Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Quinta, radicado 11001-03-15-000-2019-00803-00
Consejo de Estado · Sección Quinta
Jurisprudencia › Consejo de Estado › Radicado 11001-03-15-000-2019-00803-00
Consejo de Estado · Sección Quinta
Acción de tutela contra providencia judicial
Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Quinta, radicado 11001-03-15-000-2019-00803-00
Consejo de Estado · Sección Quinta
República de Colombia
Consejo de Estado
Sección Quinta
Radicado 11001-03-15-000-2019-00803-00
Consejero ponente: Rocío Araújo Oñate
4 de abril de 2019
ACCIÓN DE TUTELA CONTRA PROVIDENCIA JUDICIAL / MEDIO DE CONTROL DE NULIDAD Y RESTABLECIMIENTO DEL DERECHO – Solicitud de indexación de la primera mesada de pensión gracia / DESCONOCIMIENTO DEL PRECEDENTE – Inexistencia: se tuvo en cuenta el precedente sobre indexación de la primera mesada pensional / INDEXACIÓN DE LA PRIMERA MESADA PENSIONAL – No procede cuando la pensión fue liquidada en el mismo año de retiro del servicio / AUSENCIA DE VULNERACIÓN DEL DERECHO AL DEBIDO PROCESO
[E]l Tribunal Administrativo del Chocó, expuso que en el caso en concreto no resultaba procedente acceder a la indexación de la primera mesada pensional, es decir, a la indexación del ingreso base de liquidación pensional, pues en aplicación del precedente de la Sección Segunda del Consejo de Estado, “el derecho a la indexación de la primera mesada pensional se causa, cuando habiendo cumplido el requisito de tiempo de servicio, el beneficiario se retira sin haber acreditado el requisito de edad, circunstancia que no se presenta en el caso que nos ocupa, por cuanto del acto de reconocimiento pensional (…) se tiene que cuando la actora acreditó los requisitos de tiempo de servicios y de edad continuaba laborando y el reconocimiento se produjo cuando ésta seguía vinculada al servicio, razón por la cual no hay lugar a la indexación del ingreso base de liquidación pensional, razón por la cual se revocarán los numerales quinto y sexto del fallo apelado, se modificará el numeral séptimo y se confirmará en lo demás.” De lo anterior, el Tribunal advirtió que en momento alguno, el poder adquisitivo del salario, que sirvió de base para la liquidación pensional, sufrió la depreciación que da lugar al reconocimiento de la indexación de la primera mesada pensional. Para la Sala, el mencionado análisis resulta razonable, pues se recuerda, la indexación del ingreso base de liquidación de las pensiones es procedente, cuando entre la fecha de retiro del servicio y la fecha en que se completan los requisitos pensionales ha transcurrido un tiempo razonable que afecta el ingreso base por efectos de la inflación positiva que registra la economía colombiana. No obstante, como lo advirtió acertadamente la autoridad judicial accionada, en el subjudice, entre la fecha del retiro del servicio por de la docente y la fecha en que se adquirió el estatus pensional no transcurrió ningún periodo de tiempo, es más, cuando la [actora] adquirió el estatus pensional -25 de marzo de 2008- todavía se encontraban laborando, ya que prestó sus servicios hasta el 9 de octubre de 2008. Ahora, si bien es cierto que entre la fecha de la adquisición del estatus pensional y la expedición del acto administrativo -21 de septiembre de 2010- que declaró el derecho transcurrió un periodo de tiempo considerable, lo cierto es que frente a dicha situación se ordenó pagar los dineros con los reajustes correspondientes (…) Así las cosas, resulta importante no confundir, como lo hace la tutelante, la situación fáctica en virtud de la cual es necesario indexar la primera mesada pensional, como lo han indicado tanto la Corte Constitucional y el Consejo de Estado, con aquella circunstancia en la que el acto administrativo que declara el reconocimiento pensional es posterior a la adquisición del correspondiente estatus (…) Efectivamente, en el caso en concreto, la Sala observa que la actora solicitó bajo la figura de la indexación de la primera mesada pensional, que se actualizara el valor de la pensión por el periodo transcurrido entre el 25 de marzo de 2008 y la fecha en que se declaró el derecho correspondiente, esto es 21 de septiembre de 2010, sin embargo, se reitera, como lo indicó la autoridad judicial accionada, que aquel supuesto fáctico no otorga el derecho al reconocimiento pedido y que, además, la actualización monetaria sí fue ordenada. Teniendo en cuenta lo anterior, la Sala advierte que la autoridad judicial accionada no incurrió en el desconocimiento del precedente alegado, pues si bien se observa que en la providencia controvertida no se citó expresamente las decisiones que en sede de tutela se alegan como desconocidas, lo cierto es que tuvo en cuenta el precedente constitucional sobre la indexación de la primera mesada pensional
NOTA DE RELATORÍA: En relación con la indexación de la primera mesada pensional, consultar la sentencia de unificación SU-1073 de 2012, M.P. Jorge Ignacio Pretelt Chaljub, de la Corte constitucional en la cual ratifico el reconocimiento de la indexación de la primera mesada pensional como una prerrogativa universal, predicable de todas las categorías de pensionados a que las pensiones mantengan su poder adquisitivo
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN QUINTA
Consejera ponente: ROCÍO ARAÚJO OÑATE
Bogotá, D.C., cuatro (4) de abril de dos mil diecinueve (2019)
Radicación número: 11001-03-15-000-2019-00803-00(AC)
Actor: MARÍA NIEVES IBARGUEN AMUD
Demandado: TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DEL CHOCÓ
Temas: Niega el amparo solicitado – jurisprudencia constitucional sobre la indexación de la primera mesada pensional
SENTENCIA PRIMERA INSTANCIA
OBJETO DE LA DECISIÓN
Procede la Sala a resolver la acción de tutela interpuesta por la señora María Nieves Ibarguen Amud contra el Tribunal Administrativo del Chocó.
ANTECEDENTES
1. Solicitud
1.1. Con escrito radicado el 21 de febrero de 2019, en la Oficina Judicial de Medellín, la señora María Nieves Ibargüen Amud, a través de apoderado judicial, ejerció acción de tutela contra el Tribunal Administrativo del Chocó, con el fin de que le sean amparados sus derechos fundamentales a la igualdad, al debido proceso, al mínimo vital, a la seguridad social y de acceso a la administración de justicia.
