Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Tercera, radicado 11001-03-15-000-2019-00795-00
Consejo de Estado · Sección Tercera
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Consejo de Estado · Sección Tercera
Acción de tutela contra providencia judicial
Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Tercera, radicado 11001-03-15-000-2019-00795-00
Consejo de Estado · Sección Tercera
República de Colombia
Consejo de Estado
Sección Tercera
Radicado 11001-03-15-000-2019-00795-00
Consejero ponente: Nicolás Yepes Corrales
1 de abril de 2019
ACCIÓN DE TUTELA CONTRA PROVIDENCIA JUDICIAL / MEDIO DE CONTROL DE NULIDAD Y RESTABLECIMIENTO DEL DERECHO – Solicitud de indexación de la primera mesada de pensión gracia / AUSENCIA DE DEFECTO FÁCTICO – Adecuada valoración del material probatorio / DESCONOCIMIENTO DEL PRECEDENTE – Inexistencia / INDEXACIÓN DE LA PRIMERA MESADA PENSIONAL – No procede porque no hubo depreciación de la pensión reconocida
[L]a Sala considera que el Tribunal Administrativo del Chocó en la sentencia del 22 de noviembre de 2018, no incurrió en el defecto fáctico alegado, pues la decisión de revocar el fallo de primera instancia y negar las pretensiones de la demanda formuladas por el accionante estuvo soportada en un estudio razonable de las pruebas documentales allegadas al proceso de nulidad y restablecimiento del derecho, lo que le permitió concluir que la pensión gracia reconocida al [actor] no sufrió ninguna depreciación que diera lugar al reconocimiento de la indexación reclamada. Así mismo, tampoco se observa que la entidad judicial accionada haya incurrido en defecto sustantivo por desconocimiento del precedente ni en desconocimiento del precedente constitucional, pues la decisión acusada se fundamentó en la normativa que regula la pensión gracia y los diferentes pronunciamientos de la Sección Segunda del Consejo de Estado que señalan que es procedente la indexación de la primera mesada pensional, cuando “entre la fecha de retiro del servicio y la fecha en que se completan los requisitos pensionales ha transcurrido un tiempo razonable que afecta el ingreso base por efectos de la inflación positiva que registra la economía colombiana ”. Posición que no va en contravía de lo establecido por la jurisprudencia constitucional (sentencias SU-120 de 2003, C-862 de 2006 y SU-1073 de 2012)
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN TERCERA
SUBSECCIÓN C
Consejero ponente: NICOLÁS YEPES CORRALES
Bogotá, D.C., primero (01) de abril de dos mil diecinueve (2019)
Radicación número: 11001-03-15-000-2019-00795-00(AC)
Actor: HÉCTOR HORACIO ARIAS MENA
Demandado: TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DEL CHOCÓ
Asunto: Acción de Tutela – sentencia de primera instancia
Tema: Acción de tutela contra providencia judicial.
Subtema 1: Causal específica de procedencia de tutela – defecto fáctico.
Subtema 2: Causal específica de procedencia de tutela – defecto sustantivo.
Subtema 3: Causal específica de procedencia de tutela – desconocimiento del precedente constitucional como causal autónoma.
Subtema 4: Causal específica de procedencia de tutela – violación directa de la Constitución.
Sentencia: Niega el amparo constitucional solicitado por cuanto no se encuentran configurados los defectos alegados.
La Sala decide la acción de tutela interpuesta por Héctor Horacio Arias Mena en contra de la sentencia No. 0166 proferida el 22 de noviembre de 2018 por el Tribunal Administrativo del Chocó dentro del trámite de tutela, de acuerdo con el Decreto 1983 de 2017.
I. ANTECEDENTES
1.- La solicitud de tutela
El 22 de febrero de 2019, Héctor Horacio Arias Mena mediante apoderado judicial interpuso acción de tutela en contra del Tribunal Administrativo del Chocó con el objeto de que se amparen sus derechos fundamentales a la igualdad, al debido proceso, al mínimo vital, de acceso a la administración de justicia, a la seguridad social y al “mantenimiento del poder adquisitivo”; que consideró vulnerados por la sentencia No.0166 del 22 de noviembre de 2018 proferida por la autoridad judicial accionada.
1.1.- Hechos
1.1.1.- La Caja Nacional de Previsión Social – CAJANAL por medio de Resolución No. 008984 del 19 de mayo de 2000 le reconoció a Héctor Horacio Arias Mena, una pensión gracia en cuantía de $667.489.oo sin incluir algunos factores salariales, ni la indexación de la primera mesada pensional; con efectos fiscales a partir del 07 de febrero de 1999.
1.1.2.- Posteriormente, la Caja Nacional de Previsión Social – CAJANAL, mediante Resolución No. 24501 del 29 de mayo de 2007 ordenó la reliquidación de la pensión gracia reconocida a Héctor Horacio Arias Mena, para incluir “nuevos factores de salario” y en consecuencia ordenó el pago de la suma de $778.989.71.oo, efectivos “a partir del 20 de enero de 1999, pero con efectos fiscales a partir del 20 de septiembre de 1999”.
1.1.3.- A continuación, Héctor Horacio Arias Mena, en ejercicio del medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho presentó demanda en contra de la Unidad Administrativa Especial de Gestión Pensional y Contribuciones Parafiscales de la Protección Social - UGPP (entidad que sustituyó en sus funciones a la Caja Nacional de Previsión Social – CAJANAL) en la que solicitó la nulidad de las Resoluciones Nos. “008981 (sic) del 19 de mayo de 2000” y 24501 del 29 de mayo de 2007 y, a título de restablecimiento del derecho, que se profiriera “un nuevo acto administrativo, reconociendo y ordenando pagar (…) [la] pensión gracia, con la indexación del ingreso base de liquidación ($1.786.772) para determinar la tasa de reemplazo del 75% equivalente a $1.340.079 a partir del 20 de enero de 1999”.
1.1.4.- El Juzgado 4º Administrativo Mixto del Circuito de Quibdó conoció del asunto y mediante sentencia del 6 de diciembre de 2016 declaró “la nulidad parcial de las Resoluciones Nos. “008981 (sic) del 19 de mayo de 2000 y 24501 del 29 de mayo de 2007” por medio de las cuales la Caja Nacional de Previsión Social –CAJANAL reliquidó la pensión de jubilación gracia del señor Héctor Horacio Arias Mena y en consecuencia condenó a la Unidad Administrativa Especial de Gestión Pensional y Contribuciones Parafiscales de la Protección Social – UGPP a “indexar la base de liquidación de la pensión de jubilación gracia” reconocida al accionante y a cancelar las diferencias que surgían de la actualización del ingreso base de liquidación de la pensión gracia. Esta decisión fue apelada por la entidad demandada.
1.1.5.- De la segunda instancia conoció el Tribunal Administrativo del Chocó, autoridad que mediante sentencia No. 0166 del 22 de noviembre de 2018 revocó la providencia del inferior y en su lugar negó las suplicas de la demanda.
