Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Tercera, radicado 11001-03-15-000-2019-00725-00
Consejo de Estado · Sección Tercera
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Consejo de Estado · Sección Tercera
Acción de tutela contra providencia judicial
Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Tercera, radicado 11001-03-15-000-2019-00725-00
Consejo de Estado · Sección Tercera
República de Colombia
Consejo de Estado
Sección Tercera
Radicado 11001-03-15-000-2019-00725-00
Consejero ponente: Nicolás Yepes Corrales
9 de mayo de 2019
ACCIÓN DE TUTELA CONTRA PROVIDENCIA JUDICIAL / DEFECTO FÁCTICO - Indebida valoración probatoria / RESPONSABILIDAD EXTRACONTRACTUAL DEL ESTADO - Por pérdida de bienes inmuebles objeto de medida de embargo y secuestro dentro de un proceso ejecutivo / DAÑO ANTIJURÍDICO - Acreditado / VULNERACIÓN DEL DERECHO AL DEBIDO PROCESO / VULNERACIÓN DEL DERECHO DE ACCESO A LA ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA
[L]a Sala encuentra que las autoridades judiciales en cuestión no realizaron una adecuada valoración de los medios de prueba que obraban en el plenario tendientes a demostrar el daño antijurídico dentro del proceso de reparación directa, consistente en la pérdida de los bienes objeto de la medida cautelar dentro del asunto No. 2008-00531 (…) [A] diferencia de lo considerado por los jueces de instancia, la Sala entrevé que el daño antijurídico padecido por Colnotex S.A. es cierto y está acreditado, sin embargo, la decisión definitiva, en la que se haga la valoración probatoria adecuada a efectos de encontrar configurados los demás elementos constitutivos de la responsabilidad extracontractual del Estado, no le compete a este juez constitucional y sí al juez de la reparación directa, quien debe definirlo con fundamento en el examen de la totalidad de los medios de convicción que obran dentro del proceso de reparación directa No. 2014-00330 (…) En conclusión, para la Sala, ni el Juzgado 62 Administrativo de Bogotá ni el Tribunal Administrativo de Cundinamarca tuvieron en cuenta la totalidad de las circunstancias acreditadas en el plenario, que permitían vislumbrar la existencia del daño antijurídico derivado de la pérdida de los bienes muebles objeto de embargo y secuestro dentro del proceso ejecutivo No. 2009-00531. Lo anterior, conlleva el desconocimiento de los derechos al debido proceso, de acceso a la administración de justicia, a la igualdad y a la reparación integral, invocados en la demanda de acción de tutela, cuyo amparo será concedido pero sólo respecto de las consideraciones expuestas sobre el proceso ejecutivo No. 2009-00531, pues se encuentra acreditado el defecto fáctico en su dimensión negativa por indebida valoración probatoria. Así las cosas, encontrándose configurada una de las causales específicas de procedencia de tutela, esto es, el defecto fáctico en su dimensión negativa, la Sala concederá el amparo constitucional solicitado y se abstendrá de estudiar los demás defectos que se le endilgaron a la decisión judicial examinada, por sustracción de materia.
NOTA DE RELATORÍA: Con aclaración del Consejero Guillermo Sánchez Luque, sin medio magnético a la fecha (09/08/2019).
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN TERCERA
SUBSECCIÓN C
Consejero ponente: NICOLÁS YEPES CORRALES
Bogotá, D.C., nueve (09) de mayo de dos mil diecinueve (2019)
Radicación número: 11001-03-15-000-2019-00725-00(AC)
Actor: COLOMBIANA DE NO TEJIDOS Y ACOLCHADOS S.A – COLNOTEX S.A
Demandado: TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DE CUNDINAMARCA – SECCIÓN TERCERA – SUBSECCIÓN B
Asunto: Acción de Tutela – sentencia de primera instancia
Tema: Acción de tutela contra providencia judicial.
Subtema 1: Requisito general – relevancia constitucional.
Subtema 2: Requisito especifico – defecto fáctico.
Sentencia: Se declara improcedente la tutela respecto de los argumentos presentados con relación a un proceso por cuanto no se da cumplimiento al requisito general de relevancia constitucional.
Se concede el amparo constitucional solicitado respecto de los argumentos endilgados con relación a otro proceso por cuanto se encuentra configurado el defecto fáctico denunciado.
La Sala decide la acción de tutela interpuesta por la sociedad Colombiana de No Tejidos y Acolchados S.A – Colnotex S.A en contra de la sentencia proferida el 19 de septiembre de 2018 por el Tribunal Administrativo de Cundinamarca – Sección Tercera – Subsección “B” de acuerdo con el Decreto 1983 de 2017.
I. ANTECEDENTES
1.- La solicitud de tutela
El 18 de febrero de 2019, la sociedad Colombiana de No Tejidos y Acolchados S.A – Colnotex S.A actuando mediante apoderado judicial, interpuso acción de tutela en contra del Tribunal Administrativo de Cundinamarca – Sección Tercera – Subsección “B” con el objeto de que se amparen sus derechos fundamentales al debido proceso, de acceso a la administración de justicia, a la igualdad y a la reparación integral; los cuales consideró vulnerados con la providencia proferida el 19 de septiembre de 2018, por la autoridad judicial accionada.
1.1.- Hechos
1.1.1.- La sociedad Colombiana de No Tejidos y Acolchados en ejercicio de la acción de reparación directa presentó demanda en la que solicitó la declaratoria de responsabilidad de la Nación – Rama Judicial – Dirección Ejecutiva de la Administración Judicial por los daños y perjuicios (materiales y morales) causados por la pérdida de los bienes embargados y secuestrados dentro de los procesos ejecutivos radicados bajo los Nos. 2009-00662 y 2008-00531.
1.1.2.- En primera instancia, el proceso de reparación directa lo conoció el Juzgado 62 Administrativo de Bogotá, quien mediante sentencia del 6 de abril de 2018 resolvió:
1.1.2.1.- Declarar administrativa y patrimonialmente responsable a la Nación – Rama Judicial –Dirección Ejecutiva de la Administración Judicial por la pérdida de los bienes objeto de medida cautelar dentro del proceso ejecutivo No. 2008-00662, por los siguientes motivos:
“[E]stá suficientemente probado que el secuestre designado incumplió con los deberes que le asistían como auxiliar de la justicia, tal como lo alega la parte demandante en el presente caso, pues aun cuando el juez ordenó que se prestara la caución correspondiente y que lo requirió para que rindiera cuentas de su gestión, precisando el estado de los bienes secuestrados, así como su ubicación, con el objetivo de garantizar la efectividad de las medidas cautelares practicadas, nunca cumplió con los requerimientos señalados, ni presentó informe alguno con relación a la administración y guarda de los mismos, a tal punto que ni siquiera notificó al Juzgado que había trasladado su lugar de residencia.
Ahora bien, es evidente la desidia y negligencia del señor David Mejía Castillo [secuestre] en el cumplimiento de las funciones como secuestre, pero no es menos cierto que aunque sus acciones y omisiones contribuyeron a la causación del daño alegado, los Juzgados Sexto Civil Municipal de Barranquilla y Cuarto Civil Municipal de Ejecución de Barranquilla también tuvieron un comportamiento omisivo y perjudicial para la parte ejecutante, como quiera que no tendieron el cumplimiento de sus funciones como directores del proceso (…).
(…)[R]esulta tangible, que con su inactividad los Jueces Sexto Civil Municipal de Barranquilla, Primero Civil Municipal de Descongestión de Barranquilla y Cuarto Civil Municipal de Ejecución de Barranquilla desconocieron sus funciones como directores del proceso, pues de ninguna manera intervinieron con el propósito de verificar si el señor David Mejía Castillo cumplía en debida forma con la labor encomendada, ya que aunque este no rendía cuentas y los bienes parecían ilocalizables, sólo se limitaron a requerir el secuestre y a imponer a la parte actora la carga de ubicarlos, siendo del caso precisar que los Despachos advirtieron en repetidas ocasiones que se tomarían las decisiones correctivas del caso, manifestaciones que se quedaron en simples e improductivas advertencias que nunca tuvieron mayor trascendencia.
