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Consejo de Estado · Sección Segunda

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 11001-03-15-000-2019-00800-00

Acción de tutela contra providencia judicial: no se incurrió en defecto sustantivo por desconocimiento del precedente del…

Fecha
28 de marzo de 2019
Consejero ponente
Gabriel Valbuena Hernández
Citada por
2 providencias

01Lo que resolvió

Ficha de la providencia

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 11001-03-15-000-2019-00800-00

Consejo de Estado · Sección Segunda

Parte resolutiva

FALLA PRIMERO.- SE NIEGA la solicitud de tutela formulada por el señor Diomédes Parra Mondragón en contra del Tribunal Administrativo del Valle del Cauca de conformidad con lo expuesto en la parte motiva de la presente providencia. SEGUNDO.-

02Texto de la providencia

República de Colombia

Consejo de Estado

Sección Segunda

Radicado 11001-03-15-000-2019-00800-00

Consejero ponente: Gabriel Valbuena Hernández

28 de marzo de 2019

ACCIÓN DE TUTELA CONTRA PROVIDENCIA JUDICIAL – No se incurrió en defecto sustantivo por desconocimiento del precedente del Consejo de Estado / PENSIÓN DE JUBILACIÓN DEL EMPLEADO DEL DAS – Ingreso base de liquidación
En el presente asunto, al señor Diomédes Parra Mondragón le fue reconocida la pensión de vejez a través de la Resolución UGM 021521 de 21 de diciembre de 2011, de conformidad con lo dispuesto por el Decreto 1047 de 1978, pero en cuanto al monto pensional aplicó el artículo 21 de la Ley 100 de 1993, con el 75% sobre un ingreso base de liquidación conformado por el promedio de los salarios de 10 años de servicios sobre la asignación básica y la bonificación por servicios prestados. Posteriormente, a través de la Resolución UGM 032822 de 14 de febrero de 2012, se estableció la fecha de efectividad de la prestación el 8 de septiembre de 2008 con efectos fiscales desde el 8 de septiembre de 2009 cuando se acreditó el retiro definitivo del DAS. (…) observa la Sala de Subsección, que el Tribunal Administrativo del Valle del Cauca sustentó de manera adecuada su decisión, acorde con lo establecido en la jurisprudencia de la Corte Constitucional en sentencias SU- 258 de 2013, SU-210 de 2018, lo cual es válido en virtud de los principios de autonomía e independencia judicial. (…) el señor Diomedes Parra Mondragón laboró, desde el 2 de septiembre de 1988 hasta el 7 de septiembre de 2009, razón por la cual CAJANAL EICE le reconoció la pensión con 20 años de servicios conforme con lo dispuesto por el Decreto 1047 de 1978; pero para determinar el monto de la pensión aplicó el artículo 21 de la Ley 100 de 1993. De acuerdo a lo anterior, es apenas razonable que el Tribunal Administrativo del Valle de Cauca diera a la controversia la solución adoptando la postura señalada por la Corte Constitucional en la sentencia T- 039 de 2018 según la cual el cálculo del IBL en esos casos debe hacerse de acuerdo a la jurisprudencia constitucional establecida en las Sentencias C-258 de 2013 y SU-230 de 2015. Igualmente se aprecia que el Tribunal Administrativo accionado cumplió con la carga de transparencia de sustentar de manera adecuada las razones por las cuales, optó por acoger la posición fijada por la Corte Constitucional, con lo que garantizó los derechos fundamentales al debido proceso e igualdad del accionante. Así las cosas, al no advertirse la vulneración ius fundamental alegada por el señor Diomédes Parra Mondragón se negará la solicitud de tutela formulada en contra del Tribunal Administrativo del Valle del Cauca.
FUENTE FORMAL: DECRETO 1047 DE 1978 / LEY 100 DE 1993 – ARTICULO 21

CONSEJO DE ESTADO

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCIÓN SEGUNDA – SUBSECCIÓN A

Consejero ponente: GABRIEL VALBUENA HERNÁNDEZ

Bogotá D. C., veintiocho (28) de marzo de dos mil diecinueve (2019).

Radicación número: 11001-03-15-000-2019-00800-00(AC)

Actor: DIOMEDES PARRA MONDRAGÓN

Demandado: TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DEL VALLE DEL CAUCA

ACCIÓN DE TUTELA – PRIMERA INSTANCIA

Decide la Sala de Subsección la acción de tutela instaurada por el señor Diomédes Parra Mondragón, a través de apoderado, contra el Tribunal Administrativo del Valle del Cauca, por la presunta vulneración de sus derechos fundamentales a la igualdad, el debido proceso, el acceso a la administración de justicia y a los principios de irrenunciabilidad de los beneficios mínimos e in dubio pro operario, con ocasión de la sentencia proferida el 20 de septiembre de 2018.

ANTECEDENTES

De la demanda se extraen como relevantes los siguientes:

Hechos

El señor Diomédes Parra Mondragón prestó sus servicios al Estado en el Departamento Administrativo de Seguridad Social, DAS, en el cargo de detective, por más de 20 años.
Mediante Resolución UGM 021521 de 21 de diciembre de 2011, CAJANAL le reconoció y ordenó el pago de la pensión de jubilación, con 20 años de servicios pero sin el requisito de edad conforme con lo dispuesto por el Decreto 1047 de 1978; sin embargo, para determinar el monto de la pensión aplicó el artículo 21 de la Ley 100 de 1993, con el 75% sobre un ingreso base de liquidación conformado por el promedio de los salarios de 10 años de servicios sobre la asignación básica y la bonificación por servicios prestados, con lo cual inaplicó la norma especial para todos los funcionarios de esta entidad como lo es el Decreto 1933 de 1989.
Posteriormente a través de la Resolución UGM 0325822 de 14 de febrero de 2012, modificó la Resolución UGM 021521 de 21 de diciembre de 2011, en el sentido de dejar establecida la fecha de efectividad en el 8 de septiembre de 2008 pero con efectos fiscales desde el 8 de septiembre de 2009 cuando se acreditó el retiro definitivo del DAS.
A través de apoderado judicial promovió demanda en el medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho a efectos de que se ordenara a CAJANAL reliquidar su pensión con el 75% de todo lo devengado en el último año de servicio incluida la prima de riesgo, conforme al régimen especial para ex detectives del DAS.
El proceso correspondió al Juzgado 8.° Administrativo Oral del Circuito de Cali, radicado 760013333008201300118-00, el cual a través de sentencia de 17 de julio de 2015 accedió a las pretensiones de la demanda, para lo cual ordenó computar en la liquidación pensional todo lo devengado, incluida la prima de riesgo, con respaldo en varias sentencias del Consejo de Estado, Sección Segunda, relacionadas con las pensiones de los detectives del DAS entre ellas las sentencias de 22 de abril de 2015, radicado 1520-13; de 7 de abril de 2011 dentro del proceso radicado 0953-10; de unificación de 10 de noviembre de 2010 dentro del proceso radicado 0568-08 y de unificación de 1.º de agosto de 2013 dentro del proceso radicado 0070-11, ésta como sustento de la prima de riesgo de los detectives del DAS.

La UGPP interpuso recurso de apelación que fue resuelto por el Tribunal Administrativo del Valle del Cauca, a través de sentencia de 20 de septiembre de 2018, que revocó el fallo de primera instancia y en su lugar negó las pretensiones de la demanda, decisión a la que arribó con respaldo en las sentencias de la Corte Constitucional SU - 230 de 2015 y C- 258 de 2013, así como la providencia de 28 de agosto de 2018 de la Sección Segunda del Consejo de Estado.

2. Fundamentos de la acción

La solicitud de amparo es poco clara en su redacción, razón por la cual, en aplicación del principio de interpretación integral de la demanda se extraen los siguientes argumentos como constitutivos del defecto sustantivo por desconocimiento de precedente jurisprudencial.

