Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Primera, radicado 11001-03-15-000-2019-00305-01
Consejo de Estado · Sección Primera
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Consejo de Estado · Sección Primera
Acción de tutela contra providencia judicial
Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Primera, radicado 11001-03-15-000-2019-00305-01
Consejo de Estado · Sección Primera
República de Colombia
Consejo de Estado
Sección Primera
Radicado 11001-03-15-000-2019-00305-01
Consejero ponente: Oswaldo Giraldo López
30 de mayo de 2019
ACCIÓN DE TUTELA CONTRA PROVIDENCIA JUDICIAL / MEDIO DE CONTROL DE REPARACIÓN DIRECTA / ACREDITACIÓN DE CULPA EXCLUSIVA DE LA VÍCTIMA / PRIVACIÓN INJUSTA DE LA LIBERTAD / DESCONOCIMIENTO DE PRECEDENTE JUDICIAL - No configuración / APLICACIÓN DEL PRINCIPIO DE AUTONOMÍA JUDICIAL / AUSENCIA DE VULNERACIÓN DE DERECHOS FUNDAMENTALES
[L]a Sala abordará, para el caso concreto, el siguiente problema jurídico: ¿incurre en desconocimiento del precedente en torno a la responsabilidad patrimonial del Estado por los daños irrogados con ocasión de la privación de la libertad y los requisitos de configuración de culpa exclusiva de la víctima, la sentencia que concluyó que la privación de la libertad del demandante obedeció exclusivamente a su actuar negligente pues omitió el deber legal de denunciar a la persona que lo amenazaba de muerte y, en consecuencia, negó sus pretensiones de indemnización de perjuicios? (…) En el asunto bajo examen, la parte actora alegó que el fallo de 3 de octubre de 2018 desconoció el precedente contenido en la sentencia proferida por la Sala Plena de la Sección Tercera del Consejo de Estado el 15 de agosto de 2018, dentro del proceso con radicado 66001-23-31-000-2010-00235-01(46947). (…) [E]n la providencia de unificación que se dice desconocida, la Sala Plena de la Sección Tercera resolvió el recurso de apelación interpuesto por la Fiscalía General de la Nación en contra de la sentencia que la declaró administrativamente responsable por los perjuicios causados a una persona privada de la libertad, en el marco de un proceso penal en el que se acusaba de cometer el delito de trata de personas, y que quedó en libertad al comprobarse que el ilícito investigado no se configuró. (…) Sea lo primero advertir por parte de la Sala que no existe identidad plena entre las circunstancias fácticas que fundamentaron la sentencia de unificación de 15 de agosto de 2018 y aquellos que se resolvieron en la providencia de 3 de octubre de 2018 aquí acusada. Ello, por cuanto en la primera providencia se encontró acreditada la culpa exclusiva de la víctima a partir de las actuaciones irregulares de la persona privada de la libertad que dieron lugar a sospechas sobre la posible comisión del delito de trata de personas, sospechas que solo podían ser despejadas en el escenario de un proceso penal. A su turno, en el caso resuelto mediante sentencia de 3 de octubre de 2018, se concluyó que en la privación de la libertad del [demandante] medió su culpa, en consideración a su actuar negligente en cuanto omitió denunciar las amenazas de una persona que, tiempo después, compareció como testigo en su contra y fue determinante para la imposición de la medida de aseguramiento. (…) [L]a Sala concluye que no se configuró el desconocimiento del precedente alegado, toda vez que la sentencia cuestionada, desfavorable a los intereses de la parte actora, es producto de la aplicación de las normas que regulan la responsabilidad extracontractual del Estado por privación injusta de la libertad y de las reglas jurisprudenciales llamadas a regir el asunto, y obedece a un criterio de interpretación racional adoptado por parte del juez de instancia, en consecuencia de la autonomía judicial consagrada en el artículo 228 de la Constitución Política. (…) En consecuencia, la Sala revocará la sentencia de 14 de marzo de 2019 por medio de la cual la Subsección “A” de la Sección Tercera de esta Corporación declaró improcedente la acción de tutela y, en su lugar, negará el amparo de los derechos fundamentales invocados por el actor en consideración a que la providencia de 3 de octubre de 2019 no incurrió en el defecto por desconocimiento del precedente alegado.
FUENTE FORMAL: CONSTITUCIÓN POLÍTICA - ARTÍCULO 228.
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN PRIMERA
Consejero ponente: OSWALDO GIRALDO LÓPEZ
Bogotá, D.C., treinta (30) de mayo de dos mil diecinueve (2019)
Radicación número: 11001-03-15-000-2019-00305-01(AC)
Actor: OLVER CARVAJAL PARRA
Demandado: TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DEL MAGDALENA
La Sala decide la impugnación interpuesta por la parte actora en contra de la sentencia de 14 de marzo de 2019, mediante la cual la Sección Tercera, Subsección “A”, del Consejo de Estado declaró improcedente la presente acción de tutela.
SÍNTESIS DEL CASO
El señor Olver Carvajal Parra solicitó el amparo de sus derechos fundamentales al debido proceso, a la igualdad, “a la seguridad jurídica, a la confianza legítima de los asociados”, que estimó vulnerados a raíz de la sentencia del 3 de octubre de 2018, mediante la cual el Tribunal Administrativo del Magdalena revocó el fallo proferido por el Juzgado Séptimo Administrativo de Santa Marta en primera instancia y, en su lugar, negó las pretensiones de la demanda de reparación directa interpuesta por el actor y otros, en contra de la Nación – Fiscalía General de la Nación.
En criterio de la parte actora, la sentencia incurrió en violación directa de la Constitución por desconocimiento de su artículo 90 en el que se establece el principio de reparación integral del daño y el postulado según el cual cuando el Estado causa un daño antijurídico está obligado a repararlo, de manera que solo se exonera de dicho deber cuando se acredite la configuración de culpa exclusiva de la víctima. Ello, por cuanto el Tribunal concluyó erradamente que existió culpa exclusiva de la víctima en su privación de la libertad y no tuvo en cuenta que quien causó el daño antijurídico fue la entidad demandada y que ésta no cumplió con la carga de desvirtuar la presunción de inocencia que lo respaldaba en el proceso penal.
Por otra parte, el accionante indicó que el fallo de 3 de octubre de 2018 desconoció el precedente contenido en la sentencia de unificación de 15 de agosto de 2018 del Consejo de Estado, proferida en el proceso con radicado 66001-23-31-000-2010-00235-01, en la que se señaló que el carácter injusto de la privación de la libertad surge a partir de la sentencia en la que se absuelve al procesado, sin que sea competencia del juez contencioso entrar a valorar la legalidad de la medida de aseguramiento, como erróneamente lo hizo el Tribunal accionado.
En el mismo sentido, adujo que se desconoció la sentencia de unificación en cuanto establece que para que se configure el eximente de responsabilidad consistente en culpa exclusiva de la víctima es necesario que se compruebe que la persona privada de la libertad actuó con culpa grave o dolo, pues, contradiciendo dicha tesis, en la sentencia de 3 de octubre de 2018 se declaró probada la culpa exclusiva de la víctima, pese a que el señor Carvajal Parra no propició con su conducta dolosa o culposa la imposición de la medida de detención preventiva en su contra, por lo que “resulta exótico por lo menos pretender derivar de su omisión de interponer a una denuncia penal a un tercero, […] la existencia de una culpa exclusiva de la víctima, pues esa omisión de la denuncia no fue lo exclusivo y determinante de la privación injusta de libertad […]”.
