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Consejo de Estado · Sección Primera

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Primera, radicado 11001-03-15-000-2019-00821-01

Fecha
13 de junio de 2019
Consejero ponente
Nubia Margoth Peña Garzón
Citada por
2 providencias

01Lo que resolvió

Ficha de la providencia

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Primera, radicado 11001-03-15-000-2019-00821-01

Consejo de Estado · Sección Primera

Parte resolutiva

FALLA: PRIMERO: CONFIRMAR la sentencia impugnada, por las razones expuestas en precedencia. SEGUNDO: NOTIFICAR a las partes por el medio más expedito y eficaz. TERCERO: REMITIR el expediente a la Corte Constitucional para su eventual revisión y devolver el que fue allegado en calidad de préstamo a su lugar de origen.

02Texto de la providencia

República de Colombia

Consejo de Estado

Sección Primera

Radicado 11001-03-15-000-2019-00821-01

Consejero ponente: Nubia Margoth Peña Garzón

13 de junio de 2019

ACCIÓN DE TUTELA CONTRA PROVIDENCIA JUDICIAL - Niega / DEFECTOS SUSTANTIVO, PROCEDIMENTAL ABSOLUTO Y VIOLACIÓN DIRECTA DE LA CONSTITUCIÓN - Inexistencia / AUSENCIA DE DESCONOCIMIENTO DEL PRECEDENTE - No existe un criterio unificado respecto de la base sobre la cual se debe calcular el porcentaje de prima de antigüedad / ACCIÓN DE NULIDAD Y RESTABLECIMIENTO DEL DERECHO - Reliquidación de la asignación de retiro de miembros de las Fuerzas Militares / PRIMA DE ANTIGÜEDAD

[L]a Sala advierte que en la providencia cuestionada el Tribunal hizo un análisis particular al artículo 16 del Decreto 4433 de 2004 a partir del cual, de manera acertada, concluyó que, en consonancia del artículo 2 del Decreto 1794 de 2000, la asignación de retiro del actor debía ser calculada tomando la asignación básica mensual incrementada en un 60%, cuyo valor resultante debería multiplicarse por el 70%, y a tal resultado sumarse el 38.5% de la prima de antigüedad que efectivamente percibió en servicio activo, esto es, sobre el valor correspondiente al 58.50% de la asignación básica mensual, no sobre el 100% de la asignación básica. (…) el actor estima que la providencia acusada incurrió en desconocimiento del precedente (…) la Sala resalta que no existe criterio unificado por esta Corporación respecto de la base sobre la cual se debe calcular el 38.50% de prima de antigüedad de que trata el artículo 16 del Decreto 4433 de 2004, razón por la que no es de tal acierto que la sentencia cuestionada haya incurrido en desconocimiento del precedente jurisprudencial. (…) la Sala señala que la providencia acusada no adolece del defecto procedimental absoluto. Finalmente, en relación con el (…) presunto desconocimiento de los principios de favorabilidad e in dubio pro operario, es de señalar que tal situación desborda el objeto de la decisión recurrida, puesto que tal aspecto no fue tema de debate en la primera instancia, por lo que la Sala se releva pronunciarse al respecto.

FUENTE FORMAL: CONSTITUCIÓN POLÍTICA - ARTÍCULO 86 / CONSTITUCIÓN POLÍTICA - ARTÍCULO 228 / CONSTITUCIÓN POLÍTICA - ARTÍCULO 230 / LEY 923 DE 2004 / DECRETO 2591 DE 1991 / DECRETO 1794 DE 2000 - ARTÍCULO 2 / DECRETO 4433 DE 2004 - ARTÍCULO 16

CONSEJO DE ESTADO

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCIÓN PRIMERA

Consejera ponente: NUBIA MARGOTH PEÑA GARZÓN

Bogotá, D.C., trece (13) de junio de dos mil diecinueve (2019)

Radicación número: 11001-03-15-000-2019-00821-01(AC)

Actor: PABLO ANTONIO VARGAS HERNÁNDEZ

Demandado: CARLOS ALBERTO ORLANDO JAIQUEL

La Sala decide la impugnación interpuesta por el actor contra la sentencia de 24 de abril de 2019, mediante la cual la SECCIÓN CUARTA DEL CONSEJO DE ESTADO negó el amparo solicitado en la presente acción de tutela.

ANTECEDENTES

I.1 La solicitud

El señor PABLO ANTONIO VARGAS HERNÁNDEZ, actuando en nombre propio, instauró acción de tutela contra la SECCIÓN SEGUNDA, SUBSECCIÓN “C”, DEL TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DE CUNDINAMARCA, porque, a su juicio, vulneró sus derechos al debido proceso, al acceso a la administración de justicia, a la igualdad y al mínimo vital, al haber proferido la sentencia de 3 de octubre de 2018, dentro de la acción de nulidad y restablecimiento del derecho identificada con el número único de radicación 11001333502420160019301.

I.2 Hechos

Indicó que mediante Resolución 2002 de 13 de marzo de 2014, la Caja de Retiro de las Fuerzas Militares ordenó reconocerle y pagarle asignación de retiro.

Señaló que, de forma errada, CREMIL sumó a la asignación básica el 38.5% por concepto de prima y luego al valor resultante le disminuyó el 70%, lo que, a su juicio, implica reducir el valor de la prima de antigüedad, pese a que la norma dispone que tal disminución únicamente se predica de la asignación básica.

Refirió que presentó derecho de petición ante CREMIL con el fin de que se reliquidara su asignación de retiro, de la siguiente manera. En primer lugar, solicitó que la base de liquidación fuera el salario mínimo incrementado en un 60%, de conformidad con lo establecido en el artículo 1º del Decreto 1794 de 2000; y, en segundo lugar, que se sumara el 70% de la asignación básica más el 38.5% por concepto de prima de antigüedad, tal como lo dispone el artículo 16 del Decreto 4433 de 2004.