(…)
Es entonces visible que se ha producido un daño antijurídico que la parte demandante no estaba en la obligación de soportar, y que es imputable a la administración de justicia, por cuanto existe un nexo de causalidad entre sus actuaciones u omisiones y los perjuicios acaecidos.
En consecuencia de todo lo hasta aquí expuesto, se declarará el defectuoso funcionamiento de la administración de justicia, en razón a las actuaciones de los Juzgados Sexto Civil Municipal de Barranquilla, Primero Civil Municipal de Descongestión de Barranquilla y Cuarto Civil Municipal de Ejecución de Barranquilla, así como del auxiliar de justicia David Mejía Castillo, y se declarará administrativamente responsable a la Nación – Rama Judicial – Dirección Ejecutiva de Administración Judicial de los daños sufridos a la sociedad demandante Colombiana de No Tejidos y Acolchados S.A. – Colnotex S.A., dentro del proceso ejecutivo singular acumulado identificado con radicación (…)2009-00662”.
En virtud de lo anterior, el Juzgado de Primera Instancia condenó a la entidad demandada al pago de los perjuicios materiales a título de daño emergente, consistente en el valor de los bienes muebles extraviados que fueron debidamente identificados en el dictamen pericial decretado dentro del proceso y en el avalúo que obraba en el expediente. Sin embargo, negó lo solicitado por concepto de lucro cesante por cuanto no se encontró acreditada la utilidad dejada de percibir con ocasión de la pérdida de los bienes embargados; e hizo lo propio respecto a lo pretendido por “daño moral” por cuanto no se demostró la existencia de un daño al buen nombre o al good will, aspecto propio de los perjuicios inmateriales de las personas jurídicas.
1.1.2.2.- Negar las pretensiones de la demanda encaminadas a obtener la responsabilidad de la Nación – Rama Judicial – Dirección Ejecutiva de la Administración Judicial por la pérdida de los bienes objeto de medida cautelar dentro del proceso ejecutivo No. 2008-00531, por los siguientes motivos:
“(…) Aunque en efecto el día 31 de julio de 2014, la apoderada de la parte actora informó al Juzgado de conocimiento que, a través de una colaboradora, había constatado que la bodega en donde se llevó a cabo diligencia de secuestro el día 22 de marzo de 2011 se encontraba vacía, es decir, que en la misma no se hallaban los bienes que habían sido embargados y secuestrados en dicho proceso ejecutivo y que el inmueble estaba siendo arrendado, para este Despacho no existe certeza de la concreción del daño, pues el detrimento patrimonial se alega con base en la pérdida de unos bienes muebles dejados en depósito provisional y gratuito, que según refiere la actora, no han aparecido.
A la anterior conclusión se llega gracias a la revisión de las pruebas traídas al plenario, de las que se desprende que aunque el Juzgado Veintiséis Civil Municipal de Bogotá tuvo conocimiento de que los bienes muebles en cuestión no se encontraban depositados en la bodega donde se adelantó la diligencia de embargo y secuestro, conforme a lo acreditado con las copias auténticas del expediente hasta el 14 de abril de 2016 (fecha en que fueron expedidas), el Despacho en cuestión continuaba requiriendo al secuestre para que informara la ubicación de aquellos, además de haber nombrado a un nuevo auxiliar de la justicia para que administrara los bienes embargados.
Es por lo dicho que si bien al 14 de abril de 2016 el proceso ejecutivo singular de Colnotex S.A contra Sofás y Sofás Ltda., se había visto entorpecido por la imposibilidad de ubicar los bienes muebles objeto de las medidas cautelares, hasta entonces el Juzgado que conocía del asunto no había dado por perdidos los mismos, adicional a que no existe manifestación alguna por parte del secuestre informando tal situación, como quiera que hasta entonces había sido imposible su localización.
(…)
Por las razones que proceden y como quiera que esta una regla de conducta para las partes y una regla de juicio para la juez, que le indica a este último que debe fallar conforme a las pruebas obrantes en el proceso, según lo probado, el daño no es cierto, lo que en otras palabras quiere decir que no se puede apreciar material y jurídicamente, limitándose a una mera conjetura, porque para este estrado judicial es desconocido el trámite que se han venido desarrollando en el proceso de ejecución después del 16 de abril de 2016, a tal punto de establecer sin lugar a equívocos que a la fecha no ha comparecido el secuestre Francisco Javier Correa Vásquez, o que el mismo manifestó que perdió los bienes, o incluso que el Juzgado ya los tuvo por desaparecidos, declarando la imposibilidad de ordenar su respectiva avaluación y remate, sería ir más allá de lo probado y entrar a hacer suposiciones a las que no puede haber lugar”.
1.1.3.- En contra de la anterior providencia, la sociedad accionante y la entidad demandada interpusieron recurso de apelación.
1.1.3.1.- Al respecto, la sociedad accionante fijó su apelación en los siguientes argumentos:
(i) Respecto de las consideraciones expuestas por el juez de primera instancia con relación al proceso No. 2009-00662, limitó su discrepancia al reconocimiento del daño emergente y a la negativa del lucro cesante.
A la sazón, en cuanto a la exclusión de determinados bienes para tasar el daño emergente por parte del juez de primera instancia por cuanto no se encontraban identificados en el plenario, aludió que era un hecho imputable a la administración de justicia, toda vez que de acuerdo con las pruebas allegadas, la Inspección Once Especializada de Policía comisionada por el juez de la causa para adelantar la diligencia de embargo y secuestro y en consecuencia relacionar de los bienes objeto de la medida cautelar, lo hizo de manera deficiente.
Agregó que la sola desaparición de los muebles generaba por sí mismo un lucro cesante equivalente al valor de la venta por subasta que se pudo haber generado en caso de que las etapas procesales se hubiesen surtido con normalidad.
(ii) Con relación a los motivos expuestos por el juez de primera instancia para negar las pretensiones de la demanda relacionadas con el proceso No. 2008-00531, señaló que se desconoció “la verdad probada en juicio” por cuanto dentro del expediente sí reposaban “elementos” probatorios tendientes a demostrar “que los bienes” que fueron objeto de la medida cautelar se encontraban “perdidos”. Así, consideró que se halló acreditado el daño antijurídico, a su vez imputable a la Nación – Rama Judicial – Dirección Ejecutiva de la Administración Judicial, por haber incurrido en un defectuoso funcionamiento de la administración de justicia.
1.1.3.2.- La Nación – Rama Judicial – Dirección Ejecutiva de la Administración Judicial discrepó de la decisión de primera instancia por cuanto consideró que se encontraba configurado el eximente de responsabilidad – hecho de un tercero, en cabeza del secuestre, quien fue requerido en varias oportunidades para ser removido del cargo ya que no tenía en su poder los bienes entregados a su guarda dentro del proceso 2009 – 00662.
1.1.4.- De los recursos de alzada conoció el Tribunal Administrativo de Cundinamarca – Sección Tercera – Subsección “B”, quien mediante sentencia del 19 de septiembre de 2018 resolvió modificar la providencia de primera instancia en el sentido de incluir la suma actualizada por concepto de perjuicios materiales en la modalidad de daño emergente y confirmarla en lo demás con fundamento en las siguientes consideraciones:
1.1.4.1.- En cuanto a las consideraciones expuestas por el juez de primera instancia respecto al proceso No. 2008-00662 señaló:
Que la Nación – Rama Judicial – Dirección Ejecutiva de la Administración Judicial era administrativa y patrimonialmente responsable de la pérdida de los bienes objeto de la medida cautelar dentro del proceso en cita, pues estaba configurado el “defectuoso funcionamiento de la administración de justicia frente a los deberes de presentar los correspondientes informes por parte del secuestre, y que los juzgados cargo (sic) como directores de los procesos, omitieron dar cumplimiento a los deberes que por disposición legal les asistía respecto a requerirlo a rendir los correspondientes informes y cuenta sin que esto haya sucedido oportunamente, así como tampoco se procedió a relevar al mismo de su cargo por incumplimiento de sus deberes como acertadamente y de forma cronológica precisó el juez de la primera instancia”.
