Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Primera, radicado 11001-03-15-000-2019-00807-00
Consejo de Estado · Sección Primera
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Consejo de Estado · Sección Primera
Tutela contra providencia judicial
Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Primera, radicado 11001-03-15-000-2019-00807-00
Consejo de Estado · Sección Primera
República de Colombia
Consejo de Estado
Sección Primera
Radicado 11001-03-15-000-2019-00807-00
Consejero ponente: Oswaldo Giraldo López
11 de abril de 2019
TUTELA CONTRA PROVIDENCIA JUDICIAL / AUSENCIA DE DEFECTO SUSTANTIVO / DESCONOCIMIENTO DEL PRECEDENTE – No configuración / VIOLACIÓN DIRECTA DE LA CONSTITUCIÓN – No configuración / CADUCIDAD DEL MEDIO DE CONTROL DE NULIDAD Y RESTABLECIMIENTO DEL DERECHO - Para reclamar la cuota parte pensional / NATURALEZA JURÍDICA DE LA CUOTA PARTE PENSIONAL - Contribución parafiscal
La Sala, en aras de efectuar el análisis planteado por el accionante y determinar si las providencias atacadas incurrieron en el defecto señalado, precisa que la discusión jurídica que se planteó [en los procesos de Nulidad y Restablecimiento del Derecho] giraba en torno a determinar cuál es la naturaleza jurídica de las cuotas partes pensionales, el medio de control pasible para reclamarlas y el término de caducidad que se aplica. (…) La Sala estima que las providencias cuestionadas no incurrieron en el defecto sustantivo señalado, en la medida que los accionados explicaron cuál era el fundamento legal para considerar que las cuotas partes pensionales tiene un carácter parafiscal y, en ese sentido, por no tratarse de actos administrativos que reconocían una prestación periódica, la regla aplicable para presentar la demanda, era la establecida en el literal d) del numeral 2 del artículo 164 de la Ley 1437 de 2011. (…) Así las cosas, en los términos en que ha sido propuesta la presente tutela, no puede predicarse que los accionados hayan incurrido en un defecto sustantivo, toda vez que no aplicaron una norma derogada, inexistente o contraria a la Constitución ni hicieron una interpretación arbitraria de la ley, sino que por el contrario acogieron el criterio interpretativo de la Sala Plena del Tribunal Administrativo de Cundinamarca, según el cual la naturaleza jurídica de la cuota parte pensional es de carácter parafiscal y explicaron con suficiencia las razones por las que consideraron que el medio de control estaba caducado; en consecuencia, el hecho de que la entidad accionante no comparta dicho criterio no puede traducirse en un defecto sustantivo. (…) Por último, la Sala recuerda que la acción de tutela no fue instituida para impugnar o controvertir asuntos fallados en derecho por los jueces naturales en virtud de su autonomía y competencias constitucionales y legales, como si se tratara de una tercera instancia, pues es un mecanismo excepcional y subsidiario al que pueden acudir los ciudadanos de manera extraordinaria cuando las decisiones judiciales adolezcan de los defectos que ha desarrollado la jurisprudencia constitucional. En conclusión, en el asunto bajo análisis, los pretendidos defectos sustantivos, desconocimiento del precedente, y violación directa de la Constitución no se configuran, lo que permite concluir que no le asiste razón al accionante y deberá negarse el amparo de tutela solicitado frente a las providencias cuestionadas en los procesos de Nulidad y Restablecimiento
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN PRIMERA
Consejero ponente: OSWALDO GIRALDO LÓPEZ
Bogotá, D.C., once (11) de abril de dos mil diecinueve (2019)
Radicación número: 11001-03-15-000-2019-00807-00(AC)
Actor: DEPARTAMENTO DE BOYACÁ, SECRETARÍA DE HACIENDA, FONDO PENSIONAL TERRITORAL DE BOYACÁ
Demandado: TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DE CUNDINAMARCA, SECCIÓN CUARTA, SUBSECCIÓN B Y OTROS
La Sala decide la acción de tutela instaurada por el Departamento de Boyacá- Secretaría de Hacienda- Fondo Pensional Territorial de Boyacá, contra el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Cuarta, Subsecciones A y B; así como de los Juzgados Cuarenta (40), Cuarenta y Tres (43) y Cuarenta y Cuatro (44) Administrativos del Circuito Judicial de Bogotá, por considerar vulnerados sus derechos fundamentales a la igualdad, al debido proceso y al acceso a la administración de justicia con ocasión de las decisiones proferidas dentro de los procesos de Nulidad y Restablecimiento del Derecho radicados bajo los números 11001 3337 043 2017 00144 01, 11001 3337 044 2017 00035 01 y 11001 3337 040 2018 00045 01.
1.- SÍNTESIS DEL CASO
La parte accionante, por conducto de apoderada judicial, promovió acción de tutela, con el fin de que fueran protegidos sus derechos fundamentales, para lo cual formuló las siguientes pretensiones:
“[…] 1. Tutelar los derechos fundamentales al debido proceso, al acceso efectivo a la administración de justicia y a la igualdad, previstos en los artículos 29,229 y 23 de la Constitución Política, en favor del DEPARTAMENTO DE BOYACÁ – SECRETARÍA DE HACIENDA – FONDO PENSIONAL TERRITORIAL DE BOYACÁ, por haberse configurado defecto material o sustantivo, desconocimiento del precedente vertical y horizontal, y Violación directa de la Constitución en los fallos proferidos por los jueces de primera y segunda instancia en relación con los procesos de nulidad y restablecimiento, dentro de radicados:
Radicado 11001333704320170014400
En primera instancia, el Juzgado 43 Administrativo Oral del Circuito de Bogotá Sección Cuarta, que mediante auto del 15 de noviembre de 2017 rechaza la demanda, por considerar que ha operado el fenómeno jurídico de la caducidad y el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, de conocimiento de la Sección Cuarta, Sub Sección B, M.P., Dra. Lina Ángela María Cifuentes Cruz, que mediante auto del 19 de abril de 2018 confirmó la decisión apelada.
Radicado 11001333704420170003500
En primera instancia, el Juzgado 44 Administrativo Oral del Circuito de Bogotá Sección Cuarta el cual rechaza la demanda por caducidad (auto del 14 de septiembre de 2018) considerando que los actos administrativos demandados fueron notificados por conducta concluyente, y el Tribunal Administrativo de Cundinamarca Sección Cuarta, M.P. Amparo Navarro López, mediante auto de fecha 08 de noviembre de 2018, resuelve la apelación confirmando el auto de fecha 14 de septiembre de 2018.
Radicado 11001333704020170003500
En primera instancia, el Juzgado 40 Administrativo Oral del Circuito de Bogotá Sección Cuarta, mediante auto de fecha 03 de mayo de 2018 resuelve DECLARAR LA CADUCIDAD de la acción siendo apelada por la parte actora y resuelto por el Tribunal Administrativo de Cundinamarca Sección Cuarta Sub Sección A, M.P. Luis Antonio Rodríguez Montaño, el cual mediante auto de fecha 19 de septiembre de 2018 CONFIRMA auto del 3 de mayo de 2018.
2. Tutelar los derechos fundamentales antes descritos, en favor del DEPARTAMENTO DE BOYACÁ – SECRETARÍA DE HACIENDA – FONDO PENSIONAL TERRITORIAL DE BOYACÁ, ordenando revocar las providencias de los Juzgados 44, 43 y 40 Administrativo Oral del Circuito de Bogotá, lo mismo que las decisiones del Tribunal Administrativo de Cundinamarca Sección Cuarta Subsección A y Subsección B, M.P. AMPARO NAVARRO LÓPEZ y LUIS ANTONIO RODRÍGUEZ MONTAÑO, y M.P. LINA ÁNGELA MARÍA CIFUENTES CRUZ, respectivamente.
3. Tutelar los derechos fundamentales antes descritos, en favor del DEPARTAMENTO DE BOYACÁ – SECRETARÍA DE HACIENDA – FONDO PENSIONAL TERRITORIAL DE BOYACÁ, ordenando revocar la providencia que resolvió conflicto de competencias, de fecha 3 de abril de 2017, proferida por el Pleno del Tribunal Administrativo de Cundinamarca, dentro del proceso nro. 250002342000201700097-00. […]”
2. SITUACIÓN FÁCTICA
La actora informó que promovió tres (3) demandas bajo el medio de control de Nulidad y Restablecimiento del Derecho con el propósito de obtener la nulidad parcial de las resoluciones proferidas por el Fondo de Previsión Social del Congreso de República - FONPRECON, por medio de las cuales reconoció un derecho pensional y asignó una cuota parte de la pensión al Departamento de Boyacá, Secretaría de Hacienda, Fondo Pensional Territorial de Boyacá, la cuales se tramitaron bajo los siguientes números de radicación: 11001333704320170014401, 11001333704420170003501 y 11001333704020180004501.
