Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Primera, radicado 11001-03-15-000-2019-00702-00
Consejo de Estado · Sección Primera
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Consejo de Estado · Sección Primera
Acción de tutela contra providencia judicial
Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Primera, radicado 11001-03-15-000-2019-00702-00
Consejo de Estado · Sección Primera
República de Colombia
Consejo de Estado
Sección Primera
Radicado 11001-03-15-000-2019-00702-00
Consejero ponente: Nubia Margoth Peña Garzón
3 de mayo de 2019
ACCIÓN DE TUTELA CONTRA PROVIDENCIA JUDICIAL / DEFECTO FÀCTICO Y DEFECTO POR DESCONOCIMIENTO DEL PRECEDENTE - Inexistencia / ACCIÓN DE NULIDAD Y RESTABLECIMIENTO DEL DERECHO - Contra resoluciones mediante las cuales el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar ordenó el pago de aportes parafiscales / RELIQUIDACIÓN Y PAGO DE APORTES PARAFISCALES
[P]ara la Sala, las consideraciones dadas por el juez ordinario se ajustan a lo que resultó probado en el proceso, esto es, que el acta de liquidación de los aportes parafiscales no especificó los elementos necesarios para ser considerada parte integral de la Resolución que liquidó la obligación -la cual tampoco los mencionó-, y que tal omisión no podía corregirse en la etapa de los recursos de la vía administrativa, so pena de vulnerar el derecho de defensa y contradicción, por lo que no le asiste razón al accionante al señalar que la sentencia de segunda instancia incurrió en una indebida valoración probatoria. Finalmente, la Sala observa, en relación con el defecto del desconocimiento del precedente, que las sentencias que se invocan como desconocidas se refieren a la obligación del acuerdo de desalarización para la exclusión de emolumentos de los aportes parafiscales, cuestión que, como se vio al analizar la sentencia, fue analizada de conformidad con las normas aplicables y la jurisprudencia de la Corporación, motivo por el cual no es procedente el cargo en mención. Son estas las razones que imponen denegar la presente solicitud de tutela, como en efecto se dispondrá en la parte resolutiva de la presente providencia.
FUENTE FORMAL: CONSTITUCIÓN POLÍTICA - ARTÍCULO 86 / CÓDIGO SUSTANTIVO DEL TRABAJO - ARTÍCULO 127 / CÓDIGO SUSTANTIVO DEL TRABAJO - ARTÍCULO 128 / LEY 27 DE 1974 / LEY 89 DE 1988 / DECRETO 2591 DE 1991 / RESOLUCIÓN 731 DE 2008
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO AMINISTRATIVO
SECCIÓN PRIMERA
Consejera ponente: NUBIA MARGOTH PEÑA GARZÓN
Bogotá, D. C., tres (3) de mayo de dos mil diecinueve (2019)
Radicación número: 11001-03-15-000-2019-00702-00(AC)
Actor: INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR –ICBF-
Demandado: CONSEJO DE ESTADO SECCION CUARTA
La Sala decide la acción de tutela instaurada por el actor, contra la providencia de 26 de julio de 2018, proferida por la Sección Cuarta del Consejo de Estado.
ANTECEDENTES
La solicitud
El INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR, en adelante ICBF, a través de apoderada, interpuso acción de tutela contra la Sección Cuarta, con el fin de obtener el amparo de su derecho fundamental al debido proceso.
Hechos
La parte actora narró, en síntesis, los siguientes hechos:
En ejercicio de las facultades otorgadas por la ley y con el fin de obtener recursos para los niños, niñas y adolescentes, el ICBF, en el año 2011, inició un proceso administrativo de fiscalización en la entidad financiera BANCOLOMBIA S.A.
El 15 de junio de 2011 el ICBF practicó visita a BANCOLOMBIA con el objeto de verificar algunos conceptos que, a su juicio, constituían pagos salariales y, por ello, debían incluirse en la base de liquidación de aportes parafiscales.
El ICBF verificó que en el período comprendido entre diciembre de 2006 y mayo de 2011, BANCOLOMBIA no justificó el no pago de aportes parafiscales respecto de las bonificaciones con códigos de nómina 68 “recuperación de activos”, 74 “fuerza venta” y 76 “venta de cajeros”, habida cuenta que no identificó los pactos, contratos u otrosíes que explicaran su desalarización o la mera libertad del empleador para su pago.
Por lo anterior, en Acta de Liquidación 118015 de 20 de septiembre de 2011, el ICBF fijó una obligación a cargo de BANCOLOMBIA por concepto de aportes parafiscales, causados durante los meses de diciembre de 2006 a mayo de 2011, en cuantía de $2.098.522.787, más intereses de $1.498.278.651 a favor del Instituto. En consecuencia, mediante Resolución 4222 de 25 de octubre de 2011 le ordenó a la entidad bancaria el pago de la suma total de $3.596.801.438.
Contra dicha resolución BANCOLOMBIA interpuso recurso de reposición y, en subsidio, apelación, por considerar que el acto administrativo incurrió en falsa motivación, dado que el pago por los conceptos de nómina en cuestión no eran constitutivos de salario. El recurso fue resuelto en Resolución 0040 de 10 de enero de 2012, en el sentido de confirmar lo decidido.
BANCOLOMBIA presentó demanda en ejercicio de la acción de nulidad y restablecimiento del derecho, prevista en el artículo 85 del CCA, con el fin de que se declarara la nulidad de las resoluciones mediante las cuales el ICBF ordenó el pago de las obligaciones por concepto de aportes parafiscales.
La demanda correspondió al Tribunal de Administrativo de Antioquia, el cual, en sentencia de 27 de noviembre de 2011 declaró la nulidad parcial de los actos acusados, solo en lo relativo a la inclusión del valor del 100% de las vacaciones de los empleados remunerados con salario integral y no sobre el 70%.
Para la decisión, tuvo en cuenta que en relación con los aportes con códigos 68, 74 y 76, BANCOLOMBIA no había aportado la documentación necesaria para justificar que dichos pagos no constituían salario. La sentencia aplicó la Circular 018 de 16 de abril de 2012 del Ministerio del Trabajo, que definió los criterios a tener en cuenta ante el vacío legislativo existente sobre el porcentaje de liquidación para el aporte parafiscal de las vacaciones del trabajador con salario integral, en cuyo caso los parafiscales debían liquidarse sobre el 70% y no sobre el 100%.
El ICBF y BANCOLOMBIA interpusieron recurso de apelación contra la sentencia del Tribunal, el cual fue resuelto por la Sección Cuarta del Consejo de Estado, mediante fallo de 26 de julio de 2018, en el sentido de revocar la sentencia de primer grado y anular las resoluciones núms. 4222 de 25 de octubre de 2011 y 0040 de 10 de enero de 2012, mediante las que el ICBF liquidó aportes parafiscales a cargo BANCOLOMBIA, por valor de $2.098.522.787. A título de restablecimiento del derecho declaró que BANCOLOMBIA no estaba obligada a pagar las sumas determinadas en los actos administrativos anulados y ordenó la devolución de $4.048.843.762, indexados, más el reconocimiento de intereses.
La Sección Cuarta consideró que los actos acusados carecían de motivación suficiente, comoquiera que la Resolución 4222 de 2011 no hacía referencia a la descripción del procedimiento, los hallazgos, soportes, vigencia, valor líquido y total de intereses de cada uno de los aportes parafiscales sobre bonificaciones pagadas.
En relación con la base de liquidación de las vacaciones de los salarios integrales, la providencia enjuiciada reiteró lo señalado por la Circular 018 de 2012 y las sentencias de la Sección Cuarta, según las cuales la base para calcular los aportes parafiscales respectivos corresponde al 70% de dichas erogaciones, incluidas las vacaciones, y no al 100%.
A través de la Resolución núm. 14805 de 27 de diciembre de 2018, el ICBF da cumplimiento a la condena y ordena pagar la suma de $5.259.179.843 a la entidad bancaria.
