Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 11001-03-15-000-2019-00706-00
Consejo de Estado · Sección Segunda
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Consejo de Estado · Sección Segunda
Acción de tutela contra providencia judicial
Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 11001-03-15-000-2019-00706-00
Consejo de Estado · Sección Segunda
República de Colombia
Consejo de Estado
Sección Segunda
Radicado 11001-03-15-000-2019-00706-00
Consejero ponente: Carmelo Darío Perdomo Cuéter
18 de marzo de 2019
ACCIÓN DE TUTELA CONTRA PROVIDENCIA JUDICIAL / DEFECTO FÁCTICO - Inexistencia / DESCONOCIMIENTO DEL PRECEDENTE - Inexistencia / RETIRO DEL SERVICIO ACTIVO DE MIEMBRO DE LA POLICÍA NACIONAL - Por llamamiento a calificar servicios / RECONOCIMIENTO DE LA ASIGNACIÓN DE RETIRO
[N]o se evidencia que (…) el Tribunal (…) haya incurrido en defecto fáctico, en razón a que como el retiro del actor se produjo por la causal llamamiento a calificar servicio y al plenario se allegó extracto de hoja de vida que da cuenta de que este, (…) había laborado para esa institución durante 21 años y 2 meses, tiempo que superaba el establecido en el artículo 24 del Decreto 4433 de 2004 (18 años) para ser beneficiario de la asignación de retiro, se comprueba la legalidad de los actos demandados, lo anterior bajo los criterios de la sana crítica y de acuerdo con lo previsto en el artículo 176 del CGP. (…) se tiene que no se puede alegar desconocimiento del precedente, toda vez que al momento en que se expidió el acto administrativo de retiro del servicio (…), no se había declarado la nulidad del artículo 24 del Decreto 4433 de 2004, pues el fallo que lo excluyó del ordenamiento jurídico, si bien se profirió el 28 de febrero de 2013, quedó ejecutoriado el 29 de agosto de esa anualidad, fecha en que la situación del tutelante se había consolidado. (…) se aclara que de darse el decaimiento del acto administrativo que dispuso el retiro del tutelante, como lo consideró la juez de primera instancia, y tener que dar aplicación al Decreto 1212 de 1990, norma que regulaba el reconocimiento de la asignación de retiro antes de la expedición del Decreto 4433 de 2004, el actor también colmaba el requisito para ser llamado a calificar servicio, dado que este exigía un mínimo de 15 años de servicio para recibir el beneficio prestacional, y él contaba con 21 años y 2 días. (…) la Sala negará el amparo deprecado.
FUENTE FORMAL: CONSTITUCIÓN POLÍTICA - ARTÍCULO 86 / CÓDIGO GENERAL DEL PROCESO - ARTÍCULO 176 / DECRETO 1212 DE 1990 / DECRETO 4433 DE 2004 - ARTÍCULO 24 / DECRETO 837 DE 2005 / DECRETO 837 DE 2013
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO-ADMINISTRATIVO
SECCIÓN SEGUNDA
SUBSECCIÓN B
Consejero ponente: CARMELO PERDOMO CUÉTER
Bogotá, D. C., dieciocho (18) de marzo de dos mil diecinueve (2019)
Radicación número: 11001-03-15-000-2019-00706-00(AC)
Actor: JHON JAIRO ORDÓÑEZ SAAVEDRA
Demandado: MAGISTRADOS DE LA SUBSECCIÓN B DE LA SECCIÓN SEGUNDA DEL TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DE CUNDINAMARCA Y JUEZ TRECE (13) ADMINISTRATIVA DE BOGOTÁ
Procede la Sala a dictar la sentencia que en derecho corresponda dentro del trámite relacionado con la acción de tutela incoada por el señor Jhon Jairo Ordóñez Saavedra contra los señores magistrados de la subsección B de la sección segunda del Tribunal Administrativo de Cundinamarca y Juez Trece (13) Administrativa de Bogotá, por la presunta vulneración de sus derechos constitucionales fundamentales al debido proceso, igualdad y trabajo.
I. ANTECEDENTES
1.1 La solicitud de amparo (ff. 1 a 43). El señor Jhon Jairo Ordóñez Saavedra presenta acción de tutela con el fin de que se le protejan las garantías superiores a los que se hizo referencia, presuntamente quebrantadas por las autoridades demandadas.
Como consecuencia de lo anterior, se deje sin efectos la sentencia de 21 de junio de 2018, dictada por el Tribunal Administrativo de Cundinamarca (subsección B de la sección segunda), que revocó la de 24 de mayo de 2016, por medio de la cual el Juzgado Trece (13) Administrativo de Bogotá accedió a las pretensiones de la demanda de nulidad y restablecimiento del derecho 11001-33-35-013-2013-00764-00; y, en su lugar, se ordene a los accionados dictar un nuevo fallo en el que se proceda a reincorporarlo en el cargo y grado en el que estén los miembros del curso 70 de la Policía Nacional.
1.2 Hechos. Relata el demandante que «[…] ingresó a la Policía Nacional el 27 de enero de 1992 […], cuando ostentaba el grado de mayor […] fu[e] destituido […] mediante [D]ecreto […] 0837 del 24 de abril de 2013, por la causal llamamiento a calificar servicios».
Que inconforme con lo anterior, presentó el 8 de noviembre de 2013 «[…] demanda de nulidad y restablecimiento al derecho […]» (expediente 11001-33-35-013-2013-00764-00), «[…] donde planteó [como] problema jurídico [que]: 2.1 “NO EXISTE CONCEPTO PREVIO DE LA JUNTA ASESORA DEL MINISTRO DE LA DEFENSA” […] para proponer [el] retiro […]» de la que conoció el Juzgado Trece (13) Administrativo de Bogotá que, con providencia de 2 de diciembre de 2016, accedió a sus pretensiones, decisión revocada el 21 de junio de 2018 por el Tribunal Administrativo de Cundinamarca (subsección B de la sección segunda).
Dice que en la sentencia de segunda instancia se consideró que «[…] conforme a lo establecido en las normas que regulan la materia, [el] retiro por llamamiento a calificar servicio puede realizarse siempre y cuando: (i) la junta asesora del Ministerio de Defensa Nacional para la Policía Nacional, emita una recomendación, que en el presente caso se efectuó a través del Acta 0002 de 2013 y (ii) que el uniformado haya laborado por un período que coincida con el mínimo exigido para ser acreedor de una asignación de retiro, el cual, conforme a lo establecido en el Decreto 4433 de 2004, debe ser superior a 18 años, situación que se consolida […], pues a la fecha de expedición de[l] mencionad[o acto administrativo] el demandante contaba con un tiempo de servicio de 21 años y 2 días».
Asimismo, estimó que, en cuanto «[…] a la afirmación realizada por el a quo, en el sentido de indicar que […] existe decaimiento del acto administrativo acusado», en razón a que «[…] el Consejo de Estado en [providencia] de 28 de febrero de 2013, […] declaró la nulidad, entre otros del artículo 24 del Decreto 4433 de 2004», la cual quedó «[…] ejecutoriada el 10 de mayo de […]» 2013, que dicho fallo tiene efectos «[…] ex nunc, de tal suerte que la norma declarada nula es retirada del ordenamiento jurídico desde el día siguiente a la ejecutoria de la […]» decisión, por lo tanto, «[…] no puede hablarse, en este caso, de un decaimiento de la norma, no solo porque los efectos de la sentencia corren a partir del día siguiente de la ejecutoria de la misma, esto es, 11 de mayo de 2013 y el acto administrativo de retiro del servicio del actor fue notificado el día anterior (10 de mayo) sino porque debe tenerse de presente que la validez [de aquel] no se encuentra condicionada a [su] notificación, pues la ausencia de esta última, no lo hace inválido sino ineficaz».
Asevera que las autoridades accionadas incurrieron en defecto fáctico, toda vez que no tuvieron en cuenta todos los documentos allegados al proceso, y desconocimiento del precedente, dado que no observaron el fallo de 28 de febrero de 2013 del Consejo de Estado, que declaró la nulidad del artículo 24 del Decreto 4433 de 2004, el cual tiene efectos ex tunc, por lo que la norma en que se fundamentó su retiro «[…] no existía en el ámbito jurídico».
II. TRÁMITE PROCESAL
Por alcanzar a satisfacer los requisitos formales, el Consejo de Estado, a través
de auto de 19 de febrero de 2019 (ff. 181 y 182), admitió la presente acción, ordenó notificar a los señores magistrados de la subsección B de la sección segunda del Tribunal Administrativo de Cundinamarca y Juez Trece (13) Administrativa de Bogotá y dispuso vincular al señor secretario general de la Policía Nacional, en los términos del artículo 13 del Decreto 2591 de 1991.
2.1 Contestaciones de la acción.
2.1.1 El señor secretario general de la Policía Nacional (ff. 191 a 196) aduce que la presente acción no cumple el requisito de inmediatez, por cuanto «[…] fue presentada el 18 de febrero de 2019 [y] la sentencia de segunda instancia fue notificada el día 16 de agosto de 2018 […], [por lo que] dej[ó] transcurrir más de seis (6) meses para solicitar la protección de sus derechos fundamentales presuntamente vulnerados».
No obstante, indica que el «[…] el Decreto […] 0837 del 24 de abril de 2013, se ajustó al marco de legalidad al estar precedido de la recomendación de la Junta Asesora del Ministerio de Defensa Nacional para la Policía Nacional, consignada en el Acta 002 de 2013 y porque el uniformado laboró el período que coincid[e] con el mínimo exigido para ser acreedor de una asignación de retiro […]».