1.2. La accionante consideró vulneradas las referidas garantías constitucionales, con ocasión de la sentencia proferida el 22 de noviembre de 2018 por el Tribunal Administrativo del Chocó, mediante la cual se revocaron los numerales quinto y sexto de la decisión de primera instancia dictada el 31 de marzo de 2016 por el Juzgado Cuarto Administrativo Mixto del Circuito Judicial de Quibdó para, en su lugar, negar la indexación de la primera mesada pensional, se modificó el numeral séptimo y se confirmó en lo demás dicha sentencia, dictada al interior del proceso de nulidad y restablecimiento del derecho que presentó la señora María Nieves Ibargüen Amud en ejercicio contra la Unidad Administrativa Especial de Gestión Pensional y Contribuciones Parafiscales – UGPP-.
1.3. Con base en lo anterior, la parte actora solicitó el amparo de los derechos invocados y, en consecuencia, pidió:
“(…) DISPONER que en el término de cinco (05) días contados, a partir de la notificación de la sentencia de tutela a dictar por el Consejo de Estado, se conmine al Tribunal Contencioso Administrativo del Chocó, a dictar una nueva providencia en la cual se atienda el precedente de la máxima Corporación Judicial como órgano de cierre de la jurisdicción contenciosa administrativa, especialmente como se ha procedido con las sentencias de la Sección Segunda, que más adelante relacionaré por ser de idénticos contornos jurídicos y fácticos al caso que con esta acción de tutela se busca ajustar a derecho ”.
2. Hechos
La solicitud de amparo se fundamentó en los siguientes hechos que, a juicio de la Sala, son relevantes para la decisión que se adoptará en la sentencia:
2.1. Mediante la Resolución N° PAP 014419 del 21 de septiembre de 2010 la Caja Nacional de Previsión Social E.I.C.E. en liquidación le reconoció a la señora María Nieves Ibarguen Amud, una pensión de jubilación gracia, en cuantía de $1, 381,097.95 efectiva a partir del 25 de marzo de 2008, fecha en la cual adquirió el estatus jurídico de pensionada. Así mismo, en el acto administrativo se indicó que la actora trabajó hasta el 9 de octubre de 2008 y a efectos de la liquidación se tuvo en cuenta la asignación básica y las primas de navidad y vacaciones devengadas en el último año de servicio.
2.2. La demandante presentó demanda de nulidad y restablecimiento del derecho contra la UGPP, formulando las siguientes pretensiones:
“1ª) Declarar la nulidad parcial de la resolución N PAP 014419 del 21 de septiembre de 2010, mediante la cual CAJANAL, EN LIQUIDACIÓN, le reconoció la pensión gracia a la demandante Sra. MARÍA NUEVES IBARGUEN AMUD, en cuantía de $1.381.097 a partir del 25 de marzo del 2008.
2ª) Como consecuencia de la anterior declaración, a título de restablecimiento del derecho, se ordenará reconocer y pagar a mi mandante Sra. MARÍA NUEVES IBARGUEN AMUD, su prestación pensional, con la inclusión de todos los factores de salario devengados durante el último año de servicio (Marzo 25 del 2007 a Marzo 25 2008) y la indexación del ingreso base de liquidación desde el 25 de marzo del 2008, inicialmente hasta el mes de abril del 2015, por valor de $2.0296.004, para determinar la tasa de remplazo del 75%, equivalente a $1.519.503, efectiva a partir del 25 de marzo del 2008, y posteriormente la indexación hasta el mes anterior de la sentencia a dictar.
2.3. Dicha demanda, a la que le correspondió el radicado 27001-33-33-003-2015-0242-01, fue decidida en primera instancia por el Juzgado 4° Administrativo Mixto de Quibdó, que mediante sentencia del 31 de marzo de 2016 accedió a las pretensiones de la demanda:
“PRIMERO: DECLARENSE (sic) no probadas las excepciones de COBRO DE LO NO DEBIDO, INEXISTENCIA DE LA OBLIGACIÓN, GENERICA E INNOMINADA e INCONSTITUCIONALIDAD propuestas por la UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE GESTIÓN PENSIONAL Y CONTRIBUCIONES PARAFISCALES DE LA PROTECCIÓN SOCIAL ‘UGPP’, por las razones expuestas en la parte motiva de este proveído.
SEGUNDO: DECLÁRESE (sic) la nulidad parcial de la Resolución número PAP014419 del 21 de septiembre de 2010, por medio del cual LA CAJA NACIONAL DE PREVISIÓN SOCIAL ‘CAJANAL’ EN LIQUIDACIÓN, le reconoció a la actora una pensión gracia, sin la inclusión de todos los factores salariales por ella devengados en el año inmediatamente anterior a la adquisición del status de pensionada, conforme lo expuesto en la parte motiva.
TERCRO: Ordenase (sic) a la UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE GESTIÓN PENSIONAL Y CONTRIBUCIONES PARAFISCALES DE LA PROTECCIÓN SOCIAL ‘UGPP entidad que sustituyó a la CAJA NACIONAL DE PREVISIÓN SOCIAL ‘CAJANAL’ EN LIQUIDACIÓN en sus funciones, a reliquidar la pensión gracia reconocida a favor de la demandante señora MARÍA NIEVES IBARGUEN AMUD, identificada con cédula de ciudadanía número 26.317.275 de Condoto, en cuantía equivalente del 75% del promedio mensual devengado durante el año inmediatamente anterior a la fecha que adquirió el status de pensionada teniendo en cuenta como factores salariales: la asignación básica, el auxilio de movilización y las primas de navidad y de vacaciones.