Como fundamento de su decisión, la entidad judicial accionada en primer lugar realizó un recuento de los diferentes pronunciamientos de la Sección Segunda del Consejo de Estado y de la Corte Suprema de Justicia en los que se estableció que era procedente “la indexación del ingreso base de liquidación de las pensiones cuando entre la fecha de retiro del servicio y la fecha en que se completan los requisitos pensionales ha transcurrido un tiempo razonable que afecta el ingreso para efectos de la inflación positiva que registra la economía colombiana”.
En virtud de lo anterior, el Tribunal Administrativo del Chocó consideró en el caso concreto lo siguiente:
“(…)[L]a Sala encuentra de las pruebas que obran en el proceso que al señor Héctor Horacio Mena Arias, en calidad de docente por reunir los requisitos de ley, esto es, edad y tiempo de servicio, el 07 de febrero de 1999, solicitó mediante escrito radicado el 16 de febrero de 1999, el reconocimiento y pago de su pensión y la entidad a través de la resolución No. 008981 (sic) del 19 de mayo de 2000 reconoció y ordenó pagar la prestación en cuantía de $667.489.16, efectiva a partir del 07 de febrero de 1999, posteriormente mediante resolución No. 24501 del 29 de mayo de 2007, en cumplimiento de una sentencia proferida por esta Corporación reliquidó la prestación por inclusión de nuevos factores salariales, elevando la cuantía de la misma a la suma de $778.989.71, efectiva a partir del 20 de enero de 1999, pero con efectos fiscales a partir del 20 de septiembre de 1999 por prescripción trienal, lo que permite concluir que, en momento alguno, el poder adquisitivo del salario, que después se convirtió en pensión, sufrió la depreciación que dé lugar al reconocimiento de la indexación reclamada, lo que impone revocar la sentencia de primera instancia en cuanto a lo que es objeto de alzada, esto es, la indexación de la primera mesada pensional, y en su lugar negar las suplicas de la demanda, pues si bien transcurrió un tiempo considerable entre la adquisición del status y la fecha en que se declaró el derecho tiempo durante el cual si existió un periodo inflacionario que debió considerarse, a fin de que se aplicaran los mecanismos de corrección monetaria pertinentes, para que las mesadas adeudadas a la accionante conservaran su poder adquisitivo al momento de ser canceladas, observa la Sala que dicha situación fue garantizada como se desprende de los actos administrativos acusados cuando señala en su numeral tercero “El Fondo de Pensiones Públicas del Nivel Nacional pagará al interesado la suma a que se refiere el artículo primero, con los reajustes de ley”.
1.2.- Fundamentos de la acción de tutela
A juicio del accionante, la autoridad judicial accionada vulneró sus derechos fundamentales a la igualdad, de acceso a la administración de justicia, al debido proceso, al mínimo vital, a la seguridad social y al “mantenimiento al poder adquisitivo de las pensiones”, por los siguientes motivos:
La entidad accionada incurrió en los defectos, “sustantivo” y “violación directa de la Constitución” por cuanto “desconoció el precedente jurisprudencial de la Corte Constitucional” y “del Consejo de Estado”, relacionado con el derecho de indexación del ingreso base de liquidación (IBL) para determinar la primera mesada pensional.
Igualmente, de acuerdo con el accionante, el Tribunal Administrativo del Chocó incurrió en “defecto fáctico – en dimensión negativa” por cuanto no valoró como prueba idónea, el contenido de los actos administrativos demandados a través del medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho.
Como se ve, las acusaciones realizadas por Héctor Horacio Arias Mena en contra de la sentencia proferida por el Tribunal Administrativo del Chocó se circunscriben a las causales específicas denominadas: defecto fáctico, violación directa de la Constitución y defecto sustantivo por desconocimiento del precedente tanto del Consejo de Estado como de la Corte Constitucional. Sin embargo, la Sala precisa que con relación al desconocimiento del precedente constitucional, su análisis es procedente realizarlo como una causal autónoma, motivo por el que así se estudiará en el caso concreto.
1.3.- Pretensión de la acción de tutela
El accionante solicitó la tutela de los derechos fundamentales a la igualdad, de acceso a la administración de justicia, al debido proceso, al mínimo vital, a la seguridad social y al “mantenimiento al poder adquisitivo de las pensiones”, vulnerados por el Tribunal Administrativo de Chocó en sentencia No. 0166 del 22 de noviembre de 2018 y en consecuencia que se le ordene al aludido Tribunal que profiera una “nueva providencia en la cual se atienda el precedente de esa máxima corporación judicial como órgano de cierre de la jurisdicción contenciosa administrativa, especialmente como se ha procedido con las sentencias de la Sección Segunda”.
Finalmente, como pretensión “subsidiaria”, el accionante solicitó “dejar ejecutoriada la sentencia No. 66 del 29 de marzo de 2016, proferida por el Juzgado Cuarto Administrativo Mixto del Quibdó, la cual accedió a la indexación de la primera mesada pensional del Sr. Héctor Horacio Arias Mena”.
2.- Fundamentos de la oposición
2.1.- La Unidad Administrativa Especial de Gestión Pensional y Contribuciones Parafiscales de la Protección Social – UGPP en su calidad de tercera interesada presentó contestación a la acción de tutela en la que solicitó su rechazo por “improcedente” por cuanto considero que no vulneró los derechos fundamentales del accionante, el cual a su vez se encontraba activo en la nómina de pensionados percibiendo en la actualidad una mesada pensional por valor de $2.138.795,07. Además señaló que el Tribunal Administrativo del Chocó realizó el estudio adecuado conforme a la legislación vigente para el caso concreto, sobre la indexación de la pensión.
2.2.- El Tribunal Administrativo del Chocó en su calidad de accionada presentó escrito de contestación a la tutela en el que solicitó se declarara improcedente por cuanto la providencia censurada “fue proferida luego de hacer un análisis minucioso de las pruebas arrimadas al proceso sin perder de vista la normatividad aplicable al caso y algunos precedentes jurisprudenciales”; y además porque los “derechos invocados por el actor se queda[ron] en meros enunciados, pues no se [hizo] el más mínimo esfuerzo por desarrollar las censuras” y en consecuencia se dejó “sin explicar la forma concreta en que se presentó cada error”.
2.3.- El Juzgado 4º Administrativo Mixto de Quibdó guardó silencio en esta etapa procesal.
II. CONSIDERACIONES
1.- Competencia
Esta Sala es competente para conocer de la acción de tutela interpuesta por Héctor Horacio Arias Mena en contra de la sentencia proferida el 22 de noviembre de 2018 por el Tribunal Administrativo del Chocó, de conformidad con lo establecido en los artículos 86 de la Constitución Política y 37 del Decreto 2591 de 1991, así como del Acuerdo de Sala Plena del Consejo de Estado No. 377 del 11 de diciembre de 2018 “Por medio del cual se modifica el reglamento del Consejo de Estado”.
2.- Tramite de la acción de tutela
Esta Corporación en proveído del 27 de febrero del 2019 admitió la acción de tutela interpuesta por Héctor Horacio Arias Mena en contra del Tribunal Administrativo del Chocó, por lo que se ordenó su notificación como demandado y ordenó la vinculación del Juzgado 4º Administrativo Mixto de Quibdó y a la Unidad Administrativa Especial de Gestión Pensional y Contribuciones Parafiscales de la Protección Social – UGPP, como terceros con interés legítimo.