Con relación a la tasación de los perjuicios materiales realizada por el juez de primera instancia indicó que:
(i) En cuanto al daño emergente, encontró acertada la decisión del juzgado de primera instancia al considerar que era procedente su liquidación con fundamento en los bienes que se encontraban plenamente identificados tanto en el dictamen pericial como en el avalúo comercial que de ellos se hizo, pues “mal haría” en “acceder a las pretensiones [de la demanda] a partir de la presunción” de la pérdida de bienes embargados sobre los que no existía “la más mínima certeza”.
En razón de lo anterior, procedió a actualizar la suma de dinero concedida en primera instancia por este concepto.
(ii) Con relación al lucro cesante, consideró que si bien existía una expectativa respecto de la venta de los bienes extraviados, lo cierto es que no podría afirmarse que aquella se configura como un perjuicio material consolidado o futuro cierto.
1.1.4.2.- Respecto a las consideraciones expuestas por el juez de primera instancia sobre el proceso No. 2008-00531 señaló:
“(…) Se observa a partir del material probatorio obrante en el plenario que si bien se practicó diligencia de secuestro no existe certeza de la concreción del daño, toda vez que de acuerdo al acta de secuestro que obra a folio 749 del cuaderno de pruebas 4, así como de los diferentes requerimientos realizados por el juzgado, no resulta clara la ubicación o localización de dichos bienes, ya que de acuerdo al acta obrante a folio 749 del cuaderno 4, se decretó la medida cautelar sobre una serie de bienes relacionados en un acta de embargo de un proceso diferente en diligencia realizada el 23 de septiembre de 2009, sin que los bienes se encontraran físicamente en el lugar de la diligencia del día 22 de marzo de 2011 en el proceso ejecutivo objeto del daño aquí alegado. En dicha acta se decretó el secuestro de dichos bienes dejándolos en depósito al señor Alonso de los Ríos Tobón quien informó que los mismos se encontraban en una dirección diferente sin que se haya verificado tal situación el mismo día de la diligencia.
Luego de libradas comunicaciones al secuestre y depositario para que informaran la ubicación de los bienes, se constató que los mismos no se encontraban en la dirección señalada en la diligencia, por lo que materialmente nunca se constató la existencia de los bienes señalados en el acta como embargados sino simplemente se decretó la medida a partir de un acta presentada de un proceso diferente, por lo que nunca pudo verificarse su existencia física y material que era lo que correspondía y que a la postre conllevó a que no se pudiera ni siquiera realizar una inspección y avalúo por parte del perito por la inexistencia de los mismos, por lo que para la Sala resulta evidente la deficiencia probatoria tendiente a la demostración del daño, y que si bien correspondía al juez como Director del proceso requerir las cuentas correspondientes al secuestre, tampoco la parte actora como solicitante de la medida cautelar veló por la efectiva identificación o verificación de la existencia de los bienes embargados, sin que pueda afirmarse que la desaparición de dichos bienes se deba a una mora judicial sin que se pueda determinar si los mismos se encontraban en la dirección señalada en la diligencia, constituyéndose esto en una actitud pasiva tanto de la Rama Judicial como del solicitante de la medida cautelar, por lo que mal haría esta Corporación mediante el medio de control de reparación directa proceder al reconocimiento de unos perjuicios representados en la desaparición de unos muebles sobre los que nunca se constató ni verificó su existencia sino únicamente a partir de una información suministrada a partir de una acta de embargo de un proceso diferente, pero sin hacerse entrega material de los mismos al secuestre y depositario, por lo que si bien se encuentra que la medida cautelar se decretó, para los efectos de la demostración del daño material resulta insuficiente el acervo probatorio allegado al presente proceso, toda vez que ni siquiera se pudo constatar el estado de los bienes y mucho menos el avalúo de los mismos, por lo que se confirma la decisión de primera instancia igualmente respecto de la inexistencia del daño por deficiencia probatoria respecto de los bienes embargados dentro del proceso con radicado 2008-00531”.
1.2.- Fundamentos de la acción de tutela
A juicio de la sociedad accionante, el Tribunal Administrativo de Cundinamarca – Sección Tercera – Subsección “B” vulneró sus derechos fundamentales al debido proceso, de acceso a la administración de justicia, a la igualdad y a la reparación integral por los siguientes motivos:
1.2.1.- En primer lugar consideró que el juez de segunda instancia incurrió en los defectos fáctico, sustantivo y “desconocimiento del precedente judicial”, dentro de las consideraciones expuestas para acceder parcialmente a las pretensiones de la demanda de reparación directa relacionadas con el proceso No. 2009-00662. Cargos que fundamentó en los siguientes “reproches”:
(i) Adujo que no era de recibo que el Tribunal al liquidar el daño emergente no reconociera el valor de los elementos no identificados plenamente dentro del proceso ejecutivo 2009-00662, pues dicha circunstancia no le era imputable a ella, sino a la Inspección de Policía comisionada por el juez de la causa para individualizar aquellos. Bajo este argumento consideró que se encontraba configurado el defecto fáctico.
(ii) Bajo el mismo cargo, sostuvo que se incurrió en un defecto sustantivo por cuanto la decisión objeto de tutela era violatoria del principio “nemo auditur propiam turpitudinem allegans”, pues se estaba favoreciendo a la administración de justicia con su propia “culpa”, quien no identificó “plenamente los bienes en el acta de secuestro”, razón por la que no le fue reconocido el perjuicio causado.
(iii) Consideró que al momento de tasar el daño emergente, el Tribunal accionado debió como “en otros casos conocidos por la jurisdicción de lo contencioso administrativo, tomar un baremo respecto del valor de los mismos, pese a que, como se dijo en el momento procesal oportuno y valiéndose de una técnica loable esos rublos ya se le habían dado a conocer en el dictamen pericial aportado al sumario”.
(iv) Discrepó de la negativa del reconocimiento del lucro cesante, por cuanto consideró que “la sola desaparición de los bienes secuestrados” generaba “por sí mismo un lucro cesante equivalente a los rublos (sic) que el valor de la venta de los mismos pudiese haber generado a favor de Colnotex en caso que las etapas del proceso se hubiesen surtido (sic) en caso que los mismos elementos no hubiesen desaparecido”.
1.2.2.- En segundo lugar, consideró que el Tribunal accionado incurrió en los siguientes defectos dentro de las consideraciones expuestas para negar las pretensiones de la demanda de reparación directa relacionadas con el proceso No. 2009-00531:
(i) Defecto fáctico, por cuanto desconoció “la verdad probada en juicio” ya que dentro del expediente sí reposaban “elementos de juicio” tendientes a demostrar que los bienes objeto de la medida cautelar se encontraban “perdidos”.
(ii) Defecto sustantivo, por cuanto desconoció el artículo 167 del Código General del Proceso, el cual “si bien indica que incumbe a las partes probar el supuesto de hecho de las normas que consagran el efecto jurídico que ellas persiguen, pasa por alto que esa misma creación legal enseña que los hechos notorios y las afirmaciones o negaciones indefinidas no requieren prueba”.
(iii) Finalmente señaló que el Tribunal Administrativo accionado desconoció el precedente jurisprudencial en el que se ha condenado a la administración de justicia por la pérdida de bienes objeto de medidas cautelares.
1.3.- Pretensión de la acción de tutela
La sociedad accionante solicitó el amparo de sus derechos fundamentales al debido proceso, de acceso a la administración de justicia, a la igualdad y a la reparación integral. En consecuencia, que se deje sin efectos la sentencia del 19 de septiembre de 2018 proferida por el Tribunal Administrativo de Cundinamarca – Sección Tercera – Subsección “B” por medio de la cual se desató la apelación formulada en contra del fallo del 06 de abril de 2018 proferido por el Juzgado 62 Administrativo del Circuito Judicial de Bogotá en el marco de la acción de reparación directa No. 2016-00330.
2.- Tramite de la acción de tutela y fundamento de la oposición
2.1.- Esta Corporación en proveído del 20 de febrero de 2019 inadmitió la acción de tutela interpuesta por la sociedad accionante con el objeto que se allegara el poder conferido al profesional del derecho que estaba actuando en representación de aquella.
2.2.- Una vez aportado el poder, el Despacho ponente mediante providencia del 14 de marzo de 2019 admitió la solicitud de amparo constitucional, decisión que fue comunicada y notificada a la sociedad accionante, al Tribunal Administrativo de Cundinamarca – Sección Tercera – Subsección “B” en su condición de accionado y a la Nación – Rama Judicial – Dirección Ejecutiva de la Administración Judicial, como tercero con interés legítimo. Por auto del 26 de abril del año que avanza también se vinculó al Juzgado 62 Administrativo de Bogotá como tercero con interés para actuar.
