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Consejo de Estado · Sección Tercera

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Tercera, radicado 11001-03-15-000-2019-00216-01

Acción de tutela contra trámite adelantado en concurso de méritos: convocatoria 27 Rama Judicial

Fecha
27 de mayo de 2019
Consejero ponente
Alberto Montaña Plata

01Lo que resolvió

Ficha de la providencia

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Tercera, radicado 11001-03-15-000-2019-00216-01

Consejo de Estado · Sección Tercera

Parte resolutiva

RESUELVE PRIMERO: MODIFICAR los numerales PRIMERO y TERCERO de la parte resolutiva de la Sentencia de 18 de marzo de 2019 proferida en el proceso de tutela No. 2019-00216-00 (Acumulado) por la Sección Primera del Consejo de Estado, los cuales quedaran así: “PRIMERO: AMPARAR los derechos de petición y al debido proceso de los señores Danny Joan Guevara Silva, Marino Coral Argoty, Alma Rocío Quijano Bravo, Oscar Ernesto Bucheli Delgado, Rossemary Suárez García, Sandra Liliana Higuera Pedraza, William Cala Calvete, Lilia Elvia Benavides Rosero, Gabriel Ernesto Figueroa Bastidas, Yankarla María Navarro Serrano, Rafael Humberto Gacha Ramírez, Yessica Jinneth Rubio Cocuy, Fabricio Pinzón Barreto, Leslie Denisse Torres Quintero, Ana María Vanegas Cardona, Elver Parra Figueroa, Olga Liliana Mayorga Hernández, Jonatán Gallego Villanueva e Íngrid Astrid García Sánchez por las razones expuestas en la parte motiva de esta providencia. […] TERCERO: DECLARAR improcedente la solicitud de amparo presentada por los señores Juan Esteban Muñoz Fernández, Paula Andrea Echeverri, Javier Octavio Trillos Martínez y Harvin Cardenio Peña Cala, por las razones expuestas en la parte motiva de esta providencia.” SEGUNDO: CONFIRMAR, en todo lo demás, la Sentencia de 18 de marzo de 2019, proferida por la Sección Primera de esta Corporación, en el proceso de tutela de la referencia, por las razones anotadas en esta providencia. TERCERO: NOTIFICAR por el medio más expedito y eficaz a las partes (Artículo 16 Decreto 2591 de 1991), entregándoles copia íntegra del fallo. CUARTO: ENVIAR copia de esta providencia al despacho de origen. QUINTO: Por Secretaría, REMITIR a la Corte Constitucional para su eventual revisión. Cuando la tutela sea devuelta por la Corte Constitucional excluida de revisión, la Secretaría procederá a su archivo.

02Texto de la providencia

República de Colombia

Consejo de Estado

Sección Tercera

Radicado 11001-03-15-000-2019-00216-01

Consejero ponente: Alberto Montaña Plata

27 de mayo de 2019

ACCIÓN DE TUTELA CONTRA TRÁMITE ADELANTADO EN CONCURSO DE MÉRITOS - Convocatoria 27 Rama Judicial / EXTEMPORANEIDAD EN LA PRESENTACIÓN DE LOS RECURSOS DE REPOSICIÓN CONTRA LOS RESULTADOS DE LA PRUEBA DE APTITUDES Y CONOCIMIENTO - No configuración / VULNERACIÓN DEL DERECHO FUNDAMENTAL A LA IGUALDAD

En el caso bajo estudio (…), el señor [I.G.V.] y la señora [I.A.G.S.] señalaron 3 reparos y/o inconformidades contra la Sentencia de 18 de marzo de 2019, proferida por la Sección Primera del Consejo de Estado; ellos fueron: [e]l a quo erró al declarar improcedentes sus solicitudes de amparo, bajo el argumento según el cual, ellos no habían presentado recursos de reposición contra Resolución CJR18-559 de 28 de diciembre de 2018. (…) No fue resuelta la súplica relacionada con el establecimiento de un “término prudencial y razonable con el fin de que el aspirante pueda presentar la reclamación o recurso de reposición”; y [s]olicitaron la suspensión de la exhibición de documentos programa para el 14 de abril de 2019. (…) Frente a la primera inconformidad (…), esta Sala estima que la misma esta llamada a prosperar, en tanto, gracias al material probatorio arrimado al proceso, se advierte que los impugnantes presentaron los respectivos recursos de reposición contra la Resolución CJR18-559 de 28 de diciembre de 2018, en los que solicitaron la exhibición de documentos del concurso. En ese sentido, en aras no solo de garantizar el derecho a la igualdad frente a los demás accionantes a los que les fue concedido el amparo de tutela, sino también proteger las garantías constitucionales que el señor [I.G.V.] y la señora [I.A.G.S.] vieron vulnerados, se modificará la decisión del a quo, en el sentido de ordenar el amparo de sus derechos fundamentales, en los mismos términos en los que le fueron amparados a los demás accionantes. En lo que respecta, al segundo reparo (…), relacionado con la falta de establecimiento de un término razonable para la presentación de los recursos de reposición y reclamaciones contra los resultados de las pruebas escritas, debe señalarse que existe carencia de objeto y, en consecuencia, no prosperará, ya que, el pasado 28 de marzo de 2019, [las entidades accionadas] [dispusieron] (…) como regla que, dentro de los 10 días siguientes a la exhibición de documentos podrá sustentar o adicionar su recurso de reposición. (…) Finalmente, frente a la solicitud de suspensión provisional de la exhibición de documentos, es preciso manifestar que dicho procedimiento ya fue llevado a cabo el pasado 14 de abril de 2019 (…), por lo que resulta improcedente esta vía judicial para solicitar su modificación.

ACCIÓN DE TUTELA CONTRA TRÁMITE ADELANTADO EN CONCURSO DE MÉRITOS - Convocatoria 27 rama judicial / OMISIÓN DEL JUEZ DE PRIMERA INSTANCIA EN LAS ÓRDENES DE AMPARO EN EL FALLO DE TUTELA - No configuración

[A juicio de la Sala,] [l]a inconformidad planteada por el señor [W.C.C.] giró en torno a que, en su criterio el amparo concedido por el a quo no protege materialmente sus derechos, sino que solo lo hace desde una óptica meramente formal. (…) [P]ara la Sala no es de recibo el argumento del señor [W.C.C.], la orden constitucional emitida por el a quo fue orientada a la efectiva protección de los derechos fundamentales de petición y debido proceso en el marco del concurso de méritos [de la] Convocatoria 27 [ de la rama judicial]; orden judicial que debe ser entendía en el contexto actual de dicho proceso de selección de personal, en el cual se adelantó una diligencia de exhibición de documentos, y se amplió el plazo para la [sustentación] y/o adición de los recursos de reposición interpuestos contra la Resolución CJR18-559 de 28 de diciembre de 2018, por la cual se publicaron los resultados de las pruebas escritas del mencionado concurso. (…) Por lo tanto, no está llamado a prosperar su reparo contra la Sentencia del a quo y, en consecuencia, se le confirmará el amparo otorgado.