CUARTO: Condénese (sic) a la UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE GESTIÓN PENSIONAL Y CONTRIBUCIONES PARAFISCALES DE LA PROTECCIÓN SOCIAL ‘UGPP entidad que sustituyó a la CAJA NACIONAL DE PREVISIÓN SOCIAL ‘CAJANAL’ EN LIQUIDACIÓN en sus funciones, a pagar a la demandante, los mayores valores no pagados, resultante de la diferencia entre las mesadas pensionales de la reliqudiación y las mesadas pensionales reconocidas y pagadas desde el 28 de mayo de 2012 hasta la fecha en que se empiece el pago regular de la pensión reliquidada. (…)
QUINTO: CONDENESE (sic) a la UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE GESTIÓN PENSIONAL Y CONTRIBUCIONES PARAFISCALES DE LA PROTECCIÓN SOCIAL ‘UGPP’ entidad que sustituyó a la CAJA NACIONAL DE PREVISIÓN SOCIAL ‘CAJANAL’, a indexar la base de liquidación de la pensión de jubilación gracia de la señora (…)
SEXTO: UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE GESTIÓN PENSIONAL Y CONTRIBUCIONES PARAFISCALES DE LA PROTECCIÓN SOCIAL ‘UGPP entidad que sustituyó a la CAJA NACIONAL DE PREVISIÓN SOCIAL ‘CAJANAL’ EN LIQUIDACIÓN a pagar a la señora MARÍA NIEVES IBARGUEN AMUD, identificada con cédula de ciudadanía número 26.317.275 las diferencias pensionales que surjan con ocasión a la indexación del ingreso base de liquidación de su pensión de jubilación gracia aquí ordenada desde el 28 de mayo de 2015 (…)
SÉPTIMO, DECLÁRESE (sic) probada la excepción de prescripción propuesta por la entidad de los mayores valores que resulten con ocasión a la reliqudiación de la pensión gracia de la actora así como de la indexación del ingreso base de liquidación que se tuvo en cuenta para establecer el monto de la referida pensión que viene percibiendo la demandante causados con anterioridad al 28 de mayo de 2012, por las razones expuestas en la parte motiva.
OCTANO: CONDENESE (sic) en costas a la UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE GESTIÓN PENSIONAL Y CONTRIBUCIONES PARAFISCALES DE LA PROTECCIÓN SOCIAL ‘UGPP’.
(…)”
2.4. Contra la decisión antes señalada la parte demandada interpuso recurso de apelación, al considerar que no compartía la tesis del juez de primera instancia, según la cual en principio la pensión de jubilación se encontraba desactualizada, en cuanto no se aplicó la fórmula aritmética para la indexación, pues lo cierto es que la pensión del actor fue reliquidada finalmente con efectos fiscales a la adquisición del estatus, y la primera mesada no perdió su poder adquisitivo.
2.5. Advirtió que la indexación de la primera mesada pensional se produce cuando ha ocurrido el retiro del servicio en un año determinado, pero el sujeto no alcanza a completar los demás requisitos para acceder al derecho, situación que ocurre con posterioridad, de modo que con ese transcurso del tiempo, el salario con que se liquidaría la pensión habría sufrido algún detrimento, sin embargo, aquello no ocurrió en para la señora María Nieves Ibarguen.
2.6. El recurso de apelación fue desatado en sentencia del 22 de noviembre de 2018 por el Tribunal Administrativo del Chocó, que resolvió:
“PRIMERO: REVÓQUENSE los numerales quinto y sexto de la sentencia No. 68 del 31 de marzo de 2016, proferida por el Juzgado Cuarto Administrativo Mixto del Circuito de Quibdó, por las razones expuestas en la parte motiva de esta providencia.
SEGÚNDO: MODIFÍQUENSE el numeral séptimo del fallo apelado, el cual quedará así:
“SÉPTIMO: DECLÁRESE probada la excepción de prescripción propuesta por la entidad demandada de los mayores valores que resulten con ocasión a la reliquidación de la pensión gracia de la actora causados con anterioridad al 28 de mayo de 2012, por las razones expuestas en la parte motiva.
TERCERO: Confirmar en lo demás el fallo de apelado.
QUINTO: Ejecutoriada esta providenci8a, devuélvase el expediente al Juzgado de origen.”
2.6.1. Como sustento de su decisión, citó la sentencia del 18 de febrero de 2010 de la Sección Segunda del Consejo de Estado, en la cual se indicó que “la pensión del actor fue reconocida con posterioridad a su retiro del servicio sin que en la liquidación respectiva se efectuara la actualización de la primera mesada pensional, aun cuando medió entre los dos eventos más de año y medio, situación que afecta negativamente la cuantía pensional en detrimento del derecho del actor de los postulados constitucionales contenidos en los artículos 53 y 48 de la Carta de 1991…”
2.6.2. Puso de presente que dicho criterio fue reiterado en sentencias del 7 de febrero de 2013 Rad. 2008-00785-01, 3 de febrero de 2015 radicado 2012-00102-01 y del 14 de septiembre de 2017 radicado 2013-00700-01 en la cual se expuso:
“Esta Corporación también ha sido clara en cuanto a que la indexación de la primera mesada (…) se produce, cuando habiendo ocurrido el retiro del servicio en un año determinado, el pensionado alcanza a completar los demás requisitos para acceder al derecho cuando ha transcurrido uno o más años después del retiro, de modo que ese transcurso de tiempo, el salario con que se liquidara la pensión habría sufrido detrimento (…) lo anterior significa que el derecho a la indexación citada se causa cuando habiendo cumplido el requisito de tiempo de servicio, el beneficiario de retira sin haber acreditado el requisito de la edad. Por lo tanto, una vez acreditado este, la administración procede a reconocer y liquidar la pensión de jubilación con los factores devengados en el último año de servicios, es decir, al momento del retiro, ello siempre y cuando entre el retiro y el cumplimiento del requisito de edad haya transcurrido más de un año.”
2.6.3. Al estudiar el caso concreto, el Tribunal Administrativo del Chocó indicó que la señora María Nieves Ibarguen no se encontraba en el supuesto de hecho antes expuesto, pues “del acto de reconocimiento pensional (fl. 14), se tiene que cuando la actora acreditó los requisitos de tiempo de servicio y de edad continuaba laborando y el reconocimiento se produjo cuando ésta seguía vinculada al servicio, razón por la cual no hay lugar a la indexación del ingreso base de liquidación pensiona, razón por la cual se revocarán los numerales quinto y sexto del fallo apelado, se modificará el numeral séptimo y se confirmará en lo demás
3. Fundamentos de la vulneración
3.1. Fundamentó la solicitud de amparo en las siguientes razones:
3.2. Afirmó que la autoridad judicial accionada desconoció las sentencias de la Corte Constitucional C-387 de 1994, C-862 de 2006 y C-891 de 2006 que declararon la exequibilidad de los artículos 14 de la Ley 100 de 1993, 260 numeral 1º del Código Sustantivo del Trabajo y 8º de la Ley 171 de 1961, respectivamente.
3.3. Puso de presente que en dichas providencias se estableció que el derecho a la actualización de la mesada pensional, es de carácter universal y, por lo tanto, no admite exclusiones.