3.- Problema jurídico
3.1.- Corresponde a la Sala determinar si la providencia proferida el 22 de noviembre de 2018 por el Tribunal Administrativo del Chocó, adolece de los defectos fáctico, sustantivo por desconocimiento del precedente del Consejo de Estado, desconocimiento del precedente Constitucional y violación directa de la Constitución.
3.2.- Para resolver el problema jurídico así planteado se procederá en primer lugar, a verificar si se cumplen los requisitos generales de procedencia de la acción de tutela contra providencias judiciales.
3.3.- De encontrar una respuesta afirmativa, se determinará si la entidad judicial accionada incurrió en los defectos denunciados, para lo cual reiterará el marco jurisprudencial sobre la indexación del ingreso base de liquidación de la prestación pensional gracia. Finalmente, se resolverá el caso concreto.
4.- Procedencia de la acción de tutela contra providencias judiciales
La Corte Constitucional en sentencia C–590 de 2005 reconoció que la acción de tutela contra providencias judiciales es procedente “si se cumplen ciertos y rigurosos requisitos de procedibilidad”, que habilitan la viabilidad procesal del amparo constitucional, dentro de los que se distinguen los siguientes:
Requisitos generales: (i) que el asunto sea de evidente relevancia constitucional; (ii) que el accionante haya utilizado todos los mecanismos judiciales ordinarios y extraordinarios a su alcance para la protección de sus derechos fundamentales (subsidiariedad); (iii) que la acción se haya interpuesto en un término prudencial (inmediatez); (iv) cuando se trate de una irregularidad procesal, debe quedar claro que la misma tiene un efecto decisivo o determinante en la sentencia que se impugna y que afecta los derechos fundamentales de la parte actora; (v) que el actor indique los hechos y las razones en que se fundamenta la acción; y (vi) que no se trate de una decisión proferida en sede de tutela.
Ahora bien, en el caso en que el juez encuentre reunidos los anteriores, procederá a analizar las causales específicas de procedencia de tutela contra providencia judicial, también conocidas como defectos, con el fin de determinar si se vulneraron o no los derechos fundamentales del peticionario.
Causales específicas de procedencia de tutela: (i) defecto orgánico, que se presenta cuando el funcionario judicial que profirió la providencia impugnada carece, absolutamente, de competencia para ello; (ii) defecto procedimental, que se origina cuando el juez actuó completamente al margen del procedimiento establecido; (iii) defecto fáctico, que surge cuando el juez carece del apoyo probatorio que permita la aplicación del supuesto legal en el que se sustenta la decisión; (iv) defecto material o sustantivo, como son los casos en que se decide con base en normas inexistentes o inconstitucionales o que presentan una evidente y grosera contradicción entre los fundamentos y la decisión; (v) defecto por error inducido, que se presenta cuando el juez o tribunal fue víctima de un engaño por parte de terceros y ese engaño lo condujo a la toma de una decisión que afecta derechos fundamentales; (vi) defecto por falta de motivación, que implica el incumplimiento de los servidores judiciales de dar cuenta de los fundamentos fácticos y jurídicos de sus decisiones en el entendido que precisamente en esa motivación reposa la legitimidad de su órbita funcional; (vii) defecto por desconocimiento del precedente constitucional, que se configura cuando la Corte Constitucional establece el alcance de un derecho fundamental y el juez ordinario aplica una ley limitando sustancialmente dicho alcance; y (viii) defecto por violación directa de la Constitución, que se configura cuando se deja de aplicar una disposición ius fundamental a un caso concreto o se aplica la ley al margen de los dictados de la Constitución.
5.- Requisitos generales de procedibilidad de la acción de tutela en el caso concreto
Al respecto, la Sala encuentra que en la solicitud de amparo constitucional tienen ocurrencia los requisitos generales de procedibilidad del amparo contra providencias judiciales, así:
5.1.- El asunto bajo examen goza de relevancia constitucional, en la medida de que no se trata de una discusión de índole legal, sino que por el contrario, se trata de dilucidar si efectivamente la autoridad judicial accionada vulneró los derechos fundamentales alegados por el accionante, al proferir la providencia del 22 de noviembre de 2018 en la que incurrió en los defectos denunciados al no valorar como prueba idónea los actos administrativos demandados y desconocer la jurisprudencia del Consejo de Estado y de la Corte Constitucional relacionada con el derecho de indexación sobre la primera mesada pensional.
5.2.- Se cumple con el requisito de subsidiariedad, toda vez que contra la sentencia objeto de tutela no existe algún medio de impugnación para controvertirla ni tampoco se reúnen alguna de las causales previstas en el artículo 250 del CPACA para la procedencia del recurso extraordinario de revisión.
5.3.- Se cumple con el requisito de inmediatez, toda vez que la solicitud de amparo constitucional se presentó el 22 de febrero de 2019 y la providencia objeto de la acción de tutela se notificó el 26 de noviembre de 2018, esto es, su presentación se realizó dentro del término razonable de 6 meses señalado por la jurisprudencia.
5.4.- Se encuentra cumplido el requisito de motivación, por cuanto en el caso bajo examen, el actor indicó de forma razonable los hechos con base en los cuales la autoridad judicial accionada supuestamente transgredió sus derechos fundamentales.
5.5.- No se trata de tutela contra una decisión de tutela ya que la providencia que se acusa fue dictada dentro del proceso de nulidad y restablecimiento del derecho radicado bajo el No. 2014-0596.
5.6.- Así las cosas, habiéndose cumplido los requisitos generales de procedibilidad de la acción de tutela contra providencias judiciales, la Sala determinará si en el caso de autos se encuentran configurados los defectos fáctico, sustantivo por desconocimiento del precedente del Consejo de Estado, desconocimiento del precedente Constitucional y violación directa de la Constitución.
6.- Análisis de las causales específicas de procedencia de tutela en el caso de autos
6.1.- Defecto fáctico
La Corte Constitucional reconoció que los eventos de configuración del defecto fáctico son: (i) omisión de decretar o practicar pruebas indispensables para fallar el asunto; (ii) desconocimiento del acervo probatorio determinante para identificar la veracidad de los hechos alegados por las partes; (iii) valoración irracional o arbitraria de las pruebas aportadas; y (iv) dictar sentencia con fundamento en pruebas obtenidas con violación del debido proceso, los cuales tienen las siguientes características:
Evento
Características
Omisión de decreto y práctica de pruebas indispensables para fallar el asunto
Se da cuando la parte, con el fin de probar los hechos que alega, solicitó al juez el decreto de una prueba relevante para resolver el problema jurídico sometido a consideración, y ésta fue negada; ello sin desconocer la facultad del juez ordinario de negar pruebas que no atiendan los requisitos de conducencia, pertinencia e idoneidad. Así las cosas, es importante considerar que no toda negativa a un decreto de pruebas abre la posibilidad a la configuración del defecto, ya que éste procederá cuando se rechace el decreto y práctica de la prueba que, solicitada oportunamente, no cumpla con los parámetros arriba señalados.