Explicó que el proceso de Nulidad y Restablecimiento del Derecho radicado bajo el nro. 11001333704320170014401 correspondió en reparto al Juzgado Cuarenta y Tres (43) Administrativo Oral de Circuito de Bogotá, que por auto del 15 de noviembre de 2017 rechazó la demanda al considerar que había operado el fenómeno jurídico de la caducidad, el cual fue confirmado en proveído de fecha 19 de abril de 2018 por el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Cuarta, Subsección B.
Sostuvo que el Juzgado Cuarenta y Cuatro (44) Administrativo del Circuito de Bogotá conoció en primera instancia del expediente nro. 11001333704420170003501 que en providencia del 14 de septiembre de 2018 rechazó la demanda de Nulidad y Restablecimiento del Derecho toda vez que había caducado y el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Cuarta en auto del 8 de noviembre de 2018 la confirmó.
Señaló que del asunto radicado bajo el nro. 11001333704020180004501, el Juzgado Cuarenta (40) Administrativo del Circuito de Bogotá declaró la caducidad de la demanda de Nulidad y Restablecimiento del Derecho y en proveído del 19 de septiembre de 2018 el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Cuarta, Subsección A resolvió la apelación interpuesta dejando en firme la decisión.
3. TRÁMITE DE LA ACCIÓN DE TUTELA
3.1. La tutela fue radicada el 22 de febrero de 2019 en la Secretaría General de esta Corporación y asignada en reparto el 25 adiado.
3.2. Por auto del 4 de marzo de 2019, se admitió y se dispuso notificar a los Magistrados que integran las Subsecciones A y B de la Sección Cuarta del Tribunal Administrativo de Cundinamarca y a los Jueces Cuarenta (40), Cuarenta y Tres (43) y Cuarenta y Cuatro (44) Administrativos del Circuito de Bogotá; así como comunicar a la Sala Plena del citado Tribunal, al Representante Legal del Fondo de Previsión Social del Congreso de la República, a los señores María Teresa Bonilla de Piñeros, Regina Gómez de Neira, Francisco José Sanabria Quijano y al Representante Legal de la Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado.
Igualmente, se solicitó al Juzgado Cuarenta y Tres (43) Administrativo del Circuito de Bogotá que allegara copia en archivo digital o físico del expediente radicado nro. 11001333704320170014400; al Juzgado Cuarenta y Cuatro (44) Administrativo del Circuito de Bogotá el proceso nro. 11001333704420170003500 y al Juzgado Cuarenta (40) Administrativo del Circuito de Bogotá el asunto radicado nro. 11001333704020180004500.
3.3. El Director General del Fondo de Previsión Social del Congreso de la República, rindió informe en oportunidad manifestando que no es procedente la pretensión de amparo toda vez que la cuota parte no es una prestación periódica de conformidad con lo establecido en los artículos 14 del Decreto 3135 de 1968, 7 del Decreto 1848 de 1969 y 5 del Decreto 1045 de 1978, por lo que en la decisiones judiciales cuestionadas no se configura ninguno de los defectos invocados.
3.4. La Juez Cuarenta y Tres (43) Administrativa de Oralidad del Circuito de Bogotá radicó informe dentro del término concedido para ello, explicando que el análisis para declarar la caducidad del medio de control de Nulidad y Restablecimiento del Derecho estuvo conforme con los presupuestos legales que regulan este tipo de procedimiento, de modo que solicitó no acceder al amparo solicitado. Por último, remitió en calidad de préstamo el expediente nro. 11001 3337 043 2017 0014400.
3.5. A su turno, la Juez Cuarenta y Cuatro (44) Administrativa Oral del Circuito de Bogotá sostuvo que la naturaleza jurídica de la cuota parte pensional es de una contribución parafiscal, en este sentido se debe aplicar la regla de caducidad establecida en el literal d) numeral 2 del artículo 164 de la Ley 1437 de 2011 y no la relativa a una prestación periódica como lo pretende el accionante; aseveró que la decisión adoptada se encuentra debidamente motivada y no le asiste razón al actor cuando afirma que se está reconociendo efectos distintos a la norma de los señalados por el legislador.
Igualmente, anexó junto con la contestación el proceso original de Nulidad y Restablecimiento del Derecho radicado bajo el nro. 11001333704420170003500.
3.6. Los Magistrados que integran la Sección Cuarta, Subsección A del Tribunal Administrativo de Cundinamarca, presentaron informe en tiempo, solicitando se declare improcedente la acción o se niegue el amparo deprecado comoquiera que las providencias cuestionadas se fundamentaron en lo establecido por la Sala Plena del Tribunal y la Jurisprudencia del Consejo de Estado, según la cual la cuota parte pensional se caracteriza por ser una contribución parafiscal por lo que está sometida a los requisitos establecidos en el artículo 164, numeral 2, literal d) de la Ley 1437 de 2011.
3.7. La Juez Cuarenta (40) Administrativa del Circuito Judicial de Bogotá rindió informe de manera extemporánea.
4.- CONSIDERACIONES DE LA SALA
4.1. COMPETENCIA DE LA SECCIÓN
La Sala es competente para conocer del presente asunto, de conformidad con lo previsto por el artículo 37 del Decreto Ley 2591 del 19 de noviembre de 1991 y el artículo 2.2.3.1.2.1. del Decreto 1069 del 26 de mayo de 2015, a su vez modificado por el artículo 1° del Decreto 1983 del 30 de noviembre de 2017, y el artículo 13 del Acuerdo nro. 080 del 12 de marzo 2019, proferido por la Sala Plena del Consejo de Estado, que regula la distribución de negocios entre las secciones.
4.2. HECHOS RELEVANTES:
En el caso concreto se encuentra acreditado lo siguiente:
4.2.1. En el proceso con radicación nro. 11001 3337 043 2017 00144 01:
El Departamento de Boyacá, Secretaría de Hacienda, Fondo Pensional Territorial de Boyacá, por conducto de apoderada judicial, promovió demanda a través del medio de control de Nulidad y Restablecimiento del Derecho, donde formuló las siguientes pretensiones:
“[…] 1. Declarar PARCIALMENTE NULO, el artículo segundo de la Resolución nro. 0773 del 04 de agosto de 1995, emitida por el Fondo de Previsión Social del Congreso de la República – FONPRECON, en relación con el monto de la cuota parte establecida a la extinta Caja de Previsión Social de Boyacá, hoy Departamento de Boyacá, en valor de $261.439.94, a partir del retiro efectivo del servicio, por haber sido liquidada contraria a derecho.
2. Declarar PARCIALMENTE NULO, el artículo segundo de la Resolución nro. 1185 del 3 de noviembre de 1995, emitida por el Fondo de Previsión Social del Congreso de la República – FONPRECON - , mediante la cual se reliquidó la pensión de jubilación, a partir del día en que demuestre su vinculación definitiva del servicio oficial, respecto del monto de la cuota parte establecida para la Caja Previsión Social de Boyacá, hoy departamento de Boyacá, en la medida que se acreditaron aportes por mayores que incrementan el IBL, los cuales ingresaron a FONPRECON, mas no al departamento de Boyacá. […]”
El asunto correspondió por reparto al Juzgado Cuarenta y Tres (43) Administrativo de Oralidad del Circuito Judicial de Bogotá – Sección Cuarta, que por auto del 15 de noviembre de 2017 rechazó la demanda interpuesta por operar el fenómeno de la caducidad.
La precitada decisión fue apelada por la parte demandante y el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Cuarta, Subsección B en proveído del 19 de abril de 2018 la confirmó.
4.2.2. En el expediente de Nulidad y Restablecimiento del Derecho radicado bajo el nro. 11001 3337 044 2017 00035 01:
El Departamento de Boyacá, Secretaría de Hacienda, Fondo Pensional Territorial de Boyacá presentó demanda solicitando la nulidad parcial de los artículos segundos de las Resolución nro. 0086 del 17 de marzo de 1995 y 000931 del 6 de septiembre del mismo año proferidas por el Fondo de Previsión Social del Congreso de la República – FONPRECON.
El Juzgado Dieciocho (18) Administrativo de Oralidad del Circuito de Bogotá, Sección Segunda, por auto del 9 de febrero de 2017 declaró la falta de competencia para conocer del medio de control interpuesto, de modo que lo remitió por competencia a los Juzgados de la Sección Cuarta, al considerar que versa sobre el monto de las cuotas partes pensionales las cuales corresponden a una contribución parafiscal.
El reparto correspondió al Juzgado Cuarenta y Cuatro (44) Administrativo del Circuito de Bogotá, Sección Cuarta, que en providencia del 30 de marzo de 2017 propuso un conflicto negativo de competencia, por concluir que quien debía conocer del proceso era el Juzgado Dieciocho (18) Administrativo de Oralidad del Circuito de Bogotá toda vez que el asunto es de naturaleza laboral.
El Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Segunda, Subsección A, en proveído del 12 de febrero de 2018 dirimió el conflicto negativo de competencias suscitado entre los mencionados juzgados, disponiendo que el medio de control de Nulidad y Restablecimiento del Derecho promovido por el Departamento de Boyacá contra el Fondo de Previsión Social del Congreso de la República, debía ser conocido por el Juzgado Cuarenta y Cuatro (44) Administrativo del Circuito de Bogotá, Sección Cuarta, debido a que:
“[…] La tesis mayoritaria de la Sala Plena del Tribunal Administrativo de Cundinamarca es que en tratándose de cuotas partes pensionales, como derecho crediticio a favor de las entidades, cajas o fondos de previsión, y, dado que se trata desde la óptica que se le mire, de una contribución parafiscal, la competencia para decidir sobre ellas le corresponde a la sección cuarta y no a la segunda (…)
En el caso sub lite, la parte demandante intenta que se declare la nulidad parcial de las Resoluciones 0086 de 17 de marzo de 1995 y 000931 de 6 de septiembre de ese mismo año proferidas por el Fondo de Previsión Social del Congreso de la República, para que en su lugar se modifique la cuota parte que le corresponde cancelar al Departamento de Boyacá, incluso se ordene el reintegro de una suma de dinero por concepto de cuotas partes en relación con la pensión de la señora Tirsa Regina Gómez de Neira.
De manera que como en el proceso antes anotado promovido por el Departamento de Boyacá – Fondo Pensional Territorial de Boyacá contra el Fondo de Previsión Social del Congreso de la República para que se modifique la cuota parte que la primera de las entidades mencionadas debe cancelar a la segunda no se encuentra enmarcado en las características de un asunto laboral, sino que como la naturaleza jurídica de la cuota parte pensional es parafiscal y de tipo crediticia, tal temática debe ser estudiada y decidida por la sección cuarta. […]”
El Juzgado Cuarenta y Cuatro (44) Administrativo del Circuito de Bogotá asumió el conocimiento del asunto y en proveído del 14 de septiembre de 2018 rechazó la demanda interpuesta por caducidad.
El Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Cuarta, Subsección A, confirmó la precitada decisión en auto del 8 de noviembre de 2018.
4.2.3. En la demanda de Nulidad y Restablecimiento del Derecho nro. 11001 3337 040 2018 00045 01:
El Departamento de Boyacá, Secretaría de Hacienda, Fondo Pensional Territorial pretendía la nulidad parcial del artículo segundo de la Resolución nro. 0239 del 9 de febrero de 2004 proferida por el Fondo de Previsión Social del Congreso de la República – FONPRECON, “(…) en relación con el monto de la cuota parte establecida al Fondo Territorial de Pensiones de Boyacá, en valor de $117.577.95 a partir del 6 de abril de 1995 (…)”.
El proceso fue inicialmente tramitado por el Juzgado Cincuenta y Cuatro (54) Administrativo del Circuito de Bogotá, Sección Segunda, que por auto del 26 de octubre de 2016 admitió la demanda; no obstante, en audiencia inicial de fecha 30 de enero de 2018 declaró la falta de competencia al determinar que el objeto de la controversia es de carácter tributario y, en consecuencia, remitió las diligencias a la Sección Cuarta de los Juzgados Administrativos de Bogotá.
El Juzgado Cuarenta (40) Administrativo del Circuito de Bogotá en audiencia inicial celebrada el 3 de mayo de 2018 declaró la caducidad del medio de control de Nulidad y Restablecimiento del Derecho promovido contra la Resolución nro. 0239 del 9 de febrero de 2004 proferida por el Fondo de Previsión Social del Congreso de la República – FONPRECON.
El Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Cuarta, Subsección A, mediante proveído del 19 de septiembre de 2018 confirmó la precitada providencia.
4.3. ANÁLISIS DE LA SALA
Tratándose de tutela contra providencias judiciales, debe hacerse una cuidadosa constatación de los presupuestos de procedibilidad, con el fin de evitar que este instrumento excepcional se convierta en una manera de desconocer principios constitucionales como los de cosa juzgada, debido proceso, seguridad jurídica e independencia judicial.
La Sala observa frente a los requisitos generales de procedencia lo siguiente:
En el proceso de Nulidad y Restablecimiento del Derecho radicado bajo el nro. 11001 3337 043 2017 00144 01:
(i) Se invoca la vulneración de derechos de orden fundamental, como son al debido proceso, a la igualdad y al acceso a la administración de justicia; (ii) el interesado agotó todos los medios de defensa que tenía a su alcance, pues interpuso los recursos procedentes en sede judicial; (iii) las irregularidades manifestadas por el demandante conciernen a los defectos sustantivo, desconocimiento del precedente judicial y violación directa de la Constitución y, (iv) no se trata de una providencia contentiva de una sentencia de tutela.
Sin embargo, no se cumple con el requisito de inmediatez por las siguientes razones:
La jurisprudencia constitucional ha considerado que, dado que la finalidad de la tutela es la protección urgente e inmediata de los derechos fundamentales del solicitante, éste debe formularla en un plazo razonable y proporcionado contado a partir del hecho que originó la amenaza o vulneración de tales derechos, pues aceptar lo contrario desvirtuaría el carácter excepcional de esta acción.
En este sentido, en la sentencia SU-354 de 2017, la Corte Constitucional destacó que la importancia de exigir un término razonable entre la notificación de la sentencia que se controvierte y la interposición de la acción de tutela radica en que dicho requisito: “(…) (i) garantiza una protección urgente de los derechos fundamentales presuntamente amenazados o vulnerados; (ii) evita una lesión desproporcionada a atribuciones jurídicas de terceros; (iii) resguarda la seguridad jurídica; y (iv) desestima las solicitudes negligentes(…)”.
Por lo mismo, la Corte Constitucional ha establecido dos eventos en los que se podrá valorar la admisibilidad de una acción de tutela presentada luego de que hubiese transcurrido un largo periodo de tiempo respecto de la vulneración o amenaza de derechos, a saber: “(…) (i) cuando se demuestre que la vulneración es permanente en el tiempo y que, pese a que el hecho que la originó por primera vez es muy antiguo respecto de la presentación de la tutela, la situación es continua y actual. Y (ii) cuando la especial situación de aquella persona a quien se le han vulnerado sus derechos fundamentales, hace desproporcionado el hecho de adjudicarle la carga de acudir a un juez; por ejemplo, el estado de indefensión, interdicción, abandono, minoría de edad, incapacidad física, entre otros.(…)”
La razonabilidad del plazo debe ser valorada en cada caso concreto, teniendo en cuenta, entre otros, los siguientes criterios: (i) si existe un motivo válido para la inactividad de los accionantes; (ii) si esta inactividad injustificada vulnera el núcleo esencial de los derechos de terceros afectados con la decisión; (iii) si existe un nexo causal entre el ejercicio inoportuno de la acción y la vulneración de los derechos de los interesados, y (iv) si el fundamento de la acción de tutela surgió después de acaecida la actuación violatoria de los derechos fundamentales, de cualquier forma en un plazo no muy alejado de la fecha de interposición.
Frente al presupuesto general de la inmediatez, la Sala Plena de lo Contencioso Administrativo de esta Corporación unificó su jurisprudencia y estableció los requisitos de procedibilidad de la acción de tutela contra providencia judicial, señalando lo siguiente:
“[…] Este requisito que opera de forma general frente a todas las acciones de tutela, es más estricto cuando se interpone contra providencias judiciales, por lo que, como lo ha sostenido la Corte Constitucional, “si se deja pasar un tiempo significativo desde el hecho vulneratorio de los derechos, “resulta claramente desproporcionado el control constitucional de una providencia judicial por la vía de tutela””.
Por tal razón, debe mediar un término razonable entre la ejecutoria de la decisión judicial que se aduce como violatoria de los derechos fundamentales del accionante y la presentación de la acción de tutela para buscar su amparo.
Tal aseveración es razonable toda vez que, “de permitir que la acción de tutela proceda meses o aún años después de proferida la decisión, se sacrificarían los principios de cosa juzgada y seguridad jurídica ya que sobre todas las decisiones judiciales se cerniría una absoluta incertidumbre que las desdibujaría como mecanismos institucionales legítimos de resolución de conflictos”.
Además, tal como se señala en reciente providencia de la misma Corporación, el requisito de la inmediatez protege los derechos de terceros “que pueden ser vulnerados por una tutela ejercida en un plazo irrazonable”.
Además, garantiza la seguridad jurídica, al impedir que el amparo se convierta en un factor que atente contra ese principio“”. También frena el abuso del derecho al “evitar el uso de este mecanismo constitucional como herramienta supletiva de la propia negligencia en la agencia de los derechos”.
Para la Sala, la inmediatez es una condición que permite concretar la urgencia del amparo constitucional y, por tanto, determinar si la acción se interpuso en un plazo razonable.
(…)
Por eso, la Sala Plena, como regla general, acoge un plazo de seis meses, contados a partir de la notificación o ejecutoria de la sentencia, según el caso, para determinar si la acción de tutela contra providencias judiciales se ejerce oportunamente. (Negrillas y resaltado del texto). […]”
Así entonces, en los casos que se controvierten providencias judiciales, por regla general, la acción se debe interponer dentro de los seis (6) meses siguientes a la notificación de la providencia que se cuestiona, teniendo en cuenta la naturaleza del acto jurisdiccional, los plazos previstos en la ley para la interposición de los recursos ordinarios y extraordinarios y la necesidad de que las situaciones jurídicas resueltas logren certeza y estabilidad.