CONSEJO DE ESTADO

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCIÓN TERCERA

SUBSECCIÓN B

Consejero ponente: ALBERTO MONTAÑA PLATA

Bogotá, D. C., veintisiete (27) de mayo de dos mil diecinueve (2019)

Radicación número: 11001-03-15-000-2019-00216-01(AC)

Actor: DANNY JOAN GUEVARA SILVA

Demandado: CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA, UNIDAD DE ADMINISTRACIÓN DE CARRERA JUDICIAL Y OTRO

Procede la Sala a resolver las impugnaciones del fallo de 18 de marzo de 2019 proferido por la Sección Primera del Consejo de Estado, presentada por los señores Jonatán Gallego Villanueva, Íngrid Astrid García Sánchez y William Cala Calvete, en calidad de accionantes, dentro de la acción de tutela de la referencia.

Contenido: 1. Antecedentes. 2. Consideraciones. 3. Decisión.

ANTECEDENTES

Contenido: 1.1. Solicitudes de amparo. 1.2. Actuaciones procesales relevantes.

Solicitudes de amparo

Los señores Danny Joan Guevara Silva, Marino Coral Argoty, Alma Rocío Quijano Bravo, Oscar Ernesto Bucheli Delgado, Rossemary Suárez García, Juan Esteban Muñoz Fernández, Jonatán Gallego Villanueva, Íngrid Astrid García Sánchez, Sandra Liliana Higuera Pedraza, Javier Octavio Trillos Martínez, Harvin Cardenio Peña Cala, William Cala Calvete, Lilia Elvia Benavides Rosero, Gabriel Ernesto Figueroa Bastidas, Yankarla María Navarro Serrano, Rafael Humberto Gacha Ramírez, Yessica Jinneth Rubio Cocuy, Fabricio Pinzón Barreto, Leslie Denisse Torres Quintero, Ana María Vanegas Cardona, Elver Parra Figueroa, Paula Andrea Echeverri Bolívar y Olga Liliana Mayorga Hernández presentaron acción de tutela contra la Unidad de Administración de Carrera Judicial del Consejo Superior de la Judicatura y la Universidad Nacional de Colombia, por la presunta vulneración de sus derechos a la igualdad, de petición, debido proceso (defensa y contradicción) y de acceso a cargos públicos, en el marco del concurso de la Rama Judicial – Convocatoria 27.

Sobre el particular, la providencia objeto de impugnación sintetizó los hechos y pretensiones, de la siguiente manera (se trascribe):

“Los ciudadanos que integran la parte actora, en su calidad de aspirantes inscritos al concurso de méritos convocado por el Consejo Superior de la Judicatura mediante Acuerdo PCSJA18-11077 de 16 de agosto de 2018, promovieron acción de tutela en contra de la Unidad de Administración de Carrera Judicial - CARJUD del referido Consejo y de la Universidad Nacional de Colombia, con miras a obtener el amparo de sus derechos fundamentales de petición, al debido proceso, a la contradicción y a la defensa, al acceso a cargos públicos y a la igualdad; así como el respeto de los principios de publicidad y transparencia.

Los accionantes consideraron vulneradas las citadas garantías constitucionales con ocasión de la respuesta brindada por la parte demandada a sus solicitudes de consulta del cuadernillo de preguntas, de la hoja de respuestas marcadas y de la planilla de respuestas de la prueba de aptitudes y conocimientos a la cual aplicaron.

Con base en lo anterior solicitaron la suspensión del concurso de méritos establecido en la Convocatoria No. 27 de 2018 – Acuerdo PCSJA18-1107 de 16 de agosto de 2018, hasta tanto cuenten con los insumos necesarios para interponer y sustentar los respectivos recursos de reposición en contra de la Resolución CJR 18-559 de 2018.”

Actuaciones procesales relevantes
Acumulación de procesos

Mediante Auto de 8 de marzo de 2019, la Sección Primera del Consejo de Estado resolvió acumular al proceso 2019-00216-00, (1) 2019-00363-00, accionante: Marino Coral Argoty; (2) 2019-00360-00, accionante: Alma Rocío Quijano Bravo; (3) 2019-00351-00, accionante: Oscar Ernesto Bucheli Delgado; (4) 2019-00264-00, accionante: Rossemary Suárez García; (5) 2019-00253-00, accionante: Juan Esteban Muñoz Fernández; (6) 2019-0303-00, accionantes: Jonatán Gallego Villanueva e Íngrid Astrid García Sánchez; (7) 2019-00334-00, accionante: Sandra Liliana Higuera Pedraza; (8) 2019-2019-00335-00, accionante: Javier Octavio Trillos Martínez; (9) 2019-00332-00, accionante: Harvin Cardenio Peña Cala; (10) 2019-00333-00, accionante: William Cala Calvete; (11) 2019-00352-00, accionante: Lilia Elvia Benavides Rosero; (12) 2019-00394-00, accionante: Gabriel Ernesto Figueroa Bastidas; (13) 2019-00343-00, accionante: Yankarla María Navarro Serrano; (14) 2019-00474-00, accionante: Rafael Humberto Gacha Ramírez; (15) 2019-00420-00, accionante: Yessica Jinneth Rubio Cocuy; (16) 2019-00341-00, accionante: Fabricio Pinzón Barreto; (17) 2019-00361-00, accionante: Leslie Denisse Torres Quintero; (18) 2019-00411-00, accionante: Ana María Vanegas Cardona; (19) 2019-00480-00, accionante; Elver Parra Figueroa; y (20) 2019-00431-00, accionante: Olga Liliana Mayorga Hernández, comoquiera que, (se trascribe):

“[…] los expedientes allegados guardan unidad de materia con la tutela de la referencia, en razón a que buscan la exhibición de los documentos correspondientes a las pruebas de aptitudes y a las pruebas de conocimiento, aplicadas el 2 de diciembre de 2018, en desarrollo del concurso para jueces y magistrados de la república - Convocatoria Nº 27 de 2018 […]”

Fallo de tutela de primera instancia

La Sección Primera del Consejo de Estado, mediante Sentencia de 18 de marzo de 2019, resolvió (se trascribe):

“PRIMERO: AMPARAR los derechos de petición y al debido proceso de los señores Danny Joan Guevara Silva, Marino Coral Argoty, Alma Rocío Quijano Bravo, Oscar Ernesto Bucheli Delgado, Rossemary Suárez García, Sandra Liliana Higuera Pedraza, William Cala Calvete, Lilia Elvia Benavides Rosero, Gabriel Ernesto Figueroa Bastidas, Yankarla María Navarro Serrano, Rafael Humberto Gacha Ramírez, Yessica Jinneth Rubio Cocuy, Fabricio Pinzón Barreto, Leslie Denisse Torres Quintero, Ana María Vanegas Cardona, Elver Parra Figueroa y Olga Liliana Mayorga Hernández, por las razones expuestas en la parte motiva de esta providencia.