Al efecto se indicó que se desconoció la sentencia del Consejo de Estado, de 1.º de agosto de 2013, dentro del proceso radicado 44001233100020080015001 (0070-11), en la que se hace una interpretación sistemática del régimen especial aplicable a ex detectives del DAS para concluir que la única norma aplicable del Decreto 1835 de 1994 es el artículo 4.°, decreto que fue derogado en su totalidad por el artículo 11 del Decreto 2090 de 2003; que su artículo 4.° volvió a cobrar vigencia por expreso mandato del parágrafo 5.° del artículo 2.° de la Ley 860 de 2003.
Dijo que el Decreto 1835 de 1994 regulaba las actividades de alto riesgo de los servidores públicos, el cual previó su propio régimen de transición en el artículo 4.° que remite a que se aplique el régimen anterior a la Ley 100 de 1993 en su integridad, sin que haya condicionado al cumplimiento de los requisitos que exige el artículo 36 de la Ley 100 de 1993. Que la norma aplicable es el Decreto 1933 de 1989, el cual en su artículo 18 establece que para efectos del reconocimiento y pago del auxilio de cesantía y de las pensiones a que tuvieren derecho los empleados del DAS se tendrán en cuenta para su liquidación los factores allí enlistados, dentro de los cuales no aparece la prima de riesgo; sin embargo con posterioridad se logró su inclusión por vía jurisprudencial. Indicó que el artículo 13 del decreto 1835 de 1994, en efecto señalaba que el ingreso Base de Cotización y de liquidación para el régimen especial de alto riesgo que regulaba ese decreto, no el régimen anterior, sería el establecido en los artículos 18 y 21 de la Ley 100/93. Este decreto fue derogado por el artículo 11 del Decreto 2090 de 2003, por lo que es improcedente aplicar norma alguna en el prevista, exceptuando únicamente su artículo 4.º que se reitera, volvió a cobrar vigencia por expreso mandato del parágrafo 5.º artículo 2º de la Ley 860 de 2003.
Precisó que debe tenerse en cuenta que en sentencia de agosto de 2017 la Sección Cuarta, con ponencia de la Dra. Stella Jeannette Carvajal Basto radicado 11001-03-15-000-2016-03037-01, accionante: Otoniel Rodríguez Barrero, señaló que en ese caso se desconoció la regla jurisprudencial aplicable como es la contenida en la sentencia de 1.º de agosto de 2013 proferida por la Sección Segunda del Consejo de Estado en la que se realizó un estudio de régimen pensional de los empleados del DAS, así como de los factores salariales a tener en cuenta para su liquidación. Dijo que esa tesis fue reiterada por la Sección Segunda del Consejo de Estado en sentencia de 6 de abril de 2017, en el proceso de nulidad y restablecimiento del derecho 19001233300020140030701 (4783-2015); que aun si fuere aplicable el artículo 36 de la Ley 100 de 1993 tampoco aplican las sentencias SU 230 de 2015 y subsiguientes.

3. Pretensiones

Con fundamento en lo expuesto, el accionante solicita se conceda el amparo de sus derechos fundamentales a la igualdad, el debido proceso, el acceso efectivo a la administración de justicia; se deje sin efectos la sentencia de 20 de septiembre de 2018, y en consecuencia, se le ordene al Tribunal Administrativo del Valle del Cauca, dictar una sentencia de remplazo «conforme a la jurisprudencia del Consejo de Estado Sección Segunda alegada».

4. Trámite procesal

Mediante auto de 28 de febrero de 2019, se admitió la presente acción constitucional y ordenó notificar a los magistrados integrantes del Tribunal Administrativo del Valle del Cauca como accionados; a la Unidad Administrativa Especial de Gestión Pensional y Contribuciones Parafiscales de la Protección Social –UGPP-, como tercera interesada en las resultas de este proceso y a la Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado, para que en el término de tres (3) días contados a partir de la notificación de la providencia procedieran a rendir el respectivo informe.

5. Informes

5.1. El apoderado de la Unidad Administrativa Especial de Gestión Pensional y Contribuciones Parafiscales de la Protección Social –UGPP- señaló que la presente acción es improcedente pues no se cumple el requisito del perjuicio irremediable o afectación al mínimo vital y la seguridad social. Además, la parte accionante pretende sustituir una decisión judicial ejecutoriada proferida por el juez natural de la causa quien con base en la jurisprudencia de la Corte Constitucional y del Consejo de Estado revocó un fallo de primera instancia y negó las pretensiones de la demanda.

Adicional a lo anterior explicó que desde el año 1995 la Corte Constitucional a la fecha ha venido reiterando y aplicando la línea que indica cómo debe liquidarse el IBL de las pensiones de quienes sean beneficiarios del régimen de transición y después determinó que el IBL debe ser liquidado conforme lo señala el inciso 3.º del artículo 36 de la Ley 100 de 1993 y no con lo devengado en el último año de servicios como erradamente lo indicó el demandado en su decisión con la que se desconoce la subregla constitucional tomada en la sentencia SU- 230 de 2015 y que sirvió de fundamento para solucionar un problema jurídico similar al que se discute en la sentencia SU- 427 de 2016.

5.2. El Tribunal Administrativo del Valle del Cauca guardó silencio.

CONSIDERACIONES

1. Competencia
Corresponde a esta Sala conocer de la acción de la referencia interpuesta contra Tribunal Administrativo del Valle del Cauca, de conformidad con el artículo 2.° del Acuerdo 377 de 2018 según el cual las tutelas que sean de competencia del Consejo de Estado en primera instancia y en segunda instancia se someterán a reparto por igual entre todos los magistrados de la Sala de lo Contencioso Administrativo y serán resueltas por la sección o subsección de la cual haga parte el magistrado a quien le haya correspondido el reparto.

2.- Problema jurídico

De conformidad con lo expuesto, entiende la Sala de Subsección que el problema jurídico se circunscribe a responder si la sentencia de 20 de septiembre de 2018, proferida por el Tribunal Administrativo del Valle del Cauca, vulneró los derechos fundamentales del accionante al incurrir en defecto sustantivo por desconocimiento del precedente del Consejo de Estado y, en consecuencia, al revocar la decisión de primera instancia con base en las pautas fijadas en la sentencia C-258 de 2013, SU-230 de 2015, SU-395 de 2017 y SU-023 de 2018, proferidas por la Corte Constitucional.

3.- La acción de tutela contra providencias judiciales

En términos generales y de acuerdo con la doctrina constitucional vigente aceptada mayoritariamente por la Sala Plena de esta Corporación, es posible acudir al recurso de amparo para obtener la protección material de los derechos fundamentales, cuando éstos resulten amenazados o vulnerados por decisiones judiciales. Ello, en atención a que el ejercicio de la judicatura como el de cualquier otra rama del poder en el Estado democrático, supone la absoluta sujeción a los valores, principios y derechos que la propia Constitución establece, y en esa perspectiva, cualquier autoridad investida de la potestad de administrar justicia, sin importar su linaje, es susceptible de ser controlada a través de ese mecanismo constitucional cuando desborda los límites que la Carta le impone.

Ahora bien, siendo la tutela una acción de carácter excepcional y residual, supone el cumplimiento de ciertas exigencias por parte de quien pretende la protección de sus derechos, en tanto que el ejercicio natural de la jurisdicción se inscribe dentro de procedimientos destinados a la eficacia de los mismos y en esa medida las controversias que allí surjan, son subsanables en el contexto del proceso. De ahí que la Corte Constitucional estructurara, después de años de elaboración jurisprudencial, los requisitos generales y especiales de procedencia de la acción de tutela contra decisiones judiciales, que tienen como sano propósito garantizar el delicado equilibrio entre el principio de seguridad jurídica, la autonomía e independencia de los jueces para interpretar la ley y la necesidad de asegurar la vigencia efectiva de los derechos constitucionales fundamentales.

