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Consejo de Estado · Sección Primera

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Primera, radicado 11001-03-15-000-2019-00541-00

Acción de tutela contra providencia judicial

Fecha
29 de marzo de 2019
Consejero ponente
Roberto Augusto Serrato Valdés

01Lo que resolvió

Ficha de la providencia

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Primera, radicado 11001-03-15-000-2019-00541-00

Consejo de Estado · Sección Primera

Parte resolutiva

F A L L A PRIMERO: RECHAZAR POR IMPROCEDENTE la acción de tutela impetrada por la UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE GESTIÓN PENSIONAL Y CONTRIBUCIONES PARAFISCALES DE LA PROTECCIÓN SOCIAL – UGPP, en contra del TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DEL ATLÁNTICO – SALA ORAL “A”, del JUZGADO SEGUNDO ADMINISTRATIVO DEL CIRCUITO JUDICIAL DE BARRANQUILLA y del JUZGADO SÉPTIMO ADMINISTRATIVO ORAL DEL CIRCUITO JUDICIAL DE BARRANQUILLA, por las razones expuestas en esta providencia. SEGUNDO: NOTIFICAR esta providencia por el medio más expedito, en los términos del Artículo 16 del Decreto 2591 del 19 de noviembre de 1991. TERCERO: De no ser impugnada la presente sentencia, REMITIR el expediente a la Corte Constitucional para su eventual revisión, dentro de los diez (10) días siguientes a la ejecutoria de esta providencia, de conformidad con el artículo 31 del Decreto Ley No. 2591 de 1991.

02Texto de la providencia

República de Colombia

Consejo de Estado

Sección Primera

Radicado 11001-03-15-000-2019-00541-00

Consejero ponente: Roberto Augusto Serrato Valdés

29 de marzo de 2019

ACCIÓN DE TUTELA CONTRA PROVIDENCIA JUDICIAL / IMPROCEDENCIA DE LA ACCIÓN POR INCUMPLIMIENTO DE LOS REQUISITOS DE SUBSIDIARIEDAD E INMEDIATEZ / RECURSO DE APELACIÓN - Se encuentra en trámite en el proceso ordinario

[C]abe concluir para la Sala que la presente acción de tutela no cumple con los requisitos atinentes a la inmediatez y a la subsidiariedad; habida cuenta de la tardanza y/o demora por parte del extremo actor para efectos de controvertir las decisiones calendadas el 18 de junio de 2009, 25 de enero de 2018 y 3 de mayo de 2018, por una parte, y de otra, la falta de pronunciamiento en cuanto al recurso de alzada interpuesto por la UGPP, respecto del proveído atacado del 6 de julio del 2018. (…). Así las cosas, la Sala considera que el incumplimiento de la subsidiariedad y de la inmediatez como requisitos generales de procedibilidad de la acción de tutela contra providencias judiciales, impide continuar con el análisis de fondo respecto de los argumentos planteados por la accionante y, por lo tanto, se rechazará por improcedente la solicitud de amparo constitucional presentada por la UGPP (…).

FUENTE FORMAL: CONSTITUCIÓN POLÍTICA - ARTÍCULO 86 / DECRETO 2591 DE 1991

CONSEJO DE ESTADO

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCIÓN PRIMERA

Consejero ponente: ROBERTO AUGUSTO SERRATO VALDÉS

Bogotá, D. C., veintinueve (29) de marzo de dos mil diecinueve (2019)

Radicación número: 11001-03-15-000-2019-00541-00(AC)

Actor: UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE GESTIÓN PENSIONAL Y CONTRIBUCIONES PARAFISCALES DE LA PROTECCIÓN SOCIAL (UGPP)

Demandado: TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DEL ATLÁNTICO – SALA ORAL “A” Y OTROS

La Sala decide la acción de tutela interpuesta por la Unidad Administrativa Especial de Gestión Pensional y Contribuciones Parafiscales de la Protección Social – UGPP, por intermedio de apoderado judicial, en contra del Tribunal Administrativo del Atlántico - Sala Oral A, del Juzgado Segundo Administrativo del Circuito Judicial de Barranquilla y del Juzgado Séptimo Administrativo Oral del Circuito Judicial de Barranquilla, con ocasión de las providencias judiciales calendadas el 18 de junio de 2009, 25 de enero de 2018, 3 de mayo de 2018 y 6 de julio de la misma anualidad, dictadas por las mentadas autoridades judiciales.

LA SOLICITUD DE TUTELA

La UGPP promovió acción de tutela en contra del Tribunal Administrativo del Atlántico - Sala Oral A, del Juzgado Segundo Administrativo del Circuito Judicial de Barranquilla y del Juzgado Séptimo Administrativo Oral del Circuito Judicial de Barranquilla, con miras a obtener la protección de sus derechos constitucionales fundamentales al debido proceso y al acceso a la administración de justicia, en conexidad con el principio de sostenibilidad financiera del sistema pensional (previstos en los artículos 29, 228 y 229 de la Carta Superior), los cuales consideró vulnerados con ocasión de las decisiones judiciales adoptadas el 18 de junio de 2009, 25 de enero de 2018, 3 de mayo de 2018 y 6 de julio de la misma anualidad, proferidas en el proceso ordinario de nulidad y restablecimiento del derecho No. 08001-33-31-002-2008-00203-00, en el trámite del recurso extraordinario de revisión y el recurso de súplica con radicación No. 08001-23-33-000-2017-01361-00 y en el proceso ejecutivo No. 08001-33-33-007-2016-00246-00; y dentro de las cuales se ordenó al extinto y liquidado Cajanal (hoy UGPP): i) abstenerse de seguir descontando de la pensión gracia de la señora Ángela Marimón de Jiménez Vergara el 12% para salud y devolverle todas las sumas descontadas desde el reconocimiento pensional, ii) rechazar el recurso extraordinario de revisión y iii) emitir sentencia ejecutiva, respectivamente.

HECHOS

De conformidad con lo expuesto por la UGPP en la demanda de amparo, los hechos que fundamentan su solicitud se contraen, en síntesis, a lo siguiente:

Señaló que, la señora Ángela Marimón de Jiménez Vergara nació el 19 de septiembre de 1950 y prestó sus servicios en el departamento del Atlántico, como supervisora, desde el 26 de octubre de 1977 hasta el 30 de diciembre de 2000. Se mantuvo en dicho cargo de supervisión y, consecuencialmente, adquirió el status de pensionada el 19 de septiembre de 2000.