SEGUNDO: ORDENAR a la Unidad de Administración de la Carrera Judicial del Consejo Superior de la Judicatura que, en el término de 48 horas siguientes a la notificación de esta providencia, responda de fondo, de manera clara y precisa las solicitudes elevadas por los accionantes individualizados en el ordinal primero de la parte resolutiva de esta providencia, informando de manera detallada :i) las circunstancias de modo, tiempo y lugar en la cual se llevara a cabo la exhibición de los documentos relativos a la prueba de aptitudes y conocimientos (cuadernillos de preguntas, hojas y claves de respuestas); así como, ii) la fecha cierta del desarrollo de la etapa probatoria, y iii) el instructivo de paramentos para sustentar el recurso de reposición interpuesto en contra de la Resolución No. CJR18-559 de 28 de diciembre de 2018.

TERCERO: DECLARAR improcedente la solicitud de amparo presentada por los señores Juan Esteban Muñoz Fernández, Paula Andrea Echeverri, Jonatán Gallego Villanueva, Íngrid Astrid García Sánchez, Javier Octavio Trillos Martínez y Harvin Cardenio Peña Cala, por las razones expuestas en la parte motiva de esta providencia.

CUARTO: DECLARAR improcedente la solicitud de amparo presentada por los señores [Leslie Denisse Torres Quintero, Rossemary Suárez García, Alma Rocío Quijano Bravo, Juan Sebastián Muñoz Fernández y Paula Andrea Echeverri Bolívar], respecto de los juicios de reproche efectuados al reglamento del concurso de méritos, contenido en el Acuerdo PCSJA 12-11017, por las razones expuestas en la parte motiva de esta providencia.
[…]” (Subrayado fuera del texto)

Dicha decisión estuvo sustentada en las consideraciones que se resumen a continuación:

Para el a quo, pese a que durante el trámite de la presente acción de tutela la Unidad de Administración de Carrera Judicial del Consejo Superior de la Judicatura dio respuesta a los derechos de petición presentados por los accionantes, aquellas contestaciones resultaron incompletas y contradictorias, en lo que respecta al procedimiento de exhibición de documentos de las pruebas de aptitudes y conocimientos aplicadas el 2 de diciembre de 2018, en el marco del concurso de la Rama Judicial – Convocatoria 27, vulnerando con ello el núcleo esencial del derecho de los accionantes que, habiendo presentado recurso de reposición contra la Resolución CJR18-559 de 28 de diciembre de 2018, solicitaron aquella exhibición y, en consecuencia, se ampararían los mismos.

En lo que respecta a los accionantes Juan Esteban Muñoz Fernández, Paula Andrea Echeverri, Jonatán Gallego Villanueva, Íngrid Astrid García Sánchez, Javier Octavio Trillos Martínez y Harvin Cardenio Peña Cala, indicó que, declararía improcedente sus solicitudes el amparo, en tanto, no demostraron (1) haber presentado el recurso de reposición contra la Resolución CJR18-559 de 28 de diciembre de 2018, y (2) haber solicitado, a través de este, la respectiva exhibición documental.

Asimismo, consideró que la acción de tutela resultaba improcedente para estudiar los reparos relacionados con (1) la publicación de la metodología de calificación de las pruebas y (2) la evaluación de personas que no cumplían los requisitos mínimos para acceder a los cargos que aspiraron, porque estos son inconformidades contra el reglamento del concurso, esto es, el Acuerdo PCSJA18-11077 de 16 de agosto de 2018, un acto administrativo de carácter general.

Impugnaciones:

Contra la decisión arriba reseñada, los señores Jonatán Gallego Villanueva, Íngrid Astrid García Sánchez y William Cala Calvete, presentaron escritos de impugnación bajo los siguientes argumentos:

Escrito de impugnación presentado por el señor Jonatán Gallego Villanueva y la señora Íngrid Astrid García Sánchez:

El señor Gallego Villanueva y la señora García Sánchez señalaron que, (1) el a quo erró al declarar improcedentes sus solicitudes de amparo, bajo el argumento según el cual, ellos no habían presentado recursos de reposición contra Resolución CJR18-559 de 28 de diciembre de 2018, pues (a) dichos recursos fueron presentados el 31 de enero y 1 de febrero de 2019, respectivamente, esto es, dentro del plazo legal establecido para tal, y (b) en ellos fue solicitado el acceso a los cuadernillos de preguntas y respuesta de las pruebas escritas aplicadas el 2 de diciembre de 2018; para soportar tal afirmación, adjuntaron copia de las constancias de envío de los correos electrónicos, el contenido de los mismos, así como la respuesta enviada a ellos por parte de la Universidad Nacional de Colombia; y (2) no fue resuelta la súplica relacionada con el establecimiento de un “TÉRMINO PRUDENCIAL Y RAZONABLE CON EL FIN DE QUE EL ASPIRANTE PUEDA PRESENTAR LA RECLAMACIÓN O RECURSO DE REPOSICIÓN”.

Igualmente, (3) solicitaron la suspensión de la exhibición de documentos programada para el 14 de abril de 2019, por considerar que, tener como lugar exclusivo de exhibición la ciudad de Bogotá, afecta los intereses de “las 10.000 personas” que realizaron dicha solicitud y que se encuentran en otras ciudades del país.

Escrito de impugnación presentado por William Cala Calvete:

El señor Cala Calvete indicó que, en la orden de tutela impartida por el juez de tutela de primera instancia “NO se le estableció parámetros claros para garantizar los derechos vulnerados, sino que se dejó al capricho o buena fe de la accionada la determinación de los mismos [...]”.

Asimismo, manifestó expresamente que (se trascribe),

“Por razones de tiempo no me es posible explicar más razones de inconformidad con la decisión recurrida, pero en esencia consiste en que se amparó los derechos vulnerados y se ordenó responder mi petición en un tiempo determinado y responder de forma concreta diversos ítems; pero no se precisó la forma en que la accionada estaría obligada a garantizar de forma material y no formal mis derechos fundamentales al debido proceso, acceso por mérito a cargos públicos, igualdad, trabajo entre otros”

CONSIDERACIONES DE LA SALA

Contenido: 2.1. Competencia. 2.2. Cuestión preliminar: Objeto del pronunciamiento de segunda instancia y metodología de estudio. 2.3. Problema jurídico. 2.4. Caso 1: Impugnación presentada por el señor Jonatán Gallego Villanueva y la señora Íngrid Astrid García Sánchez. 2.5. Caso 2: Impugnación presentada por el señor William Cala Calvete. 2.6. Cuestión adicional: Comunicado conjunto de Consejo Superior de la Judicatura y la Universidad Nacional de 17 de mayo de 2019. 2.7. Conclusiones.

Competencia

De acuerdo con lo dispuesto en el artículo 86 de la Constitución Política, los Decretos 2591 de 1991, 1382 de 2000, 1069 de 2015 y 1983 de 2017 y el Acuerdo 377 de 2018 de esta Corporación, la Sala es competente para resolver el presente asunto.

Cuestión preliminar: Objeto del pronunciamiento de segunda instancia y metodología de estudio

Para la Sala es pertinente indicar que el objeto sobre el cual se pronunciará, como juez de tutela de segunda instancia de la tutela de la referencia, se circunscribirá exclusivamente a los reparos presentados por los señores Jonatán Gallego Villanueva, Íngrid Astrid García Sánchez y William Cala Calvete, en calidad de accionantes, en sus respectivos escritos de impugnación.

