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Consejo de Estado · Sección Tercera

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Tercera, radicado 11001-03-15-000-2019-00461-00

Acción de tutela contra providencia judicial: sentencia de segunda instancia que negó pretensiones

Fecha
25 de febrero de 2019
Consejero ponente
Jaime Enrique Rodríguez Navas (e)
Citada por
12 providencias

01Lo que resolvió

Ficha de la providencia

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Tercera, radicado 11001-03-15-000-2019-00461-00

Consejo de Estado · Sección Tercera

Parte resolutiva

FALLA PRIMERO: NEGAR el amparo constitucional solicitado por María Nelly Torres de Gutiérrez por las razones expuestas en la parte motiva de esta providencia. SEGUNDO: NOTIFICAR la presente decisión a los interesados por el medio más expedito. TERCERO: ENVIAR a la Corte Constitucional para su eventual revisión.

02Texto de la providencia

República de Colombia

Consejo de Estado

Sección Tercera

Radicado 11001-03-15-000-2019-00461-00

Consejero ponente: Jaime Enrique Rodríguez Navas (e)

25 de febrero de 2019

ACCIÓN DE TUTELA CONTRA PROVIDENCIA JUDICIAL - Sentencia de segunda instancia que negó pretensiones / MEDIO DE CONTROL DE NULIDAD Y RESTABLECIMIENTO DEL DERECHO - Reliquidación pensión de jubilación / BENEFICIARIO DEL RÉGIMEN DE TRANSICIÓN PENSIONAL - De la Ley 100 de 1993 / INGRESO BASE PARA LA LIQUIDACIÓN DE LA PENSIÓN DE JUBILACIÓN - No es un aspecto sujeto al régimen de transición pensional / FACTORES DE LIQUIDACIÓN DE LA PENSIÓN DE JUBILACIÓN - Aquellos objeto de aporte / DESCONOCIMIENTO DEL PRECEDENTE - Inexistencia / APLICABILIDAD DEL PRECEDENTE JURISPRUDENCIAL - Expuesto por la Corte Constitucional en las sentencias C-258 de 2013, SU-230 de 2015 y SU-427 de 2016 / AUSENCIA DE VULNERACIÓN DE DERECHOS

[P]ara la Sala es claro que el Tribunal accionado negó la reliquidación pensional [de la actora] con fundamento en las sentencias C – 258 de 2013, SU -230 de 2015 y SU – 427 de 2016 según las cuales el régimen de transición únicamente comprende los conceptos de edad, monto y semanas de cotización y excluye el IBL. En este sentido, la Sala observa que ante la diferencia de criterios fijados por el Consejo de Estado y la Corte Constitucional, el Tribunal accionado adoptó el que consideró apropiado, haciendo uso de su libertad de interpretación y su autonomía judicial reconocida en los artículos 228 y 230 de la Constitución Política, de la cual se desprende su facultad para apartarse de los fallos de sus superiores o adoptar una de las tesis cuando sobre el mismo asunto versen diversas posiciones, siempre y cuando su decisión se encuentre motivada de manera clara, explicita y suficiente como ocurre en el caso bajo examen. En ese orden de ideas, la Sala considera que el Tribunal Administrativo de Cundinamarca no vulneró los derechos que le asisten a [la actora], toda vez que no incurrió en desconocimiento del precedente, pues adoptó la decisión con fundamento en la interpretación que le permitía la autonomía judicial como la correcta respecto a los factores salariales que debía aplicar para la liquidación de las pensiones de las personas beneficiarias del régimen de la Ley 33 de 1985. La autoridad demandada no incurrió en desconocimiento del precedente judicial del Consejo de Estado, toda vez que ante la disparidad de criterios sobre el mismo asunto, decidió acoger una de las posiciones desarrolladas al respecto por las Altas Cortes. En virtud de lo anterior, la Subsección en sede de tutela procede a negar el amparo solicitado por [la actora] por las razones aquí expuestas.

FUENTE FORMAL: CONSTITUCIÓN POLÍTICA - ARTÍCULO 228 / CONSTITUCIÓN POLÍTICA - ARTÍCULO 230 / LEY 100 DE 1993 - ARTÍCULO 21 / LEY 100 DE 1993 - ARTÍCULO 36

NOTA DE RELATORÍA: Aclaración de voto del consejero Guillermo Sánchez Luque, sin medio magnético a la fecha (abril 05 de 2019)

CONSEJO DE ESTADO

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCIÓN TERCERA

SUBSECCIÓN C

Consejero ponente: JAIME ENRIQUE RODRÍGUEZ NAVAS (E)

Bogotá, D.C., veinticinco (25) de febrero de dos mil diecinueve (2019)

Radicación número: 11001-03-15-000-2019-00461-00(AC)

Actor: MARÍA NELLY TORRES DE GUTIÉRREZ

Demandado: TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DE CUNDINAMARCA.

Asunto: Acción de Tutela – sentencia de primera instancia.

Tema: Acción de tutela contra providencia judicial

Subtema: Requisito especifico – desconocimiento del precedente.

Sentencia: Declara improcedente la acción de tutela por cuanto no se desconoció el precedente jurisprudencial.

La Sala decide la acción de tutela interpuesta por María Nelly Torres de Gutiérrez en contra del Tribunal Administrativo de Cundinamarca de acuerdo con el Decreto 1983 de 2017.

I. SINTESIS DEL CASO

La petición ante ejerció acción de tutela en contra de la Sección Segunda del Tribunal Administrativo de Cundinamarca con el objeto de que se amparen sus derechos fundamentales a la seguridad social, vida digna, mínimo vital, debido proceso e igualdad, los cuales consideró vulnerados con la providencia proferida el ocho (08) de agosto de dos mil dieciocho (2018) por medio de la cual resolvió revocar la sentencia de primera instancia y en su lugar negar las pretensiones de la demanda de nulidad y restablecimiento del derecho presentada por María Nelly Torres de Gutiérrez en contra de la Administradora Colombiana de Pensiones.

II. ANTECEDENTES

2.1.- La solicitud de amparo constitucional.

María Nelly Torres de Gutiérrez actuando en nombre propio y mediante apoderado judicial interpuso acción de tutela en contra de la Sección Segunda del Tribunal Administrativo de Cundinamarca, el primero (01) de febrero de dos mil diecinueve (2019) en la que solicitó:

“1.- AMPARAR los derechos a la seguridad social, vida digna y mínimo vital de las personas de la tercera edad, derechos adquiridos y expectativas legítimas, principio de seguridad jurídica, favorabilidad laboral e inescindibilidad de la ley, debido proceso y derecho a la igualdad procesal de la señora María Nelly Torres de Gutiérrez.