De esta manera, se requiere que la parte:
a) Identifique el elemento probatorio que solicitó.
b) Demuestre que lo solicitó en oportunidad legal.
c) Exponga las razones por las cuales la prueba solicitada era conducente, pertinente o idónea.
d) Señale de manera razonada la razón por la cual, de haberse decretado la prueba, el sentido de la decisión hubiere sido otro.
Desconocimiento del acervo probatorio determinante para identificar la veracidad de los hechos alegados por las partes
Se presenta cuando, obrando los elementos de convicción en el expediente, y estos resultan decisivos frente a los hechos que se pretenden probar, éstos no son tenidos en cuenta por el fallador ordinario. En este punto, se requiere que de forma específica, se concrete en el escrito de amparo, cuales pruebas, aportadas oportuna y legalmente, fueron desconocidas por el juez.
Así las cosas, se configura siempre que la parte:
a) Identifique los elementos de prueba no valorados por el juez.
b) Demuestre que éstos fueron aportados en forma legal y oportunamente al proceso
c) Señale las razones por las cuales eran relevantes para la decisión
d) Precise, razonadamente, la incidencia de los mismos para variar el sentido del fallo.
Valoración irracional o arbitraria de las pruebas aportadas
Procede cuando, a la luz de los postulados de la sana crítica, la apreciación efectuada por el fallador, resulta manifiestamente equivocada o arbitraria, y por ello, el peso otorgado a la prueba se entiende alterado.
Se requiere entonces que:
a) La parte precise cual o cuales de las pruebas fueron objeto de indebida valoración por el juez
b) La razón del por qué, en cada caso en particular, la consideración del operador judicial se aleja de las reglas de la lógica, la experiencia y la sana crítica.
El segundo de los elementos señalados, resulta de vital importancia, pues es claro que un sencillo desacuerdo en relación con la conclusión a la cual arribó el juez de instancia, de ninguna manera puede ser razón para ordenar el amparo constitucional por este aspecto. Aceptar lo contrario, implicaría una sustitución arbitraria del juez natural.
Dictar sentencia con fundamento en pruebas obtenidas con violación del debido proceso
Refiere al supuesto en que el fallador de instancia decide el asunto con base en pruebas que no observaron los requisitos legales para su producción o introducción al proceso. Así las cosas, el juez no ignora la prueba ni se equivoca en su apreciación, pero yerra al haberla tenido en cuenta para decidir el problema jurídico que le fue planteado, al ser ésta una prueba que desconoce el debido proceso de las partes.
Para su configuración corresponde:
a) Señalar con claridad los elementos probatorios aportados con violación al artículo 29 Constitucional.
b) Exponer las razones que sustentan dicha vulneración.
c) Demostrar que estos elementos de convicción fueron el sustento de la decisión.
6.2.- Defecto sustantivo por desconocimiento del procedente
La Corte Constitucional ha explicado que el defecto sustantivo puede configurarse en distintos supuestos, a saber:
“(i) Cuando la decisión judicial tiene como fundamento una norma que no es aplicable, ya que (i) no es pertinente HYPERLINK "http://www.corteconstitucional.gov.co/relatoria/2012/SU195-12.htm" \l "_ftn42" \o "" , (ii) ha perdido su vigencia por haber sido derogada, (iii) es inexistente HYPERLINK "http://www.corteconstitucional.gov.co/relatoria/2012/SU195-12.htm" \l "_ftn44" \o "" , (iv) ha sido declarada contraria a la Constitución HYPERLINK "http://www.corteconstitucional.gov.co/relatoria/2012/SU195-12.htm" \l "_ftn45" \o "" , (v) a pesar de que la norma en cuestión está vigente y es constitucional, no resulta adecuada su aplicación a la situación fáctica objeto de estudio, así ocurre por ejemplo cuando se le reconocen efectos distintos a los señalados por el legislador.
(ii) Cuando pese a la autonomía judicial, la interpretación o aplicación de la norma al caso concreto, no se encuentra, prima facie, dentro del margen de interpretación razonable HYPERLINK "http://www.corteconstitucional.gov.co/relatoria/2012/SU195-12.htm" \l "_ftn47" \o "" o el operador judicial hace una aplicación inaceptable de la norma al interpretarla de forma contraevidente -interpretación contra legem- o claramente perjudicial para los intereses legítimos de una de las partes o cuando en una decisión judicial se aplica una norma jurídica de manera manifiestamente errada, sacando del marco de la juridicidad y de la hermenéutica jurídica aceptable tal decisión judicial.
(iii) Cuando no toma en cuenta sentencias que han definido su alcance con efectos erga omnes.
(iv) Cuando la disposición aplicada se muestra injustificadamente regresiva HYPERLINK "http://www.corteconstitucional.gov.co/relatoria/2012/SU195-12.htm" \l "_ftn51" \o "" o contraria a la Constitución.
(v) Cuando un poder concedido al juez por el ordenamiento se utiliza para un fin no previsto en la disposición HYPERLINK "http://www.corteconstitucional.gov.co/relatoria/2012/SU195-12.htm" \l "_ftn53" \o "" .
(vi) Cuando la decisión se funda en una interpretación no sistemática de la norma, omitiendo el análisis de otras disposiciones aplicables al caso HYPERLINK "http://www.corteconstitucional.gov.co/relatoria/2012/SU195-12.htm" \l "_ftn54" \o "" .
(vii) Cuando el operador judicial con una insuficiente sustentación o justificación de la actuación afecta derechos fundamentales.
(viii) Cuando se desconoce el precedente judicial sin ofrecer un mínimo razonable de argumentación que hubiere permitido una decisión diferente de acogerse la jurisprudencia.
(ix) Cuando el juez se abstiene de aplicar la excepción de inconstitucionalidad ante una violación manifiesta de la Constitución siempre que se solicite su declaración por alguna de las partes en el proceso HYPERLINK "http://www.corteconstitucional.gov.co/relatoria/2012/SU195-12.htm" \l "_ftn57" \o "" ”.
Por otro lado, también ha señalado que una providencia judicial adolece del defecto sustantivo por desconocimiento del precedente cuando la autoridad jurisdiccional se “aparta del precedente judicial – horizontal o vertical – sin justificación suficiente” pues el precedente es de carácter obligatorio, en atención a que de acuerdo con el artículo 230 de la Constitución Política, los jueces si bien “tienen una autonomía interpretativa e independencia para fallar” deben “hacerlo dentro de los parámetros que les presenta la ley”.
Con fundamento en lo anterior, el Tribunal Constitucional ha precisado que es posible apartarse del precedente jurisprudencial siempre y cuando se dé cumplimiento a los siguientes requisitos: (i) se haga una referencia expresa, amplia y suficiente del precedente aplicado a casos similares; (ii) se expongan las razones suficientes por las que considera que el mismo no resulta ajustado al asunto estudiado.