2.3.- La Nación – Rama Judicial – Dirección Ejecutiva de la Administración Judicial contestó la tutela y solicitó se despache de manera desfavorable por cuanto la decisión atacada se encuentra “razonada y suficientemente soportada desde lo probatorio y desde lo que el marco normativo y jurisprudencial mostraba como aplicable al momento de su adopción”.
2.4.- El Tribunal Administrativo de Cundinamarca – Sección Tercera – Subsección “B” contestó la tutela y solicitó se declarara improcedente por “no existir vulneración alguna a los derechos fundamentales enunciados por [esa] vía, pues la decisión emitida lo fue en ejercicio de la autonomía judicial y allí se consignaron en forma razonada cada uno de los argumentos jurídicos a lugar, por lo que mal puede predicarse arbitrariedad en la decisión aquí controvertida”.
2.5.- El Juzgado 62 Administrativo del Circuito Judicial de Bogotá contestó la tutela en la que solicitó se desestimen las pretensiones de la solicitud de amparo por cuanto “tanto el defecto fáctico relacionado con la valoración del material probatorio, como el defecto material o sustantivo y el desconocimiento del precedente judicial, que fueron señalados por la parte demandante como cargos contra las providencias de primera y segunda instancia dictadas dentro del medio de control prenombrado, no se encuentran acreditados, en tanto que sus fundamentos de lo que dan cuenta es de un desacuerdo de la parte demandante con las decisiones de la jurisdicción con relación a las indemnizaciones solicitadas, sin que ello necesariamente se traduzca en una vulneración a los derechos fundamentales de la sociedad Colnotex S.A”.
II. CONSIDERACIONES
1.- Competencia
Esta Sala es competente para conocer de la acción de tutela interpuesta por la Sociedad Colombiana de No Tejidos y Acolchados S.A – Colnotex S.A. en contra de la sentencia proferida el 19 de septiembre de 2018 por el Tribunal Administrativo de Cundinamarca – Sección Tercera – Subsección “B” de conformidad con lo establecido en los artículos 86 de la Constitución y 37 del Decreto 2591 de 1991, así como del Acuerdo de Sala Plena del Consejo de Estado No. 377 del 11 de diciembre de 2018 “Por medio del cual se modifica el reglamento del Consejo de Estado”.
2.- Problema jurídico
2.1.- En primer lugar, la Sala verificará si en punto a las consideraciones expuestas respecto del expediente No. 2009-00662, la solicitud de amparo constitucional presentada cumple con los requisitos generales de procedibilidad de tutela contra providencias judiciales. En caso afirmativo, determinará si en relación con los argumentos expuestos sobre el proceso en cita, la sentencia proferida el 19 de septiembre de 2018 por el Tribunal Administrativo de Cundinamarca incurrió en los defectos fáctico, sustantivo y de desconocimiento del precedente.
2.2.- En segundo lugar, la Sala verificará si en punto a las consideraciones expuestas respecto del proceso No. 2008-00531, la solicitud de amparo constitucional presentada cumple con los requisitos generales de procedibilidad de tutela contra providencias judiciales. En caso afirmativo, determinará si con relación a los argumentos expuestos sobre el proceso en cita, la sentencia proferida el 19 de septiembre de 2018 por el Tribunal Administrativo de Cundinamarca incurrió en las causales específicas de procedencia de la acción de tutela por los defectos fáctico, sustantivo y de desconocimiento del precedente.
3.- Procedencia de la acción de tutela contra providencias judiciales
La Corte Constitucional en sentencia C–590 de 2005 reconoció que la acción de tutela contra providencias judiciales es procedente “si se cumplen ciertos y rigurosos requisitos de procedibilidad” que habilitan su viabilidad procesal, dentro de los que se distinguen los siguientes:
Requisitos generales:
(i) que el asunto sea de evidente relevancia constitucional; (ii) que el accionante haya utilizado todos los mecanismos judiciales ordinarios y extraordinarios a su alcance para la protección de sus derechos fundamentales (subsidiariedad); (iii) que la acción se haya interpuesto en un término prudencial (inmediatez); (iv) cuando se trate de una irregularidad procesal, debe quedar claro que la misma tiene un efecto decisivo o determinante en la sentencia que se impugna y que afecta los derechos fundamentales de la parte actora; (v) que el actor indique los hechos y las razones en que se fundamenta la acción; y (vi) que no se trate de una decisión proferida en sede de tutela.
Ahora bien, en caso en que el juez encuentre reunidos los anteriores, procederá a analizar las causales específicas de procedencia de tutela contra providencia judicial, también conocidas como defectos, con el fin de determinar si se vulneraron o no los derechos fundamentales del peticionario.
Causales específicas de procedencia de tutela:
(i) defecto orgánico, que se presenta cuando el funcionario judicial que profirió la providencia impugnada carece, absolutamente, de competencia para ello; (ii) defecto procedimental, que se origina cuando el juez actuó completamente al margen del procedimiento establecido; (iii) defecto fáctico, que surge cuando el juez carece del apoyo probatorio que permita la aplicación del supuesto legal en el que se sustenta la decisión; (iv) defecto material o sustantivo, como son los casos en que se decide con base en normas inexistentes o inconstitucionales o que presentan una evidente y grosera contradicción entre los fundamentos y la decisión; (v) defecto por error inducido, que se presenta cuando el juez o tribunal fue víctima de un engaño por parte de terceros y ese engaño lo condujo a la toma de una decisión que afecta derechos fundamentales; (vi) defecto por falta de motivación, que implica el incumplimiento de los servidores judiciales de dar cuenta de los fundamentos fácticos y jurídicos de sus decisiones en el entendido que precisamente en esa motivación reposa la legitimidad de su órbita funcional; (vii) defecto por desconocimiento del precedente, que se configura cuando la Corte Constitucional establece el alcance de un derecho fundamental y el juez ordinario aplica una ley limitando sustancialmente dicho alcance; y (viii) defecto por violación directa de la Constitución, que se configura cuando se deja de aplicar una disposición ius fundamental a un caso concreto o se aplica la ley al margen de los dictados de la Constitución.
4.- Caso concreto
4.1.- Análisis del problema jurídico planteado en el numeral 2.1 de estas consideraciones
4.1.1.- Verificación de los requisitos generales de procedibilidad de la acción de tutela en punto a las consideraciones relacionadas con el proceso No. 2009-00662
En primer lugar, la Sala verificará si en el caso de autos se satisface el requisito de relevancia constitucional.
4.1.1.1- De acuerdo con la jurisprudencia de la Corte Constitucional se da cumplimiento a este requisito cuando: (a) la causa que origina la presentación de la acción suponga el desconocimiento de un derecho fundamental; (b) no se trata de asuntos de mera legalidad, los cuales no son de competencia del juez de tutela, sino del ordinario; y (c) tratándose de providencias judiciales proferidas por altas Cortes, la anomalía es ostensible, flagrante y manifiesta de tal manera que conlleva a que la decisión riña con la Constitución Política y sea incompatible con la jurisprudencia del Tribunal Constitucional.
4.1.1.2.- En el caso bajo examen, la Sala advierte que el solicitante no dio cumplimiento al requisito general de relevancia constitucional por los motivos que se proceden a exponer.
En primer lugar, la Subsección encuentra que las consideraciones expuestas con relación al proceso No. 2009-00662, en la demanda de amparo constitucional impetrada por la Sociedad Colnotex S.A. contra el Tribunal Administrativo de Cundinamarca – Sección Tercera – Subsección “B”, se cuestionan los fundamentos que dieron lugar al reconocimiento y liquidación del daño emergente y la negativa de las demás pretensiones indemnizatorias, tal como se evidencia en el numeral 1.2.1 de esta providencia, los que constituyen argumentos de instancia que ya fueron analizados de forma razonable y suficiente por el juez natural de la causa.