2.1.2 La señora Juez Trece (13) Administrativa de Bogotá (f. 199) arguye que «[…] la decisión proferida por es[a] instancia, en primer lugar, está regida por los principios de autonomía e independencia del juez y, en segundo lugar, en ella quedaron expuestos todos los fundamentos fácticos, jurídicos y jurisprudenciales en la que se basó la misma […]».
2.1.3 Los señores magistrados de la subsección B de la sección segunda del Tribunal Administrativo de Cundinamarca (f. 200), a través del ponente de la decisión acusada, aducen que en dicha sentencia se consignaron los fundamentos por los que adoptaron la determinación de negar el derecho pretendido, lo cuales se ajustan a derecho.
III. CONSIDERACIONES DE LA SALA
3.1 Competencia. Corresponde a esta Colegiatura, en virtud de las reglas de reparto de la acción de tutela, previstas en el Decreto 1382 de 2000, determinar si en el presente caso hay lugar al amparo deprecado por el accionante, quien aduce quebranto de sus derechos constitucionales fundamentales al debido proceso, igualdad y trabajo.
3.2 La acción. Como se sabe, la acción de tutela prevista en el artículo 86 de la Carta Política y reglamentada por los Decretos 2591 de 1991, 306 de 1992 y 1382 de 2000, como mecanismo directo y expedito para la protección de los derechos constitucionales fundamentales, permite a las personas reclamar ante los jueces, en todo momento y lugar, mediante un procedimiento preferente y sumario, la protección inmediata de ellos cuando quiera que resulten amenazados o vulnerados por la acción o la omisión de cualquier autoridad pública o de los particulares, siempre que no se disponga de otro medio de defensa judicial, salvo que se trate de impedir un daño irremediable, en cuyo evento procede como mecanismo transitorio.
3.3 Problema jurídico. Se contrae a determinar si es dable a través de la acción de tutela, examinar el eventual quebranto de derechos de linaje constitucional fundamental que pueda comportar la sentencia de 21 de junio de 2018, mediante la cual el Tribunal Administrativo de Cundinamarca (subsección B de la sección segunda) decidió en segunda instancia el medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho 11001-33-35-013-2013-00764-00 incoado por el tutelante contra la Nación – Ministerio de Defensa Nacional – Policía Nacional, en el sentido de revocar la providencia del Juzgado Trece (13) Administrativo de Bogotá, que accedió a las pretensiones de la demanda, para en su lugar negarlas; y en caso afirmativo, si se han vulnerado las garantías superiores al debido proceso, igualdad y trabajo invocadas en la solicitud de amparo.
3.4 La acción de tutela contra providencias judiciales. El debate jurisprudencial sobre la procedencia de la tutela contra decisiones judiciales tiene génesis en la sentencia C-543 de 1992 de la Corte Constitucional que declaró la inexequibilidad del artículo 40 del Decreto 2591 de 1991. Más adelante, la misma Corte permitió de manera excepcional y frente a la amenaza de derechos fundamentales, el reexamen de la decisión judicial en sede de tutela, con la finalidad de establecer si el fallo judicial se adoptó, en apariencia revestida de forma jurídica, cuando en realidad envolvía una vía de hecho.
La vía de hecho entendida como una manifestación burda, flagrante y desprovista de todo vestigio de legalidad, inspiró la posibilidad de instaurar la acción de tutela contra decisiones judiciales, pues no obstante el reconocimiento al principio de autonomía funcional del juez, quien la administra quebranta, bajo la forma de una providencia judicial, derechos fundamentales.
La evolución de la jurisprudencia condujo a que desde la sentencia T-231 de 1994 se determinaran cuáles defectos podían conducir a que una sentencia fuera calificada como vía de hecho, para lo cual sostuvo que esta se configura cuando se presenta, al menos, uno de los siguientes vicios o defectos protuberantes: (i) defecto sustantivo, que se produce cuando la decisión controvertida se funda en una norma indiscutiblemente inaplicable; (ii) defecto fáctico, que ocurre cuando resulta indudable que el juez carece de sustento probatorio suficiente para proceder a aplicar el supuesto legal en el que se sustenta la decisión; (iii) defecto orgánico, se presenta cuando el funcionario judicial que profirió la providencia impugnada, carece, absolutamente, de competencia para ello; y (iv) defecto procedimental, que aparece en aquellos eventos en los que se actuó completamente al margen del procedimiento establecido.
Esta doctrina constitucional ha sido reiterada en varias decisiones de unificación proferidas por la sala plena de la Corte Constitucional, entre las cuales están las sentencias SU-1184 de 2001 y SU-159 de 2002.
Posteriormente, mediante sentencia C-590 de 2005, la Corte Constitucional destacó el carácter excepcional de la acción de tutela, vale decir cuando de manera protuberante se vulneren o amenacen derechos fundamentales. La regla general de improcedencia de la acción de tutela contra tales decisiones, se expone en la citada providencia al destacar que incluso las sentencias judiciales constituyen ámbitos ordinarios de reconocimiento y realización de los derechos fundamentales y, además, porque el valor de cosa juzgada de las sentencias, la garantía del principio de seguridad jurídica y la autonomía e independencia son principios que caracterizan a la jurisdicción en la estructura del poder público.
En otro aparte, en la mencionada decisión se precisó:
22. Con todo, no obstante que la improcedencia de la acción de tutela contra sentencias es compatible con el carácter de ámbitos ordinarios de reconocimiento y realización de los derechos fundamentales inherente a los fallos judiciales, con el valor de cosa juzgada de las sentencias y con la autonomía e independencia que caracteriza a la jurisdicción en la estructura del poder público; ello no se opone a que en supuestos sumamente excepcionales la acción de tutela proceda contra aquellas decisiones que vulneran o amenazan derechos fundamentales.
Así las cosas, se elaboró el test de procedencia de la acción de tutela contra decisiones judiciales, con la finalidad de destacar los eventos excepcionales de aplicación, los cuales deben satisfacerse plenamente para identificar cuándo una sentencia judicial puede someterse al examen de orden estrictamente constitucional, en aras de determinar si con la actuación se afectan derechos de relevancia constitucional o si no alcanza a vulnerarlos porque se profirió dentro del marco de actuación propio de los órganos judiciales ordinarios.
Tales presupuestos son: (i) Que la cuestión que se discuta resulte de evidente relevancia constitucional; lo anterior porque el juez constitucional no puede entrar a estudiar cuestiones que no tienen una clara y marcada importancia constitucional so pena de involucrarse en asuntos que corresponde definir a otras jurisdicciones. (ii) Que se hayan agotado todos los medios ordinarios y extraordinarios de defensa judicial al alcance de la persona afectada, salvo que se trate de evitar la consumación de un perjuicio iusfundamental irremediable. Al respecto señala la Corte Constitucional que de no ser así, esto es, de asumirse la acción de tutela como mecanismo de protección alternativo, se correría el riesgo de vaciar las competencias de las distintas autoridades judiciales. (iii) Que se cumpla el requisito de la inmediatez, es decir, que la tutela se hubiere interpuesto en un término razonable y proporcionado a partir del hecho que originó la vulneración. (iv) Cuando se trate de una irregularidad procesal, debe quedar claro que la misma tiene un efecto decisivo o determinante en la sentencia que se impugna y que afecta los derechos fundamentales de la parte actora. Dicha irregularidad debe comportar grave lesión de derechos fundamentales, tal como ocurre con los casos de pruebas ilícitas susceptibles de imputarse frente a crímenes de lesa humanidad, y la protección de tales derechos se genera independientemente de la incidencia que tengan en el litigio, por ello hay lugar a la anulación del juicio. (v) Que el actor identifique de manera razonable tanto los hechos que generaron la vulneración como los derechos quebrantados y que lo hubiere alegado en el proceso judicial siempre que esto hubiese sido posible. Sobre este punto, la Corte anota que esta exigencia es comprensible, pues sin que la acción de tutela llegue a rodearse de unas exigencias formales contrarias a su naturaleza y no previstas por el constituyente, sí es menester que el accionante tenga claridad en cuanto al fundamento de la afectación de derechos que imputa a la decisión judicial, que la haya planteado al interior del proceso y que dé cuenta de todo ello al momento de pretender la protección constitucional de sus derechos. (vi) Que no se trate de sentencias de tutela, dado el riguroso proceso de selección que hace la Corporación.
Asimismo, bajo el rótulo de las causales de procedibilidad se rediseñó el ámbito de comprensión de la acción de tutela contra sentencias judiciales y quedó superada la noción de vía de hecho por la de decisión ilegítima con el propósito de destacar la excepcionalidad de la acción de tutela contra decisiones judiciales, la cual solamente cuando tenga eminente relevancia constitucional resulta procedente.