Este plazo deberá ser analizado en cada caso particular, tomando en consideración las circunstancias especiales de modo, tiempo y lugar en que se encuentre el accionante.
Estudiado el asunto bajo examen, se encuentra que la parte actora no interpuso en tiempo la acción de tutela, ni justificó los motivos de su tardanza, habida cuenta que ésta fue radicada el 22 de febrero de 2019 y la providencia que confirmó el rechazo de la demanda de Nulidad y Restablecimiento del Derecho había sido proferida el 19 de abril de 2018 por el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Cuarta, Subsección B, notificada por estado electrónico el 27 de abril de 2018.
Por lo anterior, la Sala concluye frente a este proceso que la acción constitucional es improcedente para controvertir los autos del 15 de noviembre de 2017 y del 19 de abril de 2018 proferidos, en su orden, por el Juzgado Cuarenta y Tres (43) Administrativo del Circuito Judicial de Bogotá, Sección Cuarta y el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Cuarta, Subsección B, toda vez que la tutela se interpuso por fuera de los seis (6) meses, lo que la releva de examinar los restantes requisitos de procedencia adjetiva.
Ahora bien, frente a los procesos de Nulidad y Restablecimiento del Derecho radicado bajo los nro. 11001 3337 040 2018 00045 01 y 11001 3337 044 2017 00035 01:
Se cumplen los requisitos de procedencia, incluida la inmediatez, comoquiera que el amparo se presentó dentro de un término razonable, dado que los proveídos cuestionados fueron proferidos el 19 de septiembre de 2018 y el 8 de noviembre de la misma anualidad y la tutela radicada el 22 de febrero de 2019.
Por consiguiente, es procedente descender al estudio de los defectos que invoca la parte actora en relación con estos dos procesos:
El Defecto sustantivo
Este defecto alude al aspecto normativo que sustenta las decisiones judiciales y se erige como causal de procedibilidad de la acción de tutela en contra de providencias en consideración a que, si bien la competencia asignada a los jueces para interpretar y aplicar las normas jurídicas se encuentra amparada por los principios de autonomía e independencia, ésta no es absoluta, pues al ser una atribución que emana de la función pública de administrar justicia está limitada por los valores, principios, derechos y garantías que identifican al actual Estado Social de Derecho.
Los criterios señalados suponen que la irregularidad que se invoca debe ser de tal importancia y gravedad que haya dado lugar a una decisión violatoria de derechos fundamentales, pues la configuración del defecto sustantivo no puede darse a partir de cualquier diferencia con la interpretación en que se funda una decisión judicial; ello, ya que el derecho es dinámico y constituye una ciencia cultural en la que bien pueden debatirse vías jurídicas distintas para resolver un mismo caso, y todas ellas resultar razonables y compatibles con las garantías y derechos fundamentales de los sujetos procesales, pues son distintas las escuelas de pensamiento jurídico y variados los métodos de interpretación que se utilizan para resolver un problema. Precisamente de ello deriva la autonomía de los jueces en su labor de administración de justicia y la necesidad de establecer órganos de cierre.
Resulta pertinente precisar que en la jurisprudencia constitucional se han identificado varias situaciones que ponen de presente la existencia de un defecto material en una providencia judicial. En atención a los presupuestos que las configuran, dichos eventos pueden agruparse en i) el defecto sustantivo que plantea un conflicto en relación con la fuente formal de la providencia que se ataca y, ii) el defecto sustantivo en torno al método de interpretación de la norma jurídica que fundamenta la decisión, a saber:
Defecto sustantivo respecto de la fuente:
Tiene lugar cuando la sentencia se fundamenta en una norma que indiscutiblemente no es aplicable al caso bajo examen por cuanto, a) es inexistente, b) ha sido declarada contraria a la Constitución, o c) está derogada y por tanto perdió vigencia. Asimismo, tiene lugar este defecto cuando de forma manifiestamente arbitraria y grosera se aplica una norma legal que no se adecúa a la situación fáctica del caso, lo cual debe ser debidamente alegado y probado ante el juez constitucional, a riesgo de desconocerse la autonomía del funcionario judicial que dictó la providencia.
Defecto sustantivo en torno al método:
Se configura cuando la fuente formal de la sentencia radica en una norma aplicable al asunto bajo examen, por lo que hay acuerdo al respecto, pero la hermenéutica que de ella se hace no se encuentra dentro del margen de interpretación razonable y aceptable, o “[…] la aplicación final de la regla es inaceptable por tratarse de una interpretación contraevidente (interpretación contra legem) o claramente perjudicial para los intereses legítimos de una de las partes […]”, o cuando se fija el alcance de una norma desatendiendo otras disposiciones aplicables al caso y que son necesarias para efectuar una interpretación sistemática.
En este asunto, la entidad fundamenta el defecto invocado en que las accionadas “(…) (i) le dan un carácter errado a los actos administrativos demandados (actos derivados del derecho de recobro siendo actos relacionados con el reconocimiento y asignación de cuota parte pensional) y en consecuencia (ii) le dan aplicación a la norma errada (literal d del numeral 2 del artículo 164 y no del literal c) del numeral 1 del artículo 164) rechazando la demanda por caducidad(…)”.
La Sala, en aras de efectuar el análisis planteado por el accionante y determinar si las providencias atacadas incurrieron en el defecto señalado, precisa que la discusión jurídica que se planteó tanto en el proceso de Nulidad y Restablecimiento del Derecho radicado bajo el nro. 11001 3337 040 2018 00045 01 como en el asunto nro. 11001 3337 044 2017 00035 01, giraba en torno a determinar cuál es la naturaleza jurídica de las cuotas partes pensionales, el medio de control pasible para reclamarlas y el término de caducidad que se aplica.
Al efecto se observa que en el proceso nro. 11001 3337 040 2018 00045 01 el Juzgado Cuarenta (40) Administrativo del Circuito de Bogotá en auto del 3 de mayo de 2018 declaró la caducidad del medio de control interpuesto señalando que:
“[…]En concordancia con lo dicho y en estricto cumplimiento del Auto del 03 de abril de 2017 proferido por la Sala Plena del Tribunal Administrativo de Cundinamarca, cuando se demanda una obligación crediticia sobre una contribución parafiscal como es la cuota parte pensional, el término para ejercer el medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho es el contemplado en el literal d del numeral 2 del artículo 164 del C.P.A.C.A que señala que las acciones de nulidad y restablecimiento del derecho deben presentarse dentro del término de 4 meses contados a partir del día siguiente a la notificación, publicación, comunicación o ejecución del acto administrativo demandado.
Este Despacho concluye que la pretensión del DEPARTAMENTO DE BOYACÁ encaminada a declarar la nulidad parcial de la resolución nro. 0239 del 09 de febrero de 2004, se presentó por fuera de los cuatro (4) meses que dispone la Ley 1437 de 2011 para ejercer el medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho. […]” (se destaca)
A su vez, el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Cuarta, Subsección A, mediante proveído del 19 de septiembre de 2018, confirmó la precitada decisión con fundamento en lo siguiente:
“[…] Conforme a lo anterior, es menester comenzar por señalar que si bien los actos acusados versan sobre la asignación de una cuota parte a la demandante, las pretensiones de la demanda no se encaminan a declarar la nulidad respecto del carácter periódico de la obligación contenida sino sobre su contenido crediticio, a tal punto que lo que se pretende es que se re liquide el valor en ellos determinados.
Así las cosas, se extrae que el presente asunto versa sobre una controversia crediticia respecto de una contribución, como lo son las cuotas partes, en virtud de las pretensiones de la demanda y la naturaleza de los actos acusados. En concreto, respecto de las cuotas partes, la Sala advierte que la Sección Cuarta del Consejo de Estado, en sentencia de treinta (30) de agosto de 2004, con ponencia del Consejero Jorge Octavio Ramírez, señaló lo siguiente:
“3.4. De conformidad con lo expuesto, se encuentra que la naturaleza de las cuotas partes pensionales es de la de una contribución parafiscal, en tanto constituyen un aporte obligatorio del empleador, destinado al pago de las mesadas pensionales dentro del esquema de financiación del Sistema General de Seguridad Social en Pensiones (…).
En providencia de diecisiete (17) de mayo de 2018, dentro del expediente nro. 11001031500020180061500, C.P: Dr. Carlos Enrique Moreno Rubio, se concluyó lo siguiente:
“(…) el asunto que nos ocupa en esta oportunidad, (…) se trata de la definición del porcentaje de la cuota parte de una pensión cuyo pago corresponde a dos entidades públicas.
Lo anterior significa que si bien la pensión a cargo de las entidades involucradas es una prestación periódica, lo que se controvierte no es su reconocimiento, o los factores salariales que se deben tener en cuenta para su liquidación, sino el porcentaje del monto que corresponde a cada una, es decir, no se plantea el reconocimiento de un derecho prestacional.