2.- ORDENAR al Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Segunda – Subsección C en amparo a los derechos enunciados, revocar la sentencia proferida el 08 de agosto de 2018 que revocó la sentencia de primera instancia y en su lugar negó las pretensiones de la demanda y en consecuencia ordene re liquidar la pensión de mi asistida teniendo en cuenta el equivalente al 75% de los factores salariales devengados en el año inmediatamente anterior a la fecha de retiro efectivo, es decir, desde el 01 de junio de 2002 hasta el 31 de mayo de 2003”.

2.2.- Hechos

La solicitud de tutela se sustentó en los siguientes hechos:

2.2.1.- María Nelly Torres de Gutiérrez presentó demanda de nulidad y restablecimiento del derecho contra la Administradora Colombiana de Pensiones – Colpensiones, en la que solicitó la nulidad parcial de la Resolución No. GNR 62895 del veintiséis (26) de febrero de dos mil dieciséis (2016) por medio de la cual se reliquidó la pensión de jubilación de la actora, pero se negó la inclusión de todos los factores salariales devengados en el último año de servicios; y la Resolución No. VPB 22000 del diecisiete (17) de mayo de dos mil dieciséis (2016) por medio de la cual se confirmó el acto administrativo anterior.

2.2.2.- El Juzgado Veinte (20) Administrativo del Circuito de Bogotá conoció de la acción en primera instancia y resolvió acceder a las pretensiones de la demanda y en consecuencia ordenó la reliquidación de la pensión de jubilación de la accionante con la inclusión de todos los factores salariales del último año de servicios además de los ya reconocidos, en audiencia celebrada el veintiocho (28) de junio de dos mil diecisiete (2017).

2.2.3.- Acto seguido, la parte demandada y la hoy recurrente interpusieron recursos de apelación en contra de la anterior decisión, los cuales fueron conocidos por la Sección Segunda del Tribunal Administrativo de Cundinamarca, quien resolvió revocar la sentencia de primera instancia y en su lugar negar las pretensiones de la demanda con fundamento en las sentencias “C – 258 de 2013, SU – 230 de 2015 y SU -427 de 2016” según las cuales “el ingreso base de liquidación de la pensión debe realizarse según las prescripciones establecidas en la Ley 100 de 1993 y el Decreto 1158 de 1994, situación que a todas luces resulta desproporcionada y violatoria de los derechos fundamentales de mi asistida”.

2.3.- Fundamentos de la solicitud de amparo constitucional.

El tutelante expuso que la entidad demandada vulneró sus derechos fundamentales a la seguridad social, vida digna, mínimo vital, debido proceso e igualdad y se desconocieron los principios de favorabilidad laboral e inescindibilidad de la ley, con la decisión adoptada, el ocho (08) de agosto de dos mil dieciocho (2018), en la que se desconoció el precedente de la Jurisdicción Contenciosa Administrativa.

En este sentido, la recurrente alegó:

2.3.1.- El Tribunal Administrativo de Cundinamarca desconoció la sentencia de unificación proferida por la Sección Segunda del Consejo de Estado el cuatro (04) de agosto de dos mil diez (2010), dentro del radicado No. 2006-07509, según la cual para liquidar las pensiones de los servidores públicos amparados con el régimen de transición se deben tener en cuenta la totalidad de los factores salariales devengados durante el último año de servicio.

2.3.2.- El Ad quem, al resolver el recurso de alzada, tuvo en cuenta los criterios de las sentencias C-258 de 2013, SU-230 de 2015 y SU-427 de 2016 de la Corte Constitucional que, a su juicio, no son aplicables al caso sub judice, debido a que los supuestos fácticos y jurídicos contenidos en esas decisiones, difieren de su caso particular y además porque no se puede predicar el efecto erga omnes de una de ellas.

2.3.3.- El Tribunal Administrativo de Cundinamarca si bien trajo a colación la sentencia de unificación del cuatro (04) de agosto de dos mil diez (2010), lo cierto es que se aparta de la posición allí enunciada sin una justificación razonada.

2.4.- Tramite de la acción de tutela.

2.4.1.- Esta Corporación admitió la acción de tutela mediante auto del seis (06) de febrero de dos mil diecinueve (2019) el cual fue notificado a la parte actora, a los Magistrados de la Subsección C de la Sección Segunda del Tribunal Administrativo de Cundinamarca, como entidad demandada y a la Administradora Colombiana de Pensiones – Colpensiones, como tercera interesada en el proceso.

2.4.2.- Acto seguido, la Subsección C de la Sección Segunda del Tribunal Administrativo de Cundinamarca y la Administradora Colombiana de Pensiones – Colpensiones presentaron escrito de contestación a la tutela en la que consideraron que la solicitud de amparo constitucional es improcedente.

III. CONSIDERACIONES

3.1.- Competencia

Esta Sala es competente para conocer de la acción de tutela interpuesta por María Nelly Torres de Gutiérrez en contra de la providencia proferida por la Subsección C de la Sección Segunda del Tribunal Administrativo de Cundinamarca, de conformidad con lo establecido en el numeral octavo del artículo 2.2.3.1.2.1.del Decreto 1069 de 2015 “Por el cual establece reglas para el reparto de la acción de tutela”, modificado por el Decreto 1983 de 2017 y el Acuerdo de Sala Plena del Consejo de Estado No. 377 del 11 de diciembre de 2018 “Por medio del cual se modifica el reglamento del Consejo de Estado”.

3.2.- Problemas jurídicos.

3.2.1.- La Sala procede a decidir si la Subsección C de la Sección Segunda del Tribunal Administrativo de Cundinamarca vulneró los derechos fundamentales a la seguridad social, vida digna, mínimo vital, debido proceso e igualdad de María Nelly Torres Gutiérrez al negar las pretensiones de la demanda de nulidad y restablecimiento del derecho instaurada por éste en contra de la Administradora Colombiana de Pensiones – Colpensiones.

3.2.2.- En virtud de lo anterior, la Sala determinará si la solicitud de amparo cumple los requisitos generales de la tutela contra providencia judicial.

3.2.3.- De ser así, la Sala verificará si la Subsección C de la Sección Segunda del Tribunal Administrativo de Cundinamarca vulneró los derechos fundamentales invocados por la tutelante al desconocer el precedente de esta Corporación previsto en la sentencia de unificación del cuatro (04) de agosto de dos mil diez (2010), según la cual las pensiones de las personas cobijadas por el régimen de transición se deben liquidar teniendo en cuenta todos los factores salariales devengados durante el último año de servicios.