En consecuencia, solicitó, en forma principal, que se profiera una nueva decisión de fondo que confirme la sentencia de primera instancia teniendo en cuenta el precedente unificado y, en forma subsidiaria, que se le ordene al Tribunal Administrativo del Magdalena que profiera una nueva decisión al interior del citado proceso ordinario en el mismo sentido.
TRÁMITE DE LA ACCIÓN
El 31 de enero de 2019 el Despacho sustanciador de la Sección Tercera, Subsección “A”, admitió la presente acción de tutela y ordenó notificar a los magistrados del Tribunal Administrativo del Magdalena, en calidad de parte demanda, y a la Fiscalía General de la Nación, en calidad de tercero con interés.
La Fiscalía General de la Nación solicitó que se declare improcedente la solicitud por el incumplimiento de las causales generales de procedencia de la acción de tutela contra providencias judiciales, concretamente el requisito de subsidiariedad, y en atención a la falta de argumentación sobre la configuración de alguna causal específica de procedibilidad de la acción de tutela contra providencias judiciales.
En relación con el incumplimiento del requisito de subsidiariedad, sostuvo que la Ley 1437 de 2011 prevé diferentes recursos para solicitar el amparo de sus derechos fundamentales y para cuestionar la decisión de segunda instancia en el proceso de reparación directa; sin embargo, la parte actora no explicó las razones por las cuales no acudió a ellos para ventilar la controversia objeto de esta acción. Por tal razón, adujo que no se cumple con el requisito de subsidiariedad que exige la ley y la jurisprudencia y destacó que no se verifica la materialización de un perjuicio que vulnere de manera flagrante sus derechos fundamentales.
De otra parte, manifestó que la parte actora no identificó el tipo de error en el que presuntamente incurrió la providencia controvertida, motivo por el cual el juez constitucional no puede entrar a estudiar la totalidad de la sentencia para identificar dichos defectos.
Agregó que el Tribunal accionado falló de conformidad con la sentencia de unificación proferida por el Consejo de Estado el 17 de octubre de 2013, pues valoró las pruebas allegadas y determinó que la conducta de la víctima directa fue la que condujo a que se adelantara un proceso penal en su contra y conllevó a la restricción de su derecho fundamental a la libertad.
Asimismo, manifestó que el actor desconoce la sentencia C-037 de 1996, en la que la Corte Constitucional señaló que para efectos de obtener una indemnización en los asuntos relacionados con privación injusta de la libertad, es necesario acreditar que la decisión que conllevó a la privación injusta de la libertad fue una actuación abiertamente desproporcionada y violatoria de los procedimientos legales establecidos para el efecto.
Finalmente, señaló que el actor no demostró una actuación arbitraria y violatoria de los procedimientos legales por parte de la Fiscalía General en el proceso penal que adelantó en su contra. Por el contrario, lo cierto es que la entidad actuó en estricto cumplimiento de la Constitución y Ley.
El Tribunal Administrativo del Magdalena allegó informe en que señaló que, al momento de analizar el caso en concreto a la luz de la normatividad vigente y los precedentes aplicables, se determinó que la privación de la libertad del señor Olver Carvajal Parra obedeció a su actuar negligente e imprudente, siendo esa la causa medular por la cual fue vinculado en la investigación penal, además de las pruebas testimoniales recaudadas. Dicha circunstancia supone que no se incurrió en yerro ni vulneración de derechos fundamentales al expedir la sentencia acusada.
Además, señaló que en el proceso de reparación directa se respetaron las garantías procesales de las partes, lo cual pone de presente que la intención del actor con la solicitud de amparo es revivir el debate procesal agotado dentro del proceso ordinario y convertir la tutela en una instancia adicional, razón por la cual se impone su rechazo.
Con todo, precisó que en el trámite procesal no se incurrió en vía de hecho, toda vez que las actuaciones judiciales se surtieron con arreglo a las normas aplicables y a los principios constitucionales que rigen la recta administración de justicia.
FALLO DE PRIMERA INSTANCIA
Mediante sentencia de 14 de marzo de 2019 la Subsección “A” de la Sección Tercera de esta Corporación declaró improcedente la solicitud de tutela tras concluir que no se acreditó el requisito general de relevancia constitucional.
En primer lugar, advirtió que los argumentos expuestos como sustento del cargo por violación directa de la Constitución únicamente señalaron que la providencia acusada transgredió el artículo 90 y el principio de reparación integral al revocar la decisión de primera instancia. Al respecto, estimó que esas razones eran meramente enunciativas y carecían de desarrollo suficiente para analizar el defecto propuesto, pues se limitaban a afirmar la existencia de la supuesta transgresión con el único argumento de que el actor tiene derecho a ser reparado por el hecho de haber sido privado de su libertad.
De otra parte, sobre cargo por desconocimiento del precedente, la Sala concluyó que con él se pretende que se realice una revisión integral del caso como si la tutela fuera una nueva instancia procesal, toda vez el actor trajo a colación sentencias proferidas por esta Corporación en las que la Nación resultó condenada por hechos similares a los que dieron el origen al proceso de reparación directa, pero no sustentó en forma alguna porqué, en este caso, debe aplicarse la misma tesis que rigió dichos procesos.
Finalmente, el a quo destacó que la revisión de la sentencia acusada evidenciaba que el Tribunal Administrativo del Magdalena hizo un análisis detenido del material probatorio y desarrolló de manera clara las razones que lo llevaron a revocar el fallo de primera instancia en el proceso de reparación directa.
IMPUGNACIÓN
Inconforme con la decisión adoptada, la parte actora impugnó el fallo de primera instancia y señaló que no es cierto que se haya incumplido con la carga argumentativa necesaria para superar el test de procedibilidad de la acción de tutela. Por el contrario, adujo que en la solicitud se explicó que la relevancia constitucional del asunto deviene de la violación de varios derechos fundamentales a partir de la sentencia de 3 de octubre de 2018, la cual se concretó en la violación directa de la Constitución y el desconocimiento del precedente.
Al respecto, trajo a colación las sentencias T-269 de 2018, SU-115 de 2018 y SU-631 de 2017 de la Corte Constitucional en las que se afirmó que la relevancia constitucional implica evidenciar que con la decisión judicial se afectan los derechos fundamentales de las partes, “situación que se verifica en el caso concreto en el que se puso de presente la afectación de derechos fundamentales y se explicó en qué consistió en específico tal vulneración”.
De otra parte, reprochó que a pesar de no superarse el requisito general en la sentencia se estudiaron, someramente y de forma errada, los argumentos expuestos como sustento de los requisitos específicos de procedibilidad.
En concreto, respecto del análisis del cargo por violación directa de la Constitución, afirmó que además del desconocimiento del artículo 90 se argumentó la violación de derechos fundamentales y se explicó que la vulneración se dio porque el Tribunal “aplicó la existencia de la causal de culpa exclusiva de la víctima, sin efectuar un análisis de la existencia de culpa o dolo desde el punto de vista estrictamente civil e interpretando erróneamente la omisión del demandante de no efectuar una denuncia penal por hechos ajenos a su investigación penal”.
