RuleX

Jurisprudencia › Consejo de Estado › Radicado 11001-03-15-000-2019-00220-00

Consejo de Estado · Sección Tercera

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Tercera, radicado 11001-03-15-000-2019-00220-00

Acción de tutela contra providencia judicial: proferida en proceso de nulidad electoral

Fecha
28 de febrero de 2019
Consejero ponente
Marta Nubia Velásquez Rico

01Lo que resolvió

Ficha de la providencia

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Tercera, radicado 11001-03-15-000-2019-00220-00

Consejo de Estado · Sección Tercera

Parte resolutiva

F A L L A PRIMERO: DENEGAR el amparo solicitado por la señora María del Pilar Calderón Vargas, de conformidad con lo expuesto en la parte motiva de esta sentencia. SEGUNDO: NOTIFICAR la presente decisión a los interesados, por el medio más expedito. TERCERO: de no ser impugnada la presente providencia, DEVOLVER al Tribunal Administrativo de origen el expediente de nulidad electoral remitido a esta Corporación en calidad de préstamo. CUARTO: de no ser impugnada la presente providencia, ENVIARLA a la Corte Constitucional para su eventual revisión.

02Texto de la providencia

República de Colombia

Consejo de Estado

Sección Tercera

Radicado 11001-03-15-000-2019-00220-00

Consejero ponente: Marta Nubia Velásquez Rico

28 de febrero de 2019

ACCIÓN DE TUTELA CONTRA PROVIDENCIA JUDICIAL - Proferida en proceso de nulidad electoral / AUSENCIA DE DEFECTO PROCEDIMENTAL ABSOLUTO / AUSENCIA DE DEFECTO SUSTANTIVO - Adecuada interpretación normativa / ADECUADA NOTIFICACIÓN DEL AUTO ADMISORIO DE LA DEMANDA DE NULIDAD ELECTORAL / AUSENCIA DE VULNERACIÓN DE DERECHOS FUNDAMENTALES

[L]a Subsección estima que el defecto procedimental absoluto que se planteó por la interpretación indebida del artículo 277 del C.P.A.C.A. no se configuró, dado que el auto admisorio de la demanda y el procedimiento que se surtió para vincular al proceso de nulidad electoral a la señora [C.V] se dictó y se ejecutó, respectivamente, con observancia de tal precepto legal, actuación que, incluso, ha sido avalada por la Sección Quinta del Consejo de Estado –que conoce precisamente de asuntos electorales– (…) [En relación con el] Defecto sustantivo, por interpretación indebida de las normas que gobiernan la carrera administrativa dentro de la Cancillería, y por violación del precedente, por cuanto a la par con el proceso de nulidad electoral en contra del nombramiento de la aquí actora, se tramitaron otros tres procesos de igual naturaleza y ante el mismo Tribunal Administrativo, en los que se desestimaron las pretensiones de las demandas (…) La Sala encuentra que el Tribunal accionado, además de hacer un análisis amplio y detallado del caso sometido a su decisión (…) precisó acerca del porqué adoptaba una decisión diferente de aquellas que en oportunidad anterior profirió, pues incluso identificó cuáles habían sido aquellos procesos con decisión diferente (…) Con base en todo lo expuesto, la Sala concluye que en la sentencia controvertida no se incurrió en un defecto sustantivo, porque fueron expuestas, con amplitud, las razones por las que el acto demandado estaba viciado de ilegalidad, todo ello, en ejercicio de la autonomía funcional del juez de la causa.

FUENTE FORMAL: LEY 1437 DE 2011 – ARTÍCULO 277 / LEY 1437 DE 2011 – ARTÍCULO 294

CONSEJO DE ESTADO

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCIÓN TERCERA

SUBSECCIÓN A

Consejero ponente: MARTA NUBIA VELÁSQUEZ RICO

Bogotá D.C., veintiocho (28) de febrero de dos mil diecinueve (2019)

Radicación número: 11001-03-15-000-2019-00220-00(AC)

Actor: MARÍA DEL PILAR CALDERÓN VARGAS

Demandado: TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DE CUNDINAMARCA – SECCIÓN PRIMERA

Procede la Sala a pronunciarse, en primera instancia, sobre la demanda de tutela presentada ante esta Corporación por la señora María del Pilar Calderón Vargas el 22 de enero del presente año.

I. A N T E C E D E N T E S

• Los hechos que dieron lugar a la demanda de tutela

1.1.- El ciudadano Mario Andrés Sandoval Rojas presentó demanda de nulidad electoral para cuestionar el nombramiento que se hizo, con carácter provisional, a la aquí accionante María del Pilar Calderón Vargas como ministra consejera, adscrita al consulado general de Colombia en Barcelona (España).

1.2.- El proceso se surtió ante el Tribunal Administrativo de Cundinamarca y pese a que en la demanda se señaló, de manera precisa, el lugar de notificaciones de la demandada –hoy accionante–, el juez de la causa optó por surtir la notificación a través de la publicación de un aviso en dos periódicos de amplia circulación en el territorio de la circunscripción electoral, cuando ello es una manera supletoria de notificación.

1.3.- El Tribunal accionado dictó sentencia el 27 de septiembre de 2018, mediante la cual accedió a las pretensiones de la demanda, es decir, anuló el acto de nombramiento cuestionado –Decreto 150 de 2018–.

1.4.- La parte afectada con la anterior sentencia formuló un incidente de nulidad por indebida notificación del auto admisorio de la demanda, el cual se resolvió a través de proveído de diciembre 11 de 2018, en el sentido de desestimar la petición de nulidad.

2.- Fundamentos de la demanda de tutela

La señora María del Pilar Calderón Vargas, por conducto de apoderado, presentó demanda de tutela, toda vez que considera vulnerados sus derechos fundamentales al debido proceso y a la igualdad, en la medida en que “la notificación del auto admisorio se realizó desconociendo las normas que rigen la notificación en los procesos de nulidad electoral y el fallo aplica de forma indebida las normas de carrera, apartándose, sin justificación jurídica, de otras decisiones con los mismos supuesto de hecho, tomadas por el mismo Tribunal, en las que se negaron las pretensiones de la demanda”.