En ese sentido, para facilitar el desarrollo del estudio del caso, y con un sentido práctico y metodológico, primero, se establecerán los problemas jurídicos a resolver [acápite 2.3] y, luego, se abordarán de forma separada los repararos presentados, de un lado, por el señor Gallego Villanueva y la señora García Sánchez, y, del otro, por el señor Cala Calvete [acápites 2.4 y 2.5]

Problemas jurídicos

Corresponde a esta Sala determinar si revoca, modifica o confirma el fallo de tutela de primera instancia proferido el 18 de marzo de 2019 por la Sección Primera del Consejo de Estado. Para tal fin, deberá comprobar si están configurados o no los requisitos de procedibilidad de la acción de tutela y, superado satisfactoriamente ese análisis, estudiar de fondo la solicitud de amparo.

Es preciso señalar, que en lo que respecta a la impugnación presentada por el señor Cala Calvete, dado el contenido del mismo, previo a realizar el estudio en el orden arriba establecido [párrafo 17], deberá analizarse si su escrito de impugnación cumple o no con la carga argumentativa mínima y necesaria que permita estudiar o cuestionar, en segunda instancia, un fallo de tutela.

Caso 1: Impugnación presentada por el señor Jonatán Gallego Villanueva y la señora Íngrid Astrid García Sánchez

Verificación de los requisitos de procedencia de la acción de tutela

1) La acción de tutela de la referencia se orientó a obtener la protección de los derechos fundamentales de petición, debido proceso y de acceso a cargos públicos, consagrados en los artículos 23, 29 y 40 de la Constitución Política.

2) Comoquiera que los accionantes ostentaron la calidad de participantes en el concurso de méritos para proveer los cargos de funcionarios de la Rama Judicial – Convocatoria 27, y son los titulares de los derechos fundamentales invocados como violados a partir de contexto propio del caso concreto, se tiene por acreditada (a) la legitimación activa en la causa.

En lo que respecta a (b) la legitimación pasiva en la causa, es preciso señalar que, se tiene por cumplido este requisito, en tanto, la acción de tutela fue dirigida contra la Unidad de Administración de Carrera Judicial del Consejo Superior de la Judicatura y la Universidad Nacional de Colombia, siendo la primera, (b1) la entidad [Unidad de Administración de Carrera Judicial del Consejo Superior de la Judicatura] quien se beneficia del concurso de méritos y está encargada, dentro de la organización de la Rama Judicial, de administrar el sistema de carrera judicial, y la segunda, (b2) la institución educativa de educación superior [Universidad Nacional de Colombia] que aplicó y calificó la mencionada prueba de aptitudes y conocimientos.

3) De la lectura del escrito de tutela presentado por el señor Gallego Villanueva y la señora García Sánchez, se tiene que la acción constitucional no se dirigió contra un acto de carácter general, impersonal o abstracto, pues con ella se pretendió que se permitiera a los accionantes el acceso a los documentos de la prueba de conocimientos, entre ellos, el cuadernillo de preguntas, las respuestas dadas por ellos y las claves de respuesta. En ese orden de ideas, no se configuró la causal de improcedencia del numeral 5 del artículo 6 del Decreto 2591 de 1991.

4) En el caso bajo estudio, el señor Gallego Villanueva y la señora García Sánchez pretenden el amparo de sus derechos de petición, debido proceso y de acceso a cargos públicos, en tanto, persiguen que se les permita acceder a ciertos documentos propios de las pruebas de conocimientos aplicadas el 2 de diciembre de 2018, en el marco del concurso de méritos para proveer los cargos de jueces y magistrados de la Rama Judicial – Convocatoria 27, pues, en su criterio, requieren de los mismos para poder presentar (argumentar) en debida forma el respectivo recurso de reposición contra la Resolución por medio de la cual fueron publicados los resultados de las mencionadas pruebas.

En ese orden de ideas y de cara al requisito subsidiariedad, cobra especial relevancia a la tesis de la Corte Constitucional, según la cual, en los eventos en los que se pretende la protección del derecho de petición, el afectado puede acudir directamente a la acción de tutela, en tanto, el ordenamiento jurídico no prevé otro mecanismo idóneo y/o eficaz para buscar esa protección.

“En el caso concreto de la protección del derecho de petición, esta Corte ha estimado que el ordenamiento jurídico colombiano no tiene previsto un medio de defensa judicial idóneo ni eficaz diferente de la acción de tutela, de modo que quien resulte afectado por la vulneración de este derecho fundamental no dispone de ningún mecanismo ordinario de naturaleza judicial que le permita efectivizar el mismo. Por esta razón, quien encuentre que la debida resolución a su derecho de petición no ocurrió, esto es, que se quebrantó su garantía fundamental, puede acudir directamente a la acción de amparo constitucional.

En la Sentencia C- 951 de 2014, mediante la cual la Sala Plena de esta Corporación estudió la constitucionalidad del proyecto de Ley Estatutaria No. 65 del 2012 Senado, – 227 de 2013 Cámara “Por medio del cual se regula el derecho fundamental de petición y se sustituye el título del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo”, señaló que el derecho de petición se aplica a todo el procedimiento administrativo, trámite que incluye los recursos ordinarios y extraordinarios, de manera que su no resolución oportuna o adecuada también es susceptible de corregirse a través de la acción de tutela. De esta manera, la acción de tutela es el único mecanismo idóneo y eficaz para garantizar la protección del derecho fundamental de petición, del cual hacen parte los recursos administrativos ante las autoridades.”

Por lo tanto, en el caso bajo estudio, para la Sala se tiene por cumplido el requisito en comento [subsidiariedad].

Es preciso señalar que, si bien es cierto, recientemente, esta Sala al resolver casos relacionados con el concurso de la Convocatoria 27 de la rama Judicial, ha estudiado el tema de la procedencia excepcionalísima de la acción de tutela contra los actos administrativos expedidos durante desarrollo y/o ejecución de los concursos de méritos, el presente caso dista bastante de aquellos porque en este no se ataca de forma alguna el reglamento del concursos (Acuerdo PCJSA18-11077 de 16 de agosto de 2018) o la resolución por medio de la cual se publicaron los resultados a las pruebas escritas del concurso (Resolución CJR18-559 de 28 de diciembre de 2018), como sí ocurrió en aquellos.

5) Comoquiera que entre la fecha de publicación de los resultados de las pruebas escritas del concurso [14 de enero de 2019] y la radicación de la acción de tutela por parte del señor Gallego Villanueva y la señora García Sánchez [25 de enero de 2019], ni siquiera trascurrieron 15 días, se entiende cumplido el requisito de la inmediatez.

Para la Sala es necesario aclarar que se tomó como fecha de referencia para el computo de la inmediatez la publicación de los resultados de las pruebas del concurso, porque es a partir de este momento, de conformidad con la configuración fáctica del caso, que los interesados (aspirantes) en el concurso, tiene la intención de obtener los documentos necesarios para sustentar en debida forma los recursos y reclamaciones procedentes contra esas calificaciones.

En consecuencia, evidenciado que la acción de tutela satisface los requisitos generales, la Sala procede a estudiar de fondo la solicitud de amparo.