Del mismo modo, sobre el análisis del cargo por desconocimiento del precedente, recordó que en la tutela se expuso el precedente unificado del Consejo de Estado que señala la necesidad de que el juez valore si la persona que fue privada de la libertad actuó con culpa grave o dolo y si con ello dio lugar a la imposición de la medida de aseguramiento de detención preventiva. En ese orden, insistió en que el Tribunal accionado violó el precedente por dos razones: “i) al entrar a valorar el carácter injusto de la privación de la libertad partiendo de valorar la legalidad o no de la medida de aseguramiento de detención preventiva aludiendo a la existencia de indicios, olvidando que el precedente del Consejo de Estado indica que el carácter injusto de la medida de detención surge cuando se absuelve al procesado, pues basta la sentencia absolutoria para develar la existencia de una privación injusta de libertad merecedora de la reparación integral del daño antijurídico causado a quien fue detenido injustamente; ii) al aplicar la existencia de una culpa exclusiva de la víctima sin analizar adecuadamente y con la sana valoración probatoria, como lo exige el precedente unificado del Consejo de Estado, la existencia del dolo o culpa grave de la víctima desde el punto de vista civil”.
En consecuencia, solicitó revocar la sentencia impugnada y que se emita decisión de fondo acorde con la línea jurisprudencial del Consejo de Estado sobre el régimen de responsabilidad por privación injusta de la libertad.
CONSIDERACIONES DE LA SALA
COMPETENCIA.
De conformidad con lo previsto por el numeral segundo del artículo 2.2.3.1.2.1 del Decreto 1069 del 26 de mayo de 2015, modificado por el artículo 1º del Decreto 1983 de 30 de noviembre de 2017, y en virtud del artículo 2º del Acuerdo número 377 de 11 de diciembre de 2018 de la Sala Plena del Consejo de Estado, que regula la distribución de las acciones de tutela entre las secciones, y del artículo 13 del Acuerdo 80 de 12 de marzo de 2019 de la misma Sala, que asigna a esta Sección el conocimiento de estas acciones constitucionales, esta Sala es competente para conocer del presente asunto.
HECHOS
El señor Olver Carvajal Parra estuvo privado de la libertad por el período de 1 año, 10 meses y 10 días, comprendidos entre el 17 de julio de 2010, fecha en la que se hizo efectiva la medida de aseguramiento de detención preventiva impuesta en su contra, y el 1 de junio de 2012, día en el que fue dejado en libertad en cumplimiento de la sentencia de 31 de mayo de 2012 que lo absolvió de los cargos imputados por el delito de concierto para delinquir agravado.
Olver Carvajal Parra y otros instauraron demanda en ejercicio del medio de control de reparación directa en contra de la Nación – Fiscalía General de la Nación, solicitando que se la declarara administrativa y patrimonialmente responsable por los perjuicios ocasionados a raíz de la privación de la libertad de que fue objeto, con la consecuente indemnización de perjuicios materiales e inmateriales.
La demanda correspondió al Juzgado Séptimo Administrativo del Circuito de Santa Marta, el cual, mediante sentencia de 1 de junio de 2017, declaró responsable administrativamente a la Nación – Fiscalía General de la Nación y la condenó al pago de los perjuicios materiales e inmateriales por el daño antijurídico causado al accionante, al encontrar demostrado que fue privado injustamente de su libertad.
La Fiscalía interpuso recurso de apelación en contra de la anterior decisión y, mediante sentencia de 3 de octubre de 2018, el Tribunal Administrativo del Magdalena revocó la decisión de primera instancia y negó las pretensiones de la demanda. Como fundamento de su decisión señaló que la medida de aseguramiento impuesta al señor Carvajal Parra estuvo ajustada a derecho por cuanto se fundamentó en tres testimonios que indicaban que pertenecía a un grupo delincuencial y que se encargaba del manejo de narcotráfico en la troncal del caribe, circunstancias que propiciaron la legalidad de la medida “[…] más aún, cuando el hoy accionante abandonó su deber de manifestarle a las autoridades competentes, las llamadas extorsivas que contra él se habían realizado por parte de uno de los testigos en su contra, evidenciando así una falta de diligencia del actor frente a la defensa de sus propios intereses […]”.
En consideración a lo anterior, estimó que la privación de la libertad del actor obedeció exclusivamente a su actuar negligente e imprudente pues omitió el deber legal de denunciar a la persona que supuestamente lo amenazaba de muerte, que luego declaró en su contra, actuación que habría propiciado la investigación correspondiente y que se desvirtuaran las acusaciones rendidas en su contra. Así entonces, concluyó que la detención preventiva consistió en una carga que el actor se encontraba en el deber de soportar.
ANALISIS DE LA SALA
Análisis del cumplimiento de los requisitos generales de procedencia de la acción de tutela contra providencias judiciales
En atención a la impugnación presentada por la parte actora frente a los fundamentos de la decisión del a quo la Sala analizará, en primer término, si se cumplen los requisitos generales fijados por la jurisprudencia constitucional para la procedencia de la acción de tutela en contra de la sentencia proferida por el Tribunal Administrativo del Magdalena el 3 de octubre de 2018, en particular, el relativo a la relevancia constitucional de la solicitud de amparo.
5.3.1.1. Al respecto, la Corte Constitucional ha sostenido que los asuntos sometidos al juez de tutela deben ser constitucionalmente relevantes; es decir, el debate que se plantea en la demanda debe versar respecto de derechos fundamentales. En ese sentido, en la sentencia C-590 de 2005 se indicó “[…] que el asunto sometido a estudio del juez de tutela tenga relevancia constitucional, es decir, que plantee una confrontación de la situación suscitada por la parte accionada con derechos de carácter constitucional fundamental, por cuanto los debates de orden exclusivamente legal son ajenos a esta acción pública.”
De lo anterior se colige que al juez constitucional únicamente le está permitido estudiar cuestiones que cuenten con una clara importancia constitucional; ello, con el fin de impedir que éste se inmiscuya en materias propias de otras jurisdicciones, lo que desbordaría el ámbito de aplicación de la acción de tutela. Así las cosas, al analizar la procedencia de una acción de tutela en contra de una providencia judicial, el primer punto que debe abordar el juez será el de examinar si el asunto puesto a su consideración se encuentra revestido de relevancia constitucional, determinando la razón por la cual esa situación afecta realmente los derechos fundamentales de las partes. Al respecto la Corte Constitucional ha sostenido:
“(…) Frente a la exigencia de que lo discutido sea de evidente relevancia constitucional, esta Corte ha dicho que obedece al respeto por la órbita de acción tanto de los jueces constitucionales, como de los de las demás jurisdicciones. Debe el juez de tutela argumentar clara y expresamente por qué el asunto puesto a su consideración es realmente una cuestión de relevancia constitucional, que afecta los derechos fundamentales de las partes.” (Subrayas fuera del texto).
Bajo esta perspectiva, la relevancia constitucional tiene como finalidad: (i) proteger el principio de autonomía judicial, y (ii) que el juez constitucional no se inmiscuya en materias propias de otras jurisdicciones; en ese sentido, la Sala Plena de esta Corporación ha señalado:
“La “relevancia constitucional” es un asunto que puede ser desarrollado desde dos puntos de vista: i) para efectos de la revisión eventual realizada por la Corte Constitucional y, ii) como requisito de procedibilidad de la acción de tutela contra providencias judiciales para evitar que se convierta en una tercera instancia.
El segundo aspecto, esto es, la relevancia constitucional como requisito de procedibilidad de la acción de tutela contra providencias judiciales, es el que interesa para efectos de esta sentencia.