Indicó que mediante Resolución 24203 del 11 de octubre de 2001, Cajanal le reconoció una pensión de gracia, en cuantía de $1.482.304.54, suma efectiva a partir del 19 de septiembre de 200; liquidación que tuvo en cuenta la asignación básica y el sobresueldo del 40% devengado entre el año 1999 y 2000.

Adujo que, posteriormente, la señora Marimón de Jiménez Vergara interpuso acción de amparo con el objeto de obtener la reliquidación pensional, la cual fue conocida por el Juzgado Quinto Penal del Circuito Judicial de Bogotá, autoridad judicial que, mediante sentencia fechada el 18 de diciembre de 2003, dispuso: i) tutelar sus derechos fundamentales a la vida digna, a la seguridad social y al debido proceso, ii) ordenar a la Caja Nacional de Previsión Social que reconociera mesada pensional equivalente al 75% de la asignación mensual, correspondiente al último año de servicios, aplicando en su integridad todos los factores salariales de acuerdo con el régimen especial del magisterio y no únicamente la asignación básica mensual y iii) prevenir a la actora para efectos de que acudiese ante la jurisdicción de lo contencioso administrativo, con la finalidad de interponer demanda dentro del término legal.

Manifestó que, a través de Resolución 4187 del 25 de febrero de 2004, la entonces Cajanal dio cumplimiento al mencionado fallo y procedió a reliquidar la pensión de gracia de la tutelante, elevando la cuantía de la misma a la suma de $1.689.958.86 M/cte.; efectiva a partir del 19 de septiembre de 2000 pero con efectos fiscales a partir del 14 de enero de 2004, y por cuatro meses más, siempre y cuando se diera inicio a la acción contenciosa. Luego, mediante Resolución 00246 del 21 de enero de 2005, la entonces Cajanal aclaró el anterior acto administrativo en el sentido de indicar que, con el mismo: i) se dio cumplimiento a un fallo de tutela y ii) resolvió un recurso de apelación en contra de un acto ficto presunto (de fecha 20 de agosto de 2003), confirmando el mismo en su totalidad, y negando con ello la reliquidación de la pensión mensual vitalicia.

Anotó que la señora Marimón de Jiménez Vergara presentó demanda, en ejercicio de la acción de nulidad y restablecimiento del derecho, y el Tribunal Administrativo del Atlántico, mediante fallo ordinario de 16 de noviembre de 2006, declaró la nulidad de las resoluciones demandadas y condenó a Cajanal a reconocer y reliquidar la pensión de gracia de la docente Marimón de Jiménez Vergara, a partir del 19 de septiembre de 2000; incluyendo los factores salariales concernientes a la prima de vacaciones, a la prima de navidad, a los sobresueldos y a los demás factores devengados durante el periodo comprendido entre los años 1999 y 2000.

Esgrimió que, mediante Resolución 002408 del 12 de octubre de 2007 y dando cumplimiento al proveído del 19 de septiembre de 2000, la entonces Cajanal re liquidó la pensión de gracia, en cuantía de $1.653.622,46; suma efectiva a partir del 19 de septiembre de 2000.

Puso de presente que, mediante oficio con radicación No. CAJ-00902013-2007 del 20 de septiembre de 2007, la tutelante solicitó a Cajanal la suspensión de los descuentos de salud en el porcentaje realizado y la devolución de dichas cotizaciones con destino a salud. Tal solicitud fue atendida y negada mediante Oficio No. GN-20059 del 16 de octubre de 2007.

Refirió que, por lo anterior, la señora Marimón de Jiménez Vergara presentó acción de nulidad y restablecimiento del derecho la cual le correspondió por reparto al Juzgado Segundo Administrativo del Circuito Judicial de Barranquilla, radicado 2008-20300. En sentencia del 18 de junio de 2009, el citado despacho judicial resolvió declarar la nulidad del Oficio No. GN-20059 del 16 de octubre de 2007 y, a título de restablecimiento del derecho, ordenó a Cajanal a suprimir el descuento que para salud dispuso en la resolución No. 24203 del 11 de octubre de 2001, en la pensión gracia de la demandante, así como también reintegrar los valores descontados por concepto de salud que afectaban la pensión percibida por la actora. Dicha sentencia quedó ejecutoriada el 9 de julio de 2009.

Acotó que, mediante Resolución No. RDP 017557 del 18 de abril de 2013, se ordenó suspender el descuento para aportes en salud de la pensión de jubilación gracia de la actora, en cumplimiento del fallo judicial de 18 de junio de 2009; a partir del 19 de septiembre de 2000 y se dio traslado al FOPEP para lo de su competencia.

Reseñó que, por medio de Resolución No. RDP 012987 del 24 de abril de 2014, se ordenó suspender el trámite de revocatoria directa de la Resolución No. RDP 017557 del 18 de abril de 2013, en razón al conflicto negativo de competencia que se presentó entre la UGPP, el Ministerio de Salud, el FOSYGA y el Ministerio del Trabajo y de la Seguridad Social.

Arguyó que, esa Unidad incoó demanda de tutela contra la providencia del 18 de junio de 2009, la cual le correspondió en primera instancia al Tribunal Administrativo del Atlántico, autoridad judicial que, a través de sentencia calendada el 2 de septiembre de 2014, resolvió declarar improcedente la acción de amparo instaurada por esa entidad. La anterior decisión fue impugnada y resuelta por el Consejo de Estado, el 13 de noviembre de 2014, en el sentido de confirmar la decisión del Tribunal de primera instancia.

Señaló que mediante Resolución No. RDP 9042 del 6 de marzo de 2015, la Unidad objetó la legalidad del fallo judicial proferido por el Juzgado Segundo Administrativo del Circuito Judicial de Barranquilla; que había ordenado abstenerse de continuar descontando los aportes para salud de la pensión de gracia que devengaba la señora Marimón de Jiménez Vergara. Dicha decisión fue apelada, y por medio de Resolución No. RDP 20919 del 26 de mayo de 2015, la UGPP resolvió el recurso elevado en el sentido de confirmar en todas sus partes la decisión del 6 de marzo de 2015.

Indicó que, al discrepar totalmente de la orden judicial impuesta por parte del Juzgado Segundo Administrativo del Circuito Judicial de Barranquilla (en su providencial del 18 de junio de 2009), inició trámite de recurso extraordinario de revisión; el cual fue rechazado por extemporáneo al operar el fenómeno jurídico de la caducidad, mediante providencia del 25 de enero de 2018 dictada por el Tribunal Administrativo del Atlántico – Sala Oral “A”. Por lo anterior, instauró recuso de súplica ante el Tribunal, autoridad judicial que, mediante auto del 3 de mayo de 2018, confirmó en todas sus partes el proveído dictado el 25 de enero de 2018.