Fundamentos de la solicitud
A juicio del actor, la Sección Cuarta incurrió en los defectos sustantivo, fáctico y desconocimiento del precedente, por las siguientes razones:
Defecto sustantivo: En razón del desconocimiento de los artículos 127 y 128 del Código Sustantivo del Trabajo –CST-, las leyes 27 de 20 de diciembre de 1974, 89 de 29 de diciembre de 1988 y la Resolución 731 de 5 de marzo de 2008, expedida por el ICBF. Al respecto, explicó que:
El artículo 127 del CST señala que constituye salario no sólo la remuneración ordinaria, fija o variable, sino todo lo que recibe el trabajador en dinero o en especie como contraprestación directa del servicio, sea cualquiera la forma o denominación que se adopte. Por su parte, el artículo 128 idem establece que no constituyen salario las sumas que ocasionalmente y por mera liberalidad recibe el trabajador, como primas, bonificaciones o gratificaciones ocasionales, entre otros, ni tampoco los beneficios o auxilios habituales u ocasionales acordados convencional o contractualmente u otorgados en forma extralegal por el empleador, cuando las partes hayan dispuesto expresamente que no constituyen salario en dinero o en especie.
Argumentó que, con fundamento en lo anterior, los empleadores están obligados a liquidar y pagar los aportes parafiscales respecto de todas las sumas que constituyen salario, las cuales incluyen las bonificaciones y gratificaciones que, pese a ser pagadas de forma ocasional o habitual, no tienen pacto expreso de desalarización o de mera liberalidad del empleador, habida cuenta que, de conformidad con el citado artículo 128, se requiere de pacto expreso entre el trabajador y el empleador para establecer que un pago realizado no constituye salario.
Explicó que al analizar la nómina de BANCOLOMBIA encontró que habían vacíos en relación con pactos expresos de desalarización respecto de la bonificaciones de nóminas identificadas con los códigos 68, 74 y 76, las cuales eran pagadas de forma habitual, razón por la que debían ser consideradas como salario; aunado al hecho de que en la visita efectuada a la entidad evidenció que los acuerdos no eran claros, toda vez que algunas personas tenían pacto de no salario de bonificaciones SVA (sistema de valor agregado) y recibían otro tipo de bonificaciones.
Añadió que la sentencia del Consejo de Estado desconoció que el criterio determinante para establecer si una prestación constituye salario está relacionada con la periodicidad y la existencia de un pacto expreso al respecto, como lo disponen los artículos 127 y 128 en comento, de manera que la corporación judicial accionada asumió que las prestaciones identificadas con los códigos 68 “recuperación de activos”, 74 “fuerza venta” y 76 “venta de cajeros” se trataban de otro tipo de bonificaciones, sin tener en cuenta lo señalado en dichas normas.
El accionante afirmó que la sentencia de segunda instancia desconoció la Ley 89 de 1988, que señala que los aportes para el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar -ICBF- ordenados por las leyes 27 de 20 de diciembre 1974 y 7 de 24 de enero de 1979 equivalen al 3% del valor de la nómina mensual de salarios; y la Resolución 731 de 2008 que establece los lineamientos para adelantar el proceso de fiscalización y cobro del aporte parafiscal del 3% a favor del ICBF.
Al respecto adujo que la Sección Cuarta concluyó que los actos administrativos demandados adolecían de falta de motivación, pues no daban cuenta de los hechos, acciones y omisiones que fundamentaban su expedición, desconociendo así las normas que facultan al ICBF a realizar el procedimiento administrativo de cobro de aportes parafiscales, el cual se soportó debidamente en los hallazgos de las visitas realizadas a la entidad bancaria y en las liquidaciones claras y detalladas que determinaron la deuda del aportante.
Para el ICBF, el fallo de la Sección Cuarta no tuvo en cuenta que las normas y actos jurídicos se rigen por el principio de irretroactividad “entendida como el fenómeno según el cual la ley nueva rige todos los hechos y actos que se produzcan a partir de su vigencia”. Específicamente anotó que, respecto del pago por concepto de vacaciones en los salarios integrales, la sentencia en cuestión reiteró lo dispuesto en la Circular 018 de 2012 del Ministerio del Trabajo y las sentencias proferidas por esa Sección en los años 2016 y 2017, es decir, con posterioridad a los hechos objeto de debate.
Precisó que antes de la expedición de la Circular 018 de 2012 existía un vacío normativo en relación con el porcentaje base de liquidación de los parafiscales, razón por la cual el ICBF liquidaba los aportes sobre el 100% de esta prestación, como en efecto procedió en el proceso de fiscalización de BANCOLOMBIA, por lo que aplicar la mencionada Circular constituye un desconocimiento del principio de irretroactividad, contrario al debido proceso.
Defecto fáctico: el cual sustentó el accionante de la siguiente forma:
Aseguró que la sentencia arribó a la conclusión de que los actos que ordenaron el pago de parafiscales no fueron motivados y desconocieron el debido proceso, por cuanto en ellos no se detalló lo que dispone la Resolución 2868 de 2011, esto es:
« […]
La descripción del procedimiento.
La descripción de los hallazgos.
La relación de los soportes y documentos aportados.
Las vigencias y el valor liquidado por cada una de ellas.
El total del capital adeudado.
El total de los intereses de mora calculados a la fecha de la visita.
La información al aportante de que estos se seguirán causando diariamente de conformidad con lo establecido en la ley.
Las acciones por seguir de acuerdo con los resultados obtenidos.
El nombre de los bancos, los números de las cuentas de recaudo para que proceda a efectuar el pago, y
El plazo para efectuar el pago.
[…]».
No obstante, expresó que la Sección Cuarta ignoró que el ICBF aportó al expediente como pruebas documentales las actas de visitas realizadas a la sede de la entidad financiera, en las que se encuentra la información detallada sobre los hallazgos encontrados, la relación de los soportes, el total del capital adeudado, los intereses de mora y demás datos requeridos, lo que permite arribar a la conclusión de que tales documentos fueron valorados defectuosamente.
Se refirió a las siguientes pruebas documentales que, en su criterio, no fueron debidamente valoradas por el fallador:
Acta de Visita de 27 de julio de 2011, en la que consta que el Instituto recibió copias de varios expedientes en los que existían vacíos que requerían revisión, por ejemplo, la falta de constancia o acuerdos de varias bonificaciones de años anteriores.
Acta de liquidación de aportes núm. 118015, en la que se indica que el 20 de septiembre de 2011 representantes de BANCOLOMBIA y del ICBF se reunieron con el fin de verificar la correcta liquidación de aportes parafiscales a favor del Instituto y como resultado se encontraron saldos en las vigencias de los períodos 2006 a 2011, los cuales fueron detallados mes por mes con capital e intereses.
Comunicación de 23 de septiembre de 2011 en la que el ICBF le informó a BANCOLOMBIA que como resultado de la verificación de aportes del período comprendido entre diciembre de 2006 y mayo de 2011 se generó una liquidación por un total de $3.596.801.438.
Destacó que la Sección Cuarta “omitió deliberadamente el análisis de estos elementos probatorios que hacen parte de las resoluciones núm. 4222 de 2011 y 0040 de 2012 y que constituyen un acto administrativo complejo”. Que, por tanto, la existencia de estos documentos en el expediente desvirtúa la falta de motivación que alegó el juez accionado para anular los actos acusados.
Trajo a colación lo considerado por el juez de primera instancia al que el ICBF solicitó a BANCOLOMBIA los pactos, contratos u otrosíes que fundamentaban la desvalorización de las bonificaciones en cuestión; sin embargo, no fue acreditada su existencia, por lo que la carga probatoria para desvirtuar que estas bonificaciones no constituían salario era de la entidad fiscalizada y no a la inversa.
Concluyó que el defecto fáctico de la providencia se materializó no solo en la exclusión caprichosa de las actas de visita, del acta de liquidación de aportes y de las comunicaciones, sino, además, en imponer al ICBF la carga de probar qué prestaciones de la nómina de BANCOLOMBIA (con una planta de personal superior a los 5.000 empleados) estaban desalarizadas.