La relevancia constitucional como requisito de procedibilidad tiene dos cometidos fundamentales. Por un lado, protege “el principio constitucional de la autonomía funcional de los jueces (artículos 228 y 230 de la Carta)”; por otro, evita que la acción de tutela se torne en un instrumento para “involucrarse en asuntos que corresponde definir a otras jurisdicciones”
Que el asunto “tenga relevancia constitucional”, que afecte “derechos fundamentales de las partes”, es un requisito de la acción de tutela que supone la conjunción de dos elementos necesarios.
El primer elemento dice relación con la carga argumentativa del actor para demostrar en sede de tutela que el asunto es de relevancia constitucional por la afección de sus derechos fundamentales. No basta, entonces, aducir la vulneración de derechos fundamentales para cumplir este requisito de procedibilidad de la tutela contra providencias judiciales.
A juicio de la Sala, si bien es cierto que el juez de tutela debe motivar su decisión, explicando por qué ella es de “relevancia constitucional”, no es menos cierto que el actor tiene la carga de argumentar el por qué su pretensión tiene tal atributo, para que el juez pueda determinar si se cumple tal requisito, so pena del rechazar o declarar improcedente el amparo constitucional.
El segundo elemento supone que el procedimiento de tutela no puede erigirse en una instancia procesal adicional. En consecuencia, en caso que de la acción de tutela se derive que esa es la pretensión del actor, la decisión será rechazarla o declararla improcedente.” (Subrayas fuera del texto)
De lo dicho se deduce que, para entender acreditado el requisito de relevancia constitucional, el juez lo primero que debe advertir en la demanda es que el interesado invoque derechos de orden constitucional y que, adicionalmente, explique las razones por las cuales los entiende transgredidos. En tal virtud, si el derecho invocado no cuenta con dicho carácter, no hay lugar a emprender el estudio de los requerimientos que siguen, pues la acción de tutela ha sido erigida precisamente sobre la idea de protección de esos y no otros derechos.
Seguidamente, debe el juez examinar si, en efecto, la vulneración del derecho acontece en lo que se conoce como su núcleo esencial, pues sólo de esta manera el caso reviste la relevancia o trascendencia necesaria para permitir que, por vía de la acción prevista en el artículo 86, se logre exceptuar en un juicio constitucional el principio de cosa juzgada que orienta todo el andamiaje institucional en el que se funda nuestro sistema jurídico. Con este propósito, el juez no podrá limitarse a convalidar el requisito de la relevancia constitucional con la sola mención de un derecho fundamental, pues deberá evaluar si, de acuerdo con los argumentos expresados en el escrito correspondiente, hay amenaza o violación efectiva de un derecho fundamental constitucional.
De conformidad con la jurisprudencia constitucional, el núcleo esencial de un derecho fundamental es “esa parte del derecho que lo identifica, que permite diferenciarlo de otros y que otorga un necesario grado de inmunidad respecto de la intervención de las autoridades públicas. En sentido negativo debe entenderse el núcleo esencial de un derecho fundamental como aquel sin el cual un derecho deja de ser lo que es o lo convierte en otro derecho diferente o lo que caracteriza o tipifica al derecho fundamental y sin lo cual se le quita su esencia fundamental. O, también, puede verse como la parte del derecho fundamental que no admite restricción porque en caso de hacerlo resulta impracticable o se desnaturaliza su ejercicio o su necesaria protección”.
Esto significa que el núcleo esencial de un derecho fundamental es el contenido intocable que determina su posible vulneración; por ende, si éste es afectado, se estará ante su violación; para ello, la Corte Constitucional ha establecido los criterios para determinar su contenido, al señalar:
“[…] Los criterios que sirven de apoyo para determinar el contenido esencial de un derecho fundamental, son principalmente dos: i) hacen parte del núcleo esencial las características y facultades que identifican el derecho, sin las cuales se desnaturalizaría y, ii) integran el núcleo esas atribuciones que permiten su ejercicio, de tal forma que al limitarlas el derecho fundamental se hace impracticable […]”.
Con miras a establecer los aspectos que deben ser puntualizados para resolver si una demanda de tutela contra providencia judicial tiene o no relevancia constitucional, la Sala destaca: (i) que el escrito invoque la vulneración de derechos fundamentales, (ii) que se expongan las razones de vulneración de esos derechos fundamentales, y (iii) que la transgresión suponga un atentado contra el núcleo esencial de los derechos invocados, requisitos que exigen del juez de la tutela un examen de las razones del actor para afirmar que hay amenaza o vulneración de un derecho fundamental, comparadas con el núcleo fundamental del mismo.
5.3.1.2. En el caso concreto, en cuanto al primer aspecto, se tiene que en el escrito de tutela el actor invocó la protección de los derechos “al debido proceso judicial (art. 29 C.Pol.) así como el derecho a la seguridad jurídica y a la igualdad, y a las garantías de confianza legítima implícitas en el derecho a la buena fe (art. 83 C.Pol.)”. Para efectos de abordar el estudio de la relevancia, el análisis se realizará en consideración al debido proceso y la igualdad, pues solo estos ostentan la naturaleza de derechos fundamentales.
En segundo lugar, el actor expuso como razones de vulneración de esos derechos fundamentales que la sentencia de 3 de octubre de 2018 incurrió en violación directa del artículo 90 de la Constitución Política porque el Tribunal accionado “[…] sin efectuar un adecuado análisis de la existencia de culpa o dolo desde el punto de vista estrictamente civil, e interpretando erróneamente la omisión del demandante de no efectuar una denuncia penal por hechos ajenos a su investigación penal, concluyó erradamente que ello comportaba la existencia de culpa exclusiva de la víctima, sin que para ello existiera razones legales, dado que en este caso concreto no existió dolo o culpa grave desde el punto de vista civil por parte de la víctima […]”
Igualmente, el actor afirmó que la sentencia de 3 de octubre de 2018 se desconoció el precedente contenido en la sentencia de unificación de 15 de agosto de 2018, proferida en el proceso bajo radicado 66001-23-31-000-2010-00235-01, por cuanto en dicha providencia se señaló que el carácter injusto de la privación de la libertad surge a partir de la sentencia que absuelve al procesado, sin que sea competencia del juez contencioso entrar a valorar la legalidad de la medida de aseguramiento como erróneamente lo hizo el Tribunal accionado. Además, porque en la sentencia de unificación se estableció que solo hay lugar a predicar culpa exclusiva de la víctima cuando se comprueba que la persona privada de la libertad actuó con culpa grave o dolo y, contradiciendo dicha tesis, en el fallo de 3 de octubre de 2018 se declaró probada la culpa exclusiva de la víctima, pese a que el señor Carvajal Parra no actuó con culpa grave ni dolo, puesto que de su omisión de denunciar a quien rindió testimonio en su contra en el proceso penal, por las amenazas previas al proceso penal, no hay lugar a predicar una actuación negligente o imprudente de su parte, si se tiene en cuenta que la medida de detención preventiva se decretó con fundamento, además, en otros testimonios.
Ahora bien, se tiene que el derecho fundamental al debido proceso integra las siguientes garantías: i) el principio de legalidad; ii) el principio del juez natural; iii) el derecho a la observancia de las formas propias de cada juicio; iv) el principio de favorabilidad; v) el derecho a la presunción de inocencia; vi) el derecho a la defensa; vii) derecho a la publicidad de las actuaciones procesales y la no dilatación injustificada de las mismas; viii) el derecho a presentar y controvertir pruebas; ix) el derecho a impugnar las providencias; x) el principio de non reformatio in pejus; xi) el derecho a no declarar contra sí mismo o contra su cónyuge, compañero permanente o ciertos parientes; xii) el principio de independencia judicial; xiii) el derecho de acceso a la administración de justicia.