Referenció que, por su parte, la señora Marimón de Jiménez Vergara elevó demanda ejecutiva ante el Juzgado Séptimo Administrativo Oral del Circuito Judicial de Barranquilla, autoridad judicial que, a través de auto fechado el 3 de noviembre de 2016, resolvió librar mandamiento ejecutivo en favor de la actora y en contra de la UGPP. Frente a la mentada decisión, la UGPP interpuso recurso de reposición, el cual fue resuelto por la mencionada oficina judicial por medio de proveído del 19 de enero de 2017, en el sentido de no reponer.

Esbozó que, de forma posterior, el Juzgado Séptimo Administrativo Oral del Circuito Judicial de Barranquilla profirió sentencia de fecha 6 de julio de 2018, en el interior de la causa ejecutiva con radicación 08001-33-33-007-2016-00246-01; declarando no probadas las excepciones de pago, prescripción y compensación de las obligaciones derivadas y/o impuestas en la sentencia de 18 de junio de 2009, formuladas por la Unidad, y ordenó seguir adelante con la ejecución, practicar la liquidación del crédito y, así mismo, condenó en costas a la entidad demandada. La anterior sentencia fue notificada en estrados.

Manifestó que, contra la decisión adoptada el 6 de julio de 2018 y en el curso de la misma audiencia, interpuso recurso de apelación, el cual sustentó de forma verbal y quedó registrado en medio audio visual. La alzada fue concedida por el Juzgado Séptimo Administrativo Oral del Circuito Judicial de Barranquilla, en el efecto suspensivo, y por medio de auto calendado el 10 de octubre de 2018, el Tribunal Administrativo del Atlántico – Sección “C” admitió el recurso de apelación interpuesto por el apoderado judicial de la UGPP, para efectos de darle trámite a la segunda instancia, y sostuvo que el expediente ingresó al despacho para fallo desde el 18 de febrero de 2019, sin que a la fecha se haya emitido algún pronunciamiento al respecto.

Adujo que la señora Ángela Marimón de Jiménez Vergara, se encuentra activa en nómina de pensionados, en virtud de la Resolución No. 002408 del 12 de octubre de 2007; devengando una mesada de $4.156.539,22 para el año 2019. Agregó, por último, que la obligación impuesta a la extinta Cajanal fue trasladada a la UGPP, por lo que esa Unidad, en la actualidad, está a cargo de reportar mes a mes al FOPEP el pago de la mesada pensional.

La UGPP considera que las providencias dictadas el 18 de junio de 2009, 25 de enero de 2018, 3 de mayo de 2018 y 6 de julio de la misma anualidad, proferidas por las autoridades judiciales aquí accionadas, en definitiva, son adversas a derecho, por cuanto contienen un pronunciamiento que va en contra de los postulados del ordenamiento jurídico y de la jurisprudencia; afectando gravemente los principios de sostenibilidad financiera y solidaridad del Sistema General de Seguridad Social y el debido proceso, en tanto se impartió una orden irregular reconociendo el pago de una pensión gracia sin el lleno de los requisitos de ley.

LAS PRETENSIONES

Las pretensiones principales y subsidiarias formuladas por la parte actora, fueron las siguientes:

“[…] PRINCIPALES:

Primero: Conforme a lo anterior, solicito de manera respetuosa, sean AMPARADOS los derechos fundamentales deprecados por la UGPP, en atención al desconocimiento de los principios generales de la Seguridad Social.

Segundo: Consecuentemente, DEJAR SIN EFECTOS las sentencias del Juzgado Segundo Administrativo del Circuito Judicial de Barranquilla del 18 de junio de 2009, proferida dentro de la acción de nulidad y restablecimiento del derecho radicado 08001-33-31-002-2008-00203-00; del Tribunal Administrativo del Atlántico – Sala Oral “A” del 25 de enero de 2018 y 3 de mayo de 2018, correspondientes al recurso extraordinario de revisión y súplica, respectivamente, radicado 08001-23-33-000-2017-01361-00; y finalmente la del Juzgado Séptimo Administrativo Oral del Circuito Judicial de Barranquilla del 6 de julio de 2018, proferida dentro del proceso ejecutivo con radicado 08001-33-33-007-2016-00246-00, por la flagrante configuración de la VÍA DE HECHO y el ABUSO DEL DERECHO, en razón a que contraría los postulados legales (Leyes 100 de 1993 y 812 de 2013) y jurisprudenciales (sentencias C-369 de 2004, T-359 de 2009, T-546 de 2014, T-835 de 2014 y T-581 de 2015) que fundamentan los aportes de salud de la pensión gracia y que genera un absoluto detrimento a la sostenibilidad financiera del Sistema General de Seguridad Social en Salud –SGSSS- por la evidente irregularidad sustancial en la orden impartida, pues esta pensión especial gracia no quedó exceptuada de tal obligación.

Tercero: Que como consecuencia de lo anterior se sirva ORDENAR al Tribunal Administrativo del Atlántico – Sala Oral “A”, dictar nueva sentencia ajustada a derecho, conforme con el ordenamiento jurídico aplicable a los aportes en salud sobre la pensión gracia y se disponga: i) Que los descuentos a salud que se hacen sobre pensión gracia son legales, ii) Que no se debe reintegrar valores económicos relacionados con los descuentos que se hayan aplicado por este concepto sobre dicha pensión de la cual es beneficiaria la señora ÁNGELA MARIMÓN DE JIMÉNEZ VERGARA, así como se ordene seguir con los descuentos a salud sobre dicha prestación mes a mes, dada la naturaleza de la misma.

SUBSIDIARIAS:

En caso de que no se acceda a lo anteriormente pretendido solicitamos:

Primero. Se AVALE Ia facultad utilizada por la administración de haber objetado por ilegal las sentencias del JUZGADO SEGUNDO ADMINISTRATIVO DEL CIRCUITO DE BARRANQUILLA del 18 de junio de 2009 proferida dentro de la Acción de nulidad y restablecimiento del derecho radicado 08001333100220080020300 y por ende su imposibilidad de cumplimiento lo cual se adoptó a través de acto administrativo Resolución No. 9042 del 6 de marzo de 2015 confirmada con Resolución No. RDP 20919 del 26 de mayo de 2015, ello en cumplimiento de los requisitos de la sentencia T-488 de 2016, que dispone:

“(…) una vez decretada la objeción por parte de la Administración, el juez constitucional habrá de apreciar celosamente tales elementos para precaver que el incumplimiento de decisiones judiciales se generalice, en detrimento de Ia conciencia institucional de respeto y confianza por el sistema jurídico (…)”. […]”.