6.3.- Desconocimiento del precedente constitucional como causal autonoma
La Corte Constitucional ha señalado que este defecto se predica exclusivamente del precedente fijado por esa Corporación y se presenta “generalmente cuando la Corte establece el alcance de un derecho fundamental o señala la interpretación de un precepto que más se ajusta a la Carta, y el juez ordinario al resolver un caso limita sustancialmente dicho alcance o se aparta de la interpretación fijada por esta Corporación”, razón por la que la tutela es procedente “como mecanismo para garantizar la eficacia jurídica del contenido constitucionalmente vinculante del derecho fundamental vulnerado u otros mandatos de orden superior”.
6.4.- Violación directa de la Constitución
El Tribunal Constitucional señaló en la sentencia C–590 de 2005 que este defecto procede en dos circunstancias: (i) cuando se deja de aplicar una disposición ius fundamental a un caso concreto o (ii) se aplica la ley al margen de los dictados de la Constitución.
Sin embargo, el referido Tribunal ha señalado que la violación directa de la Constitución Política también procede en los siguientes eventos: (i) en la solución del caso se dejó de interpretar y aplicar una disposición legal de conformidad con el precedente constitucional; (ii) se trata de un derecho fundamental de aplicación inmediata; y (iii) el juez en sus resoluciones vulneró derechos fundamentales y no tuvo en cuenta el principio de interpretación conforme con la Constitución.
6.5.- Ahora bien, con el fin de determinar si en el caso concreto se encuentran configurados los defectos aludidos, la Sala procede a analizar el marco jurisprudencial sobre la indexación del ingreso base de liquidación de una prestación pensional gracia.
7.- Marco jurisprudencial sobre la indexación del ingreso base de liquidación de una prestación pensional gracia
7.1.- En primer lugar, es preciso señalar que dentro del Régimen General de Seguridad Social en Pensiones, no existe norma expresa que consagre la actualización del ingreso base de liquidación pensional, diferente al reajuste anual de las mesadas ya reconocidas en los términos del artículo 14 de la Ley 100 de 1993 y lo propio ocurre en punto de la prestación pensional gracia, en tanto las Leyes 114 de 1913, 116 de 1928, 37 de 1933 y 91 de 1989 y el Decreto 081 de 1976, que establecen los requisitos y el procedimiento para su reconocimiento, no contemplan la indexación del ingreso base de liquidación utilizado para liquidar dicha prestación a favor de los docentes oficiales territoriales o nacionalizados.
Así, en razón del vacío normativo existente en relación con la indexación del ingreso base de liquidación de una prestación pensional, la jurisprudencia de la Corte Constitucional, a su vez reconocida por esta Corporación, con base en principios constitucionales, en especial, los previstos en los artículos 48, 53 y 230, ha establecido que bajo criterios de justicia y equidad la pérdida del poder adquisitivo de la moneda y el fenómeno inflacionario son hechos que el trabajador no está obligado a soportar.
7.2.- En este sentido, como referente de la jurisprudencia constitucional se encuentra en primer lugar, la sentencia SU-120 de 2003, en la cual se unificó la doctrina sentada hasta ese momento por las Salas de Revisión de esa Corporación concerniente a la procedencia de la indexación pensional por medio de la acción de tutela, en aplicación, entre otros, de los principios laborales de favorabilidad y efectividad de los derechos.
En razón de lo anterior, la Corte Constitucional en aquella oportunidad reconoció que era procedente la indexación de la primera mesada pensional “cuando el valor actual de la pensión y el valor inicial de la misma arroja[ban] una diferencia a favor del trabajador”. Evento en el que los “obligados” debían reintegrar “lo dejado de pagar, para que quienes con el paso de los años ha[bian] visto aminorar el poder adquisitivo de su pensión” con el fin de que lograran “compensar el desmedro patrimonial sufrido”.
Ahora bien, en el ámbito de control abstracto de constitucional, mediante las sentencias C-862 de 2006 y C-891A del mismo año, la Corte Constitucional al pronunciarse sobre la exequibilidad de los artículos 8º de la Ley 171 de 1961 y 260 (parcial) del Código Sustantivo del Trabajo, consideró sobre el derecho a la indexación de la primera mesada pensional:
“El derecho a la actualización de la mesada pensional no puede ser reconocido exclusivamente a determinadas categorías de pensionados, porque un trato diferenciado de esta naturaleza carecería de justificación constitucional, y se torna por tanto en un trato discriminatorio. En efecto, desde la perspectiva constitucional resulta insostenible la tesis que la actualización de las pensiones es un derecho constitucional del cual sólo son titulares aquellos pensionados que el Legislador determine, precisamente porque tal postura acarrearía la vulneración de los restantes principios a los que se ha hecho mención y de los derechos fundamentales de aquellas personas excluidas del goce de la actualización periódica de sus pensiones. Si bien el derecho a la actualización de la mesada pensional surge en virtud de lo que la doctrina ha denominado el proceso de especificación en el reconocimiento de los derechos, de manera tal que su titularidad se reserva a un determinada categoría de sujetos -los pensionados- dentro de tal categoría su titularidad ha de ser universal, y por lo tanto exclusiones derivadas del tránsito legislativo carecen de justificación.
Por último, la jurisprudencia constitucional ha establecido que la mesada pensional es un mecanismo que garantiza el derecho al mínimo vital de las personas de la tercera edad, porque esta prestación periódica dineraria permite a los pensionados acceder al conjunto de prestaciones constitutivas del mínimo vital, en esa medida se han establecido presunciones tales como que el no pago de la mesada pensional vulnera el derecho al mínimo vital. Por lo tanto la actualización periódica de esta prestación es simultáneamente una garantía del derecho al mínimo vital y una medida concreta a favor de los pensionados, por regla general adultos mayores o personas de la tercera edad y por lo tanto sujetos de especial protección constitucional.
La jurisprudencia constitucional se ha referido de manera reiterada tanto en sede de tutela como de constitucionalidad sobre el derecho a mantener el poder adquisitivo de las pensiones, y ha sostenido de manera reiterada que es un derecho de rango constitucional”.
Finalmente, la Corte Constitucional en sentencia SU-1073 de 2012 al unificar los criterios relacionados con el derecho a indexar la primera mesada pensional causada con anterioridad a 1991, consideró:
“2.6.1. El derecho a la indexación de la primera mesada pensional es predicable de todas las categorías de pensionados, y por tanto, resulta vulneratorio de los principios constitucionales que informan la seguridad social y el derecho laboral negar su procedencia a aquellos que adquirieron el derecho con anterioridad a la Constitución de 1991, pero cuyos efectos irradian situaciones posteriores.
2.6.2. La garantía de indexación no sólo fue reconocida por la jurisprudencia de la Corte Suprema de Justicia, Sala Laboral, con anterioridad de la expedición de la Carta, sino que en la Constitución de 1991 se constitucionaliza en los artículos 48 y 53.
2.6.3. Además, también tiene sustento en el principio de favorabilidad laboral contenido en el artículo 53 Superior. Este principio obliga a las autoridades judiciales, incluyendo las Altas Cortes, a elegir, en caso de duda, por la interpretación que más favorezca al trabajador. En el caso de la indexación, no es otra que su reconocimiento universal, inclusive de las personas que adquirieron su derecho con anterioridad a la Constitución de 1991, por cuanto el fenómeno inflacionario afecta a todos por igual.