A su turno, del núcleo esencial del derecho fundamental a la igualdad se desprenden, según la jurisprudencia de la Corte Constitucional, dos mandatos básicos: otorgar el mismo trato a supuestos de hecho equivalentes y otorgar un trato diferente a situaciones de hecho disímiles. Para determinar con mayor precisión el alcance del derecho a la igualdad, la Corte ha identificado cuatro reglas que se derivan de los dos mandatos generales, a saber: (i) debe darse un tratamiento distinto a situaciones de hecho que no tienen ningún elemento en común; (ii) debe darse el mismo trato a situaciones de hecho idénticas; (iii) debe darse un trato paritario a situaciones de hecho que presenten similitudes y diferencias, cuando las similitudes sean más relevantes que las diferencias; y (iv) debe darse un trato diferente a situaciones de hecho que presenten similitudes y diferencias, cuando las diferencias sean más relevantes que las similitudes.
En el marco de las actuaciones judiciales, el derecho fundamental a la igualdad ha sido reconocido como un límite a la autonomía que asiste a los jueces en el proceso de interpretación y aplicación del ordenamiento jurídico, habida cuenta que “[…] la igualdad de trato que las autoridades deben otorgar a las personas supone además una igualdad en la interpretación y la aplicación de la ley. […]”
En ese orden de ideas, la comparación entre las razones que expone el actor para afirmar que hay vulneración a los derechos fundamentales al debido proceso y a la igualdad y el núcleo esencial de éstos pone de presente que el cargo por violación directa de la Constitución no ostenta la relevancia constitucional necesaria para ser abordado en sede de tutela. En efecto, en este punto, la Sala coincide con el fallo de primera instancia en tanto advirtió que los fundamentos del cargo se limitan a afirmar que la sentencia de 3 de octubre de 2018 trasgredió el artículo 90 de la Constitución porque no accedió a las pretensiones de reparación del señor Carvajal Parra y, en definitiva, insiste en afirmar que no actuó dolosa o culposamente, a partir de lo cual califica de errónea la interpretación del Tribunal sobre la configuración del eximente de culpa exclusiva de la víctima.
La Sala advierte que dichos argumentos en realidad se encaminan a exponer la inconformidad del actor con la decisión adoptada en el proceso ordinario, valiéndose de la sola mención al artículo 90 de la Carta Política y a otras disposiciones que establecen los derechos fundamentales que se invocan para dar apariencia de una posible violación directa de la Constitución. Por tal motivo, no hay lugar a abordar el análisis sobre dicho cargo.
Con todo, la anterior conclusión no se predica respecto del cargo por desconocimiento del precedente, pues respecto de éste el actor cumplió con la carga argumentativa de señalar la sentencia que en su criterio constituye el precedente desconocido y sus subreglas jurisprudenciales y explicó las razones por las cuales considera que la tesis allí expuesta era la llamada a aplicarse en el proceso de reparación directa donde actuó como demandante, en particular, en cuanto al carácter injusto de la privación de la libertad y al análisis sobre la configuración de culpa exclusiva de la víctima en la ocurrencia del daño derivado de su privación injusta de la libertad. Dichos argumentos tienen la entidad suficiente para que el juez constitucional proceda a analizar el posible compromiso del derecho fundamental a la igualdad del actor en los términos antes expuestos.
Así las cosas, la Sala encuentra que la presente acción cumple con los demás requisitos generales para su examen, en razón a que: i) la parte actora agotó todos los medios de defensa judicial de que disponía, toda vez que se surtieron las dos instancias en el proceso de reparación directa y contra la providencia que se cuestiona no procede recurso adicional; ii) la acción de tutela se presentó dentro de un término razonable, ya que se radicó menos de cuatros meses después de notificada la providencia que se ataca; iii) la irregularidad que se le endilga a la sentencia, esto es, el desconocimiento del precedente, afecta la decisión de fondo por cuanto, de encontrarse configurado, tendría un efecto decisivo y determinante en su trámite; iv) la situación que generó la vulneración de derechos fundamentales fue puntualizada en el escrito de tutela y además, en tanto la solicitud se fundamenta en la inconformidad con lo resuelto en la sentencia de segunda instancia, la controversia planteada no hubiera podido haber sido alegada en el curso del proceso,; y v) no se trata de una providencia contentiva de una sentencia de tutela. En consecuencia, la Sala procederá a su estudio.
PROBLEMA JURÍDICO
Para resolver la presente acción, la Sala abordará, para el caso concreto, el siguiente problema jurídico: ¿incurre en desconocimiento del precedente en torno a la responsabilidad patrimonial del Estado por los daños irrogados con ocasión de la privación de la libertad y los requisitos de configuración de culpa exclusiva de la víctima, la sentencia que concluyó que la privación de la libertad del demandante obedeció exclusivamente a su actuar negligente pues omitió el deber legal de denunciar a la persona que lo amenazaba de muerte y, en consecuencia, negó sus pretensiones de indemnización de perjuicios?
El desconocimiento del precedente
La Corte Constitucional, al referirse al desconocimiento del precedente, ha precisado que: “El precedente es el conjunto de sentencias anteriores al caso estudiado por el juez, que debido a su pertinencia para resolver el problema jurídico planteado deben ser tenidas en cuenta por el juez o la autoridad a quien le competa”, y que la manera para determinar cuándo el precedente resulta necesario para la solución del caso es si: “(i) la ratio decidendi de la sentencia que se evalúa como precedente, presenta una regla judicial relacionada con el caso a resolver posteriormente; (ii) se trata de un problema jurídico semejante, o a una cuestión constitucional semejante y (iii) los hechos del caso o las normas juzgadas en la sentencia son semejantes o plantean un punto de derecho semejante al que se debe resolver posteriormente”. De esta forma -concluye- “[…] el precedente utilizado debe guardar similitud entre los hechos, el problema jurídico planteado y en la normatividad utilizada para resolver los casos”.
Bajo los parámetros indicados, un precedente se configura cuando la sentencia pretende resolver un idéntico problema, desde la perspectiva jurídica y fáctica, lo que supone un mismo aspecto jurídico a considerar, unos mismos hechos relevantes, probados y debidamente connotados, e iguales fundamentos en derecho. A estos efectos, el examen de los requisitos que deben cumplirse para que se ataque la sentencia en sede de tutela por desconocimiento del precedente, impone al actor la carga de identificar el problema jurídico que resolvió la sentencia cuestionada para compararlo con el problema jurídico resuelto por el precedente, determinando consecuentemente su identidad en los hechos y en el derecho.
Visto desde esta perspectiva, el desconocimiento del precedente supone que la sentencia cuestionada se identifica con aquél en su objeto y causa, entendiéndose por el primero la pretensión jurídica analizada, y por la causa los hechos en que se funda dicha pretensión y los fundamentos normativos de la misma.
No habrá entonces desconocimiento del precedente si la sentencia analizada difiere en cualquiera de los aspectos indicados.
Tampoco podrá invocarse el desconocimiento del precedente si la sentencia que difiere del mismo fundamenta su decisión en contra de manera razonable y suficiente, justificando tal posición. Pues ello está dentro de la autonomía funcional del juez.
