.1" 2.2.3.1.2.1,  HYPERLINK "http://www.alcaldiabogota.gov.co/sisjur/normas/Norma1.jsp?i=62503" \l "2.2.3.1.2.4" 2.2.3.1.2.4 y  HYPERLINK "http://www.alcaldiabogota.gov.co/sisjur/normas/Norma1.jsp?i=62503" \l "2.2.3.1.2.5" 2.2.3.1.2.5 del Decreto 1069 de 2015, Único Reglamentario del sector Justicia y del Derecho, referente a las reglas de reparto de la acción de tutela”. Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, Radicación: 2009-01328-01(IJ), sentencia de 31 de julio de 2012. Consejera Ponente: Dra. María Elizabeth García González. Corte Constitucional, Sala Novena de Revisión, Sentencia T-619 de 3 de septiembre de 2009, Magistrado Jorge Iván Palacio Palacio. Defecto orgánico, que tiene lugar cuando el funcionario judicial que emite la decisión carece, de manera absoluta, de jurisdicción o competencia para ello. Defecto procedimental absoluto, que tiene lugar cuando el juez actuó al margen del procedimiento establecido. Defecto fáctico, que surge cuando la providencia judicial carece del apoyo probatorio que permita la aplicación del supuesto legal en el que se sustenta la decisión, valora erradamente los elementos de juicio; o da por demostrada una situación fáctica sin existir evidencia probatoria de la misma. Defecto material o sustantivo, existe cuando las decisiones se fundamentan en normas inexistentes o inconstitucionales, o que presentan una evidente contradicción entre los fundamentos y la decisión. Error inducido, que se presenta cuando la autoridad judicial ha sido engañada por las partes o intervinientes y ese engaño lo llevó a tomar una determinación que afecta derechos fundamentales. Decisión sin motivación, que tiene lugar cuando el funcionario judicial no expone los fundamentos fácticos y jurídicos de la decisión adoptada en la parte resolutiva de la providencia judicial. Desconocimiento del precedente, que se origina cuando el juez ordinario desconoce o limita el alcance dado por esta Corte Constitucional a una disposición constitucional o derecho fundamental, apartándose del contenido constitucionalmente vinculante del derecho fundamental vulnerado. Violación directa de la Constitución, que se presenta cuando la actuación de la autoridad se opone de manera directa a las normas establecidas en la Constitución Política. Corte Constitucional, Sala Segunda de Revisión, Sentencia T- 225 del 23 de marzo de 2010, Magistrado Ponente: Dr. Mauricio González Cuervo. Corte Constitucional, Sala Novena de Revisión, Sentencia T-064 de 4 de febrero de 2010. M.P. Luis Ernesto Vargas Silva. Artículo 230. Los jueces, en sus providencias, sólo están sometidos al imperio de la ley. La equidad, la jurisprudencia, los principios generales del derecho y la doctrina son criterios auxiliares de la actividad judicial. Corte Constitucional, Sala Séptima de Revisión, sentencia T-462 de 5 de junio de 2003, M.P. Eduardo Montealegre Lynett. Reglamentadas en el Decreto 2591 de 1991. El estudio de éste aspecto en extenso se encuentra en la sentencia de 8 de junio de 2018, proferida por el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, Consejero Ponente: Dr. Roberto Augusto Serrato Valdés. Cfr. Corte Constitucional. Sala de Revisión No. 2. Sentencia No. T-123/95. Magistrado Ponente: Eduardo Cifuentes Muñoz.
“por la cual se expide el Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo.”
Sentencia T-270 de 2013 (M.P. Nilson Pinilla Pinilla. A.V.

Alberto Rojas Ríos). Al respecto, ver las sentencias  SU-250 de 1998, T-800 de 1998, T-951 de 2004, T-054 del 2005, T-1159 del 2005, T-1323 de 2005, T-081de 2006,  T-857 de 2007. T-410 de 2007, T-838 del 2007, T-010 de 2008 y T-104 de 2009. Sobre el tema se pueden consultar, entre otras, las sentencias T-1206 de 2004, T-031 de 2005, T-161 de 2005, T-653 de 2006, SU-917 de 2010 y SU-691 de 2011. Al respecto, ver las sentencias T-800 de 1998, T-884 de 2002, T-752 de 2003, T-951 de 2004, T-1204 de 2004, T-031 de 2005, T-123 de 2005, T-161 de 2005, T-454 de 2005, T-1323 de 2005, T-706 de 2006, T-597 de 2007, T-007 de 2008, T-011 de 2009, T-023 de 2009 y T-610 de 2010, T-656 de 2011 y SU-691 de 2011. Corte Constitucional, sentencia de 24 de julio de 2014, Magistrado Ponente: Luis Guillermo Guerrero Pérez
Corte Constitucional, sentencia de 12 de febrero de 2015, Magistrada sustanciadora: Gloria Stella Ortiz Delgado. Corte Constitucional, sentencia de 12 de febrero de 2015, Magistrado Ponente: LUIS GUILLERMO GUERRERO PÉREZ
Sentencia del 30 de agosto de 2014, Consejero ponente: Jorge Octavio Ramírez Ramírez, Radicado No. 11001-03-15-000-2012-02201-01, Demandante: Alpina Productos Alimenticios S.A., Demandado: Consejo de Estado – Sección Primera. El término es establecido por la Sala Plena de Corporación, acogiendo la jurisprudencia de la Corte Constitucional que ha determinado que, si bien en principio no puede crearse una caducidad de la acción de tutela fijando términos inamovibles, debido a que debe encontrarse un equilibrio entre los principios de cosa juzgada y seguridad jurídica, y el derecho fundamental al debido proceso en acciones de tutela contra providencia judicial; encontraba que, en principio, era razonable que se presentara el amparo, máximo seis (6) meses después de notificada la providencia que se cuestionaba en sede constitucional, sin perjuicio de que se estudiaran, en cada caso, las circunstancias particulares para determinar el cumplimiento del requisito de inmediatez.
“Por la cual se expide el Estatuto Orgánico de la Fiscalía General de la Nación”. Sentencia C-816 de 2011. Sentencia T-064 de 2010. M.P. Luis Ernesto Vargas Silva.

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