3.3.- Consideraciones sobre los problemas jurídicos - Procedencia de la acción de tutela contra providencias judiciales.

Esta Corporación reconoció, en sentencia de unificación del cinco (05) de agosto de dos mil catorce (2014), que la acción de tutela procede de manera excepcional, contra providencias judiciales en aquellos casos en que se vulnerado un derecho fundamental y siempre que se cumplan de manera estricta los siguientes parámetros fijados por la Corte Constitucional en sentencia C - 590 de dos mil cinco (2005), a saber:

Requisitos generales: (i) Que el actor indique los hechos y las razones en que se fundamenta la acción; (ii) que el accionante haya utilizado todos los mecanismos judiciales ordinarios y extraordinarios a su alcance para la protección de sus derechos fundamentales (subsidiariedad); (iii) que la acción se haya interpuesto en un término prudencial (inmediatez); (iv) que el asunto sea de evidente relevancia constitucional; y (v) que no se trate de una decisión proferida en sede de tutela.

Ahora bien, si el juez de tutela encuentra que dichos parámetros no se cumplieron, procede a declarar improcedente el amparo constitucional solicitado, pero si los mismos se encuentran reunidos procede a analizar los siguientes requisitos, con el fin de determinar si se vulneraron o no los derechos fundamentales del peticionante.

Requisitos específicos: (i) defecto orgánico que se presenta cuando el funcionario judicial que profirió la providencia impugnada, carece, absolutamente, de competencia para ello; (ii) defecto procedimental que se origina cuando el juez actuó completamente al margen del procedimiento establecido; (iii) defecto fáctico que surge cuando el juez carece del apoyo probatorio que permita la aplicación del supuesto legal en el que se sustenta la decisión; (iv) defecto material o sustantivo como son los casos en que se decide con base en normas inexistentes o inconstitucionales o que presentan una evidente y grosera contradicción entre los fundamentos y la decisión; (v) defecto por error inducido que se presenta cuando el juez o tribunal fue víctima de un engaño por parte de terceros y ese engaño lo condujo a la toma de una decisión que afecta derechos fundamentales; (vi) defecto por falta de motivación que implica el incumplimiento de los servidores judiciales de dar cuenta de los fundamentos fácticos y jurídicos de sus decisiones en el entendido que precisamente en esa motivación reposa la legitimidad de su órbita funcional; (vii) defecto por desconocimiento del precedente; y (viii) defecto por violación directa de la Constitución.

Así las cosas, la acción de tutela “como mecanismo de protección inmediata de los derechos fundamentales, procede de manera excepcional para controvertir el sentido y alcance de las decisiones judiciales, siempre que (i) se cumplan los requisitos generales de procedibilidad, (ii) la decisión debatida por esta vía haya incurrido en uno o varios defectos o vicios específicos, y (iii) se determine que el vicio o defecto es de tal trascendencia que implica la amenaza o la afectación de derechos fundamentales”.

Finalmente la Sala resalta que si bien el juez de tutela se encuentra facultado para revisar las providencias judiciales, esto no lo convierte en juez de instancia, es decir no que no puede invadir la órbita de independencia y autonomía de los jueces de instancia.

3.3.1.- Requisito especifico - Desconocimiento del precedente.

La Corte Constitucional ha sostenido que el desconocimiento del precedente jurisprudencial constituye una causal de procedibilidad de la acción de tutela, en aquellos casos en los que no se omite el precedente de tipo vertical, esto es, el que deben seguir los funcionarios judiciales que están en un nivel jerárquico inferior de los órganos de cierre dentro de su respectiva jurisdicción o el horizontal que es el que deben seguir los jueces de la misma jerarquía.

Sin embargo, esta Corporación en cita de la jurisprudencia de la Corte Constitucional ha precisado que el respeto por el precedente jurisprudencial no puede ser entendido de manera absoluta, motivo por el que ha admitido la separación del mismo siempre y cuando se dé cumplimiento a los siguientes requisitos:

(i) Hacer una referencia expresa, amplia y suficiente del precedente aplicado a casos similares.

(ii) exponer las razones suficientes por las que considera que el mismo no resulta ajustado al asunto estudiado.

Por último, esta Corporación ha señalado que cuando un juez se aleja del precedente judicial sin exponer los motivos para hacerlo, tal actuación constituye una vulneración al derecho a la igualdad.

3.4.- Solución a los problemas jurídicos.

3.4.1.- Revisión de los requisitos generales de procedencia de la acción de tutela en contra de providencias judiciales en el caso concreto.

Al respecto, la Sala encuentra que la solicitud de amparo constitucional da cumplimiento a los requisitos generales de procedibilidad de la acción de tutela contra providencias judiciales, así:

3.4.1.1.- La Sala encuentra que en el caso bajo examen, María Nelly Torres de Gutiérrez indicó de forma razonable los hechos y los motivos que dieron lugar a la presunta vulneración de sus derechos fundamentales, razón por la que se da cumplimiento al requisito de la motivación.

3.4.1.2.- Se da cumplimiento al requisito de la subsidiariedad, toda vez que la sentencia objeto de tutela, esto es la proferida por el Tribunal de Cundinamarca el ocho (08) de agosto de dos mil dieciocho (2018) se dictó en el trámite de segunda instancia y contra la misma no existe ningún medio de impugnación para controvertirla ni tampoco se reúnen ninguna de las causales previstas en el artículo 250 del CPACA para la procedencia del recurso extraordinario de revisión.

3.4.1.3.- Se da cumplimiento al requisito de inmediatez, toda vez que el fallo objeto de tutela fue proferido el ocho (08) de agosto de dos mil dieciocho (2018) fue notificado el veintisiete (27) de agosto de dos mil dieciocho (2018) y la solicitud de amparo constitucional se presentó el primero (01) de febrero de dos mil diecinueve (2019), esto es, dentro del término razonable señalado por la jurisprudencia.

3.4.1.4.- El asunto goza de relevancia constitucional en la medida que se debe decidir si la autoridad judicial accionada vulneró los derechos fundamentales de la accionante, al no tener en cuenta el precedente del Consejo de Estado según el cual las pensiones de las personas cobijadas por el régimen de transición se deben liquidar teniendo en cuenta todos los factores salariales devengados durante el último año de servicio.

3.4.1.5.- No se trate de tutela contra una decisión de tutela ya que la providencia que se ataca fue dictada dentro del proceso de nulidad y restablecimiento del derecho radicado bajo el No. 2016- 000414.