Los presupuestos generales responden al carácter subsidiario de la tutela y por lo mismo deben cumplirse en cualquier evento para su interposición, mientras que los especiales deben cumplirse para que la protección del derecho fundamental prospere.
En efecto, son requisitos para que proceda el estudio de una acción de tutela contra una providencia judicial, (i) el deber de precisar los hechos y las razones en que se fundamenta la acción, (ii) cumplir con el requisito de subsidiariedad de la acción, al no contar o haber agotado todos los mecanismos judiciales ordinarios y extraordinarios a su alcance para la protección de sus derechos fundamentales en sede del juez natural, (iii) cumplir con el requisito de inmediatez de la acción, y, finalmente, (iv) acreditar que el asunto es de evidente relevancia constitucional.

De otra parte, la doctrina constitucional ha señalado las causales especiales, indicando que la acción constitucional resulta procedente únicamente en aquellos eventos en los cuales, con ocasión de la actividad jurisdiccional, se vean afectados derechos fundamentales, al verificar la ocurrencia de uno de los siguientes eventos: (i) defecto sustantivo, orgánico o procedimental, (ii) defecto fáctico, (iii) error inducido, (iv) decisión sin motivación, (v) violación directa de la Constitución, y (vi) desconocimiento del precedente.

3.1. En el presente caso, advierte la Sala que la pretensión de amparo constitucional cumple con los requisitos generales diseñados por la jurisprudencia, que habilitan su interposición.

3.1.1. Los hechos que generaron la vulneración como los derechos vulnerados se encuentran plenamente individualizados.

3.1.2. Se encuentra que la providencia objeto de tutela carece de recursos ordinarios y extraordinarios para obtener el amparo constitucional.

3.1.3. La interposición del mecanismo constitucional se dio en un lapso «razonable y proporcionado», pues la sentencia acusada se profirió el 20 de septiembre de 2018 y la acción de tutela fue interpuesta el 22 de febrero de 2019.

3.1.4. El asunto a resolver es de marcada relevancia constitucional, en la medida que se circunscribe a establecer una presunta violación de los derechos fundamentales a la igualdad, el debido proceso, el acceso a la administración de justicia y a los principios de irrenunciabilidad de los beneficios mínimos y de in dubio pro operario.

3.2. Defecto sustantivo por desconocimiento del precedente judicial

De conformidad con la jurisprudencia constitucional, una providencia judicial adolece de un defecto sustantivo cuando la autoridad jurisdiccional «(i) aplica una disposición en el caso que perdió vigencia por cualquiera de la razones previstas por la normativa, por ejemplo, su inexequibilidad; (ii) aplica un precepto manifiestamente inaplicable al caso, por ejemplo porque el supuesto de hecho del que se ocupa no tiene conexidad material con los presupuestos del caso; (iii) a pesar del amplio margen hermenéutico que la Constitución le reconoce a las autoridades judiciales, realiza una interpretación contraevidente -interpretación contra legem- o claramente irrazonable o desproporcionada; (iv) se aparta del precedente judicial –horizontal o vertical- sin justificación suficiente; o (v) se abstiene de aplicar la excepción de inconstitucionalidad ante una violación manifiesta de la Constitución, siempre que su declaración haya sido solicitada por alguna de las partes en el proceso».

En relación con precedente jurisprudencial, la Corte Constitucional ha desarrollado ampliamente ese concepto, definiéndolo como un «[…] conjunto de sentencias previas al caso que se habrá de resolver que por su pertinencia para la resolución de un problema jurídico constitucional, debe considerar necesariamente un juez o una autoridad determinada, al momento de dictar sentencia […]».

De otra parte, el precedente además de ser criterio orientador resulta obligatorio para los funcionarios judiciales, por las razones que indicó la Corte Constitucional en la sentencia T-830 de 2012 en los siguientes términos:

«La primera razón de la obligatoriedad del precedente se relaciona con el artículo 230 superior. De acuerdo con este precepto de la Constitución Política, los jueces en sus providencias sólo están sometidos al imperio de la ley, en ese orden, tienen una autonomía interpretativa e independencia para fallar, pero deben hacerlo dentro de los parámetros que les presenta la ley. Particularmente, el concepto de “ley” ha sido interpretado por la jurisprudencia de la Corte desde un sentido amplio, es decir, la ley no es sólo aquella emitida por el legislador, sino además comprende todas las fuentes del derecho incluidas las sentencias que interpretan la Constitución como norma de normas, el bloque de constitucionalidad y la jurisprudencia de los órganos de cierre de cada jurisdicción.

La segunda razón se desprende de los principios de igualdad, debido proceso y buena fe. El precedente es una figura que tiene como objetivo principal garantizar la confianza en las decisiones de los jueces a la luz de los principios de seguridad jurídica, igualdad, buena fe y confianza legítima que rigen el ordenamiento constitucional. En otras palabras, la independencia interpretativa es un principio relevante, pero se encuentra vinculado con el respeto a la igualdad en la aplicación de la ley y por otras prescripciones constitucionales. En palabras de la Corte Constitucional:

“La fuerza vinculante del precedente en el ordenamiento jurídico colombiano, se explica entonces, al menos, por cuatro razones principales: (i) en virtud del principio de igualdad en la aplicación de la ley (artículo 13 C.P.), que exige tratar de manera igual situaciones sustancialmente iguales; (ii) por razones de seguridad jurídica, ya que las decisiones judiciales debe ser “razonablemente previsibles”; (iii) en atención a los principios de buena fe y de confianza legítima (artículo 84 C.P.), que demandan respetar las expectativas generadas por las reglas judiciales en la comunidad; y finalmente, (iv) por razones de rigor judicial, en la medida en que es necesario un mínimo de coherencia en el sistema jurídico”.

La tercera razón es que la respuesta del precedente es la solución más razonable que existe hasta ese momento al problema jurídico que se presenta, y en esa medida, si un juez, ante circunstancias similares, decide apartarse debe tener unas mejores y más razonables razones que las que hasta ahora han formado la solución para el mismo problema jurídico o similares. En ese orden la doctrina ha establecido como precedente: “tratar las decisiones previas como enunciados autoritativos del derecho que funcionan como buenas razones para decisiones subsecuentes” y “exigir de tribunales específicos que consideren ciertas decisiones previas, sobre todo las de las altas cortes, como una razón vinculante.» (Negrilla de la Sala).

Así las cosas, la aplicación del precedente judicial en un caso determinado, busca asegurar la eficacia de los principios y derechos fundamentales a la igualdad, a la buena fe, a la seguridad jurídica y a la confianza legítima que, a su vez, garantizan la protección del debido proceso y el acceso efectivo a la Administración de Justicia.

Lo anterior encuentra su fundamento en el criterio desarrollado por la Corte Constitucional, según el cual la actividad interpretativa que se realiza con fundamento en el principio de la autonomía judicial está supeditada al respeto del derecho a la igualdad en la aplicación de la ley, lo que supone, necesariamente que, en casos análogos, los funcionarios judiciales se encuentran atados en sus decisiones, por la regla jurisprudencial que, para el asunto concreto, se haya fijado por el funcionario de superior jerarquía (precedente vertical) o por el mismo juez (precedente horizontal).