(…)
Tal como se observa, el Tribunal demandado acogió el criterio del pleno de la Corporación, de acuerdo con el cual las cuotas partes pensionales tienen carácter parafiscal y, por tal motivo, las demandas que versen sobre el particular deben presentarse dentro del lapso previsto por la ley para el efecto, en este caso, el término de cuatro meses de que trata el literal d) del numeral 2 del artículo 164 de la Ley 1437 de 2011.
(…)
Señalando lo anterior, se advierte que, como lo expuso el a quo, la demandante interpuso la demanda por fuera del término recién señalado, toda vez que conocía desde el año 2003 de la suma fijada a su cargo como cuota parte pensional, y solo vino a interponer la demanda hasta el siete (7) de octubre de 2016, lo cual resulta extemporáneo. […]” (se destaca)
Conforme con lo anterior, la Sala estima que las providencias cuestionadas no incurrieron en el defecto sustantivo señalado, en la medida que los accionados explicaron cuál era el fundamento legal para considerar que las cuotas partes pensionales tiene un carácter parafiscal y, en ese sentido, por no tratarse de actos administrativos que reconocían una prestación periódica, la regla aplicable para presentar la demanda, era la establecida en el literal d) del numeral 2 del artículo 164 de la Ley 1437 de 2011.
En lo concerniente al proceso de Nulidad y Restablecimiento del Derecho radicado bajo el nro. 11001 3337 044 2017 00035 01, la parte accionante cuestiona el auto del 14 de septiembre de 2018 del Juzgado Cuarenta y Cuatro (44) Administrativo del Circuito de Bogotá, por medio del cual rechazó la demanda interpuesta por el Departamento de Boyacá por caducidad, decisión que confirmó el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Cuarta, Subsección A; por lo tanto, la Sala, con el objeto de establecer si las autoridades judiciales accionadas incurrieron en el defecto invocado en las providencias cuestionadas estima necesario retrotraerse a lo que allí se analizó:
Es así como el proveído del 14 de septiembre de 2018, estuvo precedido de los siguientes argumentos:
“[…] Visto el informe secretarial que antecede, se observa que a través del medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho, el Departamento de Boyacá – Fondo Pensional Territorial de Boyacá promovió demanda contra el Fondo de Previsión Social del Congreso de la República – FONPRECON con el fin de que se declare la nulidad de los siguientes actos administrativos:
La nulidad parcial del artículo segundo de la Resolución nro. 0086 de 17 de marzo de 1995, en relación con el monto de la cuota parte establecida a la extinta Caja de Previsión Social de Boyacá.
La nulidad parcial de artículo segundo de la Resolución nro. 000931 de 6 de septiembre de 1995, por medio del cual se reliquidó la pensión de la señora TIRSA REGINA GOMEZ DE NEIRA.
A título de restablecimiento del derecho requirió que la entidad demandada modifique el porcentaje y valor de la cuota parte pensional.
Teniendo en consideración los actos cuya nulidad se solicita, el Despacho entrará a verificar si la demanda reúne los requisitos previstos en el artículo 162 del CPACA para su admisión, así como la oportunidad para su presentación en los términos del artículo 164 ibídem.
(…)
Así las cosas, se tiene que a pesar de que no obra en el expediente constancia de notificación personal de los actos demandados, se colige que el Fondo Pensional Territorial de Boyacá, tenía un conocimiento inequívoco de los actos hoy demandados, desde el 19 de noviembre de 2009, fecha en la que reconoció el pago de las cuotas pensionales, obligación que nació con las Resolución nro. 000086 de 17 de marzo de 1995 y Resolución nro. 00931 de 6 de septiembre de 1995, por lo tanto, se tiene que si la notificación por conducta concluyente se materializó el 20 de noviembre de 2009, la demanda debió presentarse a más tardar el 20 de marzo de 2010; y como lo fue hasta el 24 de noviembre de 2016, operó el fenómeno de la caducidad (f.72) […]”
A su turno, el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Cuarta, Subsección A, resolvió el recurso de apelación advirtiendo:
“[…] Los actos administrativos acusados surgen de la determinación de la cuota parte pensional establecida en los actos demandados en cabeza de la demandante, derivada del reconocimiento de la pensión de jubilación de la señora Tirsa Regina Gómez de Neira, y que ello necesariamente conduce a atribuir la competencia del conocimiento de este asunto a los Magistrados de la Sección Segunda de este Tribunal, pues las resoluciones demandadas no se dictaron al interior de un proceso de determinación de un tributo ni de cobro coactivo, caso en el que la competencia recaería en esta Sección, según las normas de competencia determinadas en el artículo 18 del Decreto 2288 de 1989, sin embargo, la Sala Plena de esta Corporación al resolver un conflicto de competencias suscitado entre los Juzgados adscritos a las Secciones Segunda y Cuarta, por un asunto con iguales características al que aquí se propone, adjudicó la competencia de esta clase de controversias a la Sección Cuarta.
(…)
Cabe anotar que los Magistrados de la Sección Cuarta salvamos voto dentro de la citada providencia, no obstante, en cumplimiento de la orden impartida por la Sala Plena de este Tribunal, se procederá a efectuar el análisis correspondiente de conformidad con las normas que regulan la parafiscalidad, la cual se encuentra sometida a los requisitos establecidos establecidos en el literal d) del numeral 2 del artículo 164 de la Ley 1437 de 2011, pues es evidente que, dado el carácter parafiscal que reviste a la cuota parte pensional, no se puede pensar que la demanda se dirige contra actos administrativos que reconocen prestaciones periódicas, y que por ello se deba aplicar el numeral 1°, literal c, del artículo 164 del C.P.A.C.A. […]”
Así las cosas, en los términos en que ha sido propuesta la presente tutela, no puede predicarse que los accionados hayan incurrido en un defecto sustantivo, toda vez que no aplicaron una norma derogada, inexistente o contraria a la Constitución ni hicieron una interpretación arbitraria de la ley, sino que por el contrario acogieron el criterio interpretativo de la Sala Plena del Tribunal Administrativo de Cundinamarca, según el cual la naturaleza jurídica de la cuota parte pensional es de carácter parafiscal y explicaron con suficiencia las razones por las que consideraron que el medio de control estaba caducado; en consecuencia, el hecho de que la entidad accionante no comparta dicho criterio no puede traducirse en un defecto sustantivo.
Desconocimiento del precedente judicial
De manera previa a abordar el alcance del defecto aludido, se debe precisar que la Corte Constitucional a través de su jurisprudencia ha definido como precedente judicial “la sentencia o conjunto de ellas, anteriores a un caso determinado, que por su pertinencia o semejanza en los problemas jurídicos resueltos, debe necesariamente considerarse por las autoridades judiciales al momento de emitir un fallo”. Al respecto, estableció como criterios para concluir cuando se está ante un precedente, los siguientes: “i) que en la ratio decidendi de la sentencia anterior se encuentre una regla jurisprudencial aplicable al caso a resolver; ii) que esta ratio resuelva un problema jurídico semejante al propuesto en el nuevo caso y iii) que los hechos del caso sean equiparables a los resueltos anteriormente”.
Bajo los parámetros indicados, un precedente se configura cuando la sentencia pretende resolver un idéntico problema, desde la perspectiva jurídica y fáctica, lo que supone un mismo aspecto jurídico a considerar, unos mismos hechos relevantes, probados y debidamente connotados e iguales fundamentos en derecho. A estos efectos, el examen de los requisitos que deben cumplirse para que se ataque la sentencia en sede de tutela por desconocimiento del precedente, impone al actor la carga de identificar el problema jurídico que resolvió la sentencia cuestionada para compararlo con el problema jurídico resuelto por el precedente, determinando consecuentemente su identidad en los hechos y en el derecho.
Visto así, el desconocimiento del precedente supone que la sentencia cuestionada sea idéntica con aquél en su objeto y causa, entendiéndose por el primero la pretensión jurídica analizada, y por la causa los hechos en que se funda dicha pretensión y los fundamentos normativos de la misma. No habrá entonces desconocimiento del precedente si la sentencia analizada difiere en cualquiera de los aspectos indicados.
Ahora bien, debe destacarse que el deber de respeto o sometimiento a los precedentes judiciales no es absoluto. En efecto, una comprensión excesiva del deber de atenerse a ellos podría suponer la negación de los principios de autonomía e independencia judicial (artículos 228 y 230 CP).
Precisamente por lo anterior la jurisprudencia de la Corte Constitucional ha establecido que el juez puede apartarse válidamente de los precedentes, bien sean estos verticales u horizontales, siempre y cuando se justifiquen de manera clara y precisa las razones para ello. A este respecto, dicha Corporación precisó que resulta válido que las autoridades judiciales, merced a la autonomía que les reconoce la Carta Política, puedan en eventos concretos apartarse del precedente; pero aclaró que, en cualquier caso, esa opción argumentativa está sometida a estrictos requisitos, entre otros (i) hacer explícitas las razones por las cuales se aparte de la jurisprudencia en vigor sobre la materia objeto de escrutinio judicial –requisito de transparencia-, y (ii) demostrar suficientemente que la interpretación alternativa que se ofrece desarrolla de mejor manera los derechos, principios y valores constitucionales –requisito de suficiencia-.