3.4. Igualmente, afirmó que se desconoció el precedente establecido en las sentencias de la Corte Constitucional SU-120 de 2003, SU-1073 de 2012 y SU-131 de 2013, en virtud de las cuales se reafirmó el derecho de los pensionados a mantener el poder adquisitivo de la mesada y, por lo tanto, el derecho al reconocimiento de la indexación de la primera mesada pensional. Así mismo, citó las sentencias T-663 de 2003 en la cual se concedió el amparo a personas que disfrutaban de pensión de jubilación de origen convencional, T-469 de 2005 en la que se desestimó el argumento del Tribunal según el cual el actor no tenía derecho a la indexación y T-696 de 2007.
3.5. Puso de presente que el Consejo de Estado ha reconocido el derecho de los pensionados a que la mesada mantenga el poder adquisitivo.
3.6. Consideró que tiene derecho a la indexación solicitada, pues adquirió el estatus pensional en marzo de 2008, mientras que el acto administrativo de reconocimiento se expidió el 21 de septiembre de 2010.
3.7. Finalmente, adjuntó las sentencias de primera y segunda instancia dictadas al interior del proceso de nulidad y restablecimiento del derecho radicado 2014-00626-00 actora Elida Inés Perea Barco, caso en el que el Tribunal Administrativo del Chocó negó el reconocimiento de la indexación de la primera mesada pensional.
4. Trámite de la acción de tutela
4.1. Con auto del 27 de febrero de 2019, el despacho sustanciador admitió la solicitud de amparo, ordenó notificar a las partes y vinculó a la Unidad Administrativa Especial de Gestión Pensional y Contribuciones Parafiscales – UGPP- y al Juzgado Cuarto Administrativo Mixto del Circuito Judicial de Quibdó como terceros con interés en el resultado del proceso.
4.2. Intervenciones: Realizadas las notificaciones ordenadas, de conformidad con las constancias visibles a folios 53 a 56 se presentaron las siguientes intervenciones.
4.2.1. Tribunal Administrativo del Chocó
4.2.1.1. Por conducto de la magistrada ponente de la providencia objeto de tutela, se opuso a la prosperidad de las pretensiones de la demanda, al considerar que no se vulneraron los derechos fundamentales de la actora, pues del estudio realizado se determinó que la accionante no tenía derecho a la indexación de la primera mesada pensional debido a que cuando acreditó el requisito de la edad, continuada laborando y el reconocimiento se produjo cuando ésta seguía vinculada al servicio.
4.2.2. UGPP
4.2.2.1. La referida entidad manifestó que la acción de tutela no es el mecanismo judicial idóneo para reclamar el pago de prestaciones económicas, por lo que solicitó se negaran las pretensiones de la demanda por improcedentes.
CONSIDERACIONES DE LA SALA
1. Competencia
1.1. Esta Sala es competente para conocer de la acción de tutela interpuesta por la señora María Nieves Ibarguen Amud contra el Tribunal Administrativo del Chocó, de conformidad con lo establecido en los Decretos 2591 de 1991 y 1069 de 2015, el Acuerdo 377 de 2018.
2. Problema jurídico
2.1. Corresponde a la Sección dar respuesta al siguiente interrogante:
¿Se superan en el caso en concreto los requisitos de procedibilidad adjetiva de la acción de tutela contra providencia judicial?
De ser positiva la respuesta a la pregunta anterior, la Sala analizará lo siguiente:
¿Vulneró los derechos invocados el Tribunal Administrativo del Chocó, con ocasión de la sentencia del 22 de noviembre de 2018 al haber incurrido en el desconocimiento del precedente alegado?
2.2. Para resolver el interrogante planteado, se analizarán los siguientes temas: (i) criterio de la Sección sobre la procedencia excepcional de la acción de tutela contra providencia judicial; (ii) de los requisitos de procedibilidad adjetiva; (iii) jurisprudencia constitucional sobre la indexación de la primera mesada pensional; y (iv) análisis del caso concreto.
3. Procedencia excepcional de la acción de tutela contra providencia judicial
3.1. La Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, en fallo del 31 de julio de 2012, unificó la diversidad de criterios que la Corporación tenía sobre la procedencia de la acción de tutela contra providencias judiciales, por cuanto las distintas Secciones y la misma Sala Plena habían adoptado posturas diversas sobre el tema.
3.2. Así, después de un recuento de los criterios expuestos por cada Sección, decidió modificarlos y unificarlos para declarar expresamente, en la parte resolutiva de la providencia, la procedencia de la acción de tutela contra providencias judiciales.
3.3. Sin embargo, fue importante precisar bajo qué parámetros procedería ese estudio, pues la sentencia de unificación simplemente se refirió a los “fijados hasta el momento jurisprudencialmente”.
3.4. Al efecto, en virtud de la sentencia de unificación del 5 de agosto de 2014, la Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, adoptó los criterios expuestos por la Corte Constitucional en la sentencia C-590/2005, M.P. JAIME CÓRDOBA TRIVIÑO, para determinar la procedencia de la acción constitucional contra providencia judicial y reiteró que la tutela es un mecanismo residual y excepcional para la protección de derechos fundamentales, como lo señala el artículo 86 Constitucional, y, por ende, el amparo frente a decisiones judiciales no puede ser ajeno a esas características.
4. De la procedencia de la acción constitucional en el caso en concreto
4.1. Relevancia constitucional
4.1.1. Para la Sala es necesario precisar que, este requisito se encuentra plenamente configurado, lo anterior por cuanto al realizar el test de procedibilidad de la acción de tutela en relación con los supuestos fácticos de la demanda, las pretensiones, la carga argumentativa y probatoria, se advierte que la parte actora solicita la garantía de sus derechos fundamentales a la igualdad, al debido proceso, al mínimo vital, a la seguridad social y al acceso a la administración de justicia e involucra el pago de prestaciones económicas que incluye la forma en que se liquida la pensión gracia a que tiene derecho.
4.1.2. Teniendo en cuenta lo anterior, las garantías constitucionales a la seguridad social y al debido proceso que subyacen en el sub lite, por ser aquellos cuya protección pretende la actora, tienen rango constitucional al tenor de lo dispuesto en los artículos 29 y 48 de la Carta, lo que implica que la misma trascienda el ámbito meramente legal.