Verificación de la presunta vulneración de derechos fundamentales

En el caso bajo estudio, tal como se indicó en precedencia [acápite 1.2.3.1], el señor Gallego Villanueva y la señora García Sánchez señalaron 3 reparos y/o inconformidades contra la Sentencia de 18 de marzo de 2019, proferida por la Sección Primera del Consejo de Estado; ellos fueron:

1) El a quo erró al declarar improcedentes sus solicitudes de amparo, bajo el argumento según el cual, ellos no habían presentado recursos de reposición contra Resolución CJR18-559 de 28 de diciembre de 2018, pues (a) dichos recursos fueron presentados el 31 de enero y 1 de febrero de 2019, respectivamente, y (b) en ellos fue solicitado el acceso a los cuadernillos de preguntas y respuesta de las pruebas escritas aplicadas el 2 de diciembre de 2018; para soportar tal afirmación, adjuntaron copia de las constancias de envió de los correos electrónicos, el contenido de los mismos, así como la respuesta enviada a ellos por parte de la Universidad Nacional de Colombia;

2) No fue resuelta la súplica relacionada con el establecimiento de un “TÉRMINO PRUDENCIAL Y RAZONABLE CON EL FIN DE QUE EL ASPIRANTE PUEDA PRESENTAR LA RECLAMACIÓN O RECURSO DE REPOSICIÓN”; y

3) Solicitaron la suspensión de la exhibición de documentos programa para el 14 de abril de 2019, por considerar que, tener como lugar exclusivo de exhibición la ciudad de Bogotá, afecta los intereses de “las 10.000 personas” que realizaron dicha solicitud y que se encuentran en otras ciudades del país.

Frente a la primera inconformidad (párrafo 31), esta Sala estima que la misma esta llamada a prosperar, en tanto, gracias al material probatorio arrimado al proceso, se advierte que los impugnantes presentaron los respectivos recursos de reposición contra la Resolución CJR18-559 de 28 de diciembre de 2018, en los que solicitaron la exhibición de documentos del concurso. En ese sentido, en aras no solo de garantizar el derecho a la igualdad frente a los demás accionantes a los que les fue concedido el amparo de tutela, sino también proteger las garantías constitucionales que el señor Gallego Villanueva y la señora García Sánchez vieron vulnerados, se modificará la decisión del a quo, en el sentido de ordenar el amparo de sus derechos fundamentales, en los mismos términos en los que le fueron amparados a los demás accionantes.

En lo que respecta, al segundo reparo (párrafo 32), relacionado con la falta de establecimiento de un término razonable para la presentación de los recursos de reposición y reclamaciones contra los resultados de las pruebas escritas, debe señalarse que existe carencia de objeto y, en consecuencia, no prosperará, ya que, el pasado 28 de marzo de 2019, la Unidad de Administración de Carrera Judicial del Consejo Superior de la Judicatura y la Universidad Nacional de Colombia publicaron el INSTRUCTIVO PARA LA EXHIBICIÓN DE PRUEBAS ESCRITAS en el que se determinó el procedimiento relativo a la sustentación de recursos, estableciendo como regla que, dentro de los 10 días siguientes a la exhibición de documentos podrá SUSTENTAR O ADICIONAR su recurso de reposición (se trascribe):

“3. RECOMENDACIONES PARA LA EXHIBICIÓN
[…]
3.3 Posterior a la exhibición:
A partir del día hábil siguiente al acceso a los documentos objeto de reserva, el concursante contará con un término de diez (10) días para sustentar o adicionar el recurso y los escritos serán recibidos única y exclusivamente a través del correo electrónico convocatoria27@cendoj.ramajudicial.gov.co, so pena de entenderse como no presentados los documentos recibidos por otro medio.
Los documentos de sustentación o adición del recurso que se remitan vencido el término de los 10 días se entenderán como extemporáneos.
[…]”

Dicho plazo resulta ser razonable a la luz del reglamento del concurso, pues en el Acuerdo PCSJA18-11077 de 2018, se dispuso el mismo término para presentar el recurso reposición, una vez vencidos los 5 días de fijación de los resultados en la página web.

“[1] El recurso deberá presentarse por escrito, [2] por parte de los interesados, [3] ante la Unidad de Administración de la Carrera Judicial o la Escuela Judicial “Rodrigo Lara Bonilla”, según sea el caso, dirigido al correo electrónico dispuesto para el efecto, [4] dentro de los diez (10) días siguientes a la desfijación de la respectiva resolución y de conformidad con lo establecido en el artículo 77 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo.
[…]”

Finalmente, frente a la solicitud de suspensión provisional de la exhibición de documentos, es preciso manifestar que, (1) dicho procedimiento ya fue llevado a cabo el pasado 14 de abril de 2019, y (2) la regla en relación a la ciudad en la que se practicaría la mencionada diligencia de exhibición, pese a no estar contemplado expresamente en el Acuerdo PCSJA18-11077 de 2018 sino en los actos posteriores que han desarrollado aquel, hace parte del reglamento general del concurso, por lo que resulta improcedente esta vía judicial para solicitar su modificación.

Caso 2: Impugnación presentada por el señor William Cala Calvete

La carga procesal de argumentar la impugnación del fallo

Previo al análisis de los requisitos generales de procedibilidad de la acción de tutela, teniendo en cuenta la forma en que se presentó la impugnación, esto es, carente de toda argumentación, la Sala detendrá su análisis en esta omisión [párrafos 16 y 18].

Para ello, debe explicarse que la impugnación más allá de constituir una simple oportunidad procesal tendiente a controvertir los razonamientos que fundaron el fallo de primera instancia, ha sido concebida, de manera paralela, como un derecho constitucional, inscrito en la literalidad del artículo 86 de la Constitución Política, al consagrar que (se trascribe) “El fallo, que será de inmediato cumplimiento, podrá impugnarse ante el juez competente […]”. Asimismo, el artículo 31 del Decreto 2591 de 1991 establece que “[d]entro de los tres días siguientes a su notificación el fallo podrá ser impugnado por el Defensor del Pueblo, el solicitante, la autoridad pública o el representante del órgano correspondiente, sin perjuicio de su cumplimiento inmediato”.

En esa medida, este derecho, a partir de una revisión general de la jurisprudencia de la Corte Constitucional y del Consejo de Estado, vislumbra una naturaleza híbrida que varía entre lo sustancial y lo procesal, moldeando las cargas u obligaciones de quien decide ponerlo en marcha.

Entonces, para un adecuado funcionamiento de este, el impugnante debe cumplir no solo con los presupuestos de tipo procesal, sino también, con aquellos de tipo sustancial, que son los que determinan la competencia del Juez o Tribunal de segunda instancia para conocer y pronunciarse frente al fondo del asunto.