La Corte Constitucional en sentencia T-457 de 2008 indicó:

«[…]

En relación a la aplicación del precedente, esta Sala de Revisión en sentencia T-158 de 2006 señaló: “Por ello, la correcta utilización del precedente judicial implica que un caso pendiente de decisión debe ser fallado de conformidad con el(los) caso(s) del pasado, sólo (i) si los hechos relevantes que definen el caso pendiente de fallo son semejantes a los supuestos de hecho que enmarcan el caso del pasado, (ii) si la consecuencia jurídica aplicada a los supuestos del caso pasado, constituye la pretensión del caso presente y (iii) si la regla jurisprudencial no ha sido cambiada o ha evolucionado en una distinta o más específica que modifique algún supuesto de hecho para su aplicación […]». (Negrilla de la Sala).

Sin embargo, la misma Corte ha precisado que, salvo en materia constitucional, cuya doctrina es obligatoria, la regla del respeto del precedente no es absoluta, debido a que la interpretación judicial no puede tornarse inflexible frente a la dinámica social, ni petrificarse, o convertirse en el único criterio tendente a resolver una situación concreta.

Lo anterior se traduce en el reconocimiento de un conjunto de supuestos en los cuales resulta legítimo apartarse del precedente judicial vigente, desarrollados jurisprudencialmente, a saber: i) la falta de semejanza estricta entre el caso que origina el precedente y el que se resuelve con posterioridad; ii) una transformación significativa de la situación social, política o económica en la que se debe aplicar la regla definida con anterioridad con fuerza de precedente; iii) un cambio en el orden constitucional o legal que sirvió de base a la toma de las decisiones adoptadas como precedentes; iv) la falta de claridad o consistencia en la jurisprudencia que debe ser tomada como referente, y v) la consideración que esa jurisprudencia resulta errónea, por ser contraria a los valores, objetivos, principios y derechos en los que se fundamenta el ordenamiento jurídico.

En efecto, la Corporación ha reconocido que, «[…] en los eventos referidos, el juez que se separa del precedente asume una especial carga de argumentación, en virtud de la cual debe exponer, de manera clara, razonada y completa, las razones en las que fundamenta el cambio de posición jurisprudencial […]», para lo cual resulta obligatorio referirse a este –al precedente-, analizarlo respecto del caso concreto y fundamentar con suficiencia los motivos y las normas en que se sustenta la decisión de apartarse.

Así las cosas, y como lo ha sostenido la Sección sólo el desconocimiento injustificado de un precedente es el que da lugar a la configuración del defecto sustantivo, como causal de procedibilidad de la acción de tutela contra providencias judiciales.

En ese sentido, la Sala precisa que debe diferenciarse el concepto de precedente judicial de las figuras de antecedente jurisprudencial, doctrina probable y sentencia de unificación.

El primero de ellos fue definido por la Corte Constitucional como la decisión dictada dentro de una controversia anterior «que puede tener o no algunas similitudes desde el punto de vista fáctico, pero lo más importante es que contiene algunos puntos de Derecho (conceptos, interpretaciones de preceptos legales, etc.) que guían al juez para resolver el caso objeto de estudio» y se caracteriza por tener un carácter orientador para el juez al momento resolver el problema jurídico planteado dentro del proceso judicial.

En su lugar, la doctrina probable ha sido definida por el artículo 4.º de la Ley 169 de 31 de diciembre de 1896 como «tres decisiones uniformes dadas por la Corte Suprema como Tribunal de Casación sobre un mismo punto de derecho constituyen doctrina probable, y los jueces podrán aplicarla en casos análogos, lo cual no obsta para que la Corte varíe la doctrina en caso de que juzgue erróneas las decisiones anteriores».

Sobre la fuerza normativa de la figura de la doctrina probable la Corte Constitucional en la sentencia C – 836 de 2001 estableció lo siguiente:

«[…]

La fuerza normativa de la doctrina probable proviene (1) de la autoridad otorgada constitucionalmente al órgano encargado de establecerla, unificando la jurisprudencia ordinaria nacional; (2) del carácter decantado de la interpretación que dicha autoridad viene haciendo del ordenamiento positivo, mediante una continua confrontación y adecuación a la realidad social y; (3) del deber de los jueces respecto de a) la igualdad frente a la ley y b) la igualdad de trato por parte de las autoridades y; (4) del principio de buena fe que obliga también a la rama jurisdiccional, prohibiéndole actuar contra sus propios actos. Por otra parte, la autoridad de la Corte Suprema para unificar la jurisprudencia tiene su fundamento en la necesidad de garantizar los derechos fundamentales de las personas y esta atribución implica que la Constitución le da un valor normativo mayor o un “plus” a la doctrina de esa alta Corporación que a la del resto de los jueces de la jurisdicción ordinaria. Ello supone que la carga argumentativa que corresponde a los jueces inferiores para apartarse de la jurisprudencia decantada por la Corte Suprema es mayor que la que corresponde a éste órgano para apartarse de sus propias decisiones por considerarlas erróneas.

[...]».

Asimismo, la Corte Constitucional señaló que el acatamiento de la doctrina probable no constituye una obligación absoluta para el juez, puesto que puede apartarse de la misma, siempre y cuando dé a conocer las razones por las que se aparta en su decisión.

Ahora bien, el artículo 270 de la Ley 1437 define como sentencias de unificación jurisprudencial, «...las que profiera o haya proferido el Consejo de Estado por importancia jurídica o trascendencia económica o social o por necesidad de unificar o sentar jurisprudencia; las proferidas al decidir los recursos extraordinarios y las relativas al mecanismo eventual de revisión previsto en el artículo 36A de la Ley 270 de 1996, adicionado por el artículo 11 de la Ley 1285 de 2009».

En ese sentido, la Corte Constitucional en sentencia C – 816 de 2011 (M.P. Mauricio González Cuervo) precisó que las sentencias de unificación jurisprudencial son proferidas por las altas cortes, poseen carácter vinculante en tanto que son expedidas en virtud del mandato de unificación que tienen en su jurisdicción con la finalidad de salvaguardar los principios de invocados de igualdad, buena fe y seguridad jurídica.

La Corte Constitucional en sentencia C - 179 de 2016, en lo concerniente a la fuerza vinculante de las sentencias de unificación, proferidas por el Consejo de Estado, consideró:

«[…]

Nótese cómo, según se infiere de lo expuesto, en la medida en que las sentencias de unificación cumplen una función específica referente a ordenar y clarificar las subreglas que se derivan de la aplicación del derecho regulado, el CPACA le reconoce a estas sentencias no sólo un valor de precedente para los jueces y tribunales, sino que también proyecta su obligatoriedad a la actividad de la administración. En efecto, a juicio de este Tribunal, su carácter vinculante se explica primordialmente por razón del principio de legalidad, a partir del deber de sujeción que tienen las autoridades al imperio de la Constitución y la ley, y por ende, al necesario acatamiento de la regla de derecho emanada de las altas cortes.

Desde el punto de vista judicial, las sentencias de unificación emergen como el fallo que brinda certeza y seguridad sobre la regla de derecho que se debe aplicar a un caso que presenta una hipótesis semejante de decisión. Son providencias que al identificar de manera clara y uniforme el precedente aplicable, se imponen de manera forzosa por razón de la obligatoriedad del mandato de unificación que les asiste a los órganos de cierre, en este caso, al Consejo de Estado como máximo Tribunal de lo Contencioso Administrativo.