Desconocimiento del precedente: en escrito posterior, la apoderada de la accionante manifestó:
« […] Los precedentes del Consejo de Estado han señalado de forma clara y expresa que la habitualidad en el pago de una prestación no determina su desalarización, sino que se requiere de la existencia de un acuerdo expreso, para que pueda ser excluida de la base para liquidar los aportes parafiscales. No obstante, en el caso objeto de análisis la sentencia del Consejo de Estado contraría este precedente y, pese a que no existían pruebas que demostraran la desalarización de las bonificaciones, asumió que las bonificaciones de recuperación de activos, fuerza de ventas y ventas de cajeros estaban desalarizadas, por lo que decidió excluirlas de la base para el pago de los aportes parafiscales a favor del ICBF […]».
En respaldo de su afirmación, citó las providencias de la Sección Cuarta de 6 de agosto de 2014 (número único de radicación 25000 23 27 000 2005 01323 01 y 25000 23 27 000 2011 00336 01); y de 1º de noviembre de 2012 (número único de radicación 25000 23 27 000 2005 01323 01)
I.4. Pretensiones
« […] Tutelar el derecho fundamental al debido proceso del ICBF, vulnerado por la sentencia de 26 de julio de 2018, proferida por la Sección Cuarta del Consejo de Estado, por la configuración del defecto fáctico y el defecto material o sustantivo.
En consecuencia, dejar sin efecto la decisión contenida en la sentencia de 26 de julio de 2018, proferida por la Sección Cuarta del Consejo de Estado (Expediente 05001-23-31-000-2012-00794-01) y ordenar que se dicte nuevamente sentencia de segunda instancia.
Que se disponga el reintegro de la suma de $5.259.179.843, por parte de BANCOLOMBIA S.A. a favor del ICBF debidamente indexado […]».[11]
II. ACTUACIÓN PROCESAL
II. 1. Admisión.
El 20 de febrero de 2019 se admitió la solicitud de tutela y se ordenó notificar a los Magistrados de la Sección Cuarta del Consejo de Estado, en calidad de demandados, a BANCOLOMBIA S.A. y al Tribunal Administrativo de Antioquia, en calidad de terceros interesados.
II.2. Contestación.
II.2.1. La Sección Cuarta (folio 178) arguyó que la presente tutela carece del requisito de relevancia constitucional, por cuanto los argumentos presentados por la entidad demandante corresponden a los mismos que ella defendió en el marco del procedimiento ordinario a través de la contestación de la demanda, de la apelación de la sentencia de primer grado y de los alegatos de conclusión de ambas etapas del proceso.
En tal sentido, explicó que la actora se refiere nuevamente al asunto del cálculo de los aportes parafiscales por las vacaciones reconocidas a los trabajadores de salario integral y a que algunas de las bonificaciones pagadas por BANCOLOMBIA a sus trabajadores durante los períodos discutidos en el proceso ordinario, constituyeron salario, pero nada dice en relación con la falta de motivación de las resoluciones acusadas, cargo que, precisamente, llevó a que se declarara la nulidad de las mismas.
Resaltó que tales argumentos son irrelevantes para desvirtuar la decisión adoptada, dado que esta se sustentó en la vulneración del artículo 29 Constitucional y de la Resolución 2868 de 2011 que detalla los aspectos que el ICBF debía identificar en las liquidaciones oficiales de parafiscales, para satisfacer las exigencias de motivación que requiere el ordenamiento y que estaba vigente para el momento en que se expidieron los actos.
Agregó que si en gracia de discusión la Sala decide examinar el asunto de fondo de la tutela, lo cierto es que no se configuró la violación alegada por el accionante, fundamentada en los defectos, sustantivo, fáctico y desconocimiento del precedente en que presuntamente incurrió la sentencia de 26 de julio de 2018.
Al respecto, dijo que la sentencia no aplicó retroactivamente la Circular 018 de 2012 ni la jurisprudencia, como claramente lo señaló en el siguiente aparte de la providencia:
« […] Se insiste: a efectos de la determinación del monto de la obligación parafiscal, el artículo 18 de la Ley 50 de 1990 no establece excepciones en relación con pagos salariales específicos, por lo que debe concluirse que todas las erogaciones —comprendidas las vacaciones— a favor del empleado se someten a imposición sobre una base del 70% y no sobre una base mayor. Una conclusión en sentido contrario carece de sustento legal.
Así pues, desde el punto de vista del derecho aplicable, resultan infundados los alegatos del ICBF, toda vez que la liquidación de los aportes parafiscales debe efectuarse sobre la base del 70% de las vacaciones pagadas, como lo determinó la demandante, y no frente al 100% de aquellos emolumentos, como fue fijado en los actos acusados.
Valga resaltar, además, que las consideraciones anteriores no se derivan de la aplicación retroactiva de la Circular 018 de 2012, como erradamente sostiene la demandada, sino de la interpretación sistemática de la normativa que estuvo vigente durante los períodos discutidos, es decir, los artículos 132 del CST, en la versión modificada por el artículo 18 de la Ley 50 de 1990, y 49 de la Ley 789 de 2002[…] ». (Resaltado en el escrito de contestación de la tutela).
Añadió que la interpretación jurídica avalada en las providencias del Consejo de Estado se aplica al caso que se resuelve en la propia decisión y a las situaciones fácticas idénticas que el mismo Tribunal solucione en el futuro, de manera que no puede exigírsele a la judicatura que aplique la interpretación judicial que estaba vigente para el momento de los hechos debatidos por las partes, pues tal conclusión implicaría una inmutabilidad del derecho contraria a la Constitución.
En cuanto al defecto fáctico, puso de presente que en la providencia censurada se identificaron los siguientes hechos:
Que en las visitas de fiscalización adelantas por el ICBF a BANCOLOMBIA, la Administración tributaria requirió información sobre 10 tipos de bonificaciones, a efectos de determinar si constituían salario y, por consiguiente, establecer si esos emolumentos debieron hacer parte de la base de cálculo de aportes parafiscales.
A pesar de lo anterior, el Acta de Liquidación de Aportes Parafiscales núm. 118015 de 20 de septiembre de 2011 determinó que BANCOLOMBIA omitió efectuar los aportes que exige la ley respecto de “algunas bonificaciones”.
Mediante la Resolución núm. 4222 de 2011, el ICBF determinó la obligación parafiscal a cargo de BANCOLOMBIA, con base en el Acta de Liquidación de Aportes Parafiscales núm. 118015 de 20 de septiembre de 2011, pero sin expresar cuáles eran las bonificaciones objeto de reproche. Decisión que fue ratificada en la Resolución núm. 040 de 2012, al expresar que la sociedad aportante no efectuó aportes parafiscales respecto de “algunas bonificaciones y sobre las vacaciones correspondientes al salario integral sobre el 100% al 100%”.
La citada Resolución 040 de 2012 precisó que las bonificaciones reprochadas eran las de mera liberalidad de recuperación de activos, de fuerza de ventas y ventas de cajeros. Al respecto, la sentencia enjuiciada fue clara en afirmar que no es jurídicamente admisible que el ICBF se excuse en la resolución que desató el recurso de reposición para justificar la anomalía que vició desde el principio el procedimiento administrativo, pues si la sociedad hubiera conocido las críticas puntuales de la Administración frente a la liquidación de aportes por los períodos en discusión, aquella habría podido rebatirlas con la presentación del recurso de reposición.
Que cuando se preguntó al funcionario del ICBF que suscribió el acta de liquidación de aportes referida, si se había solicitado a la demandante aclaración sobre la forma en la que se realizó la autoliquidación de aportes parafiscales, aquel contestó que no recordaba que tal solicitud se hubiera realizado.
Que de la lectura de las actas de visita elaboradas por el ICBF se evidenció que el sistema de bonificaciones y comisiones diseñado por la entidad financiera es complejo y que existían múltiples tipos de bonificaciones, cualquiera de las cuales pudo haber sido objeto de disputa, lo que impidió que BANCOLOMBIA pudiera inferir de los actos acusados cuáles bonificaciones eran objeto de controversia.