Sobre este panorama, recientemente, el Consejo de Estado fijó un conjunto de subreglas en relación con la carga argumentativa que se debe exigir en las impugnaciones dentro del marco de la acción de tutela (se trascribe):

“40.1 Cuando el caso bajo estudio consista en una acción de tutela contra autoridades públicas, la parte que impugne la sentencia de tutela proferida en primera instancia, no se le exigirá una carga argumentativa mínima, es decir, que no habrá necesidad de sustentar la respectiva impugnación, donde basta que el impugnante lo presente dentro del término legal correspondiente en los términos del artículo 31 del Decreto 2591, con el fin de que se efectúe el respectivo trámite del mismo, teniendo el ad quem, el deber constitucional de resolver el fondo del asunto; i) analizando los argumentos jurídicos expuestos por el juez constitucional de primera instancia, y el ii) acervo probatorio obrante en el expediente.

40.2 Cuando el caso bajo estudio consista en una acción de tutela contra providencias judiciales, la parte que impugne la sentencia de tutela proferida en primera instancia precisando que i) si obra en nombre propio o ii) por medio de apoderado especial, debe cumplir con una carga argumentativa mínima, en donde exponga las razones jurídicas por las cuales una autoridad judicial, incurrió en los defectos: i) orgánico; ii) procedimental; iii) fáctico; iv) sustantivo; v) error inducido; vi) decisión sin motivación; vii) desconocimiento del precedente; y viii) violación directa de la Constitución, en los términos de la sentencia C-590 de 2005, proferida por la Corte Constitucional, postura jurisprudencial, que fue acogida por la Sala Plena de lo Contencioso Administrativo del Consejo de Estado en sentencia de 31 de julio de 2012, salvo que se trate de un sujeto de especial protección constitucional, a quien no se le exigirá dicha carga argumentativa, toda vez que el Estado tiene que adoptar las medidas necesarias, para garantizar la protección de sus derechos fundamentales, especialmente, el acceso a la administración de justicia.”

En ese orden de ideas, comoquiera que la impugnación contra el fallo de 18 de marzo de 2019 fue presentada en tiempo por quien estaba legitimado para hacerlo, procederá la Sala a estudiar y/o verificar los requisitos generales de procedencia de la acción de tutela en el caso concreto.

Verificación de los requisitos de procedencia de la acción de tutela

En el presente caso, se cumplen con requisitos de procedencia de la acción de tutela, en tanto, (1) se pretende el amparo de los derechos fundamentales de petición, igualdad, trabajo, debido proceso, y acceso a cargos públicos, todos ellos con consagrados expresamente en los artículos 23,13, 25, 29 y 40 de la Constitución Política, respectivamente; (2) hay legitimación activa y pasiva en la causa, (3) no se enjuicia un acto de carácter general, impersonal o abstracto; (4) se tiene por cumplido el requisito de subsidiariedad, pues el accionante pretendió el amparo de su derecho de petición; y (5) existió un plazo razonable entre la vulneración y la presentación de la acción de tutela.

En consecuencia, evidenciado que la acción de tutela satisface los requisitos generales, la Sala procede a estudiar de fondo la solicitud de amparo.

Verificación de la presunta vulneración de derechos fundamentales

La inconformidad planteada por el señor William Cala Calvete giró en torno a que, en su criterio el amparo concedido por el a quo no protege materialmente sus derechos, sino que solo lo hace desde una óptica meramente formal.

Para analizar ello, resuelta necesario comparar las pretensiones del escrito de tutela con las ordenes impartidos por el juez de primera instancia en sede constitucional.

Escrito de tutela presentado por el señor William Cala Calvete. Rad. 2019-00333-00.
Orden judicial de tutela proferida por la Sección Primera del Consejo de Estado. Sentencia de 18 de marzo de 2019.
Rad. 2019-00216-00 ACUMULADO
“1. Tutelar mis derechos fundamentales al debido proceso, igualdad, trabajo, buena fe y acceso a la carrera judicial por concurso de méritos y, los derechos que, los Honorables Magistrados consideren estén siendo amenazados o vulnerados por el Consejo Superior de la Judicatura – Unidad de Administración de Carrera Judicial y por la Universidad Nacional de Colombia.

2. Suspender u ordenar la suspensión, de manera inmediata, del concurso de méritos establecido en la Convocatoria No. 27 de 2018 – Acuerdo PCSJA18-1107 del 16 de agosto de 2018, hasta que se me garantice el derecho al debido proceso, a la igualdad, y, el acceso a la carrera judicial por concurso de méritos, así como los principios de Transparencia, Publicidad y Contradicción de las actuaciones que se realicen en cumplimiento de esta tutela.

3. Ordenar a las autoridades accionadas, que me garanticen los principios de Transparencia, Publicidad y Contradicción, entregándome por medio de correo electrónico preferiblemente y/o personalmente de manera excepcional en fecha y hora determinada, el cuadernillo original y/o copia autorizada de la prueba de conocimientos y, los cuestionarios de las pruebas psicotécnicas, competencias, y/o aptitudes para el cargo 270003 correspondiente a Magistrado de Tribunal Superior – Sala Penal; la hoja de respuestas marcadas por el suscrito; la hoja de respuestas correctas correspondientes al examen presentado pata el cargo 270003 correspondiente a Magistrado de Tribunal Superior – Sala Penal; y las claves de respuestas asignadas por la Universidad Nacional de Colombia”
“PRIMERO: AMPARAR los derechos de petición y al debido proceso de los señores Danny Joan Guevara Silva, Marino Coral Argoty, Alma Rocío Quijano Bravo, Oscar Ernesto Bucheli Delgado, Rossemary Suárez García, Sandra Liliana Higuera Pedraza, William Cala Calvete, Lilia Elvia Benavides Rosero, Gabriel Ernesto Figueroa Bastidas, Yankarla María Navarro Serrano, Rafael Humberto Gacha Ramírez, Yessica Jinneth Rubio Cocuy, Fabricio Pinzón Barreto, Leslie Denisse Torres Quintero, Ana María Vanegas Cardona, Elver Parra Figueroa y Olga Liliana Mayorga Hernández, por las razones expuestas en la parte motiva de esta providencia.

SEGUNDO: ORDENAR a la Unidad de Administración de la Carrera Judicial del Consejo Superior de la Judicatura que, en el término de 48 horas siguientes a la notificación de esta providencia, responda de fondo, de manera clara y precisa las solicitudes elevadas por los accionantes individualizados en el ordinal primero de la parte resolutiva de esta providencia, informando de manera detallada :i) las circunstancias de modo, tiempo y lugar en la cual se llevara a cabo la exhibición de los documentos relativos a la prueba de aptitudes y conocimientos (cuadernillos de preguntas, hojas y claves de respuestas); así como, ii) la fecha cierta del desarrollo de la etapa probatoria, y iii) el instructivo de paramentos para sustentar el recurso de reposición interpuesto en contra de la Resolución No. CJR18-559 de 28 de diciembre de 2018.”

Así las cosas, para la Sala no es de recibo el argumento del señor Cala Calvete, la orden constitucional emitida por el a quo fue orientada a la efectiva protección de los derechos fundamentales de petición y debido proceso en el marco del concurso de méritos para proveer los cargos de jueces y magistrados de la Rama Judicial – Convocatoria 27; orden judicial que debe ser entendía en el contexto actual de dicho proceso de selección de personal, en el cual (1) se adelantó una diligencia de exhibición de documentos, y (2) se amplió el plazo para la sustanciación y/o adición de los recursos de reposición interpuestos contra la Resolución CJR18-559 de 28 de diciembre de 2018, por la cual se publicaron los resultados de las pruebas escritas del mencionado concurso.