En este sentido, las sentencias de unificación producen, de un lado, unos efectos inter partes o subjetivos, que alcanzan a las personas involucradas en el proceso de origen, sin que dicho propósito concrete la operatividad de este mecanismo, pues el mismo se enfoca, fundamentalmente, en la consolidación de unos efectos vinculantes para todos los casos semejantes, brindado un carácter objetivo al respectivo fallo, ya que introduce una subregla o criterio de decisión judicial que deviene en obligatorio para todos los jueces que integran la Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo.
En todo caso, cabe aclarar que la obligatoriedad que tienen las sentencias de unificación, no excluye el deber genérico de seguir el precedente, respecto de las decisiones del Consejo de Estado que no tienen dicha condición. Así lo advirtió esta Corporación, en la Sentencia C-588 de 2012, al señalar que:

“(…) en cuanto a la presunta omisión en el mecanismo de extensión de otras sentencias del Consejo de Estado distintas de las de unificación jurisprudencial, téngase en cuenta que, como bien se ha dicho, estas sentencias de unificación cumplen la función especial y específica de ordenar y clarificar el precedente aplicable. En este sentido, es plenamente razonable que sean estas sentencias y no otras del Consejo de Estado, las llamadas a ser aplicadas en el mecanismo de extensión de jurisprudencia. Las demás sentencias del Consejo de Estado siguen teniendo su valor como precedente del órgano de cierre de lo contencioso-administrativo, pero son un tipo especial de providencias -las sentencias de unificación jurisprudencial- a las que el Legislador, en ejercicio de su poder de configuración normativa, asignó la potestad de ser aplicadas en el mecanismo de extensión de jurisprudencia, que tienen la virtud de evitar la realización de un proceso y de facilitar el acceso directo al Consejo de Estado.

[…]».

4.- Del caso concreto

En el presente asunto, al señor Diomédes Parra Mondragón le fue reconocida la pensión de vejez a través de la Resolución UGM 021521 de 21 de diciembre de 2011 (f. 2 cuaderno principal Exp. En préstamo), de conformidad con lo dispuesto por el Decreto 1047 de 1978, pero en cuanto al monto pensional aplicó el artículo 21 de la Ley 100 de 1993, con el 75% sobre un ingreso base de liquidación conformado por el promedio de los salarios de 10 años de servicios sobre la asignación básica y la bonificación por servicios prestados. Posteriormente, a través de la Resolución UGM 032822 de 14 de febrero de 2012, se estableció la fecha de efectividad de la prestación el 8 de septiembre de 2008 con efectos fiscales desde el 8 de septiembre de 2009 cuando se acreditó el retiro definitivo del DAS (f. 8 cuaderno principal Exp. En préstamo).

A través de apoderado judicial interpuso demanda en el medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho a efectos de que se ordenara a CAJANAL reliquidar su pensión con el 75% de todo lo devengado en el último año de servicio incluida la prima de riesgo, conforme al régimen especial para ex detectives del DAS (f. 74 y s.s cuaderno principal Exp. En préstamo).

A través de sentencia de 17 de julio de 2015, dictada por el Juzgado Octavo Administrativo del Circuito Judicial de Cali, se determinó que las pretensiones invocadas por el accionante tenían vocación de prosperidad y por ende, tenía derecho a que se reliquide la pensión en aplicación del régimen especial, al cumplir con el régimen de transición establecido en el Decreto 860 de 2003 en el que remite al Decreto 1835 de 1994, normas que dijo, deben ser interpretadas en los términos establecidos en el precedente de unificación proferido por el Consejo de Estado el 4 de agosto de 2010. En este sentido ordenó a la entidad demandada a liquidar la pensión mensual vitalicia equivalente al 75% del promedio de salario percibido en el último año de servicios, comprendido entre el 30 de septiembre de 2007 al 30 de septiembre de 2008 tales como prima de riesgo, prima de navidad, prima de clima, prima de servicios, prima de vacaciones; factores que dijo debían tenerse en cuenta, además de la asignación básica y la bonificación por servicios prestados.

La anterior decisión fue objeto de apelación por parte de la entidad demandada quien señaló que no es viable la solicitud del demandante pues adquirió el estatus pensional en vigencia de la Ley 100 de 1993, cuando reunió los requisitos de edad y tiempo de servicios y que la forma de obtener el IBL se hace con el promedio de lo devengado desde la vigencia del sistema hasta la fecha en que adquirió el estatus teniendo en cuenta los factores salariales que taxativamente se encuentran establecidos en la normatividad aplicable al caso concreto, es decir lo establecido en el Decreto 1158 de 1994. Precisó que los beneficiarios del régimen de transición de la Ley 100 de 1993 mantienen condiciones previstas en el régimen anterior pero únicamente en cuanto a tiempo de servicios o semanas cotizadas, así como el monto de las pensiones, pero es importante tener en cuenta que respecto a la base salarial sobre la cual se liquida la prestación se rige por la Ley 100 de 1993 conforme lo prevén los artículos 18 y 21 de dicha disposición.

El Tribunal Administrativo del Valle del Cauca profirió sentencia de 20 de septiembre de 2018, en la cual señaló que con la entrada en vigencia de la Ley 100 de 1993 se estableció el régimen general de la transición de pensiones y conforme al artículo 140, que señala las actividades de alto riesgo de los servidores públicos, y que el Gobierno Nacional profirió el Decreto 1835 de 3 de agosto de 1994 reglamentario de las actividades de alto riesgo de los servidores públicos y su régimen de transición, señalando entre ellos a los detectives del DAS como quienes desarrollan actividades de alto riesgo, frente a quienes, en su artículo 4.º, estableció un tratamiento especial en materia de pensiones al establecer condiciones más favorables para obtener la pensión de vejez o de jubilación.

Dijo que en el artículo 2.º de la Ley 860 de 26 de diciembre de 2003 se enlistaron los requisitos para tener derecho a la pensión de vejez por exposición a actividades de alto riesgo en el DAS y se estableció un régimen de transición para los detectives vinculados con anterioridad al 3 de agosto de 1994 que a la fecha de entrada en vigencia de dicha norma hubieren cotizado 500 semanas, para quienes se reconocería la pensión de vejez en las mismas condiciones del régimen de transición contenidas en el Decreto 1835 de 1994.

Luego indicó que en desarrollo del régimen de transición se presentaron distintas posiciones entre el Consejo de Estado, la Corte Suprema de Justicia y Corte Constitucional , específicamente frente monto de la pensión de jubilación y en particular sobre la interpretación del artículo 36 de la Ley 100 de 1993.

Se refirió a la sentencia de la Corte Constitucional C-258 de 2013 que dijo, fue enfática en señalar que no se extendía a los regímenes especiales y exceptuados en la medida en que se cuestionaba el régimen de los congresistas por violación del derecho a la igualdad y al Acto Legislativo 01 de 2005. Que en dicha providencia, como así lo reiteraron en la sentencia SU 230 de 2015 se determinó la interpretación constitucional del artículo 36 de la Ley 100 de 1993 aplicable en forma expresa en esa providencia a los regímenes especiales anteriores a la citada ley; que quedó claro que el IBL no era una aspecto sujeto a transición y por ello las reglas sobre esa materia se atienen a lo dispuesto en el artículo 36 de la Ley 100 de 1993, además se trataba de una ratio decidenci contenida en una sentencia de constitucionalidad con efectos vinculantes, es decir, no admite cuestionamiento alguno.

Frente a los detectives del DAS que solicitan la reliquidación de su pensión de jubilación con fundamento en los Decretos 1933 de 1989 y 1835 de 1994 explicó que la Corte Constitucional ha señalado por medio de la sentencia T- 039 de 2018 que no es viable jurídicamente porque la norma aplicable es el artículo 36 de la Ley 100 de 1993 con el promedio de 10 años y atendiendo a los factores cotizados.

Precisó que inicialmente el Consejo de Estado estuvo en desacuerdo con la Corte Constitucional cuando en diversas providencias señaló sobre el caso de los detectives del DAS que si bien es cierto el Legislador señaló expresamente en los Decretos 1137 de 2 de junio de 1994 y 2646 de 29 de noviembre de 1994 que la prima de riesgo no constituía factor salarial, también lo es que dicha prima tiene proyección dentro del marco de la liquidación de la pensión pues de conformidad con el artículo 73 del Decreto 1848 de 4 de noviembre de 1969 la pensión vitalicia de jubilación debe liquidarse con el promedio de los salarios y primas de toda especie, razón por la cual el hecho de que la prima de riesgo no tuviere carácter de factor salarial no la excluía de ser tenida en cuenta para efectos de liquidar la pensión del demandante. Sin embargo, mediante sentencia de la Sala Plena de 28 de agosto de 2018 el Consejo de Estado se aproximó a la postura de la Corte Constitucional.