A juicio de la parte actora, dentro de la actuación judicial que se cuestiona hubo un defecto procedimental absoluto, dado que se realizó una indebida interpretación del artículo 277 del C.P.A.C.A., por cuya virtud el auto admisorio de la demanda debe notificarse a la demandada en forma personal, máxime que en este caso se contaba con la información suficiente para ubicarla y, en todo caso, dicha notificación también pudo surtirse por conducto de la Cancillería.

Sin embargo, se optó por aplicar una disposición distinta, que prevé una forma de notificación de carácter subsidiario que solo procedía en el evento de que no pudiera surtirse la notificación personal, la cual, reiteró, no se ordenó por parte del juez electoral de la causa.

De otro lado, sostuvo que el mismo Tribunal Administrativo conoció de otro proceso de nulidad electoral con idénticos supuestos de hecho y que en dicha actuación sí se declaró la nulidad procesal para otorgarle al demandado, en ese proceso, la oportunidad de ejercer su derecho de defensa, pero en este asunto no se adoptó la misma decisión.

Agregó que si bien el Consejo de Estado, por conducto de su Sección Quinta, se pronunció frente a otro asunto en el que consideró que cuando se trata de un cargo desempeñado en el extranjero, la notificación procedente del demandado es por aviso, lo cierto es que ese pronunciamiento se dictó respecto de un asunto en el que no se conocía la dirección del demandado, a diferencia de lo que aquí ocurrió y que, además, la Sección Cuarta de la misma Corporación había aceptado inicialmente que sí hubo una indebida notificación, lo cual evidencia una disparidad de criterios al respecto.

También alegó la existencia de un defecto sustantivo, por interpretación indebida de las normas que gobiernan la carrera administrativa dentro de la Cancillería, y por violación del precedente, por cuanto a la par con el proceso de nulidad electoral en contra del nombramiento de la aquí actora, se tramitaron otros tres procesos de igual naturaleza y ante el mismo Tribunal Administrativo, en los que se desestimaron las pretensiones de las demandas.

En ese sentido, concluyó (transcripción literal):

“Es claro entonces que el Tribunal decidió tres casos con los mismos supuestos de hecho del cas que es objeto de la presente tutela negando las pretensiones de la demanda, al concluir que ninguno de los funcionarios indicados por el demandante como aptos para ser nombrados en el cargo de Ministerio Consejero Código 1014, grado 13, para las mismas fechas en que se nombró a mi poderdante, era apto para ello, con lo cual también se configura el defecto sustantivo por violación del derecho a la igualdad por desconocimiento del precedente y de sus propias decisiones”.

3.- La oposición

Mediante auto de 30 de enero de 2019, se admitió la demanda de tutela, se ordenó notificar a la autoridad judicial accionada; se vinculó a esta actuación, como tercero interesado, al ciudadano que fungió como actor en el proceso de nulidad electoral y a la Agencia Nacional para la Defensa Jurídica del Estado; se denegó la solicitud de medida provisional solicitada –suspensión del fallo cuestionado–.

Solo se pronunció el magistrado ponente de la sentencia controvertida y del auto que denegó el incidente de nulidad propuesto por la aquí actora, quien se opuso a las pretensiones de la demanda de tutela. En primer lugar, se refirió a la procedencia –restringida– de la acción de tutela contra providencias judiciales y, al descender al caso concreto, sostuvo que no se configuró una indebida notificación en el proceso que se tramitó contra el acto de nombramiento de la hoy demandante.

Señaló que en el proceso inicial quedó registrado que el citador encargado de notificar personalmente el auto admisorio de la demanda se dirigió en dos oportunidades a la Cancillería con tal propósito, pero ello no fue posible, razón por la cual se dio aplicación a lo dispuesto en el artículo 277, numeral 1, letra b) del C.P.A.C.A., que prevé la notificación por aviso.

En relación con la declaratoria de nulidades procesales en asuntos similares, adujo que se trata de procesos que se encuentran en trámite y que, por consiguiente, esas decisiones las adopta el respectivo ponente y no la Sala de decisión, la cual, en todo caso, ha acogido la postura fijada por la Sección Quinta del Consejo de Estado, en cuya virtud se consideró que de no ser posible la notificación personal, se debe proceder a la notificación por aviso, actuación que, además, propende por la celeridad de los procesos de nulidad electoral, los cuales, bajo la regulación anterior a la Ley 1437, tardaban mucho tiempo en ser definidos ante los inconvenientes derivados de la imposibilidad de notificar personalmente al demandado, lo cual fue recogido y superado por la actual normativa.

Expresó que la decisión a la que se refiere la accionante, dictada por la Sección Cuarta del Consejo de Estado por vía de tutela, fue revocada por la Sección Quinta de la misma Corporación, con lo cual quedó culminada la controversia derivada de las notificaciones dentro del proceso de nulidad electoral.

Indicó que lo pretendido por la parte actora es controvertir una sentencia que está en firme y tratar de reabrir el debate judicial, lo cual es improcedente por medio de la acción de tutela, dado que esta no puede dar lugar a una nueva instancia del proceso.

En cuanto a la existencia de un supuesto defecto sustantivo, manifestó que no se incurrió en una indebida valoración de las normas de la carrera diplomática, dado que al caso bajo análisis se aplicaron los presupuestos previstos por la jurisprudencia de la Sección Quinta del Consejo de Estado, según los cuales para que proceda un nombramiento provisional se debe tener en cuenta: i) que no existan funcionarios de carrera diplomática y consular; ii) y de llegar a existir, estén en disponibilidad de ocupar el cargo vacante.

Sostuvo que el Ministerio de Relaciones Exteriores pudo optar por nombrar a alguno de esos funcionarios, pero no lo hizo y procedió a nombrar a un tercero –la hoy accionante–.