4.1.3. Así las cosas, se observa que no se trata de un debate de orden exclusivamente legal, el cual basado en la tutela judicial efectiva no admite que el titular del derecho o el interesado legítimo quede en un estado de indefensión, de tal manera que al existir la eventualidad de que no haya obtenido la protección de sus derechos ante el juez contencioso administrativo, natural de la causa ordinaria, quien tenía igualmente la obligación de constituirse en garante de los derechos fundamentales asumiendo el rol de juez de constitucionalidad y/o de convencionalidad, puede comparecer al juez constitucional quien deberá realizar el análisis del caso a la luz de los postulados del Estado Social de Derecho, como garante de la dignidad humana.
4.1.4. En virtud de lo expuesto, el asunto es de relevancia constitucional cuando prima facie resulta necesario verificar si subsiste violación o amenaza al derecho fundamental, después de haber agotado el procedimiento legal administrativo de policía o judicial establecido por la ley para su protección
4.1.5. Adicionalmente, la relevancia constitucional implica que el asunto de la acción de tutela tiene importancia para la interpretación de la Constitución, para su aplicación, para su eficacia y para la determinación del contenido y alcance de los derechos fundamentales y libertades públicas.
4.2. Tutela contra tutela
4.2.1. Para esta Sala está acreditado que la solicitud de amparo no se dirige a cuestionar decisiones producto de un proceso de tutela, pues la providencia del 22 de noviembre de 2018 fue proferida al interior del proceso de nulidad y restablecimiento del derecho iniciado por la parte actora contra la Unidad Administrativa Especial de Gestión Pensional y Contribuciones Parafiscales – UGPP-.
4.3. Inmediatez
4.3.1. Se cumple con el referido requisito en atención a que la providencia de segunda instancia atacada es del 22 de noviembre de 2018, y aunque el término para calcular el plazo prudencial para promover la solicitud de amparo se contabiliza a partir del día siguiente de la ejecutoria de la sentencia reprochada, lo cierto es que la tutela fue interpuesta el 21 de febrero de 2019, lo que desde ya implica un ejercicio pronto de la acción de tutela.
4.4. Subsidiariedad
4.4.1. Dicho requisito se encuentra acreditado, pues la providencia dictada por el Tribunal Administrativo del Chocó, que se cuestiona en sede de tutela, puso fin a la demanda de nulidad y restablecimiento del derecho identificado con el número de radicado 27001-33-33-003-2015-00242-01, y frente a tal providencia no procede recurso ordinario alguno.
4.4.2. Tampoco los extraordinarios, pues los cargos alegados por la actora no encuadran en las causales de procedencia del recurso extraordinario de revisión ni del recurso extraordinario de unificación de jurisprudencia al que se refiere el artículo 256 del CPACA.
4.4.3. Superados los requisitos adjetivos de procedencia de la tutela contra providencias judiciales, la Sala se adentrará en el examen del reproche formulado.
5. Jurisprudencia constitucional sobre la indexación de la primera mesada pensional
5.1. El principal argumento en que sustentó el demandante la interposición de la acción de tutela consiste, es el presunto desconocimiento de la jurisprudencia de la Corte Constitucional respecto del criterio existente en materia de indexación, en buena parte desarrollado en sentencias de constitucionalidad como las C-862 de 2006 y C-891A de 2006.
5.2. En efecto, la Corte en las decisiones de constitucionalidad antes citadas, así como en la sentencia de unificación SU-1073 de 2012 ha reconocido la indexación de la primera mesada pensional como una prerrogativa universal y predicable de todas las categorías de pensionados, incluso de aquellos que adquirieron tal calidad con anterioridad a la Constitución de 1991. Sobre el particular resultan especialmente ilustrativas las siguientes consideraciones:
“En este orden de ideas, si bien es a partir de 1991 que se constitucionalizó el derecho a que las pensiones mantengan su poder adquisitivo, esta Corte sostiene que todas las personas beneficiarias del sistema pensional, incluso aquellas que causaron su mesada con anterioridad a la actual Constitución Política, tienen derecho a la protección del poder adquisitivo de sus prestaciones.
La anterior posición fue asumida por el pleno de la Corporación en la sentencia SU-1073 de 2012, a través de la cual la Corte resolvió las contradicciones creadas por las diferentes decisiones judiciales respecto a la indexación de la primera mesada de las pensiones reconocidas antes de 1991. En este sentido, en aquella oportunidad se concluyó que “pese al carácter universal del derecho a la indexación de la primera mesada pensional, la divergencia interpretativa sobre su procedencia en aquellas causadas con anterioridad a 1991, hace que sólo a partir de esta decisión de unificación se genere un derecho cierto y exigible” (negrilla incorporada en el texto original), en virtud del cual la indexación de la primera mesada es predicable de las personas pensionadas que adquirieron tal calidad con anterioridad a la Carta Política de 1991.
5.3. Complementando lo atrás dicho, la mencionada sentencia SU-1073 de 2012 realizó la siguiente acotación:
“[E]s a través de esta sentencia de unificación que la Corte Constitucional consolida la jurisprudencia con el fin de proteger el principio de seguridad jurídica respecto de los fallos judiciales divergentes que han proferido distintas jurisdicciones, los cuales han impedido la realización del derecho universal de la indexación. En este sentido, es sólo hasta esta sentencia de unificación que la Corte ha resuelto las contradicciones creadas por las diferentes decisiones judiciales respecto a la indexación de la primera mesada de las pensiones reconocidas antes de 1991. // De ahí que, sólo hasta este momento exista claridad sobre la obligatoriedad de indexar las pensiones reconocidas antes de la Constitución de 1991, de manera que desde la fecha hay certeza sobre la exigibilidad de la indexación y la obligación de las autoridades de efectuar su reconocimiento”, motivo por el cual, “el alcance de este derecho, para las pensiones causadas con anterioridad a la expedición de la Constitución de 1991, está siendo determinado hasta este momento por la Corte Constitucional como máximo intérprete de la Norma Superior” (negrilla incorporada en el texto original).
De igual manera, en relación con el carácter universal de la indexación de la primera mesada pensional -pero ya no en lo que respecta a la obligatoriedad de indexar las pensiones causadas antes de la Carta de 1991- esta Corporación, a partir de las sentencias C-862 y C-891A de 2006, sostuvo que “el derecho a la actualización de la mesada pensional no puede ser reconocido exclusivamente a determinadas categorías de pensionados, porque un trato diferenciado de esta naturaleza carecería de justificación constitucional, y se torna por tanto en un trato discriminatorio”. Motivo por el cual, se desconocerían los postulados superiores si se niega el derecho a aquel reajuste con base en distinciones relacionadas con la clase, la naturaleza o el origen de la prestación, como cuando no se concede dicha garantía por tratarse, por ejemplo, de una pensión sanción o de pensiones cuyo origen es convencional.