Por tanto, dijo, si bien en principio las reglas de la sentencia de unificación del Consejo de Estado se refieren a las personas reguladas por la Ley 33 de 1985, es evidente que se fijó un criterio en cuanto a que los factores salariales a tener como ingreso base de liquidación de una pensión de jubilación deben ser aquellos sobre los cuales cotizó el servidor judicial, esto con base en el Acto Legislativo 01 de 2005 que modificó el artículo 48 de la Constitución Política, además el régimen especial de los detectives del DAS plasmado en la Ley 860 de 2003 y el Decreto 1835 de 1994 no se refirió de manera expresa al ingreso base de liquidación.

Estableció que el demandante no era beneficiario del régimen de transición establecido en el inciso segundo del artículo 36 de la Ley 100 de 1993 por cuanto a 1.º de abril de 1994 no contaba con 40 años de edad y tenía menos de 15 años de servicios, pero sí le aplicaba el régimen de transición previsto en el artículo 2.º del parágrafo 5.º de la Ley 860 de 2003, vigente a partir del 29 de diciembre de ese mismo año por cuanto durante toda su vida laboral se desempeñó como detective del DAS; se vinculó a dicha entidad el 2 de septiembre de 1988 (con anterioridad al 3 de agosto de 1994) y para el momento en que entró en vigencia el mencionado cuerpo normativo ( 29 de diciembre de 2003) contaba con 780 semanas de cotización.

Sin embargo, dijo, el artículo 2.º del parágrafo 5.º de la Ley 860 de 2003 reenvía al régimen de transición previsto en el artículo 4.º del Decreto 1835 de 1994, por lo que resultaba claro que el actor tenía derecho a pensionarse con la edad, el tiempo de servicio o número de semanas cotizadas y el monto de la pensión previstos en las normas vigentes con anterioridad a la Ley 100 de 1993. Dijo entonces:
«La norma de transición establece que las condiciones para acceder a la pensión de jubilación o de vejez del grupo allí incluido no debían ser menos favorables frente a las existentes para ellos en normas anteriores a la Ley 100 de 1993, esta norma sería el Decreto 1933 de 1989 que tratándose de pensión en el artículo 10 indicó la aplicación del Decreto 1047 de 1978 a los Detectives, en cuyo caso el artículo 1 de este Decreto estipuló que por el tiempo de servicios de 20 años se podía a cualquier edad obtener la pensión de jubilación como ocurrió en el caso bajo estudio donde el actor se jubiló con menos de 50 años de edad.
Ahora el asunto clave de la controversia es establecer si los factores salariales y el periodo para establecer el monto de la pensión para el caso de los Detectives del DAS son los señalados en los Decretos 1848 de 1969, artículo 73, y 1993 de 1989, artículo 18.
Atendiendo a la postura de la Corte Constitucional y aceptando que el Decreto 3135 de 1994 en su artículo 1 señala que la Ley 100 de 1993 se aplica a los servidores públicos de todos los niveles, no es viable jurídicamente reliquidar la pensión de vejez del demandante incluyendo los factores salariales percibidos en el último año, dado que si bien es cierto existen reglas especiales para el reconocimiento de la pensión de vejez o jubilación para los Detectives del antiguo DAS, el régimen de transición adoptado se expidió luego de la entrada en vigencia de la Ley 100 de 1993 y se somete a las reglas generales del sistema de seguridad social abarcando las disposiciones sobre el ingreso base de liquidación, adicional a ello la pensión de vejez se reconoció en forma posterior al Acto legislativo 01 de 2005 donde se dispuso que solo se tendrán en cuenta para efectos pensionales los factores sobre los cuales se hubiere cotizado al sistema.
En suma, la Sala acoge los argumentos del recurso de apelación y revoca la providencia judicial cuestionada».

5. Análisis de la Sala

De las anteriores transcripciones, observa la Sala de Subsección, que el Tribunal Administrativo del Valle del Cauca sustentó de manera adecuada su decisión, acorde con lo establecido en la jurisprudencia de la Corte Constitucional en sentencias SU - 258 de 2013, SU-210 de 2018, lo cual es válido en virtud de los principios de autonomía e independencia judicial.

Igualmente se basó en la decisión adoptada por esa Corporación en sentencia T- 039 de 2018, con ponencia de la magistrada dra. Gloria Stella Ortiz Delgado, caso en el cual se revisó el expediente de tutela correspondiente al señor Otoniel Rodríguez Barrero contra el Tribunal Administrativo de Nariño radicado T-6.366.393.

Dicha decisión de la Corte Constitucional analiza en sede de revisión la sentencia proferida por la Sección Cuarta de esta Corporación con ponencia de la Dra. Stella Jeannette Carvajal Basto, radicado 11001-03-15-000-2016-03037-01, y que el accionante solicita se tenga en cuenta a la ahora de proferir una decisión de fondo. Por esta razón se hará un recuento de ese caso a efectos de señalar que no es posible acceder a su solicitud

En ese caso, el accionante Otoniel Rodríguez Barrero prestó servicios al Departamento Administrativo de Seguridad –DAS- en calidad de Detective Profesional 207-11 por un lapso superior a 20 años entre el 16 de octubre de 1984 y el 18 de mayo de 2005, razón por la cual CAJANAL EICE le reconoció la pensión mediante Resolución del 24 de enero de 2005. En dos reliquidaciones posteriores, realizadas por CAJANAL el 6 de octubre de 2006 y el 26 de diciembre de 2007 no se incluyeron unos factores salariales señalados en los Decretos 1933 de 1989 y 1835 de 1994.

En ese caso, al promover el medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho el Juzgado Primero Administrativo Oral del Circuito Judicial de Pasto declaró la nulidad de las resoluciones que reconocieron la pensión de vejez del señor Rodríguez Barrero y de aquellas que reliquidaron su monto y ordenó a la UGPP reliquidar la prestación en un porcentaje equivalente al 75 % del promedio de lo devengado durante el último año de servicio. Sin embargo, el 9 de septiembre de 2016, el Tribunal Administrativo de Nariño revocó parcialmente el fallo de primera instancia y, en su lugar, denegó las pretensiones de la demanda.

El señor Otoniel Rodríguez Barrero solicitó que se tutelen sus derechos fundamentales al debido proceso, a la igualdad y al mínimo vital móvil. Exigió dejar sin efectos la providencia del Tribunal Administrativo de Nariño y que se profiera un nuevo fallo de segunda instancia en el que se reliquide y pague la pensión de jubilación calculada con todos los factores de salario devengados en el último año de servicio.

La Sección Segunda, Subsección B de la Sala de lo Contencioso Administrativo del Consejo de Estado, mediante sentencia del 10 de noviembre de 2016, negó el amparo los derechos fundamentales al debido proceso e igualdad del señor Otoniel Rodríguez Barrero, esto al considerar que el Consejo de Estado en la sentencia de unificación del 25 de febrero de 2016 se pronunció sobre los «alcances de las sentencias C-258 de 2013 y SU-230 de 2015 de la Corte Constitucional en los siguientes términos: […] es dable anotar que la Corte Constitucional no pretendió extender los efectos de su sentencia [se refiere a la Sentencia C-258 de 2013] a cada uno de los regímenes especiales aplicables a los ex servidores del sector público, […] de una parte porque tales regímenes tienen una justificación y una racionalidad que debe ser examinada al momento de decidir el derecho pensional reclamado, y de otra porque este argumento no fue estudiado por la Corte Constitucional en la C-258 de 2013».