En el asunto bajo examen, la parte actora alegó que el fallo de 3 de octubre de 2018 desconoció el precedente contenido en la sentencia proferida por la Sala Plena de la Sección Tercera del Consejo de Estado el 15 de agosto de 2018, dentro del proceso con radicado 66001-23-31-000-2010-00235-01(46947).
Ahora bien, en orden a resolver el cargo planteado, conviene tener en cuenta que en la providencia de unificación que se dice desconocida, la Sala Plena de la Sección Tercera resolvió el recurso de apelación interpuesto por la Fiscalía General de la Nación en contra de la sentencia que la declaró administrativamente responsable por los perjuicios causados a una persona privada de la libertad, en el marco de un proceso penal en el que se acusaba de cometer el delito de trata de personas, y que quedó en libertad al comprobarse que el ilícito investigado no se configuró.
En ese caso, la actuación penal inició a raíz de la denuncia que presentó una mujer que se decía víctima del delito de trata de personas en contra de la demandante en el proceso de reparación directa. Al analizar las actuaciones que dieron lugar a la privación de la libertad de la reclamante, y de cara a la pretensión de reparación, la Sección Tercera concluyó que la conducta de la misma demandante había dado lugar a la investigación que se adelantó en su contra y a la imposición de la medida de aseguramiento de detención preventiva, por cuanto le exigió a la mujer que formuló la denuncia el pago de una suma de dinero por concepto de la intermediación laboral, es decir, la Sala estimó que existieron “[…] indicios que permitían inferir una posible intención de control, dominación o sujeción a un trabajo forzado a través de la imposición de una obligación económica a favor de doña Martha Lucía o de un tercero (Ricardo Restrepo), situación que sólo se podía esclarecer en el escenario de un proceso penal […]. Por tal motivo, en el asunto se concluyó que no existió vínculo causal entre la medida de aseguramiento y los perjuicios reclamados con la demanda, ya que la privación de la libertad de la demandante no tuvo su causa eficiente o adecuada en la actividad de la administración de justicia, sino en la conducta asumida por ella misma.
En consecuencia, la Sección Tercera revocó el fallo de primera instancia para negar las pretensiones de la demanda y, en lo que se refiere a la unificación jurisprudencial, en la sentencia se dispuso:
[…] PRIMERO: MODIFÍCASE LA JURISPRUDENCIA DE LA SECCIÓN TERCERA en relación con los casos en que la litis gravita en torno a la responsabilidad patrimonial del Estado por los daños irrogados con ocasión de la privación de la libertad de una persona a la que, posteriormente, se le revoca esa medida, sea cual fuere la causa de ello, y UNIFÍCANSE criterios en el sentido de que, en lo sucesivo, en esos casos, el juez deberá verificar:
1) Si el daño (privación de la libertad) fue antijurídico o no, a la luz del artículo 90 de la Constitución Política;
2) Si quien fue privado de la libertad actuó con culpa grave o dolo, desde el punto de vista meramente civil -análisis que hará, incluso de oficio-, y si con ello dio lugar a la apertura del proceso penal y a la subsecuente imposición de la medida de aseguramiento de detención preventiva (artículos 70 de la ley 270 de 1996 y 63 del Código Civil) y,
3) Cuál es la autoridad llamada a reparar el daño.
En virtud del principio iura novit curia, el juez podrá encausar el análisis del asunto, siempre en forma razonada, bajo las premisas del título de imputación que, conforme al acervo probatorio, considere pertinente o que mejor se adecúa al caso concreto. […]”.
Ahora bien, la parte actora reprocha que las anteriores subreglas fueron ignoradas por el Tribunal Administrativo del Magdalena al proferir la sentencia de 3 de octubre de 2018, pues allí se tuvo por demostrada la culpa exclusiva de la víctima a partir del hecho de que el señor Olver Carvajal Parra omitió denunciar a José Gregorio Cotes Valeta, quien lo había amenazado de muerte y posteriormente compareció como testigo en la investigación penal en la que se le impuso la medida de detención preventiva. Para el accionante, dicha tesis no se compadece con expuesta en el fallo de unificación, ya que no se fundamenta en la existencia de un actuar doloso o en la culpa grave del señor Carvajal Parra, que realmente haya sido determinante para la imposición de medida de aseguramiento.
Sea lo primero advertir por parte de la Sala que no existe identidad plena entre las circunstancias fácticas que fundamentaron la sentencia de unificación de 15 de agosto de 2018 y aquellos que se resolvieron en la providencia de 3 de octubre de 2018 aquí acusada. Ello, por cuanto en la primera providencia se encontró acreditada la culpa exclusiva de la víctima a partir de las actuaciones irregulares de la persona privada de la libertad que dieron lugar a sospechas sobre la posible comisión del delito de trata de personas, sospechas que solo podían ser despejadas en el escenario de un proceso penal. A su turno, en el caso resuelto mediante sentencia de 3 de octubre de 2018, se concluyó que en la privación de la libertad del señor Olver Carvajal medió su culpa, en consideración a su actuar negligente en cuanto omitió denunciar las amenazas de una persona que, tiempo después, compareció como testigo en su contra y fue determinante para la imposición de la medida de aseguramiento.
En efecto, en ese sentido, en la sentencia acusada se expusieron las siguientes consideraciones:
[…] Que el daño sea imputable a una autoridad judicial
En el caso concreto, atendiendo a lo alegado en el recurso de apelación presentado por la legitimada en la causa por pasiva, especialmente en lo deprecado por la Fiscalía General de la Nación en cuanto a la factible configuración de un causal de exoneración responsabilidad (sic) por la posible existencia de culpa exclusiva de la víctima, le corresponde a esta colegiatura entrar a estudiar si el proceder del señor Olver Carvajal Parra propició que fuera vinculado al proceso penal, para lo cual se tendrá de referencia probatoria las providencias allegadas al expediente.