Así lo reiteró la citada sentencia SU-1073 de 2012, cuando adujo que “sólo hasta que fue expedida la sentencia C-862 de 2006, la Corte definió con carácter erga omnes que a partir de la interpretación de los artículos 48 y 53 de la Constitución de 1991 debía entenderse que existe un derecho constitucional de todos los pensionados a que el monto de la primera mesada pensional se calcule sobre un salario base indexado, de acuerdo con la variación del índice de precios al consumidor. Por lo tanto, sólo a partir de tal fallo llegó a admitirse que dicho derecho beneficiaba a todos los pensionados, sin que sobre el particular pudieran hacerse distinciones discriminatorias entre beneficiarios de pensiones legales, convencionales, ordinarias, pensiones sanción, etc.”.
Ahora bien, la Sala también advierte que con base en las providencias anteriormente mencionadas, a partir de las cuales se estableció con certeza la universalidad del derecho a la indexación de la primera mesada pensional, esta Corporación en múltiples ocasiones ha abordado casos en lo que personas pensionadas acuden nuevamente a la jurisdicción ordinaria solicitando la aplicación de aquellas sentencias y las autoridades judiciales declaran probada la excepción de cosa juzgada”.
6. Análisis del caso en concreto
6.1. En el subjudice, la actora alega la configuración de un desconocimiento del precedente, contenido en las sentencias de constitucionalidad C-387 de 1994, C-862 de 2006 y C-891 de 2006 que declararon la exequibilidad de los artículos 14 de la Ley 100 de 1993, 260 numeral 1º del Código Sustantivo del Trabajo y 8º de la Ley 171 de 1961, respectivamente, así como del precedente establecido en las sentencias de la Corte Constitucional SU-120 de 2003, SU-1073 de 2012 y SU-131 de 2013, en virtud de las cuales se reafirmó el derecho de los pensionados a mantener el poder adquisitivo de la mesada y, por lo tanto, el derecho al reconocimiento de la indexación de la primera mesada pensional.
6.2. Igualmente, sustenta su petición de amparo en varios pronunciamientos del Consejo de Estado, en los que la Sección Segunda ha reconocido el derecho a la indexación de la primera mesada pensional.
6.3. Lo anterior por cuanto a su juicio, la autoridad judicial accionada no ordenó la indexación referida, de la pensión gracia que le fue reconocida en acto administrativo número PAP014419 del 21 de septiembre de 2010.
6.4. Al revisar la providencia cuestionada, esto es, la sentencia del 22 de noviembre del 2018 del Tribunal Administrativo del Chocó, la Sala advierte que en la misma se revocaron los numerales quinto y sexto, se modificó el numeral séptimo en el sentido de declarar probada la excepción de prescripción propuesta por la entidad demandada de los mayores valores que resulten con ocasión a la reliquidación de la pensión gracia de la actora causados con anterioridad al 28 de mayo de 2012 y confirmó en lo demás la sentencia del 31 de marzo de 2016 proferida por el Juzgado Cuarto Administrativo Mixto del Circuito de Quibdó.
6.5. Para sustentar su decisión, el Tribunal Administrativo del Chocó, expuso que en el caso en concreto no resultaba procedente acceder a la indexación de la primera mesada pensional, es decir, a la indexación del ingreso base de liquidación pensional, pues en aplicación del precedente de la Sección Segunda del Consejo de Estado, “el derecho a la indexación de la primera mesada pensional se causa, cuando habiendo cumplido el requisito de tiempo de servicio, el beneficiario se retira sin haber acreditado el requisito de edad, circunstancia que no se presenta en el caso que nos ocupa, por cuanto del acto de reconocimiento pensional (fl. 14), se tiene que cuando la actora acreditó los requisitos de tiempo de servicios y de edad continuaba laborando y el reconocimiento se produjo cuando ésta seguía vinculada al servicio, razón por la cual no hay lugar a la indexación del ingreso base de liquidación pensional, razón por la cual se revocarán los numerales quinto y sexto del fallo apelado, se modificará el numeral séptimo y se confirmará en lo demás.”
6.6. De lo anterior, el Tribunal advirtió que en momento alguno, el poder adquisitivo del salario, que sirvió de base para la liquidación pensional, sufrió la depreciación que da lugar al reconocimiento de la indexación de la primera mesada pensional.
6.7. Para la Sala, el mencionado análisis resulta razonable, pues se recuerda, la indexación del ingreso base de liquidación de las pensiones es procedente, cuando entre la fecha de retiro del servicio y la fecha en que se completan los requisitos pensionales ha transcurrido un tiempo razonable que afecta el ingreso base por efectos de la inflación positiva que registra la economía colombiana.
6.8. No obstante, como lo advirtió acertadamente la autoridad judicial accionada, en el subjudice, entre la fecha del retiro del servicio por de la docente y la fecha en que se adquirió el estatus pensional no transcurrió ningún periodo de tiempo, es más, cuando la señora María Nieves Ibarguen adquirió el estatus pensional -25 de marzo de 2008- todavía se encontraban laborando, ya que prestó sus servicios hasta el 9 de octubre de 2008.
6.9. Ahora, si bien es cierto que entre la fecha de la adquisición del estatus pensional y la expedición del acto administrativo -21 de septiembre de 2010- que declaró el derecho transcurrió un periodo de tiempo considerable, lo cierto es que frente a dicha situación se ordenó pagar los dineros con los reajustes correspondientes, como se lee de la literalidad del acto administrativo cuya legalidad analizó el Tribunal accionado:
“ARTÍCULO PRIMERO: Reconocer y ordenar el pago a favor de la señora IBARGUEN AMUD MARÍA NIEVES ya identificada, de una pensión GRACIA en cuantía de (1,381,097.95) UN MILLÓN TRESCIENTOS OCHENTA Y UN MIL NOVENTA Y SIETE PESOS CON 95/100 M/CTE efectiva a partir del 25 de marzo de 2008.