TRÁMITE DE LA TUTELA

Mediante auto de 11 de febrero de 2019, se admitió la presente acción de tutela y se dispuso notificar a los magistrados del Tribunal Administrativo del Atlántico – Sala Oral A y al Juez Séptimo Administrativo Oral del Circuito Judicial de Barranquilla, con el fin de que ejercieran su derecho de defensa y contradicción. En la misma providencia se vinculó como tercero con interés en los resultados de la actuación a la señora Ángela Marimón de Jiménez Vergara.

Así mismo, y en el mismo proveído, se solicitó al Juzgado Séptimo Administrativo Oral del Circuito Judicial de Barranquilla que allegara y/o remitiera, en calidad de préstamo y con destino a la presente causa constitucional, el expediente ordinario contentivo del proceso ejecutivo con radicado 08001-33-33-007-2016-00246-00.

Las notificaciones arriba referidas, se efectuaron en debida forma y como en derecho corresponde, tal y como consta a folios 114 a 122 de la causa constitucional.

Posteriormente, y mediante proveído fechado el 28 de febrero de 2019, el Magistrado sustanciador dispuso vincular debidamente al Juzgado Segundo Administrativo del Circuito Judicial de Barranquilla.

Asi mismo, y en la misma providencia, se le ordenó que remitiera con destino al presente trámite constitucional, copia del expediente contentivo del medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho con radicación 08001-33-31-002-2008-00203-00.

Las notificaciones arriba referidas, se efectuaron en debida forma, tal y como puede observarse a folios 144 a 149 del expediente de tutela.

INTERVENCIONES

V.1. El Magistrado ponente de la decisión censurada del Tribunal Administrativo del Atlántico – Sala de Decisión “A”, rindió informe de forma oportuna, indicando, entre otros aspectos, que: “[…] una vez analizada la base de datos de este Despacho, los resultados arrojan que no existe una demanda cuya pretensión gire en punto a la revisión de la sentencia de 18 de junio de 2009, proferida por el Juzgado Segundo Administrativo del Circuito de Barranquilla, en donde funge como demandante la Sra. Ángela Marimón de Jiménez; es decir, el proceso referenciado 08001-23-33-000-2017-01361-00, no ha sido de conocimiento de la Sala […]”.

Argumentó también, en su defensa, que: “[…] Las providencias sometidas a estudio por la presunta vulneración de los derechos fundamentales del tutelante, en síntesis, se limitaron a advertir que, los supuestos fácticos y jurídicos esgrimidos no se adecuan dentro de las causales que el C.P.A.C.A. ha establecido para que proceda el recurso extraordinario de revisión y que tampoco se subsumían dentro de los requisitos que exige el artículo 20 de Ley 797 de 2003, por ello la oportunidad para interponer la demanda no es de cinco (5) años, como lo sugiere el recurrente sino de un (1) año a partir de la ejecutoria de la providencia, aplicando la cláusula general, sin perjuicio del precedente judicial de la Corte Constitucional, en tanto dicho término debe contarse a partir de que la U.G.P.P. asumió la defensa jurídica del extinto Cajanal; así se advirtió en auto de catorce (14) de septiembre de 2018, en el que se rechazó por ser inoportuna […]”.

Adujo que los pronunciamientos censurados vía constitucional, fueron ajustados a derecho y esgrimió que en las providencias tuteladas no se incurrió en vulneración de ningún tipo de derechos sustanciales o procesales; pues asegura que esa autoridad judicial actuó al tenor de las consecuencias legales que prescriben las normas en la materia. Por ello, y en su sentir, la presente acción de amparo no tiene vocación de prosperidad alguna, a la postre.

Agregó, por último, que en el presente asunto se incurre en un insistente desconocimiento de la normativa procesal, por parte de la UGPP, que regula el trámite del recurso extraordinario de revisión; por lo que solicitó que se deniegue la presente acción de tutela impetrada.

V.2. El Juez Segundo Administrativo del Circuito Judicial de Barranquilla, descorrió traslado de la acción constitucional el 14 de marzo de 2019, esbozando que había tomado posesión del cargo el día 15 de enero de 2016; razón por la cual no ostenta elementos de juicio distintos a los que ya aparecen consignados en la copia del expediente ordinario que se allegó en préstamo a esta Alta Corte.

V.3. Las demás partes demandadas y vinculadas al presente trámite constitucional, optaron por guardar silencio al interior de las presentes diligencias.

VI. CONSIDERACIONES DE LA SALA

VI.1. Competencia

Esta Sala de Decisión es competente para pronunciarse sobre la acción de tutela promovida por la Unidad Administrativa Especial de Gestión Pensional y Contribuciones Parafiscales de la Protección Social – UGPP, quien actúa por intermedio de apoderado judicial, en contra del Tribunal Contencioso Administrativo del Atlántico – Sala Oral “A”, del Juzgado Séptimo (7º) Administrativo Oral del Circuito Judicial de Barranquilla y del Juzgado Segundo (2º) Administrativo del Circuito Judicial de Barranquilla, de conformidad con lo establecido en el artículo 37 del Decreto 2591 de 19 de noviembre de 1991, en concordancia con el artículo 2.2.3.1.2.1 del Decreto 1069 de 26 de mayo de 2015, modificado por el artículo 1º del Decreto 1983 de 30 de noviembre de 2017.

VI.2. Problema Jurídico

De acuerdo a la situación fáctica planteada, a la Sala le corresponde establecer si, en primer lugar, en el sub judice se cumplen los requisitos generales de procedencia excepcional de la acción de tutela presentada en contra de una providencia judicial.

En caso afirmativo, corresponde determinar si el Tribunal Administrativo del Atlántico – Sala Oral A, el Juzgado Séptimo Administrativo Oral del Circuito Judicial de Barranquilla y el Juzgado Segundo Administrativo del Circuito Judicial de Barranquilla, con sus decisiones judiciales calendadas el 18 de junio de 2009, 25 de enero de 2018, 3 de mayo de 2018 y 6 de julio de la misma anualidad, adoptadas en el interior del proceso ordinario de nulidad y restablecimiento del derecho No. 08001-33-31-002-2008-00203-00, en el trámite del recurso extraordinario de revisión y el recurso de súplica con radicación No. 08001-23-33-000-2017-01361-00 y, además, en el proceso ejecutivo No. 08001-33-33-007-2016-00246-00 (y dentro de las cuales se ordenó al extinto y liquidado Cajanal -hoy UGPP-: a) abstenerse de seguir descontando de la pensión gracia de la señora Ángela Marimón de Jiménez Vergara el 12% para salud y devolverle todas las sumas descontadas desde el reconocimiento pensional, b) rechazar el recurso extraordinario de revisión y c) emitir sentencia ejecutiva, respectivamente): i) incurrieron en el defecto de desconocimiento del precedente fijado por la Corte Constitucional en las sentencias C-369 de 2004, T-359 de 2009, T-546 de 2014, T-835 de 2014 y T-581 de 2015; ii) vulneraron los derechos fundamentales al debido proceso y al acceso a la administración de justicia; e iii) incurrieron en abuso del derecho al impartir órdenes que afectan la sostenibilidad financiera del sistema pensional, relacionadas con la determinación del ingreso base de liquidación de las pensiones reconocidas en virtud del régimen de transición de que trata el artículo 36 de la Ley 100 de 1993.