Indicó que la sentencia del 4 de agosto de 2010 proferida por la Sección Segunda del Consejo de Estado es la providencia «que se aplica por los funcionarios de la jurisdicción de lo contencioso administrativo como precedente de la interpretación en relación a la forma en que se debe calcular el ingreso base de liquidación para el reconocimiento pensional de los servidores públicos cobijados por los regímenes de transición».
Pese a lo anterior, anotó que en fallo SU-427 de 2016 se reiteró la interpretación expuesta en las Sentencias C-258 de 2013 y SU-230 de 2015 y el Consejo de Estado «no ha emitido pronunciamiento respecto de la sentencia SU-427 de 2016, razón por la que resulta oportuno rectificar la postura que hasta la fecha ha adoptado esta sala de decisión, en sede de tutela, en el sentido de no imponer a las autoridades judiciales el acatamiento del fallo de 4 de agosto de 2010, en virtud de su autonomía, […]». Por lo anterior concluyó que el Tribunal Administrativo de Nariño «explicó en la decisión objeto de censura el motivo por el cual acoge el precedente fijado por la Corte Constitucional» y no incurre en la causal específica denominada desconocimiento del precedente.

Al resolver la impugnación la Sección Cuarta de la Sala de lo Contencioso Administrativo del Consejo de Estado, mediante sentencia del 17 de agosto de 2017, revocó la decisión proferida por la Sección Segunda, Subsección B y, en su lugar, concedió el amparo solicitado, al indicar que el Tribunal Administrativo de Nariño aplicó indebidamente la sentencia SU-230 de 2015 para fijar el IBL del accionante; que la sentencia C-258 de 2013, se circunscribe al régimen especial de los congresistas, y la SU-230 de 2015 estableció que el IBL no es un factor que debe incluirse en el régimen de transición de la Ley 100 de 1993, por lo que no eran aplicables a la situación particular del accionante pues él pertenece a un régimen distinto al de la Ley 100 de 1993 o su régimen de transición.

Dijo entonces la Sección Cuarta que la decisión judicial objeto de la acción de tutela desconoció el precedente judicial contenido «en la sentencia de 1º de agosto de 2013, proferida por la Sección Segunda del Consejo de Estado, en la que se realizó un estudio del régimen pensional de los empleados del DAS y de los factores salariales a tener en cuenta para la liquidación».

Ahora bien, para decidir ese caso en sede de revisión la Corte Constitucional indicó que la decisión judicial cuestionada no incurrió en defecto sustantivo ni en desconocimiento del precedente judicial pues aplicó las normas pertinentes sobre el cálculo del IBL de acuerdo a la jurisprudencia constitucional establecida en las sentencias C-258 de 2013 y SU-230 de 2015, por lo que no violó los derechos fundamentales invocados por el accionante:

«El señor Otoniel Rodríguez Barrero controvierte la decisión judicial que negó sus pretensiones de reliquidación con fundamento en la jurisprudencia constitucional según la cual el IBL se calcula conforme a las reglas generales contenidas en el artículo 21 y 36 de la Ley 100 de 1993 y no son un aspecto incluido en el régimen de transición. Alegó que la mencionada providencia judicial viola sus derechos al debido proceso, a la igualdad y a la protección de sus derechos adquiridos en materia pensional al incurrir en desconocimiento del precedente judicial fijado por el Consejo de Estado.

La Sala concluyó que en el presente caso se cumplieron los requisitos generales de procedencia de la acción de tutela contra providencias judiciales. Sin embargo, constató que la decisión judicial cuestionada no incurrió en defecto sustantivo ni en desconocimiento del precedente judicial. En ese sentido, la Corte consideró que la sentencia atacada aplicó las normas pertinentes sobre el cálculo del IBL de acuerdo a la jurisprudencia constitucional establecida en las Sentencias C-258 de 2013 y SU-230 de 2015. De ese modo, la providencia proferida por el Tribunal Administrativo de Nariño no violó los derechos fundamentales invocados por el accionante.

126. En consecuencia, se revocará la sentencia del 17 de agosto de 2017 proferida por la Sección Cuarta de la Sala de lo Contencioso Administrativo del Consejo de Estado que revocó la denegación del amparo de la tutela emitido por la Sección Segunda, Subsección B del Consejo de Estado el 10 de noviembre de 2016. En su lugar, se negará el amparo de los derechos invocados».

Conforme a todo lo anterior, es apenas evidente, que el caso que fue objeto de análisis en sede de revisión tiene contornos similares a los que acá se discuten en la medida que el señor Otoniel Rodriguez Barrero prestó servicios al DAS en calidad de Detective por un lapso superior a 20 años desde 1984 y el 18 de mayo de 2005. En nuestro caso el señor Diomedes Parra Mondragón laboró en ese mismo cargo, desde el 2 de septiembre de 1988 hasta el 7 de septiembre de 2009, razón por la cual CAJANAL EICE le reconoció la pensión con 20 años de servicios conforme con lo dispuesto por el Decreto 1047 de 1978; pero para determinar el monto de la pensión aplicó el artículo 21 de la Ley 100 de 1993.

De acuerdo a lo anterior y ante la similitud de los casos, es apenas razonable que el Tribunal Administrativo del Valle de Cauca diera a la controversia la solución adoptando la postura señalada por la Corte Constitucional en la sentencia T- 039 de 2018 según la cual el cálculo del IBL en esos casos debe hacerse de acuerdo a la jurisprudencia constitucional establecida en las Sentencias C-258 de 2013 y SU-230 de 2015.

Igualmente se aprecia que el Tribunal Administrativo accionado cumplió con la carga de transparencia de sustentar de manera adecuada las razones por las cuales, optó por acoger la posición fijada por la Corte Constitucional, con lo que garantizó los derechos fundamentales al debido proceso e igualdad del accionante.

Así las cosas, al no advertirse la vulneración ius fundamental alegada por el señor Diomédes Parra Mondragón se negará la solicitud de tutela formulada en contra del Tribunal Administrativo del Valle del Cauca.

En mérito de lo expuesto la Sección Segunda, Subsección “A” de la Sala de lo Contencioso Administrativo del Consejo de Estado, administrando justicia en nombre de la República de Colombia y por autoridad de la ley,

III. DECISIÓN

En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Segunda, Subsección A, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la Ley,

FALLA

PRIMERO.- SE NIEGA la solicitud de tutela formulada por el señor Diomédes Parra Mondragón en contra del Tribunal Administrativo del Valle del Cauca de conformidad con lo expuesto en la parte motiva de la presente providencia.

SEGUNDO.- NOTIFÍQUESE por cualquier medio expedito.

TERCERO.- De no ser impugnada esta providencia, ENVÍESE a la Corte Constitucional para su eventual revisión.

La anterior providencia fue estudiada y aprobada por la Sala en sesión de la fecha.