Lo anterior por cuanto se evidencia que los motivos en los que se fundamenta la presente solicitud de amparo, relacionados con el proceso No. 2009-0062, ya fueron planteados por la sociedad accionante en el curso del proceso de reparación directa, específicamente en el recurso de apelación presentado en contra de la decisión proferida el 6 de abril de 2018 por el Juzgado 62 Administrativo de Bogotá como se observa en el numeral 1.1.3.1 de esta providencia, razón por la que no pueden ser analizados nuevamente en sede de tutela, pues esta no es una instancia adicional al proceso ordinario.
Entonces, la sociedad accionante lejos de plantear una verdadera cuestión de importancia o relevancia constitucional, busca reabrir el debate judicial del proceso. Ciertamente, el escrito tutelar en el aparte de las consideraciones relacionadas con el proceso No. 2009-0062, es una fiel copia de la apelación elevada en contra de la sentencia que resolvió la primera instancia del proceso de reparación directa. Así puede establecerse de la lectura de uno y otro que obran en el plenario.
Pues bien, lo que se nota es que Colnotex S.A. en cuanto a lo resuelto con relación al proceso No. 2009-00662, pretende obtener que se aumente el monto indemnizatorio definido por el juez natural de la causa y se reconozcan los demás emolumentos solicitados en la demanda de reparación directa, cuando lo cierto es que este mecanismo de protección de derechos fundamentales no comporta una tercera instancia judicial.
Al respecto, debe recordarse que corresponde al juez de la reparación directa dentro de su órbita funcional, analizar la situación fáctica planteada en la demanda y valorar el material probatorio para finalmente determinar las circunstancias en que habrá de fundamentar el reconocimiento y liquidación de los correspondientes perjuicios, por lo que no puede el juez de tutela invadir esta esfera.
Dado lo anterior, la Subsección en sede de tutela concluye que el amparo impetrado sobre el proceso No. 2009-00662 no conforma una cuestión de relevancia constitucional, lo cual es suficiente para declararlo improcedente.
Con fundamento en las consideraciones expuestas, la Sala procederá a declarar improcedente el amparo solicitado por la sociedad Colombiana de No Tejidos y Acolchados S.A – Colnotex S.A. respecto del proceso No. 2009-00662.
4.2.- Análisis del problema jurídico planteado en el numeral 2.2 de estas consideraciones
4.2.1.- Verificación de los requisitos generales de procedibilidad de la acción de tutela en punto a las consideraciones relacionadas con el proceso No. 2009-00531
El asunto goza de relevancia constitucional en la medida que se trata de dilucidar si efectivamente el Tribunal Administrativo de Cundinamarca desconoció los derechos al debido proceso, de acceso a la administración de justicia, a la igualdad y a la reparación integral, al no valorar los “elementos de juicio” tendientes a demostrar que los bienes objeto de la medida cautelar se encontraban “perdidos” y en consecuencia a acreditar el daño antijurídico. De igual forma, cumple el requisito de subsidiariedad toda vez que contra la sentencia objeto de tutela no existe otro medio de impugnación ni procede el recurso extraordinario de revisión. Asimismo, se acredita el requisito de inmediatez, pues la sentencia objeto de la solicitud se notificó el 27 de septiembre de 2018 y el amparo se interpuso el 18 de febrero de 2019, esto es, dentro del término razonable de 6 meses señalado por la jurisprudencia. También el escrito de amparo se encuentra debidamente motivado por cuanto se indicaron de forma razonada los hechos vulneradores y los derechos vulnerados y, por último, no se ataca una decisión de tutela sino una sentencia proferida dentro del proceso de reparación directa No. 11001-00-43-061-2016-00330-00.
Así las cosas, habiéndose cumplido los requisitos generales de procedibilidad de la acción de tutela contra providencias judiciales, la Sala procederá a decidir si en el caso del proceso No. 2009-00531 se encuentran configurados los defectos alegados, iniciando por el análisis del fáctico.
4.2.2.- Verificación de las causales específicas de la acción de tutela en punto a las consideraciones relacionadas con el proceso No. 2009-00531
4.2.2.1.- El defecto fáctico
Según la jurisprudencia constitucional, el defecto fáctico tiene dos dimensiones, una positiva y otra negativa.
La dimensión positiva se presenta cuando el juzgador aprecia pruebas que no ha debido admitir ni valorar, por haber sido indebidamente recaudadas, desconociendo de manera directa la Constitución. Sobre este se lee lo siguiente:
“La dimensión positiva del defecto fáctico por indebida apreciación probatoria se concreta cuando el juez somete a consideración y valoración un elemento probatorio cuya ilegitimidad impide incluirlo en el proceso. Se trata de la inclusión y valoración de la prueba ilegal, es decir, de aquella que ha sido practicada, recaudada, y valorada en contravía de las formas propias de cada juicio, concretamente, del régimen legal de la prueba, o de la prueba inconstitucional, esto es, de aquella prueba que en agresión directa a los preceptos constitucionales, ha sido incluida en el proceso en desconocimiento y afrenta de derechos fundamentales” .
Por otro lado, la dimensión negativa se configura cuando el operador judicial niega o valora la prueba de manera arbitraria, irracional y caprichosa u omite su consideración, y sin razón valedera da por no probado el hecho o la circunstancia que de la misma emerge clara y objetivamente. Léase así:
“El juez, en el ejercicio de su facultad de valoración, deja de apreciar una prueba fundamental para la solución del proceso, ignora sin razones suficientes elementos probatorios cruciales o, simplemente, efectúa un análisis ostensiblemente deficiente e inexacto respecto del contenido fáctico del elemento probatorio” .
Además de lo anterior, la Corte Constitucional ha señalado que el defecto fáctico tiene lugar en los siguientes eventos: “(i) cuando la valoración probatoria realizada por el juez ordinario es arbitraria y abusiva o constituye un ostensible desconocimiento del debido proceso, esto es, cuando el funcionario judicial, (ii) deja de valorar una prueba aportada o practicada en debida forma y que es determinante para la resolución del caso, (iii) excluye sin razones justificadas una prueba de la misma relevancia o (iv) valora un elemento probatorio al margen de los cauces racionales”.
4.2.2.1.1.- La configuración del defecto fáctico en el caso concreto
En el caso bajo examen, la sociedad accionante consideró que el Tribunal Administrativo de Cundinamarca desconoció “la verdad probada en juicio” ya que dentro del expediente sí reposaban “elementos” tendientes a demostrar que los bienes objeto de la medida cautelar se encontraban “perdidos” y en consecuencia se hallaba configurado el daño antijurídico.
(i) Atendiendo a lo anterior, se debe establecer si el juez de primera instancia (vinculado dentro del presente proceso) y el Tribunal Administrativo de Cundinamarca (autoridad judicial accionada), incurrieron en el defecto fáctico denunciado por la sociedad accionante.
Si bien no se acusó en sede constitucional la sentencia proferida el 6 de abril de 2018 por el Juzgado 62 Administrativo de Bogotá, el titular del despacho fue vinculado a la presente causa tenido en cuenta el objeto de la acción de tutela, que se contrae en la materialización efectiva de los derechos fundamentales que el juez estime comprometidos, para así salvaguardar la integridad y la supremacía de la Carta. En consecuencia, le es plausible resolver los asuntos puestos a análisis “sin ceñirse estricta y forzosamente (i) a las situaciones de hecho relatadas en la demanda; (ii) a las pretensiones del actor; ni (iii) a los derechos invocados por este, como si tendría que hacerlo en otro tipo de causas judiciales”.
Lo antecedente se justifica, en palabras de la Corte Constitucional, en tanto al administrador de justicia le compete (i) establecer los hechos relevantes y, en caso de no tenerlos claros, indagar por ellos; (ii) adoptar las medidas que estime convenientes y efectivas para el restablecimiento del ejercicio de las garantías ius fundamentales; y (iii) precisar y resguardar todos los derechos que advierta comprometidos en determinada situación. Al hacerlo e ir más allá de lo expuesto y lo pretendido en el escrito de tutela, la acción tuitiva de los derechos fundamentales no pierde su esencia.
(ii) En primera media es pertinente resaltar que la Sección Tercera de esta Corporación ha señalado que la responsabilidad extracontractual del Estado de acuerdo con el artículo 90 de la Constitución, tiene como fundamento la determinación de un daño antijurídico causado a un administrado y la imputación del mismo a la administración pública, tanto por su acción como por su omisión, ya sea atendiendo a los criterios de falla en el servicio, daño especial, riesgo excepcional o cualquier otro.