Adujo que el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Primera, sí analizó la normativa que regula el tema de carrera administrativa dentro de la Cancillería y la jurisprudencia que frente a ese tema existe, lo cual permitió arribar a la conclusión de que la alternación es una figura que busca turnar a los funcionarios de carrera en el exterior y que quien la ejerza puede ser nombrado en otra sede en el extranjero, siempre y cuando hayan cumplido el término de doce meses en la sede respectiva, lo cual no tuvo en cuenta la Cancillería.

II.- C O N S I D E R A C I O N E S

1.- La acción de tutela contra providencias judiciales

La Sala Plena de lo Contencioso Administrativo del Consejo de Estado, en fallo de 31 de julio de 2012, unificó la postura en relación con la procedencia de la acción de tutela contra providencias judiciales.

Posteriormente, a través de una nueva sentencia de unificación, la Sala Plena de la Corporación adoptó los criterios expuestos por la Corte Constitucional en la sentencia C-590 de 2005 para determinar la procedencia de la acción constitucional contra providencia judicial y reiteró que la tutela es un mecanismo residual y excepcional para la protección de derechos fundamentales como lo señala el artículo 86 Constitucional y, por ende, se consideró que el amparo frente a decisiones judiciales no puede ser ajeno a esas características.

Con fundamento en lo anterior, esta Corporación ha sostenido que los requisitos generales para la procedencia del mecanismo de amparo de derechos fundamentales que deben ser cuidadosamente verificados, son:

• Que la cuestión que se discuta resulte de evidente relevancia constitucional, dado que el juez constitucional no puede entrar a estudiar cuestiones que no tienen una clara y marcada importancia constitucional, so pena de involucrarse en asuntos que corresponde definir a otras jurisdicciones.

• Que se hayan agotado todos los medios –ordinarios y extraordinarios– de defensa judicial al alcance de la persona afectada, salvo que se trate de evitar la consumación de un perjuicio iusfundamental irremediable.

• Que se cumpla el requisito de la inmediatez, es decir, que la tutela se haya interpuesto en un término razonable y proporcionado a partir del hecho que originó la vulneración.

• Cuando se trate de una irregularidad procesal, debe quedar claro que la misma tiene un efecto decisivo o determinante en la sentencia que se impugna y que afecta los derechos fundamentales de la parte actora.

• Que la parte actora identifique, de manera razonable, tanto los hechos que generaron la vulneración como los derechos vulnerados y que hubiere alegado tal vulneración en el proceso judicial siempre que esto hubiere sido posible.

• Que no se trate de sentencias de tutela.

A su turno, los requisitos específicos de procedencia que ha precisado la jurisprudencia constitucional en la sentencia C-590 de 2005, acogida por la Sala Plena de esta Corporación, son los siguientes:

• El defecto orgánico, que se presenta cuando el funcionario judicial que profirió la providencia impugnada, carece, absolutamente, de competencia para ello.

• El defecto procedimental absoluto, que se origina cuando el juez actuó completamente al margen del procedimiento establecido.

• El defecto fáctico, que surge cuando el juez carece del apoyo probatorio que permita la aplicación del supuesto legal en el que se sustenta la decisión.

• El defecto material o sustantivo, como son los casos en que se decide con base en normas inexistentes o inconstitucionales o que presentan una evidente y grosera contradicción entre los fundamentos y la decisión.

• El error inducido, que se presenta cuando el juez o tribunal fue víctima de un engaño por parte de terceros y ese engaño lo condujo a la toma de una decisión que afecta derechos fundamentales.

• La decisión sin motivación, que implica el incumplimiento de los servidores judiciales de dar cuenta de los fundamentos fácticos y jurídicos de sus decisiones en el entendido que precisamente en esa motivación reposa la legitimidad de su órbita funcional.

• El desconocimiento del precedente, hipótesis que se presenta, por ejemplo, cuando la Corte Constitucional establece el alcance de un derecho fundamental y el juez ordinario aplica una ley limitando sustancialmente dicho alcance. En estos casos la tutela procede como mecanismo para garantizar la eficacia jurídica del contenido constitucionalmente vinculante del derecho fundamental vulnerado.

• La violación directa de la Constitución Política.

Así pues, la Corporación ha determinado que le corresponde al juez de tutela verificar el cumplimiento estricto de todos los requisitos generales, de tal manera que una vez superado ese examen formal pueda constatar si se configura, por lo menos, uno de los defectos arriba mencionados, los cuales deben ser alegados por el interesado.

2.- El caso concreto

Dado que se cumplen los requisitos generales de procedibilidad de la acción de tutela contra providencia judicial, la Sala procede a verificar si se configuran o no los defectos alegados por la parte actora, a saber:

• Defecto procedimental absoluto, por cuanto la notificación del auto admisorio de la demanda –en el proceso de nulidad electoral– a la demandada –hoy actora– no se llevó a cabo de manera personal, sino mediante aviso, lo cual comportó una indebida notificación derivada de una interpretación incorrecta del artículo 277 del C.P.A.C.A.

Como se indicó en precedencia, el aludido defecto se origina cuando el juez actúa completamente al margen del procedimiento establecido; así ha discurrido esta Corporación:

“Este defecto hace referencia a aquellos casos en que el funcionario judicial actúa completamente al margen del procedimiento legalmente establecido. En palabras de la Corte Constitucional, el defecto procedimental se configura cuando el funcionario judicial: i) sigue un trámite completamente ajeno al que corresponde (desvío del cauce del asunto); ii) pretermite etapas sustanciales del procedimiento, circunstancia que automáticamente conlleva al desconocimiento de las garantías de defensa y contradicción, que hacen parte del derecho al debido proceso, o iii) incurre en exceso ritual manifiesto, es decir, cuando concibe los procedimientos como un obstáculo para la eficacia del derecho sustancial, y, por esta vía, sus actuaciones afectan el derecho de acceso a la administración de justicia”.

En el presente caso, la demanda de nulidad electoral se admitió mediante proveído de 8 de marzo de 2018, en el cual se dispuso, entre otras actuaciones, lo siguiente:

“SEGUNDO.- Notifíquese a la señora María del Pilar Calderón Vargas en la forma prevista en los literales b) y c) del numeral 1° del artículo 277 ibídem, de conformidad con la manifestación realizada por el demandante”.