2.6.4. El reconocimiento a la indexación de la primera mesada pensional también es un desarrollo del principio del Estado Social de Derecho y una garantía que desarrolla los artículos 13 y 46, que prescriben la especial protección constitucional a las personas de la tercera edad, y el derecho al mínimo vital”.
De lo anterior se concluye que la jurisprudencia constitucional ha entendido que la indexación es un mecanismo para garantizar la actualización del salario base para liquidación de la primera mesada pensional, cuando ha mediado un tiempo sustancial entre el momento en que el trabajador se retira de su empresa y el reconocimiento de la pensión. Dicha garantía tiene fundamento en el derecho constitucional de los pensionados a mantener el poder adquisitivo de la pensión y reside fundamentalmente en los artículos 48 y 53 de la Carta.
7.3.- A su vez, la Sección Segunda de esta Corporación en diferentes pronunciamientos, entre ellos, en sentencia del 17 de agosto de 2011, al entrar a resolver sobre un caso en el cual el peticionario cumplió el tiempo de servicio antes de la edad requerida para acceder al derecho prestacional -pensión gracia-, realizó las siguientes consideraciones:
“Por último, en tanto el actor se retiró del servicio antes de reunir el requisito de edad necesario para la consolidación de su status pensional mediando 8 años y 5 meses entre las dos fechas, observa la Sala que el a quo omitió ordenar la actualización de la base de liquidación pensional pese a haber sido solicitado en el petitum, imprevisión que afecta negativamente la cuantía pensional en detrimento del derecho del actor y desconoce los postulados constitucionales y legales que amparan la reliquidación e indexación de los derechos pensionales como derecho fundamental.
En efecto, en casos como éste la no actualización o indexación del Ingreso Base de Liquidación Pensional resulta inequitativa pues es indiscutible que no tiene el mismo poder adquisitivo el promedio devengado por el actor en el período comprendido entre los meses de agosto de 1992 y 1993, que el promedio que podría corresponderle a 26 de febrero de 2002, fecha a partir de la cual se reconoció la pensión habiendo cobrado efectos el impacto inflacionario sobre las sumas percibidas en dicho lapso, estableciéndose por ende la liquidación de la pensión examinada con valores empobrecidos.
Si bien, en cuanto a la pensión gracia no existe norma especial que contemple la actualización de la base salarial para su reconocimiento y pago de pensiones en circunstancias como las del demandante, es innegable que en economías inestables como la nuestra, el mecanismo de la revalorización de las obligaciones dinerarias se convierte en un factor de equidad y de justicia, que permite el pago del valor real de las acreencias.”
Igualmente, la Sección Segunda, Subsección A, en providencia del 7 de marzo de 2013 reconoció que era procedente la indexación de la primera mesada pensional cuando “habiendo ocurrido el retiro del servicio en un año determinado, el pensionado alcanza a completar los demás requisitos para acceder al derecho cuando ha transcurrido uno o más años después del retiro”.
Así, de acuerdo con la sentencia en cita cuando “el retiro del servicio y el cumplimiento de todos los requisitos para acceder al derecho pensional se cumplieron en el mismo año, e incluso, el reconocimiento también se efectuó en él, no puede hablarse de pérdida del poder adquisitivo del ingreso base con que se liquidó la pensión, pues no transcurrió un tiempo que diera lugar a la referida depreciación”.
A su vez, la Sección Segunda, Subsección B, en providencia del 10 de julio de 2014 expuso “que ante el vacío normativo existente en relación con la indexación del ingreso base de liquidación de una prestación pensional y, las consecuencias negativas derivadas de tal circunstancia, concretadas en el hecho de que un servidor tenga que percibir al momento de pensionarse, por concepto de mesada, una suma de dinero devaluada que no guarde una equivalencia o correspondencia con el valor real del salario que devengada cuando prestaba sus servicios, resulta pertinente y necesario ordenar el reajuste del ingreso base de liquidación en atención al carácter especialísimo de que goza una prestación pensional y al principio de equidad que gobierna el Sistema General de Seguridad Social en Pensiones”.
En razón de lo anterior en pronunciamientos más recientes, la Sección Segunda de esta Corporación ha reconocido que ante el vacío normativo existente en relación con la indexación del ingreso base de liquidación de una pensión gracia, las diferentes altas cortes han establecido de forma pacífica, que con el fin de que el beneficio prestacional no se vea afectado por el transcurrir del tiempo en razón de la pérdida del poder adquisitivo de la moneda y el fenómeno inflacionario, los beneficiarios, tienen derecho a que su prestación sea indexada con el fin de no ver transgredidos sus derechos fundamentales, y en tal virtud, debe darse aplicación a la fórmula adoptada por cada una de ellas para que la pensión garantice su poder adquisitivo.
8.- Conclusiones respecto de la configuración de los defectos fáctico, sustantivo por desconocimiento del precedente, desconocimiento del precedente constitucional y violación directa de la Constitución en el caso concreto
8.1.- Revisado el contenido de la providencia acusada, se observa que el Tribunal Administrativo del Chocó al revisar el material probatorio allegado al proceso ordinario encontró acreditado que la Caja Nacional de Previsión Social – CAJANAL por medio de la “Resolución No. 008981 (sic) del 19 de mayo de 2000” le reconoció a Héctor Horacio Arias Mena una pensión gracia en cuantía de $667.489,16 “efectiva a partir del 07 de febrero de 1999”; y que posteriormente mediante Resolución No. 24501 del 29 de mayo de 2007 ordenó la reliquidación de la pensión gracia reconocida a favor del accionante, para incluir “nuevos factores de salario” y en consecuencia ordenó el pago de la suma de $778.989.71.oo, la cual sería “efectiva a partir del 20 de enero de 1999”.
En razón de lo anterior, la autoridad judicial accionada concluyó que en momento alguno el poder adquisitivo de la mesada pensional sufrió la depreciación que da lugar al reconocimiento de la indexación reclamada, toda vez que si bien había transcurrido un tiempo considerable entre “la adquisición del status y la fecha en que se declaró el derecho tiempo durante el cual sí existió un periodo inflacionario que debió considerarse, a fin de que se aplicaran los mecanismos de corrección monetaria pertinentes, para que las mesadas adeudadas al accionante conservaran su poder adquisitivo al momento de ser canceladas” , lo cierto es que dicha situación había sido garantizada, pues en los actos administrativos demandados, CAJANAL se obligaba a pagar las mesadas pensionales de acuerdo con los “reajustes de ley” (Ver punto 1.1.5).
Ello se evidencia en el monto de la mesada que en la actualidad recibe el accionante, la cual asciende a la suma de $2.138.795,07, según consta el certificado allegado al expediente de la tutela, el 04 de marzo de 2019 por el Fondo de Pensiones Públicas del Nivel Nacional – FOPEP.