Al respecto, la Corte indica que los defectos o vicios que debe presentar la decisión que se juzga, son: (i) defecto orgánico, que se presenta cuando el funcionario judicial que profirió la providencia impugnada, carece de competencia; (ii) defecto procedimental absoluto, se origina cuando el juez actuó completamente al margen del procedimiento establecido; (iii) defecto fáctico, que surge cuando el juzgador carece del apoyo probatorio que permita la aplicación del supuesto legal en el que se sustenta la decisión; (iv) defecto material o sustantivo, cuando se funda la decisión en normas inexistentes o inconstitucionales o que presentan una evidente y grosera contradicción entre las consideraciones y la decisión; (v) error inducido, se da cuando el juez o tribunal fue víctima de un engaño por parte de terceros y esto lo condujo adoptar una decisión que afecta derechos fundamentales; (vi) decisión sin motivación, que implica el incumplimiento por parte de los servidores judiciales de dar cuenta de los fundamentos fácticos y jurídicos de sus decisiones; (vii) desconocimiento del precedente, según la Corte Constitucional, en estos casos la tutela procede como mecanismo para garantizar la eficacia jurídica del contenido constitucionalmente vinculante del derecho fundamental quebrantado; y (viii) violación directa de la Constitución, que procede cuando la decisión judicial supera el concepto de vía de hecho, vale decir, en eventos en los que si bien no se está ante una burda trasgresión de la Carta, sí se trata de decisiones ilegítimas que afectan derechos fundamentales.
La Sala se ha detenido en el análisis de la posición de la Corte Constitucional en lo concerniente a la procedencia de la acción de tutela contra decisiones judiciales, por las razones que se exponen a continuación:
La primera es que en este aspecto, comparte plenamente la idea cardinal de que en el Estado social de derecho la prevalencia de los derechos constitucionales fundamentales compromete la actuación de «cualquier autoridad pública» (artículo 86 de la CP), incluidos desde luego los jueces de la República de todas las jurisdicciones y rangos.
En segundo lugar, de acuerdo con los derroteros jurisprudenciales de la Corte Constitucional si bien la acción de tutela resulta procedente contra providencias judiciales, esta comporta carácter excepcional y no puede significar, en modo alguno, una prolongación indefinida del debate jurídico.
En tercer lugar, la metodología contenida en la jurisprudencia constitucional para verificar si una decisión judicial debe o no ser tutelada, constituye un valioso mecanismo para resolver el asunto, cuya adopción facilita el análisis de este complejo problema.
Por último, es pertinente destacar que la sala plena de lo contencioso-administrativo del Consejo de Estado, la cual había sostenido que la acción de tutela resultaba improcedente para controvertir decisiones judiciales, rectificó su posición mediante sentencia de 31 de julio de 2012, en el sentido de disponer que la acción constitucional es procedente contra providencias, cuando vulneren derechos constitucionales fundamentales, con observancia de los parámetros fijados jurisprudencialmente, así como los que en el futuro determine la ley y la jurisprudencia; lineamientos que esta subsección con anterioridad al fallo citado ha aplicado en los términos antes expuestos.
3.5 Caso concreto. Analizados los requisitos generales de procedibilidad de la acción de tutela contra providencias judiciales, la Sala evidencia que en el presente caso se encuentran cumplidos, pues (i) el asunto es de relevancia constitucional, dado que se discute el supuesto desconocimiento de los derechos fundamentales al debido proceso, igualdad y trabajo; (ii) la sentencia controvertida no es susceptible de otro medio de defensa judicial, puesto que fue proferida en segunda instancia y se encuentra ejecutoriada; (iii) se identificaron los hechos que originaron el presunto quebranto de las aludidas garantías superiores; (iv) el requisito de inmediatez está satisfecho, pues el fallo atacado fue notificado por correo electrónico el 16 de agosto de 2018 (ff. 45 y 46) y la solicitud de amparo fue instaurada el 15 de febrero de 2019 (f. 1), es decir, dentro de un término prudencial, y (v) la decisión controvertida no fue dictada en una acción de tutela.
En razón a que se colman los anteriores presupuestos, la Sala procede a analizar el fondo del asunto bajo las causales específicas denominadas defecto fáctico y desconocimiento del precedente, alegadas por el actor.
3.5.1 Hechos probados. Del escrito de tutela y las pruebas obrantes en el expediente, se destaca lo siguiente:
a) Por medio de acta 2 de 5 de febrero de 2013, la junta asesora del Ministerio de Defensa Nacional para la Policía Nacional recomendó el retiro por llamamiento a calificar servicio del actor, al haber acumulado un tiempo de servicios de 21 años y 2 días, lo que le permite acceder a una asignación de retiro (ff. 131 a 138).
b) A través de Decreto 837 de 24 de abril de 2013, el señor Ministro de Defensa Nacional acogió la recomendación de la junta asesora de esa cartera y retiró por llamamiento a calificar servicios al demandante (ff. 123 a 128).
c) El tutelante instauró demanda de nulidad y restablecimiento del derecho contra la Nación – Ministerio de Defensa Nacional – Policía Nacional, por cuyo conducto solicitó anular el acta 2 de 5 de febrero de 2013 y el Decreto 837 de 24 de abril siguiente, y como consecuencia de ello, ordenar su reintegro «[…] al grado y cargo en la [P]olicía Nacional que lleven [sus] compañeros en curso de ascenso […], como si no hubiera existido solución de continuidad […]» (ff. 46 a 110).
d) Adición a la demanda citada en la letra anterior presentada el 23 de mayo de 2014, respecto a las disposiciones quebrantadas, dado que incluyó el desconocimiento del precedente fijado por esta Corporación en la decisión de 28 de febrero de 2013, que declaró la nulidad del artículo 24 del Decreto 4433 de 31 de diciembre de 2004 (ff. 111 a 122).
e) Sentencia dictada el 24 de mayo de 2016 por el Juzgado Trece (13) Administrativo de Bogotá, que accedió a las pretensiones del medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho 11001-33-35-013-2013-00764-00 incoado por el tutelante contra la Nación - Ministerio de Defensa – Policía Nacional, al considerar que «[…] si bien al momento de suscribirse el Acta […] del 5 de febrero de 2013 se encontraba vigente el artículo 24 del […] Decreto 4433 de 2004, lo cierto es que al concretarse el retiro del servicio […] con el […] Decreto 0837 de 24 de abril de 2013, la condición temporal consagrada en dicha norma había sido declarada nula por el Consejo de Estado en sentencia del 28 de febrero de 2013, […] por lo que el citado acto demandado se fundó en un sustrato normativo inexistente», toda vez que «[…] la ejecutoria del [aludido] Decreto fue afectada por el fenómeno del decaimiento de los actos administrativos, por el requisito temporal de los dieciocho (18) años establecido» en la norma anulada, «[…] lo que impide que el acto acusado continue produciendo efectos hacia futuro» (ff. 266 a 297 exp. ordinario).
f) Las partes interpusieron recursos de apelación contra el anterior fallo (ff. 1032 a 1079 exp. ordinario), desatados el 21 de junio de 2018 por el Tribunal Administrativo de Cundinamarca (subsección B de la sección segunda) (ff. 1180 a 1201 exp. ordinario), en el sentido de revocarlo, al concluir que «[…] conforme a lo establecido en las normas que regulan la materia, [el] retiro por llamamiento a calificar servicio puede realizarse siempre y cuando: (i) la junta asesora del Ministerio de Defensa Nacional para la Policía Nacional, emita una recomendación, que en el presente caso se efectuó a través del Acta 0002 de 2013 y (ii) que el uniformado haya laborado por un período que coincida con el mínimo exigido para ser acreedor de una asignación de retiro, el cual, conforme a lo establecido en el Decreto 4433 de 2004, debe ser superior a 18 años, situación que se consolida […], pues a la fecha de expedición de[l] mencionad[o acto administrativo] el demandante contaba con un tiempo de servicio de 21 años y 2 días».
De igual modo, en cuanto «[…] a la afirmación realizada por el a quo, en el sentido de indicar que […] existe decaimiento del acto administrativo acusado», en razón a que «[…] el Consejo de Estado en sentencia de 28 de febrero de 2013, […] declaró la nulidad, entre otros[,] del artículo 24 del Decreto 4433 de 2004», la cual quedó «[…] ejecutoriada el 10 de mayo de […]» 2013, es de señalar que esta tiene efectos «[…] ex nunc, de tal suerte que la norma [anulada] es retirada del ordenamiento jurídico desde el día siguiente a la ejecutoria de la […]» providencia, por lo que «[…] no puede hablarse, en este caso, de un decaimiento de la norma, no solo porque los efectos [del fallo] corren a partir del día siguiente de [su] ejecutoria […], esto es, 11 de mayo de 2013 y el acto administrativo de retiro del servicio del actor fue notificado el día anterior (10 de mayo) sino porque debe tenerse de presente que la validez [de aquel] no se encuentra condicionada a [su] notificación, pues la ausencia de esta última, no lo hace inválido sino ineficaz».
3.5.2 Criterio del Consejo de Estado sobre el retiro del servicio por llamamiento a calificar servicios. Esta Corporación ha definido esta causal de desvinculación de los miembros de la fuerza pública como un instrumento mediante el cual se remueve al personal de las instituciones militares y de policía, siempre que cumplan los requisitos para acceder a la asignación de retiro, con la finalidad de adaptarlas a las nuevas necesidades de la sociedad y facilitar la promoción de sus miembros.
Esta sección, sobre el particular, ha indicado lo siguiente:
Tratándose del llamamiento a calificar servicios se ha dicho que tal figura entraña el ejercicio de una facultad discrecional como potestad jurídica del Estado que permite a la autoridad administrativa, adoptar una u otra decisión; es decir, la permanencia o retiro del servicio cuando a su juicio, las necesidades del servicio así lo exijan. En estos eventos, el servidor público que la ejerce es libre para apreciar, valorar, juzgar y escoger la oportunidad y el contenido de su decisión dentro de las varias posibilidades.