.4.2.- El desconocimiento del precedente en el caso concreto.

La tutelante consideró que la Subsección C de la Sección Segunda del Tribunal Administrativo de Cundinamarca vulneró sus derechos fundamentales a la seguridad social, la vida digna, el mínimo vital, el debido proceso e igualdad al desconocer el precedente judicial fijado por la Sección Segunda del Consejo de Estado el cuatro (04) de agosto de dos mil diez (2010), según el cual las pensiones de las personas cobijadas por el régimen de transición y de la Ley 33 de 1985 se deben liquidar teniendo en cuenta todos los factores salariales devengados durante el último año de servicio.

Igualmente, María Nelly Torres de Gutiérrez indicó que la entidad demandada aplicó de manera errónea las sentencias C – 258 de 2013, SU-230 de 2015 y SU-427 de 2016, pues a su juicio la primera decisión versa sobre las pensiones que tienen origen en el artículo 17 de la Ley 4 de 1992 que trata sobre el régimen de especial (congresistas y magistrados), motivo por el que no le es aplicable; la segunda no tienen efectos erga omnes, pues se decidió sobre la situación particular de un trabajador oficial, el cual no le es aplicable, pues ella es una empleada pública; y en la tercera se analizan los casos de liquidación de pensiones en los que se puede presentar un abuso de derecho, lo cual no se configura en el asunto bajo estudio.

En virtud de lo anterior, la Sala procede para efectos de resolver el presente asunto constitucional, a abordar la forma como la Corte Constitucional y el Consejo de Estado han analizado el tema referente a la normativa que debe aplicarse para fijar el índice base de liquidación (IBL) de los beneficiarios del régimen de transición.

3.4.2.1.- Posición de la Corte Constitucional sobre los factores salariales y el IBL para liquidar las pensiones de las personas beneficiarias del régimen de transición y de la Ley 33 de 1985.

La Corte Constitucional en sentencia C - 258 de dos mil trece (2013) resolvió la demanda de inconstitucionalidad contra el régimen especial de los congresistas establecido en el artículo 17 de la Ley 4º de 1992, en el sentido de declarar inexequible la expresión “durante el último año” contenida en la norma demandada y la constitucionalidad del resto del precepto condicionado a que se entienda que las reglas sobre el ingreso base de liquidación (IBL) aplicables a todos los beneficiarios de este régimen especial, son las contenidas en los artículos 21 y 36 de la Ley 100 de 1993.

En este sentido, el Alto Tribunal Constitucional consideró que al no ser el ingreso base de liquidación (IBL) un aspecto sujeto a transición, se debe seguir la regla general del ingreso base de liquidación según la cual, la pensión se debe liquidar de acuerdo al promedio de los aportes cotizados durante los últimos años y que se encuentra contenida en los artículos 21 y 36 inciso tercero de la Ley 10 de 1993.

La Corte declarará la inexequibilidad de la expresión “durante el último año”, contenida en el primer inciso del artículo 17 de la Ley 4 de 1992. Además, teniendo en cuenta que, de un lado, la declaración de inconstitucionalidad de la expresión referida creará un vacío en materia de regla de Ingreso Base de Liquidación, y de otro, tal vacío puede conducir a una situación de inconstitucionalidad aún más grave, pues haría imposible la liquidación de las pensiones y limitaría entonces de forma absoluta el derecho a la seguridad social en pensiones de los beneficiarios del régimen especial bajo estudio, la Sala, por medio de un condicionamiento, debe establecer un criterio compatible con la Constitución dentro del respeto al margen de configuración del Legislador.

Para el efecto, la Corte acudirá a la regla general de Ingreso Base de Liquidación prevista en los artículos 21 y 36 de la Ley 100. En efecto, el artículo 36 estableció dos reglas específicas en la materia: (i) para quienes el 1° de abril de 1994, les faltara menos de 10 años para pensionarse, el IBL sería (a) “el promedio de lo devengado en el tiempo que les hiciere falta” para reunir los requisitos para causar el derecho a la pensión, o (b) el promedio de lo “cotizado durante todo el tiempo si este fuere superior, actualizado anualmente con base en la variación del Índice de Precios al consumidor, según certificación que expida el DANE”. (ii) En los demás casos, es decir, en la hipótesis de las personas a quienes el 1° de abril de 1994 les faltaban más de 10 años para reunir los requisitos de causación de la pensión, a falta de regla especial en el artículo 36 y teniendo en cuenta que el inciso segundo ibídem solamente ordena la aplicación ultractiva de las reglas de los regímenes especiales sobre edad, tiempo de cotización o servicios prestados, y tasa de reemplazo, se les debe aplicar la regla general del artículo 21 de la Ley 100 de 1993”. (Subrayado fuera de texto)

Esta posición fue reiterada por el Tribunal Constitucional en sede de revisión de tutela, mediante sentencia SU – 230 de dos mil quince (2015). En este sentido, señaló:

“Aunque la interpretación de las reglas del IBL establecidas en la Sentencia C-258 de 2013 se enmarcan en el análisis del régimen especial consagrado en el artículo 17 de la Ley 4 de 1992, con fundamento (i) en que dicho régimen vulneraba el derecho a la igualdad al conceder privilegios a una de las clases más favorecidas de la sociedad y (ii) en la medida en que el régimen especial de congresistas y magistrados contiene ventajas desproporcionadas frente a los demás regímenes especiales, ello no excluye la interpretación en abstracto que se realizó sobre el artículo 36 de la Ley 100 de 1993 en el sentido de establecer que el IBL no es un aspecto de la transición y, por tanto, son las reglas contenidas en este las que deben observarse para determinar el monto pensional con independencia del régimen especial al que se pertenezca”.

Acto seguido, la Corte Constitucional hizo referencia a cuándo debía o no aplicarse el precedente relacionado con el IBL, en sentencia T – 615 de dos mil dieciséis (2016), así:

“Lo anterior evidencia, sin ningún asomo de duda que la señora  del Río Arellano adquirió su estatus pensional antes de haber sido proferida la sentencia C-258 de 2013, dado que cumplió los requisitos exigidos para ello el 4 de junio de 2006. En ese sentido, no hay lugar a acceder a las pretensiones de la UGPP, por cuanto ello implicaría aplicar de manera retroactiva dicha providencia, lo cual no es de recibo porque, a menos que la Corte Constitucional module sus efectos, las sentencias que esta Corporación profiere deben ser aplicadas a partir del momento de su publicación.