ARTÍCULO SEGUNDO: El Fondo de Pensiones Públicas del Nivel Nacional pagará al interesado la suma a que se refiere el artículo anterior, con los reajustes correspondientes, previas las deducciones ordenadas por la ley observancia del turno respectivo.” (Negrillas de Sala)
6.10. Así las cosas, resulta importante no confundir, como lo hace la tutelante, la situación fáctica en virtud de la cual es necesario indexar la primera mesada pensional, como lo han indicado tanto la Corte Constitucional y el Consejo de Estado, con aquella circunstancia en la que el acto administrativo que declara el reconocimiento pensional es posterior a la adquisición del correspondiente estatus.
6.11. En efecto, en el primero de los casos se trata de aquellas circunstancias en las que el funcionario se retira del servicio, sin que hubiera completado los requisitos pensionales y posteriormente, ante el lleno de los mismos, solicita el reconocimiento pensional que se hace efectivo únicamente en ese momento, lo que amerita que la primera mesada pensional, sea indexada, para evitar la pérdida de poder adquisitivo del salario que devengaba al momento del retiro del servicio.
6.12. Por otro lado, estamos frente al caso en el cual el retiro del servicio coincide con la adquisición del estatus pensional, situación que por ende, no requiere que la primera mesada sea indexada, independientemente de que el acto administrativo que declara el derecho sea posterior, pues en dicha circunstancia se ordenarán los reajustes correspondientes, como en efecto se dispuso en el acto administrativo acusado.
6.13. Efectivamente, en el caso en concreto, la Sala observa que la actora solicitó bajo la figura de la indexación de la primera mesada pensional, que se actualizara el valor de la pensión por el periodo transcurrido entre el 25 de marzo de 2008 y la fecha en que se declaró el derecho correspondiente, esto es 21 de septiembre de 2010, sin embargo, se reitera, como lo indicó la autoridad judicial accionada, que aquel supuesto fáctico no otorga el derecho al reconocimiento pedido y que, además, la actualización monetaria sí fue ordenada.
6.14. Teniendo en cuenta lo anterior, la Sala advierte que la autoridad judicial accionada no incurrió en el desconocimiento del precedente alegado, pues si bien se observa que en la providencia controvertida no se citó expresamente las decisiones que en sede de tutela se alegan como desconocidas, lo cierto es que tuvo en cuenta el precedente constitucional sobre la indexación de la primera mesada pensional.
6.15. En otras palabras, el Tribunal accionado no desconoció que la indexación de la primera mesada pensional es una prerrogativa universal y predicable de todas las categorías de pensionados, incluso de aquellos que adquirieron tal calidad con anterioridad a la Constitución de 1991, sin embargo, del análisis probatorio encontró que, en el caso en concreto no se daban las condiciones para ordenar la indexación solicitada.
6.16. En conclusión, como el análisis que se llevó a cabo en la providencia controvertida tuvo en cuenta el precedente constitucional sobre la indexación de la primera mesada, que debe ser conocido y considerado por todas las autoridades judiciales, esta Sección concluye que no vulneró los derechos al acceso a la administración de justicia, debido proceso e igualdad de la accionante, por lo que se negará el amparo solicitado.
6.17. Adicionalmente, la Sala pone de presente que las sentencias de la Corte Constitucional T-663 de 2003 en la cual se concedió el amparo a personas que disfrutaban de pensión de jubilación de origen convencional, T-469 de 2005 en la que se desestimó el argumento del Tribunal según el cual el actor no tenía derecho a la indexación y T-696 de 2007, no constituyen precedente pues no fueron dictadas por la Sala Plena del referido tribunal constitucional, por lo que representan criterio auxiliar.
6.18. Finalmente, esta Sección observa que la actora adjuntó las sentencias de primera y segunda instancia dictadas al interior del proceso de nulidad y restablecimiento del derecho radicado 2014-00626-00 actora Elida Inés Perea Barco, caso en el que el Tribunal Administrativo del Chocó negó el reconocimiento de la indexación de la primera mesada pensional, bajo los mismos argumentos expuestos en su caso. Sin embargo, la tutelante no elevó algún cargo concreto frente a dichas decisiones.
Por lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Quinta, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley,
FALLA
PRIMERO: NEGAR el amparo solicitado por la señora María Nieves Ibarguen Amud, de conformidad con las razones expuestas en la parte motiva de esta providencia.
SEGUNDO: NOTIFICAR a las partes e intervinientes en la forma prevista en el artículo 30 del Decreto 2591 de 1991.
TERCERO: Si no fuere impugnada esta decisión dentro de los tres (3) días siguientes a su notificación, al día siguiente a su ejecutoria, REMITIR el expediente a la Corte Constitucional para su eventual revisión.
CARLOS ENRIQUE MORENO RUBIO
Presidente
ROCÍO ARAÚJO OÑATE
Magistrada
LUCY JEANNETTE BERMÚDEZ BERMÚDEZ
Magistrada
ALBERTO YEPES BARREIRO
Magistrado
A.V.