CÓPIESE, NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE

GABRIEL VALBUENA HERNÁNDEZ

RAFAEL FRANCISCO SUÁREZ VARGAS WILLIAM HERNÁNDEZ GÓMEZ
Fol. 108
Por medio del cual se modificó el reglamento interno del Consejo de Estado. Corte Constitucional. Sentencia C-590-05. Sentencia de treinta y uno (31) de julio de dos mil doce (2012). Radicación número: 11001-03-15-000-2009-01328-01(IJ) Actor: Nery Germania Álvarez Bello. C.P. María Elizabeth García González. Ver Sentencia T-087 de 2007 M.P. Manuel José Cepeda Espinosa. Ver también, sentencias T-193 de 1995 M.P. Carlos Gaviria Díaz, T-1625 de 2000 M.P. Martha Victoria Sáchica Méndez, T-522 de 2001 M.P. Manuel José Cepeda Espinosa, T-462 de 2003 M.P. Eduardo Montealegre Lynnet, T-292 de 2006 M.P. Manuel José Cepeda Espinosa, T-436 de 2009 M.P. Humberto Antonio Sierra Porto, T-161 de 2010 M.P. Jorge Iván Palacio Palacio, y SU-448 de 2011 M.P. Mauricio González Cuervo. Sentencia T-830 de 2012. M.P. Jorge Ignacio Pretelt Chaljub. Corte Constitucional. Sentencia T-482 de 2011. M.P. Luis Ernesto Vargas Silva
Cita de cita. En palabras de la Corte Constitucional: “La misma Corte Suprema de Justicia también ha señalado que la adopción de la Constitución de 1991 produjo un cambio en la percepción del derecho y particularmente del sentido de la expresión “ley”, pues la Constitución se convierte en una verdadera norma jurídica que debe servir como parámetro de control de validez de las decisiones judiciales y como guía de interpretación de las normas de inferior jerarquía”. Cfr. Sentencia C-372 de 2011 M.P. Jorge Ignacio Pretelt Chaljub. Cita de cita. En este sentido, entre muchas otras, pueden verse las sentencias SU-049 de 1999 M.P José Gregorio Hernández Galindo, SU-1720 de 2000 M.P. Alejandro Martínez Caballero, T-468 de 2003 M.P. Rodrigo Escobar Gil, T-292 de 2006 M.P. Manuel José Cepeda Espinosa, C-820 de 2006 M.P. Marco Gerardo Monroy Cabra y T-162 de 2009 M.P. Mauricio González Cuervo. Sobre este principio, es posible afirmar que el respeto del precedente se funda, principalmente, en el deber de un juez de fallar casos que presenten elementos fácticos y puntos en derecho similares, de manera igual, y no sorprender a los ciudadanos que acuden a la justicia, en virtud del respeto del principio de igualdad y la coherencia y estabilidad en el ordenamiento jurídico. Por ello, un juez, en el caso en que lo encuentre necesario, si se aparta de una decisión anterior aplicable al caso que tiene bajo conocimiento, debe justificar la nueva postura y descalificar las otras consideraciones que han sido base de anteriores decisiones. Cita de cita. La sentencia C-104 de 1993 con ponencia del Magistrado Alejandro Martínez Caballero, estableció el punto de partida jurisprudencial en relación con el derecho a la igualdad y las decisiones judiciales en los siguientes términos: “El artículo 229 de la Carta debe ser considerado con el artículo 13 idem, de tal manera que el derecho a “acceder” igualitariamente ante los jueces implica no sólo la idéntica oportunidad de ingresar a los estrados judiciales sino también el idéntico tratamiento que tiene derecho a recibirse por parte de los jueces y tribunales en situaciones similares”. Ver sentencia T-683 de 2006 M.P. Marco Gerardo Monroy Cabra. “La actividad judicial supone la interpretación permanente de las disposiciones jurídicas, aspecto que implica que el funcionario determine en cada proceso la norma que se aplicará al caso concreto. En ese sentido los diversos jueces pueden tener comprensiones diferentes del contenido de una misma prescripción jurídica y derivar de ella, por esta razón, efectos distintos”. Cita de cita. Cfr. Sentencia T-049 de 2007 M.P. Clara Inés Vargas Hernández. Entre otras, sentencias T-086 de 2007 M.P. Manuel José Cepeda Espinosa, T-161 de 2010 M.P. Jorge Iván Palacio Palacio. Cita de cita. Ver J. Bell. “Sources of Law”, en P. Birks (ed.) English Private Law, 1, Oxford University Press, pp. 1-29 (2000). Citado por Bernal Pulido, Carlos. “El precedente en Colombia”. Revista de derecho del Estado.

Universidad Externado de Colombia, páginas 81-94 (2008). Ver en el mismo sentido, “American Law In a Global Context. The Basics”. Sheppard, Steve. Fletcher, George P. Pg. 80-83. (2005) “Casos que establecen una regla en la interpretación de una norma o situación concreta. Esto se identifica con los hechos, el problema jurídico, las consideraciones que sustentan y son relevantes para la decisión, y la solución que se declara para el caso. Para identificar un caso como precedente: stare decisis (casos previos que vinculan como precedente), ratio decidendi (la razón de ser de la decisión), obiter dicta (argumentos por decir que no son la razón de ser de la decisión ni son vinculantes para decisiones posteriores)” (traducción libre).“American Law In a Global Context. The Basics”. Sheppard, Steve. Fletcher, George P. Pg. 80-83. (2005)
Sentencia T- 760A de 2011. M. P.: Juan Carlos Henao Pérez. Sentencia del 13 de mayo de 2008, expediente T-1.806.953,C.P. Humberto Antonio Sierra Porto. Ver sentencias C-083 de 1995, C-037 de 1996, SU-640 de 1998. Pueden consultarse, entre otras, la sentencia 13 de marzo de 2013. M.P. Guillermo Vargas Ayala. Radicado: 11001-03-15-000-2012-02074-00, la sentencia 18 de abril de 2013. C.P.: Marco Antonio Velilla Moreno. Radicado: 11001-03-15-000-2012-01797-00. Ibídem. Sentencias T-1625 de 2000 y T-161 de 2010. Ver, entre otras, Sentencia 13 de marzo de 2013. M.P. Guillermo Vargas Ayala. Radicado: 11001-03-15-000-2012-02074-00. Sentencia 18 de abril de 2013. C.P.: Marco Antonio Velilla Moreno. Radicado: 11001-03-15-000-2012-01797-00. Sentencia Corte Constitucional en sentencia T – 102 de 2014, Jorge Ignacio Pretelt Chaljub.
“Sobre reformas judiciales”. Corte Constitucional, sentencia C – 836 de 9 de agosto de 2001. Expediente D-3374. Actor: Carlos Alberto Maya Restrepo. M.P. Rodrigo Escobar Gil. Corte Constitucional, sentencia C – 816 de 1 de noviembre de 2011. Expediente D-8473. Actor: Francisco Javier Lara Sabogal. M.P. Mauricio González Cuervo. Corte Constitucional, sentencia C – 179 de 13 de abril de 2016. Expediente D-10973. Actora: Erika Nicole González Rojas. M.P. Luis Guillermo Guerrero Pérez. Cita de cita. En la Sentencia C-634 de 2011, M.P. Luis Ernesto Vargas Silva, se concluyó que: “El respeto del precedente judicial por parte de las autoridades administrativas se fundamenta (i) en el respeto del debido proceso y del principio de legalidad en materia administrativa (Arts. 29, 121 y 122 C.P.); (ii) en el hecho que el contenido y alcance normativo de la Constitución y la ley es fijado válida y legítimamente por las altas cortes, cuyas decisiones hacen tránsito a cosa juzgada y tienen fuerza vinculante; (iii) en que las decisiones de las autoridades administrativas no pueden ser arbitrarias y deben fundamentarse de manera objetiva y razonable; (iv) en que el desconocimiento del precedente y con ello del principio de legalidad, implica la responsabilidad de los servidores públicos (Arts. 6º y 90 C.P.); y (v) en que las actuaciones y decisiones de las autoridades administrativas deben respetar la igualdad de todos ante la ley (Art. 13 C.P.).”
M.P. Mauricio González Cuervo. Énfasis por fuera del texto original. Expediente radicado 76001-33-33-008-2013-00118-00
Obra a folios 201 y s.s. del cuaderno principal Exp. En préstamo. Obra a folios 226 y s.s. del cuaderno principal Exp. En préstamo. Visible a folios 30 y s.s. Segundo Cuaderno Expediente en préstamo.

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