En este orden de ideas, la Sala considera que el Tribunal Administrativo del Chocó en la sentencia del 22 de noviembre de 2018, no incurrió en el defecto fáctico alegado, pues la decisión de revocar el fallo de primera instancia y negar las pretensiones de la demanda formuladas por el accionante estuvo soportada en un estudio razonable de las pruebas documentales allegadas al proceso de nulidad y restablecimiento del derecho, lo que le permitió concluir que la pensión gracia reconocida a Héctor Horacio Arias Mena, no sufrió ninguna depreciación que diera lugar al reconocimiento de la indexación reclamada.
8.2.- Así mismo, tampoco se observa que la entidad judicial accionada haya incurrido en defecto sustantivo por desconocimiento del precedente ni en desconocimiento del precedente constitucional, pues la decisión acusada se fundamentó en la normativa que regula la pensión gracia y los diferentes pronunciamientos de la Sección Segunda del Consejo de Estado que señalan que es procedente la indexación de la primera mesada pensional, cuando “entre la fecha de retiro del servicio y la fecha en que se completan los requisitos pensionales ha transcurrido un tiempo razonable que afecta el ingreso base por efectos de la inflación positiva que registra la economía colombiana”. Posición que no va en contravía de lo establecido por la jurisprudencia constitucional (sentencias SU-120 de 2003, C-862 de 2006 y SU-1073 de 2012), tal como quedó evidenciado en los puntos 7.2 y 7.3 de está providencia.
En otras palabras, en el caso debatido se presenta un razonamiento eminentemente interpretativo por parte del juez, lo cual obedece a la autonomía judicial y al acatamiento de las normas y la jurisprudencia pertinente, que no da lugar a que se configure una decisión ilegitima, de tal forma que la providencia acusada no desconoce ni las leyes ni el precedente jurisprudencial pertinente, por el contrario, las razones que la fundan son plausibles en un todo.
Ahora, lo que la Sala nota es una inconformidad con el resultado del análisis jurisprudencial y la posición adoptada por el juez natural, lo cual no es atacable vía tutela en la medida en que aquella cuenta con soporte y está debidamente razonada y justificada, por lo que, se reitera, este mecanismo no puede convertirse en una tercera instancia para continuar con el debate presentado en sede contenciosa; por ello se negará el amparo invocado.
8.3.- De otra parte, en el caso bajo estudio el accionante consideró que la autoridad judicial accionada incurrió en “violación directa de la Constitución Política”, en atención a que se desconoció la jurisprudencia relacionada con la indexación del ingreso base de liquidación de una prestación pensional gracia.
Al respecto, la Sala considera que en el caso bajo examen la entidad accionada no violó de manera directa la Constitución toda vez que como quedó señalado en el punto 8.2. no desconoció el precedente jurisprudencial contenido en las sentencias de control abstracto de constitucional y de unificación sobre la procedencia de la indexación del ingreso base de liquidación de una prestación pensional gracia, ya que, se reitera, se observa que si bien ésta tuvo en cuenta diferentes pronunciamientos del Consejo de Estado, lo cierto es que dichas providencias no son contrarias a la posición de la Corte Constitucional, en cuanto a la procedencia de la indexación del ingreso base de liquidación de una prestación pensional gracia.
8.4.- Conclusión
La Sala advierte que la autoridad judicial accionada en ejercicio de los principios de autonomía funcional y sana crítica dio un alcance probatorio coherente y válido a los documentos allegados al proceso ordinario, teniendo en cuenta la normativa y los criterios jurisprudenciales aplicables al caso concreto que, a pesar de no resultar satisfactoria en su integridad a Héctor Horacio Arias Mena, no se puede colegir que su actuación fue contraria a derecho.
Así las cosas, se concluye que el Tribunal Administrativo del Chocó en la sentencia proferida el 22 de noviembre de 2018, no vulneró los derechos fundamentales invocados por el accionante, por cuanto no se evidencia en su contenido, un análisis arbitrario, infundado o caprichoso ajeno a preceptos jurídicos de orden constitucional y legal, que constituya algún defecto que amerite la intervención del juez de tutela.
En virtud de lo anterior, la Subsección en sede de tutela procede a negar la solicitud de amparo constitucional por los motivos aquí expuestos.
En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado en Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, Subsección C, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley,
RESUELVE
PRIMERO: NEGAR el amparo constitucional solicitado por Héctor Horacio Arias Mena por las razones expuestas en la parte motiva de esta providencia.
SEGUNDO: NOTIFICAR la presente decisión a los interesados por el medio más expedito.
TERCERO: ENVIAR a la Corte Constitucional para su eventual revisión, en caso de no presentarse impugnación en contra de la presente decisión.
COPIESE, NOTIFIQUESE Y CÚMPLASE
JAIME ENRIQUE RODRÍGUEZ NAVAS
Presidente de la Subsección C
GUILLERMO SÁNCHEZ LUQUE
Magistrado
Aclaración de voto Cfr. Rad. 11001-03-15-000-2018-03386-01/19.
NICOLÁS YEPES CORRALES
Magistrado Ponente
Fls.1-18 C.P. Por el cual se modifican los artículos 2.2.3.1.2.1, 2.2.3.1.2.4 y 2.2.3.1.2.5 del Decreto 1069 de 2015, Único Reglamentario del sector Justicia y del Derecho, referente a las reglas de reparto de la acción de tutela. Obra poder a Fls.19 C.P. Fls.1 -18 C.P. Obra Resolución No. 008984 del 19 de mayo de 2000 a Fls.12 – 14 C.1 en préstamo. Obra Resolución No. 24501 del 29 de mayo de 2007 a Fls.15-19 C.1 en préstamo. Obra demanda presentada por Héctor Horacio Arias Mena (Fls.3-11 C.1 en préstamo). Obra sentencia proferida por el Juzgado 4º Administrativo Mixto del Circuito de Quibdo a Fls.118-126 C.2 en préstamo. Obra recurso de apelación a Fls.128- 134 C.1 en préstamo. Obra sentencia de segunda instancia a Fls.209-217 C.1 en préstamo. Corte Constitucional. Sentencias SU – 120 de 2003, C – 862 de 2006 y SU – 1073 de 2012
Consejo de Estado. Sala de lo Contencioso Administrativo. Sección Segunda. Sentencias del 6 de octubre de 2011, Rad. 05001233100020030071001 (054 – 2010), 10 de julio de 2014, Rad. 2700123310002011004101 (1762 – 2012), 16 de marzo de 2017. Rad. 050012333000201301844101, 21 de abril de 2017. Rad. 05001233300020130092501 y del 7 de mayo de 2018, Rad. 23001-2333-000-2013-0020801. Sección Cuarta. Sentencias del 25 de abril de 2016. Rad. 11001031500020150346600 y del 8 de noviembre de 2017 Rad. 11001-03-15-000-2017-01564-0. Fls.1 C.P. Fls.47-59 C.P. Obra certificado del 04 de marzo de 2019 Fondo de Pensiones Públicas del Nivel Nacional – FOPEP en el que consta que el accionante percibe en la actualidad la suma de $2.138.795,07 (Fls.59 reverso – 62 C.P). Fls.69 -83 C.P. Fl.72 (reverso) C.P