En el escenario hasta aquí esbozado, es posible concluir que, cuando un juez desconoce una regla jurisprudencial vinculante y plenamente aplicable a determinada situación, sin cumplir con la carga argumentativa descrita, incurre en la causal de procedibilidad de la acción de tutela contra providencias judiciales, relacionada con el desconocimiento del precedente judicial y, en consecuencia, vulnera el derecho fundamental a la igualdad de las personas que acudieron a la administración de justicia. Contrario sensu, cuando la sentencia que difiere del precedente fundamenta su decisión de manera razonable y suficiente, justificando tal posición, no resultará procedente la acción de tutela por esta causal específica.
Finalmente, la jurisprudencia ha sido reiterativa en señalar las premisas bajo las cuales habrá de interpretarse una decisión judicial acusada de incurrir en el defecto en mención, anotando al respecto que se debe: “i) determinar la existencia de un precedente o de un grupo de precedentes aplicables al caso concreto y distinguir las reglas decisionales contenidas en estos precedentes; ii) comprobar que el fallo judicial impugnado debió tomar en cuenta necesariamente tales precedentes pues de no hacerlo incurriría en un desconocimiento del principio de igualdad; iii) verificar si el juez tuvo razones fundadas para apartarse del precedente judicial por encontrar diferencias fácticas entre el precedente y el caso analizado, o por considerar que la decisión debería ser adoptada de otra manera para lograr una interpretación más armónica en relación con los principios constitucionales, y más favorable a la vigencia y efectividad de los derechos fundamentales, de acuerdo con el principio pro homine.”
En el caso bajo estudio, la parte actora adujo como sustento de la configuración de este defecto, que las entidades judiciales accionadas no tuvieron en cuenta la sentencia C – 895 del 2009 de la Corte Constitucional y los siguientes conceptos y providencias proferidas por esta Corporación:
“[…] - Consejo de Estado, Sala de Consulta y Servicio Civil, Concepto del 20 de agosto de 1998, rad. 1108; Consejo de Estado, Sala de Consulta y Servicio Civil, Concepto del 22 de noviembre de 2001, rad. 1383; Consejo de Estado, Sección Segunda, Sentencia del 17 de noviembre de 2005, rad. 11001 0325 000 2001 00251 00 (3578 -01).
• Consejo de Estado, Sala Contencioso Administrativa, Sección Segunda, Subsección A, Consejero ponente: GUSTAVO EDUARDO GOMEZ ARANGUREN. Radicación número: 25000 – 23 – 25 – 000 – 2007 – 00341 – 02 (2030 – 10), Sentencia de fecha 11 de septiembre de 2013. (…)
• Radicado: 17001 2331 000 2010 00247 01 (4404 – 2013). Actor: Corporación Autónoma Regional de Caldas. (…)
• Igualmente, recientes pronunciamientos de la Sección Cuarta del máximo organismo de lo Contencioso Administrativo, en los que siendo las mismas partes (Departamento de Boyacá vs FONPRECON), Radicado nro. 25000233700020170150501 (23704) […]”
Así las cosas, con la finalidad de verificar si las providencias aludidas constituyen o no precedente, se tiene lo siguiente:
En cuanto a la Sentencia C – 895 del 2 de diciembre de 2009 proferida por la Corte Constitucional:
Lo primero que precisa la Sala como ya lo ha dicho en otras oportunidades respecto de las sentencias de constitucionalidad, es que: “(…) en razón a la naturaleza de la acción pública de inconstitucionalidad, cuya finalidad es garantizar la integridad y la supremacía del orden constitucional objetivo, la defensa de los derechos subjetivos es una consecuencia derivada de su ejercicio, pero no constituye su fin directo; en ese sentido, tales providencias no pueden considerarse como precedente judicial en la solución de un caso particular; ello sin perjuicio de su alcance interpretativo que es de obligatoria observancia para los administradores de justicia al resolver casos concretos (…).”
Con todo, la citada sentencia tampoco sería constitutiva de precedente, toda vez que el problema jurídico allí planteado consistió en resolver si: “(…) la norma que consagra la prescripción del derecho al recobro de las cuotas partes pensionales, una vez efectuado el pago de la mesada respectiva, supone una destinación diferente de los recursos de la seguridad social y afecta la sostenibilidad del sistema de seguridad social en detrimento del artículo 48 Superior, o si por el contrario la prescripción allí prevista no riñe con el ordenamiento constitucional (…)”
La Corte Constitucional concluyó que las expresiones “y prescripción de la acción de cobro” y “el derecho al recobro de las cuotas partes pensionales prescribirá a los tres (3) años siguientes al pago de la mesada pensional respectiva” del artículo 4 de la Ley 1066 de 2006 no vulneran el artículo 48 de la Constitución, por lo que las declaró exequibles.
• Por otra parte, el accionante cita como precedente la sentencia de fecha 11 de septiembre de 2013; sin embargo, una vez consultado el número de radicación en la relatoría de esta Corporación se colige que se trata de la providencia de fecha 11 de julio de 2013 proferida por el Consejo de Estado.
En este caso, el Fondo de Previsión Social de Congreso de la República – FONPRECON promovió demanda bajo el medio de control de Nulidad y Restablecimiento del Derecho, en la modalidad de lesividad, contra el acto administrativo que reconoció la sustitución pensional de un ex congresista con el reajuste especial de la pensión de invalidez en un porcentaje del 75%.
El Consejo de Estado planteó el siguiente problema jurídico: “(…)establecer si a la señora María del Rosario Guerrero de Sánchez, a quien se le sustituyó la Pensión de invalidez del señor ISAAC SÁNCHEZ PALAU (q.e.p.d.), quien ejerció como Senador de la República, le asiste el derecho al reajuste especial de su mesada pensional en un porcentaje del 75% de lo devengado por un Congresista en ejercicio, o si ese reconocimiento deberá ser equivalente al 50% del promedio de las pensiones a que tendrían derecho los actuales Congresistas, con efectos fiscales a partir del 1º de enero de 1994, como lo concluyó el a quo en la providencia apelada. (…)”
En su estudio, esta Corporación explicó que la pensión de invalidez fue adquirida por el demandado con antelación al 18 de mayo de 1992, por lo que le asistía derecho a un reajuste especial de su mesada, de tal manera que alcanzara un valor equivalente al 50% de la pensión que devengaba un Congresista para el año 1994; y no en el porcentaje del 75% como lo determinó el Fondo.
De lo anterior se desprende que, aunque el medio de control es el de Nulidad y Restablecimiento del Derecho, no existe identidad fáctica ni jurídica, en tanto que en aquel se estudió si había lugar al reajuste especial de la mesada pensional; mientras que en los autos cuestionados a través de la presente tutela se analizó si se debía rechazar la demanda interpuesta por haber operado el fenómeno jurídico de la caducidad frente a la asignación de cuotas partes pensionales.
• La actora adujo que las entidades judiciales accionadas no tuvieron en cuenta la providencia radicada bajo el nro. 17001 2331 000 2010 00247 01, a través de la cual la Sección Quinta de esta Corporación declaró la falta de competencia para tramitar el asunto allí discutido, y el proveído del 11 de septiembre de 2018 proferido por la Sección Cuarta del Consejo de Estado; sin embargo, por tratarse de autos no puede predicarse el desconocimiento del precedente, lo que releva a la Sala de adentrarse en su análisis.
• Frente a los conceptos del 20 de agosto de 1998 y del 22 de noviembre de 2001 de la Sala de Consulta y Servicio Civil del Consejo de Estado, se recuerda que el ejercicio de la función consultiva de esta Corporación no es de rango jurisdiccional, por lo que los precitados conceptos tampoco pueden ser invocados como desconocimiento del precedente.
• Por otro lado, el actor cita como precedente la sentencia de fecha 17 de noviembre de 2005 de la Sección Segunda del Consejo de Estado radicada bajo el nro. 11001 0325 000 2001 00251 00 que, consultada en la relatoría del Consejo de Estado, no existe.
• Por último, el accionante alega como sustento del desconocimiento del precedente horizontal que se dejaron de tener en cuenta dos autos proferidos por el Tribunal Administrativo de Cundinamarca; los cuales de un lado, no constituyen precedente en la medida que no se profirieron por un órgano de cierre de alguna de las jurisdicciones y por el otro, lo que allí se discutió fue en la primera, la competencia para conocer del asunto por parte de los juzgados administrativos y en la segunda, el recurso de apelación contra el auto que había rechazado la demanda, por lo tanto, no es posible predicar de los mismos que sean precedente.
Violación directa de la Constitución:
Esta causal de procedibilidad de la acción de tutela contra sentencias judiciales se fundamenta en el principio de supremacía constitucional previsto por el artículo 4 de la Constitución Política, en virtud del cual los preceptos y mandatos allí dispuestos son normas jurídicas de aplicación inmediata, de carácter vinculante y eficacia directa, cuya fuerza normativa impone a todos los administradores de justicia el deber de velar por su cumplimiento y prevalencia.