La Sala encuentra, contrario a lo expuesto en la demanda de tutela, que dentro de la demanda de nulidad electoral no se indicó cuál era el lugar de notificaciones y/o de residencia de la señora María del Pilar Calderón Vargas, por cuanto el actor en dicho proceso manifestó expresamente su desconocimiento:

“VI. NOTIFICACIONES.

“El demandado: MARÍA DEL PILAR CALDERÓN VARGAS

Dirección: Aunque desconozco la dirección del domicilio físico del demandado, puede requerirse al Ministerio de Relaciones Exteriores para que lo suministre.

“En caso de que MARÍA DEL PILAR CALDERÓN VARGAS haya tomado posesión de su cargo para el momento en que se estudie la admisión de esta demanda y se proceda a ordenar su notificación del respectivo auto, la dirección de su trabajo sería: Pau Clarís, N° 102, 08009, Barcelona.

“Correo electrónico: Desconozco” (negrillas del original, subrayas de la Sala).

También encuentra la Sala que el magistrado sustanciador del proceso dispuso notificar a la señora María del Pilar Calderón Vargas del auto admisorio de la demanda <<de conformidad con la manifestación realizada por el demandante>>, es decir, que partió de la base de que el actor desconocía el lugar de notificaciones de la demandada, pero en todo caso ordenó que tal actuación se surtiera con sujeción a lo previsto en los literales b y c del numeral 1 del artículo 277 de la Ley 1437, que prevén:

“Contenido del auto admisorio de la demanda y formas de practicar su notificación.

“Si la demanda reúne los requisitos legales se admitirá mediante auto, en el que se dispondrá:

“1. Que se notifique personalmente al elegido o nombrado, con sujeción a las siguientes reglas:
“a) Cuando hubiere sido elegido o nombrado para un cargo unipersonal o se demande la nulidad del acto por las causales 5 y 8 del artículo 275 de este Código relacionadas con la falta de las calidades y requisitos previstos en la Constitución, la ley o el reglamento, o por hallarse incursos en causales de inhabilidad o en doble militancia política, la notificación personal se surtirá en la dirección suministrada por el demandante, mediante entrega de copia de la providencia que haga el citador a quien deba ser notificado, previa identificación de este mediante documento idóneo, y suscripción del acta respectiva en la que se anotará la fecha en que se práctica la notificación, el nombre del notificado y la providencia a notificar.

“b) Si no se puede hacer la notificación personal de la providencia dentro de los dos (2) días siguientes a su expedición en la dirección informada por el demandante o este manifiesta que la ignora, se notificará al elegido o nombrado, sin necesidad de orden especial, mediante aviso que se publicará por una vez en dos (2) periódicos de amplia circulación en el territorio de la respectiva circunscripción electoral.

“c) El aviso deberá señalar su fecha y la de la providencia que se notifica, el nombre del demandante y del demandado, y la naturaleza del proceso, advirtiendo que la notificación se considerará surtida en el término de cinco (5) días contados a partir del día siguiente al de su publicación.

“Igualmente, en el aviso de publicación se informará a la comunidad de la existencia del proceso, para que cualquier ciudadano con interés, dentro del mismo término anterior, intervenga impugnando o coadyuvando la demanda, o defendiendo el acto demandado.

“La copia de la página del periódico en donde aparezca el aviso se agregará al expediente. Igualmente, copia del aviso se remitirá, por correo certificado, a la dirección indicada en la demanda como sitio de notificación del demandado y a la que figure en el directorio telefónico del lugar, de lo que se dejará constancia en el expediente” (destacado adicional).

La Sección Quinta de esta Corporación ha considerado que la anterior disposición normativa <<consagra de manera integral la forma en que se debe notificar el auto admisorio de la demanda>> (se destaca).

También ha precisado que cuando la norma se refiere a que la notificación por aviso –porque la personal no fue posible surtirla– no requiere de orden especial, ello significa “que la Secretaría a quien le corresponda realizar el trámite, debe de manera eficiente, realizar el aviso sin que tenga que esperar auto alguno que se lo ordene… lo anterior consultando el principio de celeridad que irradia el medio de control de nulidad electoral”.

Así las cosas, cabe considerar que lo resuelto por el magistrado ponente, en el auto admisorio de la demanda, no fue contrario al ordenamiento jurídico, pues en modo alguno incurrió en una interpretación indebida del artículo 277 de la Ley 1437; antes que desconocer este precepto legal, lo acató, dado que sí dispuso, en primer lugar, la notificación personal de la señora Calderón Vargas (letra a) y, de manera subsidiaria, su notificación por aviso (letra b), sin que para ello se requiriera, como se vio, de una nueva decisión en tal sentido.

También encuentra la Sala que la persona encargada de surtir la notificación personal se trasladó hasta la Cancillería para surtir esta actuación el 20 de marzo de 2018, pero ello no se logró.

En efecto, ese día el notificador de la Sección Primera del Tribunal Administrativo de Cundinamarca rindió informe de notificación en el proceso 2018-0282 ante la Secretaria de dicha Sección en los siguientes términos (transcripción literal):

“Informo a Ud. Que estuve en la Calle 10 N° 05 – 51, Palacio de San Carlos Con el fin de notificar personalmente al Señor(a): maría el pilar calderón Vargas, ministerio de relaciones exteriores.
Pero no fue posible debido a:

“No se encontraba en el momento de la diligencia.
“Se encontraba fuera de la ciudad
“(…)
“Otra(s) ________________________________ (x)

“Por protocolos del Ministerio y de la empresa de seguridad privada, toda notificación o correspondencia personal para el mismo, deben radicarse en la oficina de correspondencia única y autorizada, esto para ser revisada y posteriormente enviarse a su destinatario, y a quien le dará el pertinente procedimiento según sea el caso (…)”.