Para tal evento, la Sala se referirá previamente: i) al defecto material o sustantivo por desconocimiento del precedente, y ii) al IBL en las pensiones reconocidas con base en el régimen de transición de la Ley 100 de 1993.

VI.3. Los requisitos generales de procedibilidad de la acción de tutela contra providencias judiciales y su análisis en el presente caso

En sentencia de 31 de julio de 2012, la Sala Plena del Consejo de Estado cambió su postura inicial y decidió asumir el estudio de fondo de las acciones de tutela dirigidas en contra de providencias judiciales violatorias de derechos fundamentales siguiendo los lineamientos dispuestos por la Corte Constitucional y su propia jurisprudencia.

Al respecto, la sentencia C-590 de 8 de junio de 2005, proferida por la Corte Constitucional, estableció los siguientes presupuestos generales y especiales para que proceda la acción de tutela en contra de decisiones judiciales:

Como requisitos generales de procedibilidad fijó: i) la relevancia constitucional del asunto; ii) el agotamiento de todos los medios de defensa judicial, salvo la existencia de un perjuicio irremediable; iii) el cumplimiento del principio de inmediatez; iv) si se trata de una irregularidad procesal, que ésta tenga efecto decisivo en la providencia objeto de inconformidad; v) la identificación clara de los hechos causantes de vulneración y su alegación en el proceso, y vi) que la acción no se dirija contra un fallo de tutela, salvo las excepciones previstas en la sentencia SU-627 de 2015.

Como requisitos especiales de procedencia del amparo, y que permiten al juez constitucional dejar sin efectos una providencia judicial, la sentencia C-590 de 2005 estableció la existencia de los siguientes defectos: orgánico, procedimental absoluto, fáctico, material o sustantivo, error inducido, decisión sin motivación, desconocimiento del precedente y violación directa de la Constitución.

De lo expuesto, la Sala advierte que, cuando el juez constitucional conoce una demanda impetrada en ejercicio de la acción de tutela y en la que se alega la vulneración de derechos fundamentales con ocasión de la expedición de una providencia judicial, en primer lugar, debe verificar la presencia de los requisitos generales y, en segundo lugar, le corresponde examinar si en el caso objeto de análisis se configura uno de los defectos especiales ya explicados, permitiéndole de esta manera “dejar sin efecto o modular la decisión” que se encaje en dichos parámetros.

Se trata, entonces, de una rigurosa y cuidadosa constatación de los presupuestos de procedibilidad, por cuanto resulta a todas luces necesario evitar que este instrumento excepcional se convierta en una manera de desconocer principios y valores constitucionales tales como los de cosa juzgada, debido proceso, seguridad jurídica e independencia judicial que gobiernan todo proceso jurisdiccional.

El criterio expuesto fue reiterado en pronunciamiento de la Sala Plena de la Corporación, en sentencia de unificación de 5 de agosto de 2014, radicado: 11001-03-15-000-2012-02201-01, Consejero Ponente, Jorge Octavio Ramírez Ramírez.

En el asunto sub examine, la Sala advierte que la acción de tutela cumple parcialmente con los requisitos generales de procedibilidad, antes mencionados, por las siguientes razones:

i) Es evidente que el tema objeto de estudio tiene u ostenta relevancia constitucional, en tanto se reclama la protección de derechos constitucionales fundamentales al debido proceso y al acceso a la justicia, toda vez que presuntamente las autoridades judiciales accionadas incurrieron en un “abuso del derecho” en conexidad con la desatención del principio de sostenibilidad financiera del sistema pensional, en relación con la determinación del ingreso base de liquidación de la pensión reconocida a la señora Ángela Marimón de Jiménez Vergara, en virtud del régimen de transición, previsto en el artículo 36 de la Ley 100 de 1993.

ii) Se identificaron los hechos que originaron la presunta afectación de las aludidas garantías constitucionales, en los que la Sala resalta que el objeto de censura lo constituyen un conjunto de decisiones contenidas en unas providencias judiciales.

iii) Las providencias objeto de amparo no fueron dictadas al interior de una acción de tutela.

Ahora bien, en relación con los requisitos de inmediatez y subsidiariedad, la Sala efectúa las siguientes consideraciones. Veamos:

En lo que al requisito y/o exigencia adjetiva concerniente a la inmediatez se refiere, la Corte Constitucional ha dicho en reiterada jurisprudencia que, dada la naturaleza preventiva de dicha acción para la protección de derechos fundamentales, se entiende que debe ser interpuesta dentro de un término razonable por el mismo hecho de que la falta de ésta atentaría contra el derecho que se pretende proteger, provocando grave afectación como consecuencia de los daños que produzca.

La observancia del principio de inmediatez cuando se presenta la acción de tutela en contra de providencias judiciales es más severa, pues entran en juego la seguridad jurídica, la cosa juzgada e, incluso, derechos de terceros. A propósito del tema la Sala estima conveniente recordar los siguientes apartes de la sentencia T-739 de 2010:

[…] En el caso específico de tutelas contra providencias judiciales, el requisito de inmediatez adquiere una connotación aún más precisa y exigente, pues el carácter excepcional de esta figura obedece precisamente a la necesidad que existe de conciliar la protección de derechos fundamentales con los principios constitucionales de seguridad jurídica y autonomía judicial, que podrían comprometerse si a la tutela si la tutela contra providencias judiciales se convierte en práctica generalizada. De ahí que la jurisprudencia de la Corte Constitucional haya sido particularmente reiterativa en considerar que el principio de inmediatez es particularmente importante cuando se trata de examinar la procedencia de tutelas contra providencias judiciales. En la citada sentencia C-590 de 2005, se afirmó que “de permitir que la acción de tutela proceda meses o aún años después de proferida la decisión, se sacrificarían los principios de cosa juzgada y seguridad jurídica ya que sobre todas las decisiones judiciales se cerniría una absoluta incertidumbre que las desdibujaría como mecanismos institucionales legítimos de resolución de conflictos.”.