De acuerdo con lo reseñado, el informe de la Sección Cuarta culmina señalando que se evidencia el interés del accionante de constituir una tercera instancia del proceso ordinario, pues la mayor parte de sus argumentos se dirigen a debatir cuestiones que justamente fueron resueltas en la sentencia ahora censurada.
II.2.2. BANCOLOMBIA S.A. (folio 157) sostuvo que la presente acción carece de relevancia constitucional porque la providencia contra la cual se dirige no vulneró el derecho al debido proceso del accionante ni ha causado detrimento alguno a su patrimonio público.
Indicó que en el proceso ordinario se demostró que el ICBF no detalló y soportó la suma cobrada a BANCOLOMBIA, según se puede verificar en las actas de visita y en los actos que liquidaron los aportes, pues solo en la resolución que resolvió el recurso de reposición señaló que dicha suma correspondía a bonificaciones base del aporte del 3%.
Señaló que la ausencia de motivación frente a los supuestos aportes adeudados sobre vacaciones de salario integral y los aportes debidos por otros conceptos salariales le impidió a BANCOLOMBIA ejercer su derecho de defensa frente a los reproches del ICBF.
Destacó que es inadmisible que se pretenda hacer valer que la motivación del acto administrativo se encuentra en las actas de visitas y en los documentos que integran el proceso de fiscalización, pues en dicha etapa previa de la liquidación el ICBF procedió a solicitar a BANCOLOMBIA explicación y aclaración sobre múltiples conceptos contables y de nómina que no se incluyeron como base para pagar los aportes parafiscales. En respuesta, BANCOLOMBIA explicó y fundamentó cada uno de los conceptos, por esta razón BANCOLOMBIA desconocía a cuáles de todos los conceptos discutidos en la etapa de revisión y fiscalización se refería la suma liquidada en los actos acusados. Adicionalmente, en la resolución que resuelve el recurso de reposición solo se alude a tres de las muchas bonificaciones frente a las que el ICBF había solicitado aclaración.
Finalmente mencionó que, de acuerdo con la jurisprudencia de la Corte Constitucional, la presente acción de tutela carece de los requisitos para su procedencia, si se tiene en cuenta que el ICBF contó en el proceso judicial con las garantías procesales y ejerció su derecho a la defensa en todas las instancias, sin que su inconformidad con la decisión final sirva para reabrir una tercera instancia.
III. CONSIDERACIONES DE LA SALA
Problema jurídico
El problema jurídico que corresponde resolver a la Sala se centra en determinar si la autoridad judicial accionada vulneró el derecho fundamental al debido proceso del ICBF, con ocasión de los defectos fáctico, sustantivo y desconocimiento del precedente en que presuntamente incurrió la sentencia proferida el 26 de julio de 2018, en el proceso de nulidad y restablecimiento del derecho identificado con el número único de radicación 05001 23 31 000 2012 00794 01.
Para resolver el problema jurídico planteado, se analizarán los siguientes temas: (i) acción de tutela contra providencia judicial; (ii) requisitos generales de procedibilidad de la acción de tutela contra providencias judiciales; (iii) causales especiales de procedibilidad de la acción de tutela; y (iv) el caso concreto.
La acción de tutela contra providencia judicial
Frente a la acción de tutela contra providencias judiciales, la Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, en sentencia de 31 de julio de 2012 (Expediente núm. 2009-01328, Actora: Nery Germania Álvarez Bello, Consejera ponente María Elizabeth García González), en un asunto que fue asumido por importancia jurídica y con miras a unificar la jurisprudencia, consideró que es procedente la acción de tutela contra providencias judiciales, cuando se esté en presencia de la violación de derechos constitucionales fundamentales, debiéndose observar al efecto los parámetros fijados hasta el momento jurisprudencialmente.
En sesión de 23 de agosto de 2012, la Sección Primera adoptó como parámetros jurisprudenciales a seguir, los señalados en la sentencia C-590 de 8 de junio de 2005, proferida por la Corte Constitucional, sin perjuicio de otros pronunciamientos que la misma o esta Corporación elaboren sobre el tema, lo cual fue reiterado en Sentencia de Unificación de la Sala Plena de 5 de agosto de 2014, (Expediente núm. 2012-02201-01, Consejero ponente: doctor Jorge Octavio Ramírez Ramírez).
En la mencionada sentencia, la Corte señaló los requisitos generales para la procedencia de la acción de tutela contra providencia judicial, así:
« […] Los requisitos generales de procedencia de la acción de tutela contra decisiones judiciales son los siguientes:
a. Que la cuestión que se discuta resulte de evidente relevancia constitucional [].
b. Que se hayan agotado todos los medios -ordinarios y extraordinarios- de defensa judicial al alcance de la persona afectada, salvo que se trate de evitar la consumación de un perjuicio iusfundamental irremediable [].
c. Que se cumpla el requisito de la inmediatez [].
d. Cuando se trate de una irregularidad procesal, debe quedar claro que la misma tiene un efecto decisivo o determinante en la sentencia que se impugna [].
e. Que la parte actora identifique de manera razonable tanto los hechos que generaron la vulneración como los derechos vulnerados y que hubiere alegado tal vulneración en el proceso judicial siempre que esto hubiere sido posible [].
f. Que no se trate de sentencias de tutela [].”
… Ahora, además de los requisitos generales mencionados, para que proceda una acción de tutela contra una sentencia judicial es necesario acreditar la existencia de requisitos o causales especiales de procedibilidad, las que deben quedar plenamente demostradas. En este sentido, como lo ha señalado la Corte, para que proceda una tutela contra una sentencia se requiere que se presente, al menos, uno de los vicios o defectos que adelante se explican.
a. Defecto orgánico, que se presenta cuando el funcionario judicial que profirió la providencia impugnada, carece, absolutamente, de competencia para ello.
b. Defecto procedimental absoluto, que se origina cuando el juez actuó completamente al margen del procedimiento establecido.
c. Defecto fáctico, que surge cuando el juez carece del apoyo probatorio que permita la aplicación del supuesto legal en el que se sustenta la decisión.
d. Defecto material o sustantivo, como son los casos en que se decide con base en normas inexistentes o inconstitucionales [] o que presentan una evidente y grosera contradicción entre los fundamentos y la decisión.
f. Error inducido, que se presenta cuando el juez o tribunal fue víctima de un engaño por parte de terceros y ese engaño lo condujo a la toma de una decisión que afecta derechos fundamentales.
g. Decisión sin motivación, que implica el incumplimiento de los servidores judiciales de dar cuenta de los fundamentos fácticos y jurídicos de sus decisiones en el entendido que precisamente en esa motivación reposa la legitimidad de su órbita funcional.
h. Desconocimiento del precedente, hipótesis que se presenta, por ejemplo, cuando la Corte Constitucional establece el alcance de un derecho fundamental y el juez ordinario aplica una ley limitando sustancialmente dicho alcance. En estos casos la tutela procede como mecanismo para garantizar la eficacia jurídica del contenido constitucionalmente vinculante del derecho fundamental vulnerado [].
i. Violación directa de la Constitución […].»
Requisitos generales de procedibilidad de la acción de tutela contra providencias judiciales
En el caso sub examine se cumple con el requisito de relevancia constitucional, por cuanto la tutela plantea, con suficiente carga argumentativa, la vulneración del derecho fundamental al debido proceso, con ocasión de los defectos fáctico, sustantivo y desconocimiento del precedente en que presuntamente incurrió la autoridad judicial accionada; la sentencia de segunda instancia censurada se notificó por edicto de 13 de agosto de 2018 y la acción de tutela se presentó el 15 de febrero de 2019, es decir, en un plazo razonable y, por último, la solicitud identifica los hechos y derechos que se estiman lesionados.