A este respecto, la jurisprudencia constitucional ha insistido en que el actual ordenamiento constitucional reconoce valor normativo a los preceptos superiores, al punto que de ellos se derivan mandatos y previsiones cuya aplicación corresponde a las distintas autoridades y, en determinados eventos, a los particulares. En esas circunstancias, resulta plenamente factible que una decisión judicial pueda cuestionarse a través de la acción de tutela cuando desconoce o aplica indebida e irrazonablemente tales postulados.
En esa medida, el defecto por violación directa de la Constitución se asienta en el modelo de Estado Social de Derecho adoptado en 1991 y parte de la obligación “(…) que les asiste a todas las autoridades judiciales de velar por el cumplimiento del mandato consagrado en el artículo 4° de la Carta Política, según el cual ‘la Constitución es norma de normas. En todo caso de incompatibilidad entre la Constitución y la ley u otra norma jurídica, se aplicarán las disposiciones constitucionales (…)’”.
En criterio de la Corte Constitucional, esta causal tiene lugar cuando el juez ordinario adopta una decisión que representa la inaplicación de una norma constitucional para el caso concreto, o cuando aplica una norma de rango inferior al constitucional, al margen de los dictados de la Constitución.
La Corte ha identificado casos en los que típicamente procede la tutela contra providencias judiciales por violación directa de la Constitución, que de igual modo pueden agruparse en consideración a si el conflicto se suscita a partir de la fuente o del método de interpretación, a saber:
Violación directa de la Constitución por razón de la fuente
(i) cuando se presenta una violación evidente a un derecho fundamental, por naturaleza, de aplicación inmediata;
(ii) cuando no existiendo precepto legal directamente aplicable a la situación, deja de acudirse directamente a las normas constitucionales.
(iii) cuando el juez encuentra una norma manifiestamente incompatible con la Constitución y adopta su decisión sin aplicar la excepción de inconstitucionalidad, evento en el cual, de igual forma, la providencia incurriría en defecto sustantivo. Ello por cuanto, en un supuesto tal, solo podría concluirse que el juez fundamentó su decisión en normas que, siendo de menor jerarquía, contravienen los principios y derechos establecidos en la Carta y, en definitiva, adoptó una decisión que de acuerdo con el principio de interpretación conforme a la Constitución, no podría existir en el ordenamiento jurídico.
En todo caso, dada la naturaleza de la acción de tutela, solo procede si hay vulneración de un derecho fundamental, pues son ellos los llamados a ser protegidos por esta figura.
Violación directa de la Constitución en torno al método
Cuando los jueces desconocen el principio de interpretación conforme con la Constitución, que les exige una actitud reflexiva sobre la compatibilidad entre el contenido normativo cuya aplicación se demanda y la Constitución, para preferir, ante comprensiones diferentes de una misma disposición, aquella que resulte incompatible con los postulados Constitucionales, vulnerando derechos fundamentales.
Ante la evidencia de que muchas de las situaciones caracterizadas coinciden con las causales de configuración de los defectos sustantivo y desconocimiento del precedente, la jurisprudencia constitucional ha reconocido que entre las causales especiales de procedencia de la acción de tutela contra providencia judicial “no existe un límite indivisible” y que una misma circunstancia bajo análisis puede encuadrarse dentro de varios de ellos.
La Corte ha explicado que la violación directa de la Constitución debe ser entendida como una causal específica autónoma de procedencia del amparo constitucional contra una decisión judicial, ante la exigencia de razonabilidad y de proporcionalidad en el proceso interpretativo que realizan los jueces o autoridades administrativas, el cual siempre estará sujeto, entre otros aspectos, a la concordancia con la Carta Política.
Esta causal de procedibilidad de la acción de tutela no supone el desconocimiento de cualquier norma constitucional sino concretamente la infracción de normas superiores relativas a derechos y garantías fundamentales, en consideración a que es precisamente para el amparo de éstos que se encuentra instituida en la Carta Política la acción de tutela. Por ende, es indispensable que el análisis que efectúe el juez al examinar esta causal se circunscriba a las citadas normas constitucionales.
En el caso concreto, el actor estima que se presenta una violación directa de la Constitución puesto que “(…) tanto los jueces ad quo (sic) como los ad quem, en la solución del caso, siendo que la controversia versa sobre la asignación de la cuota parte pensional a las entidades concurrentes, dejaron de aplicar e interpretar el literal c) del numeral 1 del artículo 164, para aplicar el literal d) del numeral 2 del artículo 164, interpretado que las resoluciones acusadas se relacionan con actos de recobro(…)”; sin embargo, no explica las razones de dicha transgresión, ni se desprende que se haya dejado de aplicar un precepto constitucional o legal, o aplicado una norma manifiestamente incompatible con la Constitución o haya sido desconocido el principio de interpretación conforme con la Constitución.
Por último, la Sala recuerda que la acción de tutela no fue instituida para impugnar o controvertir asuntos fallados en derecho por los jueces naturales en virtud de su autonomía y competencias constitucionales y legales, como si se tratara de una tercera instancia, pues es un mecanismo excepcional y subsidiario al que pueden acudir los ciudadanos de manera extraordinaria cuando las decisiones judiciales adolezcan de los defectos que ha desarrollado la jurisprudencia constitucional.
En conclusión, en el asunto bajo análisis, los pretendidos defectos sustantivo, desconocimiento del precedente, y violación directa de la Constitución no se configuran, lo que permite concluir que no le asiste razón al accionante y deberá negarse el amparo de tutela solicitado frente a las providencias cuestionadas en los procesos de Nulidad y Restablecimiento radicados bajo los nro. 11001 3337 040 2018 00045 01 y 11001 3337 044 2017 00035 01.
En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la Ley,
F A L L A
PRIMERO: DECLARAR improcedente la acción de tutela instaurada por el Departamento de Boyacá- Secretaría de Hacienda- Fondo Pensional Territorial de Boyacá, contra el Juzgado Cuarenta y Tres (43) Administrativo del Circuito Judicial de Bogotá y el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Cuarta, Subsección B.
SEGUNDO: NEGAR la acción de tutela instaurada por el Departamento de Boyacá- Secretaría de Hacienda- Fondo Pensional Territorial de Boyacá, contra el Juzgado Cuarenta y Cuatro (44) Administrativo del Circuito de Bogotá, el Juzgado Cuarenta (40) Administrativo del Circuito de Bogotá y el Tribunal Administrativo de Cundinamraca, Sección Cuarta, Subsección A.
TERCERO: NOTIFICAR a las partes e intervinientes en la forma prevista en el artículo 30 del Decreto Ley 2591 de 1991.
CUARTO: En caso de que la presente providencia no fuere impugnada, ORDENAR a la Secretaría que devuelva al Juzgado Cuarenta y Cuatro (44) Administrativo del Circuito de Bogotá, el expediente nro. 11001 3337 044 2017 00035 01 y al Juzgado Cuarenta y Tres (43) Administrativo del Circuito de Bogotá, el proceso nro. 11001 3337 043 2017 00144 01, remitidos a esta Corporación en calidad de préstamo.
QUINTO: REMITIR el expediente a la Corte Constitucional para su eventual revisión, dentro de los diez (10) días siguientes a la ejecutoria de esta providencia, si no fuere impugnada oportunamente en los términos señalados por la Ley.
SEXTO: Enviar una copia de la presente providencia a los Juzgados Cuarenta (40), Cuarenta y Tres (43) y Cuarenta y Cuatro (44) Administrativos del Circuito de Bogotá, Sección Cuarta y al Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Cuarta, Subsecciones A y B.
SÉPTIMO: Se reconoce personería adjetiva a la profesional del derecho Dora Mercedes Gómez Comba identificada con cedula de ciudadanía nro. 46. 361. 707 y portadora de la tarjeta profesional nro. 209.783 del Consejo Superior de la Judicatura, en calidad de apoderada judicial del accionante.
Se deja constancia que la anterior providencia fue leída, discutida y aprobada por la Sala en la sesión de la fecha.
CÓPIESE, NOTIFÍQUESE, COMUNÍQUESE Y CÚMPLASE,
OSWALDO GIRALDO LÓPEZ
Presidente
Consejero de Estado
NUBIA MARGOTH PEÑA GARZÓN
Consejera de Estado
HERNANDO SÁNCHEZ SÁNCHEZ
Consejero de Estado
ROBERTO AUGUSTO SERRATO VALDÉS
Consejero de Estado
Folio 8 del cuaderno 1 de la acción de tutela.
A folio 1 del cuaderno 1 de la acción de tutela obra sello de radicación de la Secretaría General.
Según consta en el Acta Individual de Reparto obrante a folio 74 del cuaderno 1 de la acción de tutela.
Folios 76 y 77 del cuaderno 1 de la acción de tutela.
Esta orden se cumplió en la fecha del 6 de marzo de 2019 según consta de folios 78 a 87 del cuaderno 1 de la acción de tutela.
Folio 89 a 91 del cuaderno 1 de la acción de tutela.
Folios 92 a 98 del cuaderno 1 de la acción de tutela.
Folios 99 a 101 del cuaderno 1 de la acción de tutela.
Folios 108 a 114 del cuaderno 1 de la acción de tutela.