Adujo que la anterior petición fue resuelta en forma negativa mediante Oficio 2016-730 de 7 de enero de 2016, razón por la que promovió el medio de control de nulidad y establecimiento del derecho identificado con el número único de radicación 11001333502420160019300, con el fin de que se declarara la nulidad del acto administrativo por medio del cual se negó la solicitud de reliquidación de la asignación mensual de retiro.

Mencionó que el referido proceso fue decidido en primera instancia, mediante sentencia de 25 de septiembre de 2017, proferida por el Juzgado Veinticuatro Administrativo del Circuito de Bogotá, Sección Segunda, que resolvió declarar la nulidad del acto administrativo demandado y, en consecuencia:

“[…] CONDENA a la CAJA DE RETIRO DE LAS FUERZAS MILITARES – CREMIL, a reliquidar y pagar a partir del 15 de enero de 2014 la asignación de retiro del soldado Profesional (r) PABLO ANTONIO VARGAS HERNÁNDEZ, tomando por sueldo o asignación básica, el setenta por ciento (70%) de un salario mínimo legal mensual, incrementado en un sesenta por ciento (60%), y por concepto de prima de antigüedad, el treinta y ocho punto cinco por ciento (38.5%) que resulte una vez reajustada la base salarial en calidad de soldado profesional en los términos del artículo 16 del Decreto 4433 de 2004, en concordancia con el artículo 1º del Decreto 1794 de 2000 […]”.

Señaló que el Tribunal, a través de sentencia de 3 de octubre de 2018, confirmó parcialmente la sentencia apelada y la adicionó en lo siguiente:

“[…] SEGUNDO.- ADICIÓNASE el numeral segundo del fallo recurrido para precisar que en la liquidación de la asignación de retiro del actor se debe computar el 38.5% de la prima de antigüedad efectivamente reconocida y devengada al momento del retiro del servicio, esto es sobre el valor correspondiente al 58.50% de la asignación básica mensual, por las consideraciones expuestas en esta providencia […]”. (Subrayado fuera de texto)

I.3 Fundamentos de la solicitud

Arguyó que la providencia acusada adolece del defecto sustantivo, porque, a su juicio, el Tribunal realizó una indebida interpretación del artículo 16 del Decreto 4433 de 2004 al considerar que la base de liquidación de la prima de actividad parte del 58.50% de lo que devengaba cuando estaba en actividad y no el 100%.

Advirtió que la providencia acusada incurrió en desconocimiento del precedente proferido por esta Corporación, entre otras, las sentencias de 9 de marzo de 2017 y 10 de mayo de 2018, por medio de las cuales se especificó que el 38.5% a que se refiere la norma se obtiene del valor del 100% del salario mensual, contrario a la interpretación realizada por el Tribunal.

Argumentó que el Tribunal incurrió en una violación directa a la Constitución en razón a que, con tal decisión, se le está dando un trato desigual respecto de situaciones fácticas similares en las que se accedió a las pretensiones de la demanda.

Aseguró que la autoridad judicial accionada, al resolver el recurso de apelación, fue más allá del problema jurídico a tratar y, en una decisión ultra petita, dispuso el cambio de la base de liquidación del 38.5% de prima de antigüedad, no siendo esta la inconformidad planteada por ninguna de las partes ni existiendo controversia sobre la misma, por lo que tal inconformidad se encuadra dentro del defecto procedimental absoluto.

I.4 Pretensiones

Como consecuencia de lo anterior, el accionante pretende lo siguiente:

“[…] 1- Se deje sin efectos jurídicos el numeral SEGUNDO (2) de la sentencia de segunda instancia proferida por el Honorable Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Subsección “C” del 03 de octubre de 2018, radicado 2016-00193, que modificó y adicionó el numeral SEGUNDO de la sentencia de primera instancia proferida por el Juzgado 24º Administrativo de Bogotá de fecha 25 de septiembre de 2017.

2- Se ORDENE a la autoridad accionada a que profiera una nueva sentencia en concordancia con los principios constitucionales en lo relacionado con las pretensiones de la demanda.

3- Que la orden impartida por el Señor Magistrado sea de inmediato cumplimiento […]”.

I.5 Defensa

El Tribunal solicitó que se denieguen las pretensiones de la acción habida cuenta que la sentencia cuestionada no ha incurrido en vía de hecho ni ha vulnerado derecho fundamental alguno, toda vez que fue resuelta con fundamento en las normas pertinentes y con la interpretación que ellas corresponde.

Sostuvo que la decisión objeto de debate fue proferida con prevalencia de los principios de la sana crítica y la buena fe, después de haberse surtido el procedimiento con la garantía e imparcialidad de las partes en contienda, en la que se encuentran consignados los motivos que llevaron a confirmar parcialmente la sentencia y adicionarla para precisar el porcentaje de la prima de antigüedad a computar en la liquidación de la asignación de retiro.

Afirmó que no se cumplen los requisitos establecidos por la Corte Constitucional de la acción de tutela contra providencia judicial, sino que, por el contrario, lo que se evidencia es que lo pretendido por el actor es que se surta una tercera instancia.

Por último, señaló que la acción de tutela es improcedente porque trata de dirimir discrepancias sobre la interpretación y aplicación normativa dada por el juez natural del asunto.

I.6. Intervenciones

El Juzgado Veinticuatro Administrativo de Bogotá, Sección Segunda, informó que remitió el expediente ordinario, sin pronunciarse sobre el particular.

FUNDAMENTOS DE LA SENTENCIA IMPUGNADA

Mediante sentencia de 24 de abril de 2019, la SECCIÓN CUARTA de esta Corporación negó el amparo solicitado en la presente acción de tutela.

Para tal efecto, señaló que la autoridad judicial accionada no incurrió en el defecto sustantivo aducido en razón a que no se advirtió una interpretación caprichosa o arbitraria del Decreto 4433 de 2004, por lo que era razonable concluir, de conformidad con el artículo 2º del Decreto 1794 de 2000, que la prima de antigüedad del actor corresponde al tope señalado en la ley, esto es, al 58.50% de la asignación salarial mensual básica; base de la que se obtiene el 38.50%.