Causales especiales de procedibilidad de la acción de tutela: el defecto fáctico
De acuerdo con la jurisprudencia de la Corte Constitucional, el defecto fáctico se presenta cuando el juez carece de sustento probatorio suficiente para proceder a aplicar el supuesto legal en el que se sustenta la decisión judicial. Ello puede surgir de una omisión en el decreto y la práctica de las pruebas; de la no valoración del acervo probatorio; o del desconocimiento de las reglas de la sana crítica.
Sobre esta causal de procedibilidad de la acción de tutela contra providencias judiciales, la Corte Constitucional, en la sentencia SU-159 de 2002, precisó:
«Si bien el juzgador goza de un amplio margen para valorar el material probatorio en el cual ha de fundar su decisión y formar libremente su convencimiento, “inspirándose en los principios científicos de la sana crítica (arts. 187 C.P.C y 61 C.P.L)”, dicho poder jamás puede ejercerse de manera arbitraria; su actividad evaluativa probatoria implica, necesariamente, la adopción de criterios objetivos, no simplemente supuestos por el juez, racionales, es decir, que ponderen la magnitud y el impacto de cada una de las pruebas allegadas, y rigurosos, esto es, que materialicen la función de administración de justicia que se les encomienda a los funcionarios judiciales sobre la base de pruebas debidamente recaudadas. (…) [S]ólo es factible fundar una acción de tutela cuando se observa que de una manera manifiesta aparece arbitraria la valoración probatoria hecha por el juez en la correspondiente providencia. El error en el juicio valorativo de la prueba “debe ser de tal entidad que sea ostensible, flagrante y manifiesto, y el mismo debe tener una incidencia directa en la decisión, pues el juez de tutela no puede convertirse en una instancia revisora de la actividad de evaluación probatoria del juez que ordinariamente conoce de un asunto, según las reglas generales de competencia”». (Resaltado fuera del texto original).
La jurisprudencia de la Sección ha señalado reiteradamente que la procedencia excepcional de la acción de tutela por defecto fáctico está supeditada a la irrazonable valoración probatoria hecha por el Juez, es decir, a que se constate una ostensible y evidente irregularidad, pues, en virtud del principio constitucional de autonomía e independencia judicial, les asiste a los Jueces un amplio margen al momento de efectuar la valoración de las pruebas aportadas al proceso, conforme a las reglas de la sana crítica.
El defecto sustantivo como causal especial de procedibilidad de la acción de tutela contra providencias judiciales
El defecto sustantivo tiene lugar cuando el juez desconoce las normas aplicables al caso determinado, bajo las siguientes circunstancias:
(i) Cuando la decisión judicial tiene como fundamento una norma que no es aplicable, porque a) no es pertinente, b) ha perdido su vigencia por haber sido derogada, c) es inexistente, d) ha sido declarada contraria a la Constitución, e) a pesar de que la norma en cuestión está vigente y es constitucional, “no se adecúa a la situación fáctica a la cual se aplicó, porque a la norma aplicada, por ejemplo, se le reconocen efectos distintos a los expresamente señalados por el legislador”;
(ii) Cuando pese a la autonomía judicial, la interpretación o aplicación de la norma al caso concreto, no se encuentra, prima facie, dentro del margen de interpretación razonable o “la aplicación final de la regla es inaceptable por tratarse de una interpretación contraevidente (interpretación contra legem) o claramente perjudicial para los intereses legítimos de una de las partes” o cuando en una decisión judicial “se aplica una norma jurídica de manera manifiestamente errada, sacando del marco de la juridicidad y de la hermenéutica jurídica aceptable tal decisión judicial”;
(iii) Cuando no toma en cuenta sentencias que han definido su alcance con efectos erga omnes;
(iv) La disposición aplicada se muestra, injustificadamente regresiva o contraria a la Constitución;
(v) Cuando un poder concedido al Juez por el ordenamiento se utiliza “para un fin no previsto en la disposición”;
(Vi) La decisión se funda en una interpretación no sistemática de la norma, omitiendo el análisis de otras disposiciones aplicables al caso; y
(vii) Se desconoce la norma aplicable al caso concreto.
Ha dicho la Corte Constitucional que al examinar estos eventos, el juez de la tutela se debe limitar a verificar esa ruptura con el ordenamiento constitucional o legal, pues su decisión «[…] no puede constituirse en un escenario para la evaluación acerca del grado de convencimiento que ofrecen los razonamientos elaborados por el Juez ordinario, sino que se restringe a identificar la incompatibilidad entre estos y las normas jurídicas que regulan la materia debatida en sede jurisdiccional […]».
En conclusión, para que sea procedente este defecto no basta con mencionar que la providencia incurrió en defecto sustantivo, sino que es necesario demostrar que la decisión cuestionada contradice, de manera manifiesta, el régimen jurídico que debía aplicar.
Desconocimiento del precedente como causal específica de procedibilidad de la tutela contra providencias judiciales
De acuerdo con lo establecido en los artículos 228 y 230 de la Constitución Política, el poder judicial es autónomo e independiente y los Jueces en sus providencias solo están sometidos al imperio de la ley. Esta regla general de independencia y autonomía no es absoluta, ya que encuentra sus límites en la realización de otros valores constitucionales, según lo ha definido la Jurisprudencia constitucional. Al respecto, en la sentencia T-267 de 2013, la Corte Constitucional puntualizó:
« […] Es así como, en materia de decisiones judiciales, se destaca el respeto por el principio de igualdad (artículo 13 de la Carta), que supone no solamente la igualdad ante la ley sino también de trato por parte de las autoridades y concretamente igualdad en la interpretación y aplicación de la ley por las autoridades judiciales, garantizándose de esta forma la seguridad jurídica y con ella la certeza de la comunidad respecto a la forma en la que se van a decidir los casos iguales. Como resultado de lo anterior, surge como límite a la autonomía e independencia de los Jueces el respeto por el precedente []. […]». (Resaltado fuera del texto original).
La Jurisprudencia de la Corte también ha señalado que el respeto y coherencia del funcionario judicial con las decisiones que constituyen un precedente en el asunto concreto, es un deber de obligatorio cumplimiento y no una simple facultad discrecional, aclarando que hay al menos cinco razones que explican dicha postura:
« […] i) el principio de igualdad que es vinculante a todas las autoridades e, incluso, a algunos particulares, exige que supuestos fácticos iguales se resuelvan de la misma manera y, por consiguiente, con la misma consecuencia jurídica; ii) el principio de cosa juzgada otorga a los destinatarios de las decisiones jurídicas cierto grado de seguridad jurídica y previsibilidad de la interpretación, pues si bien es cierto el derecho no es una ciencia exacta, sí debe existir certeza razonable sobre la decisión; iii) la autonomía judicial no puede desconocer la naturaleza reglada de la decisión judicial, pues sólo la interpretación armónica de esos dos conceptos garantiza la eficacia del Estado de Derecho; iv) los principios de buena fe y confianza legítima imponen a la Administración un grado de seguridad y consistencia en las decisiones, pues existen expectativas legítimas con protección jurídica; y iv) por razones de racionalidad del sistema jurídico, porque es necesario un mínimo de coherencia a su interior […]» . (Resaltado fuera del texto original).
Adicionalmente, ha señalado que el desconocimiento del precedente jurisprudencial «puede llevar a la existencia de un defecto sustantivo en una decisión judicial, en la medida en que el respeto al precedente es una obligación de todas las autoridades judiciales, dada su fuerza vinculante y su inescindible relación con la protección de los derechos al debido proceso e igualdad».
No obstante lo anterior, la Jurisprudencia Constitucional ha admitido la posibilidad de que un Juez se aparte de su propio precedente o del precedente de su superior jerárquico, siempre y cuando se sustenten debidamente las razones de su posición (principio de razón suficiente).
Caso concreto
La sentencia objeto de examen determinó que las resoluciones acusadas eran nulas por falta de motivación, toda vez que no expresaron las razones con fundamento en las cuales se calculó una diferencia entre los aportes parafiscales determinados por BANCOLOMBIA y los liquidados por el ICBF, vulnerando los principios democrático y de publicidad de la función pública y el derecho al debido proceso, al impedir el ejercicio de una adecuada contradicción de las decisiones discutidas.