Así las cosas, los parámetros establecidos en la sentencia C-258 de 2013, no resultan aplicables a aquellas pensiones consolidadas con anterioridad a su expedición, en razón a que constituyen derechos adquiridos, los cuales solo pueden ser modificados luego de agotar el procedimiento dispuesto en la ley para los casos en que las pensiones fueron reconocidas con abuso del derecho o sin el cumplimiento de los requisitos establecidos en la ley. Lo anterior, en plena observancia del artículo 48 Superior, según el cual en materia pensional se respetarán todos los derechos adquiridos y donde “el Estado garantizará los derechos, la sostenibilidad financiera del Sistema Pensional, respetará los derechos adquiridos con arreglo a la ley y asumirá el pago de la deuda pensional que de acuerdo con la ley esté a su cargo. Las leyes en materia pensional que se expidan con posterioridad a la entrada en vigencia de este acto legislativo, deberán asegurar la sostenibilidad financiera de lo establecido en ellas”.

En el caso concreto, el derecho pensional se causó antes de la expedición de la sentencia C-258 de 2013, por tal razón las normas y jurisprudencia utilizadas por las autoridades judiciales accionadas para ordenar la reliquidación pensional eran las que se encontraban vigentes antes de la referida sentencia”. (Subrayado fuera de texto)

Sin embargo, el Alto Tribunal Constitucional resolvió mediante auto No. 229 de diez (10) de mayo de dos mil diecisiete (2017) declarar la nulidad de la anterior decisión por cuanto consideró que el fallo objeto de la decisión no tuvo en cuenta el precedente contenido en las sentencias C – 258 de dos mil trece (2013) y SU -230 de dos mil quince (2015).

Finalmente, el Alto Tribunal Constitucional mediante sentencia SU – 395 de 2017, sostuvo:

“Vistas así las cosas, el artículo 36 de la Ley 100 de 1993 consagra un régimen de transición con el fin de salvaguardar las expectativas legítimas que pudieran verse afectadas con la creación del sistema general de seguridad social. Dicho beneficio consiste en la aplicación ultractiva de los regímenes a los que se encontraba afiliado el peticionario, pero solo en lo relacionado con los requisitos de edad, tiempo de servicios o cotizaciones y tasa de reemplazo, excluyendo el ingreso base de liquidación. Lo anterior, evita que se reconozcan pensiones con abuso del derecho, en especial, con fundamento en vinculaciones precarias derivadas de encargos que buscan distorsionar la relación entre el monto de cotización y el monto de la pensión.

8.18. A similar conclusión también se arribó en la Sentencia SU-210 de 2017 previamente referida, en el sentido de advertir que el régimen de transición previsto en el artículo 36 de la Ley 100 de 1993, está circunscrito únicamente   a los aspectos de la edad, tiempo de servicios o cotización, y el monto de la pensión, en la medida en que “lo atinente a las demás condiciones y requisitos pensionales que no estén regulados por dicho artículo, como el ingreso base  de liquidación, deben regirse por las normas contenidas en la ley, correspondientes al sistema general de pensiones”.

8.19. Con todo, no sobra agregar que la Ley 100 de 1993, al regular el régimen de transición, no estableció un derecho autónomo. Por el contrario, de acuerdo con la jurisprudencia constitucional HYPERLINK "http://www.corteconstitucional.gov.co/relatoria/2017/SU395-17.htm" \l "_ftn173" \o ""  (i) la estabilidad del régimen pensional, si bien no da lugar a un derecho adquirido, sí protege una expectativa legítima, (ii) esa especial protección se deriva no sólo de la confianza legítima a la estabilidad de las reglas pensionales, sino también del carácter progresivo  de los derechos sociales, y, por consiguiente, (iii) el Legislador solo puede reformar ese régimen, cuando la modificación se encuentre suficientemente justificada y respete criterios de razonabilidad y proporcionalidad HYPERLINK "http://www.corteconstitucional.gov.co/relatoria/2017/SU395-17.htm" \l "_ftn174" \o "" . Es por estos motivos que el propio constituyente derivado reformó (Acto Legislativo 01 de 2005) el artículo 48 Superior, debido a que el régimen de transición no es, en sí mismo, indefinido en el tiempo”. (Subrayado fuera de texto)

Igualmente, la Corte Constitucional en aquella oportunidad hizo referencia a las consideraciones expuestas en las sentencias T – 078 de 2014, SU – 230 de 2015, T – 060 de 2016, SU -427 de 2016 y SU – 210 de 2017 en donde se dejó claro que el modo de promediar la base de liquidación no puede ser la estipulada en la legislación anterior, en razón a que el régimen de transición únicamente comprende los conceptos de edad, monto y semanas cotizadas y excluye el IBL.

3.4.2.2.- Posición del Consejo de Estado sobre los factores salariales y el IBL para liquidar las pensiones de las personas beneficiarias del régimen de transición y de la Ley 33 de 1985.

En una primera etapa, la Sección Segunda del Consejo de Estado en sentencia de unificación del cuatro (04) de agosto de dos mil diez (2010), señaló que las pensiones de las personas beneficiarias del régimen de transición y de la Ley 33 de 1985 se calculaban de acuerdo con todos los factores salariales devengados durante el último año de servicios.
“De acuerdo con el anterior marco interpretativo y en aras de garantizar los principios de igualdad material, primacía de la realidad sobre las formalidades y favorabilidad en materia laboral, la Sala, previos debates surtidos con apoyo en antecedentes históricos, normativos y jurisprudenciales, a través de la presente sentencia de unificación arriba a la conclusión que la Ley 33 de 1985 no indica en forma taxativa los factores salariales que conforman la base de liquidación pensional, sino que los mismos están simplemente enunciados y no impiden la inclusión de otros conceptos devengados por el trabajador durante el último año de prestación de servicios”. (Subrayado fuera de texto)

Posteriormente, el Consejo de Estado consideró, en sentencia de unificación jurisprudencial del veinticinco (25) de febrero de dos mil dieciséis (2016), que la sentencia C-258 de 2013 no constituía precedente para extender la interpretación que allí se dispuso a la generalidad de las pensiones del régimen de transición, en tanto que los argumentos de la sentencia de constitucionalidad se limitaba al artículo 17 de la Ley 4° de 1992 y no a la interpretación de múltiples normas jurídicas en que se ha sustentado la liquidación de las pensiones del régimen de transición de los regímenes especiales del sector público.