En relación con el desconocimiento del precedente, sostuvo que no existe una línea jurisprudencial unificada que disponga la base sobre la que debe calcularse el 38.50% de que trata el artículo 16 del Decreto 4433 de 2004, por lo que no se configuró tal defecto.

De otro lado, respecto de la presunta violación directa de la Constitución, afirmó que el Tribunal, de manera seria y con base en una interpretación sistemática de las normas aplicables, expuso los motivos por los cuales consideró que la base para obtener el 38.50% de la prima de antigüedad es el 58.50% de la asignación mensual básica.

Por lo anterior, concluyó que si bien el accionante argumentó que se vulneró su derecho a la igualdad, la actuación del Tribunal únicamente correspondió a la lectura integral del ordenamiento jurídico y al ejercicio de su autonomía.

FUNDAMENTOS DE LA IMPUGNACIÓN

El actor impugnó la decisión de primera instancia reiterando los fundamentos jurídicos plasmados en el escrito introductorio.

Adujo que, tal como lo expuso el a quo, no existe sentencia de unificación frente al tema debatido, razón por la que el Tribunal debió aplicar la interpretación más favorable a sus intereses, máxime cuando CREMIL lo estaba liquidando de dicha forma, afectándose de esta manera su asignación de retiro.

Sostuvo que la autoridad judicial accionada desconoció el in dubio pro operario, puesto que si bien se acepta que existen dos interpretaciones para el asunto que ahora se controvierte, se debió aplicar la que menos afectaba sus intereses.

Señaló que el Tribunal debió realizar una interpretación sistemática entre los artículos 16 y 18 del Decreto 4433 de 2004, de los cuales era posible concluir que el 38.5% a que se refiere la norma se obtiene del 100% del salario mensual y no del 58.50%, como erróneamente se expuso en la sentencia objeto de tutela.

CONSIDERACIONES DE LA SALA

Competencia

La Sala es competente para conocer de la presente impugnación, de conformidad con lo previsto en el artículo 32 del Decreto 2591 de 19 de noviembre de 1991, por el cual se reglamenta la acción de tutela establecida en el artículo 86 de la Constitución Política, en concordancia con el artículo 1º del Decreto 1983 de 30 de noviembre de 2017 y el artículo 13 del Acuerdo número 80 de 12 de marzo de 2019, proferido por la Sala Plena del Consejo de Estado, que regula la distribución de negocios entre las Secciones.

La acción de tutela contra providencias judiciales

Un primer aspecto que interesa resaltar es que la Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, en sentencia de 31 de julio de 2012 (Expediente núm. 2009-01328, Actora: Nery Germania Álvarez Bello) consideró procedente la acción de tutela contra providencias judiciales, cuando se esté en presencia de la violación de derechos constitucionales fundamentales, debiéndose observar al efecto los parámetros fijados hasta el momento jurisprudencialmente.
En sesión de 23 de agosto de 2012, la Sección Primera adoptó como parámetros jurisprudenciales a seguir, los señalados en la sentencia C-590 de 8 de junio de 2005, proferida por la Corte Constitucional, sin perjuicio de otros pronunciamientos que esta Corporación o aquella elaboren sobre el tema, lo cual fue reiterado en la sentencia de unificación de 5 de agosto de 2014, de la Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, con ponencia del Consejero Jorge Octavio Ramírez Ramírez (Expediente núm. 2012-02201-01).

En la mencionada sentencia la Corte Constitucional señaló los requisitos generales y especiales para la procedencia de la acción de tutela contra providencia judicial, así:

“[…] Los requisitos generales de procedencia de la acción de tutela contra decisiones judiciales son los siguientes:
a. Que la cuestión que se discuta resulte de evidente relevancia constitucional. Como ya se mencionó, el juez constitucional no puede entrar a estudiar cuestiones que no tienen una clara y marcada importancia constitucional so pena de involucrarse en asuntos que corresponde definir a otras jurisdicciones. En consecuencia, el juez de tutela debe indicar con toda claridad y de forma expresa porqué la cuestión que entra a resolver es genuinamente una cuestión de relevancia constitucional que afecta los derechos fundamentales de las partes.
b. Que se hayan agotado todos los medios -ordinarios y extraordinarios- de defensa judicial al alcance de la persona afectada, salvo que se trate de evitar la consumación de un perjuicio iusfundamental irremediable. De allí que sea un deber del actor desplegar todos los mecanismos judiciales ordinarios que el sistema jurídico le otorga para la defensa de sus derechos. De no ser así, esto es, de asumirse la acción de tutela como un mecanismo de protección alternativo, se correría el riesgo de vaciar las competencias de las distintas autoridades judiciales, de concentrar en la jurisdicción constitucional todas las decisiones inherentes a ellas y de propiciar un desborde institucional en el cumplimiento de las funciones de esta última.
c. Que se cumpla el requisito de la inmediatez, es decir, que la tutela se hubiere interpuesto en un término razonable y proporcionado a partir del hecho que originó la vulneración. De lo contrario, esto es, de permitir que la acción de tutela proceda meses o aún años después de proferida la decisión, se sacrificarían los principios de cosa juzgada y seguridad jurídica ya que sobre todas las decisiones judiciales se cerniría una absoluta incertidumbre que las desdibujaría como mecanismos institucionales legítimos de resolución de conflictos.
d. Cuando se trate de una irregularidad procesal, debe quedar claro que la misma tiene un efecto decisivo o determinante en la sentencia que se impugna y que afecta los derechos fundamentales de la parte actora. No obstante, de acuerdo con la doctrina fijada en la Sentencia C-591-05, si la irregularidad comporta una grave lesión de derechos fundamentales, tal como ocurre con los casos de pruebas ilícitas susceptibles de imputarse como crímenes de lesa humanidad, la protección de tales derechos se genera independientemente de la incidencia que tengan en el litigio y por ello hay lugar a la anulación del juicio.
e. Que la parte actora identifique de manera razonable tanto los hechos que generaron la vulneración como los derechos vulnerados y que hubiere alegado tal vulneración en el proceso judicial siempre que esto hubiere sido posible. Esta exigencia es comprensible pues, sin que la acción de tutela llegue a rodearse de unas exigencias formales contrarias a su naturaleza y no previstas por el constituyente, sí es menester que el actor tenga claridad en cuanto al fundamento de la afectación de derechos que imputa a la decisión judicial, que la haya planteado al interior del proceso y que dé cuenta de todo ello al momento de pretender la protección constitucional de sus derechos.
f. Que no se trate de sentencias de tutela. Esto por cuanto los debates sobre la protección de los derechos fundamentales no pueden prolongarse de manera indefinida, mucho más si todas las sentencias proferidas son sometidas a un riguroso proceso de selección ante esta Corporación, proceso en virtud del cual las sentencias no seleccionadas para revisión, por decisión de la sala respectiva, se tornan definitivas.
… Ahora, además de los requisitos generales mencionados, para que proceda una acción de tutela contra una sentencia judicial es necesario acreditar la existencia de requisitos o causales especiales de procedibilidad, las que deben quedar plenamente demostradas.