El daño consiste en el menoscabo del interés jurídico tutelado y la antijuridicidad en que él no debe ser soportado por el administrado, ya sea porque es contrario a la Carta Política o a una norma legal o, porque es “irrazonable” sin depender “de la licitud o ilicitud de la conducta desplegada por la Administración”.
En síntesis, la responsabilidad extracontractual del Estado se configura con la demostración del daño antijurídico y de su imputación a la administración.
(iii) Ahora, sobre el primero de los elementos de la responsabilidad extracontractual del Estado en el caso sub iúdice, la Sala observa que el juez de primera instancia consideró que no existía certeza de la concreción del daño por cuanto los bienes objeto de la medida cautelar dentro del proceso No. 2008-00531 no habían “aparecido”. Conclusión a la que arribó después de la “revisión de las pruebas traídas al plenario”, entre ellas el acta suscrita el 22 de marzo de 2011 durante el curso de la diligencia de embargo y secuestro, conforme con las cuales, determinó que:
“ (…) [E]l daño no es cierto, lo que en otras palabras quiere decir que no se puede apreciar material y jurídicamente, limitándose a una mera conjetura, porque para este estrado judicial es desconocido el trámite que se han venido desarrollando en el proceso de ejecución después del 16 de abril de 2016, a tal punto que establecer sin lugar a equívocos que a la fecha no ha comparecido el secuestre Francisco Javier Correa Vásquez, o que el mismo manifestó que perdió los bienes, o incluso que el Juzgado ya los tuvo por desaparecidos, declarando la imposibilidad de ordenar su respectiva avaluación y remate, sería ir más allá de lo probado y entrar a hacer suposiciones a las que no puede haber lugar”.
La anterior decisión fue confirmada por la autoridad judicial accionada, quien razonó que no existía “certeza de la concreción del daño, toda vez que de acuerdo al acta de secuestro que obra a folio 749 del cuaderno de pruebas 4”, el embargo y secuestro del proceso No. 2008-00531 se concretó “sin que los bienes se encontraran físicamente en el lugar de la diligencia del día 22 de marzo de 2011”, por lo que “materialmente nunca se constató la existencia de los bienes señalados en el acta como embargados sino simplemente se decretó la medida a partir de un acta presentada de un proceso diferente”.
(iv) Conforme a lo aquí presentado, la Sala encuentra que las autoridades judiciales en cuestión no realizaron una adecuada valoración de los medios de prueba que obraban en el plenario tendientes a demostrar el daño antijurídico dentro del proceso de reparación directa, consistente en la pérdida de los bienes objeto de la medida cautelar dentro del asunto No. 2008-00531.
De su lado, el Juzgado 62 Administrativo de Bogotá expuso que la desaparición de los bienes embargados y secuestrados en la diligencia del 22 de marzo de 2011 no constituye un daño per se, en tanto no existe certeza sobre su pérdida. Sin embargo, para esta Subsección, es la inexplicable ausencia de los mismos, la que configura el hecho dañoso.
Ciertamente el desaparecimiento de los bienes legalmente embargados y secuestrados en la diligencia llevada a cabo el 22 de marzo de 2011 constituye el daño denunciado por la accionante, pues a pesar de que debían estar bajo custodia del auxiliar de la justicia designado, su paradero es desconocido, lo que de contera conduce a la imposibilidad de recobrar su valor, a efectos de saldar la acreencia insoluta a su favor. Ello, en últimas, impide la obtención de una solución satisfactoria a sus pretensiones.
Así bien, la existencia y la certeza del daño deviene, justamente, de la imposibilidad de ubicar los bienes muebles que fueron embargados y secuestrados el 22 de marzo de 2011 por la Inspección Once Especializada de Policía de Bogotá, mediante el despacho comisorio solicitado por el Juzgado 26 Civil Municipal de Bogotá y entregados al auxiliar de la justicia elegido por la autoridad competente.
Por su parte, al conocer la alzada, la Subsección B de la Sección Tercera del Tribunal Administrativo de Cundinamarca añadió que no existía “certeza de la concreción del daño, toda vez que de acuerdo al acta de secuestro que obra a folio 749 del cuaderno de pruebas 4” las cautelas del proceso ejecutivo No. 2008-00531 se concretaron “sin que los bienes se encontraran físicamente en el lugar de la diligencia del día 22 de marzo de 2011” y sobre una serie de bienes relacionados en un acta de diligencia de embargo y secuestro realizada el 23 de septiembre de 2009 dentro de otro proceso ejecutivo, por lo que “materialmente nunca se constató la existencia de los bienes señalados en el acta como embargados sino simplemente se decretó la medida a partir de un acta presentada de un proceso diferente”.
A efectos de determinar que el Ad quem valoró inadecuadamente el acta de embargo y secuestro resultante de la diligencia del 22 de marzo de 2011 obrante en el proceso ejecutivo No. 2008-00531, es pertinente citar apartes que dan cuenta de la forma en la que se llevó a cabo la misma. Ello se hace en lo pertinente, así:
Una vez en el sitio de la diligencia (Calle 153 No. 99-18 de Bogotá) la apoderada judicial de la parte actora y la Inspectora de Once de Policía fueron atendidos por el señor Alonso de los Ríos Tobón, quien señaló que los bienes cuyo embargo y secuestro se intentaba ya habían sido objeto de esas mismas medidas previas dentro del proceso No. 2009-00492, para lo cual aportó la respectiva acta. De ello se dejó constancia en la mentada diligencia como se lee:
“(…) Se deja constancia que el señor que atiende la diligencia presenta una carta de embargo llevada a cabo el día 23 de septiembre de 2009 proceso 2009-00492 de Helena Ruiz de Arias contra Salas y Sofas Ltda., Alonso de los Ríos Galvis, Alonso de los Ríos Tobos (sic) y otro dentro de la cual están relacionados unas máquinas, acta que se pone en conocimiento de la apoderada de la parte actora”.
Acto seguido se hizo una lista de los bienes denunciados como objeto de la medida por parte de la apoderada judicial de la hoy accionante, quien una vez concluyó, manifestó que se “reserva[ba] el derecho de denunciar otros en caso de ser necesario”. De esta forma, solicitó el embargo y el secuestro sobre los siguientes muebles:
“Una máquina para hacer estructuras de muebles con número modelo SNS45XPY, un número impreso 02C00336 de color negro, un taladro de color naranja, marca black decker, de color naranja, numero 6ª 0-900, otro taladro marca dewlat sin número de serie (…) DW508, una grapadora de mano marca senco, modelo SFW09-AT; un taladro marca sin marca, modelo sin modelo serie sin serie visibles. Una maquina sin fin modelo ssgira 3b número 268 marca JJ Torres color verde altura appo (sic) eslmada (sic) un metro con ochenta centímetros, un cortador marca dewlat número 0704812755958852579 – D87592, un compresor de color rojo 180 libras, rollos de tela de diferentes colores en un total de 83 rollos, una maquina plana industrial con jesa de color beige y sin número de serie visible. Una maquina mitsubishi de color beige con motor y mesa modelo 370W-2P, una maquina marca tangina número 21403 color beige, una maquina singer modelo 196K5 color gris y verde con motor modelo DOC-12H serie 031233788, una grabadora DOBT modelo CK2-5 de color gris, una pantalla de computador marca samsun (sic) modelo Sync marter 793DF color gros (sic) de doce pulgadas aproximadamente sin serie a la vista, CPU de color gros (sic) sin serie ni modelo visibles, computador marca delll (sic), color negro de pantalla de diez pulgadas aprox, serie CN080IV234-46633D3BFET, con su teclado correspondiente, impresora marca samsung modelo DL1660 color gris y negro, fax panasonic de los negro modelo KXF50, sofá negro de cuerpo al parecer, silla reclinomatic, computador HP modelo pavillu (sic) B 52, teclado y CPU gris, computador LG beige modelo 500G –CP con CPU HP grosy negro mastex (sic) ELR (sic) respectivo teclado”.