En ese sentido, no solo el juez, sino también la administración (en este caso representada por la Unidad de Administración de Carrera Judicial de Consejo Superior de la Judicatura), accedieron a las súplicas del accionante relacionada con acceder a los documentos de la prueba escrita de concurso, pues (1) revisado el documento por medio del cual se citó a la diligencia de exhibición, disponible en la página web de la Rama Judicial, se advirtió que el accionante fue citado para el día 14 de abril de 2019, a las 7:30 AM, en las instalaciones de la Universidad la Gran Colombia en Bogotá (Carrera 6 # 12b – 66).

Asimismo, en cumplimiento de la orden de tutela aquí cuestionada, (2) la Unidad de Administración de Carrera Judicial de Consejo Superior de la Judicatura envió al correo electrónico del señor Cala Calvete copia magnética del Oficio CJO19-2379 de 28 de marzo de 2019, por medio del cual (1) se informa sobre la fecha de realización de la diligencia de exhibición de documentos, y (2) pone a disposición de los interesados el INSTRUCTIVO PARA LA EXHIBICIÓN DE PRUEBAS ESCRITAS, en el cual, tal como se dijo anteriormente (párrafo 35), se fijaron las reglas (procedimiento) para la sustentación y/o adición del recurso de reposición contra los resultados del examen.

Por lo tanto, no está llamado a prosperar su reparo contra la Sentencia del a quo y, en consecuencia, se le confirmará el amparo otorgado.

Cuestión adicional: Comunicado conjunto de Consejo Superior de la Judicatura y la Universidad Nacional de Colombia de 17 de mayo de 2019

Para la Sal es relevante señalar que, si bien es cierto, el pasado 17 de mayo de 2019, el Consejo Superior de la Judicatura y la Universidad Nacional de Colombia comunicaron, luego de advertir un error en la calificación únicamente de la prueba de aptitudes, se procederá a realizar una recalificación de aquel componente y cuyo resultado será publicado de conformidad al reglamento del concurso, ello no configura carencia actual de objeto en la presente acción de tutela, porque la misma tuvo génesis en la vulneración del derecho de petición de cara a la solicitud de exhibición de documentos de la prueba escrita del concurso, tema sustancialmente diferente a lo que pretenden solventar las entidades accionadas con la solución técnica de recalificar la prueba de aptitudes aplicada el pasado 2 de diciembre de 2018.

Conclusiones

Con fundamento en las razones expuestas, esta Sala procederá a (1) modificar los numerales PRIMERO y TERCERO de la parte resolutiva de la Sentencia de 18 de marzo de 2019 proferida en el proceso de tutela No. 2019-00216-00 (Acumulado) por la Sección Primera del Consejo de Estado, para amparar los derechos fundamentales del señor Gallego Villanueva y la señora García Sánchez, y (2) confirmarla en todo lo demás.

DECISIÓN

En mérito de lo expuesto, la Subsección B de la Sección Tercera del Consejo de Estado, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley,

RESUELVE

PRIMERO: MODIFICAR los numerales PRIMERO y TERCERO de la parte resolutiva de la Sentencia de 18 de marzo de 2019 proferida en el proceso de tutela No. 2019-00216-00 (Acumulado) por la Sección Primera del Consejo de Estado, los cuales quedaran así:

“PRIMERO: AMPARAR los derechos de petición y al debido proceso de los señores Danny Joan Guevara Silva, Marino Coral Argoty, Alma Rocío Quijano Bravo, Oscar Ernesto Bucheli Delgado, Rossemary Suárez García, Sandra Liliana Higuera Pedraza, William Cala Calvete, Lilia Elvia Benavides Rosero, Gabriel Ernesto Figueroa Bastidas, Yankarla María Navarro Serrano, Rafael Humberto Gacha Ramírez, Yessica Jinneth Rubio Cocuy, Fabricio Pinzón Barreto, Leslie Denisse Torres Quintero, Ana María Vanegas Cardona, Elver Parra Figueroa, Olga Liliana Mayorga Hernández, Jonatán Gallego Villanueva e Íngrid Astrid García Sánchez por las razones expuestas en la parte motiva de esta providencia.

[…]

TERCERO: DECLARAR improcedente la solicitud de amparo presentada por los señores Juan Esteban Muñoz Fernández, Paula Andrea Echeverri, Javier Octavio Trillos Martínez y Harvin Cardenio Peña Cala, por las razones expuestas en la parte motiva de esta providencia.”

SEGUNDO: CONFIRMAR, en todo lo demás, la Sentencia de 18 de marzo de 2019, proferida por la Sección Primera de esta Corporación, en el proceso de tutela de la referencia, por las razones anotadas en esta providencia.

TERCERO: NOTIFICAR por el medio más expedito y eficaz a las partes (Artículo 16 Decreto 2591 de 1991), entregándoles copia íntegra del fallo.

CUARTO: ENVIAR copia de esta providencia al despacho de origen.

QUINTO: Por Secretaría, REMITIR a la Corte Constitucional para su eventual revisión. Cuando la tutela sea devuelta por la Corte Constitucional excluida de revisión, la Secretaría procederá a su archivo.

NOTIFÍQUESE, CÓPIESE Y CÚMPLASE

Fallo discutido y aprobado en sesión de Sala de la misma fecha.