En este sentido, como lo ha señalado la Corte, para que proceda una tutela contra una sentencia se requiere que se presente, al menos, uno de los vicios o defectos que adelante se explican.
a. Defecto orgánico, que se presenta cuando el funcionario judicial que profirió la providencia impugnada, carece, absolutamente, de competencia para ello.
b. Defecto procedimental absoluto, que se origina cuando el juez actuó completamente al margen del procedimiento establecido.
c. Defecto fáctico, que surge cuando el juez carece del apoyo probatorio que permita la aplicación del supuesto legal en el que se sustenta la decisión.
d. Defecto material o sustantivo, como son los casos en que se decide con base en normas inexistentes o inconstitucionales o que presentan una evidente y grosera contradicción entre los fundamentos y la decisión.
f. Error inducido, que se presenta cuando el juez o tribunal fue víctima de un engaño por parte de terceros y ese engaño lo condujo a la toma de una decisión que afecta derechos fundamentales.
g. Decisión sin motivación, que implica el incumplimiento de los servidores judiciales de dar cuenta de los fundamentos fácticos y jurídicos de sus decisiones en el entendido que precisamente en esa motivación reposa la legitimidad de su órbita funcional.
h. Desconocimiento del precedente, hipótesis que se presenta, por ejemplo, cuando la Corte Constitucional establece el alcance de un derecho fundamental y el juez ordinario aplica una ley limitando sustancialmente dicho alcance. En estos casos la tutela procede como mecanismo para garantizar la eficacia jurídica del contenido constitucionalmente vinculante del derecho fundamental vulnerado.
i. Violación directa de la Constitución […]”.

La Sala observa que, en el presente caso se cumple con el requisito de la relevancia constitucional, por cuanto el actor plantea con suficiente carga argumentativa, las razones por las cuales, en su criterio, se han vulnerado sus derechos fundamentales; contra la decisión cuestionada no proceden recursos y tampoco se estructuran las causales de los recursos extraordinarios de revisión (artículo 248 y ss. del CPACA) y unificación de Jurisprudencia (artículo 256 y ss., ídem); la providencia cuestionada fue proferida el 3 de octubre de 2018 y la acción de tutela se interpuso el 25 de febrero de 2019, es decir, en un plazo razonable y, por último, la solicitud identifica los hechos y derechos que se estiman lesionados.

Problema jurídico

La presente acción de tutela tiene como objeto que se deje sin efecto la sentencia de 3 de octubre de 2018, proferida por el Tribunal dentro de la acción de nulidad y restablecimiento del derecho identificada con el número único de radicación 11001-33-35-024-2016-00193-01.

A la citada providencia se le atribuye la vulneración de los derechos constitucionales fundamentales al debido proceso, al acceso a la administración de justicia, a la igualdad y al mínimo vital, habida cuenta que, a juicio del actor, el Tribunal incurrió en los defectos sustantivo, desconocimiento del precedente, violación directa de la Constitución y procedimental, al adicionar «el numeral segundo del fallo recurrido para precisar que en la liquidación de la asignación de retiro del actor se debe computar el 38.50% de la prima de antigüedad efectivamente reconocida y devengada al momento del retiro del servicio, esto es sobre el valor correspondiente al 58.50% de la asignación mensual» y no sobre el 100%, como lo dispuso la sentencia de primera instancia.

La acción de tutela fue conocida en primera instancia por la Sección Cuarta, que en sentencia de 24 de abril de 2014 negó las pretensiones por considerar que el Tribunal no incurrió en los defectos alegados, así como tampoco evidenció vulneración alguna de los derechos fundamentales invocados por el actor.

Inconforme con lo anterior, el actor impugnó la decisión del a quo, en la que reiteró los argumentos expuestos en el escrito introductorio. Además, adujo que el Tribunal desconoció los principios de favorabilidad e in dubio pro operario al proferir la sentencia objeto de debate.
Por lo anterior, en el caso sub examine, el problema jurídico que debe resolver la Sala consiste en establecer si la autoridad judicial demandada vulneró los derechos fundamentales al debido proceso, al acceso a la administración de justicia, a la igualdad y al mínimo vital del accionante, al haber proferido la sentencia de 3 de octubre 2018.

En ese orden de ideas, la sala procede a hacer el estudio de los defectos sustantivo, desconocimiento del precedente, violación directa de la Constitución y procedimental absoluto, que aduce el actor contra la providencia acusada.

Del defecto sustantivo o material

La Corte Constitucional ha precisado que el defecto sustantivo se presenta cuando “[…] la autoridad judicial aplica una norma claramente inaplicable al caso o deja de aplicar la que evidentemente lo es, u opta por una interpretación que contraría los postulados mínimos de la razonabilidad jurídica […]” (Destacado fuera de texto).

En el presente asunto el actor adujo que la providencia cuestionada adolece del defecto sustantivo por aplicación indebida del artículo 16 del Decreto 4433 de 2004, de acuerdo con el cual, en su criterio, la base de liquidación de la prima de actividad parte del 100% de lo que devengaba cuando estaba en actividad y no el 58.50%, como lo consideró el Tribunal.