El ICBF aduce que se desconoció su derecho al debido proceso, por cuanto la providencia incurrió en los defectos sustantivo, fáctico y desconocimiento del precedente judicial.
Frente al cargo del defecto sustantivo, la Sala destaca que la sentencia enjuiciada se refirió a los artículos 127 y 128 del CST de la siguiente manera:
« […] 2. En cuanto al primer asunto, conviene resaltar que los artículos 2º de la Ley 27 de 1974, 39 de la Ley 7 de 1979 y 1º de la Ley 89 de 1988 establecen que todos los empleadores y entidades públicas y privadas están obligados a realizar aportes equivalentes al 3% de su nómina mensual de salarios a favor del ICBF, de acuerdo con la definición de nómina dictada en el artículo 17 de la Ley 21 de 1982.
Según voces de esta última disposición, en lo que atañe a la liquidación de aportes, la noción de «nómina mensual de salarios» comprende la totalidad de los pagos efectuados por concepto de los diferentes elementos integrantes del salario, cualquiera que sea su denominación y, además, los verificados por descansos remunerados de ley y convencionales o contractuales. El mismo artículo 17 ibidem remite a la legislación laboral para la valoración del concepto de salario.
Así pues, por mandato expreso de las leyes que fijan la obligación de realizar contribuciones a favor del ICBF, la determinación de la base de los aportes viene dada en los términos establecidos en la normativa laboral, es decir, que la calificación de los emolumentos asumidos por el empleador a favor de su personal parte de la noción de salario contenida en los artículos 127 y 128 del CST.
A su turno, esas disposiciones entienden por salario todos los pagos recibidos por el trabajador como contraprestación directa del servicio, cualquiera que sea la forma o denominación que se adopte, como primas, sobresueldos, bonificaciones habituales, horas extras, porcentajes de ventas y comisiones, valor del trabajo en días de descanso obligatorio, etc.
Por el contrario, los pagos percibidos ocasionalmente y por mera liberalidad del empleador, como primas, bonificaciones o gratificaciones ocasionales, entre otros, no constituyen salario y, por consiguiente, no están llamados a integrar la base de liquidación de los aportes parafiscales que se discuten. Sucede lo mismo con aquellos emolumentos respecto de los cuales el trabajador y el patrono hayan pactado expresamente la desalarización (artículo 128 CST).
En suma, en virtud de lo establecido por la legislación laboral, para que una erogación sea calificada como salario debe: (i) ser una suma que habitual y periódicamente recibe el empleado; (ii) remunerar de forma directa y onerosa por la prestación de un servicio; (iii) no operar por la mera liberalidad del empleador; (iv) constituir un ingreso personal del trabajador en su patrimonio; y (v) contar con carácter retributivo de la labor desarrollada, es decir que se presenten en el marco de una relación laboral […]». (Resaltado fuera del texto original).
En criterio del accionante, la sentencia cuestionada desconoció que de conformidad con los artículos 127 y 128 del CST, se requiere de pacto expreso entre el trabajador y el empleador para establecer que un pago realizado no constituye salario, pacto que en el proceso de fiscalización de BANCOLOMBIA no fue posible acreditar en relación con las bonificaciones de nóminas identificadas con los códigos 68, 74 y 76, las cuales eran pagadas de forma habitual, razón por la que debían ser consideradas como salario.
Al respecto, se puede verificar de la lectura de la providencia examinada que en ella no se desconocieron las normas mencionadas por el accionante, sino que, por el contrario, las mismas fueron adecuadas a la situación fáctica que le correspondía resolver al juez ordinario. En efecto, se destaca que la sentencia de segunda instancia partió de las siguientes premisas normativas, contenidas en los artículos 127 y 128 del CST y las leyes 27 de 1974 y 89 de 1988:
El fallo señala que todos los empleadores y entidades públicas y privadas están obligados a realizar aportes equivalentes al 3% de su nómina mensual de salarios a favor del ICBF. Esto se deriva de las leyes 27 de 1974 y 89 de 1988.
Menciona también que la calificación de los emolumentos asumidos por el empleador a favor de su personal parte de la noción de salario contenida en el CST, en los artículos 127 y 128.
Agrega que no constituyen salario para efectos de los aportes parafiscales, los emolumentos respecto de los cuales el trabajador y el patrono hayan pactado expresamente la desalarización (artículo 128 CST).
A partir de las mencionadas premisas, la Sección Cuarta examinó los hechos probados en el proceso y concluyó que la actuación administrativa giró en torno a unas bonificaciones sobre las cuales el ICBF consideró que no tenían pacto de desalarización, esto es, acuerdo entre el empleador y el trabajador acerca de su naturaleza de no salario, pero que nunca le fueron puestas de presente a la entidad durante el proceso de fiscalización, para que pudiera ejercer su derecho de defensa.
Luego no es cierto que se haya inaplicado la norma sustantiva que determina cuándo una prestación constituye salario y los requisitos para considerar que está exenta de la base de liquidación de los aportes parafiscales, pues esta situación fue sustentada en las normas que precisamente el accionante estima desconocidas. Situación diferente es que en la aplicación de la norma, el juez de lo contencioso administrativo advierta que, ante el incumplimiento de los requisitos que deben concurrir en la formación de los actos administrativos, sea imposible derivar la consecuencia jurídica que la disposición normativa prevé, esto es, que se causen los aportes parafiscales y se persiga su cumplimiento, pues para ello será necesario que la Administración acuda al proceso de fiscalización siguiendo los parámetros previstos en la ley que la faculta.
Tampoco es de recibo la afirmación del accionante, según la cual el juez accionado desconoció las normas que facultan al ICBF a realizar el procedimiento administrativo de cobro de aportes parafiscales, pues el cuestionamiento que conllevó la declaratoria de ilegalidad de los actos acusados no descansó en un criterio de competencia, sino de incumplimiento de los requisitos de validez del acto administrativo.
Para el ICBF, el fallo de la Sección Cuarta no tuvo en cuenta que las normas y actos jurídicos se rigen por el principio de irretroactividad “entendida como el fenómeno según el cual la ley nueva rige todos los hechos y actos que se produzcan a partir de su vigencia”. Específicamente, anotó que, respecto del pago por concepto de vacaciones en los salarios integrales, la sentencia en cuestión reiteró lo dispuesto en la Circular 018 de 2012 del Ministerio del Trabajo y las sentencias proferidas por esa Sección en los años 2016 y 2017, es decir, con posterioridad a los hechos objeto de debate.
Sobre el particular, cabe destacar que la providencia se refirió al porcentaje de las vacaciones que se incluye en la base de liquidación de los aportes parafiscales en el caso de los empleados con salario integral, de la siguiente manera:
« […] En los eventos en que se acuerde retribución integral, la liquidación de los aportes parafiscales debe efectuarse a partir del 70% de las vacaciones pagadas.
Se insiste: a efectos de la determinación del monto de la obligación parafiscal, el artículo 18 de la Ley 50 de 1990 no establece excepciones en relación con pagos salariales específicos, por lo que debe concluirse que todas las erogaciones —comprendidas las vacaciones— a favor del empleado se someten a imposición sobre una base del 70% y no sobre una base mayor. Una conclusión en sentido contrario carece de sustento legal.
Así pues, desde el punto de vista del derecho aplicable, resultan infundados los alegatos del ICBF, toda vez que la liquidación de los aportes parafiscales debe efectuarse sobre la base del 70% de las vacaciones pagadas, como lo determinó la demandante, y no frente al 100% de aquellos emolumentos, como fue fijado en los actos acusados.
Valga resaltar, además, que las consideraciones anteriores no se derivan de la aplicación retroactiva de la Circular 018 de 2012, como erradamente sostiene la demandada, sino de la interpretación sistemática de la normativa que estuvo vigente durante los periodos discutidos, es decir, los artículos 132 del CST, en la versión modificada por el artículo 18 de la Ley 50 de 1990, y 49 de la Ley 789 de 2002 […]». (Resaltado fuera del texto original).