En punto del tema del llamamiento a calificar servicios, estima la Sala que tal medida atiende a un concepto de evolución institucional, conduciendo necesariamente a la adecuación de su misión y la visión, a los desafíos a los que se enfrenta una institución […]. En este sentido, estamos en presencia de un valioso instrumento que permite un relevo dentro de la línea jerárquica de los cuerpos armados, facilitando el ascenso y promoción de su personal, lo que responde a la manera corriente de culminar la carrera oficial dentro de ellos […].
Asimismo, esta Corporación ha dicho que el retiro por llamamiento a calificar servicios no comporta una sanción o trato degradante, pues es un instrumento que facilita que los oficiales y suboficiales de las fuerzas militares y de policía disfruten de la asignación de retiro sin necesidad de que continúen en el ejercicio de las actividades castrenses.
De igual manera, este alto tribunal ha sostenido:
Cabe destacar que de manera aislada la Sección acogió la posición inicial establecida por la Corte Constitucional, esto es, que si bien los actos de retiro de los miembros de la Fuerza Pública no deben contener en su cuerpo necesariamente las razones que llevan a tomar este tipo de decisiones, los mismos sí deben estar sustentados en razones objetivas y hechos ciertos que justifiquen el retiro, sin embargo, no se puede alegar que dicho planteamiento constituye precedente, en tanto no corresponde a una posición uniforme y reiterada de la Sección Segunda sobre la materia y, por ende, no puede ser considerado un precedente vertical aplicable al caso por los Tribunales y Juzgados Administrativos.
De conformidad con lo hasta aquí expuesto, esta Corporación ha fijado el criterio según el cual no es necesario expresar las razones por las que se desvincula a un oficial de la Policía Nacional bajo esa causal, en tanto la motivación está prevista en la ley.
En atención a lo analizado sobre el precedente, se advierte que las autoridades por no atender los pronunciamientos de esta Corporación sobre el retiro por llamamiento a calificar servicios al decidir el asunto materia de controversia, vulneraron el derecho fundamental a la igualdad del Ministerio de Defensa-Policía Nacional, pues ante situaciones fácticas y jurídicas similares, se deben resolver las controversias de la misma manera en aras de garantizar la seguridad jurídica.
Por otra parte, se observa que las autoridades también incurrieron en defecto sustantivo al afirmar que los actos administrativos de retiro por llamamiento a calificar servicios deben motivarse, pues ello no está dispuesto en los artículos 1º y 3º de la Ley 857 de 2003 como una condición para desvincular bajo esa causal a los oficiales de la Policía Nacional, pues dichas normas solo exigen cumplir los requisitos para acceder a la asignación de retiro y un concepto previo de la junta asesora del Ministerio de Defensa para la Policía Nacional, supuestos que se satisfacen en el caso concreto, dado que el señor contaba con más de quince (15) años de servicios, ya que ingreso a la Institución el 24 de enero de 1991 y fue retirado el 4 de abril de 2011 (20 años, 1 mes y 10 días de servicio), y la mencionada junta recomendó su desvinculación a través de acta del 18 de febrero del mismo año.
Con tal interpretación, el Tribunal y el Juzgado accionado desconocieron el debido proceso del Ministerio de Defensa Nacional, pues realizaron una interpretación poco plausible de las normas que regulan el retiro por llamamiento a calificar servicios, al disponer requisitos adicionales no previstos en la normativa aplicable al caso (negrillas no son del texto).
[…]
En similar sentido, la Corte Constitucional se pronunció en decisión SU-91 de 2016, al estimar:
El retiro por llamamiento a calificar servicios goza de las siguientes características: (i) la Institución emite un acto administrativo basado en una atribución legal que conduce al cese de actividades del uniformado, sin que su inactividad implique una sanción, despido o exclusión deshonrosa y no puede equipararse a otras formas de desvinculación tales como la destitución; (ii) esta facultad sólo puede ser ejercida cuando el miembro de la Fuerza Pública ha laborado durante un mínimo de años (15 o más, según el caso) que le garantice el acceso a una asignación de retiro, previa recomendación de la Junta Asesora del Ministerio de Defensa; (iii) la cesación del servicio por esta causa se considera una situación en la cual los miembros de la Fuerza Pública, sin perder su rango en la milicia, culminan su carrera sin que les asista la obligación de prestar sus servicios en actividad; (iv) el retiro así ordenado no es definitivo ni absoluto, simplemente el miembro de la Fuerza Pública deja de ser activo para pasar a la reserva; (v) existe la posibilidad de que el uniformado retirado sea reincorporado por llamamiento especial al servicio, tal como puede ocurrir si es nombrado como agregado en el extranjero; (vi) es una forma consuetudinaria de permitir la renovación del personal de la fuerza pública y una manera común de terminar la carrera dentro de las instituciones armadas, permitiendo la renovación de mandos.
Por lo tanto, los actos administrativos por los cuales se retira a un oficial o suboficial de las fuerzas militares y de la Policía Nacional por llamamiento a calificar servicios no requieren de una motivación distinta de la de cumplir los requisitos para acceder a la asignación de retiro y un concepto previo de la junta asesora del Ministerio de Defensa para la Policía Nacional.
3.5.3 Defecto fáctico. La Corte Constitucional ha sostenido que el defecto fáctico contiene dos aspectos o dimensiones. El primero hace referencia al aspecto positivo que se presenta cuando el funcionario judicial fundamenta su determinación en una prueba no apta para ello. Por su parte, la segunda dimensión se trata de un aspecto negativo que alude a aquella valoración probatoria arbitraria del juez, que se configura en los eventos en que, caprichosamente, da por no esclarecido un hecho, pese a obrar suficiente material que lo demuestra. Al respecto, el alto tribunal constitucional indicó:
[…] el defecto fáctico positivo, procede de una inadecuada valoración del acervo probatorio o cuando se funda una decisión en una prueba no apta para ello. Por su parte el defecto negativo, alude a aquella omisión en la valoración de pruebas determinantes para identificar la veracidad de los hechos analizados por el juez. En esta situación se incurre cuando se produce la negación de una prueba o valoración arbitraria, irracional y caprichosa de la prueba que se presenta cuando el juez simplemente ignora la prueba u omite su valoración, o cuando sin razón valedera da por no probado el hecho o la circunstancia que de la misma emerge clara y objetivamente.
Es preciso advertir que si bien el juez goza de un amplio margen de autonomía al momento de valorar las pruebas, no está facultado para ejercer dicha prerrogativa de manera arbitraria puesto que debe observar criterios objetivos que garanticen la razonabilidad de las deducciones de cada medio probatorio, lo que se logra en cumplimiento de las reglas de la sana crítica, conforme lo prevé el artículo 176 del Código General del Proceso (CGP), norma aplicable en la jurisdicción contencioso-administrativa a partir del 1.º de enero de 2014, como lo explicó la sala plena de esta Corporación. El tenor de esa norma es el siguiente:
Las pruebas deberán ser apreciadas en conjunto, de acuerdo con las reglas de la sana crítica, sin perjuicio de las solemnidades prescritas en la ley sustancial para la existencia o validez de ciertos actos.
El juez expondrá siempre razonadamente el mérito que le asigne a cada prueba.
Asimismo, cabe anotar que las aludidas reglas de la sana crítica hacen referencia a parámetros impuestos por la lógica, ciencia y experiencia.
En la solicitud de amparo el demandante afirma que la decisión controvertida incurre en defecto fáctico, toda vez que no se valoraron algunas pruebas documentales a pesar de que fueron adosados al proceso ordinario, tales como son los oficios (i) «[…] S 2013071366 de 9 de mayo de 2013 […] de la Policía Metropolitana de Bogotá, [que da cuenta de que] el [D]ecreto No. 0837 del 24 de abril [de ese año], está firmado por el señor Ministro de Defensa»; (ii) «[…] S 2013 144875 del 24 de mayo de 2013 […] de la dirección de talento humano, [en el que se indica que] la Junta de Evaluación y clasificación para oficiales, no sesionó para efectos […] de su llamamiento a calificar servicio»; (iii) «[…] S 2013 089723 del 31 de mayo de 2013 [suscrito por el] jefe [del] centro de investigaciones criminológicas [S]ijin – Mebog, donde se evidencia la estadística de la estación de ciudad Bolívar para el año 2012, último cargo que desempeñ[ó]»; y (iv) «[…] S 2013 165309 del 12 [de junio de] 2013, emanado del señor Brigadier General EDGAR S[Á]NCHEZ MORALES, en el cual [se] sostiene que NO EXISTE NINGÚN CONCEPTO POR ESCRITO que se haya realizado para proponer [su] retiro […]»; y las «[…] felicitaciones por el subcomandante de la policía metropolitana de Bogotá».
Ahora bien, de lo narrado por el tutelante en los hechos de la presente acción, se observa que la junta asesora del Ministerio de Defensa Nacional para la Policía Nacional, en sesión de 5 de febrero de 2013, recomendó su retiro del servicio por «[…] llamamiento a calificar servicio», al evidenciar que «[…] acumula un tiempo de servicio de 21 años, 0 meses y 02 días, […] que lo hace acreedor a una asignación mensual de retiro, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 24 del Decreto 4433 de 2004», determinación que se materializó a través del Decreto 837 de 24 de abril siguiente, notificado el 10 de mayo de esa anualidad.
Que inconforme con la anterior, el demandante instaura demanda de nulidad y restablecimiento del derecho (expediente 11001-33-33-50-13-2013-00764-00), de la cual conoció el Juzgado Trece (13) Administrativo de Bogotá que, con fallo de 24 de mayo de 2016, accedió a las pretensiones de la demanda, decisión revocada el 21 de junio de 2018 por el Tribunal Administrativo de Cundinamarca (subsección B de la sección segunda), al determinar:
De conformidad con las documentales allegadas al proceso, se advierte que el actor fue retirado del servicio activo de la Policía Nacional, por la causal denominada llamamiento a calificar servicio.