En este estado de cosas, la Sala encuentra pertinente precisar que el fondo del asunto subyace del hecho de que el Tribunal al resolver el medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho promovido por el actor contra CREMIL, estimó que al calcularse la asignación de retiro, equivocadamente se tomó como prima de antigüedad el 38.50% del 100% de la asignación básica, cuando lo que se debió tomar es el 38.50% de la prima de antigüedad realmente devengada en actividad, esto es, sobre el valor correspondiente al 58.50% de la asignación básica mensual.

Al respecto, la Sala destaca que, contrario a lo afirmado por el actor, el Tribunal sí realizó un correcto análisis del contenido dispuesto en el artículo 16 del Decreto 4433 de 2004, en los siguientes términos:

“[…] El Decreto 4433 de 2004, en desarrollo de la Ley 923 de 2004 mediante el cual se fija el régimen pensional y de asignación de retiro de los miembros de la Fuerza Pública, respecto a la asignación de retiro de los soldados profesionales, estableció:
“Los soldados profesionales que se retiren o sean retirados del servicio activo con veinte (20) años de servicio, tendrán derecho a partir de la fecha en que terminen los tres (3) meses de alta a que por la Caja de Retiro de las Fuerzas Militares, se les pague una asignación mensual de retiro, equivalente al setenta por ciento (70%) del salario mensual indicado en el numeral 13.2.1, adicionado con un treinta y ocho punto cinco por ciento (38.5%) de la prima de antigüedad. En todo caso, la asignación mensual de retiro no será inferior a uno punto dos (1.2) salarios mínimos legales mensuales vigentes”.
(Resalta la Sala)

De conformidad con lo anterior, y acudiendo al artículo 13 mencionado, la asignación de retiro de los soldados profesionales se liquidará sobre las siguientes partidas computables: el salario mensual en los términos del inciso primero del artículo 1º del Decreto-Ley 1794 de 2000 y la prima de antigüedad.

Esta prima de antigüedad está reglamentada en el artículo 2 del Decreto 1794 de 2000 “Por el cual se establece el régimen salarial y prestacional para el personal de soldados profesionales de las Fuerzas Militares”, donde se señala que puede llegar a un máximo del 58.50% de la asignación básica.

En este punto, la Sala acata la interpretación del Consejo de Estado, el sentido de que al 70% de la asignación básica que devengaba el actor debe sumarse el 38.5% de la prima de antigüedad percibida.

Por lo tanto, la asignación de retiro del actor deberá calcularse tomando la asignación básica mensual reajustada e incrementada en un 60%, y el valor resultante deberá multiplicarse por el 70%, a cuyo resultado deberá sumarse el 38.5% de la prima de antigüedad que efectivamente percibió en servicio activo.

Claramente se observa que Caja de Retiro de las Fuerzas Militares al calcular la asignación de retiro, equivocadamente tomó como prima de antigüedad el 38.50% del 100% de la asignación básica, cuando lo que debe tomar es el 38.50% de la prima de actividad realmente devengada en actividad, aspecto que se pone de presente, toda vez que de la hoja de servicios y de la certificación de partidas computables en la asignación de retiro del actor, la Sala encuentra que la entidad toma como prima el valor de $332.024 que es el 38.50% de la asignación básica, siendo lo correcto el valor de $194.234 que corresponde al 38.50% de $504.505 que devengaba el demandante por concepto de prima de antigüedad cuando se efectuó el reconocimiento de su asignación de retiro en el año 2014 […]

Aclara la Sala que la anterior liquidación se hace sin tener en cuenta el incremento del 20% reconocido por el a quo, que no fue apelado por la entidad y al cual se accederá en esta providencia, por cuanto la finalidad es demostrar la forma errónea como viene interpretando la norma la entidad, por lo que es menester conservar los valores anteriores, pero no implica que para dar cumplimiento a la orden judicial no sea tenido en cuenta dicho reajuste.

Así las cosas, al demandante se le liquidó una suma posterior a la que le corresponde, y por ende, si bien es cierto el Consejo de Estado ha establecido que el 38.5% de la prima de antigüedad debe tomarse en su totalidad y no en un 70%, al realizar la liquidación correspondiente, resulta que la forma como CREMIL calculó la asignación de retiro del actor le resulta más favorable.

Precisa la Sala que en la liquidación de la asignación de retiro se debe computar el 38.50% de la prima de antigüedad efectivamente reconocida y devengada al momento del retiro del servicio, esto es sobre el valor correspondiente al 58.50% de la asignación básica mensual, no sobre el 100% de la asignación básica.

Así las cosas, no obstante el a quo haber precisado que al porcentaje de la prima de antigüedad, es decir al 38.5% no se le debe aplicar el porcentaje del 70%, no se refirió de manera específica a la forma correcta como la entidad debe liquidar la asignación de retiro y computar la citada prima de antigüedad, pues omitió verificar que el valor de esta partida estaba mal calculado ya que se tomó el 38.50% sobre el total de la asignación básica percibida por el demandante, cuando lo correcto era aplicar ese 38.50% a la suma realmente devengada por este concepto en actividad, lo que era el 58.50% de dicha asignación básica, lo que impone a esta Sala adicionar el fallo apelado en el anterior sentido […] (Subrayado fuera de texto)”.

De lo transcrito, la Sala advierte que en la providencia cuestionada el Tribunal hizo un análisis particular al artículo 16 del Decreto 4433 de 2004 a partir del cual, de manera acertada, concluyó que, en consonancia del artículo 2º del Decreto 1794 de 2000, la asignación de retiro del actor debía ser calculada tomando la asignación básica mensual incrementada en un 60%, cuyo valor resultante debería multiplicarse por el 70%, y a tal resultado sumarse el 38.5% de la prima de antigüedad que efectivamente percibió en servicio activo, esto es, sobre el valor correspondiente al 58.50% de la asignación básica mensual, no sobre el 100% de la asignación básica.