Folios 175 a 176 del cuaderno 1 de la acción de tutela.
“Por medio del cual se expide el decreto único reglamentario del sector justicia y del derecho” y establece las reglas de reparto de la acción de tutela.
“Por el cual se modifican los artículos 2.2.3.1.2.1, 2.2.3.1.2.4 y 2.2.3.1.2.5 del Decreto 1069 de 2015, Único Reglamentario del sector Justicia y del Derecho, referente a las reglas de reparto de la acción de tutela.”
Por medio del cual se compila y actualiza el reglamento interno del Consejo de Estado, publicado el 1° de abril de 2019 en el Diario Oficial número 50913.
Lo que se desprende de los procesos de Nulidad y restablecimiento del Derecho radicado bajo los nro. 11001333704020180004501, 11001333704420170003501 y 1100133370432017014401.
Folios 8 a 26 del Cuaderno de Nulidad y Restablecimiento radicado bajo el nro. 1100133374320170014401.
Folios 123 a 127 del Cuaderno de Nulidad y Restablecimiento del Derecho radicado bajo el nro. 1100133374320170014401.
Folios 137 a 145 del Cuaderno de Nulidad y Restablecimiento del Derecho radicado bajo el nro. 1100133374320170014401.
Folios 72 a 87 del Cuaderno de Nulidad y Restablecimiento del Derecho radicado bajo el nro. 11001333704420170003501.
Folio 74 y 75 del Cuaderno de Nulidad y Restablecimiento del Derecho radicado bajo el nro. 11001333704420170003501.
Folios 80 a 83 del Cuaderno de Nulidad y Restablecimiento del Derecho radicado bajo el nro. 11001333704420170003501.
Folios 4 a 11 del Cuaderno de Conflicto de Competencias radicado bajo el nro. 25000234200020170210200.
Folios 160 a 163 del Cuaderno de Nulidad y Restablecimiento del Derecho radicado bajo el nro. 11001333704420170003501.
Folios 179 a 185 del Cuaderno de Nulidad y Restablecimiento del Derecho radicado bajo el nro. 11001333704420170003501.
Folios 8 a 22 del Cuaderno de Nulidad y Restablecimiento del Derecho radicado bajo el nro. 1100133374020180004501.
Folio 113 del Cuaderno de Nulidad y Restablecimiento del Derecho radicado bajo el nro. 1100133374020180004501.
Folio 142 a 144 del Cuaderno de Nulidad y Restablecimiento del Derecho radicado bajo el nro. 1100133374020180004501.
Folios 159 a 166 del Cuaderno de Nulidad y Restablecimiento del Derecho radicado bajo el nro. 1100133374020180004501.
Folios 171 a 177 del Cuaderno de Nulidad y Restablecimiento del Derecho radicado bajo el nro. 1100133374020180004501.
M.P. Iván Humberto Escrucería Mayolo.
Sentencias T-584 de 2011, SU-499 de 2016 entre otras.
Sentencia T-584 de 2011.
Sentencias T-648 de 2003, T-322 de 2008, T-581 de 2012, entre otras.
Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso Administrativo. Sentencia del 5 de agosto de 2014. Rad.:11001-03-15-000-2012-02201-01 (IJ). Actor: Alpina Productos Alimenticios S.A.; M.P. Jorge Octavio Ramírez Ramírez.
“En la sentencia se cita la providencia SU-961 de 1999”
“Sentencia T-189 de 2009.”
“Esta exigencia se deriva del requisito general de procedencia de la acción de tutela contra decisiones judiciales, contemplado en el literal c) del fundamento jurídico 24 de la sentencia C-590 de 2005.”
“Ibíd.”
“Corte Constitucional. Sentencia T-217 de 2013. M.P. Alexei Julio Estrada. “
“Sentencias T-016 de 2006, T-158 de 2006, T-654 de 2006, T-890 de 2006, T-905 de 2006, T-1084 de 2006, T-1009 de 2006, T-792 de 2007, T-594 de 2008 entre otras. “
“Sentencias T-526 de 2005, T-016 de 2006, T-158 de 2006, T-692 de 2006, T-890 de 2006, T-905 de 2006, T-1009 de 2006, T-1084 de 2006, T-825 de 2007, T-299 de 2009, T-691 de 2009 y T-883 de 2009, entre otras.”
“Sentencia T-594 de 2008. En el mismo sentido sentencias T-526 de 2005, T-016 de 2006, T-692 de 2006, T-1009 de 2006, T-299 de 2009, T-691 de 2009, T-883 de 2009, entre otras.”
Folio 1 del cuaderno 1 de la acción de tutela.
Folio 137 a 145 del proceso de Nulidad y Restablecimiento del Derecho radicado bajo el nro. 11001333704320170014401.
Folios 149 y 150 del proceso de Nulidad y Restablecimiento del Derecho radicado bajo el nro. 11001333704320170014401.
Consejo de Estado- Sala Plena de lo Contencioso Administrativo. Sentencia del 5 de agosto de 2014, Radicado nro. 11001-03-15-000-2012-02201-01, C.P. Jorge Octavio Ramírez Demandante: Alpina Productos Alimenticios S.A., Demandado: Consejo de Estado – Sección Primera, donde se dijo que acogiendo la jurisprudencia de la Corte Constitucional era razonable que se presentara el amparo máximo en seis (6) meses después de notificada la providencia que se cuestionaba en sede constitucional, sin perjuicio de estudiar en cada caso, las circunstancias particulares para determinar el cumplimiento del requisito de inmediatez.
Corte Constitucional, Sentencia T-757 de 2009, M.P.: Luis Ernesto Vargas Silva.
Corte Constitucional, Sentencia T-453 de 2017, M.P.: Diana Fajardo Rivera, en la cual se reitera lo señalado en las sentencias SU-399 de 2012 M.P. Humberto Antonio Sierra Porto, SU-400 de 2012 M.P. (e): Adriana María Guillén Arango, SU-416 de 2015 M.P.: Alberto Rojas Ríos y SU-050 de 2017 M.P.: Luis Ernesto Vargas Silva.
Corte Constitucional, Sentencia T-453 de 2017, M.P.: Diana Fajardo Rivera.
Folio 4 del cuaderno 1 de la acción de tutela.
Folio 159 a 166 del Cuaderno de Nulidad y Restablecimiento del Derecho radicado bajo el nro. 11001 3337 040 2018 00045 01.
Folios 171 a 177 del Cuaderno de Nulidad y Restablecimiento del Derecho radicado bajo el nro. 11001 3337 04020180004501.
Folio 160 a 163 del Cuaderno de Nulidad y Restablecimiento del Derecho radicado bajo el nro. 11001 3337 044 2017 00035 01.
Folio 179 a 183 del Cuaderno de Nulidad y Restablecimiento del Derecho radicado bajo el nro. 11001 3337 044 2017 00035 01.
Corte Constitucional. Sentencias T-088 de 2018, T-499 de 2017, T-292 de 2006 y Auto 397 de 2014.
Corte Constitucional. Sentencias T-088 de 2018 y SU-053 de 2015.
Corte Constitucional. Sentencia C-634 de 2011.
Corte Constitucional. Sentencias T-088 de 2018 y T-351 de 2011.
Folio 4 y 5 del cuaderno 1 de la acción de tutela.
M. P. Jorge Iván Palacio Palacio.
Consejo de Estado. Sala de lo Contencioso Administrativo. Sección Primera. Sentencia del 16 de agosto de 2018. M.P. Oswaldo Giraldo López. Expediente radicación número 11001-03-15-000-2018-01366-01.
“Por la cual se dictan normas para la normalización de la cartera pública y se dictan otras disposiciones”
C.P. Gustavo Eduardo Gómez Aranguren.
C.P. Jorge Octavio Ramírez Ramírez.
Corte Constitucional, Sentencia SU-024 de 2018, M.P.: Cristina Pardo Schlesinger.
Corte Constitucional, Sentencia SU-1073 de 2012, M.P.: Jorge Ignacio Pretelt Chaljub.
Corte Constitucional, Sentencia SU- 918. M.P. Jorge Ignacio Pretelt Chaljub.
Corte Constitucional, Sentencia T-704 de 2012, M.P.: Luis Ernesto Vargas Silva. En este mismo sentido pueden verse las sentencias T-967 de 2014, M.P. Gloria Stella Ortiz Delgado; T-310 de 2009, M. P. Mauricio González Cuervo y T-555 de 2009 M.P. Luis Ernesto Vargas Silva.
En la sentencia SU – 168 de 2017, M.P.: Gloria Stella Ortiz Delgado, la Corte Constitucional recoge varios supuestos que a lo largo de la jurisprudencia se han reconocido como causales de violación directa de la Constitución.
Corte Constitucional, Sentencia T-927 de 2010, M.P.: Luis Ernesto Vargas Silva.
Corte Constitucional, Sentencia SU-132 de 2013, M.P.: Alexei Julio Estrada
Corte Constitucional, Sentencia T-704 de 2012, M. P. Luis Ernesto Vargas Silva.
Corte Constitucional, Sentencia T-088 de 2018. M.P.: José Fernando Reyes Cuartas.
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