Primeramente, se tiene que la Fiscalía Tercera Especializada ante el Juzgado Único Penal del Circuito Especializado de Santa Marta, en la providencia del
04 de agosto de 2010, impuso medida de aseguramiento contra el señor Olver Carvajal Consistente en Detención Preventiva en centro carcelario, relató los hechos que originaron la investigación penal de la siguiente manera:
"Lo primero que hay que señalar es que la norma adjetiva citada en precedencia exige mínimo dos indicios graves de responsabilidad penal para afectar con medida de aseguramiento a los procesados (...) comenzando con el sindicado Olver Carvajal Parra, se tiene que le figuran cargos como integrantes de los Gaitanistas señalamiento este que le hizo Denis Páez Tarazana en la ampliación de su testimonio el día 31 de julio de 2009. También José Gregorio Coles Valeta, en su dicción de fecha 21 de febrero de 2010, lo sindica diciendo que era el encargado de las drogas de guachaca, y que en el 2006 en una reunión que hicieron en el palo de mango para proponerle que trabajara con ellos, ahí fue que conoció a Olber Carvajal, entre otros que menciona por su alias"
De lo anterior, es importante resaltar que la medida de aseguramiento impuesta al hoy demandante estuvo ajustada a derecho, en razón que obedeció a dos indicios graves obtenidos de los señalamientos realizados por Denis Páez Tarazona y José Gregorio Cotes Valeta, donde ubicaron al señor Carvajal Parra como participe de actividades delictivas […]
En el escenario particular respecto del cargo de la culpa exclusiva de la víctima, vale la pena remitirse a lo estipulado en el acta de audiencia pública dentro del proceso adelantado contra Olver Carvajal Parra y otros Por el delito de Concierto Para Delinquir Agravado No. 2011-00049 el 21 de marzo de 2012, en interrogatorio, lo que afirmó el ahora demandante se presentó de la siguiente manera:
“… Seguidamente se le concede el uso de la palabra a la señora fiscal quien sea interrogar al sindicado, PREGUNTADO: Usted aclaró en una de sus respuestas que conoce o conoció al Gordo pelle, desde niño, que hasta ahora es que sabe que se llama JOSE GREGORIO COTES VALETA, usted lo aclaró, díganos si entre usted y el Gordo pelle, existió desde joven alguna animadversión o discusión. CONTESTO: Nunca hemos tenido ningún problema, sencillamente a mí en el 2008, recibí una llamada de el donde me exigía la suma de $5.000.000 de pesos queriéndome sobornar que nos habíamos quedado con la plata de mi hermano, puras amenaza, que el sabía que mi hermano era narcotraficante, que mi hermano era uno de la mano derecha el señor Hernán Giraldo, que todo el mundo lo sabía y como a mi hermano el señor Hernán Giraldo le ha echado una cantidad de cosa , cosa que tuvieras que ver con algo nos hubieran vinculado a esto. Qué si no le daba los $5.000.000 millones de pesos me echaba pa lante y yo le respondí que hablara lo que le diera la gana y yo siempre me he destacado por ser una persona trabajadora y entonces le cambie de número y no le di importancia dicha amenazas. Porque no tengo secretos con nadie. PREGUNTADO: puso usted en conocimiento de la autoridad esas amenazas que le decía el Gordo Pelle. CONTESTO: Doctora eso fue una sola llamada y yo no le di importancia a eso" (...).
De acuerdo a lo referido por el Juez Penal, para este Tribunal resulta claro que demandante admitió en su indagatoria que el señor JOSE GREGORIO COTES VALETA lo amenazó de muerte si no lo le entregaba una suma de dinero y que el ahora demandante omitió su deber legal de denunciar ante la autoridad competente porque no les dio importancia a dichas amenazas.
Para la Sala no cabe duda, que el entonces sindicado, admitió que le restó relevancia a las exigencias económicas efectuadas vía telefónica y que no realizó el respectivo denuncio ante la Fiscalía General de la Nación de lo que resulta que el actor no desplegó las medidas necesarias en razón de las amenazas recibidas en su contra, lo que en sí mismo, permitió que no se controvirtieran los elementos de prueba que el ente investigador tuvo para acreditar la medida de aseguramiento, sin que aquella se encontrare menoscabando el ordenamiento jurídico y en especial la garantías superiores del actor.
Lo anterior, propició que los señalamientos realizados por el señor José Gregorio Cates Valeta tuvieran valoración probatoria y fueran fundamentales Para su vinculación al proceso penal, es decir que si el hoy demandante hubiera denunciado penalmente al señor José Gregorio, se pudo haber ejercido la acción penal por parte de la Fiscalía General de la Nación y dejar sin acervo probatorio para proferir medida de aseguramiento y resolución de acusación en su contra, evitando su privación de libertad por el tiempo que estuvo recluido en el centro carcelario.
Al observarse con detenimiento el fallo absolutorio de primera instancia, se desciende a la conclusión de que no se logró probar en contra del señor Olver Carvajal que el mismo hubiere participado en los hechos en cuales se señalaba de participar en actividades ilícitas, así la cosas, la imposibilidad de probar que el señor Carvajal haya actuado en condiciones de tiempo, modo y lugar específico y concreto luego entonces, al aplicarse el principio universal del In Dubio Pro Reo resultó absuelto.
En el caso concreto, la Sala Considera que pese a que se dictó sentencia absolutoria en primera instancia a favor del señor Olver Carvajal, este hecho no configura, automáticamente, la responsabilidad del Estado, habida cuenta que no se puede desconocer, que el entonces indiciado, omitió la obligación constitucional y legal de denunciar cuando tenía conocimiento acerca de conductas delictivas, más aún, si se tiene en cuenta que quien presuntamente lo amenazó luego sería testigo clave para sindicarlo de participar en actividades al servicio de un grupo al margen de la ley. De todas maneras, pese a que no se logró probar la responsabilidad penal, si le permitió a la Fiscalía tener un sustento legitimo a luz del sistema jurídico para privar de la libertad al señor Carvajal Parra.
En ese orden de ideas, es claro que la medida de aseguramiento impuesta al señor Olver Carvajal se encontró ajustada a la normativa vigente a la época; motivo por el cual la Fiscalía General de la Nación contó con tres testimonios que indicaban que el hoy demandante pertenecía a un grupo delincuencial y que se encargaba del manejo del narcotráfico en la troncal del caribe; motivos que a juicio de este Tribunal, le brindaron legalidad a la medidas restrictivas de la libertad proferida, más aun, cuando el hoy accionante abandonó su deber de manifestarle a las autoridades competentes, las llamadas extorsivas que contra él se habían realizado por parte de uno de los testigos en su contra, evidenciando así una falta de diligencia del actor frente a la defensa de su propios intereses.
Para este Tribunal es claro, que frente a lo sustentado por el Juez Penal, puede que no haya existido transgresión de bien jurídico tutelado de concierto para delinquir agravado, toda vez que no se pudo comprobar la participación del actor en el punible que se le imputó, habida cuenta que a la hora de proferir sentencia no se encontró lo certeza de los supuestos imputados al actor aunque, empero, en el expediente quedó demostrado, que el aquí accionante abandonó todo lo referente a la denuncia penal o de poner en conocimiento ante las autoridades competentes para que desplegaron (sic) las actividades necesarias y evitar en el futuro, que quien en un principio fungía como sujeto activo de un punible, mutara a un testigo estelar en el proceso penal seguido contra Carvajal Parra. […]
En ese orden, de acuerdo las providencias judiciales precitadas, se encuentra probado que el señor Olver Carvajal Parra nunca durante la duración (sic) del proceso penal en su contra, desplegó su deber de denunciar las amenazas de muerte en su contra, estando en la obligación de hacerlo, por el contrario, aseguró que solo fue una llamada y que no le dio importancia a eso, lo que en efecto hubiere controvertido los testimonios de base que tuvo el ente acusador para proferir medida de aseguramiento en su contra, específicamente, el del señor alias Mono Leche.
Así mismo, resulta necesario para la Sala insistir en que precisamente las particularidades del asunto y teniendo en cuanta la gravedad de los cargos imputados, es claro que a la autoridad judicial, le era imperativo la imposición de la medida privativa de la libertad en centro carcelario y en consecuencia librar orden de captura en contra del demandante en atención a las declaraciones allegadas al plenario, que permitieron inferir el accionar del señor Olver Carvajal Parra en el tipo penal endilgado.
Si bien es cierto que el ahora demandante fue eximido de responsabilidad Penal por encontrar el Juez de conocimiento que no habían suficientes elementos materiales probatorios para encontrar la responsabilidad de las conductas de las cuales era acusado y en consecuencia, fue absuelto por aplicación de la figura del in dubio pro reo, lo anterior no implica que se configure la responsabilidad del Estado y además, se encontró acreditado que fuera la conducta de la víctima la determinante para la producción del daño alegado y por añadidura, la satisfacción de los presupuestos legales para que la entidad demandada impusiera la medida privativa de la libertad en contra del hoy demandante.