RAMIRO PAZOS GUERRERO

MARTÍN BERMÚDEZ MUÑOZ

ALBERTO MONTAÑA PLATA

Folio 147 del cuaderno principal. Por medio de la cual se publican los resultados de la prueba de aptitudes y conocimientos correspondiente al concurso de méritos para la provisión de los cargos de Funcionarios de la Rama Judicial. Folios 81 a 87 del cuaderno principal. Folios 147 a 204 del cuaderno principal. Folios 244 a 246 del cuaderno principal. Folio 257 del cuaderno principal. Supra. párrafos 10 y 11. Supra. Párrafos 12 y 13. Decreto 2591 de 1991. Artículo 2, en concordancia con los numerales 2 y 3 del artículo 6 ibídem. Producto de la lectura integrada de los escritos de tutela e impugnación presentados por el señor Gallego Villanueva y la señora García Sánchez. Como pretensiones, los accionantes Jonatán Gallego Villanueva e Íngrid Astrid García Sánchez formularon las siguientes: “PRIMERO: Tutelar los derechos fundamentales del aspirante al debido proceso -ejercicio del derecho de contradicción y defensa -y acceso a cargos públicos, PERMITIENDO EL ACCESO A LOS DOCUMENTOS PROPIOS DEL EXAMEN DE CONOCIMIENTO verbigracia, cuadernillo original de LA PRUEBA DE CONOCIMIENTOS para el cargo de Juez Administrativo del Circuito, Hoja de respuestas marcadas por los suscritos; claves de respuesta asignadas por la Institución como correctas y el puntaje asignado a cada una de ellas. SEGUNDO: Que se ordene a las entidades accionadas, una vez los accionantes tengan acceso a los documentos referidos, ESTABLECER UN TERMINO PRUDENCIAL Y RAZONABLE CON EL FIN DE QUE EL ASPIRANTE PUEDA PRESENTAR LA RECLAMACION O RECURSO DE REPOSICIÓN CONFORME A SU REALIDAD MATERIAL Y CONCRETA y no como se pretende en este momento, con meros recuerdos del día del examen y sin elementos de juicio que le permitan realizar un comparativo para controvertir, pues aunque no resulta idóneo o equitativo, mucho menos justo para ingresar a un cargo dentro de un Sistema de Carrera Administrativa. TERCERO: Como petición subsidiaria, solicito que se ordene a la entidad accionada brindar todas las condiciones adecuadas para que el cuadernillo y la hoja de respuestas se muestren en el mismo lugar de la presentación de las pruebas (Cali -Valle del Cauca)”. Expediente 2019-00303-00 (acumulado al 2019-00216). Folio 1. Decreto 2591 de 1991. Artículos 10 y 13, en concordancia con el artículo 1 ibídem. Ídem. Decreto 2591 de 1991. Artículo 6 (numeral 5). Decreto 2591 de 1991. Artículo 6 (numeral 1). Corte Constitucional. Sentencia T-077 de 2018. Procesos (1) 11001-03-15-000-2019-00620-00 y (2) 11001-03-15-000-2019-00912-00. Resolución CJR18-559 de 28 de diciembre de 2018. De conformidad con la constancia de fijación disponible en: HYPERLINK "https://www.ramajudicial.gov.co/web/unidad-de-administracion-de-carrera-judicial/resultado-prueba-de-conocimientos-y-aptitudes" https://www.ramajudicial.gov.co/web/unidad-de-administracion-de-carrera-judicial/resultado-prueba-de-conocimientos-y-aptitudes
De conformidad con la constancia de fijación disponible en: HYPERLINK "https://www.ramajudicial.gov.co/web/unidad-de-administracion-de-carrera-judicial/resultado-prueba-de-conocimientos-y-aptitudes" https://www.ramajudicial.gov.co/web/unidad-de-administracion-de-carrera-judicial/resultado-prueba-de-conocimientos-y-aptitudes
(a) Las constancias de envió de los recursos y solicitudes por parte de los accionantes [folios 244 (reverso), 247, 248, 254 (reverso), 265 (reverso), 268 (reverso), 271 y 272 del cuaderno principal]; (b) el contenido de los recursos de reposición y solicitudes [folios 249 a 253 y 273 a 277 del cuaderno principal]; y (c) las respuestas de la Universidad Nacional de Colombia a las solicitudes en comento [folios 245, 255, 266 y 269 del cuaderno principal]. Acápite 5.3 del artículo 3 del Acuerdo PCSJA-11077 de 19 de agosto de 2018. Ver entre otras: Corte Constitucional. Sentencia T-191 de 1994. Consejo de Estado. Sección Quinta. Sentencia de 11 de agosto de 2016. Rad. 11001-03-15-000-2016-01871-00 AC. Corte Constitucional. Sentencia T-661 de 2014.

Frente al tema ha dicho la Sección Quinta del Consejo de Estado: “[…] Esta Sección ha reiterado en varias ocasiones que el recurrente tiene una carga argumentativa para delimitar los motivos que sustenten la impugnación del fallo de tutela, especialmente cuando se trata de providencias judiciales contra Altas Corte, las cuales, dada su naturaleza, exigen por parte de los jueces constitucionales un estudio más riguroso y una procedencia excepcional. Es menester recordar que frente a tutelas contra providencias judiciales, el juez constitucional no se encuentra facultado para inmiscuirse de manera oficiosa o mecánica en la órbita de los asuntos dirimidos y desarrollados por el juez natural, por lo que su estudio se debe centrar en los argumentos expuestos por el actor en las instancias correspondientes. Realizar un análisis extensivo sobre puntos adicionales resultaría en un estudio oficioso de la providencia judicial ya ejecutoriada, convirtiéndose en una nueva instancia, contrariando la finalidad del amparo constitucional. Es por ello que resulta indispensable una argumentación mínima que soporte la impugnación. De este modo el ad quem podrá determinar los supuestos bajo los cuales debe analizarse lo propuesto por el interesado y así establecer si la decisión adoptada en primera instancia debe revocarse, modificarse o confirmarse
Adicional a lo anterior, resulta indispensable cumplir de forma diligente con los términos previstos y con los lineamientos establecidos por la ley. Para el caso particular, la parte actora en su escrito inicial de impugnación, presentado el treinta (30) de octubre de 2018, no expuso, ni siquiera de forma sucinta, las razones de desacuerdo respecto del fallo de primera instancia, por lo que resulta claro para la Sala que no cumplió con la carga mínima argumentativa que le correspondía, y por tal razón, no es posible entrar a realizar un estudio oficioso de la presente acción de tutela, así como tampoco de la decisión del a quo que impugnó […]”.(Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Quinta, sentencia de 6 de diciembre de 2018, C.P Lucy Jeannette Bermúdez Bermúdez, radicación número: 11001-03-15-000-2018-02777-01). Corte Constitucional, Sentencia C-590 de 8 de junio de 2005, M.P. Jaime Córdoba Triviño. Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, sentencia de 31 de julio de 2012, C,P. María Elizabeth García González, número único de radicación 2009-01328. Consejo de Estado. Sección Primera. Sentencia de 28 de febrero de 2019. Rad. 11001-03-15-000-2019-03163-01
El fallo le fue notificado al señor Cala Calvete, vía correo electrónico, el 26 de marzo de 2019 [folio 213 del cuaderno principal]; y su impugnación fue presentada el 29 de marzo del mismo año [folios 257 y 258 del cuaderno principal]. Decreto 2591 de 1991. Artículo 31.- Impugnación del fallo. Dentro de los tres días siguientes a su notificación el fallo podrá ser impugnado por el Defensor del Pueblo, el solicitante, la autoridad pública o el representante del órgano correspondiente, sin perjuicio de su cumplimiento inmediato. Los fallos que no sean impugnados serán enviados al día siguiente a la Corte Constitucional para su revisión. [subrayado fuera del texto]
En aras de materializar los principios de economía, celeridad y eficacia, para la Sala resulta relevante poner de presente que las consideraciones consignadas en el acápite 2.4.1 de esta providencia, respecto del caso del señor Gallego Villanueva y la señora García Sánchez, resultan plenamente aplicables al caso del señor Cala Calvete. Se arriba a esta conclusión, producto de la lectura integral del escrito de tutela presentado por el señor Cala Calvete. Supra. Párrafos 20 y 21. Supra. Párrafo 22. Supra. Párrafos 23 a 26. Entre la vulneración [14 de enero de 2019] y la presentación de la acción de tutela [28 de enero de 2019], no trascurrieron siquiera 15 días. Supra. Párrafo 28.

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CD anexo al folio 263 del cuaderno principal. Disponible en: HYPERLINK "https://www.ramajudicial.gov.co/web/unidad-de-administracion-de-carrera-judicial/avisos-de-interes11" https://www.ramajudicial.gov.co/web/unidad-de-administracion-de-carrera-judicial/avisos-de-interes11

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