No existe aún una regla vigente, formal o jurisprudencial, que de manera precisa establezca un término exacto dentro del cual se entiende cumplido el requisito de inmediatez en el caso de acciones de tutela contra providencias judiciales. Jurisprudencialmente, se han establecido algunos factores que deben ser tenidos en cuenta en cada caso concreto, para determinar la razonabilidad del lapso transcurrido entre la decisión judicial atacada y la interposición de la acción.

La Corte ha establecido que el juez de tutela, ante una solicitud de amparo contra providencia judicial debe examinar: (i) si existe un motivo válido para la inactividad de los accionantes; (ii) si la inactividad justificada vulnera el núcleo esencial de los derechos de terceros afectados con la decisión; (iii) si existe un nexo causal entre el ejercicio tardío de la acción y la vulneración de los derechos fundamentales del interesado; (iv) si el fundamento de la acción de tutela surgió después de acaecida la actuación violatoria de los derechos fundamentales, de cualquier forma en un plazo no muy alejado de la fecha de interposición.

Estos factores, ha dicho la Corte, deben valorarse en cada caso particular, con especial atención a las circunstancias y el contexto que rodean la solicitud de protección constitucional. Esta aproximación casuística al principio de inmediatez como requisito de procedibilidad ha llevado, por ejemplo, a que un lapso de seis meses entre la expedición de la providencia atacada y la interposición de la tutela se considere como excesivo y por lo tanto inconsistente con el propósito de inmediatez, pero, al mismo tiempo y con base en los mismos factores, se haya podido concluir que un lapso de dos años lo satisface. Todo depende de las circunstancias del caso concreto. La Corte ha permitido lapsos más extendidos entre la providencia atacada y la interposición de la tutela, por ejemplo, en casos de solicitudes de amparo interpuestas por personas pertenecientes a sectores sociales vulnerables, como las víctimas del desplazamiento forzoso […].

En este contexto, la Sala advierte que en el asunto sub examine no se cumple con el requisito de inmediatez para que proceda la acción de tutela, en razón a que uno de los hechos generadores de la posible vulneración de los derechos fundamentales de la UGPP, de acuerdo con el escrito de tutela, lo constituye la sentencia de 18 de junio de 2009, proferida por el Juzgado Segundo Administrativo del Circuito Judicial de Barranquilla (dentro de la acción de nulidad y restablecimiento del derecho con radicado 2008-00203-00); que fue notificada por edicto el 1 de julio de 2009 y, posteriormente, alcanzó su ejecutoria el 9 de julio de 2009. Sin embargo, la acción de tutela fue radicada el 7 de febrero de 2019, es decir, transcurrieron más de nueve (9) años, después de haberse proferido y notificado la sentencia cuestionada, lapso de tiempo que a toda vista no es razonable para instaurar este mecanismo constitucional, frente a lo cual la UGPP no efectuó ninguna justificación.

Lo mismo sucede con los proveídos censurados de fecha 25 de enero de 2018 y 3 de mayo de 2018, dictados por parte del Tribunal Administrativo del Atlántico – Sala Oral “A” (y mediante los cuales se rechazó el recurso extraordinario de revisión por haber operado el fenómeno jurídico de la caducidad y se resolvió un recurso de súplica), en tanto se evidencia que los mencionados autos fueron notificados en esa misma fecha, cobraron ejecutoria en esa misma anualidad y, por su parte y se itera, la acción de amparo tan solo fue interpuesta ante esta Corporación el 7 de febrero de 2019, tal y como puede observarse a folio 110 de la causa constitucional.

En ese orden de ideas, al verse incumplido o insatisfecho en su totalidad el requisito adjetivo atinente a la inmediatez, respecto de las providencias censuradas del 18 de junio de 2009, 25 de enero de 2018 y 3 de mayo de 2018, y ante la no justificación del motivo de la tardanza en la interposición de la acción de amparo por parte de la UGPP, se hace imposible para este juez constitucional descender al fondo del asunto.

Por otra parte, y en cuanto a la subsidiariedad que atañe a la acción de tutela, cabe reiterar que pese a tratarse de un medio de defensa preferente y sumario su carácter es eminentemente residual, esto es, que procede cuando el afectado no dispone de otro medio de defensa judicial, salvo que se pretenda evitar la ocurrencia de un perjuicio irremediable.

Al respecto, la jurisprudencia constitucional ha sido reiterativa en señalar que, esta acción constitucional no puede ser utilizada como un medio alternativo, adicional o complementario para reemplazar los medios ordinarios o extraordinarios o especiales de defensa ni desconocer los mecanismos dispuestos para controvertir las decisiones que se adopten durante su trámite.

Indica lo anterior, que el interesado debe agotar todos los medios de defensa que prevea el ordenamiento legal para la protección de sus derechos fundamentales (acción, recurso, incidente u otro mecanismo de defensa judicial cualquiera que sea su naturaleza), lo que incluye la interposición en tiempo de los recursos que determine la Ley, eventos en los que no se puede invocar el medio de amparo con la excusa de evitar un perjuicio irremediable, cuando el mismo afectado así lo ha permitido.

A manera de corolario, cabe reiterar que la acción de tutela es improcedente cuando se cuenta con otro medio de defensa judicial para la protección de los derechos o cuando teniéndolo se omite o se ejerce tardíamente, lo que constituye una causal válida para declarar su improcedencia, salvo la inminente ocurrencia de un perjuicio irremediable, caso en el cual, el amparo procederá de manera transitoria.

Frente a las acciones de tutela presentadas por la UGPP, la sentencia T-212 de 2018, proferida por la Corte Constitucional estableció las siguientes reglas:

Por regla general las acciones de tutela que pretendan controvertir providencias judiciales que ordenaron algún tipo de reconocimiento prestacional periódico con abuso del derecho, son improcedentes.

Esa improcedencia general del amparo obedece a la existencia del recurso extraordinario de revisión dispuesto en el artículo 20 de la Ley 797 de 2003, siempre y cuando se interponga dentro de la oportunidad establecida en el artículo 251 de la Ley 1437 de 2011 (cinco años contados a partir de la fecha de ejecutoria de la providencia judicial) o en la Sentencia SU-427 de 2016(cinco años contados a partir del 12 de junio de 2013, en caso de que sean providencias judiciales proferidas antes de la fecha de sucesión de la UGPP en la representación judicial de CAJANAL, o a partir de la fecha de ejecutoria).