Folio 17 del expediente
QUINTO: CONDENESE a la UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE GESTIÓN PENSIONAL Y CONTRIBUCIONES PARAFISCALES DE LA PROTECCIÓN SOCIAL ‘UGPP’ entidad que sustituyó a la CAJA NACIONAL DE PREVISIÓN SOCIAL ‘CAJANAL’, a indexar la base de liquidación de la pensión de jubilación gracia de la señora (…). SEXTO: UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE GESTIÓN PENSIONAL Y CONTRIBUCIONES PARAFISCALES DE LA PROTECCIÓN SOCIAL ‘UGPP entidad que sustituyó a la CAJA NACIONAL DE PREVISIÓN SOCIAL ‘CAJANAL’ EN LIQUIDACIÓN a pagar a la señora MARÍA NIEVES IBARGUEN AMUD, identificada con cédula de ciudadanía número 26.317.275 las diferencias pensionales que surjan con ocasión a la indexación del ingreso base de liquidación de su pensión de jubilación gracia aquí ordenada desde el 28 de mayo de 2015 (…). SÉPTIMO, DECLÁRESE probada la excepción de prescripción propuesta por la entidad de los mayores valores que resulten con ocasión a la reliqudiación de la pensión gracia de la actora así como de la indexación del ingreso base de liquidación que se tuvo en cuenta para establecer el monto de la referida pensión que viene percibiendo la demandante causados con anterioridad al 28 de mayo de 2012, por las razones expuestas en la parte motiva. Folio 1 del expediente
Folio 2 del expediente ordinario. Folios 115 y 116 del expediente ordinario. Folios 52-58. Folio 167 del expediente ordinario
Folio 164 del expediente ordinario. Folio 166 vuelto del expediente ordinario. ARTICULO. 14.- Reajuste de pensiones. Reglamentado por el Decreto Nacional 36 de 2015. Con el objeto de que las pensiones de vejez o de jubilación, de invalidez y de sustitución o sobreviviente, en cualquiera de los dos regímenes del sistema general de pensiones, mantengan su poder adquisitivo constante, se reajustarán anualmente de oficio, el primero de enero de cada año, según la variación porcentual del índice de precios al consumidor, certificado por el DANE para el año inmediatamente anterior. No obstante, las pensiones cuyo monto mensual sea igual al salario mínimo legal mensual vigente, serán reajustadas de oficio cada vez y con el mismo porcentaje en que se incremente dicho salario por el gobierno
1. Todo trabajador que preste servicios a una misma empresa de capital de ochocientos mil pesos ($ 800.000) o superior, que llegue o haya llegado a los cincuenta y cinco (55) años de edad, si es varón, o a los cincuenta (50) años si es mujer, después de veinte (20) años de servicios continuos o discontinuos, anteriores o posteriores a la vigencia de este Código, tiene derecho a una pensión mensual vitalicia de jubilación o pensión de vejez, equivalente al setenta y cinco por ciento (75%) del promedio de los salarios devengados en el último año de servicio. Para el efecto, citó 7 providencias del Consejo de Estado. Folio 7. Folios 51 a 52. Consejo de Estado. Sala Plena de lo Contencioso Administrativo. Expediente No. 2009-01328-01. Actora: NERY GERMANIA ÁLVAREZ BELLO. M.P. MARÍA ELIZABETH GARCÍA GONZÁLEZ. El recuento de esos criterios se encuentra en las páginas 13 a 50 del fallo de la Sala Plena antes reseñada. Se dijo en la mencionada sentencia: “DECLÁRASE la procedencia de la acción de tutela contra providencias judiciales, de conformidad con lo expuesto a folios 2 a 50 de esta providencia” (Negrillas dentro del texto). Consejo de Estado. Sala Plena de lo Contencioso Administrativo. Sentencia del 5 de agosto de 2014, Expediente No. 11001-03-15-000-2012-02201-01 (IJ). Actor: ALPINA PRODUCTOS ALIMENTICIOS. M.P. JORGE OCTAVIO RAMÍREZ RAMÍREZ. M.P. Humberto Antonio Sierra Porto. M.P. Rodrigo Escobar Gil. M.P. Jorge Ignacio Pretelt Chaljub. // En esta providencia la Corte sostuvo que “la universalidad del derecho a la indexación de la primera mesada es predicable de todas las personas pensionadas, y por supuesto, de aquellas que adquirieron tal calidad con anterioridad a la expedición de la Constitución Política.
En efecto, todos los pensionados sufren las graves consecuencias de la pérdida del poder adquisitivo de la moneda, es decir todos se encuentran en la misma situación y por tanto, deben recibir igual tratamiento”. Motivo por el cual, “resulta vulneratorio de los principios constitucionales que informan la seguridad social y el derecho laboral negar su procedencia a aquellos que adquirieron el derecho con anterioridad a la Constitución de 1991, pero cuyos efectos irradian situaciones posteriores”. M.P. Jorge Ignacio Pretelt Chaljub. Este precisión resulta necesario hacerla, pues tal y como la sentencia SU-1073 de 2012 lo advirtió: “ni siquiera en 2006 [es decir cuando fueron proferidas las sentencias de constitucionalidad que a continuación se citarán] existía una posición uniforme en relación con las pensiones causadas bajo el marco constitucional de 1886”. M.P. Humberto Antonio Sierra Porto. M.P. Rodrigo Escobar Gil. Sentencia C-862 de 2006, M.P. Humberto Antonio Sierra Porto. Con todo, sobre el particular la Sala aclara que, sin perjuicio del derecho a la indexación de la primera mesada pensional que, por regla general, se entiende de carácter universal, existen eventos en los cuales dicha prerrogativa no es predicable de algunas prestaciones periódicas. Por ejemplo, en los casos en los que se solicita el reajuste de beneficios similares a una pensión otorgados por mera liberalidad del empleador. Cfr. Sentencia T-529 de 2014, M.P. Luis Guillermo Guerrero Pérez. Corte Constitucional, sentencia T-114 de 2016, M.P. Luis Guillermo Guerrero Pérez. ARTICULO. 14.- Reajuste de pensiones. Reglamentado por el Decreto Nacional 36 de 2015. Con el objeto de que las pensiones de vejez o de jubilación, de invalidez y de sustitución o sobreviviente, en cualquiera de los dos regímenes del sistema general de pensiones, mantengan su poder adquisitivo constante, se reajustarán anualmente de oficio, el primero de enero de cada año, según la variación porcentual del índice de precios al consumidor, certificado por el DANE para el año inmediatamente anterior. No obstante, las pensiones cuyo monto mensual sea igual al salario mínimo legal mensual vigente, serán reajustadas de oficio cada vez y con el mismo porcentaje en que se incremente dicho salario por el gobierno
1. Todo trabajador que preste servicios a una misma empresa de capital de ochocientos mil pesos ($ 800.000) o superior, que llegue o haya llegado a los cincuenta y cinco (55) años de edad, si es varón, o a los cincuenta (50) años si es mujer, después de veinte (20) años de servicios continuos o discontinuos, anteriores o posteriores a la vigencia de este Código, tiene derecho a una pensión mensual vitalicia de jubilación o pensión de vejez, equivalente al setenta y cinco por ciento (75%) del promedio de los salarios devengados en el último año de servicio. En el cual se condenó a la UGPP a indexar la base de liquidación de la pensión de jubilación gracia de la actora. En el que se ordenó a la UGPP a pagar a la accionante las diferencias pensionales surgidas con ocasión de la indexación del ingreso base de liquidación de su pensión de jubilación gracia desde el 28 de mayo de 2015, en aplicación del término de prescripción previsto en el artículo 102 del Decreto 1848 de 1969. Folio 15 del expediente ordinario.
Sigue leyendo
RuleX es la IA para el trabajo legal: inteligencia artificial y software jurídico, todo en una sola plataforma. Crea tu cuenta y RuleX abre esta providencia completa, te explica sus reglas y la lleva a tu escrito con la cita puesta. Siete días de prueba sin tarjeta.