Sin embargo, la Sección Quinta del Consejo de Estado dejó sin efectos la anterior decisión, el quince (15) de diciembre de dos mil dieciséis (2016), motivo por el que la Sección Segunda de esta Corporación nuevamente profirió sentencia, el nueve (09) de febrero de dos mil diecisiete (2017) en la que señaló que el régimen de transición de que trata el artículo 36 de la Ley 100 de 1993 debe interpretarse de manera armónica, integral y en aplicación del principio de inescendibilidad normativa.

IFinalmente, la Sala Plena del Consejo de Estado, recientemente, en sentencia de unificación del veintiocho (28) de agosto de dos mil dieciocho (2018), fijó la regla jurisprudencial sobre el IBL en el régimen de transición, en el sentido de aclarar que el IBL del inciso 3.° del artículo 36 de la Ley 100 de 1993 forma parte del régimen de transición para aquellas personas beneficiarias del mismo que se pensionen con los requisitos de edad, tiempo y tasa de reemplazo del régimen general de pensiones previsto en la Ley 33 de 1985.
Para el efecto, se fijaron dos subreglas, la primera de ellas consiste en el período que debe tenerse en cuenta al liquidar la pensión y, la segunda, en los factores que deben incluirse en el IBL para la pensión de vejez de los servidores públicos beneficiarios del régimen de transición.
Específicamente, en lo que tiene que ver con el período computable en la liquidación pensional se dijo que:
(i) Si faltare menos de diez (10) años para adquirir el derecho a la pensión, el IBL será (i) el promedio de lo devengado en el tiempo que les hiciere falta para ello, o (ii) el cotizado durante todo el tiempo, el que fuere superior, actualizado anualmente con base en la variación del IPC, según certificación que expida el DANE.

(ii) Si faltare más de diez (10) años, el IBL será el promedio de los salarios o rentas sobre los cuales ha cotizado el afiliado durante los diez (10) años anteriores al reconocimiento de la pensión, actualizados anualmente con base en la variación del índice de precios al consumidor, según certificación que expida el DANE.

Y en lo concerniente a los factores salariales se advirtió que únicamente deberán incluirse en la liquidación pensional aquellos sobre los que se hayan efectuado los aportes o cotizaciones al sistema de pensiones.
3.4.3.- Conclusión sobre las posiciones de las Altas Cortes en materia de ingreso base de liquidación.

La Sala concluye que en una etapa inicial las posiciones de la Corte Constitucional y el Consejo de Estado fueron contrarias en cuanto a los factores y el periodo a liquidar que debe cubrir el régimen de transición que establece el artículo 36 de la Ley 100 de 1993, pues para la primera, esta no incluye el ingreso base de liquidación – IBL y para el segundo, aquel si es un ítem que está cobijado por este régimen.

Sin embargo, la Subsección evidencia que el conflicto planteado fue superado con la providencia proferida por el Consejo de Estado el veintiocho (28) de agosto de dos mil dieciocho (2018) en la que fijó la regla sobre jurisprudencial sobre el IBL en el régimen de transición en el sentido de aclarar que el IBL del inciso 3º del artículo 36 de la Ley 100 de 1993 forma parte del régimen de transición.

3.4.4.- La sentencia discutida y la aplicación del precedente de la Corte Constitucional.

María Nelly Torres de Gutiérrez consideró en el escrito de tutela que el Tribunal Administrativo de Cundinamarca en la sentencia proferida el ocho (08) de agosto de dos mil dieciocho (2018) desconoció el precedente jurisprudencial señalado por el Consejo de Estado en la providencia del cuatro (04) de agosto de dos mil diez (2010) y además que aplicó de manera equivocada el precedente de la Corte Constitucional.

En este sentido, la Sala evidencia que el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Segunda, Subsección C a través del fallo del ocho (08) de agosto de dos mil dieciocho (2018) revocó la providencia proferida por el Juzgado Veinte (20) Administrativo de Oralidad del Circuito de Bogotá y en su lugar negó las pretensiones de la demanda de nulidad y restablecimiento del derecho interpuesta por la parte recurrente en contra de la Administradora Colombiana de Pensiones – Colpensiones.

Como argumento de su decisión y luego de hacer un recuento de las posiciones fijadas por la Corte Constitucional y el Consejo de Estado, el Tribunal de la referencia decidió apartarse de la posición del Alto Tribunal de lo Contencioso Administrativo por los siguientes motivos:

“Es pertinente señalar que con posterioridad a las decisiones aludidas [Sentencia T – 615 de 2016 y Auto No. 229 del 10 de mayo de 2017], no ha sido emitido por parte del Órgano de Cierre de la Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo, un pronunciamiento que defina lo relativo a la aplicación del régimen de transición contenido en el artículo 36 de la Ley 100 de 1993 que constituya precedente obligatorio al tenor de lo previsto en los artículos 10, 102 y 270 de la Ley 1437 de 2011 sobre esta materia.

Sobre el particular, se pronunció el Consejo de Estado en la sentencia del 03 de noviembre de 2017 en la cual se señaló:

“Al respecto, es menester advertir que el Consejo de Estado no ha emitido un nuevo pronunciamiento de unificación frente al tema, razón por la que no es dable imponer a las autoridades judiciales al acatamiento del fallo de 4 de agosto de 2010, en virtud de su autonomía, siempre y cuando cumplan la correspondiente carga argumentativa con el propósito de sustentar el motivo por el cual se apartan de aquel, máxime cuanto este escenario constitucional no es el apropiado para unificar criterios jurisprudenciales atañedores a asuntos ordinarios”.

La situación previamente descrita lleva a esta Sala de Decisión a acoger el precedente fijado por la H. Corte Constitucional en las sentencias C – 258 de 2013 y SU – 230 de 2015, reiterado en las sentencias SU – 427 de 2016 y SU -210 de 2017, según el cual el IBL no está sometido al régimen de transición, y por tanto, dicho aspecto se encuentra sujeto a lo dispuesto en el artículo 36 de la Ley 100 de 1993”.

Así las cosas y con fundamento en el precedente jurisprudencial señalado por la Corte Constitucional, el Tribunal Administrativo de Cundinamarca consideró en el caso bajo examen:

“Atendiendo a que la actora acreditó las exigencias requeridas para acceder al régimen de transición establecido en el artículo 36 de la Ley 100 de 1993, se desprende siguiendo el precedente fijado por la Corte Constitucional en las sentencias C – 258 de 2013 y SU - 230 de 2015, que mientras lo relativo a la edad, el tiempo de servicios o número de semanas cotizadas y la tasa de remplazo, se encuentran regulados por el régimen pensional anterior y la forma de liquidar dicha prestación se sujeta a lo dispuesto en el artículo 36 de la Ley 100 de 1993.
Ahora bien, en el escrito de demanda la parte actora solicita la reliquidación pensional, con el 75% de todos los factores salariales percibidos durante su último año de servicios, en aplicación de lo dispuesto en las Leyes 33 y 62 de 1982.