Por estas razones, la Sala revocará la sentencia de fecha 01 de junio de 2017, a través de la cual se accedió parcialmente a las súplicas de la demanda y en su lugar, se negarán las pretensiones de la demanda. […]”
Con todo, los acápites trascritos de la providencia de 3 de octubre de 2018 no evidencian una contradicción con las reglas jurisprudenciales decantadas en la sentencia de unificación de 15 de agosto de 2018 que el actor alega desconocida.
En efecto, en cumplimiento del deber de evaluar si quien fue privado de la libertad actuó con culpa grave o dolo y con ello dio lugar a la imposición de la medida de aseguramiento de detención preventiva, el Tribunal Administrativo del Magdalena concluyó que la conducta del señor Carvajal Parra fue manifiestamente negligente al no denunciar la amenaza que le hizo José Gregorio Cotes, quien luego sería testigo clave en la sindicación por participar en actividades al margen de la ley. Así, encontró probada la negligencia del demandante a partir de la consideración de que, si se hubiera realizado la denuncia, el testimonio del señor Cotes habría sido fácilmente desvirtuado, de manera tal que no hubiera existido razón para decretar la medida privativa de la libertad. Por lo mismo, el Tribunal estimó que, al no existir ninguna circunstancia que desvirtuara la acusación que José Gregorio Cotes formuló en contra del actor, no existía razón para que la Fiscalía General se abstuviera de imponer la medida de aseguramiento, mucho menos teniendo en cuenta la gravedad de los cargos que se le imputaban al actor.
Así las cosas, no es cierto que la sentencia acusada haya omitido analizar si la conducta del actor se enmarcaba dentro del supuesto de culpa grave o dolo desde el punto meramente civil. Por el contrario, fue gracias a estudio de la conducta del actor que calificó de negligente su actuación y arribó conclusión que es contraria a sus intereses.
En esa medida, la Sala concluye que no se configuró el desconocimiento del precedente alegado, toda vez que la sentencia cuestionada, desfavorable a los intereses de la parte actora, es producto de la aplicación de las normas que regulan la responsabilidad extracontractual del Estado por privación injusta de la libertad y de las reglas jurisprudenciales llamadas a regir el asunto, y obedece a un criterio de interpretación racional adoptado por parte del juez de instancia, en consecuencia de la autonomía judicial consagrada en el artículo 228 de la Constitución Política.
Además, debe destacarse que tanto en la sentencia de unificación de 15 de agosto de 2018 que el actor invoca desconocida, como en el fallo de 3 de octubre de 2018, se negaron las pretensiones de indemnización de los demandantes ante la configuración del eximente de responsabilidad de la culpa exclusiva de la víctima, circunstancia que refuerza la tesis de la inexistencia del desconocimiento del precedente que se alega.
Así las cosas, en vista de que en el presente caso no se observa una arbitrariedad que represente un ejercicio irracional de la función judicial encomendada a la autoridad judicial accionada, no se encuentra demostrada la vulneración a los derechos fundamentales invocados por la parte actora.
En consecuencia, la Sala revocará la sentencia de 14 de marzo de 2019 por medio de la cual la Subsección “A” de la Sección Tercera de esta Corporación declaró improcedente la acción de tutela y, en su lugar, negará el amparo de los derechos fundamentales invocados por el actor en consideración a que la providencia de 3 de octubre de 2019 no incurrió en el defecto por desconocimiento del precedente alegado.
En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la Ley,
FALLA:
PRIMERO: REVOCAR la sentencia proferida el 14 de marzo de 2019 por la Subsección A de la Sección Tercera de esta Corporación y, en su lugar, NEGAR el amparo del derecho fundamental a la igualdad invocado por Olver Carvajal Parra, de conformidad con las razones expuestas en la parte motiva de esta providencia.
SEGUNDO: REMITIR el expediente a la Honorable Corte Constitucional para su eventual revisión, dentro de los diez (10) días siguientes a la ejecutoria de esta providencia.
Se deja constancia que la anterior providencia fue leída, discutida y aprobada por la Sala en la sesión de la fecha.
CÓPIESE, NOTIFÍQUESE, COMUNÍQUESE Y CÚMPLASE.
OSWALDO GIRALDO LÓPEZ NUBIA MARGOTH PEÑA GARZÓN
Presidente
HERNANDO SÁNCHEZ SÁNCHEZ ROBERTO AUGUSTO SERRATO VALDÉS
Folio 17 del cuaderno principal.
Folio 94, reverso, del cuaderno principal.
Folio 95 del cuaderno principal.
Folio 97 del cuaderno principal.
Folio 63 del cuaderno principal.
Corte Constitucional, Sentencia C-590 de 2005, MP: Jaime Córdoba Triviño
Corte Constitucional, Sentencia SU172 de 2015, MP: Gloria Stella Ortiz Delgado.
Sentencia T-173 de 1993. M.P. José Gregorio Hernández Galindo.
Esta exigencia se deriva del requisito general de procedencia de la acción de tutela contra decisiones judiciales, contemplado en el literal a) del fundamento jurídico 24 de la sentencia C-590 de 2005.
En España por ejemplo, de tiempo atrás, esta es una carga del demandante, avalada por el Tribunal Constitucional, contenida en el último requisito establecido en numeral 1 del artículo 49 (“la demanda justificará la especial trascendencia constitucional del recurso”) y en el literal a) del numeral 1 del artículo 50 (“el contenido del recurso justifique una decisión sobre el fondo por parte del Tribunal Constitucional en razón de su especial trascendencia constitucional, que se apreciará atendiendo a su importancia para la interpretación de la Constitución, para su aplicación o para su general eficacia, y para la determinación del contenido y alcance de los derechos fundamentales”) de la Ley Orgánica del Tribunal Constitucional (LOTC), respecto de la procedencia de la acción de amparo en general y, en particular, contra providencias judiciales.
Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso Administrativo. Sentencia de 5 de agosto de 2014. Rad.:11001-03-15-000-2012-02201-01 (IJ). Actora: Alpina Productos Alimenticios S.A.; M.P. Jorge Octavio Ramírez Ramírez.
Corte Constitucional, sentencia C-756 del 2008.
Ibídem.
Folio 4 del cuaderno principal.
“ARTICULO 90. El Estado responderá patrimonialmente por los daños antijurídicos que le sean imputables, causados por la acción o la omisión de las autoridades públicas. En el evento de ser condenado el Estado a la reparación patrimonial de uno de tales daños, que haya sido consecuencia de la conducta dolosa o gravemente culposa de un agente suyo, aquél deberá repetir contra éste.”
Folio 12 del cuaderno principal.
Sentencia T-248/18.
Corte Constitucional, sentencia C-571 de 2017, M.P.: Alejandro Linares Cantillo.
Corte Constitucional, sentencia T-062 de 2013, M.P.: Luis Ernesto Vargas Silva.
Sentencia del cinco (5) de agosto de 2014, Consejero Ponente: Jorge Octavio Ramírez Ramírez, Radicado No. 11001-03-15-000-2012-02201-01, Demandante: Alpina Productos Alimenticios S.A., Demandado: Consejo de Estado, Sección Primera.
Sentencia T-1033 de 2012.
Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera. Sentencia de 15 de agosto de 2018, radicado: 66001-23-31-000-2010-00235-01(46947), C.P.: Carlos Alberto Zambrano Barrera.
Ibídem.
Folios 59 a 65 del cuaderno principal.
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