Con fundamento en lo anterior, el 21 de marzo de 2018 la Secretaría de la Sección Primera del Tribunal Administrativo de Cundinamarca procedió a hacer la notificación del auto admisorio de la demanda mediante aviso, cuya publicación debía surtirse en dos periódicos de amplia circulación en el territorio de la respectiva circunscripción electoral, lo cual estuvo a cargo del demandante, quien el 12 de abril de 2018 allegó al proceso las publicaciones en prensa –diarios El Nuevo Silgo y El Espectador– del aludido aviso.

El proceso continuó su trámite normal, claramente sin intervención de la demandada ni de algún representante suyo– y el 27 de septiembre de 2018 se dictó sentencia, mediante la cual se acogieron las pretensiones de la demanda, decisión sobre la cual se volverá más adelante al estudiar el segundo defecto propuesto en sede de tutela.

Con base en lo expuesto, la Subsección estima que el defecto procedimental absoluto que se planteó por la interpretación indebida del artículo 277 del C.P.A.C.A. no se configuró, dado que el auto admisorio de la demanda y el procedimiento que se surtió para vincular al proceso de nulidad electoral a la señora Calderón Vargas se dictó y se ejecutó, respectivamente, con observancia de tal precepto legal, actuación que, incluso, ha sido avalada por la Sección Quinta del Consejo de Estado –que conoce precisamente de asuntos electorales–, tal como lo evidencia el pronunciamiento que a continuación se expone, proferido en el marco de un asunto muy similar al que aquí se analiza:

“En el auto admisorio visible a folios 29 a 33 del expediente ordinario, el magistrado sustanciador ordenó notificar personalmente a la señora Albán Conto, en la forma y términos previstos en los literales b) y c) del artículo 277 de la Ley 1437 de 2011 ‘de conformidad con la manifestación realizada por el demandante’, esto es, su desconocimiento de la dirección de notificaciones [como ocurrió en este caso].

“El literal b) de la norma bajo cita, consagra que ‘Si no se puede hacer la notificación personal de la providencia dentro de los dos (2) días siguientes a su expedición en la dirección informada por el demandante o este manifiesta que la ignora, se notificará al elegido o nombrado, sin necesidad de orden especial, mediante aviso que se publicará por una vez en dos (2) periódicos de amplia circulación en el territorio de la respectiva circunscripción electoral’.

“De la lectura de esta disposición se desprende que el Legislador consagró expresamente el supuesto de hecho en el cual el demandante desconoce la dirección de notificación del demandado, evento en el que el auto admisorio de la demanda deberá ser notificado por aviso, sin que la norma consagre excepción alguna respecto de su aplicación.

“Cabe agregar que la publicación del aviso en los diarios de amplia circulación de la respectiva circunscripción contempla, desde luego, la circunscripción consular, por ser el territorio atribuido para el ejercicio de las funciones consulares.

“Según se verificó en el expediente ordinario, el notificador del Tribunal demandado se dirigió al Ministerio de Relaciones Exteriores, con el propósito de notificar a la señora María Carolina Albán Conto, lo que implica que dicha cartera pudo poner en conocimiento de la persona a notificar la existencia del auto admisorio.

“El formato de notificación personal se radicó en el Ministerio el 12 de julio de 2017, entidad a cuya planta global pertenece la tutelante, por desempeñar un cargo diplomático designado por la ministra de Relaciones Exteriores, según se observa del acto acusado en el proceso de nulidad electoral.

“El mismo día, el notificador rindió un informe de acuerdo con el cual, ‘Por protocolos del Ministerio y de la empresa de seguridad privada, toda notificación o correspondencia personal para el mismo, deben radicarse en la oficina de correspondencia única autorizada, esto para ser revisada y posteriormente enviarse a su destinatario, y a quien le dará el pertinente procedimiento según sea el caso [de manera idéntica a lo que ocurrió en este caso] (…)’.

“Entonces, si bien es cierto que la señora Albán Conto no podía ser notificada personalmente en las oficinas de la Cancillería en Colombia, el Tribunal demandado dispuso lo pertinente para poner en su conocimiento el contenido del auto admisorio de la demanda de nulidad electoral, por lo que correspondería al Ministerio de Relaciones Exteriores adoptar la gestión pertinente para que, por su conducto, dicho proveído fuera puesto en conocimiento de la nombrada.

“Posteriormente, el demandante en el proceso ordinario dispuso la publicación del aviso en el diario El Nuevo Siglo y El Espectador, el 18 de junio de 2017, trámite que cumple con lo previsto por el artículo 277 de la Ley 1437 de 2011.

“En síntesis, y tras revisar las actuaciones del Tribunal accionado, se concluye que dicha Corporación efectuó todas las labores necesarias para notificar a la tutelante de la existencia del proceso electoral en su contra, para lo cual se amparó en las normas procesales que regulan la materia.

“En ese orden de ideas, no se advierte la lesión a los derechos fundamentales invocados, por lo que se revocará el fallo impugnado para, en su lugar, denegar las pretensiones de la demanda” (destaca la Subsección).

Otro aspecto que impone desestimar la existencia del primer defecto invocado por la parte actora, edificado sobre la base de una indebida notificación por la aplicación incorrecta del artículo 277 de la Ley 1437, tiene que ver con la posibilidad –que aún le asiste a la aquí accionante– de interponer el recurso extraordinario de revisión contra la sentencia cuestionada.

Ciertamente, la situación que alega la parte actora, más allá de una indebida interpretación del artículo 277 del C.P.A.C.A., es que no pudo ejercer su derecho de defensa y de contradicción, con lo cual se le vulneró, por tanto, el debido proceso, frente a lo cual, como lo ha sostenido esta Corporación en sede de tutela, se cuenta con otro medio judicial idóneo para lograr la protección de tal derecho fundamental.

Así se ha admitido:

“Por su parte la Corte Constitucional en sentencia SU-659 del 22 de octubre de 2015, afirmó que el recurso extraordinario de revisión «… será eficaz cuando ‘i) la única violación alegada sea el derecho al debido proceso y, eventualmente, la de otros derechos que no tienen carácter fundamental’, o ‘ii) cuando el derecho fundamental cuya protección se solicita sea susceptible de ser protegido de manera integral dentro del trámite del recurso, porque concurren en él (a) causales de revisión evidentemente dirigidas a salvaguardar dicho derecho, y (ii) en caso de prosperar el recurso, decisiones que restauran de forma suficiente y oportuna el derecho.’», presupuestos que se cumplen, toda vez que, el tutelante planteó como violado su derecho fundamental al debido proceso, cuya protección es viable activarse mediante dicho recurso por existir causal de revisión como se explicó” (se destaca).