La legitimación para interponer el recurso extraordinario de revisión por la configuración de un abuso del derecho recae, además de los sujetos establecidos en la Ley 797 de 2003, en cabeza de las administradoras de pensiones encargadas del pago de las prestaciones periódicas reconocidas de manera irregular.

Excepcionalmente, las acciones de tutela interpuestas por las administradoras de pensiones para controvertir providencias judiciales por abuso del derecho, serán procedentes si tal abuso del derecho es de carácter palmario.

Para la identificación de un abuso palmario del derecho en materia pensional debe realizar un análisis en conjunto de las diversas circunstancia presentes en los casos concretos y para el efecto se puede acudir a los criterios y pautas de interpretación fijados en las sentencias SU-427 de 2016, SU-395 de 2017 y SU-631 de 2017, relacionados con la existencias de incrementos pensionales desproporcionados, no correspondencia entre el monto de la pensión y la historia laboral, ventajas irrazonables como el desconocimiento de topes pensionales y/o vinculaciones precarias. El accionante tiene la carga de aportar la información necesaria, pertinente y conducente para establecer la existencia del abuso palmario del derecho y, así, que en el caso concreto procede excepcionalmente la acción de tutela. En todo caso, la Corte Constitucional, sus distintas Salas de Revisión y los jueces de tutela, con base en los principios de autonomía e independencia judicial, se encuentran en libertad para establecer su convencimiento sobre el caso concreto y sobre si existe o no un abuso del derecho de carácter palmario. Resaltado fuera del texto.

En los casos en los que se acredite un abuso palmario del derecho y se decida de fondo el caso se adoptarán medidas para no afectar los derechos fundamentales de los implicados en la causa, tales como establecer un período de gracia de seis meses para hacer el reajuste pensional y/o no hacer exigible el reintegro de sumas ya canceladas.

En el caso cuyo estudio nos ocupa, es preciso poner de relieve las siguientes particularidades, las cuales, impiden a todas luces que se vea satisfecho el requisito concerniente a la subsidiariedad, como a continuación pasa a explicarse.

En efecto, al tenor del material probatorio allegado a la presente causa constitucional, la Sala observa que el Juzgado Séptimo Administrativo Oral del Circuito Judicial de Barranquilla profirió sentencia de fecha 6 de julio de 2018, en el interior de la causa ejecutiva con radicación 08001-33-33-007-2016-00246-01; declarando no probadas las excepciones de pago, prescripción y compensación de las obligaciones derivadas y/o impuestas en la sentencia de 18 de junio de 2009, formuladas por la Unidad, y ordenó seguir adelante con la ejecución, practicar la liquidación del crédito y, así mismo, condenó en costas a la entidad demandada. La anterior sentencia fue notificada en estrados.

Acto seguido, y contra la decisión adoptada el 6 de julio de 2018 y en el curso de la misma audiencia, el apoderado judicial de la UGPP interpuso recurso de apelación, el cual fue sustentado de forma verbal y quedó registrado en medio audio visual. La alzada fue concedida por el Juzgado Séptimo Administrativo Oral del Circuito Judicial de Barranquilla, en el efecto suspensivo, ante el Tribunal Contencioso Administrativo del Atlántico – Sección “C”.

Así, de forma ulterior y por medio de auto calendado el 10 de octubre de 2018, se evidencia que el Tribunal Administrativo del Atlántico – Sección “C” admitió el recurso de apelación interpuesto por el apoderado judicial de la UGPP, le avocó para efectos de darle trámite a la segunda instancia, y se encuentra que el expediente ingresó al despacho para fallo desde el 18 de febrero de 2019, hasta la fecha; tal y como puede constatarse al tenor de la constancia secretarial visible a folio 159 del radicado 2016-00246-01.

En adición, y una vez consultado el Sistema de Gestión Judicial Siglo XXI, es posible observar que, el Tribunal Administrativo del Atlántico – Sección “C” (autoridad que funge como juez de segunda instancia al interior del proceso ordinario), aún no ha proferido sentencia de segunda instancia que resuelva la apelación oportunamente interpuesta por la UGPP y que, por consiguiente, ponga fin al proceso. En ese orden de ideas, la Sala puede concluir que, en definitiva, aún no se han terminado de agotar en su totalidad los mecanismos judiciales ordinarios respecto de los cuales la UGPP podía hacer uso; y en ese entendido, no es posible continuar con el estudio de los cargos presentados en la demanda de tutela, en atención al incumplimiento del requisito de subsidiariedad en el sub judice.

Visto lo anterior, cabe concluir para la Sala que la presente acción de tutela no cumple con los requisitos atinentes a la inmediatez y a la subsidiariedad; habida cuenta de la tardanza y/o demora por parte del extremo actor para efectos de controvertir las decisiones calendadas el 18 de junio de 2009, 25 de enero de 2018 y 3 de mayo de 2018, por una parte, y de otra, la falta de pronunciamiento en cuanto al recurso de alzada interpuesto por la UGPP, respecto del proveído atacado del 6 de julio del 2018.

Es decir, pese a que la UGPP presentó y sustentó debidamente el recurso de apelación en audiencia, de forma oral, resulta palmario que al tenor del material probatorio allegado a la presente causa el Tribunal Administrativo del Atlántico – Sección “C” aún no ha expedido providencia que finiquite, en su totalidad, la segunda instancia del proceso ordinario.

Así las cosas, la Sala considera que el incumplimiento de la subsidiariedad y de la inmediatez como requisitos generales de procedibilidad de la acción de tutela contra providencias judiciales, impide continuar con el análisis de fondo respecto de los argumentos planteados por la accionante y, por lo tanto, se rechazará por improcedente la solicitud de amparo constitucional presentada por la UGPP, como en efecto se dispondrá en la parte resolutiva de la presente providencia.

En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la Ley,

F A L L A

PRIMERO: RECHAZAR POR IMPROCEDENTE la acción de tutela impetrada por la UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE GESTIÓN PENSIONAL Y CONTRIBUCIONES PARAFISCALES DE LA PROTECCIÓN SOCIAL – UGPP, en contra del TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DEL ATLÁNTICO – SALA ORAL “A”, del JUZGADO SEGUNDO ADMINISTRATIVO DEL CIRCUITO JUDICIAL DE BARRANQUILLA y del JUZGADO SÉPTIMO ADMINISTRATIVO ORAL DEL CIRCUITO JUDICIAL DE BARRANQUILLA, por las razones expuestas en esta providencia.

SEGUNDO: NOTIFICAR esta providencia por el medio más expedito, en los términos del Artículo 16 del Decreto 2591 del 19 de noviembre de 1991.