Al respecto, la Sala debe indicar que dicha pretensión no está llamada a prosperar, pues de acuerdo con lo expuesto en el acápite precedente en las pensiones reconocidas por transición, el IBL se obtiene conforme a las reglas previstas en la Ley 100 de 1993 y los factores de salario que se tienen en cuenta, son aquellos dispuestos en el artículo 1º del Decreto 1158 de 1994, ya que para efectos de la transición sólo se conservan de la normativa anterior, las condiciones de edad, tiempo y porcentaje de la base de liquidación.

Así las cosas, no le asiste razón al Juzgado de instancia, cuando en su fallo ordena la reliquidación de la pensión de la accionante con el 75% del promedio de todos los factores salariales devengados en el último año de servicios, de conformidad con lo dispuesto en la Ley 33 de 1985 y la jurisprudencia del Consejo de Estado sobre la materia, razón por la cual se impone para la Sala revocar la sentencia mencionada”.

En consecuencia, para la Sala es claro que el Tribunal accionado negó la reliquidación pensional de María Nelly Torres de Gutiérrez con fundamento en las sentencias C – 258 de 2013, SU -230 de 2015 y SU – 427 de 2016 según las cuales el régimen de transición únicamente comprende los conceptos de edad, monto y semanas de cotización y excluye el IBL.

En este sentido, la Sala observa que ante la diferencia de criterios fijados por el Consejo de Estado y la Corte Constitucional, el Tribunal accionado adoptó el que consideró apropiado, haciendo uso de su libertad de interpretación y su autonomía judicial reconocida en los artículos 228 y 230 de la Constitución Política, de la cual se desprende su facultad para apartarse de los fallos de sus superiores o adoptar una de las tesis cuando sobre el mismo asunto versen diversas posiciones, siempre y cuando su decisión se encuentre motivada de manera clara, explicita y suficiente como ocurre en el caso bajo examen.

En ese orden de ideas, la Sala considera que el Tribunal Administrativo de Cundinamarca no vulneró los derechos que le asisten a María Nelly Torres de Gutiérrez, toda vez que no incurrió en desconocimiento del precedente, pues adoptó la decisión con fundamento en la interpretación que le permitía la autonomía judicial como la correcta respecto a los factores salariales que debía aplicar para la liquidación de las pensiones de las personas beneficiarias del régimen de la Ley 33 de 1985.

En este mismo sentido, esta Corporación decidió en anteriores oportunidades:

“No puede afirmarse que el ad quem desconoció los derechos que le asisten a la parte accionante, pues su decisión la adoptó con fundamento en la interpretación que consideró era la correcta respecto a los factores salariales que debía aplicarse para las pensiones de las personas beneficiarias del régimen de la Ley 33 de 1985.

La autoridad demandada no incurrió en desconocimiento del precedente judicial del Consejo de Estado, toda vez que ante la disparidad de criterios sobre el mismo asunto, decidió acoger una de las posiciones desarrolladas al respecto por las Altas Cortes”.

En virtud de lo anterior, la Subsección en sede de tutela procede a negar el amparo solicitado por María Nelly Torres de Gutiérrez por las razones aquí expuestas.

En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado en Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, Subsección C administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley,

FALLA

PRIMERO: NEGAR el amparo constitucional solicitado por María Nelly Torres de Gutiérrez por las razones expuestas en la parte motiva de esta providencia.

SEGUNDO: NOTIFICAR la presente decisión a los interesados por el medio más expedito.

TERCERO: ENVIAR a la Corte Constitucional para su eventual revisión.

COPIESE, NOTIFIQUESE Y CÚMPLASE

JAIME ENRIQUE RODRÍGUEZ NAVAS
Presidente de Sala

GUILLERMO SÁNCHEZ LUQUE
Magistrado
Aclaración de voto Cfr. Rad. 11001-03-15-000-2018-03386-01/19

Fls.1-38 C.P
Por el cual se modifican los artículos 2.2.3.1.2.1, 2.2.3.1.2.4 y 2.2.3.1.2.5 del Decreto 1069 de 2015, Único Reglamentario del sector Justicia y del Derecho, referente a las reglas de reparto de la acción de tutela
Fls.39 C.P
Fls.1 - 38 C.P
Fls.67 C.P
Fls.68-72 C.P
Fls.73-74 C.P
Adicionándose un numeral al artículo 13 del reglamento del Consejo de Estado, en lo que se refiere a la competencia de la Sección Tercera para conocer del trámite de acciones de tutela. Consejo de Estado. Sala Plena. Sentencia de unificación del 05 de agosto de 2014. Rad. 11001-03-15-000-2012-02201-01. Corte Constitucional. Sentencia C – 590 de 08 de junio de 2005. Consejo de Estado. Sala de lo Contencioso Administrativo. Sección Quinta. Sentencia del 8 de noviembre de 2018. Rad. 11001-03-15-000-2018-02775-01(AC)
Consejo de Estado. Sala de lo Contencioso Administrativo. Sección Quinta. Sentencia del 8 de noviembre de 2018. Rad. 11001-03-15-000-2018-02775-01(AC)
Corte Constitucional. Sentencia SU-337/2017. Consejo de Estado. Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Quinta. Sentencia del 16 de agosto de 2018. Rad. 11001-03-15-000-2018-01138-01 (AC). Corte Constitucional. Sentencias T-008 de 1998, T-357 de 2005 y T-952 de 2006. “revisar una decisión judicial tildada de arbitraria, no lo convierte en juez de instancia, ni puede llevarle a sustituir a quien lo es. En efecto, el amparo constitucional constituye una confrontación de la actuación judicial con el texto superior, para la estricta verificación del cumplimiento y garantía de los derechos fundamentales, que no puede conducir a que se imponga una interpretación de la ley o una particular forma de apreciación probatoria, que se considere más acertada a la razonadamente expuesta en el proceso y en la sentencia respectiva”
Corte Constitucional. Sentencias T-446 de 2013. T-360 de 2014, T-309 de 2015 y SU – 566 de 2015
Consejo de Estado. Sala de lo Contencioso Administrativo. Sección Segunda, Subsección A. Sentencia del 9 de agosto de 2018. Rad. 11001-03-15-000-2018-02377-00(AC)
Corte Constitucional. Sentencia T -446 de 2013
Consejo de Estado. Sala de lo Contencioso Administrativo. Sección Segunda, Subsección A. Sentencia del 9 de agosto de 2018. Rad. 11001-03-15-000-2018-02377-00(AC)
ARTÍCULO 250. CAUSALES DE REVISIÓN. Sin perjuicio de lo previsto en el artículo  HYPERLINK "http://www.secretariasenado.gov.co/senado/basedoc/ley_0797_2003.html" \l "20" 20 de la Ley 797 de 2003, son causales de revisión: 1. Haberse encontrado o recobrado después de dictada la sentencia documentos decisivos, con los cuales se hubiera podido proferir una decisión diferente y que el recurrente no pudo aportarlos al proceso por fuerza mayor o caso fortuito o por obra de la parte contraria. 2. Haberse dictado la sentencia con fundamento en documentos falsos o adulterados. 3. Haberse dictado la sentencia con base en dictamen de peritos condenados penalmente por ilícitos cometidos en su expedición. 4. Haberse dictado sentencia penal que declare que hubo violencia o cohecho en el pronunciamiento de la sentencia. 5. Existir nulidad originada en la sentencia que puso fin al proceso y contra la que no procede recurso de apelación. 6. Aparecer, después de dictada la sentencia a favor de una persona, otra con mejor derecho para reclamar. 7. No tener la persona en cuyo favor se decretó una prestación periódica, al tiempo del reconocimiento, la aptitud legal necesaria o perder esa aptitud con posterioridad a la sentencia o sobrevenir alguna de las causales legales para su pérdida. 8. Ser la sentencia contraria a otra anterior que constituya cosa juzgada entre las partes del proceso en que aquella fue dictada. Sin embargo, no habrá lugar a revisión si en el segundo proceso se propuso la excepción de cosa juzgada y fue rechazada. Por la cual se dictan algunas medidas en relación con las Cajas de Previsión y con las prestaciones sociales para el Sector Público.