A todo lo anterior se adiciona la consideración, no menos significativa, de que la parte actora no impugnó, debiéndolo hacer, el proveído mediante el cual el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Primera, denegó el incidente de nulidad propuesto por dicha parte.

Al respecto, el artículo 294 de la Ley 1437 prevé:

“NULIDADES ORIGINADAS EN LA SENTENCIA. La nulidad procesal originada en la sentencia únicamente procederá por incompetencia funcional, indebida notificación del auto admisorio de la demanda al demandado o a su representante, por omisión de la etapa de alegaciones y cuando la sentencia haya sido adoptada por un número inferior de Magistrados al previsto por la ley.

“Mediante auto no susceptible de recuso, el juez o Magistrado Ponente rechazará de plano por improcedente la solicitud de nulidad contra la sentencia que se funde en causal distinta de las mencionadas” (se destaca).

De conformidad con la anterior disposición, cabe concluir que el auto por medio del cual se denegó la nulidad alegada por la parte actora, derivada de la indebida notificación del auto admisorio de la demanda, sí era susceptible de impugnación, por cuanto la norma proscribe la interposición de algún recurso, pero contra el auto que rechaza una petición de nulidad fundada en situaciones distintas a la que invocó la parte actora; es decir, que la causal de nulidad alegada por la parte actora sí se ajusta a aquellas que la ley admite para controvertir una sentencia dentro de un proceso de nulidad electoral y, por consiguiente, su definición puede ser recurrida.

En ese sentido, la Sala estima que la parte aquí accionante debió interponer el recurso de reposición contra el auto fechado el 11 de diciembre de 2018 y, de esa manera, agotar el mecanismo ordinario previsto en la ley para controvertir esa decisión judicial, que en esta actuación, vale aclarar, también es catalogada de vía de hecho.

Con fundamento en lo expuesto, se desestima la existencia del defecto procedimental absoluto alegado en la demanda de tutela.

• Defecto sustantivo, por interpretación indebida de las normas que gobiernan la carrera administrativa dentro de la Cancillería, y por violación del precedente, por cuanto a la par con el proceso de nulidad electoral en contra del nombramiento de la aquí actora, se tramitaron otros tres procesos de igual naturaleza y ante el mismo Tribunal Administrativo, en los que se desestimaron las pretensiones de las demandas.

Mediante la sentencia cuestionada, proferida el 27 de septiembre de 2018, se anuló el Decreto 150 de 22 de enero de 2018 “mediante el cual se nombra a la señora María del Pilar Calderón Vargas con carácter provisional, como Ministra Consejera, código 1014, grado 13, adscrita al Consulado General de Colombia en Barcelona, España”.

La anterior decisión se adoptó de conformidad con las consideraciones que a continuación se transcriben de manera parcial y literal:

“… el Ministerio de forma indiscriminada realiza sus nombramientos, haciendo uso del literal c) del artículo 73 del Decreto Ley 274 de 2000 como facultad excepcional para comisionar anticipadamente a los funcionarios, pero ante la evidencia de funcionarios disponibles (por haber culminado los doce meses de servicio en el exterior) para ser nombrados en los cargos vacantes de su mismo escalafón, y que se encuentran en el exterior, como lo platea el parágrafo del artículo 37 del decreto Ley 274 de 2000, no los asigna sino que acude a terceros que no hacen parte de su planta global, haciendo uso de la provisionalidad.

“En suma, se obtiene de lo acreditado en el proceso que: i) para el momento de la expedición del acto demandado existían funcionarios que habían terminado su periodo de alternancia; además ii) existían funcionarios que habían cumplido con el término de doce (12) meses prestando su servicio en el exterior; y iii) a pesar de existir cuatro (04) funcionarios disponibles en el exterior, el Ministerio de Relaciones Exteriores acudió a terceros que no hacen parte de la carrera diplomática y consular, contrariando las normas superiores, especialmente lo dispuesto en el artículo 60 del Decreto ley 274 de 2000 y aplicando la provisionalidad sin que hubiere lugar a ella.

“Adicionalmente, debe tenerse en cuenta que en los demás casos analizados por esta Corporación se encontraban determinados porque se invocaba la violación del artículo 37 del decreto Ley 274 de 2000, procediendo el análisis exclusivamente a partir del primer presupuesto analizado, esto es, la finalización de los periodos de alternación, sin embargo, en el presente caso se ha invocado la aplicación del parágrafo de ese mismo artículo como excepción ajustable, y en esa medida, se ha logrado acreditar con el acervo probatorio que bajo ese postulado existen personas en disponibilidad para ocupa el cargo sobre el cual se discute el nombramiento de la señora María del Pilar Calderón Vargas.

“En conclusión, si bien la alternación es una figura que busca turnar a los funcionarios inscritos en este régimen de carrera entre el exterior y la realidad nacional, lo cierto es que quien esté cumpliendo el período de alternación en el exterior puede ser nombrado en otra sede en el exterior, siempre y cuando haya cumplido el término de doce meses consagrado en el parágrafo del artículo 37 del Decreto Ley 274 de 2000, lo cual ha sido desconocido por el Ministerio de Relaciones Exteriores al expedir el Decreto 150 del 22 de enero de 2018” (negrillas y subrayas adicionales).

La Sala encuentra que el Tribunal accionado, además de hacer un análisis amplio y detallado del caso sometido a su decisión –lo cual se extrae no solo del aparte recién transcrito sino de todo el texto de su fallo–, precisó acerca del porqué adoptaba una decisión diferente de aquellas que en oportunidad anterior profirió, pues incluso identificó cuáles habían sido aquellos procesos con decisión diferente (notal a pie número 21 de la página 22 del fallo censurado).