Aduce el accionante en la demanda que no existe concepto previo de la Junta Asesora de la Policía Nacional que recomiende su retiro del servicio, el cual es obligatorio en casos como este a la luz de lo establecido en la Ley 857 de 2003. Asimismo indica que no se tuvo en cuenta las excelentes calificaciones y condecoraciones que durante los años de servicio se le otorgó.
Frente al primer punto planteado por el actor, se reitera que conforme a lo establecido en las normas que regulan la materia, el retiro por llamamiento a calificar servicio puede realizarse siempre y cuando: (i) la junta asesora del Ministerio de Defensa Nacional para la Policía Nacional, emita una recomendación, que en el presente caso se efectuó a través del Acta 002 de 2013 y (ii) que el uniformado haya laborado por un período que coincidía con el mínimo exigido para ser acreedor de una asignación de retiro, el cual, conforme a lo establecido en el Decreto 4433 de 2004, debe ser superior a 18 años, situación que se consolida en el presente asunto, pues a la fecha de expedición de la mencionada Acta 002 de 5 de febrero de 2013, el demandante contaba con un tiempo de servicio de 21 años y 2 días.
En todo caso, se reitera que en el ejercicio de la potestad discrecional desplegada por la entidad, no se hace necesario que la autoridad administrativa manifieste los motivos o criterio que tuvo en cuenta para disponer el retiro del servicio público del actor, por llamamiento a calificar servicio, por lo que no es procedente considerar arbitraria la actuación que omita registrar dichas razones.
En relación con las excelentes calidades del demandante, quien así califica su comportamiento, y por ello no existían razones para ser desvinculado del servicio, la Sala dirá que la idoneidad en el ejercicio del cargo y el buen desempeño de las funciones asignadas, no otorgan por si solas las prerrogativas de la permanencia en el mismo ni mucho menos es obstáculo para que la administración prescinda de sus servicios.
Por lo anterior, contrario a lo afirmado por el accionante, al revisar la decisión atacada se encuentra que en su parte considerativa se tuvo en cuenta todo el material probatorio recaudado, como son (i) las calificaciones y los reconocimientos que se le hicieron al actor en el desempeño de sus funciones y (ii) las respuestas a la petición formulada el 20 de mayo de 2013, entre las que se encuentra el oficio 165309 de 12 de junio siguiente, diferente es que, en atención a que el retiro del tutelante acaeció por la causal de llamamiento a calificar servicio, dichos elementos de convicción no repercutían en esa decisión, toda vez que para que sea válida esa situación administrativa, solo se requiere, como motivación, que cumpla el tiempo mínimo para acceder a la asignación de retiro y un concepto previo de la junta asesora del Ministerio de Defensa para la Policía Nacional que recomiende su desvinculación, pues este mecanismo le permite a la autoridad administrativa prescindir laboralmente del servidor, cuando considere que las necesidades del servicio así lo requiere.
Con fundamento en lo expuesto, no se evidencia que los señores magistrados del Tribunal Administrativo de Cundinamarca (subsección B de la sección segunda) hayan incurrido en defecto fáctico, en razón a que como el retiro del actor se produjo por la causal llamamiento a calificar servicio y al plenario se allegó extracto de hoja de vida que da cuenta de que este, a la fecha en que sesionó la junta asesora del Ministerio de Defensa para la Policía Nacional, la cual recomendó su desvinculación, había laborado para esa institución durante 21 años y 2 meses (f. 536 exp. ordinario), tiempo que superaba el establecido en el artículo 24 del Decreto 4433 de 2004 (18 años) para ser beneficiario de la asignación de retiro, se comprueba la legalidad de los actos demandados, lo anterior bajo los criterios de la sana crítica y de acuerdo con lo previsto en el artículo 176 del CGP.
Conviene recordar que el hecho de que los accionados no hayan valorado los elementos de convicción como lo deprecaba el accionante no implica que incurran en la causal específica de procedibilidad de la acción de tutela contra providencias judiciales denominada defecto fáctico, pues en ejercicio de sus competencias jurisdiccionales tienen la potestad de otorgar diferentes grados de certeza a las pruebas obrantes en el expediente, siempre que lo hagan de manera integral y bajo los criterios de la sana crítica, conforme aconteció en el asunto materia de controversia.
Por ende, las conclusiones probatorias del funcionario judicial (natural) están amparadas por la presunción de buena fe, situación que imposibilita al juez de tutela cuestionarlas, salvo que sean evidentemente contrarias a las garantías superiores del ordenamiento jurídico, supuesto que no se da en el sub lite. Acerca de este aspecto, la Corte Constitucional sostuvo lo siguiente:
Las diferencias de valoración que puedan surgir en la apreciación de una prueba no pueden considerarse ni calificarse como errores fácticos.
Frente a interpretaciones diversas y razonables, es el juez natural quien debe determinar, conforme a los criterios de la sana crítica, y en virtud de su autonomía e independencia, cuál es la que mejor se ajusta al caso concreto.
El juez del proceso, en ejercicio de sus funciones, no sólo es autónomo sino que sus actuaciones están amparadas por el principio de la buena fe, lo que le impone al juez de tutela la obligación de asumir, en principio y salvo hechos que acrediten lo contrario, que la valoración de las pruebas realizadas por aquél es razonable y legítima.
Para que la acción de tutela pueda proceder por error fáctico, “[e]l error en el juicio valorativo de la prueba debe ser de tal entidad que sea ostensible, flagrante y manifiesto, y el mismo debe tener una incidencia directa en la decisión, pues el juez de tutela no puede convertirse en una instancia revisora de la actividad de evaluación probatoria del juez que ordinariamente conoce de un asunto” […].
3.5.4 Desconocimiento del precedente. Al respecto, se precisa que el desconocimiento del precedente tiene dos modalidades: (i) como causal autónoma de procedencia de la tutela contra providencia judicial cuando se trata del precedente constitucional, y (ii) como defecto sustantivo por el desconocimiento del precedente judicial. La primera tiene su origen en el artículo 241 superior y se predica exclusivamente de los precedentes fijados por la Corte Constitucional en su jurisprudencia, y la segunda hace referencia a cuando la autoridad jurisdiccional se aparta del precedente horizontal o vertical sin justificación suficiente, lo que lleva a concluir que la providencia adolece de un defecto sustantivo en virtud de los principios del debido proceso, igualdad y buena fe.
La misma jurisprudencia constitucional ha precisado que el precedente no solo es orientador sino obligatorio, porque (i) si bien es cierto que los jueces únicamente están sometidos al imperio de la ley, también lo es que esta en su sentido amplio comprende todas las fuentes de derecho, incluidas las sentencias, el bloque de constitucionalidad y la jurisprudencia de los órganos de cierre en cada jurisdicción; (ii) su fuerza vinculante se funda en la aplicación de los principios de igualdad, debido proceso y buena fe, pues se debe garantizar la certidumbre en las decisiones de los jueces a la luz de la seguridad jurídica y la confianza legítima frente al ordenamiento jurídico; y (iii) es la solución más adecuada al problema jurídico que se plantea, salvo que en atención a su autonomía e independencia, se aparte por considerar que tiene mejores razones o justificaciones para decidirlo y las sustente de manera expresa, amplia y suficiente.
Así, se entiende por precedente judicial, como interpretación consolidada de la ley, el conjunto de razones reiteradas, amplias y consolidadas por el juez para dirimir los conflictos que conoce, que deben ser tenidas en cuenta al resolver controversias posteriores siempre que entre el asunto ya decidido y el que está por resolverse medie una correspondencia entre las situaciones fácticas y jurídicas. En otras palabras, la administración de justicia debe solucionar los litigios a su cargo en atención a la línea jurisprudencial vertical u horizontal, ya que constituye una pauta para la solución de casos idénticos que garantiza los principios de seguridad jurídica e igualdad, entre otros.
Por lo anterior, el precedente es el elemento esencial para verificar si con una decisión judicial se han vulnerado o no los derechos constitucionales fundamentales a la igualdad y debido proceso, toda vez que los jueces deben acoger, en procesos con similares fundamentos fácticos, las directrices impartidas por los órganos de cierre en cada una de las jurisdicciones o apartarse razonadamente de ellas.
En lo atañedero a la posibilidad de apartarse del precedente, la Corte Constitucional ha precisado que es dable siempre que se empleen argumentos jurídicamente razonables y suficientes que protejan en mayor medida el ordenamiento jurídico, en especial las normas constitucionales. Al respecto, dicha Corporación sostuvo:
32. No obstante lo anterior, el deber de aplicación del precedente no es absoluto, por lo que el funcionario judicial puede apartarse válidamente de él, bajo las garantías que le otorgan los principios de independencia y autonomía judicial. Para hacerlo, el juzgador debe (i) hacer referencia al precedente que va a dejar de aplicar y (ii) ofrecer una justificación razonable, seria, suficiente y proporcionada, que haga manifiestas las razones por las que se aparta de la regla jurisprudencial previa.