Posteriormente quien atendió la diligencia le otorgó poder a un abogado a efectos de que sustentara la oposición y una vez corrido el traslado de la misma a la apoderada judicial de la hoy tutelante, arguyó que desistía del embargo de la máquina “modelo MB573BN.08 por ser la única que tiene una referencia exacta con la relación de los bienes de la presente diligencia por tanto solicito al despacho relacionar 91 somiers sin base de color café rectangulares y de color café en plástico y 20 sin plástico”.
Acto seguido, despachados la oposición y los recursos presentados por la persona que atendió el procedimiento cautelar, se hizo entrega de los bienes al secuestre, quien los dejó en depósito gratuito en favor del primero.
Entonces, avista la Sala que los bienes embargados y secuestrados están relacionados en el acta de la misma naturaleza del 22 de marzo de 2011 y, a diferencia de lo señalado por el Tribunal, sí se encontraban en el sitio en el que se llevaron a cabo las mentadas medidas (Calle 153 No. 99-18 de Bogotá), pues fueron recibidos por el secuestre y dejados en depósito gratuito en favor de quien atendió la diligencia, salvo los que se retiraron efectivamente por la apoderada judicial de Colnotex S.A. quien informó en el acto que los mismos quedarían en el domicilio de su representada, en Soacha – Cundinamarca.
Esos bienes, es decir, los que quedaron en poder de la apoderada judicial de la hoy accionante fueron específicamente “(…) 91 somier en plástico y los 20 sinplastico (sic) y los, % (sic) rollos de tela de distintos colores y lateriales (sic) y metrajes (…)”. Sobre su destino, la representante judicial de la tutelante manifestó “recibo los bienes muebles y enseres que sean de posible movimiento los cuales estarán bajo custodia del demandante [Colnotex] en el municipio de Soacha en la T. v. 5 A No. 6-17 de Cazucá los bienes empotrados deberán dejarse en el inmueble pro (sic) acceder a ellos para lo cual se hagan las salvedades de ley a quien recibe esta diligencia”.
A partir de lo anterior, pareciera ser que el Ad quem confundió la dirección que se aportó como de domicilio de la parte accionante Colnotex S.A., en Soacha - que coincide con aquella que obra como dirección comercial y de notificación judicial en los certificados de cámara de comercio del 3 de abril de 2009 y del 9 de agosto de 2011 - donde señaló la apoderada judicial de esta que estarían los bienes a ella entregados, con la dirección en donde supuestamente se encontraban algunos muebles de los embargados y secuestrados en la diligencia del 22 de marzo de 2011.
En razón de lo antecedente, el Tribunal, al resolver la segunda instancia del proceso de reparación directa anotó que no había certeza sobre la ubicación de los bienes embargados y secuestrados y que “materialmente nunca se constató la existencia de los bienes señalados en el acta como embargados sino simplemente se decretó la medida a partir de un acta presentada de un proceso diferente”.
Como se ve, también erró el Ad quem cuando concluyó que la medida que se materializó dentro del ejecutivo No. 2008-00531 se hizo a partir del acta de embargo y secuestro que quedó como resultado de la diligencia del mismo nombre llevada a cabo el 23 de septiembre del 2009 dentro del proceso No. 2009-00492. Para alcanzar este colofón basta comparar el contenido de las actas de las diligencias previas llevadas a cabo el 23 de septiembre de 2009 y el 22 de marzo de 2011, en los ejecutivos 2009-00492 y 2008-00531, respectivamente. Con el fin de ilustrar lo anterior, se elaborará un cuadro en el que se relacionarán los bienes embargados y secuestrados en cada uno de los procedimientos de cautela:
Acto
Diligencia de embargo y secuestro llevada a cabo el 23 de septiembre de 2009 dentro del proceso No. 2009-00492
Diligencia de embargo y secuestro llevada a cabo el 22 de marzo de 2011 dentro del proceso No. 2008-00531
Lugar de la diligencia
Calle 153 No. 98ª-18 de Bogotá
Bienes objeto de embargo y secuestro
Una lija de banda, marca IGB, maquina 120 HP, serie A0304 No. 094, motor 2HP color verde, una planeadora, modelo MB573B No. 08, color azul y beige, un torno, marca Hurtado y Cia, color verde, modelo TVH 45-150, potencia 1.5, un cepillo marca OSMA, modelo 450, serie 040, 12004 motor de 4 a 5 HP, un comprensor de color azul referencia K30, PSI 150, capacidad 175, No. 9988.
Una máquina para hacer estructuras de muebles con número modelo SNS45XPY, un número impreso 02C00336 de color negro, un taladro de color naranja, marca black decker, de color naranja, numero 6ª 0-900, otro taladro marca dewlat sin número de serie (…) DW508, una grapadora de mano marca senco, modelo SFW09-AT; un taladro marca sin marca, modelo sin modelo serie sin serie visibles. Una maquina sin fin modelo ssgira 3b número 268 marca JJ Torres color verde altura appo (sic) eslmada (sic) un metro con ochenta centímetros, un cortador marca dewlat número 0704812755958852579 – D87592, un compresor de color rojo 180 libras, rollos de tela de diferentes colores en un total de 83 rollos, una maquina plana industrial con jesa de color beige y sin número de serie visible. Una maquina mitsubishi de color beige con motor y mesa modelo 370W-2P, una maquina marca tangina número 21403 color beige, una maquina Singer modelo 196K5 color gros y verde con motor modelo DOC-12H serie 031233788, una grabadora DOBT modelo CK2-5 de color gris, una pantalla de computador marca samsun (sic) modelo Sync marter 793DF color gros (sic) de doce pulgadas aproximadamente sin serie a la vista, CPU de color gros (sic) sin serie ni modelo visibles, computador marca delll (sic), color negro de pantalla de diez pulgadas aprox, serie CN080IV234-46633D3BFET, con su teclado correspondiente, impresora marca Samsung modelo DL1660 color gris y negro, fax panasonic de los negro modelo KXF50, sofá negro de cuerpo al parecer, silla reclinomatic, computador HP modelo pavillu (sic) B 52, teclado y CPU gris, computador LG beige modelo 500G –CP con CPU HP gros y negro mastex (sic) ELR (sic) respectivo teclado.
Otros bienes: 91 somieres sin base de color café rectangulares y de color café en plástico y 20 sin plástico.
Así, de la lectura de las ya aludidas actas, se evidencia que los bienes embargados y secuestrados el 23 de septiembre de 2009 en el proceso ejecutivo No. 2009-0492 no corresponden en su mayoría -salvo 1- con los denunciados por la apoderada judicial de Colnotex S.A. en el trámite del embargo y secuestro consumado el 22 de marzo de 2011 en el ejecutivo No. 2008-00531.
Como corolario de lo expuesto, resultan contraevidentes los argumentos del Ad-quem respecto a que los bienes embargados y secuestrados en la diligencia del 22 de marzo de 2011 no se encontraban en el sitio en el que se llevó a cabo la misma y que se denunciaron a partir de la lectura del acta de embargo y secuestro llevada a cabo dentro del proceso ejecutivo No. 2009-00492.
(v) De esta manera, a diferencia de lo considerado por los jueces de instancia, la Sala entrevé que el daño antijurídico padecido por Colnotex S.A. es cierto y está acreditado, sin embargo, la decisión definitiva, en la que se haga la valoración probatoria adecuada a efectos de encontrar configurados los demás elementos constitutivos de la responsabilidad extracontractual del Estado, no le compete a este juez constitucional y sí al juez de la reparación directa, quien debe definirlo con fundamento en el examen de la totalidad de los medios de convicción que obran dentro del proceso de reparación directa No. 2014-00330.
(vi) En conclusión, para la Sala, ni el Juzgado 62 Administrativo de Bogotá ni el Tribunal Administrativo de Cundinamarca tuvieron en cuenta la totalidad de las circunstancias acreditadas en el plenario, que permitían vislumbrar la existencia del daño antijurídico derivado de la pérdida de los bienes muebles objeto de embargo y secuestro dentro del proceso ejecutivo No. 2009-00531.
Lo anterior, conlleva el desconocimiento de los derechos al debido proceso, de acceso a la administración de justicia, a la igualdad y a la reparación integral, invocados en la demanda de acción de tutela, cuyo amparo será concedido pero sólo respecto de las consideraciones expuestas sobre el proceso ejecutivo No. 2009-00531, pues se encuentra acreditado el defecto fáctico en su dimensión negativa por indebida valoración probatoria.