Fl.74 C.P
Artículo 86. Toda persona tendrá acción de tutela para reclamar ante los jueces, en todo momento y lugar, mediante un procedimiento preferente y sumario, por sí misma o por quien actúe a su nombre, la protección inmediata de sus derechos constitucionales fundamentales, cuando quiera que éstos resulten vulnerados o amenazados por la acción o la omisión de cualquier autoridad pública. (…)
Artículo 37. Primera instancia. Son competentes para conocer de la acción de tutela, a prevención, los jueces o tribunales con jurisdicción en el lugar donde ocurriere la violación o la amenaza que motivaren la presentación de la solicitud. Adicionándose un numeral al artículo 13 del reglamento del Consejo de Estado, en lo que se refiere a la competencia de la Sección Tercera para conocer del trámite de acciones de tutela. Fl.39 C.P. Corte Constitucional. Sentencia C – 590 de 08 de junio de 2005. Los presentes requisitos fueron reconocidos por el Consejo de Estado en sentencia del 05 de agosto de 2014. Rad. 11001-03-15-000-2012-02201-01. Consejo de Estado. Sala de lo Contencioso Administrativo. Sección Quinta. Sentencia del 8 de noviembre de 2018. Rad. 11001-03-15-000-2018-02775-01(AC). ARTÍCULO 250. CAUSALES DE REVISIÓN. Sin perjuicio de lo previsto en el artículo HYPERLINK "http://www.secretariasenado.gov.co/senado/basedoc/ley_0797_2003.html" \l "20" 20 de la Ley 797 de 2003, son causales de revisión: 1. Haberse encontrado o recobrado después de dictada la sentencia documentos decisivos, con los cuales se hubiera podido proferir una decisión diferente y que el recurrente no pudo aportarlos al proceso por fuerza mayor o caso fortuito o por obra de la parte contraria. 2. Haberse dictado la sentencia con fundamento en documentos falsos o adulterados. 3. Haberse dictado la sentencia con base en dictamen de peritos condenados penalmente por ilícitos cometidos en su expedición. 4. Haberse dictado sentencia penal que declare que hubo violencia o cohecho en el pronunciamiento de la sentencia. 5. Existir nulidad originada en la sentencia que puso fin al proceso y contra la que no procede recurso de apelación. 6. Aparecer, después de dictada la sentencia a favor de una persona, otra con mejor derecho para reclamar. 7.
No tener la persona en cuyo favor se decretó una prestación periódica, al tiempo del reconocimiento, la aptitud legal necesaria o perder esa aptitud con posterioridad a la sentencia o sobrevenir alguna de las causales legales para su pérdida. 8. Ser la sentencia contraria a otra anterior que constituya cosa juzgada entre las partes del proceso en que aquella fue dictada. Sin embargo, no habrá lugar a revisión si en el segundo proceso se propuso la excepción de cosa juzgada y fue rechazada. Obra constancia de notificación (Fls.218 – 221 C.2 en préstamo). El Consejo de Estado estableció, como regla general, que el mecanismo de amparo debe promoverse en un plazo máximo de seis meses contados a partir de la notificación o ejecutoria de la sentencia o providencia objeto de reproche constitucional, límite temporal que también ha sido acogido por la Corte Constitucional. Consejo de Estado. Sala Plena. Sentencia de unificación del 05 de agosto de 2014. Rad. 11001-03-15-000-2012-02201-01. Corte Constitucional. Sentencia SU- 566 de 2015
Consejo de Estado. Sala de lo Contencioso Administrativo. Sección Quinta. Sentencia de 16 de agosto de 2018. Rad. 11001-03-15-000-2018-01138-01(AC)
Corte Constitucional, Sentencia SU-195 del 12 de marzo de 2012.
Sentencias T-343 de 2011, T-138 de 2011, T-792 de 2010, T-364 de 2009, T-808 de 2007 y T-086 de 2007.
Sobre el precedente horizontal y vertical, la Corte Constitucional ha señalado: “Esta Corporación ha diferenciado entre dos clases de precedentes, el horizontal y el vertical HYPERLINK "http://www.corteconstitucional.gov.co/relatoria/2014/T-102-14.htm" \l "_ftn23" \o "" , de conformidad con quién es el que profiere la providencia previa. El primero hace referencia a aquellas sentencias fijadas por autoridades de la misma jerarquía o el mismo operador judicial, y el segundo se relaciona con los lineamientos sentados por las instancias superiores encargadas de unificar jurisprudencia dentro de la respectiva jurisdicción o a nivel constitucional. Así, para la mayoría de asuntos, el precedente vertical que deben seguir los funcionarios judiciales es determinado por la Corte Suprema de Justicia o por el Consejo de Estado, como órganos de cierre dentro de su respectiva jurisdicción. En los casos en los que no son susceptibles de ser revisados por las autoridades mencionadas, son los tribunales los encargados de establecer criterios hermenéuticos para los operadores judiciales inferiores”. Corte Constitucional. Sentencia T -794 de 2011, T-082 de 2011, T-209 de 2011 y T -102 de 2014.
Corte Constitucional. Sentencia T-102 de 2014.
Corte Constitucional. Sentencia T-446 de 2013 y T-328 de 2018.
Corte Constitucional. Sentencia T-123 de 2010.
Corte Constitucional. Sentencia C – 590 de 2005.
Corte Constitucional. Sentencias T-809 de 2010, T-747 de 2009, T-555 de 2009 y T-071 de 2012.
ARTÍCULO 14. REAJUSTE DE PENSIONES. Con el objeto de que las pensiones de vejez o de jubilación, de invalidez y de sustitución o sobreviviente, en cualquiera de los dos regímenes del sistema general de pensiones, mantengan su poder adquisitivo constante, se reajustarán anualmente de oficio, el primero de enero de cada año, según la variación porcentual del Índice de Precios al Consumidor, certificado por el DANE para el año inmediatamente anterior. No obstante, las pensiones cuyo monto mensual sea igual al salario mínimo legal mensual vigente, serán reajustadas de oficio cada vez y con el mismo porcentaje en que se incremente dicho salario por el Gobierno. (…).”.
En el mismo sentido, la Corte Constitucional se ha pronunciado en sede de tutela en las siguientes sentencias T-663 de 2003, T-1169 de 2003, T-815 de 2004, T-805 de 2004, T-098 de 2005, T-045 de 2007, T-390 de 2009 y T-447 de 2009, T-362 de 2010.
Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Segunda. Sentencia del 17 de agosto de 2011. Rad. 050012331000200304414 02.
Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Segunda, Subsección “A”. Sentencia del 7 de marzo de 2013. Rad. 760012331000200801205 01.
Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Segunda, Subsección “B”. Sentencia del 10 de julio de 2014. Rad. 270012331000201100141 01.
Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Segunda, Subsección “B”. Sentencia del 21 de abril de 2017. Rad. 05001-23-33-000-2013-00925-01. Subsección “A”. Sentencia del 7 de mayo de 2018. Rad. 230012333000201300208 01.
Fls.59 reverso – 62 C.P.
Sentencia de 29 de marzo de 2016 dictada por el Juzgado 4º Administrativo Mixto del Circuito de Quibdó.
Fl. 213 (reverso) C.2 en préstamo
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