En el sub lite el actor sostiene que la providencia objeto de la acción de tutela del epígrafe vulneró sus derechos fundamentales invocados, en razón a que no consideró lo dispuesto en la sentencia del Consejo de Estado de 28 de febrero de 2013, dictada dentro del proceso 11001-03-25-000-2007-00061-00 (1238-07), en la que se «[…] declara la nulidad del artículo 24 del decreto 4433 de 2004», el cual «[…] tiene efectos EX TUNC, es decir como si no existiera en el ámbito jurídico», por lo que esta norma no servía de fundamento para su retiro del servicio, pronunciamiento reiterado por esta Corporación en las decisiones de: (i) 26 de febrero de 2014, expediente 110001-31-50-000-2013-02841-00; (ii) 12 de noviembre siguiente, expediente 05001-23-31-000-2010-00139-01 (2283-12); y (iii) 18 de enero de 2018, expediente 19000-23-31-000-2013-00507-01 (2283-15).
Al respecto, se tiene que en las providencias que el actor estimó desconocidas, se consideró:
• 28 de febrero de 2013, exp. 11001-03-25-000-2007-00061-00 (1238-07):
3. La pretensión de declaración de nulidad de los artículos 24 y 25 parágrafo 2° del Decreto 4433 de 2004.
Los demandantes solicitan que se declare la nulidad del artículo 24 del Decreto 4433 de 2004 en cuanto en el se dispone que los miembros de la Policía Nacional en servicio activo que a la fecha de vigencia del Decreto mencionado “sean retirados después de dieciocho (18) años de servicio, por llamamiento a calificar servicios, por disminución de la capacidad sicofísica, o por voluntad del Gobierno o de la Dirección General de la Policía Nacional según corresponda y los que se retiren o sean separados en forma absoluta con más de 20 años de servicio” tendrán derecho al pago de la asignación mensual de retiro en la forma allí establecida.
[…]
La nulidad de las normas acabadas de mencionar tiene como fundamento común la invocación de violación de la Ley 923 de 30 de diciembre de 2004, en cuyo artículo 3° se establecieron los elementos mínimos que habrán de ser incluidos en el régimen de asignación de retiro, la pensión de invalidez y sus sustituciones, la pensión de sobrevivientes y los reajustes de estas, elementos entre los cuales se encuentra la regla establecida en el numeral 3.1 del artículo citado en la cual se preceptúa que:
“3.1. El derecho a la asignación de retiro para los miembros de la Fuerza Pública se fijará exclusivamente teniendo en cuenta el tiempo de formación, el de servicio y/o el aportado. El tiempo de servicio para acceder al derecho de asignación de retiro será mínimo de 18 años de servicio y en ningún caso se exigirá como requisito para reconocer el derecho un tiempo superior a 25 años.
A los miembros de la Fuerza Pública en servicio activo a la fecha de entrada en vigencia de la presente Ley, no se les exigirá como requisito para el reconocimiento del derecho un tiempo de servicio superior al regido por las disposiciones vigentes al momento de la expedición de esta Ley cuando el retiro se produzca por solicitud propia, ni inferior a 15 años cuando el retiro se produzca por cualquier otra causal.
Excepcionalmente, para quienes hayan acumulado un tiempo de servicio en la Fuerza Pública por 20 años o más y no hayan causado el derecho de asignación de retiro, podrán acceder a esta con el requisito adicional de edad, es decir, 50 años para las mujeres y 55 años para los hombres.
En todo caso, los miembros de la Fuerza Pública que se retiren o sean retirados del servicio activo sin derecho a asignación de retiro o pensión, tendrán derecho al reconocimiento del bono pensional por el total del tiempo servido, de conformidad con las normas del Sistema General de Pensiones”.
Como puede observarse, en la norma acaba de transcribir se hace la distinción entre miembros de servicio de la Fuerza Pública en servicio activo a la fecha de entrada en vigencia de la Ley 923 de 30 de diciembre de 2004, y quienes para entonces no se encontraran en servicio activo.
Respecto de quienes se encontraban en servicio activo a la iniciación de la vigencia de la ley acabada de mencionar dispuso el legislador que “no se les exigirá como requisito para el reconocimiento del derecho un tiempo de servicio superior al regido por las disposiciones vigentes al momento de expedición de esta ley cuando el retiro se produzca por solicitud propia, ni inferior a 15 años cuando el retiro se produzca por cualquier otra causal”.
Es decir, el ámbito de competencia del Presidente de la República en cuanto al contenido de los Decretos que expida para desarrollar esta Ley Marco quedó así expresamente delimitado por el legislador. Ello significa, entonces, que si no obra el Ejecutivo dentro de tales linderos competenciales, el decreto que se dicte fuera de ellos será violatorio no sólo de la Ley Marco, sino también del artículo 150 numeral 19 literal e) de la Constitución Política.
En virtud de lo dicho si el artículo 24 del Decreto 4433 de 2004, establece que el personal de la Policía en servicio activo que a la fecha de entrada en vigor de ese Decreto sea retirado “después de dieciocho (18) años de servicio, por llamamiento a calificar servicios, por disminución de la capacidad sicofísica o por voluntad del Gobierno o de la Dirección General de la Policía Nacional según corresponda y los que se retiren o sean retirados o sean separados en forma absoluta con más de veinte (20) años de servicio” tendrán derecho al pago de la asignación mensual de retiro como allí se determina, es evidente que se está exigiendo para poder ser asignatario de la misma el cumplimiento como mínimo de dieciocho (18) años de servicio en unos casos y veinte (20) años de servicio en otros, lo cual resulta superior a lo establecido para el personal de Oficiales y Suboficiales de la Policía Nacional, por el artículo 115 del Decreto 1212 de 8 de junio de 1990, cuando sean llamados a calificar servicios, o por voluntad del Gobierno, o de la Dirección General de la Policía y, de la misma manera ocurre con respecto a la asignación de retiro a que tendrían derecho con 15 años de servicio en las hipótesis contempladas en el artículo 144 del mismo Decreto mencionado.
[…]
Surge como consecuencia del análisis en precedencia que las normas acusadas y que ahora son objeto de análisis quebrantaron entonces lo dispuesto en la Ley 923 de 2004, dentro de cuyo marco deberían haber sido expedidas, lo cual acarrea como consecuencia que también se quebrantó el artículo 150 numeral 19 literal e) de la Constitución Política y, por consiguiente se encuentran viciadas de nulidad.
• 26 de febrero de 2014, expediente de tutela: 11001-03-15-000-2013-0284-00:
En este sentido, la Sala advierte que, como la providencia del Tribunal Administrativo de Cauca atacada en esta tutela fue proferida el 11 de octubre de 2013 y la sentencia de la Sección Segunda del Consejo de Estado que declaró la nulidad del aparte demandado del artículo 24 del Decreto 4433 de 2004 fue dictada el 28 de febrero de 2013 y quedó ejecutoriada el 29 de agosto siguiente, la entidad judicial accionada no podía aplicar la disposición del Decreto antedicho, pues esta había sido eliminada del ordenamiento jurídico desde el 29 de agosto de la pasada anualidad.
Hay que recordar que los efectos de la declaratoria de nulidad de una norma afectan las situaciones jurídicas que no se encontraren consolidadas, esto es, aquellas que aún estuvieren pendientes de la resolución de los recursos en la vía gubernativa o en la judicial.
Al respecto, esta Sección se pronunció en sentencia de 23 de julio de 2009, C.P. Hugo Fernando Bastidas Bárcenas, así:
“[L]a sentencia de nulidad de un acto administrativo produce efectos “ex tunc”, esto es, desde el momento en que se profirió y que, debido a la retroactividad que se genera con tal decisión, las cosas vuelven al estado en que se encontraban antes de la expedición de dicho acto.
Ha señalado también que la sentencia de nulidad que recaiga sobre un acto de carácter general, afecta las situaciones que no se encuentren consolidadas, o lo que es lo mismo, que al tiempo de producirse el fallo se debatían o eran susceptibles de controversia ante las autoridades administrativas o ante la jurisdicción contencioso-administrativa.”
Por lo anterior, la Sala halla razonable el argumento del accionante y advierte que la sentencia atacada incurrió en defecto sustantivo por aplicación de una norma que no podía utilizarse, esto es, el artículo 24 del Decreto 4433 de 2004, en virtud a que esta había sido eliminada del ordenamiento jurídico por ser ilegal.
En este sentido, el tribunal accionado debió fundamentar su decisión en la normativa y jurisprudencia vigentes para el caso del señor Moreno Parra y, por esta razón, en la parte resolutiva de esta providencia se ordenará a dicha corporación que emita nuevo fallo de acuerdo con las consideraciones realizadas previamente.
-12 de noviembre de 2014, expediente: 05001-23-31-000-2010-00139-01 (2283-12):
Ahora bien, esta Corporación en reiteradas ocasiones ha señalado que la institución de la nulidad, como máxima sanción a la validez o legalidad de determinadas actuaciones, tiene efectos retroactivos, hacia el pasado o ex tunc, lo que lleva a entender que el acto desaparece del mundo jurídico desde su origen. La tesis anterior armoniza con la posición que la Sala Plena tiene sobre el particular, ya que para la misma “… la declaración de nulidad obliga a restablecer las cosas al estado en que se encontraban cuando se realizó el acto nulo, es decir, se tiene como si éste no hubiera existido…”..
Lo anterior implica que por regla general las consecuencias jurídicas del tipo de efecto que produce la declaratoria de nulidad de un acto administrativo son las de volver la situación al estado en que se encontraba antes de haberse proferido el acto anulado. De esta manera, la declaratoria de nulidad del acto administrativo retrotrae la situación jurídica a la que existía antes de la expedición del acto anulado, regla que para nuestro caso lleva a colegir que la declaratoria de nulidad efectuada sobre el aparte mencionado y el parágrafo 1º del artículo 24 del Decreto 4433 de 2004, incide sobre la resolución del caso.