También encuentra la Subsección que el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, contrario a lo expuesto en la demanda de tutela, sí realizó un análisis del marco normativo de la carrera diplomática y consular y, con base en ello, arribó a las conclusiones ya descritas.

Nótese cómo la propia Sección Quinta de esta Corporación, en línea con lo resuelto por el Tribunal accionado, ha sostenido:

“Si bien puede existir una continuidad entre los períodos de alternación en cargos internos y externos, esta situación no impide que los funcionarios inscritos en la Carrera Diplomática y Consular que se encuentren prestando sus servicios en el exterior, puedan ser nombrados en otras sedes. Como se ha reiterado a lo largo de la presente providencia, quien esté cumpliendo el período de alternación en el exterior puede ser nombrado en otra sede en el exterior, siempre y cuando haya cumplido el término de doce meses consagrado en el parágrafo del artículo 37 del Decreto Ley 274 de 2000.

“Consecuentemente, debido a que el actor no pudo demostrar que existían funcionarios inscritos en la Carrera Diplomática y Consular que, al momento de la expedición del acto demandado, se encontraran disponibles para ocupar el cargo en el cual fue designado provisionalmente el señor Alejandro Posada Baena, debe revocarse el fallo proferido por el a-quo” (destaca la Subsección).

Sin embargo, en el caso de la aquí accionante María del Pilar Calderón Vargas, se demostró: i) que para el momento de la expedición del acto demandado sí existían funcionarios que habían terminado su periodo de alternancia; ii) que existían funcionarios que habían cumplido con el término de doce meses prestando su servicio en el exterior y iii) que a pesar de existir cuatro funcionarios disponibles en el extranjero, se procedió a efectuar el nombramiento de la hoy actora, en contravía de la normativa que regula la materia.

Con base en todo lo expuesto, la Sala concluye que en la sentencia controvertida no se incurrió en un defecto sustantivo, porque fueron expuestas, con amplitud, las razones por las que el acto demandado estaba viciado de ilegalidad, todo ello, en ejercicio de la autonomía funcional del juez de la causa.

Lo anterior se acompasa con lo resuelto –en un caso similar– por la Sección Cuarta de la Corporación en sede de tutela, cuyas consideraciones y conclusiones fueron las siguientes (transcripción literal):

“Al respecto, la Sala observa que la Sección Primera, Subsección ‘B’ del Tribunal Administrativo de Cundinamarca realizó un análisis del marco normativo de la carrera diplomática y consular, para lo cual concluyó que para la procedencia de un nombramiento provisional de una persona por fuera de dicha carrera, se debe tener en cuenta lo siguiente:

‘… a) que no existan funcionarios de carrera diplomática y consular (artículo 60), b) que si existen estén en disponibilidad de ocupar el cargo vacante, es decir i) que ocupan cargos de menor jerarquía en el escalafón y no han culminado su periodo de alternación (artículo 37) y, ii) que a pesar de estar cumpliendo su período de alternación en el exterior, no hayan cumplido 12 meses de servicio en la sede respectiva (parágrafo artículo 37), directriz jurisprudencial esta última que acoge ahora esta Sala de Decisión a partir de los recientes pronunciamientos judiciales de la Sección Quinta del Consejo de Estado antes referidos’.

“En efecto, además del Decreto Ley 274 del 2000, la autoridad judicial accionada sustentó su decisión en el precedente judicial dictado por la Sección Quinta del Consejo de Estado, específicamente la sentencia de 12 de noviembre de 2015, en la cual conoció de una demanda de nulidad electoral del nombramiento en provisionalidad en la planta de personal del Ministerio de Relaciones Exteriores, para lo cual indicó lo siguiente:

‘Cabe recordar que, de acuerdo con la línea jurisprudencial descrita anteriormente, se ha establecido que para demostrar la ilegalidad del acto de designación provisional en un cargo de Carrera Diplomática y Consular no basta con suministrar el listado de los funcionarios inscritos en el régimen de carrera e indicar la categoría en el escalafón y el cargo que desempeñan, sino que se impone acreditar que los funcionarios llamados a proveer el cargo se encuentran legalmente disponibles.

‘Sobre este aspecto, es de reiterar que un funcionario de la Carrera Diplomática y Consular se encuentra disponible para ser designado en un cargo, no sólo por ostentar la categoría en la que se requiere el servicio sino que es necesario que no se encuentre cumpliendo con el periodo de alternancia. A lo anterior debe agregarse, que dicha disponibilidad, en el caso de quienes se encuentren prestando sus servicios en el exterior, se cumple si han superado un lapso de 12 meses en la respectiva sede, de conformidad con el parágrafo del artículo 37 del decreto en mención, pues en este evento, pueden ser designados excepcionalmente en otro cargo en el exterior y culminar su periodo de alternancia en el cargo que le corresponde de acuerdo con su categoría’.

“De lo anterior, se concluye que de acuerdo al precedente judicial de la Sección Quinta de esta Corporación, para hacer uso de la facultad especial de nombrar en provisionalidad se debe observar, i) que los funcionarios inscritos en el escalafón hayan culminado sus periodos de alternancia, y de no cumplirse esto, ii) se debe acudir a quienes se encuentren prestando el servicio en el exterior y que han superado los 12 meses en la respectiva sede, sin que sea un obstáculo el hecho de que se encuentren fuera del país.

“…

“Así las cosas, se constató que en la sentencia atacada la autoridad judicial demandada realizó un estudio juicioso del marco normativo que regula la carrera diplomática y consular, partiendo de la Constitución Política, el Decreto Ley 274 de 2000, hasta la aplicación del precedente judicial dictado por la Sección Quinta del Consejo de Estado.

“En consecuencia, se negará el cargo relacionado con el defecto sustantivo invocado por el demandante.