Se resalta que la sentencia explicó por qué la liquidación de los aportes parafiscales debe efectuarse sobre la base del 70% de las vacaciones pagadas, conforme se deriva de la vigencia de las normas aplicables y no de la aplicación retroactiva de la Circular 018 de 2012, como lo sostiene el ICBF. Sobre este aspecto en concreto, se evidencia del examen en conjunto de la providencia que la decisión de anulación de los actos no descansó en la subsunción de normas posteriores a la ocurrencia de los hechos ni tuvo como eje central el análisis de jurisprudencia, sino que fue producto de la aplicación de la norma que establece los elementos que debe contener la motivación de las liquidaciones tributarias, el cual debe quedar expresamente señalado en la resolución que determina la deuda fiscal o en las actuaciones previas.
Adicionalmente, en relación con las sentencias que el actor considera que no debieron servir de fundamento a la decisión enjuiciada, por haber sido dictadas con posterioridad a la fecha en la que ocurrieron los hechos, la Sala acoge la posición jurisprudencial de la Sala Plena de la Corporación, según la cual el precedente de las sentencias de los órganos de cierre se aplica en forma retrospectiva, es decir, las reglas jurisprudenciales que se fijan en un pronunciamiento se aplican a todos los casos pendientes de solución tanto en vía administrativa como en vía judicial.
En relación con el cargo por defecto fáctico, el tutelante sostiene que la Sección Cuarta arribó a la conclusión de la ausencia de motivación de los actos acusados, porque valoró indebidamente las pruebas obrantes en el proceso.
Explicó que las siguientes pruebas no fueron valoradas adecuadamente:
Acta de Visita de 27 de julio de 2011, en la que consta que el Instituto recibió copias de varios expedientes en los que existían vacíos que requerían revisión, por ejemplo, la falta de constancia o acuerdos de varias bonificaciones de años anteriores.
Acta de liquidación de aportes núm. 118015, en la que se indica que el 20 de septiembre de 2011 representantes de BANCOLOMBIA y del ICBF se reunieron con el fin de verificar la correcta liquidación de aportes parafiscales a favor del Instituto y como resultado se encontraron saldos en las vigencias de los períodos 2006 a 2011, los cuales fueron detallados mes por mes con capital e intereses.
Comunicación de 23 de septiembre de 2011 en la que el ICBF le informó a BANCOLOMBIA que como resultado de la verificación de aportes del período comprendido entre diciembre de 2006 y mayo de 2011 se generó una liquidación por un total de $3.596.801.438.
Adujo el accionante que la Sección Cuarta “omitió deliberadamente el análisis de estos elementos probatorios que hacen parte de las resoluciones núm. 4222 de 2011 y 0040 de 2012 y que constituyen un acto administrativo complejo”. Que, por tanto, la existencia de estos documentos en el expediente desvirtúa la falta de motivación que alegó el juez accionado para anular los actos acusados.
Sobre los citados documentos, la providencia cuestionada dijo:
« […] (vi) El 27 de julio de 2011, el ICBF practicó una tercera visita a la demandante. De la diligencia se elaboró el acta correspondiente que señala (fol. 76 y 77): «después de verificar cada uno de los documentos que soportan los acuerdos de no salario para las bonificaciones en cuestión, se pudo comprobar que hay mucha confusión en los acuerdos, no son claros, por ejemplo hay personas que tienen pacto de no salario por bonificaciones SVA y reciben otro tipo de bonificaciones. Entonces faltan pruebas o no las tienen».
(vii) Mediante el Acta de Liquidación de Aportes Parafiscales nro. 118015, del 20 septiembre de 2011, el ICBF fijó una obligación a cargo de Bancolombia por concepto de aportes parafiscales, causados durante los meses de diciembre de 2006 a mayo de 2011; en cuantía de $2.098.522.787, más intereses de $1.498.278.651, a la fecha de expedición (folios 470 y 471). Entre otros aspectos, señaló:
Bancolombia realiza aportes parafiscales sobre las siguientes bases salariales: i) sueldo; ii) horas extras y recargo nocturno; iii) viáticos; iv) auxilio de alimentación; v) primas extralegales; vi) vacaciones; vii) sobresueldos, viii) salario integral; ix) bonificaciones y x) comisiones.
(…) no realizó aportes sobre los siguientes rubros: algunas bonificaciones y vacaciones de salario integral al 100% con el argumento de que están pactadas en los acuerdos y porque las normas del salario integral establecen que se calculan sobre el 70%. (Se resalta).
(viii) El 20 de septiembre de 2011, la entidad demandada remitió a la aportante la Liquidación de Aportes nro. 118015 (fol. 78) […] » (Lo resaltado es del texto).
De las pruebas en comento, la Sección Cuarta estableció que el acta de liquidación de aportes indicó que BANCOLOMBIA no había realizado aportes durante el período fiscalizado sobre «algunas bonificaciones, vacaciones de S.I. al 100%», y efectuó una liquidación en la que señaló una diferencia de valores entre los montos pagados y los determinados por el ICBF, indicando la fuente de la información, pero sin ninguna referencia adicional sobre la causa de la diferencia, desconociendo lo preceptuado en la Resolución 2868 de 1° de julio de 2011.
Al respecto, la sentencia señaló que para que las actas de visita se tengan como parte integral de la resolución que determina la obligación parafiscal, la Resolución 2868 de 2011 exige que contengan los siguientes elementos:
La descripción del procedimiento.
La descripción de los hallazgos.
La relación de los soportes y documentos aportados.
Las vigencias y el valor liquidado por cada una de ellas.
El total del capital adeudado.
El total de los intereses de mora calculados a la fecha de la visita.
La información al aportante de que estos se seguirán causando diariamente de conformidad con lo establecido en la ley.
Las acciones por seguir de acuerdo con los resultados obtenidos.
El nombre de los bancos, los números de las cuentas de recaudo para que proceda a efectuar el pago, y
El plazo para efectuar el pago.
De lo anterior, concluyó que las actas de la actuación administrativa no identificaron hallazgos específicos, no estimaron a cuánto ascendían los aportes parafiscales dejados de realizar por concepto de cada una de las erogaciones descritas, ni especificaron las vigencias fiscales en discusión, como lo exige la citada Resolución, por lo que no era posible tenerlas como parte integrante del acto que dispuso la obligación. Sobre este punto la providencia acotó:
«[…]En casos análogos al presente, al pronunciarse sobre la posibilidad de que el acto que desata el recurso de reconsideración complemente la determinación de la base gravable omitida en liquidaciones de aforo o revisión, esta Sección ha explicado que, aunque el objeto de la vía gubernativa es permitir a las autoridades administrativas revisar sus propias decisiones, ello no significa que puedan omitir el deber de motivarlas so pretexto de ajustar a la legalidad sus actuaciones; máxime si se considera que el acto que liquida la deuda y el que resuelve un recurso son independientes, pues el primero culmina la etapa de determinación de la obligación dineraria y el segundo la fase de discusión .
En ese orden de ideas, no es jurídicamente admisible que el ICBF se excuse en la resolución que desató el recurso de reposición para justificar la anomalía que vició desde el principio el procedimiento administrativo, pues si la sociedad hubiera conocido las críticas puntuales de la Administración frente a la liquidación de aportes por los períodos en discusión, aquella habría podido rebatirlas con la presentación del mentado recurso.
Bajo este contexto, la Sala concluye que en lo referente a la determinación de los aportes liquidados con ocasión de las bonificaciones discutidas, las resoluciones enjuiciadas están viciadas de nulidad por falta de motivación, toda vez que no expresan las razones con fundamento en las cuales se calculó una diferencia entre los aportes determinados por la parte actora y los liquidados por el ICBF. Así, la entidad demandada vulneró los principios democrático y de publicidad de la función pública y el derecho al debido proceso de la parte actora, pues obstaculizó el ejercicio de una adecuada contradicción de las decisiones aquí estudiadas […]». (Resaltado fuera del texto original).