Al respecto la Sala resalta que, en relación con la forma en que se debe pagar la prima de antigüedad, el artículo 2º del Decreto 1794 de 2000, “por el cual se establece el régimen salarial y prestacional para el personal de soldados profesionales de las Fuerzas Militares”, establece lo siguiente:

“[…] Artículo 2.Prima de antigüedad. Cumplido el segundo año de servicio, el soldado profesional de las Fuerzas Militares tendrá derecho a una prima mensual de antigüedad equivalente al seis punto cinco por ciento (6.5%) de la asignación salarial mensual básica. Por cada año de servicio adicional, se reconocerá un seis punto cinco por ciento (6.5%) más, sin exceder del cincuenta y ocho punto cinco por ciento (58.5%) […]” (Destacado fuera de texto)

En ese orden de ideas, en la medida que la prima de antigüedad no podrá exceder del 58.50% de la asignación básica mensual, para la Sala ni el análisis ni la decisión contenida en la sentencia controvertida resulta caprichosa o arbitraria, sino que fue adoptada a partir del alcance dado a las fuentes jurídicas aplicables al caso y a las pruebas aportadas al plenario.

Desconocimiento del precedente como causal específica de procedibilidad de la tutela contra providencias judiciales

De acuerdo con lo establecido en los artículos 228 y 230 de la Constitución Política, el poder judicial es autónomo e independiente y los Jueces en sus providencias solo están sometidos al imperio de la ley. Esta regla general de independencia y autonomía no es absoluta, ya que encuentra sus límites en la realización de otros valores constitucionales, según lo ha definido la Jurisprudencia constitucional.

En efecto, en la sentencia T-267 de 2013, la Corte Constitucional puntualizó:

“[…] Es así como, en materia de decisiones judiciales, se destaca el respeto por el principio de igualdad (artículo 13 de la Carta), que supone no solamente la igualdad ante la ley sino también de trato por parte de las autoridades y concretamente igualdad en la interpretación y aplicación de la ley por las autoridades judiciales, garantizándose de esta forma la seguridad jurídica y con ella la certeza de la comunidad respecto a la forma en la que se van a decidir los casos iguales. Como resultado de lo anterior, surge como límite a la autonomía e independencia de los Jueces el respeto por el precedente […]”.
De la misma forma, en la sentencia C-590 de 2005, la Corte Constitucional precisó que el desconocimiento del precedente constituye una causal de procedibilidad de la acción de tutela cuando la decisión judicial afecta derechos fundamentales de las partes. En especial, respecto del precedente vertical, la Jurisprudencia de esa Corporación ha sido enfática en sostener que el Juez no sólo está vinculado por el artículo 13 de la Carta, que impone la igualdad de trato jurídico en la aplicación de la ley, sino también que su autonomía se encuentra limitada por la eficacia de los derechos fundamentales y, en particular, del debido proceso judicial. Dicha obligación, según la Corte, tiene fundamento en las siguientes razones:

“[…] i) el principio de igualdad que es vinculante a todas las autoridades e, incluso, a algunos particulares, exige que supuestos fácticos iguales se resuelvan de la misma manera y, por consiguiente, con la misma consecuencia jurídica; ii) el principio de cosa juzgada otorga a los destinatarios de las decisiones jurídicas seguridad jurídica y previsibilidad de la interpretación, pues si bien es cierto el derecho no es una ciencia exacta, sí debe existir certeza razonable sobre la decisión; iii) La autonomía judicial no puede desconocer la naturaleza reglada de la decisión judicial, pues sólo la interpretación armónica de esos dos conceptos garantiza la eficacia del Estado de Derecho; iv) Los principios de buena fe y confianza legítima imponen a la Administración un grado de seguridad y consistencia en las decisiones, pues existen expectativas legítimas con protección jurídica; y iv) por razones de racionalidad del sistema jurídico, porque es necesario un mínimo de coherencia a su interior[…]”.

En el caso sub examine, el actor estima que la providencia acusada incurrió en desconocimiento del precedente proferido por esta Corporación, entre otras, las sentencias de 9 de marzo de 2017 y 10 de mayo de 2018, por medio de las cuales se especificó que el 38.5% a que se refiere la norma se obtiene del valor del 100% del salario mensual, contrario a la interpretación realizada por el Tribunal.

Al respecto, la Sala resalta que no existe criterio unificado por esta Corporación respecto de la base sobre la cual se debe calcular el 38.50% de prima de antigüedad de que trata el artículo 16 del Decreto 4433 de 2004, razón por la que no es de tal acierto que la sentencia cuestionada haya incurrido en desconocimiento del precedente jurisprudencial.

Si bien se observa que las sentencias que el actor alega como desconocidas, ordenaron que el porcentaje de la prima de antigüedad debía calcularse a partir del 100% del salario mensual, las mismas no constituyen un criterio unificado ni gozan de la obligatoriedad de las sentencias de unificación, por lo que resulta evidente que en ningún momento se desconoció el precedente jurisprudencial indicado.

Además, la Sala resalta que los jueces y magistrados cobijados en el principio de autonomía e independencia, pueden hacer sus estudios, análisis e interpretaciones de las normas y jurisprudencia aplicables, sin que el hecho de que las partes tengan posturas diferentes, habilite a estas últimas para utilizar la acción de tutela como medio alternativo de defensa, en razón a que esta solo procede si ocurre una violación palpable y evidente de un derecho fundamental, situación que al estudiar el presente caso no se configura.

De la violación directa a la Constitución

La Corte Constitucional ha señalado que este defecto se deriva del principio previsto en el artículo 4º de la Carta Política que le da supremacía a la Constitución como una norma plenamente vinculante y con fuerza obligatoria.

La Corte ha explicado que la «[…] fuerza normativa de la Constitución es, entonces, lo que da fundamento a la causal de procedibilidad de la acción de tutela contra sentencias judiciales por violación directa a los mandatos constitucionales, en tanto, es factible que una decisión judicial desconozca o aplique indebida e irrazonablemente tales postulados […]».