“…

“5. Razón de la decisión

Se negará el amparo deprecado, pues se vislumbra que la decisión de la Sección Primera, Subsección ‘B’ del Tribunal Administrativo de Cundinamarca, no incurrió en los defectos alegados, pues de la sentencia motivo de censura se constató que la autoridad judicial realizó un estudio juicioso del marco normativo que regula la carrera diplomática y consular (Constitución Política, Decreto Ley 274 de 2000 y precedente dictado por la Sección Quinta del Consejo de Estado). Por consiguiente, se realizó un estudio ajustado a derecho, sin que se pueda establecer la omisión o una interpretación del certificado de Talento Humano” (negrillas y subrayas del original).

Como consecuencia, se denegará el amparo solicitado.

En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, en Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, Subsección A, administrando Justicia en nombre de la República de Colombia y por autoridad de la ley,

F A L L A

PRIMERO: DENEGAR el amparo solicitado por la señora María del Pilar Calderón Vargas, de conformidad con lo expuesto en la parte motiva de esta sentencia.

SEGUNDO: NOTIFICAR la presente decisión a los interesados, por el medio más expedito.

TERCERO: de no ser impugnada la presente providencia, DEVOLVER al Tribunal Administrativo de origen el expediente de nulidad electoral remitido a esta Corporación en calidad de préstamo.

CUARTO: de no ser impugnada la presente providencia, ENVIARLA a la Corte Constitucional para su eventual revisión.

CÓPIESE, NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE

MARÍA ADRIANA MARÍN

MARTA NUBIA VELÁSQUEZ RICO

CARLOS ALBERTO ZAMBRANO BARRERA

Folio 23 del cuaderno principal.
Folios 32 y 33 del cuaderno principal.
Folios 40 a 45 del cuaderno principal.
Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, sentencia de 31 de julio de 2012, exp. No. 11001-03-15-000-2009-01328-01, C.P. María Elizabeth García González.
Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, sentencia del 5 de agosto de 2014, exp. 11001-03-15-000-2012-02201-01 (IJ), C.P. Jorge Octavio Ramírez Ramírez.
Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Cuarta, sentencia de 23 de febrero de 2017, exp. 11001-03-15-000-2016-03336-00(AC), M.P. Stella Jeannette Carvajal Basto, entre muchas otras providencias.
Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Cuarta, sentencia de 7 de diciembre de 2016, exp. 2016 00134-01, C.P. Stella Jeannette Carvajal Basto; Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Quinta, sentencia de 7 de diciembre de 2016, exp. 2016-02213-01, C.P. Carlos Enrique Moreno Rubio; sentencia de 24 de noviembre de 2016, exp. Nº 2016-02568-01, C.P. Lucy Jeannette Bermúdez Bermúdez; Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, sentencia de 27 de noviembre de 2016, C.P. Roberto Augusto Serrato Valdés, entre otras.

Corte Constitucional, sentencias SU-556 de 2016, M.P. María Victoria Calle Correa; SU-542 de 2016, M.P. Gloria Stella Ortíz Delgado; SU-490 de 2016, M.P. Gabriel Eduardo Mendoza Martelo; SU-659 de 2015, M.P. Alberto Rojas Ríos.
Original de la cita: “Sentencia T-1049 de 2012. M.P. Luis Ernesto Vargas Silva”.
Original de la cita: “Ibídem”.
Original de la cita: “Sentencia T-386 de 2010. M.P. Nilson Pinilla Pinilla”.
Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Cuarta, sentencia de 23 de enero de 2019, exp. 11001-03-15-000-2018-03534-00 (AC), M.P. Julio Roberto Piza Rodríguez.

Folio 21 del cuaderno del proceso de nulidad electoral.
Folios 9 y 10 del cuaderno del proceso de nulidad electoral.
Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Quinta, providencia de 21 de septiembre de 2016, exp. 44001-23-33-000-2015-00172-01, M.P. Rocío Araújo Oñate.

Ibídem.
Folio 39 del cuaderno del proceso de nulidad electoral.
Folio 40 del cuaderno del proceso de nulidad electoral.
Folio 41 del cuaderno del proceso de nulidad electoral.
Folio 43 del cuaderno del proceso de nulidad electoral.
Folios 44 y 45 del cuaderno del proceso de nulidad electoral.
Original de la cita: “Formato de notificación visible a folio 47 del expediente ordinario”.
Original de la cita: “Decreto 716 de 4 de mayo de 2017, visible a folio 24 del expediente ordinario”.
Original de la cita: “Folio 48 del expediente ordinario”.
Original de la cita: “Folio 51 del expediente ordinario”.
Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Quinta, sentencia de 3 de mayo de 2018, exp. 11001-03-15-000-2017-02553-01 (AC), M.P. Carlos Enrique Moreno Rubio.
Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Quinta, sentencia de 21 de noviembre de 2018, exp. 11001-03-15-000-2018-02241-01 (AC), M.P. Lucy Jeannette Bermúdez Bermúdez.
“ARTÍCULO 242. REPOSICIÓN. Salvo norma legal en contrario, el recurso de reposición procede contra los autos que no sean susceptibles de apelación o de súplica”.
Folio 255 del cuaderno del proceso de nulidad electoral.
Folios 252 y 253 del cuaderno del proceso de nulidad electoral.
Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Quinta, sentencia de 12 de noviembre de 2015, exp. 25000-23-41-000-2015-00542-01, M.P. Alberto Yepes Barreiro; en el mismo sentido, ver sentencia de 5 de noviembre del mismo, exp. 250002341000201500541 01. C.P. Lucy Jeannette Bermúdez Bermúdez.

Original de la cita: “Radicado Nº 25000-23-41-000-2015-00542-01, M.P.: Alberto Yepes Barreiro”.
Original de la cita: “Folio 13 y siguientes”.
Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Cuarta, sentencia de 17 de mayo de 2018, exp. 11001-03-15-000-2018-00002-00 (AC), M.P. Stella Jeannette Carvajal Basto.

Sigue leyendo

Lee la providencia completa en RuleX

RuleX es la IA para el trabajo legal: inteligencia artificial y software jurídico, todo en una sola plataforma. Crea tu cuenta y RuleX abre esta providencia completa, te explica sus reglas y la lleva a tu escrito con la cita puesta. Siete días de prueba sin tarjeta.