ARTÍCULO 17. <Artículo CONDICIONALMENTE EXEQUIBLE, apartes tachados INEXEQUIBLES> El Gobierno Nacional establecerá un régimen de pensiones, reajustes y sustituciones de las mismas para los Representantes y Senadores. Aquéllas y éstas no podrán ser inferiores al 75% del ingreso mensual promedio que, durante el último año, y por todo concepto, perciba el Congresista. Y se aumentarán en el mismo porcentaje en que se reajuste el salario mínimo legal. PARÁGRAFO. La liquidación de las pensiones, reajustes y sustituciones se hará teniendo en cuenta el último ingreso mensual promedio que por todo concepto devenguen los Representantes y Senadores en la fecha en que se decrete la jubilación, el reajuste, o la sustitución respectiva. ARTÍCULO 21. INGRESO BASE DE LIQUIDACIÓN. Se entiende por ingreso base para liquidar las pensiones previstas en esta ley, el promedio de los salarios o rentas sobre los cuales ha cotizado el afiliado durante los diez (10) años anteriores al reconocimiento de la pensión, o en todo el tiempo si este fuere inferior para el caso de las pensiones de invalidez o sobrevivencia, actualizados anualmente con base en la variación del índice de precios al consumidor, según certificación que expida el DANE. Cuando el promedio del ingreso base, ajustado por inflación, calculado sobre los ingresos de toda la vida laboral del trabajador, resulte superior al previsto en el inciso anterior, el trabajador podrá optar por este sistema, siempre y cuando haya cotizado 1250 semanas como mínimo. ARTÍCULO 36. RÉGIMEN DE TRANSICIÓN. La edad para acceder a la pensión de vejez, continuará en cincuenta y cinco (55) años para las mujeres y sesenta (60) para los hombres, hasta el año 2014*, fecha en la cual la edad se incrementará en dos años, es decir, será de 57 años para las mujeres y 62 para los hombres. (…) El ingreso base para liquidar la pensión de vejez de las personas referidas en el inciso anterior que les faltare menos de diez (10) años para adquirir el derecho, será el promedio de lo devengado en el tiempo que les hiciere falta para ello, o el cotizado durante todo el tiempo si este fuere superior, actualizado anualmente con base en la variación del Índice de Precios al consumidor, según certificación que expida el DANE. Corte Constitucional. Sentencia C – 258 del 7 de mayo de 2013. Corte Constitucional. Sentencia SU – 230 de 29 de abril de 2015
Corte Constitucional. Sentencia T – 615 de 9 de noviembre de 2016
Corte Constitucional SU – 395 de 22 de junio de 2017
Consejo de Estado. Sala de lo Contencioso Administrativo. Sección Segunda. Sentencia del 4 de agosto de 2010. Exp. 25000-23-25-000-2006-07509-01(0112-09)
Consejo de Estado. Sala de lo Contencioso Administrativo. Sección Segunda. Sentencia del 25 de febrero de 2016. Exp. 25000-23-42-000-2013-01541-01
Consejo de Estado. Sala de lo Contencioso Administrativo. Sección Quinta. Sentencia del 15 de diciembre de 2016. Exp. 1001-03-15-000-2016-01334-01. Consejo de Estado. Sala de lo Contencioso Administrativo. Sección Segunda. Sentencia del 09 de febrero de 2017. Rad. 25000-23-42-000-2013-01541-01
Consejo de Estado. Sala Plena. Sentencia del 28 de agosto de 2018. Rad. 52001-23-33-000-2012-00143 - 01
Fls.54-63 C.P
ARTICULO 228. La Administración de Justicia es función pública. Sus decisiones son independientes. Las actuaciones serán públicas y permanentes con las excepciones que establezca la ley y en ellas prevalecerá el derecho sustancial. Los términos procesales se observarán con diligencia y su incumplimiento será sancionado. Su funcionamiento será desconcentrado y autónomo. ARTICULO 230. Los jueces, en sus providencias, sólo están sometidos al imperio de la ley. La equidad, la jurisprudencia, los principios generales del derecho y la doctrina son criterios auxiliares de la actividad judicial.

Consejo de Estado. Sala de lo Contencioso Administrativo. Sección Segunda. Subsección A. Sentencia del 16 de enero de 2019. Rad. 11001-03-15-000-2018-03749-01(AC)

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Acción de Tutela – Rad.11001-03-15-000-2019-00461-00
De: María Nelly Torres de Gutiérrez
Contra: Tribunal Administrativo de Cundinamarca

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