Significa lo anterior, que en lo demás, el artículo 24 del Decreto 4433 de 2004, se encuentra vigente, es decir, en lo referente al porcentaje de liquidación para determinar la prestación de acuerdo al tiempo de servicios, que por supuesto parte de los 18 años como mínimo para establecer el porcentaje del monto de las partidas computables de la asignación de retiro. Sin embargo, debe precisarse que si se declaró la nulidad del aparte que imponía acreditar 18 años de servicios para acceder al reconocimiento de la asignación de retiro, mal puede acudirse a las disposiciones que señalan tal parámetro para liquidar la prestación.
En consecuencia y en aplicación de los principios de inescindibilidad de la norma y de favorabilidad en materia pensional, se impone resolver la situación con base en la norma vigente, que para el caso se trata del Decreto 1212 de 1990, que se aplicará in integrum […].
• 18 de enero de 2018, expediente: 19000-23-31-000-2013-00507-01 (2283-15):
Después de realizar un recuento de la normativa aplicable al caso concreto, determinó que como consecuencia de la declaratoria de nulidad del artículo 24 del Decreto 4433 de 2004, el cual, regulaba el tiempo de servicios entre otros del personal de agentes de la Policía Nacional que [se] encontraban en servicio activo a la entrada en vigencia de la Ley 923 de 2004, la norma aplicable al demandante para acceder a la asignación de retiro es el artículo 104 del Decreto 1213 de 1990 que señala como tiempo de servicio para su reconocimiento 15 años «por disposición de la Dirección General, o por sobrepasar la edad máxima correspondiente a su categoría o por mala conducta comprobada, o por disminución de la capacidad sicofísica o por inasistencia al servicio» y de 20 años los que se retiren por solicitud propia.
En cuanto a los pronunciamientos antes transcritos, resulta oportuno precisar que todos coinciden en que al acaecer la nulidad de una norma (artículo 24 del Decreto 4433 de 2004), esta produce efectos ex tunc, es decir, desaparece del ámbito jurídico desde su origen como si nunca hubiera existido, por lo que la consecuencia de esta declaratoria es la de volver la situación al estado en que se encontraba antes de haberse proferido el acto anulado, pero en lo que respecta a las situaciones consolidadas antes de la mencionada anulación, estas deben mantenerse en aplicación del principio de seguridad jurídica.
Sobre el particular, en la sentencia objeto de reproche constitucional se estimó:
Por último, en cuanto a la afirmación realizada por el a quo, en el sentido de indicar que en el sub examine existe decaimiento del acto administrativo acusado.
[…]
El Consejo de Estado en sentencia de 28 de febrero de 2013, Consejera Ponente Bertha Lucía Ramírez de Páez, expediente: 11001032500020070006100 (1238-07), se declaró la nulidad, entre otros del artículo 24 del Decreto 4433 de 2004
[…]
La anterior sentencia fue fijada en edicto el 3 de mayo de 2013 y desfijada el 7 siguiente, de tal suerte que conforme a lo dispuesto en el Decreto 01 de 1984 y el artículo 331 del Código de Procedimiento Civil, quedó ejecutoriada el 10 de mayo de la misma anualidad a las 5:00 de la tarde.
De lo anterior se colige que las sentencias de nulidad simple, como lo es la invocada por el a quo, esto es, la proferida por el Consejo de Estado el 28 de febrero de 2013, que declaró la nulidad, entre otros del artículo 24 del Decreto 4433 de 2004, produce efectos ex nunc, de tal suerte que la norma declarada nula es retirada del ordenamiento jurídico desde el día siguiente a la ejecutoria de la sentencia.
[…]
Así las cosas, no puede hablarse, en este caso, de un decaimiento de la norma, no solo porque los efectos de la sentencia corren a partir del día siguiente de la ejecutoria de la misma, esto es, 11 de mayo de 2013 y el acto administrativo de retiro del servicio del actor fue notificado el día anterior (10 de mayo) sino porque la debe tenerse de presente que la validez del acto administrativo no se encuentra condicionada a la notificación del mismo, pues la ausencia de esta última, no lo hace inválido sino ineficaz.
Y en todo caso, en gracia de discusión, el fundamento normativo para retirar del servicio al demandante, es la Ley 857 de 2003, que regula, entre otras, el retiro del servicio de los oficiales y suboficiales de la policía nacional […] norma que hasta el momento no ha sido declarada nula y goza de plena vida jurídica.
Así las cosas, se tiene que no se puede alegar desconocimiento del precedente, toda vez que al momento en que se expidió el acto administrativo de retiro del servicio (Decreto 837 de 24 de abril de 2013, notificado el 10 de mayo siguiente), no se había declarado la nulidad del artículo 24 del Decreto 4433 de 2004, pues el fallo que lo excluyó del ordenamiento jurídico, si bien se profirió el 28 de febrero de 2013, quedó ejecutoriado el 29 de agosto de esa anualidad, fecha en que la situación del tutelante se había consolidado.
A guisa de pedagogía judicial, se aclara que de darse el decaimiento del acto administrativo que dispuso el retiro del tutelante, como lo consideró la juez de primera instancia, y tener que dar aplicación al Decreto 1212 de 1990, norma que regulaba el reconocimiento de la asignación de retiro antes de la expedición del Decreto 4433 de 2004, el actor también colmaba el requisito para ser llamado a calificar servicio, dado que este exigía un mínimo de 15 años de servicio para recibir el beneficio prestacional, y él contaba con 21 años y 2 días.
A partir de los anteriores prolegómenos, comoquiera que la sentencia de 21 de junio de 2018, proferida por el Tribunal Administrativo de Cundinamarca (subsección B de la sección segunda), con la cual se decidió en segunda instancia la demanda de nulidad y restablecimiento del derecho11001-33-35-013-2013-00764-00, en el sentido de revocar el fallo del Juzgado Trece (13) Administrativo de Bogotá, que accedió a las pretensiones allí formuladas, para en su lugar negarlas, no incurre en las causales específicas denominadas defecto fáctico y desconocimiento del precedente judicial, que dieron pábulo al ejercicio de la presente acción, la Sala negará el amparo deprecado.
En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, sala de lo contencioso-administrativo, sección segunda, subsección B, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la Constitución Política,
FALLA:
1. º Niégase el amparo de los derechos constitucionales fundamentales al debido proceso, igualdad y trabajo del señor Jhon Jairo Ordóñez Saavedra, conforme a la parte motiva.
2. º Notifíquese esta providencia a las partes, en la forma y término previstos en el artículo 30 del Decreto 2591 de 1991.
3. º Si el presente fallo no fuere impugnado dentro de los tres (3) días siguientes a su notificación como lo prevé el artículo 31 del Decreto 2591 de 1991, envíese el expediente a la honorable Corte Constitucional para su eventual revisión.
Notifíquese y cúmplase,
Este proyecto fue estudiado y aprobado en sala de la fecha.
CARMELO PERDOMO CUÉTER
SANDRA LISSET IBARRA VÉLEZ
CÉSAR PALOMINO CORTÉS
Sobre el particular pueden consultarse las siguientes providencias de la sala plena de lo contencioso-administrativo del Consejo de Estado: 1) 29 de enero de 1992, AC – 009, C. P. Dolly Pedraza de Arenas. 2) 31 de enero de 1992, AC – 016, C. P. Guillermo Chahín Lizcano. 3) 3 de febrero de 1992, AC – 015, C. P. Luis Eduardo Jaramillo. 4) 27 de enero de 1993, AC-429, C. P. Carlos Arturo Orjuela Góngora. 5) 29 de junio de 2004, exp. 2000-10203-01, C. P. Nicolás Pájaro Peñaranda. 6) 2 de noviembre de 2004, exp. 2004-0270-01, C. P. Rafael E. Ostau de Lafont Pianeta. 7) 13 de junio de 2006, exp. 2004-03194-01, C. P. Ligia López Díaz. 8) 16 de diciembre de 2009, exp. 2009-00089-01, C. P. Rafael E. Ostau De Lafont Pianeta.
Expediente 11001-03-15-000-2009-01328-01, C. P. María Elizabeth García González.
Entre otras, de esta subsección pueden consultarse las siguientes providencias: 1) 28 de agosto de 2008, exp. 2008-00779-00, C. P. Gerardo Arenas Monsalve. 2) 22 de octubre de 2009, exp. 2009-00888-00, C. P. Víctor Hernando Alvarado Ardila. 3) 22 de octubre de 2009, exp. 2009-00889-00, C. P. Víctor Hernando Alvarado Ardila. 4) 3 de febrero de 2010, exp. 2009-01268-00, C. P. Gerardo Arenas Monsalve. 5) 25 de febrero de 2010, exp. 2009-01082-01, C. P. Víctor Hernando Alvarado Ardila. 6) 19 de mayo de 2010, exp. 2010-00293-00, C. P. Gerardo Arenas Monsalve. 6) 28 de junio de 2011, exp. 2010-00540-00, C. P. Gerardo Arenas Monsalve. 7) 30 de noviembre de 2011, exp. 2011-01218-00, C. P. Víctor Hernando Alvarado Ardila. 8) 2 de febrero de 2012, exp. 2011-01581-00, C. P. Gerardo Arenas Monsalve. 9) 23 de febrero de 2012, exp. 2011-01741-00, C. P. Víctor Hernando Alvarado Ardila. 10) 15 de marzo de 2012, exp. 2012-00250-00, C. P. Gerardo Arenas Monsalve.