Dicha Corporación ha explicado que esta causal se configura cuando un juez toma una decisión que va en contra vía de la Constitución, porque:

Deja de aplicar una disposición ius fundamental a un caso concreto;
Aplica la ley al margen de los dictados de la Constitución;
En la solución del caso se deja de interpretar y aplicar una disposición legal de conformidad con el precedente constitucional;
Se trata de la violación evidente a un derecho fundamental de aplicación inmediata;
No tienen en cuenta el principio de interpretación conforme con la Constitución; y
No se aplican las disposiciones constitucionales con preferencia a las legales.

A juicio del actor, la decisión proferida por el Tribunal le da un trato desigual respecto de situaciones fácticas similares en las que se accedió a las pretensiones de la demanda. Ello, en razón a que los demás soldados profesionales sí se encuentran percibiendo correctamente sus asignaciones de retiro en lo que respecta a la prima de antigüedad, contrario a su situación.

Atendiendo lo anterior, la Sala observa que la decisión judicial objeto de tutela se encuentra debidamente motivada en la normativa dispuesta para el caso, y, además, no se trata de una providencia caprichosa, arbitraria o sin motivación jurídica razonable o que conduzca a la inexistencia de defensa y contradicción dentro del proceso, por lo que en este caso no se advierte ninguna de las causales descritas en procedencia en que haya incurrido el Tribunal.

Del defecto procedimental absoluto

En relación con el defecto procedimental absoluto, esta Sala ha señalado lo siguiente:

“[…] La jurisprudencia constitucional ha reconocido dos tipos de defectos procedimentales: el denominado defecto procedimental absoluto y el llamado defecto procedimental por exceso ritual manifiesto. Se ha señalado que el defecto procedimental absoluto se configura cuando “[…] el funcionario judicial se aparta por completo del procedimiento establecido legalmente para el trámite de un asunto específico, ya sea porque: i) se ciñe a un trámite completamente ajeno al pertinente -desvía el cauce del asunto-, o ii) omite etapas sustanciales del procedimiento establecido legalmente afectando el derecho de defensa y contradicción de una de las partes del proceso […]”. De otra parte, se ha afirmado que el defecto procedimental por exceso ritual manifiesto tiene lugar cuando el funcionario, por el apego excesivo e irrestricto a las formas, termina generando un obstáculo para la eficacia del derecho sustancial y, en consecuencia, sus actuaciones se convierten en una clara denegación de justicia. Se incurre en esta modalidad cuando, entre varias interpretaciones posibles, el juez prefiere aquella que no favorece el principio pro homine e impide al ciudadano el acceso efectivo a la administración de justicia […]”.

Conforme con lo expuesto en cita, al alegarse el defecto procedimental absoluto contra una providencia judicial, lo correcto es que el interesado ilustre la manera en que la autoridad judicial accionada desconoció el trámite establecido para la adopción de aquella, esto es, que demuestre que el proceso judicial que dio lugar a la decisión acusada fue adelantado sin observar el trámite que las normas adjetivas establecen para tal efecto.

Ahora bien, el actor aduce que la autoridad judicial accionada, al resolver el recurso de apelación, fue más allá del problema jurídico a tratar y, en una decisión ultra petita, dispuso el cambio de la base de liquidación del 38.5% de prima de antigüedad, lo cual no fue planteado por ninguna de las partes ni existió controversia sobre la misma.
Frente a lo anterior, la Sala tampoco comparte tal inconformidad en razón a que, en ningún momento el fallador de segunda instancia modificó la causa petendi del asunto, por lo que, si bien la base sobre la cual se debió calcular el 38.50% de prima de antigüedad de que trata el artículo 16 del Decreto 4433 de 2004 no fue motivo de controversia dentro del recurso de apelación interpuesto por CREMIL, tal punto sí era el fundamento del derecho primigenio que se ventiló dentro del proceso de nulidad y restablecimiento del derecho identificado con el número único de radicación 11001333502420160019300.

En ese orden de ideas, considera la Sala que era del caso que el Tribunal se pronunciara al respecto, máxime cuando tal decisión tuvo sustento en lo siguiente:

“[…] Aclara la Sala que la anterior liquidación se hace sin tener en cuenta el incremento del 20% reconocido por el a quo, que no fue apelado por la entidad y al cual se concederá en esta providencia, por cuando la finalidad es demostrar la forma errónea como viene interpretando la norma la entidad, por lo que es menester conservar los valores anteriores, pero no implica que para dar cumplimiento a la orden judicial no sea tenido en cuenta dicho reajuste.

[…]

Así las cosas, no obstante el a quo haber precisado que al porcentaje de la prima de antigüedad, es decir al 38.5% no se le debe aplicar el porcentaje del 70%, no se refirió de manera específica a la forma correcta como la entidad debe liquidar la asignación de retiro y computar la citada prima de antigüedad, pues omitió verificar que el valor de esta partida estaba mal calculado ya que se tomó el 38.50% sobre el total de la asignación básica percibida por el demandante, cuando lo correcto era aplicar ese 38.50% a la suma realmente devengada por este concepto en actividad, lo que era el 58.50% de dicha asignación básica, lo que impone a esta Sala adicionar el fallo apelado en el anterior sentido […]”.

En ese orden de ideas, la Sala señala que la providencia acusada no adolece del defecto procedimental absoluto.

Finalmente, en relación con el reproche que el actor hizo en la impugnación sobre el presunto desconocimiento de los principios de favorabilidad e in dubio pro operario, es de señalar que tal situación desborda el objeto de la decisión recurrida, puesto que tal aspecto no fue tema de debate en la primera instancia, por lo que la Sala se releva pronunciarse al respecto.

Lo anterior por cuanto el juez de segunda instancia no está facultado para resolver puntos nuevos y sobre los cuales la autoridad judicial accionada tuvo la posibilidad de ejercer su derecho de defensa, tal como lo dispuso esta Corporación, entre otras, en providencia de 4 de diciembre de 2014, de la siguiente manera:

“[…] Ahora, en relación con el segundo pronunciamiento que cita y que corresponde al señor Didier Sánchez, no se encuentra ni en los hechos ni en el concepto de violación del escrito de tutela referencia alguna a dicho caso, es decir, solo lo refiere en el escrito de impugnación, por lo que no es dable al juez de segunda instancia pronunciarse sobre un hecho nuevo que no se trajo en el escrito inicial y sobre el cual no tuvo la oportunidad ni de ejercerse el derecho de defensa de los sujetos vinculados a la presente acción ni de ser controvertido en el fallo de primera instancia […]”.