TERCERO: De no ser impugnada la presente sentencia, REMITIR el expediente a la Corte Constitucional para su eventual revisión, dentro de los diez (10) días siguientes a la ejecutoria de esta providencia, de conformidad con el artículo 31 del Decreto Ley No. 2591 de 1991.

CÓPIESE, NOTIFÍQUESE, COMUNÍQUESE Y CÚMPLASE,

Se deja constancia que la anterior providencia fue leída, discutida y aprobada por la Sala en la sesión de la fecha.

OSWALDO GIRALDO LÓPEZ NUBIA MARGOTH PEÑA GARZÓN
Consejero de Estado Consejera de Estado
Presidente

HERNANDO SÁNCHEZ SÁNCHEZ ROBERTO AUGUSTO SERRATO VALDÉS
Consejero de Estado Consejero de Estado

Folios 1 a 109 del expediente de tutela. Actor: Ángela Marimón de Jiménez Vergara. Accionado: Caja Nacional de Previsión Social – CAJANAL. Actor: Ángela Marimón de Jiménez Vergara. Accionado: Unidad Administrativa Especial de Gestión Pensional y Contribuciones Parafiscales de la Protección Social – UGPP. Actor: Ángela Marimón de Jiménez Vergara. Accionado: Unidad Administrativa Especial de Gestión Pensional y Contribuciones Parafiscales de la Protección Social – UGPP. Bajo el radicado No. 2003-369. Con radicación 08001-23-31-006-2005-01138-00. Del 21 de enero de 2005 y del 20 de agosto de 2003. Contra el Oficio No. GN-20059 del 16 de octubre de 2007. Dictada por el Juzgado Segundo Administrativo del Circuito Judicial de Barranquilla. Bajo el radicado 08001-33-33-001-2014-00733-00. Del 18 de junio del 2009
Bajo el radicado 08001-23-33-000-2017-01361-00. Bajo el radicado 08001-33-33-007-2016-00246-00. Folios 157 a 158 de la causa ejecutiva con radicación 08001-23-33-000-2016-00246-01. Folio 159 del radicado 08001-23-33-000-2016-00246-01. Folio 34 de la demanda de tutela. Folios 112 a 113 del expediente de tutela. Folio 143 del expediente de tutela. Folios 126 a 128 y 134 a 138 del expediente de tutela. Folios 136 a 137 del expediente de tutela. Folios 151, 157 y 161 del expediente de tutela.
"Por el cual se reglamenta la acción de tutela consagrada en el artículo 86 de la Constitución Política".
"Por medio del cual se expide el decreto único reglamentario del sector justicia y del derecho".
“Por la cual se modifican os artículos  HYPERLINK "http://www.alcaldiabogota.gov.co/sisjur/normas/Norma1.jsp?i=62503" \l "2.2.3.1.2.1" 2.2.3.1.2.1,  HYPERLINK "http://www.alcaldiabogota.gov.co/sisjur/normas/Norma1.jsp?i=62503" \l "2.2.3.1.2.4" 2.2.3.1.2.4 y  HYPERLINK "http://www.alcaldiabogota.gov.co/sisjur/normas/Norma1.jsp?i=62503" \l "2.2.3.1.2.5" 2.2.3.1.2.5 del Decreto 1069 de 2015, Único Reglamentario del sector Justicia y del Derecho, referente a las reglas de reparto de la acción de tutela”. Actor: Ángela Marimón de Jiménez Vergara. Accionado: Caja Nacional de Previsión Social – CAJANAL. Actor: Ángela Marimón de Jiménez Vergara. Accionado: Unidad Administrativa Especial de Gestión Pensional y Contribuciones Parafiscales de la Protección Social – UGPP. Actor: Ángela Marimón de Jiménez Vergara. Accionado: Unidad Administrativa Especial de Gestión Pensional y Contribuciones Parafiscales de la Protección Social – UGPP. Radicación: 2009-01328-01(IJ). Consejera Ponente: Dra. María Elizabeth García González. Sentencia T-619 de 2009, Magistrado Jorge Iván Palacio Palacio. Defecto orgánico, que tiene lugar cuando el funcionario judicial que emite la decisión carece, de manera absoluta, de jurisdicción o competencia para ello. Defecto procedimental absoluto, que tiene lugar cuando el juez actuó al margen del procedimiento establecido. Defecto fáctico, que surge cuando la providencia judicial carece del apoyo probatorio que permita la aplicación del supuesto legal en el que se sustenta la decisión, valora erradamente los elementos de juicio; o da por demostrada una situación fáctica sin existir evidencia probatoria de la misma. Defecto material o sustantivo, existe cuando las decisiones se fundamentan en normas inexistentes o inconstitucionales, o que presentan una evidente contradicción entre los fundamentos y la decisión. Error inducido, que se presenta cuando la autoridad judicial ha sido engañada por las partes o intervinientes y ese engaño lo llevó a tomar una determinación que afecta derechos fundamentales. Decisión sin motivación, que tiene lugar cuando el funcionario judicial no expone los fundamentos fácticos y jurídicos de la decisión adoptada en la parte resolutiva de la providencia judicial.

Desconocimiento del precedente, que se origina cuando el juez ordinario desconoce o limita el alcance dado por esta Corte Constitucional a una disposición constitucional o derecho fundamental, apartándose del contenido constitucionalmente vinculante del derecho fundamental vulnerado. Violación directa de la Constitución, que se presenta cuando la actuación de la autoridad se opone de manera directa a las normas establecidas en la Constitución Política. Corte Constitucional. Sentencia T- 225 del 23 de marzo de 2010, Magistrado Ponente: Dr. Mauricio González Cuervo. Sentencia SU-961 de 1999. Sentencias T-814 de 2004, T-423 de 2008, T-743 de 2008, T-033 de 2010. Entre las sentencias en las que se han aplicado estos criterios, pueden consultarse la T-022 de 2010, T-033 de 2010, T-079 de 2010, T-101 de 2010, T-016 de 2009, T-316 de 2009, T-199 de 2009, T-315 de 2005, T-420 de 2009. Sentencias T-136 de 2007, T-647 de 2008 y T-867 de 2009m entre otras. Folio 46 del expediente de tutela. Folio 110 del expediente de tutela. Dentro del trámite con radicación 08001-23-33-000-2017-01361-00. Ver entre otras la sentencia T-480 de 2011 de la Corte Constitucional. Corte Constitucional, auto 132 de 2015, M.P. Gloria Stella Ortiz Delgado. Folios 133 a 143 del radicado 2016-00246-01. Folio 143 del radicado 2016-00246-01. Folios 157 a 158 de la causa ejecutiva con radicación 08001-23-33-000-2016-00246-01.

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