«Por el cual se retira del servicio activo a unos Oficiales de la Policía Nacional».
Consejo de Estado, sección segunda, subsección B, M. P. Gerardo Arenas Monsalve, sentencia de 20 de marzo de 2013, número interno: 0357-12, actor: Víctor Hugo Pinzón Rojas.
Artículo 3.º de la Ley 857 de 2003: «El personal de oficiales y suboficiales de la Policía Nacional, podrá ser retirado por llamamiento a calificar servicios, sólo cuando cumpla los requisitos para hacerse acreedor a la asignación de retiro».
Consejo de Estado, sección segunda, subsección B, M. P. Gerardo Arenas Monsalve, sentencia de 17 de noviembre de 2011, expediente 68001-23-31-000-2004-00753-01 (0779-11), actor: Mario Alberto Cañas Ortega.
Consejo de Estado, sección segunda, subsección A, M. P. Alfonso Vargas Rincón, sentencia de 18 de mayo de 2011, expediente 54001-23-31-000-2001-00054-01 (1065-10), actor: Édisson Rojas Suarez.
Consejo de Estado, sala de lo contencioso-administrativo, sección segunda, subsección B, M. P. Gerardo Arenas Monsalve, sentencia de 7 de abril de 2016, 11001-03-15-000-2016-00387-00 (AC), actor: Ministerio de Defensa Nacional-Policía Nacional-secretaría general, demandado: Tribunal Administrativo de Cundinamarca, sección primera, subsección C, en descongestión, y Juzgado Once Administrativo de Descongestión de Bogotá.
Consejo de Estado, sección segunda, subsección B, M.P. Gerardo Arenas Monsalve, sentencia de 10 de septiembre de 2015, expediente: 05001-23-31-000-1998-00554-01 (0917-2012), actor: Wilmer Uriel García Mendoza [pie de página de la sentencia en cita].
M. P. Jorge Ignacio Pretelt Chaljub.
Sentencia T-599 de 2009, M. P. Juan Carlos Henao Pérez.
Sentencia T- 474 de 2008, M. P. Clara Inés Vargas Hernández.
Auto de 25 de junio de 2014, M. P. Enrique Gil Botero, expediente: 25000-23-36-000-2012-00395-01.
Consejo de Estado, sala de lo contencioso-administrativo, sección segunda, subsección B, sentencia de 7 de abril de 2016, 11001-03-15-000-2016-00387-00 (AC), actor: Ministerio de Defensa Nacional-Policía Nacional-secretaría general, demandado: Tribunal Administrativo de Cundinamarca, sección primera, subsección C, en descongestión, y Juzgado Once Administrativo de Descongestión de Bogotá.
«Asignación de retiro para el personal de Oficiales, Suboficiales y Agentes de la Policía Nacional en actividad. Los Oficiales, Suboficiales y Agentes de la Policía Nacional en servicio activo que a la fecha de entrada en vigencia del presente decreto, sean retirados después de dieciocho (18) años de servicio, por llamamiento a calificar servicios, por disminución de la capacidad psicofísica, o por voluntad del Gobierno o de la Dirección General de la Policía Nacional según corresponda, y los que se retiren o sean retirados o sean separados en forma absoluta con más de veinte (20) años de servicio, tendrán derecho a partir de la fecha en que terminen los tres (3) meses de alta, a que por la Caja de Sueldos de Retiro de la Policía Nacional, se les pague una asignación mensual de retiro, así:
24.1 El sesenta y dos por ciento (62%) del monto de las partidas computables a que se refiere el artículo 23 del presente Decreto, por los primeros dieciocho (18) años de servicio.
24.2 El porcentaje indicado en el numeral anterior se adicionará en un cuatro por ciento (4%) por cada año que exceda de los dieciocho (18) hasta los veinticuatro (24) años, sin sobrepasar el ochenta y cinco por ciento (85%).
24.3 A su vez, el ochenta y cinco por ciento (85%) de que trata el numeral anterior se adicionará en un dos por ciento (2%) por cada año, sin que el total sobrepase el noventa y cinco por ciento (95%) de las partidas computables».
Sentencia T-590 de 2009, M. P. Luis Ernesto Vargas Silva.
Fallo T-360 de 2014: «[…] En este orden de ideas, el precedente constitucional puede llegar a desconocerse cuando: (i) se aplican disposiciones legales que han sido declaradas inexequibles por sentencias de control de constitucionalidad, (ii) se contraría la ratio decidendi de sentencias de control de constitucionalidad, especialmente la interpretación de un precepto que la Corte ha señalado es la que debe acogerse a la luz del texto superior, o (iii) se desconoce la parte resolutiva de una sentencia de exequibilidad condicionada, o (iv) se desconoce el alcance de los derechos fundamentales fijado por la Corte Constitucional a través de la ratio decidendi de sus sentencias de control de constitucionalidad o de revisión de tutela».
Ver sentencia T-087 de 2007, M. P. Manuel José Cepeda Espinosa. Ver también, sentencias T-193 de 1995 M. P. Carlos Gaviria Díaz, T-1625 de 2000 M. P. Martha Victoria Sáchica Méndez, T-522 de 2001 M. P. Manuel José Cepeda Espinosa, T-462 de 2003 M. P. Eduardo Montealegre Lynnet, T-292 de 2006 M. P. Manuel José Cepeda Espinosa, T-436 de 2009 M. P. Humberto Antonio Sierra Porto, T-161 de 2010 M. P. Jorge Iván Palacio Palacio y SU-448 de 2011 M. P. Mauricio González Cuervo.
Ver entre otras, sentencias T-049 de 2007 M. P. Clara Inés Vargas Hernández, T-464 y T-794 de 2011 M. P. Jorge Iván Palacio Palacio y C-634 de 2011 M. P. Luis Ernesto Vargas Silva.
En palabras de la Corte Constitucional: «La misma Corte Suprema de Justicia también ha señalado que la adopción de la Constitución de 1991 produjo un cambio en la percepción del derecho y particularmente del sentido de la expresión “ley”, pues la Constitución se convierte en una verdadera norma jurídica que debe servir como parámetro de control de validez de las decisiones judiciales y como guía de interpretación de las normas de inferior jerarquía». Cfr. Sentencia C-372 de 2011.
Cfr. sentencia T-794 de 2011, M. P. Jorge Iván Palacio Palacio: «[…] el juez (singular o colegiado) sólo puede apartarse de la regla de decisión contenida en un caso anterior cuando demuestre y cumpla los siguientes requisitos:
(i) Debe hacer referencia al precedente que abandona, lo que significa que no puede omitirlo o simplemente pasarlo inadvertido como si nunca hubiera existido (principio de transparencia).
(ii) En segundo lugar, debe ofrecer una carga argumentativa seria, mediante la cual explique de manera suficiente y razonada los motivos por los cuales considera que es necesario apartarse de sus propias decisiones o de las adoptadas por un juez de igual o superior jerarquía (principio de razón suficiente) […]».
Consejo de Estado, sección primera, sentencia de 7 de marzo de 2013, M. P. María Claudia Rojas Lasso, expediente: 11001-03-15-000-2013-00131-00 (AC).
Sentencia T-737 de 2015, M. P. Gloria Stella Ortiz Delgado.
M. P. Bertha Lucía Ramírez de Páez.
M. P. Miguel Antonio Moreno Parra.
M. P. Gustavo Eduardo Gómez Aranguren.
Sala Plena de lo Contencioso Administrativo – Sala Especial Transitoria de Decisión 2B. Sentencia del 14 de marzo de 2006. Expediente: 110010315000200007704-01 (S-704). Actor: Guillermo Guerrero Gutiérrez. Demandado: Distrito Capital de Bogotá.
Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección B, sentencia de 16 de marzo de 2006, referencia 76001-23-31-000-2001-01858-013985-05 (C.P. Tarsicio Cáceres Toro).
M. P. William Hernández Gómez.
Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Segunda, sentencia de 28 de febrero de 2013, Consejera ponente Bertha Lucía Ramírez de Páez, número interno 1238-2007
Consejo de Estado, sentencia de 14 de septiembre de 2017, expediente 76001-23-31-000-2006-02942-01 (2201-07).
«Por el cual se reforma el Estatuto del Personal de Oficiales y Suboficiales de la Policía Nacional» que en su artículo 144 establece: «La asignación de retiro. Durante la vigencia del presente Estatuto, los Oficiales y Suboficiales de la Policía Nacional que sean retirados del servicio activo después de quince (15) años, por llamamiento a calificar servicios, o por mala conducta, o por no asistir al servicio por más de cinco (5) días sin causa justificada, o por voluntad del Gobierno o de la Dirección General de la Policía Nacional, o por sobrepasar la edad máxima correspondiente al grado, o por disminución de la capacidad sicofísica, o por incapacidad profesional, o por conducta deficiente y los que se retiren o sean separados con más de veinte (20) años de servicio, tendrán derecho a partir de la fecha en que terminen los tres (3) meses de alta, a que por la Caja de Sueldos de Retiro de la Policía Nacional se les pague una asignación mensual de retiro equivalente al cincuenta por ciento (50%) del monto de las partidas de que trata el artículo 140 de este Estatuto, por los quince (15) primeros años de servicio y un cuatro por ciento (4%) más por cada año que exceda a los quince (15), sin que el total sobrepase del ochenta y cinco por ciento (85%) de los haberes de actividad».
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO-ADMINISTRATIVO
SECCIÓN SEGUNDA
SUBSECCIÓN B
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