Así las cosas, encontrándose configurada una de las causales específicas de procedencia de tutela, esto es, el defecto fáctico en su dimensión negativa, la Sala concederá el amparo constitucional solicitado y se abstendrá de estudiar los demás defectos que se le endilgaron a la decisión judicial examinada, por sustracción de materia.
En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado en Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, Subsección C, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley,
RESUELVE
PRIMERO: DECLARAR improcedente la solicitud de amparo constitucional presentada por la sociedad Colombiana de No Tejidos y Acolchados S.A – Colnotex S.A. en contra de la decisión proferida por el Tribunal Administrativo de Cundinamarca el 19 de septiembre de 2018, en lo atinente a las consideraciones expuestas respecto del proceso No. 2009-00662, por cuanto el asunto carece de relevancia constitucional.
SEGUNDO: CONCEDER el amparo a los derechos fundamentales al debido proceso, de acceso a la administración de justicia, a la igualdad y a la reparación integral de la sociedad Colombiana de No Tejidos y Acolchados S.A – Colnotex S.A. vulnerados con lo resuelto respecto del proceso No. 2009-00531 en las decisiones proferidas el 6 de abril de 2018 por el Juzgado 62 Administrativo de Bogotá y el 19 de septiembre de 2018 por el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, por las razones expuestas en la parte motiva de esta providencia.
TERCERO: En consecuencia, REVOCAR las sentencias proferidas por el Juzgado 62 Administrativo de Bogotá y el Tribunal Administrativo de Cundinamarca Sección Tercera Subsección B, el 6 de abril de 2018 y el 19 de septiembre de 2018, respectivamente.
CUARTO: CONCEDER al Juzgado 62 Administrativo de Bogotá el término de 30 días siguientes a la ejecutoria de esta decisión para que profiera la providencia que reemplace la del 06 de abril de 2018, en donde se haga una debida valoración probatoria, en los términos señalados en la presente sentencia.
QUINTO: NOTIFICAR la actual decisión a los interesados por el medio más expedito.
SEXTO: ENVIAR a la Corte Constitucional para su eventual revisión, en caso de no presentarse impugnación en contra de la presente decisión.
COPIESE, NOTIFIQUESE Y CÚMPLASE
JAIME ENRIQUE RODRÍGUEZ NAVAS
Presidente de la Sala de Subsección C
GUILLERMO SÁNCHEZ LUQUE
Consejero de Estado
Salvamento parcial de voto.
NICOLÁS YEPES CORRALES
Consejero Ponente
Fls.1-38 C.P. Por el cual se modifican los artículos 2.2.3.1.2.1, 2.2.3.1.2.4 y 2.2.3.1.2.5 del Decreto 1069 de 2015, Único Reglamentario del sector Justicia y del Derecho, referente a las reglas de reparto de la acción de tutela. Obra poder a Fls.43-44 C.P. Fls.1 -38 C.P. De acuerdo a lo señalado en la providencia de primera instancia del proceso de reparación directa. (Fls.203 – 218 C.2 en préstamo). Fls.212-214 C.2 en préstamo. Fls.210-211 C.2 en préstamo. Obra recurso de apelación (Fls.225 – 257 C.2 en préstamo). Obra recurso de apelación (Fls.258 – 260 C.2 en préstamo). Fl.238 C.2 en préstamo. Fl.239 C.2 en préstamo. Ibídem. Ibídem. Obra recurso de apelación (Fls.258- 260). Obra sentencia de segunda instancia (Fls.326-340 C.2 en préstamo). Fls.337-338 C.2 en préstamo. Fls.338 C.2 en préstamo. Fls.338-339 C.P. Fl.6 C.P. Fl.32 C.P. Ibídem. Ibídem. Fls.7 y 30 C.P. Fl.9 C.P. Ibídem. Fl.31 C.P. Ibídem. Ibídem. Fl.34 C.P. Fl.41 C.P. Fl.46 C.P. Fl.47 C.P. Fl.48 C.P. Fls.49 C.P. Fl.51-55 C.P. Fl.54 C.P. Fl.57 – 62 C.P. Fl.62 C.P. Fl.79 C.P. Artículo 86. Toda persona tendrá acción de tutela para reclamar ante los jueces, en todo momento y lugar, mediante un procedimiento preferente y sumario, por sí misma o por quien actúe a su nombre, la protección inmediata de sus derechos constitucionales fundamentales, cuando quiera que éstos resulten vulnerados o amenazados por la acción o la omisión de cualquier autoridad pública. (…)
Artículo 37. Primera instancia. Son competentes para conocer de la acción de tutela, a prevención, los jueces o tribunales con jurisdicción en el lugar donde ocurriere la violación o la amenaza que motivaren la presentación de la solicitud. Adicionándose un numeral al artículo 13 del reglamento del Consejo de Estado, en lo que se refiere a la competencia de la Sección Tercera para conocer del trámite de acciones de tutela. Corte Constitucional. Sentencia C – 590 de 08 de junio de 2005. Los presentes requisitos fueron reconocidos por el Consejo de Estado en sentencia del 05 de agosto de 2014. Rad. 11001-03-15-000-2012-02201-01. Consejo de Estado. Sala de lo Contencioso Administrativo. Sección Quinta. Sentencia del 8 de noviembre de 2018. Rad. 11001-03-15-000-2018-02775-01(AC). Corte Constitucional. Sentencias C-590 de 2005, T-061 de 2007, T-777 de 2008, T-217 de 2010, T-018 de 2011, T-458 de 2016, SU-439 de 2017 y SU-041 de 2018. Fls.1 -38 C.P. Obra recurso de apelación (Fls.225 – 257 C.2 en préstamo). Ibídem. Fl.31 C.P. No se evidencia la existencia de alguna de las causales previstas en el artículo 250 del CPACA. Fl.341 C.2 en préstamo. El Consejo de Estado estableció, como regla general, que el mecanismo de amparo debe promoverse en un plazo máximo de seis meses contados a partir de la notificación o ejecutoria de la sentencia o providencia objeto de reproche constitucional, límite temporal que también ha sido acogido por la Corte Constitucional. Consejo de Estado. Sala Plena. Sentencia de unificación del 05 de agosto de 2014. Rad. 11001-03-15-000-2012-02201-01. Corte Constitucional. Sentencia T-233 de 2007, entre otras. Corte constitucional. Sentencia T-164 de 2018. Corte Constitucional. Sentencia T-803 de 2012. Corte Constitucional. Sentencias SU -817 de 2010 y SU-566 de 2015
Fl.31 C.P. Ibídem. Ibídem. Sentencia T-553 de 2008. Sentencia T-310 de 1995. Sentencia T-015 de 2019. Sentencia SU-195 de 2012. Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, Subsección C. Sentencia del 9 de julio de 2018. Rad. 42301. Ibídem. Fl.210 C. 2 en préstamo. Ibídem. Fls.749-751 C.4 en préstamo. Fls.210-211 C.2 en préstamo. Fl.338 C. 2 en préstamo. Ibídem. Fl.339 C. 2 en préstamo. Fl.749 C. 4 en préstamo. Fl.338 C. 2 en préstamo. Ibídem. Fl.749 reverso C.4 en préstamo. Se refiere al proceso con radicado 2009-00492. Fl.339 C. 2 en préstamo. Fls.749-752 C.4 en préstamo. Fls.749-752 C.4 en préstamo. Fl.749 C.4 en préstamo. Fls.749-751 C.4 en préstamo. Fl.749 reverso C.4 en préstamo.
Fl.750 (reverso) C.4 en préstamo. Fl.749 C.4 en préstamo. Ibídem. Fl.751 (reverso) C.4 en préstamo. Ibídem. Ibídem. Fls.91-94 C.1 en préstamo. Fls.306-308 C. 5 en préstamo. Fl.339 C.4 en préstamo. Obra acta de diligencia de embargo y secuestro dentro del proceso No. 2009-00492 a Fl.329 del C.3 en préstamo. Obra acta de diligencia de embargo y secuestro dentro del proceso No. 2008-00531 a Fl.749-751 del C.4 en préstamo. Fl.329 C.3 en préstamo. Fls.749 (reverso) C.4 en préstamo.
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