En definitiva, para la Sala, las consideraciones dadas por el juez ordinario se ajustan a lo que resultó probado en el proceso, esto es, que el acta de liquidación de los aportes parafiscales no especificó los elementos necesarios para ser considerada parte integral de la Resolución que liquidó la obligación -la cual tampoco los mencionó-, y que tal omisión no podía corregirse en la etapa de los recursos de la vía administrativa, so pena de vulnerar el derecho de defensa y contradicción, por lo que no le asiste razón al accionante al señalar que la sentencia de segunda instancia incurrió en una indebida valoración probatoria.
Finalmente, la Sala observa, en relación con el defecto del desconocimiento del precedente, que las sentencias que se invocan como desconocidas se refieren a la obligación del acuerdo de desalarización para la exclusión de emolumentos de los aportes parafiscales, cuestión que, como se vio al analizar la sentencia, fue analizada de conformidad con las normas aplicables y la jurisprudencia de la Corporación, motivo por el cual no es procedente el cargo en mención.
Son estas las razones que imponen denegar la presente solicitud de tutela, como en efecto se dispondrá en la parte resolutiva de la presente providencia.
En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la Ley.
FALLA:
PRIMERO: DENEGAR el amparo solicitado por el INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR, de conformidad con las razones expuestas en la parte motiva de esta providencia.
SEGUNDO: NOTIFICAR a las partes por el medio más expedito y eficaz.
TERCERO: De no impugnarse la decisión, dentro de los diez (10) días siguientes a su ejecutoria, REMITIR el expediente a la Corte Constitucional para su eventual revisión y devolver el expediente solicitado en calidad de préstamo al Despacho de origen.
CÓPIESE, NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE.
Se deja constancia de que la anterior providencia fue leída, discutida y aprobada en la sesión del día 3 de mayo de 2019.
OSWALDO GIRALDO LÓPEZ
Presidente
NUBIA MARGOTH PEÑA GARZÓN
HERNANDO SÁNCHEZ SÁNCHEZ
ROBERTO AUGUSTO SERRATO VALDÉS
En adelante la Sección Cuarta.
Decreto 01 de 1984. Derogado por la Ley 1437 de 18 de enero de 2011, “Por la cual se expide el Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo”.
“Por la cual se dictan normas sobre la creación y sostenimiento de Centros de atención integral al Pre-escolar, para los hijos de empleados y trabajadores de los sectores públicos y privados”.
[4] “Por la cual se asignan recursos al Instituto Colombiano de Bienestar Familiar y se dictan otras disposiciones”.
“Por la cual se asignan recursos al Instituto Colombiano de Bienestar Familiar y se dictan otras disposiciones”.
“Por la cual se establecen lineamientos para adelantar el proceso de fiscalización y cobro del aporte parafiscal del 3% a favor del ICBF”. Derogada por la Resolución 1530 de 2011.
“Por la cual se dictan normas sobre la creación y sostenimiento de Centros de atención integral al Pre-escolar, para los hijos de empleados y trabajadores de los sectores públicos y privados”.
“Por la cual se dictan normas para la protección de la Niñez, se establece el Sistema Nacional de Bienestar Familiar, se reorganiza el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar y se dictan otras disposiciones”. Cita la sentencia C-619 de 2001 de la Corte Constitucional.
“Por la cual se establecen los lineamientos para adelantar el proceso de fiscalización y cobro del aporte parafiscal del 3% con destino al ICBF”. Presentado antes de la admisión de la acción de tutela. Cfr. folio 106.
[11] Cfr. folio 20.
[] Sentencia 173/93.
[] Sentencia T-504/00.
[] Ver entre otras la Sentencia T-315/05.
[] Sentencias T-008/98 y SU-159/2000.
[] Sentencia T-658/98.
[] Sentencias T-088/99 y SU-1219/01. La Corte Constitucional, en la sentencia SU- 627 de 2015 (Magistrado ponente: doctor Mauricio González Cuervo), admitió la procedibilidad de la acción de tutela contra fallos de tutela, en aquellos casos en que se compruebe que existió fraude y, además, se reúnan los requisitos genéricos de procedibilidad de la tutela contra providencias judiciales. Así lo expresó esa Corporación en la citada sentencia, al indicar que: “Si la sentencia de tutela ha sido proferida por otro juez o tribunal de la República, la acción de tutela puede proceder de manera excepcional, cuando exista fraude y por tanto, se esté ante el fenómeno de la cosa juzgada fraudulenta, siempre y cuando, además de cumplir con los requisitos genéricos de procedibilidad de la tutela contra providencias judiciales, (i) la acción de tutela presentada no comparta identidad procesal con la solicitud de amparo cuestionada; (ii) se demuestre de manera clara y suficiente, que la decisión adoptada en la sentencia de tutela fue producto de una situación de fraude (Fraus omnia corrumpit); y (iii) no exista otro medio, ordinario o extraordinario, eficaz para resolver la situación”.
[] Sentencia T-522/01.
[] Cfr. Sentencias T-462/03; SU-1184/01; T-1625/00 y T-1031/01. Cfr. folio 1177 del cuaderno del recurso de apelación. Así lo determinó la Sala Plena de lo Contencioso Administrativo del Consejo de Estado, en sentencia de unificación de 5 de agosto de 2014 (número único de radicación 2012-02201, CP: doctor Jorge Octavio Ramírez Ramírez). Cfr. Corte Constitucional, sentencias T-260 de 1999 y T-054 de 2003, entre otras. Cfr. Corte Constitucional, sentencia T- 458 de 2007 de la Corte Constitucional. Cfr., entre otras, Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, número único de radicación 11001 03 15 000 2017 02541 00, providencia de 1º de diciembre de 2017 (C.P. Roberto Augusto Serrato Valdés); número único de radicación 11001 03 15 000 2018 02657 01, providencia de 26 de noviembre de 2018 (C.P. Oswaldo Giraldo López); y número único de radicación 11001 03 15 000 2018 03509 00, providencia de 3 de diciembre de 2018 (C.P. Hernando Sánchez Sánchez). Cfr. Corte Constitucional, sentencia T-949 de 2009, MP: Mauricio González Cuervo. Sentencia T-310 de 2009.
Magistrado ponente: doctor Jorge Iván Palacio Palacio.
[] «Corte Constitucional, sentencias C-836 de 2001, T-1130 de 2003, T-698 de 2004, T-731 de 2006, T-571 de 2007, T-808 de 2007, T-766 de 2008, T-014 de 2009 y T-100 de 2010, entre otras.»
Cfr. Sentencia de la Corte Constitucional T-766 de 2008, MP: doctor Marco Gerardo Monroy Cabra. Sentencia T-086 de 2007, Magistrado ponente: doctor Manuel José Cepeda Espinosa. Ver Sentencia de la Corte Constitucional T-292 de 2006, Magistrado ponente: doctor Manuel José Cepeda Espinosa. Cita la sentencia C-619 de 2001 de la Corte Constitucional. Sentencias de 17 de marzo de 2016 (número único de radicación 21519, CP: Martha Teresa Briceño de Valencia); 3 de agosto de 2016 (número único de radicación 20697, CP: Jorge Octavio Ramírez) y 13 de diciembre de 2017 (número único de radicación 20527, CP: Milton Chaves García). Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, sentencia de 28 de agosto de 2018, número único de radicación 52001-23-33-000-2012-00143-01(IJ): “115. La Sala Plena de esta Corporación, por regla general, ha dado aplicación al precedente en forma retrospectiva, método al que se acudirá en esta sentencia, disponiendo que las reglas jurisprudenciales que se fijaron en este pronunciamiento se aplican a todos los casos pendientes de solución tanto en vía administrativa como en vía judicial a través de acciones ordinarias; salvo los casos en los que ha operado la cosa juzgada que, en virtud del principio de seguridad jurídica, resultan inmodificables”.
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