De tal suerte que lo que se advierte es la inconformidad del accionante con las razones de la providencia judicial acusada, no así las falencias que alega, por lo que en consecuencia la sentencia impugnada será confirmada.

En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la Ley.

FALLA:

PRIMERO: CONFIRMAR la sentencia impugnada, por las razones expuestas en precedencia.

SEGUNDO: NOTIFICAR a las partes por el medio más expedito y eficaz.

TERCERO: REMITIR el expediente a la Corte Constitucional para su eventual revisión y devolver el que fue allegado en calidad de préstamo a su lugar de origen.

CÓPIESE, NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE

Se deja constancia de que la anterior providencia fue leída, discutida y aprobada en la sesión del día 13 de junio de 2019.

OSWALDO GIRALDO LÓPEZ NUBIA MARGOTH PEÑA GARZÓN
Presidente

HERNANDO SÁNCHEZ SÁNCHEZ ROBERTO AUGUSTO SERRATO VALDÉS
Ausente en comisión

En adelante la Sección Cuarta.
En adelante CREMIL.
Artículo 1. Asignación salarial mensual. Los soldados profesionales que se vinculen a las Fuerzas Militares devengarán un (1) salario mensual equivalente al salario mínimo legal vigente, incrementado en un cuarenta por ciento (40%) del mismo salario.

Sin perjuicio de lo dispuesto en el parágrafo del artículo siguiente, quienes al 31 de diciembre del año 2000 se encontraban como soldados de acuerdo con la Ley 131 de 1985, devengarán un salario mínimo legal vigente incrementado en un sesenta por ciento (60%).

ARTÍCULO 16. Asignación de retiro para soldados profesionales. Los soldados profesionales que se retiren o sean retirados del servicio activo con veinte (20) años de servicio, tendrán derecho a partir de la fecha en que terminen los tres (3) meses de alta a que por la Caja de Retiro de las Fuerzas Militares, se les pague una asignación mensual de retiro, equivalente al setenta por ciento (70%) del salario mensual indicado en el numeral 13.2.1, adicionado con un treinta y ocho punto cinco por ciento (38.5%) de la prima de antigüedad. En todo caso, la asignación mensual de retiro no será inferior a uno punto dos (1.2) salarios mínimos legales mensuales vigentes.
Consejo de Estado, Sala de lo Contenciosos Administrativo, Sección Segunda, Subsección “A”, sentencia de 9 de marzo de 2017, C.P. William Hernández Gómez, número único de radicación 2014-00128-01.
Consejo de Estado, Sala de lo Contenciosos Administrativo, Sección Segunda, Subsección “A”, sentencia de 10 de mayo de 2018, C.P. William Hernández Gómez, número único de radicación 2013-00079-01.
Artículo 2.Prima de antigüedad. Cumplido el segundo año de servicio, el soldado profesional de las Fuerzas Militares tendrá derecho a una prima mensual de antigüedad equivalente al seis punto cinco por ciento (6.5%) de la asignación salarial mensual básica. Por cada año de servicio adicional, se reconocerá un seis punto cinco por ciento (6.5%) más, sin exceder del cincuenta y ocho punto cinco por ciento (58.5%)
Consejera ponente María Elizabeth García González.
Magistrado ponente Jaime Córdoba Triviño.
Así lo determinó la Sala Plena de lo Contencioso Administrativo del Consejo de Estado, en sentencia de unificación de 5 de agosto de 2014 (Expediente nro. 2012-02201, Consejero ponente: doctor Jorge Octavio Ramírez Ramírez).

Corte Constitucional, Sentencia SU-195 del 12 de marzo de 2
012. M.P. Jorge Iván Palacio Palacio.
Artículo 16 del Decreto 4433 de 2004.
A.T. 11001-03-15-00-2015-00801-00 proferida por el Consejo de Estado el 29 de abril de 2015, con ponencia del Dr. Gustavo Eduardo Gómez Aranguren “Para la Sala los términos de la norma son claros, pues establece el monto de la asignación de retiro, a partir de un porcentaje del salario mensual que debe ser adicionado con el 38.5% de la prima de antigüedad. Es decir, que el cálculo de dicha prestación periódica no parte del salario sino del 70% del mismo, tal como lo indica la norma transcrita con la puntuación que precede al verbo “adicionado”.
Folio 6.
Folio 109 vto.
Ver, entre otras, sentencias C-836 de 2001, T-1130 de 2003, T-698 de 2004, T-731 de 2006, T-571 de 2007, T-808 de 2007, T-766 de 2008, T-014 de 2009 y T-100 de 2010, de la Corte Constitucional.
Sentencia T-766 de 2008. Magistrado ponente: doctor Marco Gerardo Monroy Cabra.
Ídem.
Consejo de Estado, Sala de lo Contenciosos Administrativo, Sección Segunda, Subsección “A”, sentencia de 9 de marzo de 2017, C.P. William Hernández Gómez, número único de radicación 2014-00128-01.
Consejo de Estado, Sala de lo Contenciosos Administrativo, Sección Segunda, Subsección “A”, sentencia de 10 de mayo de 2018, C.P. William Hernández Gómez, número único de radicación 2013-00079-01.
Corte Constitucional, Sala Octava de Revisión, sentencia T-587 de 21 de septiembre de 2017, M.P.: ALBERTO ROJAS RÍOS
Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, sentencia de 7 de marzo de 2019, C.P Oswaldo Giraldo López, número único de radicación 11001031500020180402301.
[] “Sentencia T-327 de 2011”.
[] “Corte Constitucional, Sentencia T-264 de 2009, M.P.: Luis Ernesto Vargas Silva”.
Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Cuarta, sentencia de 4 de diciembre de 2014, C.P. Jorge Octavio Ramírez Ramírez, identificada con número único de radicación 11001-03-15-000-2014-01145-01.

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